FORO DE CRÓNICAS DE LA GUINEA ECUATORIAL

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El fantasma del Blog

Jun 29 2025, 08:11 AM

El ángulo oscuro

La historia nos enseña que a los hombres poderosos se les terminan perdonando sus corrupciones y atropellos

Irene Vallejo
29 JUN 2025 - 05:45 CEST

Si no lo creo, no lo veo. Cuando los sospechosos son los nuestros, solemos ser más ciegos a sus corrupciones y transgresiones. Nada nuevo bajo el sol ni entre las sombras: la combinación de fachada respetable y cloacas abusivas remonta al pasado más remoto. A lo largo de los siglos han visto la luz oscuros desmanes de gobernantes, hombres de negocios, poderosos magnates, intelectuales, individuos respetables y aparentemente alejados de cualquier mancha, con alta opinión de sí mismos. Con frecuencia, estos atropellos han sido absueltos por el imaginario colectivo: a sus señorías se les perdonan las fechorías.

No se suelen mencionar los turbios negocios del célebre Julio César, aplaudido por sus victorias militares y ensalzado en crónicas gloriosas que escribió él mismo sin pudor en elogiosa tercera persona. Según Montesquieu, fue Julio César quien generalizó la costumbre de corromper como mecanismo de financiación política. El coste de sus carísimas campañas electorales agotó su fortuna; así que, como narra Suetonio, pidió préstamos, vendió alianzas, extorsionó. Había una relación causal entre sus deudas y sus guerras. Convirtió su gobierno provincial en una gran ofensiva de conquista, la más sangrienta que emprendió Roma. El historiador afirma que en la Galia destruyó ciudades enteras para costear su carrera con el pillaje y la venta de prisioneros como esclavos. Acabaría forzando las puertas del mismísimo Tesoro público y apoderándose de miles de lingotes de oro y millones de sestercios. Este dechado de virtudes republicanas dejaría su nombre inscrito en una amplia cartografía de títulos imperiales: césar, zar y káiser.

En la civilización romana, cuando los autores de la época mencionan la palabra “amistad” en relación a gobernantes, ricos y aristócratas, conviene sospechar. En general aluden a relaciones clientelares, complicidades y redes de intereses creados. Así sucedió con un clásico de la literatura, Salustio, amigo del mismísimo Julio César, quien lo nombró gobernador de una rica provincia africana. Allí explotó la región a base de extorsiones y rapiñas que escandalizaron a sus contemporáneos. Sus administrados entablaron un proceso judicial contra él, del que salió indemne gracias a su poderoso benefactor. Se rumoreó que Salustio pagó a César una generosa comisión de las ganancias del saqueo.

El elocuente Cicerón se encaprichó de una lujosa casa en el Palatino por la que pagó tres millones y medio de sestercios. Bromeando con un amigo por carta, admitió que se había endeudado hasta las orejas: “Estaría dispuesto a unirme a una conspiración si hubiera alguna que me aceptase”. Los préstamos de las adquisiciones inmobiliarias se solventaban ya entonces con oscuras complicidades políticas.

La palabra “corrupción”, que proviene del latín, significa “unirse para quebrantar”. Habla del pacto entre el poderoso tentado por una oferta ilícita y el particular seducido por un atajo rentable para lograr contratos o beneficios. Una moneda con dos caras—duras. Ante cualquier escándalo, regresa la conveniente estrategia de la generalización exculpatoria: resulta más fácil disculpar los desmanes propios con el manido argumento de las trampas ajenas. Pero la honradez existe, y universalizar las culpas es tan solo una victoria de los impunes. Como la corrupción es una amenaza constante y una tentación perpetua en todos los engranajes políticos y económicos, no debe cesar la lucha por desenmascararla, conocer sus límites, diferenciar sus grados y desmantelarla una y otra vez. Aspirar a una vida pública honesta exige fortalecer los contrapesos y cortapisas, aumentar los controles, acrecentar el equilibrio entre poderes, robustecer las leyes.

Los gastos electorales en Roma, antes de la era de la publicidad y las apariciones televisivas, eran ya enormes, y los candidatos invertían su fortuna personal. Por eso, quienes habían pagado por conseguir un cargo se afanaban para multiplicar sus bienes al desempeñarlo. Algunos se dedicaron a depredar los territorios que les habían sido confiados en las tierras conquistadas. Desde antiguo existen invasiones de extranjeros depredadores que se apoderan de todo, y se llaman imperialismo. Frente a la grandilocuencia de las gestas, convendría reivindicar a los justos. Algunos legisladores romanos trataron de hacer frente a la malversación con reformas audaces, como las de Cayo Graco. Ya en el siglo II a. C. comenzó un debate profundo sobre cuáles debían ser las normas y los principios éticos para gobernar. Se creó un juzgado permanente, con el propósito de indemnizar a los perjudicados en los territorios vencidos por la extorsión de sus gobernantes. Conocemos con detalle los procesos y las acusaciones de la época republicana porque hubo juicios contra quienes abusaron de sus cargos.

Sin embargo, paradójicamente, cuando la podredumbre emerge y cunde la decepción, algunos reclaman la vieja receta mesiánica: la nostalgia de autarquías pasadas, el espejismo de la mano dura y la sed de líderes salvadores. Para una parte de las sociedades, el autoritarismo es una cualidad valiosa en un mandatario, e incluso sostienen que un Gobierno dictatorial puede ser mejor que uno democrático. Los romanos cayeron en esa trampa: durante la crisis de la República entregaron enormes recursos económicos y militares a hombres fuertes y les consintieron actuar sin límites, soñando una ingenua restauración del orden. El devenir histórico desembocó, en realidad, en una nueva era despótica, donde todos quedaron sometidos al incalculable poderío de sus príncipes, que acapararon el poder y dispusieron de todo sin rendir cuentas.

Los emperadores eran infinitamente más ricos que el romano más acaudalado: confiscaban tierras, utilizaban las recaudaciones fiscales a su capricho, poseían una pequeña urbe de 20.000 esclavos a su servicio, heredaban todo Egipto como territorio privativo de la corona y engordaban sus arcas gracias a los botines de las guerras que ellos mismos declaraban. Cuentan que Calígula nombró cónsul a un caballo hispano, su favorito, al que adornaba con collares de perlas. Le regaló una villa con jardines y un cortejo de cuidadores a su exclusivo servicio. En una época de constantes desahucios, Nerón hizo construir una mansión, la Domus Aurea, que se extendía por 50 hectáreas en el centro de Roma, con incrustaciones de oro, marfil y piedras preciosas en sus 300 habitaciones, además de un planetario propio. Cuando cruzó el umbral por primera vez, exclamó: “Al fin puedo empezar a vivir como un ser humano”. La corrupción es consustancial a las dictaduras: el miedo hace desaparecer las denuncias —por demasiado peligrosas—, la arbitrariedad carece de contrapesos y el clientelismo se convierte en ley.

Relajar la vigilancia sobre los regalos, donantes multimillonarios, negocios con criptomonedas, intercambios de favores, transacciones turbias y vertiginosos aumentos patrimoniales de nuestros dirigentes nos empuja a una pendiente resbaladiza. Sin inspecciones al acecho, aumentan las tentaciones de cohecho. Hay que exigir más control sobre el poder para defender mejor lo público, ya que la corrupción es también una forma de privatización. Las declaraciones de principios se complementan con declaraciones de bienes. Donde se necesita investigar, cuidado con desregular. El autoritarismo no es la solución, solo la disolución de las herramientas para combatir a los corruptos. Peligramos si todo se pliega al poder de la riqueza, porque la libertad de todos depende de los límites del dinero. Aunque parezca contradictorio, confiar en la democracia supone recelar de las personas en quienes delegamos poder: la honradez espontánea aumenta en proporción al número de ojos vigilantes. Así impedimos que se desintegre la integridad.

Irene Vallejo es filóloga y escritora, Premio Nacional de Ensayo de 2020 por El infinito en un junco (Siruela).

El fantasma del Blog

Jun 29 2025, 12:49 PM

La Europa de los cobardes y los pelotas

Uno no puede esperar mucho de países que creen tener a Dios de su parte y por eso pisotean la ley y la verdad, pero ver que la UE calla y retrocede ante los bárbaros es el fin del sueño europeo

Íñigo Domínguez
29 JUN 2025 - 05:30 CEST

En 1992 un diputado advirtió en el Parlamento israelí: “Podemos presumir que dentro de tres o cinco años Irán será autónomo en su capacidad para producir una bomba nuclear. Esta amenaza debe ser neutralizada por un frente internacional guiado por Estados Unidos”. Se llamaba Benjamín Netanyahu y luego como primer ministro siguió profetizando lo mismo durante décadas, aunque nunca terminaba de ocurrir, pasados esos tres o cinco años. Al final consiguió lo que quería, pero aún no sabemos si esta vez Irán tenía la bomba o seguía siendo una trola de Netanyahu. Da igual, la verdad no ha sido un problema, y la ley o el derecho internacional, tampoco.

