Katharina Von Strauger
Apr 19 2010, 06:46 AM
CITA
A machetazos… por BonoPor: José María Izquierdo
19 abr 2010Es cosa de mucha risa ver cómo se pelean entre ellos los chicos de la alegre muchachada… por el honor del presidente del Congreso, el socialistón José Bono. Rápido resumen: La Gaceta, ese gran periódico de investigación reconocido mundialmente, lleva días aireando las a su juicio muchas propiedades de Bono: pisos en Madrid, chalés en pueblecitos de Albacete, etcétera. El presidente del Congreso se enfadó y llevó el detalle de sus propiedades, así como de sus ingresos, al Fiscal General del Estado para que viera si había motivo de actuar, se supone que contra La Gaceta, de la que ya no sabemos si acusa a Bono de tener dinero de oscura procedencia o, simplemente, de ser un socialista rico. Pero ahora es cuando los amigos son los amigos, y el que siembra, recoge. Parece que ha llegado el momento de retratarse, y todos aquellos a los que tanto y tanto cuidó a lo largo de su dilatada carrera política se amontonan para cantar las acrisoladas virtudes del ex presidente castellano, muy especialmente las referidas a su gran ojo para las inversiones y a su casi legendaria capacidad de ahorro. ¿Que no hará Pedro J. por su gran amigo y confidente? Ya hubo editorial en El Mundo y ayer nos obsequió con gran entrevista a doble página y dos artículos, dos, uno incluso de Anson, defendiendo su honradez. Pero también La Razón, y Alfonso Ussía, en concreto, salió en defensa de la honestidad de don José. La Gaceta, claro, le da estopa a Ussía. Eso veremos hoy, amén de alguna continuación del ruido de togas y, para empezar la semana más relajados, gavilla de artículos seleccionados de entre lo más florido de nuestra huerta.
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Decíamos que Ussía, el sábado, en La Razón, salía en su defensa. “Tengo para mí que el Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha sido claro en la interpretación de sus dineros. No comparto la ilusionada precipitación de algunos dirigentes del Partido Popular, aferrándose a noticias amarillentas para equilibrar situaciones difíciles (…) Bono no ha ocultado patrimonio ni rentabilidad en sus inversiones. Me fío más de Bono que de alguno de sus acusadores mediáticos, no excesivamente diáfanos en los orígenes de su afortunado poder. El Partido Popular no debería caer en tentaciones escandalosas. Un partido político no es una publicación amarillenta. Ante una evidencia, la reacción es obligada. Ante un cúmulo de chismorreos que nada prueban, la obligación está en la prudencia y el respeto”. Miguel Ángel Mellado se sumaba el domingo en El Mundo a la defensa: “¿Las cuentas de Bono?” se titulaba: “Desde hace 20 años, he recibido llamadas y papeles, supuestamente irrebatibles, que confirmarían que Bono no hace honor a su apellido. Pura patraña (…) Intuyo que Bono tiene correa para rato pero no del ‘Gürtel’”. Y hasta Luis María Anson saltaba a la arena, lanza en ristre como caballero para defender al caballero: “José Bono, político serio y honrado, es lo mejor que tiene el PSOE”. Para más animar, el presidente del Congreso se despachaba ayer con ganas contra "sus acusadores mediáticos" en la entrevista en el mismo diario.
La Gaceta respondió con prontitud: “Desternillante Ussía”. “Tratándose de quien firma, no podemos por menos que tomarnos a guasa el artículo en el que nuestro amigo Alfonso Ussía tachaba ayer a La Gaceta de ‘publicación amarillenta’. Un artículo francamente gracioso desde la primera frase, en la que el razonable [¿lo pillan?] columnista –instalado en una publicación planetariamente ajada [¿y ésta?: editorial Planeta, Lara, editor del diario]- establece que ‘José Bono ha sido claro en la interpretación de sus dineros’ (…) Un despiporre, vaya, su encendida defensa de la multipropiedad”. Por si tenían alguna curiosidad, aunque imagino que podrían pasarse tan ricamente sin esta información, Jiménez Losantos se alinea con Dávila. Para blandenguerías está él.
De segundo tema, las togas, una vez más. Ahora nos vamos inclinando por el Constitucional. Pillado hueso, o eso cree la derecha, no hay que soltarlo y de renovar el Alto Tribunal, nada de nada. Volveremos a ver, si no se produce algún sorprendente movimiento telúrico, cómo Federico Trillo volverá a robarles la cartera a los chicos del PSOE. Al tiempo. Ya les contábamos el otro día la ingeniosa propuesta del Abc, y ayer, no fuera a ser, refrendaba su posición: “Prisas oportunistas por renovar el TC”. El Mundo no ceja, y si el domingo era “¿Otro Constitucional? No. Otro Estatuto y otro Gobierno”, hoy lleva a portada “Rajoy descarta renovar ahora el TC porque sería liquidarlo”, un editorialillo: “El Gobierno calla ante los ataques al Constitucional”, y el repique de Santiago González: “Cepillar al TC”.
“Un tribunal legítimo”, clamaba ayer La Razón. Pero llamo su atención sobre un artículo de hoy en el mismo diario del magistrado Enrique López, el de las morcillas en el auto de Garzón sobre el caso Faisán, que es uno de los jueces que propone el PP -Federico Trillo- para la renovación del Tribunal Constitucional. Seguro que les resultará ilustrativo. Contemplen cómo los políticos y quienes descalifican son siempre los otros, que López nada sabe de esas suciedades: “Injusto esperpento”, se titula. Algunas catas: “En este proceso se mezclan personajes de sainete con nuevos frívolos que aborrecen el estudio de la historia”; “El problema es que se han quedado sin enemigo, sin adversarios, siguen buscando franquistas por doquier y al no encontrarlos los inventan. Son como una especie de noqueados boxeadores sin rival lanzando golpes al aire”.
Pedro J., ayer, y su vicedirector Casimiro Garcia Abadillo, hoy, coinciden en asunto, Garzón, claro, viniendo de dónde viene. Una frase del director en la homilía dominical de ayer, “Querida tía Amnis" [por la amnistía del 77], de cuyo estilo me niego a escribir: “Pero este ‘juez trinqueador’ y quienes le apoyan son tan sinvergüenzas que ni siquiera cubren las apariencias pidiendo que se reabran todas las fosas, que se persiga a todos los culpables y que se proteja a todas las víctimas. No, siempre están tuertos del mismo ojo”.
No puedo dejar de mencionar, aunque mi compañero de blog Juan Cruz ya lo ha hecho, y con acierto, la indecencia del día. Juan Manuel de Prada, en Abc: “La asistencia de un Pasqual Maragall enfermo de alzheimer al aquelarre de la Complutense es una alegoría que Quevedo no hubiese dejado escapar, para explicar satíricamente en qué consiste la ‘memoria histórica’”.
Ángela Vallvey también trata el tema en La Razón, pero antes muerta que sencilla, a su aire desenfadado a la vez que natural: “Me he vuelto progre”, lo titula, y dice: “Abrí los ojos y lo supe: ‘¡Me he vuelto progre!’, pensé alborozada. Tras largos años de vivir bajo el estigma de ‘Enemiga del Pueblo’ por fin seré juzgada por mi aspecto y no por mis estudios, como siempre he soñado (…) Mi actividad inaugural como progre fue acudir a las Barricadas Permanentes de la Complutense a apoyar un manifiesto. Entonces, surgió mi primer problema: ¡¿Pero qué me pongo, ‘Dior’ mío?! La kufiya palestina la tenía sin planchar, y la señora que ayuda en casa (ya no la llamo asistenta desde que soy progre, ahora la denomino «camarada que limpia mi suelo capitalista y burgués»)…” Etcétera, etcétera. No desilusionen a Ángela: ¿verdad que es divertida de la muerte?
Dos hombres sin complejos, como los que ayer invocaba Juan Manuel de Prada en otro párrafo del artículo antes citado, que dominan “esa retórica de garrafón, hiperbólica y tremebunda, que se estila en las plazas de los pueblos, cuando el tintorro enardece los varoniles pechos de los hombres barbados”.
José Luis Martín Prieto en su sección El personaje de la semana, en La Razón, elegía ayer a Esperanza Aguirre: “De las del PP es la única que no tiene complejos para despachar a alcaldes socialistas que desean formar un Frente Popular. Además tiene un excelente culo, que envidiaría Michelle Obama. Y eso también vale en política”.
Y para terminar, Salvador Sostres, al que tanto debemos: “El clítoris no existe”, encabezaba su blog: “El orgasmo del hombre es natural, automático. Selvático. De 0 a 100 en 3 segundos. Preparados para lo que sea. Ahí estamos. Tajantes, rotundos. Alegres y simpáticos, siempre a punto de comernos el mundo (…) El orgasmo de las mujeres es en cambio cultural, necesita mucha más preparación, una excitación más intelectual, hacerse una idea. El clítoris es un mito. Y el punto G, con todas sus ramificaciones. Ellas quieren otra cosa, y no se ofrecen alegres e impetuosas como nosotros, sino como estrategia, normalmente, para conseguir otra cosa (…) Ellas necesitan (…) lo que viene antes y lo que viene después. Cuentos de princesas, lucecitas para la escena. Se sienten insultadas, las más feministas, cuando se lo dices, pero ellas son princesas. Son princesas y aunque disimulen, eso es lo que quieren. Cuentos, palacios, creérselo”. Vamos, que “la más marimacho de las sufragistas renunciaría a sus panfletos a cambio de una vida de princesa. Palacio, servicio, poder, estrellas”.
Así está la cosa, Bibiana Aído.http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/2010...-bono.html#more CITA
Alfonso USSÍA
Bono
17 Abril 10Tengo para mí que el Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha sido claro en la interpretación de sus dineros. No comparto la ilusionada precipitación de algunos dirigentes del Partido Popular, aferrándose a noticias amarillentas para equilibrar situaciones difíciles. Tampoco creo que el Partido Popular haya participado en los mejunjes podridos del «Caso Gürtel», sino más bien lo contrario. La corrupción de un grupillo de militantes convierte al PP en víctima de sus acciones. Otra cosa es la reacción, excesivamente tibia y misericordiosa del PP con sus chorizos, consecuencia de una confusión que ha confundido aún más a la sociedad. Y el PP, que es partido de masas poderoso y honrado, no puede caer en la tentación de un toma y daca irreflexivo alimentado por noticias sesgadas y de muy discutible veracidad. Otra cosa es la estética de un socialista que no concuerda con la que se espera de su partido, pero ahí tampoco hay hondura en la acusación, entre otros motivos, porque José Bono tiene de socialista lo mismo que quien escribe de miembro del sindicato gorrón de la ceja.
Bono y su mujer tienen todo el derecho de poseer un picadero hípico –existen otros tipos de picaderos– y de pretender que su propiedad sea rentable. Su militancia en el PSOE no le obliga a perder dinero en la explotación de su negocio. A Bono, como a todo hijo de vecino, le satisface que sus inversiones sean beneficiosas y prósperas, siempre que se ajusten a la legalidad. Si un negocio está bien montado y administrado, el derecho al beneficio es el mismo en José Bono que en Florentino Pérez, Juan Abelló o Emilio Botín. Es más, seguro estoy por su amistad con Garzón, que de haber tenido ese negocio años atrás, el juez le hubiera pedido por carta el dinero a Bono y no a Botín para financiar sus cursitos neoyorquinos.
Bono no ha ocultado patrimonio ni rentabilidad en sus inversiones. Me fío más de Bono que de alguno de sus acusadores mediáticos, no excesivamente diáfanos en los orígenes de su afortunado poder. El Partido Popular no debería caer en tentaciones escandalosas. Un partido político no es una publicación amarillenta. Ante una evidencia, la reacción es obligada. Ante un cúmulo de chismorreos que nada prueban, la obligación está en la prudencia y el respeto.
Bono ha sido desconcertante en su trayectoria política, pero ello no determina que se haya enriquecido por la puerta trasera. Su borrón, para quien firma, no es otro que el sufrimiento que produjo a una admirable y honestísima mujer del PP, Loyola del Palacio, con el indignante e inventado asunto del lino. Bono alentó el acoso y la maledicencia. Seguro estoy de su arrepentimiento, aunque no lo haya reconocido públicamente, como es su deber. Pero de corrupción económica, ninguna prueba tiene en su contra, y no encaja en su personalidad. Poner la mano en el fuego por otro, en España hoy por hoy, resulta peligrosísimo. No obstante, y por conocerlo desde hace muchos años, por la honradez de Bono me atrevo a ponerla. José Bono es populista y demagogo. Dudo que sea socialista. Pero mientras no se demuestre lo contrario, es un hombre honrado.http://www.larazon.es/noticia/5124-bono
Maripili
Apr 19 2010, 05:40 PM
El derecho como indagación de la verdad objetiva JOSÉ LUIS FUERTES
EL PAÍS
Opinión
19-04-2010 El propósito de este artículo es explicar y justificar desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional la instrucción del magistrado Baltasar Garzón sometida hoy a la sospecha de la prevaricación. Y el principio básico de tal justificación es señalar que la actuación instructora cuestionada responde a un fin esencial del Derecho, según la obra de Michel Fou-cault: la indagación de la verdad objetiva, como auténtica forma de verdad y conocimiento. Por el contrario, la instrucción del Tribunal Supremo, recientemente culminada en el auto del alto tribunal de 7 de abril de 2010, se ha arrogado facultades de enjuiciamiento excesivas y además, yerra por completo en su interpretación de la Ley de Amnistía, error que es paradójicamente lo que se imputa al magistrado Baltasar Garzón, considerando además el tribunal tal error como presuntamente delictivo, con gravísimo peligro para la independencia judicial en la que se asienta nuestro Estado de Derecho.
Los autos del Tribunal Supremo y la Ley de Amnistía de 1977
Los dos autos del Tribunal Supremo se asientan fundamentalmente en una presunta beligerancia del magistrado querellado para reconocer los efectos de la Ley de Amnistía de 1977, de cuya legitimidad nadie debe dudar; así resulta muy claramente de la parte final del auto del alto tribunal de fecha 3 de febrero de 2010, cuando dice que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España.
Pues bien, ocurre que a mi juicio se incurre en un muy grave error que, contra lo que parece pensarse por algunos, es excesivamente "progresista": el Tribunal Supremo parece pensar que sin la Ley de Amnistía el ordenamiento y la justicia preconstitucionales serían ilegítimas intrínsecamente, siendo tal ilegitimidad el fundamento de la investigación del magistrado querellado. Esta posición estimo que es totalmente equivocada, aunque ello no tiene por qué obedecer a designio oscurantista o conspirativo alguno; obedece simplemente a un absoluto desenfoque histórico y jurídico, ya que nada obstaculiza a esa investigación ni la Ley de Amnistía, ni la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica.
El respeto a la Ley de Amnistía no puede suponer la negación y la ceguera sobre el pasado, y esa ley nunca pretendió tal cosa. El nuevo Parlamento democrático español nunca quiso ni se propuso renunciar a todo esclarecimiento sobre la verdad de la historia, no quiso clausurar los archivos, destruir u ocultar los documentos, ni silenciar a lostestigos; pero nunca pretendió tampoco desautorizar o abolir la legitimidad jurídica del ordenamiento preconstitucional, ni restablecer la legalidad de las normas republicanas, como aclaró inmediatamente nuestro Tribunal Constitucional, ya que nunca se produjo una ruptura del orden jurídico. Pretendió, guiado por un designio de justicia, amparar y justificar actos castigados bajo el sistema político anterior, ya que su castigo era contrario a los principios esenciales de la democracia, que debían considerarse retroactivos en grado máximo en todo lo favorable.
Y la misma, pero más amplia y explícita, es la finalidad de la Ley de Memoria Histórica, que deroga algunas leyes del ordenamiento anterior, por considerarlas especialmente injustas, a los efectos de que no puedan ser nunca aplicadas o invocadas, como dice con claridad la exposición de motivos de la misma; y no con ningún designio criminalizador retroactivo del régimen anterior.
Por ello justamente, la investigación de la verdad sobre nuestro pasado preconstitucional, si hay en casos determinados causas razonables para ello en el ejercicio de la legítima e independiente apreciación judicial, no tiene nada que ver con una supuesta negación de la legitimidad del ordenamiento y la justicia preconstitucionales en su conjunto. La Ley de Amnistía no pretendió "sanar" tal ilegitimidad, ya que nunca hubo ruptura del ordenamiento, sino la de aplicar retroactivamente todas las consecuencias favorables de la trascendental reforma del sistema político decidida pacíficamente por el pueblo español en 1977 y consumada en 1978.
Foucault: el Derecho como indagación de la verdad
Michel Foucault explica y elogia la indagación jurídica como forma auténtica y válida de obtener la verdad; la indagación equipara el Derecho a la investigación filosófica y científica, en lo más alto del conocimiento humano, siendo el establecimiento de la verdad objetiva imprescindible para la aplicación del Derecho y la justicia.
En nuestro caso, se trataba en la instrucción del magistrado Baltasar Garzón de posibles hechos contrarios a las más elementales exigencias de la justicia (como dice la Ley de Memoria Histórica) y de los derechos humanos. Y los hechos que se indagaban no eran los "horrendos crímenes del franquismo", como dice el Tribunal Supremo, haciendo supuesto de la cuestión investigada por el magistrado Baltasar Garzón, sino los crímenes de lesa humanidad que hubieran podido cometerse, crímenes por naturaleza contrarios a los derechos humanos y a toda ley, y no justificables ni por el ordenamiento preconstitucional, que nunca los permitió ni amnistió, ni por finalidades políticas de ninguna índole, que nunca los pueden consentir, ni antes ni ahora.
La independencia judicial: el 'caso López Ortega, Cezón y Ollero'
Foucault considera precisamente que lo más difícil de conseguir para garantizar la indagación de la verdad es la independencia judicial; y en el cuestionamiento criminal de la actuación del magistrado querellado, lo más grave del error es que el mismo es frontalmente contrario a las exigencias de la independencia judicial, presupuesto básico en el Estado democrático para conseguir la indagación de la verdad, y por tanto, la auténtica justicia.
En los autos del Tribunal Supremo lo que aparece es una criminalización de la posición jurídica contraria a la del instructor, una interpretación normativa que creemos que es equivocada por parte del alto tribunal, justamente en lo esencial: en la determinación de la finalidad de la norma interpretada (la Ley de Amnistía); lo que, a su vez, según la doctrina de estos mismos autos, sería la auténtica prevaricación, que nos llevaría a una espiral de prevaricaciones sin fin, lo cual es un sinsentido completamente ajeno a las garantías jurídicas de nuestro sistema judicial.
