El ángulo oscuro
La historia nos enseña que a los hombres poderosos se les terminan perdonando sus corrupciones y atropellos
La historia nos enseña que a los hombres poderosos se les terminan perdonando sus corrupciones y atropellos
Irene Vallejo
29 JUN 2025 - 05:45 CEST
Si no lo creo, no lo veo. Cuando los sospechosos son los nuestros, solemos ser más ciegos a sus corrupciones y transgresiones. Nada nuevo bajo el sol ni entre las sombras: la combinación de fachada respetable y cloacas abusivas remonta al pasado más remoto. A lo largo de los siglos han visto la luz oscuros desmanes de gobernantes, hombres de negocios, poderosos magnates, intelectuales, individuos respetables y aparentemente alejados de cualquier mancha, con alta opinión de sí mismos. Con frecuencia, estos atropellos han sido absueltos por el imaginario colectivo: a sus señorías se les perdonan las fechorías.
No se suelen mencionar los turbios negocios del célebre Julio César, aplaudido por sus victorias militares y ensalzado en crónicas gloriosas que escribió él mismo sin pudor en elogiosa tercera persona. Según Montesquieu, fue Julio César quien generalizó la costumbre de corromper como mecanismo de financiación política. El coste de sus carísimas campañas electorales agotó su fortuna; así que, como narra Suetonio, pidió préstamos, vendió alianzas, extorsionó. Había una relación causal entre sus deudas y sus guerras. Convirtió su gobierno provincial en una gran ofensiva de conquista, la más sangrienta que emprendió Roma. El historiador afirma que en la Galia destruyó ciudades enteras para costear su carrera con el pillaje y la venta de prisioneros como esclavos. Acabaría forzando las puertas del mismísimo Tesoro público y apoderándose de miles de lingotes de oro y millones de sestercios. Este dechado de virtudes republicanas dejaría su nombre inscrito en una amplia cartografía de títulos imperiales: césar, zar y káiser.
En la civilización romana, cuando los autores de la época mencionan la palabra “amistad” en relación a gobernantes, ricos y aristócratas, conviene sospechar. En general aluden a relaciones clientelares, complicidades y redes de intereses creados. Así sucedió con un clásico de la literatura, Salustio, amigo del mismísimo Julio César, quien lo nombró gobernador de una rica provincia africana. Allí explotó la región a base de extorsiones y rapiñas que escandalizaron a sus contemporáneos. Sus administrados entablaron un proceso judicial contra él, del que salió indemne gracias a su poderoso benefactor. Se rumoreó que Salustio pagó a César una generosa comisión de las ganancias del saqueo.
El elocuente Cicerón se encaprichó de una lujosa casa en el Palatino por la que pagó tres millones y medio de sestercios. Bromeando con un amigo por carta, admitió que se había endeudado hasta las orejas: “Estaría dispuesto a unirme a una conspiración si hubiera alguna que me aceptase”. Los préstamos de las adquisiciones inmobiliarias se solventaban ya entonces con oscuras complicidades políticas.
La palabra “corrupción”, que proviene del latín, significa “unirse para quebrantar”. Habla del pacto entre el poderoso tentado por una oferta ilícita y el particular seducido por un atajo rentable para lograr contratos o beneficios. Una moneda con dos caras—duras. Ante cualquier escándalo, regresa la conveniente estrategia de la generalización exculpatoria: resulta más fácil disculpar los desmanes propios con el manido argumento de las trampas ajenas. Pero la honradez existe, y universalizar las culpas es tan solo una victoria de los impunes. Como la corrupción es una amenaza constante y una tentación perpetua en todos los engranajes políticos y económicos, no debe cesar la lucha por desenmascararla, conocer sus límites, diferenciar sus grados y desmantelarla una y otra vez. Aspirar a una vida pública honesta exige fortalecer los contrapesos y cortapisas, aumentar los controles, acrecentar el equilibrio entre poderes, robustecer las leyes.