La verdad, en cambio, sí es un problema si hablamos de las armas nucleares de Israel: oficialmente no las tiene, pero sabemos que sí. El problema lo tuvo un israelí llamado Mordejai Vanunu. Es una historia ejemplar para toda democracia que se precie. Vanunu era un judío marroquí que emigró a Israel con nueve años. Se hizo técnico nuclear y trabajó de 1976 a 1985 en la central de Dimona, que, en teoría, se dedicaba a usos civiles, ustedes ya me entienden. En realidad, fabricaba armas nucleares y como Vanunu era pacifista un día se fue a Londres y se lo contó a The Sunday Times. En 1986 el diario lo publicó, con planos y todo, y reveló que Israel tenía 200 cabezas nucleares (parece que fue Francia quien los ayudó). Vanunu alegó motivos de conciencia, porque su país lo hizo sin debate o permiso de sus ciudadanos. La reacción de Israel fue la normal en un país civilizado: mandó una espía que lo sedujo (se llamaba Cindy), le citó en Roma, donde un comando del Mosad lo drogó, lo secuestró y lo llevó a Israel. Lo hicieron en Italia para no cabrear al Reino Unido. Fue condenado a 18 años de cárcel y pasó 11 en aislamiento total, una violación de derechos humanos. Salió de prisión en 2004, ahora vive en Israel bajo libertad vigilada, no puede irse del país, ni hablar con extranjeros, ni dar entrevistas, ni usar un móvil, ni internet. Eso hace Israel con sus propios ciudadanos si dicen la verdad, pero si mientes más que nadie y eres un criminal de guerra puedes ser primer ministro.

El pasado mes de noviembre pareció que Israel admitía tener armas nucleares. Uno de los ministros locos de Netanyahu —mejor preciso porque son muchos: Amihay Eliyahu—dijo que la solución en Gaza podía ser una bomba nuclear. Pero no hace falta, Gaza ya es un paisaje posnuclear donde viven encerradas miles de personas. Después de matarlas de hambre, ahora el juego macabro es matarlas mientras van a buscar comida en los pocos puntos donde se la dan. Francotiradores disparan al montón y un día caen 46, otro 59… Van ya más de 400 muertos, según la ONU. Todo esto mientras estamos pendientes de Irán.

A la UE le ha llevado año y medio decidir que este cúmulo de crímenes de guerra es lo que es, pero luego ha concluido que no hará nada. En todo este teatro de la crueldad uno no puede esperar mucho de países que creen tener a Dios de su parte (Irán, Israel, Estados Unidos) y por eso pisotean la ley y la verdad. Pero es moralmente demoledor, y el fin del sueño europeo, que la UE, que no tiene a Dios detrás, que se sepa, sino los derechos y la democracia, calle y retroceda ante los bárbaros. En estos tiempos terribles solo los fanáticos son firmes en sus principios. Europa no dice la verdad, ni defiende la ley, pero lo peor es ver a Mark Rutte haciéndole la pelota a Trump. No he visto nunca una pandilla semejante de petimetres tan cobardes y serviles. Estos son ahora los auténticos valores europeos, más que los que se proclaman.

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El 'espía nuclear' israelí Vanunu dice que quería evitar un holocausto

Primeras declaraciones tras 18 años en prisión

EFE
Londres - 30 MAY 2004 - 00:00 CEST

El espía atómico Mordejai Vanunu, que fue excarcelado recientemente tras pasar 18 años en prisión por divulgar secretos nucleares de Israel, afirma en una entrevista con la BBC que no se arrepiente y que su intención fue evitar "un nuevo holocausto". La cadena de televisión británica adelantó ayer parte de la entrevista, la primera a Vanunu tras salir de la cárcel y que será emitida entera esta noche en el programa This World.

"Nunca sentí que se trataba de una traición, se trataba de informar. Se trataba de salvar a Israel de un nuevo holocausto", dice Vanunu en la entrevista con la BBC, hecha por una periodista israelí debido a que no se le permite el contacto con extranjeros.

Mordejai Vanunu fue liberado el pasado 21 de abril tras pasar 18 años en prisión acusado de traición y espionaje al Estado por revelar información acerca de la central nuclear de Dimona, en el desierto meridional israelí del Neguev, en un artículo publicado en The Sunday Times. Ésa fue la primera y única vez que un medio de prensa ha difundido material documentado con fotografías y testimonios sobre la capacidad nuclear de Israel, que, según cálculos, era entonces superior al centenar de cabezas nucleares.

"Destruir Dimona"

"Lo que hice fue informar al mundo de lo que estaba ocurriendo en secreto. No dije: 'Hay que destruir Israel, deberíamos destruir Dimona'. Sólo dije: 'Mirad lo que tienen y decidid", señaló Vanunu, de 50 años, en la entrevista con la BBC. El espía, considerado un traidor por unos y un héroe por otros en Israel, señala que ya no quiere vivir en ese país y que su intención es residir en Estados Unidos o en un país europeo, "y comenzar a vivir como un ser humano".

La entrevista se ha divulgado justo cuando acaba de regresar al Reino Unido el periodista británico Peter Hounam, arrestado durante 24 horas esta semana por los servicios secretos israelíes bajo sospechas de haber violado las restricciones impuestas a Vanunu. El periodista fue arrestado la noche del miércoles cerca de Tel Aviv cuando se dirigía a una entrevista con la activista antinuclear israelí Yael Lotan, quien se había entrevistado antes con Vanunu y que, según el servicio secreto israelí, iba a transmitirle nuevos detalles del programa nuclear de este país.

Vanunu reveló los secretos nucleares de Israel a Hounam en 1986, que los publicó en The Sunday Times, lo que llevó al secuestro del espía por el Mosad en Italia y a su posterior enjuiciamiento. Hounam, que ha calificado de "error" su detención en Israel, está preparando un artículo sobre lo ocurrido. Peter Hounam viajó a Israel en abril para informar de la liberación de Vanunu y preparar un documental para la BBC. Israel ha prohibido al ex técnico nuclear que se reúna con extranjeros, utilice Internet y teléfonos móviles, y que se acerque a embajadas o a las fronteras. En el programa que emitirá hoy la BBC, el viceprimer ministro de Israel, Tommy Lapid, defiende estas restricciones y asegura: "Vanunu aún sabe secretos y no queremos que los vuelva a vender".

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La agencia de la ONU para los refugiados palestinos califica de “abominación” el sistema de reparto de ayuda en Gaza

Centenares de personas que acudían a recoger alimentos han muerto a manos de francotiradores desde que empezó a operar la Fundación Humanitaria, controlada por EE UU e Israel

Almudena de Cabo
Berlín
24 JUN 2025 - 12:42 ACTUALIZADO: 24 jun 2025 - 18:11 CEST

El jefe de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, ha criticado duramente este martes el sistema actual de ayuda humanitaria en la franja de Gaza y ha reclamado volver a las prácticas anteriores de suministro de ayuda humanitaria internacional. “El nuevo mecanismo de ayuda es una abominación que hiere y mata a seres humanos. Es una trampa mortal que cuesta más vidas de las que salva”, ha declarado en Berlín, en una rueda de prensa sobre el sistema que gestiona la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, controlada por EE UU e Israel).

Desde que comenzó este mecanismo impuesto por Israel para controlar la entrega de asistencia en Gaza, varios centenares de personas han muerto a manos de francotiradores mientras buscaban alimentos para sí mismos o para sus familias hambrientas. Una situación que ha desatado duras críticas de la comunidad internacional.

La GHF comenzó a distribuir paquetes de comida a finales de mayo, después de que Israel levantara parcialmente un bloqueo total que duró casi tres meses. Sin embargo, a pesar del riesgo de ser alcanzados por los disparos, los palestinos no tienen otra opción que arriesgarse para poder conseguir ayuda.

Lazzarini ha recordado que, según los últimos datos de las Naciones Unidas, “el año pasado fue el año más mortal para los niños en cualquier conflicto en el mundo en la historia reciente”. “Lo hemos dicho varias veces y lo repito: ningún lugar es seguro en Gaza y nadie está a salvo... Hospitales, escuelas, búnkeres, casas y lugares para refugiados han sido destruidos. Médicos, periodistas y trabajadores humanitarios, entre ellos casi 320 de nuestros empleados, han sido asesinados”, ha denunciado al tiempo que volvía a pedir un alto el fuego inmediato y la liberación incondicional de los rehenes. “No hay otra alternativa si se quieren superar los retos de la hambruna en Gaza”.

El máximo responsable de la UNRWA ha informado, asimismo, de los problemas económicos que tiene la agencia de la ONU para poder seguir adelante con su trabajo y que más allá de septiembre no sabe cómo van a seguir adelante. “Nuestra situación es aún peor que el año pasado”, ha alertado en la comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha insistido en la necesidad de contar con el apoyo político y financiero de países como Alemania. “Nuestra situación financiera es muy tensa. La liquidez se gestiona semanalmente y ya no mensualmente”, ha agregado. “Sin más financiación, pronto tendré que tomar decisiones sin precedentes que afectarán a los refugiados palestinos de toda la región”.

UNRWA lleva tiempo haciendo frente a una campaña de desinformación que carga contra la agencia de la ONU, a la que incluso acusa de ser una organización terrorista. “Esta campaña se ha extendido contra el compromiso prolongado con los medios de comunicación internacionales independientes en Gaza. En los últimos 20 meses, el equipo del Gobierno israelí ha seguido condenando a UNRWA y su neutralidad. Esta condena ha puesto en grave peligro la vida de nuestro equipo y ha dañado la reputación de la agencia”, ha enfatizado Lazzarini, al tiempo que recordaba que UNRWA, como la ONU, no tiene capacidad policial, militar ni de inteligencia. “Recurrimos a los Estados miembros cuando se necesitan tales recursos”.