En este sentido, los autos del Tribunal Supremo no corresponden a la indagación de la verdad, sino al puro control de lo que decide otro; ello es legítimo en el sistema de recursos contra las decisiones de todo magistrado instructor, cuyo fin es permitir corregir los errores en que pueda haber incurrido éste, pero nunca para criminalizar -prohibir, reprimir- su actuación. Esto también se intentó en el caso de los magistrados López Ortega, Cezón y Ollero de la Audiencia Nacional, que por una resolución judicial fueron objeto de querella y luego de grave sanción disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial; la querella fue archivada por un auto del magistrado del Tribunal Supremo Sánchez Melgar, y la sanción disciplinaria fue anulada por una paradigmática sentencia del Tribunal Supremo, de 2004, que estableció que no se podía sancionar a los magistrados por tener un criterio jurídico diferente al del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, es manifiesto que en la instrucción del magistrado Baltasar Garzón no hay sombra alguna de prevaricación; entiendo que nunca pretendió desconocer la legitimidad de la Ley de Amnistía, ni aplicar un concepto subjetivo de la justicia: pretendía algo más sencillo y necesario para toda justicia: la averiguación de la verdad -con las consecuencias jurídicas que luego procedan- y la verdad en hechos que contradicen las irrenunciables exigencias de los derechos humanos, cuya protección jurídica trasciende al propio legislador ordinario. Y esta verdad debe ser aceptada por una sociedad que pretenda ser plenamente respetuosa con la dignidad humana, aunque nos señale con el dedo a unos y otros.
José Luis Fuertes Suárez es abogado del Estado excedente.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/der...elpepiopi_4/Tes
Francisco Alegre
Apr 19 2010, 07:09 PM
CITA
Sólo 78 de los 350 diputados del Congreso tienen dedicación exclusiva • Quieren que sean públicas las actividades "extras" de los diputados.
• 154 de ellos tiene otros ingresos.
• Son conferenciantes, tertulianos y hasta farmacéuticos.
20 Minutos
D. FERNÁNDEZ.
26.03.2009 - 07.10 h "No podemos seguir así. La crisis es dura, las familias lo están pasando mal y los diputados damos la impresión ante la sociedad de que no trabajamos mucho, cobramos muy bien y encima tenemos otros ingresos extra gracias a otras actividades fuera del Parlamento". Quienes se confiesan así son dos parlamentarios del PSOE e IU.
El sueldo base de un diputado es de 3.126 euros al mes, con 14 pagas anuales
Los dos partidos presentaron este miércoles sendas iniciativas, "inéditas en la democracia", para cambiar la imagen de sus señorías. PSOE e IU quieren que sean públicos (por ejemplo que se puedan consultar en la web del Congreso ) los trabajos, actividades e ingresos que realizan y perciben los diputados al margen del Congreso, una información prácticamente secreta que hoy en día necesita la autorización de la Mesa del Congreso para que un ciudadano pueda tener acceso a ella.
Actualmente, sólo 78 de los 350 diputados del Congreso (el 22%) tienen dedicación exclusiva.
Del resto, 154 son conferenciantes, tertualianos, colaboradores de medios de comunicación, profesores a tiempo parcial, patronos o miembros de fundaciones sin ánimo de lucro, "cuyas actividades pueden ser una extensión de su condición de diputado".
Otros 65 son alcaldes y concejales y 53 tienen "ocupaciones altamente remuneradas relacionadas con el sector privado". Muchos son abogados, hay incluso un farmacéutico y un cirujano. Manuel Pizarro, el pluriempleado
Son estos últimos los que dan mala imagen, "ya que unos 30 trabajan y en sus ratos libres son diputados", señalan fuentes del Congreso. El más pluriempleado, por ejemplo, es el diputado popular Manuel Pizarro, que tiene cargos en 16 fundaciones, empresas, academias e institutos.
"Queremos dedicación exclusiva y que el Congreso pueda investigar a los diputados para comprobar si éstos ejercen sus compatibilidades conforme a la ley", señala Gaspar Llamazares, de IU.
La ‘dote' de los diputados
El sueldo base de un diputado es de 3.126 euros al mes (14 pagas). Los electos por Madrid reciben además 870 de gastos de manutención y los de otras provincias, 1.823.
Todos tienen tres ordenadores: el del escaño, el de su despacho y un portátil (valorado éste en 1.900 euros); y una PDA valorada en 600 euros.
El salario puede elevarse hasta los 6.000 y 7.000 euros si el diputado pertenece a la Mesa del Congreso o es portavoz de grupo o presidente de una comisión. Además, tienen la pensión máxima pública con sólo siete años de actividad (los ciudadanos necesitan cotizar 35 años) http://www.20minutos.es/noticia/459359/0/d...cion/exclusiva/ CITA
CITA
I. DISPOSICIONES GENERALES
II.
CORTES GENERALES
17494
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 63.2
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Miércoles 4 de noviembre de 2009 Sec. I. Pág. 92314
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de abril la Comisión del Estatuto de los Diputados adoptó, por unanimidad, dos acuerdos en relación a la transparencia y publicidad de las declaraciones de incompatibilidades de las actividades profesionales de los Diputados:
1. Solicitar a la Mesa del Congreso que, a través de los medios que estime más oportunos, garantice la publicidad de los dictámenes sobre incompatibilidades.
2. Trasladar a la Mesa la conveniencia de que el debate y votación del dictamen sobre incompatibilidades en Pleno tengan carácter público.
Sobre la base de esta unanimidad de los Grupos Parlamentarios procede dar cauce a esta voluntad de transparencia y allanar los inconvenientes normativos que existen. El principal es la necesidad de acometer una reforma del Reglamento de la Cámara puesto que en su artículo 63.2.º se establece que no serán públicas las Sesiones en las que se debatan informes, dictámenes o conclusiones de la Comisión del Estatuto de los Diputados, una de cuyas funciones es examinar las declaraciones de actividades de los Diputados a los efectos de verificar el cumplimiento de las previsiones del capítulo II, del título II de la Ley Orgánica 5/1985, de 15 de junio, del Régimen Electoral General.
Sólo cuando esta modificación normativa haya tenido lugar será posible que la Mesa de la Cámara atienda el requerimiento de publicidad de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados que se le formuló el 21 de abril. Entendemos que quizás el procedimiento de mayor accesibilidad y menor coste es que estos dictámenes se publiquen en la página web de la Cámara.
Sobre esta base se formula la siguiente reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 63.2.º
Artículo único.
El artículo 63.2.º del Reglamento del Congreso de los Diputados quedará redactado en los siguientes términos:
«2.º Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados que no afecten a las incompatibilidades parlamentarias.»
Disposición final primera.
La Mesa del Congreso de los Diputados adoptará las disposiciones necesarias en orden a la publicidad de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, en coherencia con esta reforma reglamentaria.
Disposición final segunda.
La presente modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2009.–El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs...-2009-17494.pdf
manolo pizarro
Apr 19 2010, 08:40 PM
Cuelgo tres articulos sin desperdicio (comentarios a parte), uno a continuación del otro, por aquello de no agobiar al lector inteligente.
BONO Y LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA ACAUDALADA
LD.
La hipocresía, hacer lo contrario de lo que se predica, nunca ha sido considerada una virtud social. Aunque puede tener su relevancia evolutiva –por aquello de defender lo que se considera positivo aun cuando uno no sea lo suficientemente fuerte como para cumplirlo–, en general suele ser una estrategia para medrar a costa de los demás; un reprimir al prójimo mientras uno disfruta libre de ataduras. El propio Jesucristo critica en numerosas ocasiones a los fariseos, a los hipócritas, quienes "purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad" (Lucas 11, 39).
La izquierda ha hecho de su odio a los ricos una de sus señas de identidad. Herederos de una empobrecedora –moral, intelectual y económicamente– tradición marxista, han considerado la riqueza como el fruto de la explotación del obrero y no como el resultado de haber generado prosperidad, bienestar y satisfacción para millones de consumidores. El rico siempre se encuentra bajo sospecha y, precisamente por ello, merece ser objeto de todo tipo de coacciones y exacciones. Ayer mismo, el líder de IU, uno de esos partidos sin ninguna idea buena que gracias a la calamitosa gestión de Zapatero y a su demagogia sobre la crisis parecen estar ganando algo de oxígeno, acusaba al Gobierno de "tener miedo" a los ricos de este país, reclamándole que actuara contra ellos.
Por supuesto, cuando la izquierda reclama dureza contra los ricos nunca piensa en la riqueza que han amasado los propios políticos gracias –y dejando de lado la corrupción– no a haber servido a los ciudadanos, sino, en la inmensa mayoría de las ocasiones, a haberles esquilmado y dificultado sus vidas. Ahí tenemos a toda la "izquierda caviar" nacional –desde nuestros autodenominados "intelectuales" a los empresarios afines al PSOE– e internacional –desde los Castro a Slim, pasando por los actores hollywoodienses– que es inmune a estas peticiones de arrimar el hombro y la cartera. Al parecer, toda su riqueza tiene un justo origen gracias a la pureza ideológica del propietario.
El Gobierno socialista lleva meses clamando contra la avaricia y la búsqueda desenfrenada de beneficios con tal de justificar su lamentable gestión de la crisis. La proclama del Ejecutivo y de los sindicatos (que tanto monta) es que no hay que dejar que los ricos se aprovechen de la crisis y que el coste de la misma no deben soportarla unos trabajadores que no la han causado.
Parecía, pues, que haber amasado un mínimo patrimonio le convertía a uno en sospechoso de haber pegado un pelotazo inmobiliario o de haber corrompido a alguna administración local. Tal era la disyuntiva que el delirante discurso de la izquierda estaba planteando.
Y hete aquí que una vez hemos descubierto que José Bono, uno de estos defensores de las clases pauperizadas, poseía un patrimonio familiar de difícil cuantificación en el que se incluyen un piso de un millón de euros en el centro de Madrid, una lucrativa compañía hípica, un ático en el barrio de Salamanca, el más caro de la capital, dos áticos más en Estepona, una joyería en Albacete y unos ingresos anuales superiores al millón de euros, el presidente del Congreso sale a la palestra a declarar que lo "indecente no es tener, sino robar".
Efectivamente, lo indecente no debería ser tener, sino delinquir, pero precisamente quienes han convertido en un rasgo sospechoso e indecente el tener han sido las izquierdas todas. Y quienes habían enarbolado como una de sus banderas de cambio la transparencia y el buen gobierno habían sido los actuales socialistas, quienes incluso sacaron adelante una ley con tal nombre con el único propósito de reírse de todos los españoles a través de una declaración patrimonial claramente incompleta.
La cuestión es por qué si Bono considera que "tan honrado o miserable puede ser quien gana 10 como quien gana 1.000", se ha tomado tantas molestias en ocultar que ganaba no 1.000, sino un 1.000.000. Por qué ha tenido que asignar la propiedad de una joyería a una niña de 10 años, sin capacidad civil para obrar y dirigir una compañía. Por qué ha descalificado a quienes sacaban a relucir el patrimonio que él mismo manipulaba como "calumniadores de extrema derecha". Por qué, en definitiva, se comportaba como los fariseos haciendo lo contrario de lo que predicaba. Porque si este asunto es sólo cuestión de una decencia que él entiende no mancillada, no hay razón para mentir durante tanto tiempo sobre su auténtica situación patrimonial.
http://www.libertaddigital.com/opinion/edi...audalada-54392/
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¿Que joven quiere ser emprendedor hoy en dia en este país, con este tipo de ideologías?. Nadie. Mejor apuntarse a Gran Hermano ó a un partido político, para poder dar mucho más paro a los pocos trabajodes que ya queden.
Saludos.
manolo pizarro
Apr 19 2010, 09:06 PM
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO TIENE LA CULPA.
Emilio Campmany-LD
La clase política no para de arrojar boñigas al rostro de los magistrados del Tribunal Constitucional. Muchos ciudadanos creen que se merecen eso y mucho más porque llevan cuatro años sin ser capaces de sacar una sentencia, en un sentido o en otro, sobre el estatuto de Cataluña. Sin embargo, el Tribunal no tiene la culpa. O, al menos, no toda la culpa.
Es verdad que María Emilia Casas se dejó abroncar en público por la vicepresidenta de Gobierno. Es verdad que permitió que se introdujera la "enmienda Casas", que le consiente seguir presidiendo el tribunal una vez expirado el plazo de tres años que la Constitución fija. Es verdad que, tras ser recusado Pérez Tremps y haber perdido los "progresistas" la mayoría, ha frenado la tramitación del expediente a ver si con la siguiente renovación la recuperaban. Es verdad que cuando la alcanzaron de nuevo gracias a la muerte de García-Calvo, volvió a reactivar el asunto. Es verdad que, cuando vio que uno de los suyos, Manuel Aragón, se pasaba de bando, volvió a frenar el tema para ver si "pasaba algo". Es verdad que, cuando vio que no pasaba nada, obligó a Elisa Pérez Vera a preparar hasta cinco ponencias más o menos complacientes con el estatuto a ver si alguna colaba. Y es verdad que han tenido que pasar casi cuatro años para convencerse de que una ponencia preparada por un conservador o Manuel Aragón tiene más posibilidades de ser aprobada porque en este asunto son mayoría.
Pues bien, a pesar de todo esto, la culpa no es del tribunal. La culpa es de los políticos. De todos, aunque de unos más que de otros. La culpa es de todos porque todos son los que se han acostumbrado a aprobar leyes inconstitucionales "por consenso". Pero además, la culpa es de los políticos catalanes, del Tripartito y de CiU, que enviaron a las Cortes un estatuto que sabían que era inconstitucional. También lo es de los partidos que lo aprobaron en las Cortes porque sabían que, a pesar del espeso maquillaje, el estatuto seguía siendo inconstitucional. No menos culpable es el Gobierno por haber sometido a toda clase de presiones al Tribunal Constitucional en general y a "sus" magistrados en particular con el fin de conseguir una sentencia que "sólo" declare inconstitucionales una veintena de artículos.
Pero, sobre todo, la culpa es de quien ha querido, a través del estatuto, cambiar los cimientos de nuestro sistema constitucional burlando los mecanismos de reforma que el mismo arbitra y prescindiendo del mayor partido de la oposición tras el que están más de un tercio de los españoles. Esa persona no es otra que José Luis Rodríguez Zapatero.
El Tribunal Constitucional está para resolver cuestiones de constitucionalidad en casos de alguna complejidad técnica cuando chocan dos derechos constitucionales contradictorios y es necesario deslindar hasta dónde debe llegar uno y dónde debe empezar el otro. Para lo que no está el alto tribunal es para frenar a buena parte de la clase política, la izquierda y los nacionalistas, cuando deciden violentar media Constitución y encima exigen que los magistrados les aplaudan.
El escándalo no es que el Tribunal Constitucional no haya dictado sentencia. El escándalo es que la mayoría de nuestros políticos, en Cataluña y fuera de ella, hayan aprobado un estatuto inconstitucional a sabiendas. Contra eso, no hay Tribunal Constitucional que pueda aguantar.
http://www.libertaddigital.com/opinion/emi...la-culpa-54382/
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Ahora Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senado, aporta su solución al problema: "se arregla mañana mismo si el PP retira su recurso, que se basó en motivos políticos". Por lo demás inclusive Constitución asaltada sin consultarnos, no hay problema. Sobre la renovación del tribunal, que pidió Montilla, esta mujer no se pronuncia. ¡Manda huev... con esta gentuza que nos malgobierna! Que decía ya el capitan Alatriste allá por tiempo de los tércios de Flandes.
Saludos.
manolo pizarro
Apr 19 2010, 09:45 PM
Costestaré al artículo colgado por Maripili sobre "El derecho como indagación de la verdad objetiva" de José Luis Fuentes en EL PAÍS, con este de Cristina Losada en LD titulado "Haga su Nüremberg, Zapatero."
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Sí, señor presidente, es una vergüenza. Escuche a esos ancianos. Sus testimonios están en su periódico favorito. Los habrá leído. Darío Rivas, 90 años, hijo de un alcalde asesinado por los falangistas. Desde Buenos Aires, acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura. María Martín, 86 años, perdió a su madre en la Guerra. Cuando el padre reclamaba sus restos, las autoridades le decían que se los darían "cuando las ranas criaran pelo". Todavía espera. Hilda Farfante, 79 años, sus padres, maestros ambos, asesinados. Cree que "el franquismo sigue gobernándolo todo". ¿No se da por aludido?
Farfante llora. Se siente culpable de las tribulaciones de Garzón. Pero el culpable es usted. Fue usted quien alimentó las esperanzas de esas personas y es usted el responsable de su decepción. Usted ha conseguido desviar la carga, endosársela a los jueces. Pero no se esconda detrás de las togas. Si quisiera podía organizar ahora mismo un proceso por genocidio. Es el presidente, tiene mayoría, otros grupos le iban a apoyar. Derogue la Ley de Amnistía. Puede que no haga falta, pero así despejará el camino. Y ordene que se siga el rumbo que ha marcado la querella presentada en Argentina.
Déjese de palabrería y prepare un estadio de fútbol para nuestro Nüremberg. Llame a declarar a quienes gobernaron entre 1936 y 1977. Los primeros, Fraga y el Rey. Saque a Suárez de su retiro y llévelo. Vayan los mandos del ejército, la Guardia Civil y todos los demás. Los jueces de los tribunales especiales, TOP incluido. Los del sindicato vertical. Y los que pastorearon la propaganda del Régimen, ¿o quiere librar al último jefe de informativos de la televisión franquista? Escuche a Pérez Esquivel. No importa que muchos estén muertos, dice. Representen a los fallecidos con maniquíes que lleven un cartel con su nombre, aunque no es preciso que los quemen, como hacía la Inquisición. Las víctimas sólo quieren recuperar la memoria. Es lo que usted dijo que haría.
Será mala suerte si ese proceso afecta a su amigo Carrillo. Si los familiares de los asesinados en Paracuellos y en las checas, los del POUM, los anarquistas, el maquis y los comunistas liquidados por el PCE exigen su porción de memoria y justicia. Daños colaterales. Deje de jugar con el dolor de tanta gente y hágalo de una vez. ¿Qué se lo impide?
http://www.libertaddigital.com:6681/c.php?...on&id=54322
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No sé cual de los dos es más "comedido", pero a veces me pregunto si nos estaremos volviendo tan locos e irresponsables como los que nos malgobiernan, si es esto lo que en realidad búsca la izquierda con la ley de desmemoria histérica o por el contrario solo un Nüremberg con los pocos ancianos, incluido el Rey, que deben quedar del bando franquista. No me extraña que quieran proclamar así la III Republica y finiquitar una Constitución que nos ha mantenido sin lanzarnos "granadas de mano" al menos 35 años. ¿Habrá que empezar a rearmarse por si vuelven las Checas.?
Saludos.
Indalecio
Apr 20 2010, 07:01 AM
HRW afirma que la decisión de la EITI revela la "falta de voluntad" de Guinea Ecuatorial en favor de la transparenciaMADRID, 19 Abr.
(EUROPA PRESS) La organización de Derechos Humanos estadounidense Human Rights Watch (HRW) ha asegurado que la decisión de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI por sus siglas en inglés) de expulsar a Guinea Ecuatorial revela la "falta de voluntad" del Gobierno ecuatoguineano para "avanzar hacia la transparencia y la rendición de cuentas".
"Guinea Ecuatorial no ha demostrado voluntad para avanzar por sí misma en favor de una transparencia y una rendición de cuentas genuinas", afirmó la organización en un comunicado. "Se han impedido las actividades de la sociedad civil, en especial de las organizaciones independientes centradas en los Derechos Humanos y en la lucha contra la corrupción", prosiguió. "La plena participación de estos grupos es un criterio clave para ser miembro, de acuerdo con las normas de la EITI", recordó HRW.