Los gastos electorales en Roma, antes de la era de la publicidad y las apariciones televisivas, eran ya enormes, y los candidatos invertían su fortuna personal. Por eso, quienes habían pagado por conseguir un cargo se afanaban para multiplicar sus bienes al desempeñarlo. Algunos se dedicaron a depredar los territorios que les habían sido confiados en las tierras conquistadas. Desde antiguo existen invasiones de extranjeros depredadores que se apoderan de todo, y se llaman imperialismo. Frente a la grandilocuencia de las gestas, convendría reivindicar a los justos. Algunos legisladores romanos trataron de hacer frente a la malversación con reformas audaces, como las de Cayo Graco. Ya en el siglo II a. C. comenzó un debate profundo sobre cuáles debían ser las normas y los principios éticos para gobernar. Se creó un juzgado permanente, con el propósito de indemnizar a los perjudicados en los territorios vencidos por la extorsión de sus gobernantes. Conocemos con detalle los procesos y las acusaciones de la época republicana porque hubo juicios contra quienes abusaron de sus cargos.
Sin embargo, paradójicamente, cuando la podredumbre emerge y cunde la decepción, algunos reclaman la vieja receta mesiánica: la nostalgia de autarquías pasadas, el espejismo de la mano dura y la sed de líderes salvadores. Para una parte de las sociedades, el autoritarismo es una cualidad valiosa en un mandatario, e incluso sostienen que un Gobierno dictatorial puede ser mejor que uno democrático. Los romanos cayeron en esa trampa: durante la crisis de la República entregaron enormes recursos económicos y militares a hombres fuertes y les consintieron actuar sin límites, soñando una ingenua restauración del orden. El devenir histórico desembocó, en realidad, en una nueva era despótica, donde todos quedaron sometidos al incalculable poderío de sus príncipes, que acapararon el poder y dispusieron de todo sin rendir cuentas.
Los emperadores eran infinitamente más ricos que el romano más acaudalado: confiscaban tierras, utilizaban las recaudaciones fiscales a su capricho, poseían una pequeña urbe de 20.000 esclavos a su servicio, heredaban todo Egipto como territorio privativo de la corona y engordaban sus arcas gracias a los botines de las guerras que ellos mismos declaraban. Cuentan que Calígula nombró cónsul a un caballo hispano, su favorito, al que adornaba con collares de perlas. Le regaló una villa con jardines y un cortejo de cuidadores a su exclusivo servicio. En una época de constantes desahucios, Nerón hizo construir una mansión, la Domus Aurea, que se extendía por 50 hectáreas en el centro de Roma, con incrustaciones de oro, marfil y piedras preciosas en sus 300 habitaciones, además de un planetario propio. Cuando cruzó el umbral por primera vez, exclamó: “Al fin puedo empezar a vivir como un ser humano”. La corrupción es consustancial a las dictaduras: el miedo hace desaparecer las denuncias —por demasiado peligrosas—, la arbitrariedad carece de contrapesos y el clientelismo se convierte en ley.
Relajar la vigilancia sobre los regalos, donantes multimillonarios, negocios con criptomonedas, intercambios de favores, transacciones turbias y vertiginosos aumentos patrimoniales de nuestros dirigentes nos empuja a una pendiente resbaladiza. Sin inspecciones al acecho, aumentan las tentaciones de cohecho. Hay que exigir más control sobre el poder para defender mejor lo público, ya que la corrupción es también una forma de privatización. Las declaraciones de principios se complementan con declaraciones de bienes. Donde se necesita investigar, cuidado con desregular. El autoritarismo no es la solución, solo la disolución de las herramientas para combatir a los corruptos. Peligramos si todo se pliega al poder de la riqueza, porque la libertad de todos depende de los límites del dinero. Aunque parezca contradictorio, confiar en la democracia supone recelar de las personas en quienes delegamos poder: la honradez espontánea aumenta en proporción al número de ojos vigilantes. Así impedimos que se desintegre la integridad.
Irene Vallejo es filóloga y escritora, Premio Nacional de Ensayo de 2020 por El infinito en un junco (Siruela).