“Hemos pedido repetidamente al equipo del Gobierno de Israel que nos proporcione pruebas de que algunos miembros del equipo de UNRWA están involucrados en actividades militares”, ha declarado el jefe de la UNRWA. Por ello, dice, han escrito al Gobierno de Israel pidiendo más información y pruebas y recordándole que no ha iniciado ningún proceso judicial en su sistema de justicia penal, para lo que se necesitarían pruebas creíbles.

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Cómo los señores del caos hunden el mundo en una espiral de conflictos

Trump, Putin, Netanyahu y Jameneí son líderes diferentes, pero comparten la disposición a desestabilizar sin escrúpulos para avanzar intereses imperialistas, nacionalistas o personalistas

Andrea Rizzi
Madrid
24 JUN 2025 - 05:40 CEST

Donald Trump, Vladímir Putin, Benjamín Netanyahu y Alí Jameneí son líderes profundamente diferentes, al mando de países que en muchos sentidos se hallan en las antípodas unos de otros. No obstante, comparten un rasgo fundamental para entender la época en la que nos adentramos: la disposición a sembrar el caos en el mundo para hacer avanzar sus intereses nacionales o personales. Esa disposición es un factor clave del acelerado hundimiento del mundo en una espiral de conflictos. Es fundamental comprenderlo.

Fíjense en Netanyahu, el líder israelí que libra una ofensiva despiadada contra Gaza, con un indescriptible sufrimiento para los civiles y con el objetivo declarado de erradicar a Hamás. Conviene no olvidar que su Gobierno admitió recientemente haber permitido la transferencia de fondos desde Qatar al propio Hamás con el deseo de fomentar la división entre los palestinos. Un auténtico emblema de la lógica terrible del caos.

Ahora, Netanyahu no esconde que, junto con la voluntad de arrasar el programa nuclear y la fuerza de Irán con los misiles, el objetivo de su ofensiva contra la República Islámica es un cambio de régimen. Poca duda cabe de que si, además de un cambio de régimen, se produjese un conflicto interno y una fragmentación de Irán, a Netanyahu no le disgustaría en absoluto. A la vista de sus antecedentes, cabe preguntarse si, llegada la oportunidad, además de no disgustarle, la promovería activamente, sin cuidado ninguno en términos de consecuencias para los civiles de Irán.

Todo ello no significa de ninguna manera que los líderes del régimen iraní no sean a su vez otros tenebrosos señores del caos. Su apoyo sin escrúpulos a varios actores regionales ha provocado inestabilidad y sufrimiento. Su respaldo a Hezbolá es una de las razones por las cuales Líbano no ha podido convertirse en un país con un Estado funcional a soberanía completa; su apoyo a los hutíes en Yemen es un elemento clave de la tensión en ese país, y su sostén a Bachar el Asad ha permitido una represión horrible. Y, por supuesto, Irán es un abierto facilitador de la injustificada agresión de Putin contra Ucrania, suministrándole ingentes cantidades de drones de ataque.

Y llegamos aquí al que tal vez sea el maestro de los señores del caos. Putin es alguien capaz de promover ataques terroristas dentro de su país para consolidarse como líder a través de una respuesta de mano dura, como ocurrió con una serie de letales explosiones en edificios de viviendas en 1999. Por supuesto, proyecta el caos también en el exterior. Ha invadido Georgia, promovido separatismo e invadido Ucrania, sabotea infraestructuras, y sobre todo siembra la discordia en las democracias para debilitarlas a través de noticias falsas y estímulos a la polarización.

Su aparente amigo Trump, con diferentes matices, también es un adepto de la teoría del caos. Piensen en su política comercial. En sus desconcertantes idas y venidas tarifarias. No tiene una vertiente violenta, pero es obviamente una política que siembra el caos para, a través de él, buscar avanzar intereses. Piensen en su política con Ucrania, calificando al presidente votado en las urnas y que resiste una invasión ilegal como un dictador. Su intervención militar en Irán tampoco puede considerarse un factor estabilizador de Oriente Próximo. Es el instinto de un señor que quiere mostrar al mundo que es el más fuerte, infundir miedo, aunque esto acaree un terrible riesgo de crecientes caos y conflicto.

Otro eje desestabilizador del trumpismo que no conviene subestimar es el de la acción para favorecer el flujo de propaganda tóxica en las redes sociales que impulse a fuerzas nacionalpopulistas en otros lugares, sobre todo Europa. Esa fue la misión del viaje a Múnich el pasado febrero de su vicepresidente, J. D. Vance, quien pronunció un afilado discurso con el objetivo de inhibir instrumentos de control de la manipulación de las mentes con noticias falsas y discursos malintencionados.

En un interesante ensayo, Giuliano da Empoli elaboró el concepto de “ingenieros del caos” para referirse a esos asesores, propagandistas, expertos tecnológicos que supieron auscultar y manipular como nadie la esfera digital para promover liderazgos populistas. En un ámbito diferente, el de la geopolítica, asistimos al protagonismo cada vez más desatado de los señores del caos, mientras el multilateralismo y las reglas, que nunca fueron perfectos, se erosionan cada vez más.

Siempre han existido señores del caos: suelen ser señores, no señoras. Estados Unidos, en distintas etapas, ha promovido golpes de Estado o emprendido invasiones ilegales como la de Irak. La URSS buscaba subvertir las democracias occidentales a través del agit-prop (propaganda de agitación) y del kompromat (recolección de elementos para chantajear). Europa tiene un antiguo historial de colonialismo que, junto con el yugo, a menudo utilizaba el caos como herramienta.

La diferencia con otras etapas es que la actual presenta rasgos de inestabilidad estructural muy elevados. Porque el orden anterior se deshace, impugnado violentamente por Rusia, cuestionado en su dimensión política —no así en la económica— por China, y abandonado por su gran plasmador, Estados Unidos. Es un estado gaseoso en el que las partículas se están acelerando. Algunas buscan su camino con total desprecio por instituciones o reglas internacionales.

Aunque no sean ni mucho menos aliados geopolíticos, esos cuatro liderazgos cooperan provechosamente en la destrucción de un orden que aspira a funcionar con instituciones y reglas compartidas. Ninguno de los cuatro tiene reparos en espolear el caos en el mundo para avanzar objetivos imperialistas, nacionalistas o personalistas. Mucho de ese caos tiene que ver con el objetivo de su propia supervivencia en el poder. Trump surfea el caos para mantener constantemente atención mediática y control del relato. Netanyahu y Putin aprovechan sus guerras para espolear el sentimiento nacionalista y de cierre de filas en tiempos difíciles. En cuanto al régimen de los ayatolás, ya Jomeini dejó claro que, si no se exportaba, la revolución moriría. Pero, al margen de los objetivos específicos, esa política de caos erosiona las reglas que diferencian una sociedad civilizada de la jungla.

No les sorprenderá que se subraye que ni EEUU, ni Rusia, ni Israel ni Irán son Estados miembros del Tribunal Penal Internacional. Por otra parte, tal vez interese recordar una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania que se votó el pasado febrero en la Asamblea General de la ONU. Se manifestaron en contra 18 países. Junto a Rusia, dijeron que no entre otros Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua, Hungría, Sudán y Eritrea (Irán, en ese caso, se abstuvo, pero puede recordarse que suministra drones letales al agresor). Una lista para recordar cuando se intenta detectar los tenebrosos señores del caos.

El fantasma del Blog

Jun 29 2025, 05:08 PM

El excancilller Álvaro Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro

El ex ministro de Exteriores, según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso EL PAÍS, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez

Juan Diego Quesada
Bogotá
29 JUN 2025 - 11:30 ACTUALIZADO:29 jun 2025 - 14:14 CEST

Álvaro Leyva, excanciller colombiano durante este Gobierno, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leyva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta.

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez [la vicepresidenta]. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, cuenta una de las personas que se reunió en abril con Leyva, de 82 años. El excanciller no ha respondido a las preguntas sobre este asunto que le ha hecho este periódico.

El político conservador, una de las personas de máxima confianza de Petro al inicio de la legislatura, narró en estos encuentros que el presidente era un hombre errático con serios problemas de drogadicción y que guardaba pruebas que lo inhabilitaban para ejercer la Presidencia. Habló de un acuerdo en el que debían estar implicados “actores armados y no armados”, explica la misma fuente. En uno de los audios en los que Leyva habla con alguien no identificado, se le escucha decir:

“Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones [las presidenciales que están por celebrarse en 2026]... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”.

El excanciller y su hijo, Jorge Leyva, cuentan con buenos contactos entre las filas del Partido Republicano de Estados Unidos. Por esa vía le pidieron a sus amigos que les organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz-Balart, representante por Florida. “Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, explica Leyva en las grabaciones. También tenían la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Giménez.

En paralelo, Leyva había empezado a publicar unas cartas en redes sociales en las que aseguraba que Petro era drogadicto. En ellas contaba episodios en los que el presidente se ausentaba de forma inexplicable o se comportaba de manera extraña con otros mandatarios extranjeros. Acusaba también de forma velada a Laura Sarabia, la mano derecha del presidente, de suministrarle las dosis y ocultar sus vicios. Tanto Petro como Sarabia niegan estas acusaciones y aseguran que se tratan de una difamación. El político pensaba que estas supuestas revelaciones serían el primer empujón para defenestrar a Petro. “Yo no me puedo quedar donde estoy. Aquí vamos a mitad del camino, de un camino que son 20 días más. Esto no se queda de este tamaño”, se le oye decir a Leyva.