Por su parte, el diario económico 'Financial Times' ha advertido de que la decisión de la EITI de expulsar a Guinea supone un "importante revés para su Gobierno" y ha recordado que las empresas estadounidenses Marathon Oil y Exxon Mobil son "los principales operadores que trabajan en el país". "Teodoro Obiang Nguema, el dictador ecuatoguineano, ha gastado millones de dólares en grupos de presión en Washington para 'limpiar' su imagen en el extranjero", agregó.
LA DECISIÓN DE LA EITI
El Consejo directivo de la EITI --el organismo encargado de supervisar la transparencia y combatir la corrupción en los países con importantes recursos minerales-- analizó el pasado viernes en Berlín las solicitudes de 17 de los 32 países que habían pedido la ampliación del plazo para obtener la validación de la EITI, según informó el organismo en un comunicado.
Tras estudiar las solicitudes "caso por caso", se estableció que Guinea Ecuatorial y Sao Tomé y Príncipe --que había renunciado voluntariamente a la ampliación-- "no están cumpliendo con las normas de la EITI" y, por tanto, "ya no son países candidatos". "Sólo se concede la ampliación del plazo de validación si el país demuestra que han concurrido circunstancias excepcionales e imprevisibles, fuera de su control, que le hayan impedido cumplir con los requisitos exigidos", prosiguió.
La EITI se puso en marcha en 2002 durante la Cumbre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo y a iniciativa del Gobierno británico. Se trata de un acuerdo voluntario entre Gobiernos, empresas y redes de sociedad civil para hacer transparentes los pagos que las empresas hacen a los Gobiernos y los ingresos que los Gobiernos registran por estos conceptos.
Al respecto, HRW advirtió de que la EITI "debe explicar por qué ha expulsado a países que no han cumplido sus compromisos y ha ampliado las candidaturas de otros cuyos compromisos son también cuestionables", en referencia expresa a Congo, República Democrática del Congo, Nigeria, Perú y Sierra Leona.
"LAS FALACIAS"
Guinea Ecuatorial fue aceptada como país candidato de la EITI en la conferencia de Accra, en febrero de 2008, y debía presentar sus avances y compromisos respecto a las normas de la Iniciativa dos años después, antes del 10 de marzo del presente año, para poder figurar como "país aceptado".
Su condición de "candidato a la EITI" ha sido uno de los argumentos más esgrimidos por el Gobierno ecuatoguineano para desacreditar las "falacias" que, a su juicio, difunden los medios de comunicación internacionales sobre la realidad nacional. Según el Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, el petróleo y el gas natural han permitido desarrollar una "economía diversificada" en sectores como el turismo y la pesca y han permitido destinar "más de un billón (sic) de euros anuales a obras públicas".http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-a...0419123201.html
Julian Navascues
Apr 20 2010, 02:32 PM
El PP no se da por satisfecho con 'la lectura de relación de bienes' de BonoEl Mundo
Carmen Remírez de Ganuza
Madrid
Actualizado martes 20/04/2010 13:14 horas El presidente del Congreso, José Bono, ha sorprendido a los 'populares' con la "lectura de su relación de bienes", según ha informado la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en absoluto se ha dado por satisfecha con dicha iniciativa.
Según ha explicado en rueda de prensa la dirigente 'popular', "el presidente del Congreso es un diputado y, como todos, se tiene que someter a los procedimientos que marque el reglamento".
Se da la circunstancia de que tanto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como el coordinador de comunicación, Esteban González Pons, mantienen la reclamación a Bono de que dé una rueda de prensa y se someta a las preguntas de los periodistas en relación con el incremento de su patrimonio.
Sin embargo, la responsable del Grupo Popular en el Congreso ha puntualizado por su parte que espera al informe solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara, para que "clarifique cuál es el órgano competente para su declaración de bienes".
Ni rueda de prensa ni lectura en la Junta de Portavoces: la número tres de Rajoy quiere que Bono se explique en el foro que dictaminen los letrados de las Cortes.http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/20/e...1271761749.html
Francisco Alegre
Apr 20 2010, 05:14 PM
CITA
I. DISPOSICIONES GENERALES
II.
CORTES GENERALES
17494
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 63.2
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Miércoles 4 de noviembre de 2009 Sec. I. Pág. 92314
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de abril la Comisión del Estatuto de los Diputados adoptó, por unanimidad, dos acuerdos en relación a la transparencia y publicidad de las declaraciones de incompatibilidades de las actividades profesionales de los Diputados:
1. Solicitar a la Mesa del Congreso que, a través de los medios que estime más oportunos, garantice la publicidad de los dictámenes sobre incompatibilidades.
2. Trasladar a la Mesa la conveniencia de que el debate y votación del dictamen sobre incompatibilidades en Pleno tengan carácter público.
Sobre la base de esta unanimidad de los Grupos Parlamentarios procede dar cauce a esta voluntad de transparencia y allanar los inconvenientes normativos que existen. El principal es la necesidad de acometer una reforma del Reglamento de la Cámara puesto que en su artículo 63.2.º se establece que no serán públicas las Sesiones en las que se debatan informes, dictámenes o conclusiones de la Comisión del Estatuto de los Diputados, una de cuyas funciones es examinar las declaraciones de actividades de los Diputados a los efectos de verificar el cumplimiento de las previsiones del capítulo II, del título II de la Ley Orgánica 5/1985, de 15 de junio, del Régimen Electoral General.
Sólo cuando esta modificación normativa haya tenido lugar será posible que la Mesa de la Cámara atienda el requerimiento de publicidad de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados que se le formuló el 21 de abril. Entendemos que quizás el procedimiento de mayor accesibilidad y menor coste es que estos dictámenes se publiquen en la página web de la Cámara.
Sobre esta base se formula la siguiente reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 63.2.º
Artículo único.
El artículo 63.2.º del Reglamento del Congreso de los Diputados quedará redactado en los siguientes términos:
«2.º Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados que no afecten a las incompatibilidades parlamentarias.»
Disposición final primera.
La Mesa del Congreso de los Diputados adoptará las disposiciones necesarias en orden a la publicidad de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, en coherencia con esta reforma reglamentaria.
Disposición final segunda.
La presente modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2009.–El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.
CITA
Resolución de 24 de febrero de 1982 por la que se ordena la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982.
Artículo 63.
Las sesiones del Pleno serán públicas con las siguientes excepciones:
Cuando se traten cuestiones concernientes al decoro de la Cámara o de sus miembros, o de la suspensión de un Diputado.
Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados que no afecten a las incompatibilidades parlamentarias.
Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de la Mesa del Congreso, del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. Planteada la solicitud de sesión secreta, se someterá a votación sin debate y la sesión continuará con el carácter que se hubiere acordado.
Bono ha procedido a la lectura de relacion de bienes. Habra que recordar al Señor Bono que "el Reglamento es el Reglamento" sobre todo si lo modifica uno mismo.
La norma reglamentaria ha de estar siempre a la vista.
Pepin
Apr 20 2010, 06:53 PM
"Los culés de Guinea Ecuatorial" Andrés Esono Ondó, Malabo
19 de abril de 2010 "Hablar de los culés de Guinea Ecuatorial resulta especialmente gratificante para mí porque formo parte de la masa social que simpatiza con el Fútbol Club Barcelona en nuestro país; una masa social que viene de hace mucho tiempo, pero que empezó a crecer considerablemente gracias a la posibilidad de acceder a los canales de televisión de todo el planeta a raíz de la proliferación de las antenas parabólicas, y que sigue aumentando al ritmo de las victorias del equipo azulgrana en los últimos lustros. Aunque hay tanta masa social culé como merengue, dejo en manos del algún forofo madridista hablar de los suyos.El ser del Barça o del Real Madrid no es una novedad en Guinea Ecuatorial; es casi tan viejo como la existencia del propio fútbol en nuestro país. Los españoles nos trajeron el balompié, pero el conocimiento de los clubes españoles por la incipiente afición se orientaba según fuera el origen de cada uno de los jefes militares españoles o administradores que fueron creando o construyendo las ciudades del país.El capitán Basilio Olaechea Orruño, bilbaíno de Barakaldo a quien muchos llaman “el vasco-fang”, es el verdadero hacedor de la ciudad y distrito de Ebibeyin. No sólo dotó de escuelas y una formidable infraestructura de carreteras a todo el distrito, sino que promocionó el fútbol, convirtiendo a ese distrito en el centro de la práctica balompédica. Al estadio de la ciudad le puso el nombre de “San Mamés”, en memoria de aquel estadio bilbaíno conocido como “La Catedral”, propiedad del Athletic de Bilbao, y que he tenido la oportunidad de conocer. Del San Mamés de Ebibeyin salieron jugadores sensacionales como Vicente Alegri, Enguru, o el más joven de ellos, el ya fallecido maestro Nnandongo, quien acabó su carrera como el 10 del Atlético de Malabo y es considerado por muchos el mejor futbolista ecuatoguineano de todos los tiempos.El jefe militar y administrador de Mikomeseng, al parecer santanderino de nacimiento, también trabajó el fútbol en ese distrito. De su “escuela” no salieron estrellas tan rutilantes como la del vasco. ¿Se imaginan los lectores el nombre del equipo de fútbol local? Sencillo: el “Racing de Mikomeseng”.En Niefang, ciudad administrada por el andaluz Ángel Sevillano, también se desarrolló el fútbol. Aunque no se identificó ni con el Sevilla ni con el Betis, nunca ocultó su debilidad por esos equipos. A la ciudad le dio el nombre de “Sevilla de Niefang”, y al puente sobre el Wele denominó “Puente del Triana”. Durante su administración, el distrito de Niefang llegó a tener la mejor ligar de fútbol local que se recuerda en la zona.A pesar del esfuerzo de los capitanes de “provincias” por inculcarnos a los nativos colonizados la afición por el fútbol y los equipos de sus propias ciudades de origen, los guineanos no se hicieron seguidores de los leones de Bilbao, ni del Racing de Santander, ni del Sevilla, ni del Betis. Los guineanos decidimos optar por los “grandes” de España, y por eso somos del Barça y del Real Madrid, si bien sobreviven unos cuantos simpatizantes del Atlético de Madrid. A pesar de que el régimen de Macías, que mantuvo sus relaciones con el Gobierno de España, trató de cortar los vínculos entre los dos pueblos, la afición por el fútbol de la ex metrópoli se mantuvo gracias a nuestros receptores, que nos permitían seguir “Radiogaceta de los Deportes”, de Radio Nacional de España, todos los domingos en compañía de la inconfundible voz del recién fallecido Juan Manuel Gozalo, a través de Radio Exterior de España. Con la caída de Macías en 1979, volvió la cooperación técnica española en materia de radiotelevisión; cada vuelo de Iberia traía a Malabo cintas de partidos de la Liga española de fútbol y de otras competiciones, así como del programa “Estudio Estado”, de TVE. Así pudimos seguir, desde Guinea, el Mundial de España de 1982: partidos en directo por radio, y en diferido por las cintas de TVE a través de la televisión guineana creada en 1968. En 1985 se funda la CRTV, la televisión pública camerunesa, que en poco tiempo evolucionó tanto que dejó a años luz a la guineana, 17 años mayor. Gracias a la CRTV, pudimos seguir los mundiales de México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, este último celebrado con la aparición incipiente de las antenas parabólicas que distribuían señales de varias televisiones extranjeras La proliferación de la televisión por satélite —consecuencia de la globalización—, ha contribuido a vivir con más intensidad el fútbol español —que es con el que se identifican los guineanos— y, por ende, la afición por el Barça. Hay que tener en cuenta que la globalización de la información coincide con los momentos de máximo apogeo del equipo catalán, que empiezan con los éxitos del Dream Team de Johan Cruiff en 1992 y siguen con el éxtasis total en que nos ha sumido Pep Guardiola desde el curso pasado. Ahora, en cualquier rincón de Guinea, hay hinchas del Barcelona, que siguen sus partidos y su actualidad con una pasión inusual; casas y bares con paredes de calabó y adobe, están adornados con pósteres de Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, sin olvidar a quienes mantienen fotos de Samuel Eto’o o Ronaldinho. ¿Por qué somos del Barça, Dios de mi alma? Cada uno tiene sus razones. En lo que a mí respecta, hasta 1983 sólo me interesaba el fútbol guineano, entonces mejor que el de ahora, y me apasionaba la rivalidad entre el Sony de Ela Nguema y mi Atlético de Malabo. Yo me preguntaba cómo era posible que mis amigos y compatriotas perdieran tanto tiempo en discusiones sobre el fútbol español, hasta que vi la final de la Copa del Rey de 1983, disputada en el estadio de La Romareda, de Zaragoza, entre el Madrid y el Barça. Ganó el equipo catalán, entrenado por Menotti: 2 goles a 1, con golazo en el minuto 90 de Marcos Alonso, en un sensacional testarazo a centro de Julio Alberto. En el Barcelona jugaban, entre otros, el “Tarzán” Migueli, Bern Schuster, Víctor Muñoz, Sánchez y Maradona, el mejor del mundo por aquellas fechas. Ese partido marcó definitivamente mi percepción del fútbol. No creo que lo que es el Barça de hoy sea “culpa” sólo de Cruyff; el Barcelona viene jugando con un estilo definido desde antes del Dream Team, cautivando a numerosos aficionados. La primera vez que vi al Barça en vivo fue en 1987, en la primera temporada de Cruiff como su entrenador; jugó contra el Madrid en el Bernabéu y perdió por 3 a 2, en un partido en el que uno puso el buen fútbol y el otro los goles. Después vería más partidos en el Camp Nou, en el Calderón y la final de la Copa del Rey de 1990 en Mestalla, entonces Luís Casanova; el Barça ganó 2 a 0 al Madrid, con goles de Txiki Beguiristain y Julio Salinas... ¿Y las razones de los demás? Aquí sólo puedo aventurarme. Creo que son las mismas que mueven a los chicos y chicas de todos los continentes. Como bien dice Santiago Segurola, del diario madrileño Marca, “cualquiera que viaje al extranjero verá camisetas azulgranas por las calles de las ciudades de Europa, África, Suramérica y Asia. Es el éxito de un equipo que ha trasladado el buen fútbol a la gente, y eso se ha apreciado”. Es el excelente fútbol que practica. No son sólo los atractivos colores azul y grana de su camiseta —molan más que el blanco del Madrid—, ni su escudo multicolor, ni la sensación de grandeza que transmite el Camp Nou a todo el mundo a través de la televisión, ni la evocación de una ciudad de ensueño, la Ciudad Condal, ni el compromiso mostrado por sus jugadores... Es la mezcla de toda una serie de sensaciones indescriptibles. Otro punto de atracción es que el Barça es un equipo cosmopolita, en el que triunfan africanos, españoles, sudamericanos, blancos, negros y amarillos, todos ellos al servicio del fútbol de espectáculo; pierda o gane, el Barça nunca te deja con mal sabor de boca. No sólo es el reflejo del buen fútbol; es también un equipo solidario, capaz de sacrificar la publicidad de su camiseta en beneficio de Unicef...Por otra parte, el Barça ya tiene mal acostumbrados a sus seguidores porque éstos ven y esperan que lo gane todo, y por eso sus victorias no significan sólo tres puntos y un juego bonito, sino que, además, la seguridad de que se traduzcan en la consecución de todos los títulos en juego. Por eso sus triunfos se cantan en Malabo, Bata, Nairobi, Ciudad del Cabo, Lagos, El Cairo, Rabat, Bangkok, Bogotá, Atlanta, Rosario, etc. Tras su reciente victoria en el Bernabéu, los aficionados de barrios enteros de Bata y Malabo amanecieron en fiesta, mientras los merengues iban cabizbajos. Un taxista en Bata se lamentaba por su desdicha: “he apostado con mis vecinos 50.000 francos CFA, fruto de tres días de trabajo; esperaba que ganase el Madrid porque confiaba mucho en Ronaldo...” En Malabo y Bata uno encuentra bares con nombre del Barça, la mayoría de los taxis llevan alguna enseña azulgrana. Y el Barça levanta pasiones en Guinea cuando, incluso, sigue sin dirigir su mirada a nuestro país. No sé si Laporta, presidente del club azulgrana, sabría situar a nuestro Guinea Ecuatorial en el mapamundi, pero nos da igual; ya llegará el momento. Si el “más que un club” está en Camerún apoyando escuelas de fútbol, es porque los propios cameruneses se han dado a conocer al mundo por su esfuerzo en promocionar su fútbol, lo mismo que los marfileños y malienses. Así, pues, conformémonos los aficionados culés de Guinea con disfrutar del fútbol azulgrana mientras esperamos que algún gobierno sea capaz de organizar nuestro fútbol y darlo a conocer al mundo. El fracaso del fútbol nacional es tan estrepitoso, que los seguidores del Nzalang Nacional, por ejemplo, no conocen a los jugadores de su selección mientras cualquier niño de Malabo te dice de memoria la alineación de Costa de Marfil, Ghana o Camerún... ¿Y por qué los seguidores del Barça no estamos organizados en forma de peñas? Quizá porque a los guineanos siempre nos dio miedo asociarnos, atenazados por cuarenta años de férreas dictaduras, en un país en el que toda asociación al margen del poder político está mal mirada, no vaya a ser que la finalidad de aquella peña barcelonista sea, en el fondo, la de dar un golpe de estado... Mientras los guineanos no podamos asociarnos ni disfrutar de equipos nacionales porque en Guinea no hay fútbol, y mientras estemos agobiados por nuestros problemas cotidianos —la falta de agua, la escasez de pan, la oscuridad para todos, la basura de las calles, el barro de los barrios y la falta de libertades—, ¡que sigan los triunfos del Barcelona para consolarnos y hacernos olvidar nuestras penas!" P.D: Se me olvidaba un aspecto importante, y es que la afición por el Barcelona es un punto de encuentro entre militantes de la del PDGE y los de la oposición; cuando hablan de su club aparcan sus diferencias ideológicas.http://www.asodegue.org/abril2010.htm
manolo pizarro
Apr 20 2010, 11:47 PM
Muy bueno el articulo colgado de los culés guineanos Pepin, lastima que el Barça perdiera hoy, debido a lo cual, me encuentro bajo de animo para afrontar cualquier empresa. No obstante, voy a intentarlo en similitud al periodista sentado diariamente frente al folio en blanco.
Leo por ahí que a falta, según aseguran de mejores candidatos, el diario El País se premia así mismo con uno de sus galardones anuales de periodismo. Elogian el trabajo de "investigación" de sus propios periodistas sobre el caso Gürtel, marcado por la violación constante del secreto de sumario. Me pregunto, quien les habrá soltado "la mosca" a esos periodistas y si en ese periódico saben lo que significa narcisismo.
Despues "ojeo" la subrealista y psicodelica, que diria Dalí, reunión pro Garzón en la Universidad de Barcelona, apoyado nada menos que por la Generalidad y con la plana mayor del PSC. En ella se ha vuelto a tachar al TS de franquista y fascista, en un ambiente puramente guerracivilista. Y, de paso, como no podía faltar, campaña a favor del Estatut. Y es que la contumacia es el sino de los narcisistas que solo se miran el ombligo.