En otro audio distinto, insiste en que Petro debe abandonar el cargo y que eso debe hacerse con un acuerdo nacional. Piensa que una interlocutora válida en este proceso podría ser Vicky Dávila, la exdirectora de la revista Semana que dejó el periodismo para entrar en la política y aspirar a ganar las elecciones de 2026. “No va a ser presidente”, dice Leyva en las grabaciones. “[Pero] puede ser interlocutora para uno decir usted en que está, es Vicky (...). Tiene que entrar y los que quieran. Los que tengan personería de verdad. Porque, ¿qué hace metiendo usted como persona, como individuo individual a este carajo?“, añade. Y de repente menciona la posibilidad de sumar al plan a Miguel Uribe, el precandidato del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, que se encuentra en estado grave después de que un sicario le disparara dos veces en la cabeza a principios de junio: “No, este Uribe, Miguel Uribe, ¿Qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación”.

Las grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS han estado en manos del servicio secreto colombiano. El presidente las escuchó en su despacho y se mostró muy molesto. Después, durante un discurso, acusó a Leyva de tratar de perpetrar un golpe de Estado en su contra, aunque no ofreció mayores detalles. El excanciller, preocupado por la revelación del presidente, se fue a Madrid por motivos de seguridad.

Leyva deseaba que Francia Márquez fuera la nueva presidenta. En los audios dice que está “encima de ella” y que fue él el que la puso a “que diera esa vaina esa noche”. Se refiere a un Consejo de Ministros retransmitido en directo en el que el presidente criticó con dureza a sus asesores. Márquez se molestó y respondió con dureza a Petro. Las imágenes de la trifulca pública dieron la vuelta al mundo. A continuación, se escucha a Leyva leer unos chats que se ha cruzado con ella: “31 de marzo. [Leyva dice] Sigue en mi mente con más vigencia. Mucha fortaleza. Cero debilidad. Abrazo. [Contesta Márquez]. Buenos días. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Entonces yo la aplaudo y le mando corazoncito”. Leyva, para finalizar, da a entender a su interlocutor que la vicepresidenta forma parte de la estrategia para derribar al presidente: “Está jugada”.

Tras escuchar las grabaciones, Petro le pidió explicaciones a Francia Márquez. “Fue un momento de enorme tensión entre ellos. Él dijo sentirse traicionado. Francia le contestó que no había actuado a sus espaldas con Leyva, que no era verdad. Insistió en que no se podía desconfiar de ella”, cuenta alguien que estuvo presente en esa reunión. Petro le exigió que desmintiera en público su participación en lo que él considera un complot en su contra, una suerte de golpe de Estado. Ella se negó, y desde ese momento la relación entre ambos, que ya era tirante, ha pasado a ser inexistente.

Petro considera que una persona a la que le otorgó toda su confianza le ha traicionado. Cuando asumió la presidencia en 2022, le encomendó a Leyva alguno de los asuntos más importantes de su Gobierno, como las negociaciones simultáneas con los distintos grupos armados, conocidas como paz total. Lo escogió por tratarse de un veterano político de ideología conservadora, pero que llevaba décadas tratando de concretar acuerdos entre las guerrillas y los sucesivos gobiernos. Le encargó también el restablecimiento de relaciones con Venezuela dada su buena relación con el chavismo. Llegó a ser una de las personas más cercanas del presidente, aunque algunos del entorno desconfiaran de él por su fama de conspirador. Su salida del Gobierno, se produjo por accidente, no por decisión de Petro. En noviembre de 2024, la Procuraduría lo inhabilitó de su cargo por haber cancelado de forma irregular la licitación de pasaportes a petición expresa del presidente.

Leyva sintió que le apartaban de su cargo por haber sido leal a Petro. Esperaba que fuera recompensando por ello y jugara un nuevo papel en el Gobierno, aunque fuera de forma externa. En ese momento, Petro hablaba de llevar un acuerdo nacional, a izquierda y derecha, para sacar adelante reformas estructurales. Leyva quiso ser el catalizador de esa propuesta y empezó a hacer campaña por su cuenta. Sin embargo, esa idea no prosperó y poco a poco se fue desvaneciendo. Petro dejó de contestarle las llamadas y los mensajes a Leyva, que se sintió traicionado, fuera de la jugada. Su siguiente movimiento fue publicar las cartas contra el presidente y más tarde involucrar en el plan para derrocar a Petro al hombre más poderoso del mundo, Donald Trump. No lo consiguió.

El fantasma del Blog

Jun 29 2025, 07:49 PM

Política y rentabilidad: la lección de Guinea

Juan Goytisolo
25 AGO 1979 - 00:00 CEST

Desde que el Gobierno franquista, por instrucciones del almirante Carrero Blanco, prohibió toda referencia a Guinea Ecuatorial, calificando el asunto de materia reservada, la tragedia del pueblo ecuatoguineano ha permanecido envuelta en un denso e inexplicable silencio. Tras la muerte de Franco y el levantamiento de la prohibición, en octubre de 1976, la prensa española recién liberada se abalanzó bruscamente al tema: el tiempo necesario para sacar a la luz pública el triste papel de Antonio García Trevijano y hundir para siempre sus aspiraciones de liderazgo político.Una vez logrado esto, pese a la publicación de documentos irrefutables y testimonios atroces -bastaría con recordar los libros de Mitongo (Guinea: de colonia a dictadura), Ndongo Biyogo (Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial), García Dominguez (Macías, la ley del silencio) o Rafael Fernández (Guinea, materia reservada)-, la suerte de nuestro colonizados y ex compatriotas dejó de interesar a la clase política española y en especial a nuestros partidos de izquierda.

Las denuncias de Amnesty International, de las asociaciones de Derechos Humanos de Suiza y Bélgica, el dossier abrumador de la Sociedad Antieslavista londinense sobre el trabajo forzado y, más recientemente, el extenso y detallado informe de Robert Klinteberg Ecuatorial Guinea: Macías country, no suscitaron ningún eco en España. Peor aún: no han sido traducidos siquiera a nuestra lengua.

Una causa no rentable

Como en el caso de los palestinos, eritreos, camboyanos y un largo etcétera, la causa de las víctimas de Macías no es política ni electoralmente rentable. No importa que el despojo del pueblo palestino se prolongue desde hace treinta años: las verdades expuestas en el excelente libro de Roberto Mesa sobre el tema no han conmovido a los dirigentes de nuestro principal partido de oposición, preocupados ante todo por congraciarse las voluntades de sus mecenas y protectores de la República Federal. Que a la locura y el despotismo de los khmer rojos su ceda ahora la vietnamización forzada e instalación de colonos-soldados del «hermano mayor» de Hanoi, esta liquidación gradual, sistemática del pueblo camboyano cifrada, en decenas de millares de víctimas, deja fríos a los responsables del PCE. Que los movimientos de liberación marxista-leninista de Eritrea -país de una etnia, cultura, lengua y religión claramente distintas de la de los colonizadores etíopes- -sean aplastados hoy con armas soviéticas y del apoyo de consejeros militares cubanos en aras de la realpolitik, no perturba la buena conciencia en la que se adormece la totalidad de la izquierda.

Desapego e indiferencia

La evidencia se impone: sólo aquellos países o movimientos de liberación que disponen de potentes columnas blindadas o disfrutan de la protección del bloque soviético consiguen movilizar los espíritus y aparatos de propaganda. Guinea Ecuatorial no ha sido víctima de una dictadura sostenida por el imperialismo norteamericano, como Nicaragua, ni los grupos de oposición a Macías podían permitirse el lujo de invitar a visitar los míseros campos de refugiados, a expensas de un rico e interesado vecino, a quienes Enzensberger denominara con tanto acierto turistas revolucionarios. Contrastando con su ritual apoyo propagandístico a causas más útiles, la actitud del PSOE y PCE, tocante a Guinea Ecuatorial, ha sido de un desapego e indiferencia chocantes. El genocidio real -no imaginario- del pueblo ecuatoguineano no ha suscitado ninguna campaña de solidaridad y simpatía. Seis mil refugiados apátridas viven entre nosotros sin que los habituales denunciadores de dramas ajenos -perdón, de algunos dramas ajenos- hayan elevado la voz para atraer la atención sobre su desgracia y apuros. Como en tiempos de Franco, Guinea Ecuatorial ha seguido siendo materia reservada... para un puñado de especialistas. Nos encontramos, pues, una vez más, ante un caso flagrante de humanitarismo selectivo.

Hace poco más de tres años, al recuperar el derecho a la palabra, sostuve desde las páginas de EL PAIS la necesidad de un grupo de intelectuales independientes, capaces de asumir la defensa de las causas molestas, impopulares u olvidadas sin tener en cuenta criterios de rentabilidad. El escrito, encuadrado en una organización política, decía, debe supeditar su juicio a consideraciones de orden táctico o estratégico: si quiere preservar su independencia e insiste en exponer sus opiniones, se le argüirá que cuanto dice podrá ser cierto desde un punto de vista ético, pero objetivamente inoportuno; por motivos de oportunidad, y, a fuerza de oír y acatar la lógica del argumento, advertía, el escrito acabará por volverse oportunista. Frente al previsible conformismo político moral que se cernía en el horizonte, sustentaba la utilidad del intelectual aguafiestas, a quien, por el hecho de no buscar votos ni perseguir promoción alguna, no le importase nadar a contra corriente y adoptar aquellas causas que, siendo o pareciéndole justas, no produjeran dividendos de ningún tipo.

Al expresarme as¡ no pretendo, claro está, que algunas de las banderas -no todas- esgrimidas por la izquierda oficial no sean correctas, sino que, en razón del consenso creado en tomo a ellas, los Estados mayores de los partidos y sus aparatos de propaganda disponen de muchos medios de airearlas sin necesidad de recurrir a los servicios del escritor comprometido tan sólo consigo mismo. Este las puede defender -y así lo he hecho yo, por ejemplo, siempre que se ha terciado la ocasión, respecto a las libertades y derechos humanos pisoteados por las dictaduras del Cono Sur-, pero dicha facultad se convierte en un deber tratándose de asuntos no rentables políticamente y situaciones peliagudas en las que, como se suele decir, uno no puede nadar y guardar la ropa a la vez.

Cobardía moral

Tristemente, los hechos han confirmado mis temores: la cobardía moral de los intelectuales presuntamente comprometidos es hoy un fenómeno bastante general, e incluso aquellos que elevaban la voz en los durísimos tiempos del franquismo parecen contagiados del conformismo ambiente y evitan cualquier salpicadura personal con prudencia y remilgos de saltacharquillos, interés, estrategias, presuntas actividades ideológicas sirven de criba a una izquierda cuya sensibilidad moral se adormece o despierta en función de criterios no digo políticos, sino geopolíticos. Basta conocerlos programas de nuestros principales partidos y recorrer las páginas de sus publicaciones y diarios para advertir que conviene hablar -y se habla- de ciertos temas, y no conviene -y no se habla- de otros. Se denuncia a determinadas dictaduras y empresas genocidas, y se silencian otras no menos monstruosas. Se escribe sobre África del Sur, Argentina, Nicaragua, Chile, incluso Checoslovaquia, y se omite toda referencia a Vietnam, Israel, Camboya, Guinea Ecuatorial. No importa que los métodos para mantenerse en el poder de los dictadores latinoamericanos al servicio de Washington sean exactamente iguales a los de los dirigentes afganos o etíopes al servicio de Moscú: los intelectuales «orgánicos» no quieren tú enterarse. La reciente liberación de Ben Bella se ha llevado a cabo sin que, con las contadas excepciones de siempre, nuestros hombres de izquierda hayan movido un dedo en su favor. Martha Frayde, Huber Matos y otros ex dirigentes revolucionarios cubanos siguen pudriéndose en las cárceles de su país y ninguna figura conocida del PSOE intercede por ellos.

Semejante daltonismo moral podría ser descartado como producto de la «mala conciencia» burguesa si no degenerara a menudo en ceguera política, como prueba lo ocurrido en Guinea Ecuatorial. Durante años, nuestra izquierda se ha negado a admitir que el genocidio de Macías no tenía nada que envidiar al de Somoza, y la explotación despiadada del «protector» norteamericano de Nicaragua, que emulaba el increíble de la riqueza ecuatoriana por parte de su homólogo soviético. Hoy, cuando el pueblo ecuatoguineano mira a éste con la misma hostilidad con que el nicaragüense juzga a aquél, y los compatriotas de Brejnev son abucheados en las calles de Malabo, el PSOE y el PCE tienen todas las razones del mundo de sentirse avergonzados y confusos. Son Suárez y la UCD quienes, a pesar del silencio cómplice que guardaron, aparecen de golpe como liberadores, el fracaso de la izquierda no puede ser más completo.

Interrumpiré estas reflexiones, aquí no sin apuntar que, aunque tarde, nuestros partidos de oposición podrían desempeñar, no obstante, en el futuro un papel positivo: el de contribuir a transformar, de acuerdo con las organizaciones de exiliados anti-Macías, la actual «revolución di palacio» de los deudos y servidores del ex dictador en un proceso de democratización que desembocan -después de un decenio de rapiña, asesinatos, torturas- en la liberación definitiva de Guinea Ecuatorial de cualquier «protección» imperialismo.

El fantasma del Blog

Jun 30 2025, 07:58 AM

Kenia: la generación perdida

Asfixiado por la deuda y los recortes sociales, el país del cuerno de África se ha convertido en un laboratorio de lo que puede suceder en otros países del continente: protestas masivas, exigencia de rendición de cuentas y violencia policial

Patricia R. Blanco (TEXTO) y Diego Menjíbar (FOTOS)
Nairobi
29 JUN 2025 - 05:30 CEST

Albert Omondi Ojwang fue detenido el sábado 7 junio, hacia las tres de la tarde, en su casa cerca de Homa Bay, a orillas del lago Victoria (Kenia). La policía lo acusó de haber publicado “información falsa” en la red social X, donde señaló por corrupción al subinspector general de la policía keniana, Eliud Lagat. El joven maestro de 31 años murió un día después de su arresto, en la comisaría central de Nairobi, a más de 350 kilómetros de su hogar, mientras se encontraba bajo custodia policial. Ese mismo día, su cuenta de X fue borrada. “La cabeza de Albert estaba completamente hinchada y los restos de sangre en su rostro demuestran que sufrió hemorragias en la nariz y los oídos”, describe el abogado de la familia, Julius Juma, frente a la morgue de la capital keniana, donde ha acompañado a los padres para identificar el cuerpo. Espera que la autopsia confirme lo que sugiere la fotografía del cadáver que muestran los allegados: que murió como consecuencia de golpes recibidos mientras estaba en una celda. Y que no se suicidó, como asegura la policía.

Es lunes 9 de junio y las redes sociales arden en Nairobi llamando a la movilización por el “asesinato” de Ojwang el día anterior. Un joven con una camiseta que luce el lema “protestar no es un crimen” se tumba en mitad de la carretera que pasa frente a la morgue, donde todavía reposan los restos del maestro, para bloquear el tráfico. Unos pocos más se apuntan a la sentada, mientras otro grupo, con el puño izquierdo en alto, comienza a cantar a voz en grito en suajili: “Golpearnos y quitarnos la vida no nos detendrá / luchamos por nuestra libertad / nos hemos negado a arrodillarnos”.

La mayoría de los manifestantes que acuden se curtieron en las protestas multitudinarias que hace justo un año obligaron al Gobierno a retirar una reforma con la que pretendía aumentar los impuestos para pagar la deuda pública y cumplir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al menos 60 jóvenes murieron entonces en Kenia por los disparos y la represión policial. El pasado miércoles, en la movilización que conmemoró aquellas marchas, murieron otros 19 jóvenes y 531 resultaron heridos por la violencia de los agentes, según confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. La situación del país no es una excepción: refleja un patrón que se repite en varios países africanos, donde la presión fiscal y el endeudamiento están encendiendo nuevas formas de protesta en poblaciones que ya cargan con precios elevados y servicios públicos precarios.

Los activistas son cada vez más cautelosos en Kenia. “Si no mueres de pobreza, mueres por una bala de la policía”, dice Brayan Mathenge (25 años), economista y coordinador del Centro de Justicia de Githurai, un barrio marginal a las afueras de Nairobi. En la sentada por la muerte de Ojwang no hay más de un centenar, aunque poco a poco va llegando más gente de forma paralela a los furgones policiales que se aproximan al lugar. Los manifestantes no se achantan y transforman la protesta en una marcha hacia la comisaría en la que murió Ojwang al grito de “Justicia para Albert” y “fuera Ruto”, en alusión al presidente de Kenia. Solo unos días después, y ante las evidencias inapelables de la autopsia, la policía se retractará, el propio Willian Ruto llamará al padre de Ojwang para garantizarle una investigación y Eliud Lagat dimitirá “para facilitar” las pesquisas.

La detención y muerte de Albert Omondi Ojwang no es un caso aislado. Justo una semana antes, Rose Njeri fue arrestada durante dos días por crear una aplicación para protestar contra el proyecto de ley de finanzas de 2025, que finalmente el Parlamento aprobó el pasado 19 de junio, con una reforma con la que pretende recaudar en impuestos unos 200 millones de euros más que en el ejercicio anterior y que dedica una partida a monitorear redes sociales. “Los kenianos no pueden soportar más impuestos, por eso, por primera vez, no hemos añadido nuevos tributos en el proyecto de ley como se había hecho antes”, afirmó en el Congreso el ministro de Finanzas, John Mbadi, que aclaró que el Gobierno había optado por ampliar la base impositiva, mejorar el cumplimiento del pago y recortar gastos.