Me gustó el encontronazo televisivo entre Pedro Ruíz y María Antonia Iglesias en la siempre polemica Noria de Telecinco, ya era hora de que a esta mujer que todo el mundo sabe es insidiosa, maligna, sectaria y que sólo crispa e insulta (llamo defraudador y mas de una vez fascista a Pedro Ruíz), le pararan los pies. Dejo el vídeo del asunto por ser MEDALLISTA
Y agradezco a Torrecavero este otro vídeo por su fotografía y musica VER
Para finalizar, cuelgo un interesante artículo de La Vanguardia Digital, sobre los hoy reconocidos y cacareados "democratas" de la II República, por aquello de ser "politicante incorrecto", aunque en la página 45 de su edición dominical del 11 de abril, cualquiera puede obtener más extensos y detallados datos que los se exponen en el enlace de ésta edición digital.
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LOS PAPELES OCULTOS DE LA FAI
El verano sangriento del 36. La mayoría de los dirigentes de las patrullas de la muerte rehicieron sus vidas en el exilio.
JOSEP MASSOT | 11/04/2010 | La Vanguardia
"Catalunya no puede convertirse en un charco de sangre. Catalunya no quiere llevar encima la mancha de canibalismo de los pueblos primitivos y salvajes", proclamaba La Vanguardia, confiscada por la Generalitat, el 1 de agosto de 1936, ante la violencia revolucionaria desatada por las milicias de partidos y sindicatos tras el 18 de julio. La República empezó a perder la guerra - la batalla de la imagen exterior y el apoyo de la ciudadanía moderada- aquellos días. Los nuevos documentos hallados en un piso de Londres por el archivero Miquel Mir, informes de la FAI que no fueron entregados al archivo de Amsterdam por ser los más comprometidos con sus propietarios, aportan nueva luz sobre lo que sucedió en Barcelona desde julio de 1936 hasta mayo de 1937, cuando los estalinistas ajustaron cuentas con anarquistas y trotskistas. A la documentación del piso de Kensington-Chelsea (Diari d'un pistoler de la FAI, Destino), Mir suma los papeles que los familiares de los faístas le han facilitado.
El historiador Solé i Sabaté contabiliza 65 asesinatos diarios entre julio y septiembre de 1936, la mitad de los cometidos en toda de la Guerra Civil (8.352). Aunque la responsabilidad es múltiple, buena parte de ellos correspondió a las patrullas de control dirigidas y con mayoría de miembros de la FAI (25%-30% para CNT-FAI, 10%-15% ERC, 10%-15% UGT, 3%-5% el POUM y, desde agosto, también el PSUC). Cobraban de la Generalitat 12 pesetas al día.
El botín de las requisas a iglesias y casas particulares iba a la Conselleria d'Economia y otra parte era sustraída por miembros de las patrullas. Las piezas eran ocultadas en almacenes de Poble Sec, fundidas en lingotes o vendidas a bajo precio en el sur de Francia, adonde acudían mercaderes de toda Europa e incluso enviados del Vaticano para recuperar objetos litúrgicos. Aún otra parte quedó a disposición de dirigentes exiliados, mientras algunas de las cuentas abiertas en Suiza para la compra de armas alemanas siguieron a su disposición.
Del estudio de las 742 órdenes de detención de las patrullas de control se desprende, según Mir, que, aparte de religiosos, militantes de la Lliga, empresarios, carlistas, falangistas o de la CEDA, muchos fueron asesinados sólo por ser catalanistas, jóvenes cristianos o por venganzas personales. Entre las profesiones: maquinista impresor, agente comercial, profesor de la escuela de ingenieros, farmacéutico...
Escalofriante es la frialdad burocrática: "Viaje de siete detenidos al cementerio de Moncada. Cuatro a la fábrica de cemento". Además de los paseos de la muerte, los patrulleros habían ideado un macabro sistema para hacerse con dinero y joyas que habían escapado de sus requisas: pactaban con los familiares del detenido su liberación a cambio de una suma. Una vez entregado el rescate, subían a los presos, sin esposar, a un auto, escoltado por otros dos camino de Francia. Siempre de noche. Al llegar a Montcada, les invitaban a hacer un alto para estirar las piernas y allí los ametrallaban. Para que el descubrimiento de los cadáveres no echara a perder su treta, los llevaban a la fábrica de cementos de Montcada que se puede ver aún hoy humeante a las puertas de Barcelona y allí trituraban sus cuerpos y después los incineraban en el horno. Tras mayo de 1937, el juez Bertran de Quintana incoó un proceso sobre los cementerios clandestinos.
Después del 24 de julio, Durruti marchó con su columna a Zaragoza y dejó el orden público en manos de Joan García Oliver, quien delegó la máxima responsa
bilidad en su hombre de confianza (terrorista de Los Solidarios y Nosotros) Aurelio Fernández. La cúpula se completaba con Dionisio Eroles, Josep Asens y, como cerebro, Manuel Escorza del Val, a quien García Oliver -que llegó a ser ministro de Justicia- utilizó por su eficacia en el espionaje y la represión, a pesar de calificarle de "tullido de cuerpo y alma". Parecía un personaje de novela de Víctor Hugo.
Una poliomelitis infantil le produjo una parálisis permanente y una atrofia que explicaba su corta estatura. Utilizaba alzas en los zapatos y muletas. Los historiadores resaltan un carácter agrio, una voluntad férrea y un orgullo extremado: no permitía que nadie le ayudara a moverse. Al acabar la guerra se refugió en Valparaíso (Chile), donde vivió con su mujer y dos hijas (una de ellas, una poeta reconocida), logrando fama de crítico (teatro, cine y literatura) temible por sus juicios afilados. Sus reseñas le valieron el premio Camilo Henríquez, el fraile dramaturgo. Murió en 1968, a los 56 años.
Dionisio Eroles Batlló, jefe de Servicios de la Comisaría General de Orden Público (Via Laietana), logró huir a Montauban (Francia) en 1939. Al parecer fue ejecutado en 1941 por los anarquistas del grupo Ponzán, que actuaba en la frontera, al negarse a revelar dónde escondía su botín. Encontraron su escondite y enterraron su cuerpo en algún lugar de los Pirineos.
Aurelio Fernández, jefe del departamento de Investigación y Patrullas de Control (Corts Catalanes, 617) y secretario general de la Junta de Seguridad de la Generalitat, se exilió con García Oliver a Francia y vivió en Puebla (México) con su joven mujer hasta su muerte en 1974.
Josep Asens, responsable de las patrullas (hotel Oriente), vivió en Francia bajo identidad falsa (Mariano Ojeda) y murió en Annecy en 1985.
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticia...nto-del-36.html
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Pobrecitos, menos mál que la Ley de la Desmemoria Histérica los aupará a los altares.
Saludos.
Julian Navascues
Apr 21 2010, 06:52 AM
Como han cambiado las fuerzas armadas cuando yo iba se cantaba:CITA
Campamento de El Ferral
Campamento de El Ferral
Matadero de reclutas
El reemplazo del 82
El reemplazo del 82
Las están pasando putas
Madre si tienes un hijo
Madre si tienes un hijo
Y quieres que se te muera
Mándalo para El Ferral
Mándalo para El Ferral
Sin dinero en la cartera
Sin dinero en la cartera
Sin chorizo en el macuto
Y al cabo de quince días
Y al cabo de quince días
Tendrás un hijo difunto
Katharina Von Strauger
Apr 21 2010, 06:58 AM
El cónsul de Jaime Matas BASILIO BALTASAR
EL PAÍS
Opinión
21-04-2010 En nuestra memoria visual subsiste la vívida imagen del rostro desencajado de Mario Conde, la mirada perdida de Javier de la Rosa cuando muerde un bocadillo de mortadela en su celda de la cárcel Modelo, la pesadumbre de Luis Roldán rezongando entre los guardias civiles que lo arrastran hacia España, la demacrada desnutrición con que un espantado Francisco Correa se mete en la cárcel.
Un solo golpe de mala fortuna ha turbado su vanidosa apariencia y el vértigo por la gloria perdida les lleva a imitar sin decoro la mímica del arrepentimiento. En estos dolorosos momentos el instinto de los mamíferos aconseja inspirar la lástima que puede salvarlos de lo peor. Pero al mismo tiempo, los procesados adoptan ese estupor del inocente acusado en falso. La habilidad para encarnar estas incompatibles presunciones -inocencia y arrepentimiento- es la que les permitirá cultivar una vaga esperanza.
La apenada desesperación del poderoso cogido en falta no logra rebajar la condena final, pero lo cierto es que, salvo los etarras que patean el cristal de su jaula blindada, la mayoría de los acusados confía en encontrar un resquicio de ternura en la toga de sus jueces. Es la última ilusión que les presta esa humanidad súbitamente reencontrada.
Al que fue ministro de José María Aznar y presidente de la comunidad balear, Jaime Matas, el juez José Castro y los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau lo acusan de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, simular expedientes de contratación, blanqueo de capitales, delito electoral, fraude a la Administración, cohecho y recibir sobornos. Sin embargo, su comparecencia ante el juez ha sido la puesta en escena de un guión inédito en la historia judicial.
Sin el más mínimo atisbo de duda en su semblante irritado, con un tono displicente y urgido por la indignación, adoptando su célebre postura de hombre de mundo y sentado frente a un juez al que no debe ninguna inflexión de cortesía, Jaime Matas expuso durante 15 horas los argumentos de una defensa absurda, increpó a los fiscales y sin rubor descargó la culpa de lo cometido durante sus cuatro años de gobierno sobre la espalda de los que, con impaciente desdén, llama "subalternos".
Nada que pueda sorprender a las víctimas habituales de su despótico mandato (funcionarios honestos, empresarios desafectos y periodistas incisivos han conocido sus arrebatos de furia y mala educación), pero el enfado del que hizo gala ante el juez obliga a formular un enigmático interrogante: ¿cómo puede desconocer Jaime Matas la gravedad de su situación?
Los que recuerdan su paso como funcionario por la Consejería de Economía y Hacienda (cuando vendía con descuento a sus compañeros de oficina los televisores del negocio familiar) no pueden comprender cómo se transformó aquel tímido muchacho en el osado polifemo que hoy vocifera contra todos. Pero en su impetuosa carrera han sido muchos los indicios que anunciaban el estrépito de su insaciable voracidad. Entre ellos destaca la cita que pronunció en una inolvidable sesión parlamentaria: "No son los políticos corruptos, sino la sociedad la que está enferma". La frase adquirió en sus labios una significación sarcástica muy distinta a laque imaginaba el filósofo Aranguren. En lugar de ser un diagnóstico para renovar el liderazgo de la moralidad pública, la frase liberó una ansiedad tan virulenta como su complejo de inferioridad.
Después de adiestrarse como ministro en la cosmópolis madrileña, saboreando ese estilo de arrogancia y lujo que distingue a los triunfadores, Jaime Matas regresó a la isla, ganó las elecciones, se apoderó del partido, del Gobierno, de las instituciones, de las corporaciones empresariales, de las cámaras de comercio y de los clubes selectos, reclutando a los que quisieron integrarse en su nómina de cronistas, analistas, locutores, abogados, arquitectos, constructores o simples artesanos de esa avaricia que al fin encontraba el auspicio de la protección gubernamental. La red de cómplices para violentar reglamentos, falsificar actas y cobrar comisiones se expandió y cada vez fueron más los atrevidos animados por el ejemplo presidencial. Más de 40 altos cargos procesados o ya condenados son el balance inicial de este descarriado ejercicio de impunidad.
Las ínfulas de Matas ante el juez son un incomprensible alarde de franqueza, si se tiene en cuenta que al perder las elecciones autonómicas de 2007 abandonó a los suyos, huyó a Washington y renunció al privilegio del acta parlamentaria.
Cuando fue citado a declarar ya había perdido el respaldo de Mariano Rajoy y poco después, ya sin pasaporte, al confirmarse la fianza de los tres millones de euros que desembolsó en los juzgados, se vio obligado a darse de baja como militante del Partido Popular. Admitió sin sonrojo haber cometido un grave delito fiscal y no le importó reconocer que había manejado medio millón de euros en metálico para sus gastos generales. ¿De dónde saca Jaime Matas tan descabellada desenvoltura?
Creerse invulnerable en los juzgados, resistir sin temblar la acusación de los fiscales, requiere sentirse protegido por una fuerza superior; o carecer del más elemental sentido de la realidad. Es probable que a Matas le baste contar con la simpatía militante de esos círculos que siendo presidente le prestaron su más poderosa arma de amedrentamiento social: la difamación. Jaime Matas la utilizó contra jueces, fiscales y policías, y contra los periodistas y adversarios ocasionales que le plantaron cara. Alentados por la promesa de nuevos privilegios y negocios, los círculos afines de mallorquines exquisitos, enarbolando su tradicional complejo de superioridad, se prestaron como corifeos de su capricho, emitieron sus anatemas, lanzaron sus amenazas y esparcieron la bazofia que pudiera desacreditar a sus enemigos.
El mandato de Matas no sólo ha sido un penoso festín de corrupción política, sino el foco de una epidemia amoral que ha corroído a sus compinches y arruinado la compostura de una sociedad podrida por el más encarnizado de sus políticos. Incapaz de discernir la diferencia entre el bien y el mal, la conciencia anestesiada de sus cómplices sociales, inmunes a la vergüenza y ajenos al pudor moral, pasará a la historia española de la infamia como el más putrefacto de los episodios nacionales.
A pesar del abrumador relato consignado en el auto del juez José Castro, la sociedad mallorquina permanece consternada. Desorientada, no sabe cómo interpretar la aparición de Jaime Matas en la televisión pública balear (ante una periodista complaciente tildó al juez, a los fiscales y a la Guardia Civil de "mentirosos"), no entiende los silencios del fiscal jefe de Baleares Bartolomé Barceló, ni sabe descifrar la crónica publicada hace unas semanas por El Periódico de Catalunya. Haciéndose eco de las leyendas que rastrean el origen de la ambición de Matas, el periódico cuenta la visita del presidente a la mansión de su íntimo amigo Juan Buades, cónsul de Luxemburgo y abogado vinculado a la millonaria operación de compraventa del famoso palacete. El cónsul dio una opípara cena en su residencia y enseñó a Jaime Matas su amplio ropero vestidor, con su colección de camisas, trajes, zapatos y corbatas. Al parecer, fue decisivo el impacto que esta deslumbrante visión tuvo en la apresurada carrera que llevó a Jaime Matas a estrenar en plena legislatura una casa que, por fin, superaba en categoría a la de su abogado.
Basilio Baltasar es escritor y director de la Fundación Santillana.http://www.elpais.com/articulo/opinion/con...elpepiopi_4/Tes
Maripili
Apr 21 2010, 04:28 PM
El Supremo cita como testigo a Botín en el caso de los cursos de Garzón en Nueva York El presidente del Banco Santander ha sido llamado a iniciativa del magistrado Marchena.- Las partes no lo habían solicitadoJULIO M. LÁZARO
Madrid
ELPAIS.com
España
21-04-2010 El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha citado "de oficio" al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, para que declare como testigo en el caso de los supuestos cobros recibidos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York. Botín deberá comparecer el próximo 12 de mayo a las 10.30 de la mañana, han indicado fuentes del proceso. Las partes personadas en el caso no habían solicitado la comparecencia de Botín.
Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón denunciaron en 2009 que el juez financió los cursos con fondos del banco Santander y, meses más tarde, archivó una querella contra Botín. El pasado día 15 Garzón afirmó ante Marchena no haber cobrado "ni un centavo" del Santander. Este es el segundo de los tres procesos presentados contra Garzón.
En la vista celebrada hoy ha declarado como testigo María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia. Bernabé ha negado ser asistente de Garzón y ha dicho que la contrató la Universidad de Nueva York por su currículum, que trabajó en los primeros cursos organizados en la universidad y que luego decidió quedarse sufragando de su propio bolsillo los gastos de los tres últimos meses de su estancia.
El director del Centro Rey Juan Carlos, James Fernández, y Laura Turégano, empleada del mismo centro, estaban citados para el día de hoy pero no han acudido a declarar. Esta institución fue la que, según la Universidad de Nueva York, recabó el patrocinio del Banco Santander . El juez instructor del caso se está planteando enviar una comisión rogatoria para que declaren por videoconferencia.http://www.elpais.com/articulo/espana/Supr...lpepunac_19/Tes
Andy Maykuth
Apr 21 2010, 06:32 PM
Amnistía y memoria histórica RAMÓN JÁUREGUI
EL PAÍS
Opinión
21-04-2010 No hablaré de Garzón. Simplemente diré que sus excesos procesales no debieran ser considerados como prevaricación y que espero su absolución. Pero su persecución judicial por los falangistas a propósito de los desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil, está removiendo los delicados mimbres de nuestra Transición y, por tanto, las bases de nuestra exitosa reconciliación nacional, además de suscitar un debate jurídico sobre nuestra Ley de Amnistía, de incierto y preocupante recorrido.
Algunas precisiones sobre el tema me parecen necesarias. El deseo de construir una democracia reconciliada sobre la base del perdón de todos y a todos, implícita en la Ley de Amnistía de 1977, responde a una voluntad inequívoca y unánime del pueblo español. Pretender revisar esa decisión en base a que fue tomada bajo la presión de poderes fácticos de aquel tiempo, equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida nuestra Constitución. Compararla con leyes de punto final de las dictaduras chilena o argentina, es equiparar situaciones muy diferentes, entre otras cosas, porque hubo una guerra civil previa a la cruel represión franquista.
Admitir la investigación judicial de nuestro pasado, aunque sólo sea como indagación de la verdad, tiene consecuencias jurídicas inevitables e imprevisibles y no es posible poner una raya que limite la retroactividad de los hechos perseguibles por su carácter de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Quienes defienden la nulidad de la Ley de Amnistía o su marginación jurídica a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado, tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.
No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.
A esa situación precisamente hizo frente la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, una ley que partía del hecho de reconocer que, aunque durante años la democracia española había ido compensando a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones, era evidente también que quedaban pendientes muchas situaciones inatendidas que golpeaban nuestra memoria y nuestro sentido de la justicia con reclamaciones inaplazables: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; la indemnización a las víctimas del tardo-franquismo que murieron en la defensa de derechos democráticos luego reconocidos por nuestra Constitución, etcétera. A todas ellas quisimos dar respuesta con una ley a la que, desgraciadamente, no se sumó el Partido Popular, pero que bien podría inscribirse entre las disposiciones que la democracia española ha ido adoptando en el contexto de nuestra reconciliación nacional.
Algunos círculos sociales y políticos de hoy se lamentan de este espíritu con el que la democracia española ha ido abordando este delicado asunto y lo cuestionan abiertamente. No son pocos los jóvenes que nos reprochan la Transición y nos exigen mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. La aplicación de razonamientos actuales al pasado y a contextos olvidados y desconocidos produce lamentables conclusiones. No excluyo la autocrítica, pero lamento que olvidemos que el éxito de España en estos últimos 30 años se cimentó precisamente en la construcción de un espacio de convivencia en el que cabemos todos los españoles, al margen de nuestra adscripción ideológica y de nuestra procedencia de un pasado que nos había dividido tan trágicamente. Fue el reconocimiento de la existencia del otro, con los mismos derechos que los nuestros, lo que fundó la tolerancia de la libertad que disfrutamos. Como en el verso de Machado:
"El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas
es ojo porque te ve".
Mantener viva nuestra memoria histórica, la de cada uno y la de todos y ser consecuentes con ella, no debiera ser incompatible con los principios que hicieron posible nuestra transición a la democracia, ni con los valores constitucionales sobre los que se construyó, ni con las leyes que la hicieron posible, incluida la de Amnistía por supuesto.
Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo.http://www.elpais.com/articulo/opinion/Amn...elpepiopi_5/Tes
manolo pizarro
Apr 21 2010, 10:00 PM
Carrillo defendía la Amnistía en 1977: "Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre"
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA-LD
La izquierda ha dado un giro de 180 grados en lo referente a la Ley de Amnistía de 1977. Entonces la defendía vehementemente y la consideraba obra suya. Hoy reniegan de ella y quieren reformarla.
La última que se le ha ocurrido a la izquierda española, es armar un sonoro escándalo mediático para reformar la Ley de Amnistía de 1977. Es chocante que sea la propia izquierda la que se embarque en una iniciativa semejante porque ella fue la responsable de que hace casi 33 años se promulgase aquella Ley.
La amnistía total e indiscriminada fue una de las principales causas de la izquierda durante la Transición. Decían que era un requisito indispensable para empezar desde cero haciendo borrón y cuenta nueva.Tanto el PSOE como el entonces influyente PCE, abogaron por una Ley de amnistía total, sin excepciones en ninguno de los dos bandos. Tras ímprobos esfuerzos y una larga negociación, la Ley en cuestión se publicó en el BOE el 16 de octubre de 1977. La amnistía era muy amplia, abarcaba todos los delitos políticos (incluidos los de sangre) cometidos durante la Guerra Civil, el franquismo y el año 1976 (hasta el 15 de diciembre).
Obtuvo un apoyo mayoritario en el Congreso: 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 nulo. La izquierda lo celebró por todo lo alto. El día de su aprobación en las Cortes el hemiciclo se puso de pie y se aplaudió a sí mismo por llegar a tan elevado compromiso de reconciliación y perdón. A excepción de los representantes de la entonces Alianza Popular, que se abstuvieron, todos los grupos la apoyaron sin reservas. Y como muestra, ahí van unos cuantos botones de la sesión parlamentaria que debatió la Ley:
- Marcelino Camacho (PCE)
"La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento".
- Josep María Triginer (PSOE)
"El día de hoy cierra definitivamente una etapa histórica de nuestro país: la amnistía liquida lo que ha sido considerado delito político por el anterior régimen. Da paso a la etapa de transformación democrática que ya vivimos y de la que es un elemento importante e indispensable".
- José María Benegas (PSOE).
"La amnistía total ha sido innecesariamente retrasada una y otra vez por la ceguera política y el obstinamiento de quienes se resistían a convencerse de que era inevitable, porque ninguna democracia se puede construir manteniendo presos, exiliados y represaliados, producto de una dictadura que se pretende superar. Pero que nadie se crea que hoy estamos otorgando algo. Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas.
- Xabier Arzallus (PNV)
"Olvidemos, pues, todo. Sin embargo, tal vez, aunque los que estemos aquí estemos dispuestos al olvido, hay sectores de nuestra sociedad que no están aquí representados, que no están dispuestos al olvido. La ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto".
- Rafael Arias-Salgado (UCD).
"Estamos tratando de hacer realidad una vieja y sentida aspiración que jamás ha llegado a echar sólidas raíces en la Historia de España: la definitiva institucionalización de un Estado democrático y de derecho que ampare la libertad de todos y en el que todos, en el respeto a los demás, lleguen a encontrar su sitio".
Oposición sí, pero de Alianza Popular.
El único en oponerse a la Ley fue Antonio Carro, antiguo ministro de Franco y diputado de Alianza Popular, que habló en estos términos: "Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la autoridad. Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. (...) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho".
-Santiago Carrillo (PCE).
Fuera del Congreso de los diputados la Ley de Amnistía era uno de los temas más recurrentes en la prensa y en la calle. Se hizo entonces famoso el eslogan "Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia", que nació en Cataluña y se extendió luego a toda España. Los grandes líderes comunistas del momento tenían la amnistía como un asunto de la máxima prioridad. Así, a principios de octubre, semanas antes de promulgarse la Ley, Santiago Carrillo dijo en un mitin que los comunistas querían "hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre" porque había que "superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil".
Quien los ha visto y quien los ve
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No sé si veras bien con los dos ojos, hasta donde ha llegado tu incondicional apoyo a Ley de Desmemoria Hísterica D. Ramón y que como aseguras con berborrea excusatoria desde tu púlpito de Parlamentario Europeo: "bien podría inscribirse entre las disposiciones que la democracia española ha ido adoptando en el contexto de nuestra reconciliación nacional." Te respondo breve con el refranero español que es muy sabio "Cuanto más remuevas la mierda, más huele" y aprende que en eso se basa la editorial desde donde publicas, solo que como recibe anualmente las mejores subvenciones, es muy olvidadiza y monocolor.
Saludos.
manolo pizarro
Apr 21 2010, 11:49 PM
Aunque lo prometió Zejas hace un año en el debate sobre el estado de la nación, el Gobierno engaña a los trabajadores: el "abono transporte" no desgrava "na". VER
Una lastima, iluso me había guardado los bonobús que adquiero mensualmente para ir al curro, mi empresa no paga transportes a los currantes. Cada día creo menos a este Zejas....
Saludos.
Katharina Von Strauger
Apr 22 2010, 06:44 AM
¿Qué tiene Bono que le defienden hasta los tontos del PP? El Confidencial
DOS PALABRAS
Federico Quevedo
Jueves, 22 de abril de 2010
07:37hLos tontos del PP y algunos que no lo son. La pregunta no me la hago yo, que también, sino que se la hace mucha gente del PP, incluidos unos cuantos miembros de la Dirección de este partido que siguen sin entender porque el presidente del Congreso encuentra aliados hasta en el infierno. La realidad es que José Bono siempre ha sabido tejer una tupida red de relaciones e intereses que ha abarcado desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, desde la militancia laicista hasta el más ortodoxo de los miembros del Consejo Cardenalicio. Es una habilidad notoria, que merece un reconocimiento. En cierta ocasión asistí a un encuentro entre Bono, siendo éste presidente de Castilla-La Mancha, con Eduardo Zaplana cuando era presidente de la Comunidad Valenciana, en el Parador de Alarcón: pocas veces he visto una complicidad semejante, complicidad que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y a la que se han sumado otros destacados políticos populares como Alberto Ruiz-Gallardón. A ninguno de los dos les escucharán ustedes una sola palabra que pudiera considerarse ofensiva contra su amigo Bono, con quién comparten algo más que una dilatada amistad, se lo puedo asegurar.
En ese círculo de confianza encaja, también, Pedrojota Ramírez, director de el diario El Mundo, de ahí la posición que ha mantenido este periódico en un asunto que es, cuando menos, sospechoso. Bueno, por su amistad con Bono, y por la animadversión que Pedrojota siente hacia Intereconomía y hacia el diario La Gaceta, que amenaza la primacía de la que hasta ahora gozaba el diario de Pedrojota como generador de exclusivas. Venerado por la izquierda y por una parte de la derecha política y mediática –los que no comparten intereses con él, simplemente le reverencian por ser supuestamente uno de los pocos políticos decentes del actual socialismo-, Bono ha sabido labrarse la falsa imagen de un político sensato, defensor de algunos valores comunes a la derecha y a una parte de la izquierda –la Nación, la Constitución, la convivencia con la Iglesia, una cierta moral social-. Pero la realidad es bien distinta: Bono no es más que un fariseo, un hombre dispuesto a vender a su propia madre para alcanzar sus objetivos, un amoral que dice defender la vida, pero no duda un segundo en votar la Ley del Aborto de Bibiana Aído, un mentiroso que asegura defender la unidad de la Nación pero aprueba el Estatut. Falso, cínico, hipócrita… Y rico. Muy rico. Tanto que debería dar nauseas a cualquier socialista que se precie.
Recuento de bienes
Y, también en esto, mentiroso, porque a raíz de lo que ha venido publicando La Gaceta nos hemos enterado de que el patrimonio del señor Bono dista mucho de lo que él mismo ha confesado en el registro de bienes del Congreso de los Diputados. Hace tan solo unos días, en respuesta a las informaciones publicadas, Bono aseguró que su intención era comprarse un piso en la zona de Alicante cuando se retirara y, ¡vaya por Dios!, ayer mismo nos enteramos –por La Gaceta- de que ya lo tiene, en la zona de El Campello, una vivienda que los Bono acondicionaron durante la pasada Semana Santa personalmente y que cuenta con tres habitaciones, dos baños y vistas directas al mar Mediterráneo, y por el que el político manchego habría desembolsado la nada despreciable cantidad de 360.000 euritos.
A esto hay que añadir dos áticos en una urbanización de Estepona, valorados en 854.000 euros. También cercano al millón de euros sería el valor del piso en el madrileño barrio de los Austrias de 160 metros cuadrados que Bono ha regalado a su hijo de 20 años y en el que trabaja un batallón de trabajadores procedentes de Albacete que estaría haciéndose cargo de la reforma. Trabajadores que, además, se alojan en el Hotel Pirámides, propiedad de un buen amigo de la familia Bono: el constructor Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis. Además, Bono habría comprado un ático en el barrio de Salamanca de 106 metros cuadrados, valorado en 991.600 euros; así como un chalet, también para el disfrute de su hijo, en la localidad toledana de Bargas. Esta propiedad estaría a nombre de una sociedad sin actividad, Attack 84, e hipotecado por 120.500 euros. A esto habría que sumar una casa en Toledo y otra en Olías del Rey, a escasos kilómetros de la capital castellano-manchega.
El ‘amigo’ constructor y el ‘caso Matas’
En fin, que quieren que les cuente… Y todavía está por aclarar si un casoplón construido en la carretera de Húmera a Somosaguas y que haría las delicias de los vecinos de Falcon Crest también le pertenece, porque eso es lo que cuentan los habitantes de la zona. Eso, y que la constructora que lo ha levantado es Reyal Urbis –insisto en que es un asunto sin demostrar-, la misma que le hizo la casa de Olías del Rey en 1999, otro casoplón al gusto del ex presidente castellano-manchego y que éste encargó a Rafael Santamaría. Lo de Olías se parece mucho, pero mucho, a lo de Jaume Matas y el palacete de Mallorca: una casa de las que hacen época, un amigo constructor y una deuda que no se tiene con ningún banco, si es que se tiene. ¿Cómo pagó Bono lo de Olías? ¿Lo pagó? ¿Cuánto? Son preguntas que debe responder el presidente del Congreso y no lo ha hecho en su escrito remitido al fiscal, en el que da cuenta de unos ingresos poco fiables y con los que, en cualquier caso, parece difícil acumular tanto patrimonio. Santamaría, además, aparece también en la compra de los áticos de Estepona –esos que según Bono no son dos, sino uno, pero que si eran dos y parece que unió sin permiso del Ayuntamiento-.
Y hablando del fiscal, lo que debería hacer de inmediato es investigar la relación de Bono con Santamaría y los contratos de la Junta con su empresa, Reyal Urbis, que si no me equivoco intentó dar un pelotazo similar al de El Pocero en Seseña con una urbanización de viviendas en Valdeluz. No ha podido ser por culpa de la crisis, pero la Junta calificó ese proyecto como de singular interés. Y ya puestos, habría que investigar la relación de Santamaría con el caso CCM y las razones –financieras- que llevaron a la quiebra de esta entidad presidida por Juan Pedro Hernández Moltó –aquel que le dijo a Mariano Rubio lo de “míreme a los ojos, señor Rubio”, y que hoy no se atreve ni a mirarse a sí mismo en el espejo-, así como con el aeropuerto de Ciudad Real. Como habrá que aclarar también si fue El Pocero quien le construyó a Bono la Hípica de Toledo –y si la ha pagado, y como, y a quien, y de donde salió el dinero-, esa para la que el entonces presidente castellano-manchego compró unos terrenos rústicos previsiblemente cerca de donde iba a parar el AVE –luego, es verdad, no ha sido así-, y que el entonces alcalde del PP, José Manuel Molina, le recalificó convenientemente para poder levantar el negocio.
Que reaccione Rajoy
¡Molina! ¿Se acuerdan? Yo sí, porque me harté de publicar en este mismo periódico informaciones que el entonces alcalde negaba, y que le vinculaban a un acuerdo con Bono para repartirse el poder en Castilla-La Mancha, por supuesto al margen de sus compañeros del PP. Y ahora, como no puede ser de otra manera, Molina sale también en defensa de su amigo y compañero de andanzas político-económicas. ¿Qué esperaban? Lo que espero yo es que Mariano Rajoy, que tardó en darse cuenta de que Molina era un mal tipo, otro falso mentiroso que le quiso engañar como a un chino, se acuerde de que le costó tomar la decisión de mandar a este personaje a donde se merecía que le mandaran.
Y lo que espero es que ahora que por fin Bono El Intocable, Bono El Conciliador, Bono El Amigo de los Niños ha quedado al descubierto como lo que es, un falso y un mentiroso, el PP y Mariano Rajoy a la cabeza no dejen escapar esta presa, porque en el necesario ejercicio de limpieza de la vida pública española, Bono es una de esas manchas que hay que borra, a pesar de Gallardón, de Zaplana, de Molina y del pobre Nacho Uriarte, que es el único que defiende a Bono por una razón no espuria: Bono le defendió a él cuando lo del percance automovilístico. Lo cierto es que nadie ha acusado a Bono de nada, al menos por ahora –aunque tanto patrimonio hace sospechar razonablemente-, pero lo que hemos sabido y lo que parece que podemos saber es lo suficientemente grave como para exigir del presidente del Congreso públicas explicaciones, y del Fiscal una investigación. En ello debería estar ya el PP, y no por venganza del caso Gürtel, sino porque para eso está la oposición o, dicho de otro modo, para eso se les ha votado.http://www.elconfidencial.com/dos-palabras...p-20100417.html
Francisco Alegre
Apr 22 2010, 06:58 AM
CITA
¿El final de la cordura? FERNANDO SAVATER
EL PAÍS
Opinión
03-11-2008 Hace poco más de 20 años me encantaba leer a los inusuales psicólogos de la escuela californiana de Palo Alto y sobre todo a Paul Watzlawick. Los libritos de éste (que en España publicó la editorial Herder) son muy breves, desenfadados y casi humorísticos, pero siempre plantean ideas-iceberg, o sea que tienen mucho más cuerpo de lo que aparece en la superficie... a diferencia de las obras de tantos pomposos gurús aquejadas de la deficiencia opuesta.
Me gusta en particular uno de ellos, titulado Lo malo de lo bueno. En él denuncia la tendencia a dar a los problemas y los conflictos lo que llama "soluciones clarifinantes", es decir, soluciones que no sólo eliminan el problema sino también todo lo que está relacionado con él: "Algo así como dice el chiste conocido: la operación ha sido un éxito, el paciente ha muerto". El mecanismo de las soluciones clarifinantes suele consistir en aplicar doble dosis de un remedio para duplicar su eficacia, desconociendo que medir la dosis forma parte también del remedio mismo: una aspirina puede aliviar nuestra jaqueca, pero kilo y medio de aspirinas no nos librará para siempre de los dolores de cabeza, sino que nos producirá úlcera de estómago...
No diré que el libro de Watzlawick influyó en la transición española (al modo que los de Pettit inspiran hoy a nuestro primer mandatario) porque fue publicado más tarde, pero se diría que su prudente advertencia iluminó retroactivamente a los políticos y ciudadanos en aquel trance. Porque el comentado éxito de la transición estribó precisamente en renunciar a la aplicación contra viento y marea de una solución clarifinante a la dictadura: los remedios que tácita o explícitamente se convinieron tuvieron cuenta de la dosis y no se excedieron en ella, en contra de lo que algunos (entre los que, ay, debo incluirme) pedían con perentoriedad maximalista. Se procuró dar cauce a la ética de las consecuencias más que a la de los principios y se intentó alcanzar una forma institucional de justicia que renunciase a los ajusticiamientos. En líneas generales, fue toda una lección de cordura colectiva, algo inesperada desde luego en un pueblo que tiene como emblema literario la figura de un simpático orate. Hoy no faltan sabios sobrevenidos que nos recuerdan lo obvio, es decir, que pesó en aquella opción el miedo a poderes fácticos militares y civiles todavía vigentes. Cierto, sin duda, pero vamos a ver: esos grupos influyentes y temibles no venían del espacio exterior sino de la entraña misma de un país complejo y difícil de reconciliar. ¿Hubiera sido aconsejable azuzarlos en un sentido u otro hasta que pudieran desbocarse por instinto de conservación? Se optó prudentemente por cambiar el país, no por cambiar fieramente de país... y creo que se hizo bien.
A este criterio respondieron, con sus aciertos y errores, las medidas que se tomaron en los terrenos políticamente más escabrosos, como las nacionalidades, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el Ejército y las fuerzas de seguridad, la pluralidad sin restricciones de partidos o la condonación de responsabilidades por los desafueros cometidos durante la dictadura (incluidos los actos de subversión terrorista). Salieron de la cárcel los presos, volvieron los exiliados que así lo desearon, se repuso en sus cátedras a profesores represaliados, se modificó la legislación en cuestiones de buenas costumbres y orden público, etcétera. En cierta medida -probablemente insuficiente- se trataron de remediar los más señeros atropellos sociales y personales cometidos en el pasado inmediato. Por lo general, se actuó con cautela (aunque a muchos les pareció loca precipitación) pero es patente que se derrochó buena voluntad conciliadora: basta para comprobarlo releer hoy serenamente el texto constitucional, cuyos aspectos menos satisfactoriosse deben precisamente al esfuerzo por calmar resabios y dar cauce moderador al radicalismo, a fin de recabar complicidad con la democracia incluso de aquellos que -partidarios del antiguo régimen o antifranquistas- mayor rechazo mostraban ante ella.
Con todos los altibajos que se quiera y bajo la amenaza persistente del terrorismo y del golpismo (que funcionaron en más de una ocasión mancomunados), esta lección práctica de cordura institucional dio notables frutos de prosperidad y regeneración de nuestra vida en común. Sin embargo, en los últimos años (¿cuántos? ¿15, 10, 5?) parece haber llegado a una fase de agotamiento e involución. Por lo visto, la sensatez se ha vuelto ya decididamente aburrida y muchos vuelven a reclamar las soluciones clarifinantes que prudentemente se dejaron de lado en el periodo transicional.