CITA

Djae Aroni (31 años), estudió la licenciatura de Derecho y un máster en leyes en la Universidad de Londres. Guitarrista del grupo afropunk Crystal Axis, regresó a Nairobi para apoyar a su país. Miembro del colectivo social Powa 254 (en alusión al prefijo de Kenia), participa en todas las protestas. “Las del año pasado surgieron sin organización, sin un líder o partido, fueron todos los kenianos de todos los sectores y rincones del país los que salieron a la calle para protestar contra el proyecto de ley de finanzas”, dice desde la sede de Powa 254. “Fue alentador ver cómo nos unimos, cómo nos apoyamos, cómo nos organizamos y en qué se convirtió el movimiento, no solo para Kenia, donde [el presidente del Gobierno, Willian] Ruto tuvo que retirar la ley, sino a nivel regional, porque se generaron muchas conversaciones en torno a la deuda en otros países africanos”, añade. Para Aroni, el uso de plataformas como TikTok, Instagram o X fue fundamental para el éxito de las protestas, y lo sigue siendo hoy en día para continuar con la lucha y organizar mejor las marchas en 2025. “Usamos las redes sociales para movilizarnos, compartir información y difundir imágenes de lo que estaba sucediendo, porque la brutalidad policial se produjo casi desde el principio”.
Diego Menjíbar

No son solo los impuestos

Desde junio del año pasado, decenas de jóvenes kenianos han sido detenidos, heridos o desaparecidos tras participar en protestas, tanto en las calles como en las redes sociales, contra las reformas fiscales impulsadas por el Gobierno de William Ruto. “No es solo el precio del pan: es que no tenemos futuro”, decía en 2024 una pancarta frente al Parlamento de Nairobi. “No son los impuestos, sino la falta de transparencia”, coinciden ahora los activistas, que acusan al Ejecutivo de corrupción por no rendir cuentas de dónde se invierte el dinero y por solo investigar una de las 60 muertes de manifestantes ocurridas en 2024. La policía ha declinado hacer comentarios sobre los 19 jóvenes muertos del pasado miércoles, aunque Ruto ha exigido justicia contra los responsables de los “disturbios”, a los que acusa de saqueos, robos, violaciones e incendios. Tampoco hay indagaciones sobre el secuestro o desaparición de al menos 82 jóvenes entre junio y diciembre de 2024, todos ellos activistas que han protestado en la calle o en las redes sociales, según el recuento de la Comisión Nacional de Kenia de Derechos Humanos.

Kenia es un laboratorio de lo que puede suceder en otros países de África, asfixiados por el sobreendeudamiento público. Las protestas masivas contra las políticas fiscales, la violencia policial y la exigencia de rendición de cuentas anticipan tensiones similares en países que, como Kenia, destinan una parte mayor de sus ingresos al pago de la deuda —entre el 19% y el 20% del gasto total del Gobierno, según la última estimación del Parlamento keniano— que, por ejemplo, a la sanidad —entre el 3% y el 4%—. Así ocurre ya en más de la mitad de los países del continente. Catorce de ellos ya están en situación de sobreendeudamiento o con alto riesgo, según el informe de la ONU de Financiación para el Desarrollo Sostenible de 2024. Y además de Kenia, algunos países ya han vivido protestas, como Nigeria, donde el pasado agosto miles de ciudadanos tomaron las calles de Lagos para denunciar el encarecimiento del coste de vida. Otros, como Tanzania y Uganda, también reprimen duramente a los activistas.

Sin embargo, el caso keniano es especialmente representativo por su peso económico regional. Es la cuarta economía más grande de África subsahariana, después de Nigeria, Sudáfrica y Etiopía, y la séptima a nivel continental, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, representa cerca del 50% del PIB de la Comunidad de África Oriental, que incluye países como Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, por lo que una crisis de deuda en Kenia puede tener un efecto dominó en la región. La paradoja keniana es que, incluso cumpliendo con sus obligaciones financieras, el país se ve obligado a recortar inversiones sociales clave.

Los efectos son ya palpables: “Escuelas sin financiación, hospitales saturados y agricultores abandonados, que no ven a un técnico agrícola en sus fincas desde hace más de una década”, lamenta Alexander Riithi, jefe de programas del Instituto para la Responsabilidad Social de Kenia (TISA, por sus siglas en inglés).

Y mientras, el coste de la vida no para de aumentar. “Con 100 chelines [0,66 euros] podías comprar hace un año pan, leche, té y algo de queroseno, pero ahora solo el pan te cuesta 70 chelines”, ejemplifica Njeri Mwangi, coordinadora del centro de Justicia Social de Mathare, el segundo slum o barrio marginal más grande de Nairobi, y uno de los impulsores de las protestas.

Esta tensión, generalizada en el continente, pone de relieve las fallas del actual sistema global de reestructuración de deuda y subraya la urgencia de su reforma, un debate que permeará la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebra desde este domingo en Sevilla.

Estrés financiero

La deuda pública de Kenia ha alcanzado un nivel preocupante, según el último informe del Banco Mundial, con un endeudamiento que se sitúa en el 68% del PIB. Aunque es algo menos que en 2024, que sobrepasaba el 70%, sigue por encima del 55%, el límite que establecen el FMI y la propia ley fiscal local para garantizar la estabilidad. “Kenia recurrió a préstamos comerciales, incluida China, y a eurobonos muy costosos para financiar proyectos como el tren rápido entre Nairobi y Mombasa”, explica Riithi, de TISA. Pero no reportaron los beneficios esperados. Inicialmente, continúa, la deuda externa era mayor que la interna, pero en la actualidad la deuda doméstica ha superado a la externa, “con unos seis billones de chelines [más de 4.000 millones de euros] frente a 5,7 billones en deuda externa”.

“Ante esta situación de estrés financiero, Kenia entró en un programa de apoyo con el FMI que implicó medidas de consolidación fiscal, entre ellas un aumento de impuestos”, detalla el experto económico. “Se introdujeron gravámenes a los productos petrolíferos, sobre la nómina y un nuevo modelo contributivo para el seguro de salud y la vivienda”, continúa Riithi, para explicar el caldo de cultivo previo a las protestas de 2024, que estallaron ante el anuncio de más impuestos.

Aunque más allá de las subidas impositivas, el problema es la falta de rendición de cuentas. “La gente paga más, pero vive peor”, resume el activista.

Sin vacunas ni tratamientos contra el VIH

El sistema sanitario está al borde del colapso. No hay vacunas contra la polio para los recién nacidos, que afrontan el riesgo de contraer una enfermedad prevenible que les puede causar parálisis e incluso la muerte, y las reservas de antirretrovirales contra el VIH se agotarán en septiembre, según coinciden varios médicos consultados. El desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, ha sido la puntilla definitiva para un servicio público de salud que ya se encontraba en cuidados intensivos.

El Centro de Salud Comunitario de Kibera, gestionado por la ONG Amref y situado en la barriada marginal más grande de la capital —se calcula que allí viven más de un millón de personas— proporciona servicio de maternidad las 24 horas del día y atiende a 4.500 personas con VIH. Se llega tras recorrer varias calles de arena rojiza, flanqueadas por casas construidas con tablones de chapa y madera. Cuatro coches con matrícula roja, la marca de los vehículos de la ONU, se cruzan por el camino. Una enorme cancha de fútbol, también de arena, se despliega ante el centro de salud en cuyas puertas esperan dos mujeres que amamantan a sus bebés. “Somos los segundos del condado de Nairobi, solo por detrás del Hospital Nacional Kenyatta, y gracias al tratamiento contra el VIH que proporcionamos, el 99% de nuestros pacientes están con la carga viral suprimida, es decir, que no pueden contagiar el virus, lo que es un logro enorme”, explica desde su despacho el doctor Wilfred Riungu, responsable del centro.

Elige con cuidado las palabras que emplea, pero critica que la falta de fondos, espoleada por la suspensión de USAID y los recortes al desarrollo de varios países europeos —Reino Unido, Francia o Países Bajos entre otros—, haga peligrar todos sus progresos. “Nuestras reservas de antirretrovirales nos alcanzan hasta septiembre y no tenemos vacunas contra la polio, en un momento en el que estábamos a punto de eliminar la enfermedad”, confirma Riungu. “Las consecuencias pueden ser catastróficas, porque en estos momentos, además, Kenia está acogiendo a refugiados de países como Somalia o Sudán del Sur, con servicios sanitarios fallidos, y los niños que llegan no están vacunados, lo que puede erosionar todos nuestros logros de los últimos años”, añade.

Jeffrey Okuro, médico en otro centro de salud de Kibera, financiado por la ONG CFK Africa y que atiende a unas 35.000 personas del slum, es aún más crítico y señala que el sistema de salud pública en Kenia atraviesa una crisis que podría desembocar en el colapso total si no se toman medidas urgentes. La reducción de la ayuda internacional, combinada con fallos en la implementación del nuevo seguro nacional de salud, ha dejado a millones de kenianos sin acceso a atención básica. Las clínicas comunitarias, como las que gestiona su organización en los barrios informales, están desbordadas. “El sistema sanitario está sostenido en gran medida por estos dispensarios, que son la primera línea. Si colapsan, el sistema entero no podrá sostenerse”, advierte.

Okoro confirma que hay escasez crítica de medicamentos y vacunas, incluida la de la polio, lo que representa una amenaza directa para la salud pública, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. “Es extremadamente peligroso… y no es un error puntual, es una tendencia”, explica, señalando fallos en la gestión y en el liderazgo del Ministerio de Salud. Aunque el doctor Riungu suaviza la situación y asegura que el Gobierno restablecerá pronto las reservas de inmunizaciones básicas. “Están haciendo todo lo posible para garantizar que tengamos las vacunas”.

El temor por la falta de inmunizaciones y de tratamientos básicos preocupa a los más vulnerables. Mónica, con 26 años y dos hijos, ha acudido al centro que gestiona Amref afectada por una posible neumonía. “Si no fuera por esta clínica, no podría pagar por mi tratamiento”, alerta. Aún más intranquila se muestra Rosemary, miembro de Karibuni Power Women Group, un colectivo de mujeres seropositivas que luchan contra el estigma y venden bisutería y telas africanas para garantizarse un medio de vida. “Queríamos demostrar que ser VIH positivas no es el final de la vida, que todavía podemos hacer algo, criar a nuestros hijos”, cuenta. Pero si se acaban los antirretrovirales en septiembre vaticina una “condena a muerte” para los portadores del virus.

Protestas y represión

Ante un futuro que se esfuma, “los kenianos van a las calles porque sienten que no tienen nada que perder”, afirma Okoth Omondo, uno de los líderes de las protestas de 2024, detenido el 27 de junio del año pasado en un arresto que vincula a su actividad de divulgación en TikTok. “Empecé explicando informes complejos, que la mayoría de kenianos no entiende por su lenguaje técnico, para que los jóvenes comprendieran mejor temas como el presupuesto nacional o las leyes fiscales y salieran a protestar más informados”, explica el activista desde el puente que pasa por la carretera que une el centro de Nairobi con la ciudad comercial de Thika, la misma por la que miles de personas marcharon el 25 de junio de 2024 en la manifestación más masiva de Nairobi.

Esta revisión de informes, asegura, le ha llevado a detectar casos claros de corrupción: “El Gobierno prometió, por citar solo un ejemplo, seis estadios que nunca se construyeron y en uno de los casos, probablemente el más flagrante, un diputado era dueño del terreno donde se iba a construir y su hermano poseía la empresa constructora que subcontrató el proyecto”. Pero la edificación nunca se llevó a cabo. “El lugar sigue siendo un espacio vacío”, detalla entre los muchos casos de corrupción que dice haber encontrado al analizar los presupuestos y su ejecución. “Se asegura que se va a invertir en infraestructuras y cuando vas al lugar te encuentras con un campo de maíz”.

Omondo cita la cifra que los técnicos del Banco Mundial manejan desde al menos 2016: el país pierde diariamente 3.000 millones de chelines (20,10 millones de euros) por sobornos, malversación de fondos o sobreprecios en contratos públicos. El dato no figura en ningún informe, aunque funcionarios del Banco en Kenia e incluso el propio Ruto han aludido a él. Esta supuesta corrupción le cuesta al país 7.336 millones de euros, es decir, casi el 8% de su PIB anual.

“Al explicar estos casos de corrupción, mis vídeos empezaron a viralizarse y el Gobierno empezó a marcar mis contenidos como “incitadores”, así que fui perseguido, vigilado y finalmente secuestrado por hombres enmascarados tras una gran protesta”, recuerda Omondo. “Me tuvieron toda la noche dando vueltas; creo que no me mataron porque en ese momento el patrón era secuestrarnos y asustarnos, pero quizás, si hubiera ocurrido ahora, habría aparecido muerto, igual que Albert [Ojwang]”.

La labor educativa de Omondo y organizaciones como la coalición Okoa Uchumi, una iniciativa civil para reclamar al Gobierno rendición de cuentas, fue uno de los motivos por los que “kenianos de todas las clases y estilos de vida salieran a la calle para oponerse a la reforma fiscal”, considera Djae Aroni, abogado y guitarrista afropunk, que participó a diario en las protestas de 2024. “La ley de finanzas se tradujo a varios idiomas de Kenia y, por primera vez, hubo mucho más acceso a la información, de modo que la leyeron desde ancianos a comerciantes y empresarios”, continúa desde la sede de Powa 254 (en alusión al prefijo de Kenia), una iniciativa popular con emisora de radio y estudio para podcast donde “comentan la actualidad política, económica y social de Kenia”.

Ahora, reconocen los dos activistas, las protestas se han trasladado mayoritariamente a las redes sociales para evitar la represión policial, aunque el caso de Albert Omondi Ojwang corrobora que tampoco son un lugar seguro.

Mathare, el laboratorio de Kenia

Pero si Kenia es el laboratorio de las consecuencias que el sobreendeudamiento puede tener en otros países de África, Mathare, el segundo slum más poblado de Nairobi y el más antiguo de la capital, lo es de la propia Kenia. La comunidad vive entre la exclusión sistemática y la organización popular. “A pesar de su enorme potencial y del empuje de su gente, el barrio ha sido históricamente marginado y reprimido por el Estado”, resume Njeri Mwangi, coordinadora del Centro de Justicia Social de Mathare. Habla desde su sede, en el corazón del suburbio, decorada con retratos de revolucionarios marxistas y panafricanistas como Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso desde 1983 hasta su asesinato en 1987, o el historiador keniano anticolonialista Maina Wa Kinyatti. A su alrededor, predominan las viviendas con tejado de chapa.

“Tras las devastadoras inundaciones de 2024, que causaron numerosas muertes, el Gobierno demolió viviendas en la zona junto al río, de un día para otro, dejando a muchas personas sin hogar”, describe Mwangi. “Ruto dijo por la mañana que debía demoler las casas y, por la tarde, sin avisar y sin dar ninguna compensación, las excavadoras ya las estaban tirando abajo, así que la gente lo perdió todo… Lo que llevaban puesto es lo único que les quedó”, describe Tiffany Wanjiru, investigadora del Centro de Justicia Social de Mathare, que ha reunido las pruebas que demuestran la violación del derecho a la vivienda de los habitantes del slum. “Un tribunal falló a favor de las víctimas y ordenó compensaciones, pero el Gobierno dijo que no tenía dinero”, continúa.

Son las 12.30 y un hombre dormita junto al río bajo una cobertura de paja que le proporciona sombra. Un niño de poco más de un año corretea descalzo con una camiseta rota un par de tallas más grande. “Por la noche, si vienes aquí, hay más gente durmiendo fuera. Beben para no sentir el frío”, explica Wanjiru.

Pero lejos de rendirse, los habitantes de Mathare salieron a protestar para exigir un derecho básico: el acceso a una vivienda digna. Estas movilizaciones, que partieron de Mathare, desembocaron en protestas nacionales en marzo del año pasado, como la campaña Occupy Parliament (Ocupa el Parlamento), liderada incluso por personas mayores que exigían soluciones habitacionales urgentes. El movimiento sería, tres meses después, uno de los impulsores de las protestas contra la reforma fiscal de 2024. Así que el río que atraviesa Mathare, coinciden Mwangi y Wanjiru, fue la zona cero de las protestas.

“Aquí se plantó la semilla de lo que ocurrió después”, dice con cierto orgullo Mwangi. “En Mathare, nos organizamos desde hace años para recuperar nuestro poder como ciudadanos, pero por eso, también ha sido un lugar muy atacado por el Estado”, continúa la activista, que nació en esta barriada y que ha documentado los casos de asesinatos extrajudiciales, “un total de 803 solo entre 2015 y 2018”. Otro paralelismo, añade Mwangi, con las detenciones de jóvenes que ocurren en el país desde mediados de 2024.

“No creo que la subida de impuestos solucione los problemas de Mathare, porque si pagáramos impuestos y tuviéramos acceso a la salud o a una casa digna nadie se quejaría”, añade. “Nuestro problema es que nos cobran muchos impuestos y apenas podemos permitirnos comprar comida”, zanja.

En el centro de Nairobi, los manifestantes siguen coreando el nombre de Albert Omondi Ojwang y enarbolando pancartas con su rostro días después de su muerte. La policía responde esta vez con gases lacrimógenos y algunas detenciones. Pero ni Omondo Okoth, ni Djae Oruni, ni Brayan Mathenge, ni Njeri Mwangi, ni Tiffany Wanjiru tienen miedo. El verdadero futuro, dicen, “está en las manos de los ciudadanos”.

El fantasma del Blog

Jun 30 2025, 08:06 AM

Zambia, el primer país africano en quebrar y el símbolo de la crisis de deuda postcovid: “Por favor, cancelen las deudas para que el Gobierno pueda invertir en agricultura y salud”

El primer Estado del continente en declararse insolvente tras la pandemia avanza en la reestructuración de su economía, pero los recortes en la inversión pública obstaculizan su desarrollo

Arthur Davies
Lusaka (Zambia)
30 JUN 2025 - 05:30 CEST

Sinoya Phiri tiene 52 años y ha dedicado la mitad de su vida a la agricultura y la ganadería en su finca en Shimabala, unos 30 kilómetros al sur de Lusaka, la capital de Zambia. En 3,5 hectáreas de tierra cultiva maíz, tomate y soja, y cría cerdos. Después, vende casi todo en el mercado local y en las ciudades cercanas de Kafue y Lusaka. Aunque le va bien, porque gracias a este negocio ha podido construir su casa y comprar dos coches, este agricultor reconoce que desde 2020 todo ha sido más difícil.

Las causas son diversas, comenzando por el retroceso de la demanda del cobre, mineral del que depende en buena parte la economía de Zambia, segundo productor africano. Además, los costes de los insumos también se incrementaron y, paralelamente y debido a sus inmensas obligaciones de deuda, el Gobierno de Zambia retiró los subsidios al combustible y la electricidad. Un verdadero problema para la agricultura, un sector que representa el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de este país de 20 millones de habitantes en el sur de África. “Algunos empresarios despidieron a sus empleados debido a la pandemia de coronavirus y la gente se quedó sin dinero para comprar lo que producimos en la granja”, cuenta Phiri.