Volvemos por donde solíamos. En el terreno de la política lingüística, por ejemplo, ya no basta con que se puedan utilizar todas las lenguas oficiales en el terreno educativo y social: en algunas autonomías es preciso excluir y obstaculizar cuanto se pueda a la lengua común del Estado, negando como ilusorio el derecho a ser educado en ella o utilizarla para relacionarse con la Administración autonómica. Quienes protestan ante esta malversación de una legalidad pluralista son considerados fascistas y xenófobos, herederos de la peor reacción o al menos crispadores con afán de sembrar la discordia. Por otra parte, ya no basta que las creencias y prácticas religiosas sean respetadas en su ámbito propio igual que también en sus manifestaciones públicas, aunque siempre a título privado. Ahora se nos exige como necesario que la Iglesia mantenga intactos todos sus privilegios teocráticos de la época pasada y que incluso pueda decidir qué tipo de valores cívicos deben ser enseñados en la escuela, so pena de sublevar a la feligresía clamando contra la persecución religiosa. Un retroceso, dos retrocesos, varios retrocesos...
El último y por el momento más notable, la apertura de un proceso penal por las fechorías del franquismo, elevadas en la requisitoria de Garzón a la categoría de crímenes contra la humanidad. Lo que en un comienzo fue el razonable intento de satisfacer a quienes buscan los restos de sus seres queridos ejecutados para darles digna sepultura, pasó luego a una especie de revival de la vieja discordia fratricida para imponer a posteriori la salomónica justicia que no se hizo en su día: no ya desenterrar los muertos de la Guerra Civil, sino desenterrar a la propia Guerra Civil para que ahora por fin ganen los buenos. ¡Por fin va a quedar claro, judicialmente claro, que lo de Franco fue una dictadura y por tanto un rosario de abusos, arbitrariedades y crímenes! Ya me parecía a mí...
Tengo el mayor respeto por Baltasar Garzón: seguro que se ha equivocado a veces, pero como se equivocan los que hacen algo más allá de la rutina frente a los que sólo se atienen a ella, que aciertan siempre. El balance de sus iniciativas a lo largo de los años creo que es fundamentalmente favorable a la democracia y a la justicia. En este caso, en mi opinión desbarra por completo. Desde luego, ignoro si la razón jurídica está de su lado o la tiene el fiscal Zaragoza: la triste experiencia de los últimos años me ha demostrado que hay iniciativas que carecen de sentido común pero tienen sentido legal. Lo que me asombra es que bastantes, pese a dudar mucho de la viabilidad jurídica del asunto (¿qué responsabilidades penales van a pedirse, y a quién, si el franquismo es declarado culpable? ¿guillotinaremos al Rey, establecido en el trono por el dictador?) y secretamente convencidos de que todo se quedará en agua de borrajas, traten de vendernos el encanto simbólico de todo este asunto. Pues no: precisamente en el plano simbólico es donde resulta más clara la majadería. No tiene pies ni cabeza tratar de zanjar un debate histórico con sentencias judiciales ni combatir a los historiadores falsarios desde un tribunal. Nos dicen que la derecha no reconoce sus vínculos genealógicos con el franquismo; bueno, ¿y la izquierda? ¿Aireamos de nuevo la lista de líderes políticos, catedráticos, periodistas, etcétera, con un pasado azul que tú bordaste en rojo ayer? Todos ellos fueron franquistas (o combatieron el franquismo "desde dentro", es decir, con cargos franquistas) en la época más dura del régimen: se fueron curando luego, qué cosas. Por no hablar de quienes heredan sus modos en la imposición lingüística (nuevas versiones autonómicas del "hable usted en cristiano" imperial) o sencillamente en el mangoneo de favores o de ostracismos desde cargos públicos, de tanta raigambre dictatorial.
Ahora veo derribar la cárcel de Carabanchel, en la que hace 40 años pasé una breve y no diré que feliz temporada. La despido sin tanta nostalgia como muestran por ella los que no la conocieron por dentro. Y así me gustaría ver irse también al olvido a los hunos y los otros, como diría don Miguel, a quienes no olvidan porque su memoria viene de la ideología y no de la experiencia. Son el peor cáncer de la España actual, la de la crisis, el paro y la hostilidad centrífuga.
Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.http://www.elpais.com/articulo/opinion/fin...elpepiopi_4/Tes CITA
Las sectas en pie de guerra FERNANDO SAVATER
EL PAÍS
Opinión
22-04-2010 Creo que no hay ejercicio más estéril que proclamar con lúgubre satisfacción ante un desastre: "Ya lo había dicho yo". Es puro narcisismo masoquista que no resuelve nada ni mejora a nadie, aunque quien lo cometa amplíe su currículum. Como me dispongo a incurrir en él, vayan por delante los golpes de pecho antes del pecado. Pero no he podido remediar, al leer el artículo de Patxo Unzueta (Sem-prún, las fosas de Katyn y Garzón, 15 de abril), acordarme del que publiqué en noviembre de 2008, titulado ¿El final de la cordura? Como Unzueta, yo también comenzaba citando a Paul Watzlawik y sus soluciones clarificantes, es decir, las que aplican tal dosis de remedio a los problemas que en lugar de curarlos provocan peligrosas hemorragias. Era la mía una reflexión sobre la iniciativa judicial de Garzón de reabrir no ya las fosas de asesinados por el franquismo, sino las responsabilidades del propio franquismo, pese a la Ley de Amnistía del 77, iniciativa desautorizada entonces por el fiscal Zaragoza.
Sin entrar en cuestiones legales, de las que poco sé, auguraba yo algunos males que podían escapar de la caja de Pandora así destapada. No se hicieron esperar y el más destacado de ellos -como bien señala Unzueta- fue otra de las ultrasoluciones denunciadas por Watzlawik: que el Supremo no se limitase a declarar improcedentes las actuaciones de Garzón sino que aceptase una querella contra él por prevaricación planteada por Falange. Es posible -así lo señalé en aquel artículo- que Garzón se equivocara o fuese demasiado lejos en su empeño por atender la justa petición de los allegados de las víctimas, que querían localizar los restos de sus deudos e inhumarlos debidamente. Pero de ahí a prevaricar supongo que hay mucho trecho, aunque al juez Varela no le haya parecido así. Baltasar Garzón, como dije entonces y repito ahora, es un estimulador incansable de una justicia que tiende demasiadas veces a esclerotizarse en un formalismo inerte. Quizá también la ley, como ciertos tónicos capilares, deba ser agitada antes de usarla para que surta el efecto requerido. Tanto en el ámbito nacional como -más polémicamente- en el internacional, Garzón ha sido ese agitador necesario y yo creo que beneficioso en la mayoría de los casos, aunque con errores y extralimitaciones ocasionales. Sólo se equivoca quien se atreve a actuar efectivamente, los pasivos y los rutinarios aciertan siempre... en su irrelevancia. Incluso esa "imaginación creativa" que Varela reprocha en su auto al magistrado no me parece en principio algo censurable, porque puede que precisamente sea la osadía de imaginar lo que falta a una justicia a la que a veces sentimos demasiado tímida o perezosa. Si toda imaginación sobra en los tribunales, bastaríacon una computadora bien programada para dictar las sentencias...
Pero, claro está, nada de lo dicho autoriza lo que ya no es imaginación sino pura y simple fantasía: o sea, convertir al juez Garzón en la última víctima del franquismo por haber intentado caballerosamente hacer justicia a las demás. Y, de paso, declarar que el Tribunal Supremo es un órgano judicial al servicio del fascismo o la reacción vengativa. La imaginación puede ser una función de la voluntad inteligente, pero este tipo de fantasías son sólo compensaciones masturbatorias de quienes no logran entender la realidad en que viven ni transformarla razonablemente. Malo será que nos quedemos sin el prestigio merecido de Garzón, pero tampoco parece bueno que lo pretendamos conservar a costa de cargarnos el de una de las instituciones más democráticamente necesarias del país... precisamente en el momento en que otras fuerzas no menos indeseables pretenden también inutilizar el Tribunal Constitucional.
Por lo demás, es dolorosamente probable que Garzón se haya ganado muchos enemigos a lo largo de su trayectoria y que haya resentimientos latentes en las acusaciones que hoy le afectan, pero... ¿es seguro que sean la venganza de los franquistas o de los afectados por el caso Gürtel?
El perfil político de los magistrados que le son menos favorables apunta a otro asunto conflictivo del pasado: el GAL. Sólo la franqueza a lo bruto de Rodríguez Ibarra ha recordado su supuesta "prevaricación" en ese caso, que tantos celebramos en su día. ¿No habrá algo de culatazo del GAL en las tribulaciones que hoy padece este magistrado y los falangistas son sólo la ocasión pintiparada de pasarle factura? En cualquier caso, parece prudente no enredarnos en juicios arriesgados de intenciones y esperar la decisión del alto tribunal, que personalmente deseo netamente absolutoria.
El caso es que el sectarismo hispánico se ha disparado a favor y en contra de Garzón con su habitual ferocidad inane, fiel a su empeño bifronte de conseguir un país invivible a partir de los despojos de un país en el que se había logrado convivir bastante bien. Desde luego, no creo que estemos al borde de reeditar el año 36 ni nada parecido, pero francamente: vaya lata que dan. El mayor misterio para mí es que c... colirios quieren los empeñados en pedir justicia histórica (¿?) para las víctimas del franquismo. Naturalmente, comprendo muy bien que quienes tienen un familiar asesinado aspiren a encontrar sus restos y enterrarlos con toda la decencia y el respeto debidos. Así se les prometió, además, aunque, como otras promesas gubernamentales, una vez cumplida su función electoralista se ha diluido en trabas burocráticas. Es un mérito de Garzón, por lo menos, haberse tomado en serio ese asunto. Pero no sé qué más se puede conseguir en el terreno de la reparación moral. Quizá hace 30 años hubiera tenido cierto sentido perseguir a los beneficiarios de la dictadura, pero a nadie -repito, a nadie con un mínimo de mando en plaza o responsabilidad- le pareció buena idea entonces: de ahí la Ley de Amnistía del 77. En las necrológicas del presidente polaco Kaczynski suele mencionarse con poco aprecio su iniciativa de una Ley de Memoria Nacional para descubrir y denunciar a quienes habían colaborado con el régimen comunista. Y eso que la mayoría están aún vivitos y coleando, amén de ocupando en bastantes casos cargos lucrativos. Pero se arguye, creo que con razón, que tal empeño justiciero dividía y enfrentaba al país, obstaculizando su futuro sin resolver su pasado. ¿Acaso alguien quiere un empeño parecido a estas alturas en España?
Confieso que la noción de "crímenes contra la humanidad" me resulta más religiosa o metafísica que jurídica: todos los crímenes lo son contra humanos, personales y concretos, no contra conceptos abstractos por edificantes que sean. En la Guerra Civil española se cometieron innumerables asesinatos contra seres humanos de una u otra ideología. Se dice que los que murieron por culpa de desmanes en la zona republicana fueron ensalzados durante toda la dictadura, mientras que los otros aún esperan reparación. Hombre, vamos a ver: no me parece que en las últimas tres décadas el franquismo haya gozado en ninguna parte de buena prensa ni sus víctimas sean denostadas o vilipendiadas por nadie como merecidamente castigadas. Ni en los medios de comunicación, ni en la escuela, ni en las tribunas políticas ni en ninguna parte. Es obvio que hoy ser falangista tiene bastante peor reputación que ser comunista, aunque puedan sustentarse históricamente reproches contra ambas ideologías.
De Franco y sus desmanes se ha dicho cuanto debía decirse y no ha sido bueno. Puede que haya nostálgicos atascados en el pasado, pero eso ocurre en todos los bandos. No es decente apelar a sentimientos agraviados, por ejemplo, de exiliados o herederos de exiliados en América que mantienen aún su demanda infinita contra una España que nunca habría llegado a la democracia actual sin renunciar a un ajuste de cuentas absoluto: haber padecido crímenes ayer y arteriosclerosis hoy no mejora la lucidez política de nadie.
Cuando discutíamos, José Bergamín solía decirme: "Desengáñate, la única solución es otra guerra civil y que esta vez ganen los buenos". Tras haber conocido la dictadura de los malos y ahora ver de cerca los modales de los buenos, prefiero que las cosas sigan como están.http://www.elpais.com/articulo/opinion/sec...elpepiopi_4/Tes
Julian Navascues
Apr 22 2010, 02:39 PM
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).
Auto de 14 mayo 2002
RJ\2002\6843
PREVARICACION: Concepto genérico en ambas especies delictivas, dolosa y culposa, y requisitos jurisprudenciales; dificultad dogmática de individualizar responsabilidades en las resoluciones dictadas por los órganos colegiados; Cualquier otra sentencia o resolución injusta: Requisitos subjetivo y objetivo; Inexistencia: Auto acordando la libertad provisional de acusado por tráfico de drogas a gran escala, días antes al señalamiento de la celebración del juicio oral y que se da a la fuga; Análisis de dicha resolución en función del riesgo de suicidio puesto de manifiesto por un informe médico oficial psiquiátrico y de las medidas cautelares acordadas para evitar el riesgo de fuga; Aun cuando, a título indiciario, concurre el elemento objetivo, a saber, la injusticia de la resolución, no se ha probado el elemento subjetivo, a saber, el dolo: no existe ningún elemento para deducir la voluntariedad de sus autores en dicha decisión: no hay móvil sostenible y la investigación patrimonial exhaustiva de los jueces que forman el tribunal, ha descartado cualquier clase de lucro económico; Sentencia o resolución manifiestamente injusta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable: Concepto y requisitos jurisprudenciales; La responsabilidad penal queda reservada, como en todos los ámbitos profesionales, para depurar los comportamientos más graves: la jurisprudencia interpreta restrictivamente el art. 447 CP/1995 en función de las características del tipo y del principio de proporcionalidad; Inexistencia: medidas cautelares insuficientes para eludir el riesgo de fuga impuestas al acordar libertad provisional: ausencia de manifiesta injusticia de la resolución que requiere una patente y clamorosa conculcación del ordenamiento jurídico: fueron insuficientes pero no inexistentes e incluso, en algunos aspectos, no obligadas por la ley.
Jurisdicción: Penal
Causa Especial núm. 4/2002
Ponente: Excmo Sr. julián sánchez melgar
El magistrado instructor Excmo. Sr. don Julián Sánchez Melgar declara no haber lugar a dictar auto de procesamiento de los querellados Ilmos. Sres. magistrados don Carlos C., don Juan José L. y don Carlos B., de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como presuntos autores de un delito de prevaricación judicial, acordándose la conclusión del sumario, con remisión de lo actuado ante la Sala Segunda de lo Penal del TS.
En la Villa de Madrid, a catorce de mayo de dos mil dos.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
1. El Ministerio fiscal interpuso querella criminal, al amparo de lo previsto en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal frente a los Ilmos. Sres. D. Carlos C. G., D. Juan José L. O. y D. Carlos O. B., , Magistrados de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como presuntos autores de un delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 446.3 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , solicitando se dictara Auto de procesamiento. A lo largo de la instrucción de esa causa, ha reiterado esta petición (escrito de 22-2-2002).
2. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante Auto de 17 de enero de 2002, admitió a trámite la mencionada querella, amplió el ámbito de la investigación al delito de prevaricación culposa (art. 4447 CP), designó Magistrado Instructor a quien dicta esta resolución judicial y ordenó que se tramitara el procedimiento conforme a lo previsto en los arts. 299 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) que se ha personado en la causa como acusación popular, ha solicitado se dicte Auto de procesamiento «por estar ante un posible delito de prevaricación culposa (art. 447 del CP) respecto de los tres Magistrados imputados en esta causa».
4. Cada una de las representaciones procesales de los tres Magistrados imputados ha pedido el libre
sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.
SEGUNDO
De lo actuado se declaran los siguientes elementos fácticos a título indiciario:
1. Con relación a los antecedentes procesales de la puesta en libertad provisional de Carlos R. S.:
a) Mediante Auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, de fecha 9-7-1999 se decretó su prisión incondicional, que fue recurrida en reforma por su defensor el 12-7-1999; por Auto de fecha 21-7-1999 se desestima dicho recurso de reforma.
b.) Con fecha 29-2-2000, el mencionado Juzgado de Instrucción decreta el procesamiento de Carlos R. S. por delito continuado contra la salud pública en la modalidad de sustancias estupefacientes que causan grave daño para la salud, de los arts. 368, 369.3 y 6 y 370, en relación con el 74, todos ellos del Código Penal, ratificando su prisión provisional incondicional. En dicho Auto se expone que mencionado procesado es la persona que se encarga de controlar la cocaína desde su salida en origen hasta su entrada en España, en unión de Mario E.
c) Meses después, el 2-10-2000, se solicita por la defensa su libertad provisional, ofreciéndose como garantías: presentación diaria ante la autoridad judicial; oficio a la Embajada correspondiente para que no se expida nuevo pasaporte; oficio a la DG de la Guardia Civil (fronteras) para impedir la salida de territorio nacional; fianza metálica, «en la cantidad que razonablemente establezca este Juzgado». Previo informe del Ministerio fiscal en el que se alega un evidente «alto riesgo a que se sustraiga a la acción de la Justicia» (17-10-2000), se dicta Auto de 30-10-2000 por el que se deniega tal petición (invocándose, entre otras razones, «el peligro de eludir la acción de la justicia»). Consta escrito de 6-11-2000, por el que se interpone recurso de reforma, que es desestimado mediante Auto 29-11-2000, reproduciéndose sus argumentos jurídicos.
d) Con fecha 6-7-2001, dicta Auto la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras la celebración de la audiencia prevista en el art. 504, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del cual se prorroga la prisión provisional de Carlos R. S. hasta el día 8 de julio de 2003.
e) Mediante escrito que lleva por fecha 28-7-2001, se interpone recurso de súplica frente a la decisión anterior, alegándose falta de individualización respecto a las consideraciones personales de Carlos R. S., que son de nuevo puestas de manifiesto por su defensa (arraigo familiar y precontrato de trabajo). La Sección IV de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por Auto de fecha 14-9-2001, desestima el recurso de súplica.
f) El día 21-9-2001 la defensa de Carlos R. S. vuelve a pedir la libertad provisional de su defendido, «sin perjuicio de que se asegure su presencia en el acto del juicio oral con todas aquellas medidas cautelares que se consideren convenientes o necesarias por este Juzgado» (refiriéndose sin duda a mencionada Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), ofreciéndose las garantías que haya hemos expuesto anteriormente (letra c). Carlos R. S. había ya contraído matrimonio el día 14-9-2001 con doña Mónica A. A. Por Auto de fecha 2-10-2001, se desestima la petición.
g) Mediante escrito de 3-10-2001, la defensa pone en conocimiento de la Sección mencionada que: «mi patrocinado se encuentra sometido a tratamiento psiquiátrico desde hace varios meses por graves depresiones, que no remiten, «por lo que se solicita de la Sala dirija oficio al Centro Penitenciario Madrid-III pidiendo «informe detallado sobre diagnóstico, pronóstico, alternativas de tratamiento y riesgos, respecto a mi patrocinado don Carlos R. S.». Antes de proveer la Sala este escrito, la defensa articula petición el día 24-10-2001 de libertad provisional. Por providencia de Sala de 29-10-2001, se acuerda librar el oficio interesado al Centro Penitenciario e informe al Ministerio fiscal, antes de resolver. Este último, de fecha 31-10-2001 es del siguiente tenor: «no habiendo variado las circunstancias tenidas en cuenta para la prolongación de la medida cautelar acordada, antes al contrario, declarado abierto por esa Ilustre Sala el juicio oral y ya en el trámite de calificación se objetivan más si cabe los motivos para estimar que Carlos R. S., máximo responsable en España del grupo, pretenda eludir la acción de la justicia que es precisamente el fin que constitucionalmente legitima la prisión provisional acordada y prorrogada».
h) Dicta entonces dicha Sección el Auto de fecha 14-11-2001, por medio del cual se rechaza la petición de libertad provisional, con estos razonamientos jurídicos: «como subsiste un importante riesgo de fuga, dadas las razones ya dadas en resoluciones anteriores, especialmente en el auto desestimatorio de la súplica contra el de prórroga, de 14 de septiembre último, debe rechazarse la petición de libertad formulada».
i) Ante dicha resolución judicial, la defensa interpone recurso de súplica, con fecha 20-11-2001, solicitando de nuevo el informe psiquiátrico al Centro Penitenciario.
2. Con relación a la puesta en libertad provisional de Carlos R. S.:
a) Habiéndose dado traslado al Ministerio fiscal, interesa la desestimación del recurso de súplica, toda vez que el «fin que constitucionalmente legitima la medida cautelar (prisión provisional) acordada no es otro que el de conjurar el más que evidente riesgo de fuga» (23-11-2001).
b.) Recibido informe psiquiátrico procedente del Centro Penitenciario Madrid-III, en él se expone, tras ser diagnosticado Carlos R. S. de una enfermedad mental denominada trastorno bipolar (también llamada psicosis maníaco depresiva), el siguiente pronóstico: «con tratamiento la evolución es generalmente buena, pero la situación de encarcelamiento va a tener un efecto negativo en la evolución de la enfermedad bipolar con constantes recaídas y graves consecuencias familiares y sociales, ya de por sí es proclive a la inestabilidad emocional, y el tratamiento fomentando las tendencias de autoaislamiento y desesperanzas propias del depresivo y la ausencia de apoyo efectivo y con estrés por fracaso adaptativo, siendo incapaz de reducir con sus propios recursos de activación biológica y emocional que produce la interacción con el entorno incierto, produciéndole una desorganización de su vida psíquica. Cada recaída hace al individuo más vulnerable al estrés de forma que puede llegar a presentar ciclaciones rápidas, que es la sucesión de depresión o fase maníaca. De modo que los mecanismos biológicos reguladores del estado de ánimo, parecen entrar en oscilación permanente, que lleva a la persona a perder el punto de referencia de su estado anímico habitual, pérdida percibida de control. Recomendamos un tratamiento ambulatorio dada la relación de estrés actual y vulnerabilidad para prevenir nuevas crisis, para impedir las principales complicaciones de la enfermedad, la más grave de todas: el suicidio». Firmado, el psiquiatra oficial, a 21-11-2001 (recibido por fax: 28-11-2001).
c) Constando ya en autos ese dictamen, la Sala dicta providencia dando traslado al Ministerio fiscal «por si considerase oportuno ampliar el informe sobre el recurso a la vista del informe médico» (29-11-2001). El Ministerio Fiscal dice: «queda instruido en todos sus términos manteniendo nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2001» (3-12-2001, con entrada en la Audiencia Nacional el 4-12-2001).
d) Tras darse traslado del informe médico a la defensa (por providencia 4-12-2001), la causa se encontraba en condiciones de ser deliberada y fallada.
e) Antes de ser deliberada, el Magistrado Ponente recibió en su despacho al Letrado don Gustavo L.-M. L., y durante una breve estancia, éste le puso de manifiesto el riesgo que corría su patrocinado a causa de la enfermedad que padecía. Igualmente, a finales de noviembre, el Ponente recibió en su despacho a la esposa de Carlos R. S., Mónica A. A., «para pedirle la libertad provisional de su marido» (folio 1300).
f) Para su deliberación, se emplearon dos sesiones entre los magistrados integrantes de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: la primera, sobre el 10 de diciembre y la segunda el 17 ó 18 de diciembre de 2001. En la primera, se dio cuenta por el señor Ponente acerca de la existencia y contenido del informe psiquiátrico y los otros dos magistrados, Sres. López Ortega y Ollero Butler, le pidieron que se confirmase el meritado informe a través de un médico forense.
g) Días más tarde (13 ó 14 de diciembre), en el despacho del Ponente (y Presidente de la Sección), se mantuvo una breve conversación con don José María A. L., médico forense adscrito a la Audiencia Nacional, de apenas cinco minutos de duración, en la que tras mostrársele el informe psiquiátrico, dicho doctor confirmó la gravedad de la enfermedad del preso preventivo.
h) La segunda sesión de la deliberación se produjo el 17 ó 18 de diciembre de 2001. No existe constancia expresa de su duración, pero fue breve. El resultado de la deliberación fue acordar por unanimidad la concesión de tal libertad provisional, pero se trataron muy superficialmente las medidas cautelares subsiguientes, de modo que tanto la cuantía de la fianza, como el resto de cautelas que se decretaron fueron consignadas por el Ponente, a su propia iniciativa; únicamente se le insistió en controlar de alguna forma el tratamiento ambulatorio, quedando los tres magistrados en que se traduciría al constituir los «apud acta». Dicho Magistrado tampoco propuso que el informe médico de contraste al psiquiátrico obrante en autos, fuera incorporado procesalmente a la pieza de situación, en forma legalmente prevista como nuevo informe pericial, sino que se limitó a aceptar realizar una consulta particular sobre su alcance, que efectuó con uno de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, sin constancia documental alguna.
i) El día 21-12-2001 se dicta Auto, bajo la Presidencia y Ponencia del Ilmo. Sr. D. Carlos C. G. en la que, estimando el recurso de súplica, se decreta la libertad provisional de Carlos R. S. siempre que preste fianza por importe de cinco millones de pesetas y preste obligación «apud acta» de presentarse los días uno y quince de cada mes ante la Audiencia Nacional, así como cuando fuere llamado, y en particular, el próximo día 14 de enero de 2002, fecha de inicio de las sesiones del juicio oral. Con estas medidas cautelares: 1) al efectuar las presentaciones el procesado deberá justificar estar recibiendo tratamiento ambulatorio; 2) el procesado fijará domicilio y se comprometerá a comunicar cualquier cambio de domicilio que hiciere; 3) se establece la prohibición expresa de que Carlos R. S. abandone el territorio nacional sin autorización del Tribunal, debiendo quedar su pasaporte depositado en este órgano judicial. Contra este auto –se exponía– no cabe recurso alguno.
j) La fundamentación jurídica del mismo fue la siguiente: «a la vista del estado de salud del procesado constituido en prisión Carlos R. S., que padece trastorno bipolar –produciendo el encarcelamiento un efecto negativo en la evolución de la enfermedad–, según resulta del informe emitido por el Psiquiatra del Centro Penitenciario donde se encuentra el procesado, se estima procedente decretar la libertad provisional del mismo con constitución de fianza, y otras cautelas como presentaciones, retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el domicilio familiar (sic) y justificación de hallarse sometido a tratamiento ambulatorio, atendiendo, de una parte, a consideraciones humanitarias y, de otra, a que la enfermedad aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga». Este Auto fue firmado el mismo día por los tres magistrados indicados.
k) No hay constancia del día exacto en que se produjo la notificación de dicho Auto al Ministerio fiscal, al existir dos diligencias de notificación del mismo: en la primera, sin certificación alguna, aparece un fechador de la Fiscalía: 4-12-2001 (sic); en la segunda, con fecha 24-12-2001, tampoco certificada por nadie, sin embargo, ésta última aparece firmada por el receptor. El Ministerio fiscal solicitó el 26-12-2001 la comparecencia prevista en el art. 504 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al objeto de interesar la agravación de las medidas cautelares, «al tiempo que interesamos que por dos médicos-forenses se emita informe sobre la situación clínica de R. S. y su tratamiento, y así se establezca un control por la Sala a través de centro oficial adecuado de la evolución de la enfermedad».
l) El día 21-12-2001 se expide exhorto al Juzgado de Instrucción de guardia de Valdemoro (Madrid), firmado por el Ilmo. Sr. D. Carlos Cezón González, en que tras la notificación del Auto de 21-12-2001, se consigna: «se libre el oportuno mandamiento de libertad» de Carlos R. S., con las cautelas anteriormente decretadas. El Juzgado de Valdemoro, no obstante, interpretó correctamente el sentido del exhorto, y no puso en libertad al mismo, pese a su literalidad.
m) Al día siguiente, se presta la fianza por doña Esther M. M. Bajo esa eventualidad, el Ilmo. Sr. D. Carlos Cezón González había dejado firmado un exhorto en blanco, dictándose un Auto con fecha 22-12-2001, declarándose bastante la fianza prestada y ordenándose la libertad, mediante nuevo exhorto de igual fecha, siendo puesto en libertad Carlos R. S. ese día por la tarde.
n) El día 26-12-2001 la Sala acuerda, ante la petición de comparecencia formulada por el Ministerio fiscal, «su inmediata detención y puesta a disposición de este Tribunal». Ese mismo día se pierde la pista de Carlos R. S., dándose a la fuga, sin que haya sido localizado hasta el momento.
o) El Ministerio fiscal, en su escrito de acusación, consideraba a Carlos R. S. como uno de los responsables de una organización internacional dedicada al narcotráfico, habiéndose intervenido en el curso de la causa más de 10.000 kg de cocaína y 208 kg de heroína, interesándole un total de sesenta años de prisión y multa de 69.000 millones de pesetas. Se trataba del sumario 15/1999 instruido por el Juzgado Central núm. 5 de la Audiencia Nacional y rollo de Sala 24/1999 de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
1. El delito de prevaricación del art. 446 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) se comete por el juez que dictare, a sabiendas, sentencia o resolución injusta. En su forma dolosa (art. 446) la ley no requiere, como en el caso de la imprudente, que la injusticia de la resolución sea «manifiesta», pero se exige que el juez haya obrado «a sabiendas». El art. 447 del Código Penal tipifica la prevaricación culposa, que comete el juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta.
Habiendo sido admitida la querella interpuesta por el Ministerio fiscal, al amparo de lo prevenido en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( ) , frente a los Ilmos. Sres. D. Carlos Cezón González, D. Juan José López Ortega y D. Carlos Ollero Butler, Magistrados de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por ambos delitos, según determinación de la Sala de Admisión, debemos analizar si los hechos que indiciariamente hemos dejado expuestos más arriba cumplen las exigencias de ambos tipos penales, de forma igualmente presuntiva.
SEGUNDO
Con relación al genérico delito de prevaricación, en ambas especies delictivas, la Sentencia de esta Sala de 15 de octubre de 1999 ( RJ 1999, 7176) , ya declaró que este delito «no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso», sino la vulneración del Estado de Derecho, pues requiere que la resolución judicial pueda ser considerada como un grave apartamiento del derecho, esto es, consiste «en el abuso de la posición que el derecho otorga al juez, con evidente quebranto de sus deberes constitucionales». En este sentido, la jurisprudencia ha subrayado que una sentencia o resolución injusta no sólo debe ser antijurídica, sino que debe ser demostrativa de tal grado en el apartamiento de la función que corresponde a su autor en el Estado de Derecho (art. 117.1 CE [ RCL 1978, 2836; ApNDL 2875] ), que se ha recurrido a efecto de su calificación a adjetivaciones de la antijuridicidad tales como «flagrante y clamorosa», «clara y manifiestamente contraria a la ley», «esperpéntica», «grosera», «que pueda ser apreciada por un lego», etc. Desde este punto de vista, «es evidente que la injusticia objetiva de la resolución no puede ser eliminada recurriendo a la subjetividad del autor, dado que el Juez debe aplicar el derecho y no obrar según su propia idea de justicia» (STS 15-10-1999, citada), añadiéndose en la misma que aunque «es cierto que el derecho no es una ciencia exacta, cualquiera que sea el significado que en el estado actual de la metodología jurídica se quiera dar a estas expresiones, “lo que no se puede es deducir” que cualquier acto de un Juez es adecuado a derecho, pues ello implicaría reconocer que la única ley del Estado es la voluntad o la convicción de los Jueces», por eso la jurisprudencia ha excluido el delito de prevaricación para el caso de aplicaciones del derecho basadas «en algún modo razonable de interpretar los hechos y la norma jurídica» ( STS 1/1996 [ RJ 1996, 5426] ). Estas consideraciones son asumidas igualmente por la STS de 11-12-2001 ( RJ 2002, 1792) , en donde se lee: «la conciencia del juez, no puede erigirse en tribunal de la conciencia de la ley, porque ello conduce en definitiva a convertir la voluntad del juez en decisión para resolver el conflicto», por lo que «por resolución injusta, habrá de estimarse aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de interpretación razonable, siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad».
Terminaremos estas consideraciones generales sobre el delito de prevaricación judicial señalando la dificultad dogmática de individualizar conductas en el ámbito de su comisión, cuando la decisión injusta procede de un órgano colegiado, pues todos sus integrantes son copartícipes de la resolución, pudiendo los Magistrados examinar los Autos en cualquier tiempo (art. 251.2 LOPJ [ RCL 1985, 1578, 2635; ApNDL 8375] ).
TERCERO
Analicemos ahora, a la vista de esa doctrina jurisprudencial, la concurrencia, a título indiciario, de tales requisitos con relación al delito de prevaricación judicial, en su modalidad dolosa.
El delito de prevaricación dolosa (art. 446 CP) requiere, como es conocido, la concurrencia de dos requisitos: un objetivo, constituido por la injusticia de la resolución dictada, y otro subjetivo, que es el dolo, bajo la expresión legal «a sabiendas».
Por resolución injusta hemos de comprender aquella que es contraria al ordenamiento jurídico, pero con un plus de antijuridicidad que caracteriza al delito, de modo que su conculcación sea palmaria, evidente, clamorosa, grosera, y en definitiva, pueda ser apreciable por cualquiera.
Para resolver, conforme a los elementos fácticos indiciarios, este primer requisito, ha de desdoblarse la resolución presuntamente prevaricadora, Auto de 21-12-2001 dictado por la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en dos partes, perfectamente individualizadas: el estudio sobre la procedencia de la libertad provisional que fue concedida a Carlos R. S. por el riesgo de suicidio que se ponía de manifiesto a través del informe del médico psiquiatra (oficial) del Centro Penitenciario, y el pronunciamiento posterior, una vez decidido (por considerarse procedente) tal libertad provisional, esto es, las medidas cautelares subsiguientes que garantizasen la asistencia del procesado al acto del juicio oral, o dicho de otra manera, las correspondientes para evitar que aquél pudiera eludir la acción de la Justicia, a la que estaba sometido para su enjuiciamiento, en virtud del acto formal de imputación del cual era sujeto pasivo.
Desde aquella primera perspectiva, la decisión no puede considerarse objetivamente injusta, por más que pueda ser discutible, dentro los parámetros que la jurisprudencia exige, y a los que anteriormente nos hemos referido para la existencia del delito: pues injusta sólo puede ser aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable, siendo en definitiva exponente de una clara arbitrariedad o irracionalidad, como hemos dejado anotado más arriba. En este sentido, la decisión de acordar la libertad provisional del presunto narcotraficante huido a causa del padecimiento de una enfermedad que le suponía un riesgo de suicidio, podrá no ser compartido, si se quiere, pero no es una decisión palmariamente injusta. En palabras de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se fundamentó la decisión: «a la vista del estado de salud del procesado constituido en prisión Carlos R. S., que padece trastorno bipolar –produciendo el encarcelamiento un efecto negativo en la evolución de la enfermedad–, según resulta del informe emitido por el Psiquiatra del Centro Penitenciario donde se encuentra el procesado», por lo que «se estima procedente decretar la libertad provisional del mismo». Ciertamente, debió motivarse mucho más ampliamente esta resolución, fundamentalmente teniendo en cuenta el «riesgo de fuga de especial entidad» que concurría en el mismo, como había razonado el propio Ponente (autor de su redacción) en multitud de ocasiones anteriores, pero la Sala basó su decisión en un informe médico, de características psiquiátricas, oficial, que evidenciaba un alto grado de probabilidad de suicidio («recomendamos –decía– un tratamiento ambulatorio dada la relación de estrés actual y vulnerabilidad para prevenir nuevas crisis, para impedir las principales complicaciones de la enfermedad, la más grave de todas: el suicidio»), por lo que, en este apartado, la Sala actuó con el soporte técnico que le proporcionaba, a su vez, cobertura a la decisión que adoptó respecto a decretar la libertad provisional de Carlos R. S., aun cuando no se contrastara, como debió hacerse, tal dictamen médico con otra prueba pericial médica, dando oportunidad a las partes (en este caso, al Ministerio fiscal) para poder probar, y en su caso, argumentar, la errónea decisión de la que inmediatamente se quejó, solicitando una nueva comparecencia con la finalidad de agravar las medidas subsiguientes adoptadas, a modo de cautelas, por apreciar, a su juicio, la insuficiencia las mismas. Pero también –es cierto– bien pudo solicitar el Ministerio fiscal dicha prueba pericial de contraste sobre las características de la enfermedad que padecía el preso preventivo cuando se le dio traslado del informe, y, sin embargo, no lo hizo, limitándose a reiterar sus argumentos anteriores, sin ninguna mención específica a las características de la enfermedad que padecía dicho preso preventivo y que aparecían «ex novo» en la causa. Es por otra parte evidente que las enfermedades psiquiátricas muy graves, aconsejan más bien el internamiento del enfermo (que no su excarcelación) para evitar el riesgo de suicidio, sometiéndole al oportuno tratamiento y control facultativo, y que tal modo de proceder es perfectamente posible realizarlo en el seno de instituciones penitenciarias o en hospital adscrito, pero, sea como fuera, la Sala contaba con el informe de un médico psiquiatra que recomendada un tratamiento ambulatorio, el cual se interpretó «externo» a la cárcel, y tal decisión judicial no puede ser calificada como de «esperpéntica», o clamorosamente injusta, y contó además con el apoyo de una «opinión» médica de contraste, que confirmó el diagnóstico, la cual había sido obtenida de forma poco ortodoxa, pues no se daba intervención alguna a las partes, y ni siquiera fue expuesta ante los tres magistrados integrantes de la Sección, sino únicamente ante el Ponente, en un brevísimo espacio de tiempo, de unos cinco minutos, durante los cuales «el forense leyó el informe y evacuó el suyo propio» (declaración sumarial del Ilmo. Sr. D. Carlos Cezón González). Por estas consideraciones, no puede ser calificada dicho apartado de la resolución, ni siquiera a título indiciario, como clamorosamente injusta, ni que desbordase los límites de la legalidad en cuyo marco se produjo tal resolución judicial. El juicio sobre su razonabilidad es obvio debe producirse «ex ante» y nunca «ex post».