El 18 de noviembre de 2020, el Gobierno del país anunció oficialmente el default, es decir, que no podía seguir pagando sus compromisos de deuda, y se convirtió en el primer Estado africano en incumplir sus obligaciones con sus acreedores en la era post-covid.

Desde su pequeña parcela en Shimabala, Phiri vive en su día a día los efectos de este endeudamiento gigantesco de Zambia, del default y también de los ajustes que el Gobierno aplica desde entonces para hacer frente a los créditos que pueden rescatar al país del pozo financiero.

En 2020, cuando el coronavirus golpeó al mundo, la deuda total de Zambia, doméstica y externa, rondaba el 103% del PIB: es decir, era mayor al tamaño de su economía. El país estaba asfixiado por obligaciones como el eurobono de 750 millones de dólares (640 millones de euros) que estaba a punto de vencer, y la situación se complicó porque los escasos recursos con los que contaba el país se necesitaban sobre todo para la recuperación después de la covid. Hace cinco años, la deuda externa ascendía a unos 11. 000 millones de dólares, y, a finales de 2021, llegó a 13.400 millones de dólares. Hoy es de 16.700 millones de dólares, según el FMI.

“Lo que vemos es que el Gobierno desvió recursos de las áreas de inversión prioritarias, como la educación, la sanidad y la agricultura, para cubrir estas obligaciones. Se ha destinado mucho dinero a la deuda en detrimento de la inversión pública”, dice Robert Mwale, de la Alianza para la Deuda de la Organización de la Sociedad Civil (CSO Debt Alliance, en inglés), un grupo de organizaciones que analiza cuestiones relacionadas con la deuda. “El pago de la deuda reduce el margen fiscal del Gobierno para gastar en sectores productivos, capaces de impulsar la economía. Perjudica el crecimiento del país”, añade Mwale.

El economista Nicholas Mainza, secretario de la Asociación Económica de Zambia, [EAZ, por sus siglas en inglés] está de acuerdo en que se han visto afectados los sectores que impulsan la economía y sus actores fundamentales, como los productores de bienes y servicios.

“Creo que ellos (el secretario del Tesoro y el ministro de Finanzas y Planificación Nacional) tienen verdaderos quebraderos de cabeza diarios tratando de encontrar el equilibrio en sus libros contables”, subraya el doctor Mainza.

El pago de la deuda reduce el margen fiscal del Gobierno para gastar en sectores productivos, capaces de impulsar la economía

Robert Mwale, Alianza para la Deuda de la Organización de la Sociedad Civil

En medio de estos cálculos y ajustes en las cuentas queda la vida de zambianos como Phiri. “El negocio está en una situación muy difícil porque los precios son muy altos. Hace años, por lo menos, las cosas eran más baratas. Por ejemplo, si crío cerdos, un saco de pienso me cuesta 800 o 900 kwachas [unos 30 euros], cuando antes me costaba entre 400 y 450 [unos 15 o 17 euros]. Ahora estoy criando casi 50 cerdos, así que necesito siete sacos de pienso al día. Sale muy caro”, explica Phiri.

En la próxima cosecha de maíz, este agricultor espera juntar unos 50 sacos de 50 kilos cada uno, pero la producción no ha sido buena debido al suministro irregular de electricidad y a la sequía que afectó al país, que llevó al presidente, Hakainde Hichilema, a declarar la emergencia nacional.

Reestructuración de la deuda

En junio de 2023 en París, tres años después de entrar en default, Zambia logró un gran acuerdo para reestructurar su deuda externa gracias a un cambio de posición de China, su gran prestamista, y el resto de países acreedores. El acuerdo abarca aproximadamente un tercio de la deuda externa del país africano, unos 5.600 millones de euros debidos en su mayoría al Banco de Exportación e Importación de China (EXIM), un organismo estatal. No hay condonación sino moratorias y prórrogas a 20 años para que Zambia pueda sanear poco a poco sus finanzas.

De forma paralela, Zambia ha trazado desde 2022 con el Fondo Monetario Internacional un plan de rescate que prevé una línea de crédito total de más de 1.400 millones de euros, desembolsados en etapas. El pasado 9 de junio, en la quinta revisión del acuerdo y en vista de los buenos resultados del país, el FMI entregó una nueva partida de este acuerdo, una financiación de 194 millones de dólares.

“La economía zambiana demostró resistencia en 2024, a pesar de una grave sequía y de los vientos en contra a escala mundial. Se espera que el impulso del crecimiento continúe en 2025, con un crecimiento del PIB real previsto del 5,8%. La actividad económica se vería respaldada por un repunte de la producción agrícola, una mayor producción de cobre y una recuperación gradual de la generación de electricidad”, se felicitó Vera Martín, responsable del FMI para Zambia, en un comunicado reciente.

Al aplicar algunas de las directrices de la entidad crediticia internacional, Zambia ha tenido que examinar con detalle sus gastos y eliminar los productos o servicios básicos para cuya adquisición concedía subsidios a sus ciudadanos, lo que significa que ahora la gente los paga a su precio real. Por ejemplo, el combustible y la electricidad, algo que ha afectado enormemente a la población.

Las tarifas de la electricidad se dispararon. Antes, regar la huerta costaba entre 800 y 1.000 kwachas (entre 30 y 37 euros), mientras que ahora cuesta 2.000 (75 euros) o más

Sinoya Phiri, agricultor zambiano

“Las tarifas de la electricidad se dispararon. Antes, regar la huerta costaba entre 800 y 1.000 kwachas (entre 30 y 37 euros), mientras que ahora cuesta 2.000 (75 euros) o más”, se queja Phiri, que ha instalado en la granja un pozo y dos depósitos de agua de tamaño medio, que dependen de la red eléctrica nacional.

Para este agricultor, otro problema es el elevado coste del transporte debido al precio del combustible. “Y, cuando queremos subir los precios de los productos, la gente se queja y no compra. Así es difícil tener beneficios”, señala el hombre, que trabaja la tierra junto a su esposa y sus seis hijos.

Martín, del FMI, admitió que la inflación en 2024 fue del 15% en Zambia, impulsada por los precios de los alimentos y la depreciación de la moneda local, el kwacha, pero explicó que las presiones inflacionistas “han empezado a mostrar signos de atenuación”.

Luz al final del túnel

Para el economista Nicholas Mainza, los agricultores como Sinoya Phiri deben ser una prioridad, porque son esenciales para la producción y la seguridad alimentaria del país y a su vez para el rendimiento económico.

“El sector agrario tiene capacidad de expansión y puede proporcionarnos muy buenos ingresos en divisas. Hay que producir, trabajar con los pequeños agricultores y también con los que dedican su producción a la venta, que son muy productivos, se esfuerzan por serlo y aprovechan al máximo cada unidad de superficie que tienen”, explica.

Sinoya Phiri junto al maíz que aún no ha desgranado. Por la sequía y los problemas de irrigación provocados por la falta de electricidad, solo espera obtener 50 sacos de 50 kilogramos de esta cosecha.

Pese al complejo panorama, la Asociación Económica de Zambia considera que hay aspectos positivos en medio de la situación actual de endeudamiento, como la transparencia sobre el pasivo acumulado, la presentación a tiempo de los informes para mantener al día al país y el compromiso de pagar la deuda. “La administración ha hecho muy buena labor de transparencia. El informe está a disposición de todo el mundo, hay acceso a la información, honestidad y disponibilidad para reunirse y debatir posibles soluciones. Eso es lo que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. No estamos muy bien, por supuesto, pero la clave es involucrar a los dueños del dinero”, apunta Mainza, secretario nacional de la asociación.

El pasado mayo, en Lusaka, durante una reunión con el subdirector ejecutivo del FMI, Nigel Clarke, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, subrayó que su país y el Fondo están avanzando en áreas fundamentales de mutuo interés. “Los programas económicos que se están llevando a la práctica en la actualidad los hemos elaborado nosotros y responden a nuestras prioridades nacionales”, matizó.

“Zambia reitera su compromiso de mantener esta colaboración con el FMI mientras llevamos adelante nuestro ambicioso programa de reformas en todos los sectores de la economía, basado en la transparencia, la resiliencia y el crecimiento inclusivo”, agregó.

Para Mwale, de la Alianza para la Deuda, el futuro es complicado “pero manejable” si Zambia mantiene disciplina fiscal. “ Nuestro país ha llegado a esta situación porque hemos pedido préstamos sin tener debidamente en cuenta nuestra capacidad real de pagar. De cara al futuro, básicamente, creo que vamos bien en la movilización de los ingresos internos; queremos utilizar nuestros propios recursos para financiar proyectos en el futuro”, prevé con cautela.

Mainza es también optimista: “Creo que hay luz al final del túnel, porque el sector agrario parece estar funcionando bien y está recibiendo el apoyo necesario”.

El experto se felicitó porque los sectores minero, energético, manufacturero e industrial también están recibiendo este respaldo. “Sin embargo, me sorprende ver que al sector turístico no se le está prestando la atención suficiente, a pesar de que es esencial”, matizó.

Alejado de los grandes análisis financieros, el deseo del agricultor Sinoya Phiri es que Zambia consiga la condonación de la deuda para que el país tenga recursos suficientes para financiar todos los sectores productivos fundamentales e impulsar la economía. “Por favor, cancelen las deudas para que el Gobierno pueda invertir el dinero en agricultura y en el sector sanitario”, ruega.

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