Tampoco podemos olvidar, finalmente, que el informe pericial psiquiátrico estuvo, igualmente a título indiciario, muy mediatizado por una actuación presuntamente irregular del funcionario especialista en psiquiatría que lo suscribió, ensanchando (a dicho título) los márgenes de la enfermedad y poniendo de manifiesto unas características que probablemente no se correspondían con la realidad. Los magistrados fueron deficientemente asesorados del verdadero alcance de la enfermedad, dando por supuesto el contenido del informe. De modo que en el segundo apartado de expresada resolución se minimizaron las medidas cautelares, bajo el prisma de una grave incidencia de aquélla en los resortes mentales del preso preventivo, al punto de llegar a declarar –ciertamente sin ningún fundamento, como ha sostenido con toda razón el Ministerio Fiscal– que tal patología neutralizaría el riesgo de fuga. En efecto, el médico forense, «sólo le expuso al Presidente que en su opinión era una situación grave, nada más» (folio 1017), pues «la frase (la enfermedad aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga) no es suya» (folio 1019).
Analizaremos ahora dicha resolución, desde la segunda perspectiva anunciada: las medidas cautelares subsiguientes a la concesión de libertad provisional, para calificar su adecuación al ordenamiento jurídico o su injusticia (en el sentido de desacierto, o error judicial). En efecto, una decisión de libertad provisional, no termina ahí: la Ley de Enjuiciamiento Criminal disciplina en los artículos 528 y siguientes la imposición de medidas cautelares subsiguientes a la concesión de la libertad provisional (con o sin fianza), teniendo en cuenta todas las circunstancias «que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la Autoridad judicial» (art. 531), en especial la cantidad y calidad de la fianza, la constitución de la obligación «apud acta» de comparecer ante el Tribunal en los días que le fueren señalados en el auto respectivo (art. 530) e incluso la valoración de la concurrencia de «riesgo de fuga», para agravar, en su correspondencia, «las condiciones de la libertad provisional» (art. 539).
Es en este segundo apartado de la resolución judicial (Auto de 21-12-2001) donde quiebra con el ordenamiento jurídico, debiendo ser calificada, a título indiciario, como «injusta». Tiene, pues, razón el Ministerio Fiscal en este particular, y la querella interpuesta era una consecuencia razonable ante la objetividad de la resolución, y requería una investigación sumarial que esclareciese todos los pormenores de su gestación y decisión, pudiendo, en suma, comprobarse los demás elementos concurrentes definitorios del delito de prevaricación judicial, particularmente su modulación subjetiva (dolo) conforme a la calificación con que fue presentada ante este Tribunal Supremo. Así lo entendió también la Sala de Admisión, en su Auto de 17 de enero de 2002, dejó a resultas de que «se comprobaran los demás extremos exigidos en los arts. 446,3 ó 447 CP, dado que, por una parte, es una resolución idónea para ser objeto de las acciones que en dichas disposiciones se describen y, por otra, su justificación procesal ha sido puesta en duda por el Ministerio fiscal, que considera que la libertad provisional fue acordada pese al peligro de fuga del mencionado procesado (Carlos R. S.)».
Veamos los elementos jurídicos de donde se deduce la injusticia de la decisión, en conexión con su desajuste con el ordenamiento jurídico y que determinan la desatención de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En primer lugar, la cuantía de la fianza fue muy exigua para tratar de contener el riesgo de fuga que el Ponente había expuesto en multitud de ocasiones concurría con «especial entidad» en Carlos R. S., infringiendo lo dispuesto en el art. 531 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «para determinar la calidad y cantidad de la fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la Autoridad judicial».
El Ministerio fiscal en su escrito de querella únicamente se refiere a esta conculcación: «la fianza exigida, en todo caso, “claramente exigua”, lo que facilitaba aún más la previsible, y lógicamente esperada, fuga» (pg. 8.).
Tiene, pues, razón el Ministerio público, ya que: a) en cuanto a la naturaleza del delito, baste aquí con recordar que el Ministerio fiscal, en su escrito de acusación, consideraba a Carlos R. S. como uno de los responsables de una organización internacional dedicada al narcotráfico, habiéndose intervenido en el curso de la causa más de 10.000 kg de cocaína y 208 kg de heroína, interesándole un total de sesenta años de prisión y multa de 69.000 millones de pesetas. Es, pues, uno de los delitos más graves tipificados en el Código Penal; b.) con relación al «estado social», si lo interpretamos en clave de «preocupación de la sociedad», el delito imputado al procesado es de los que causan indiscutiblemente inquietud en el tejido social por sus graves consecuencias y repercusiones negativas, particularmente entre la juventud; por el contrario, si dicho «estado social» califica al procesado y se une a sus antecedentes, su propio Ponente, en Auto de fecha 6-7-2001, constando ya en la causa certificado de convivencia y tramitación de matrimonio civil del procesado con española, el estado de embarazo de ésta, un precontrato de trabajo para dicho procesado y licencia fiscal de la empresa oferente, entre otros documentos, razona la inexistencia de arraigo en España («sin arraigo efectivo», dijo), a pesar de la documentación aportada, incumpliéndose de esta manera el aludido requisito («estado social y antecedentes del procesado»), que la ley ordena ponderar en la citada norma procesal; c) con relación al siguiente (las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés del procesado para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial), todas ellas (es decir, las demás circunstancias) coincidían en poner de manifiesto un riesgo de fuga de especial entidad; y esta apreciación, no es un juicio de valor externo, es de la propia consideración de la Sección, que lo había razonado con anterioridad en los diversos avatares procesales de la causa; d) finalmente, en cuanto a la «cantidad» de la fianza, la suma de cinco millones de pesetas era ciertamente muy exigua para contener ese potencial riesgo de fuga, tantas veces expuesto por la Sección IV, a la vista de su « potencial económico», perfectamente comprensible en un procesado de las características de Carlos R. S., pues es notorio que el negocio de la droga maneja ingentes cantidades de dinero que se mueven en el seno de las organizaciones internacionales del narcotráfico, percepción por otro lado al alcance de cualquiera, y como no podía ser menos para dicha Sala, que así lo había declarado con anterioridad (Auto 14-9-2001): «cabe inferir muy razonablemente un importante interés en eludir la celebración del juicio, riesgo potenciado por la presunta pertenencia a una organización con ramificaciones internacionales y posibilidades económicas»); recuérdese a estos efectos indiciarios, que Carlos R. S. (ha podido saberse como consecuencia de esta instrucción sumarial) contaba con cinco despachos de abogados distintos encargados de su defensa, a los que pagaba muy elevadas sumas por su asistencia jurídica.
De lo anterior se deduce, pues, infracción del art. 531 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En segundo lugar, no se ha interpretado correctamente el art. 530 de la propia Ley. Dispone dicho precepto que el procesado «constituirá “apud acta” obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo». El auto 21-12-2001, decreta que se constituya los días uno y quince de cada mes, cuando la misma defensa del procesado había solicitado, para garantizar su presencia en el acto del juicio oral, y evitar que pudiera sustraerse a la acción de la Justicia, la presentación incluso diaria ante la autoridad judicial que se designare. De todos modos, no se desconoció la obligación legal de constituir tales presentaciones, sino que fueron insuficientes, pero no inexistentes en el caso.
Por último, tampoco se tuvo en cuenta la inminencia de la celebración del juicio oral, dato de importancia tanto para la propia decisión de conceder la libertad provisional, como para el adecuado reforzamiento de las medidas cautelares subsiguientes a la misma.
Respecto al resto de medidas, se consideran aquí como las procedentes y, por lo demás, habituales en la práctica forense; así, la obligación de no abandonar el territorio nacional sin autorización del Tribunal o de fijar un domicilio en España, comprometiéndose a comunicar cualquier cambio del mismo, y la entrega del pasaporte. Pudieron, eso sí, acompañarse de cautelas más eficaces, como el denominado «cierre de fronteras», dirigiendo oficio a las autoridades policiales competentes para evitar la salida de territorio nacional; incluso pudo haberse vigilado policialmente la libertad provisional, o decretado la prisión atenuada, pero tales medidas no son obligadas por la ley.
Hemos de concluir, por tanto, que la segunda parte de la resolución judicial puede tildarse de injusta, por contraria al ordenamiento jurídico; y en todo caso, desacertada. A este respecto, baste recordar que las decisiones discrecionales pueden ser también antijurídicas, y no podemos aceptar que cuando el legislador deja en manos del intérprete –del juez, en suma– la adopción de una u otra determinación judicial cualquier alternativa sea lícita, pues primeramente debe venir convenientemente motivada, seguidamente debe ser corresponsable con las circunstancias fácticas en que descansa y, finalmente, debe soslayarse todo atisbo de arbitrariedad. En el caso, se conculcaron esos límites. Estaba, pues, justificada la apertura de una investigación sumarial, la querella resultaba razonable, y era necesario investigar los pormenores de la decisión, particularmente referidos al segundo requisito, del que seguidamente nos ocuparemos, pues éste no podía deducirse, sin más, de los hechos objetivados que tuvo en cuenta el Ministerio fiscal cuando activó la instrucción sumarial, como así lo entendió también la Sala de Admisión.
Cumpliéndose, pues, el primer requisito del tipo, en su vertiente objetiva, esto es, la injusticia de la resolución, desde la óptica del delito de prevaricación dolosa que analizamos, es procedente también, a título indiciario, valorar la concurrencia del requisito subjetivo. Desde antiguo, la jurisprudencia ha exigido que el agente obre a ciencia segura (Sentencia de 14 de octubre de 1884), con malicia y verdadera conciencia (Sentencias de 31 de enero de 1914 y 13 de diciembre de 1919), o con pleno conocimiento de que ejecutaba un acto injusto (Sentencia de 5 de octubre de 1906), constándole la injusticia del mismo (Sentencia de 14 de marzo de 1914), o lo que es igual, que sepa y le conste que la resolución que dicta es injusta por contraria a la ley y que, no obstante, la dicte voluntaria y conscientemente; con plena conciencia de la ilegalidad o arbitrariedad (últimamente, y en este mismo sentido, lo declaran las Sentencias de esta Sala de 27 de mayo de 1994 [ RJ 1994, 9345] , 20 de noviembre de 1995 [ RJ 1995, 8313] , 4 de julio de 1996 [ RJ 1996, 5426] , 3 de febrero de 1998 [ RJ 1998, 722] , 15 de octubre de 1999 [ RJ 1999, 7176] y 11 de diciembre de 2001). Si el dolo tiene un doble componente cognoscitivo y volitivo, esa significación nos lleva a construir su estructura subjetiva como equivalente a «intención», o sea, «voluntariedad». Pues, bien, de los elementos fácticos indiciarios que conforman el contenido del sumario, no existe ninguno de donde deducir tal proceder: no ha resultado (indiciariamente) acreditado que ni el magistrado ponente ni el resto de los integrantes de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvieran intención de procurar una injusta excarcelación de R. S. ni mucho menos que facilitaran posteriormente la fuga de éste, con la adopción de unas medidas cautelares que hemos calificado, objetivamente, de injustas, por contrarias al ordenamiento jurídico, pero desde luego no dictadas con voluntariedad imputable a título de dolo, requerido por el tipo penal, de forma inexcusable: «a sabiendas». Que los magistrados se equivocaron es algo que tienen asumido; así, en el informe que presenta el Presidente de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ante el CGPJ (31-12-2001) se lee: «lamentablemente, los acontecimientos ocurridos con posterioridad a la excarcelación han demostrado que la valoración del Tribunal fue errónea». De modo que cuando toman conciencia del error padecido, inmediatamente tratan de contener su más que probable evasión, acordando la inmediata detención e ingreso en prisión de Carlos R. S. Así consta en los elementos fácticos que hemos dejado expuestos más arriba. Consecuentemente, no concurre dato alguno indiciario de donde deducir la voluntariedad. No hay, por otro lado, móvil alguno que justifique ese «torcimiento del derecho» (al que se refiere el Auto de esta Sala de 21 de septiembre de 2001, Causa Especial 38/2001), y queda igualmente descartado, como así hemos resuelto con anterioridad, cualquier indicio de lucro económico que pudiese haber beneficiado a los querellados. La investigación de los patrimonios privados de los magistrados, exhaustivamente practicada en el sumario, no arroja dato alguno en este sentido.
No concurren, pues, ni a título indiciario, los requisitos objetivos del delito doloso, en aquella primera parte de la resolución que acordó la libertad provisional de Carlos R. S. con fundamento en la enfermedad padecida –según el informe médico–, aunque pudiera ser desacertada. Es injusta, por el contrario, en el aspecto referido a las medidas cautelares, pero la inexistencia de dolo, en todo caso, impide que concurran todos los elementos necesarios para justificar un auto de procesamiento.
CUARTO
Analicemos ahora el delito culposo de prevaricación. El art. 447 del Código Penal requiere para su existencia dos elementos: uno subjetivo, imprudencia grave o negligencia inexcusable, y un módulo objetivo: la manifiesta injusticia de la resolución.
Con relación al primero (imprudencia grave o negligencia inexcusable), la ley se refiere a la desatención en el desempeño de las labores jurisdiccionales, y no de cualquier entidad, sino de la mayor dosificación jurídica, pues ambas (la imprudencia o la negligencia) están calificadas con los adjetivos «grave» e «inexcusable». En algunas ocasiones, se ha parificado la imprudencia con el actuar (positivo: la acción) y la negligencia con la inacción, esto es, la omisión en el cumplimiento del deber legal, impuesto por el ordenamiento jurídico, pero éste es un tema discutido doctrinalmente, no faltando opiniones que igualan tales conceptos a los que debe asignárseles el incumplimiento de las más elementales cautelas en el desempeño de una actividad humana, que en el supuesto enjuiciado se trata de la debida atención en la función jurisdiccional, a la que pertenecen los querellados. Inexcusable, significa la más desatenta, clamorosa y descuidada atención en algo que se espera del agente, sin detenerse en sus consecuencias. Grave, en la terminología del Código Penal, se contrapone con leve (imprudencia leve, apostilla dicho texto legal en varios preceptos cuando valora la conducta culposa del agente), y significa una desatención intensa, sustancial, perceptible fácilmente, de una gran entidad, siendo ambos módulos subjetivos, los cuales que deben ser apreciados judicialmente, por tratarse de conceptos jurídicos indeterminados.
Ahora bien, esta desatención tiene también un componente disciplinario, que la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635; ApNDL 8375) reserva para las conductas más extremas (faltas muy graves) en el art. 417.9 de la misma. No entraremos aquí en su interpretación, salvo para señalar que es plenamente factible la respuesta disciplinaria en sede administrativa, cuando se aprecie grave descuido en su proceder, como así ha quedado declarado por la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en alguna ocasión (a título de ejemplo: STS 14-7-2000 ( RJ 2000, 7713) : grave desatención en resoluciones dictadas en procedimiento de Jurado, por el magistrado que lo presidía: «las conductas descritas constituyen una manifiesta desatención en el ejercicio de las competencias judiciales», F. 5. El juez, pues, está sometido al ordenamiento jurídico como todo ciudadano, y la responsabilidad se predica de todo comportamiento humano. La responsabilidad del juez es triple: penal, civil y disciplinaria. Solamente los comportamientos más intolerables, deben ser incluibles en la responsabilidad penal del juez, como ocurre en todos los ámbitos profesionales; de manera que el módulo de imprudencia o negligencia, por un lado, debe ser extremo –y así lo califica la Ley– y las consecuencias de sus actos insostenibles de todo punto, con grave incidencia en derechos que deben ser objeto de protección. De no ser así, la aplicación de normas civiles o disciplinarias constituyen el ámbito adecuado para la respuesta que el ordenamiento jurídico dispensa frente a los errores judiciales. La desatención emerge de esta forma como el núcleo que fundamenta la responsabilidad disciplinaria. Y es notorio en este aspecto que los tres magistrados querellados se enfrentan ante una propuesta de resolución que depure en dicho ámbito su responsabilidad de orden disciplinaria, calificados (en propuesta de sanción) tales hechos como constitutivos de la aludida falta muy grave de desatención en el desempeño de sus funciones judiciales.
Para valorar tanto el módulo subjetivo como el objetivo, constituido por la manifiesta injusticia de la resolución, dentro del ámbito del delito de prevaricación culposa, hemos de partir de rigurosas premisas interpretativas, máxime teniendo en cuenta que la modalidad culposa de la prevaricación ha desaparecido en el nuevo Código Penal frente a iguales conductas de los demás poderes del Estado. Si a ello añadimos la pena de inhabilitación especial como sanción que anuda el ordenamiento jurídico a la prevaricación judicial, el principio de proporcionalidad se convierte en otro elemento interpretativo.
Con respecto al elemento objetivo, hemos dejado expuesto que dicha segunda parte de la resolución judicial, es injusta (en el sentido de errónea). Pero el tipo penal requiere que tal injusticia sea manifiesta, es decir, que conculque de forma palmaria el ordenamiento jurídico. Pues bien, conforme a la jurisprudencia, la injusticia que se predica del delito doloso no es simplemente la transgresión de la ley, sino que es partícipe de un plus de antijuridicidad, de modo que sea «clamorosa», «esperpéntica», «grosera». Fácil es suponer que si tales adjetivos se predican de ese elemento objetivo –la injusticia de la resolución– en el delito doloso de prevaricación, mayor dosificación antijurídica tiene que comprenderse en la interpretación del precepto contenido en el art. 447 del Código Penal, por razón de calificarse (en la propia mención legal) como resolución «manifiestamente injusta»; mucho más que injusta.
En pocas ocasiones, esta Sala ha tenido la oportunidad de dictar pronunciamientos que generen doctrina legal sobre el delito de prevaricación culposa, definido en el art. 447 del Código Penal. Citaremos las últimas Sentencias al respecto: en la STS 23-10-2001 ( RJ 2001, 9810) , a propósito de la modalidad culposa se dijo: «no sólo porque por desacertada y errónea que fuera esta resolución judicial, ello no permite inferir que su autor desconozca hasta los más esenciales rudimentos de su profesión pública de modo que su incultura jurídica le hagan incompatibles con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ya que lo que el precepto penal tipifica es una ignorancia clamorosa, manifiesta y palmaria, que, de ninguna manera puede atribuirse por una decisión incorrecta». Por su parte, la STS 26-02-2002, declara: «la discutible cobertura legal de esta decisión no es suficiente para conceptuarla como tal a sabiendas ni tampoco puede calificarse de manifiestamente injusta o de ignorancia inexcusable», pues las resoluciones dictadas «no constituyen un apartamiento descarado del principio de legalidad ni una interpretación totalmente irrazonable de las normas que sustentaban la decisión cuestionada».
Bajo estos rigurosos parámetros interpretativos, si bien las medidas cautelares subsiguientes a la puesta en libertad de Carlos R. S. fueron contrarias al ordenamiento jurídico, por desacertadas, no colman los requisitos legales de la prevaricación culposa, al contener cautelas insuficientes, pero no inexistentes, ni se puede inferir, como ya apuntó la aludida STS 23-10-2001 ( RJ 2001, 9810) que sus autores desconocieran hasta los más esenciales rudimentos de su profesión pública, «de modo que su incultura jurídica le hagan incompatibles con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales». Como antes dijimos, la respuesta ante el error no siempre es de naturaleza penal, sino puede ser de contenido disciplinario, opción que, tras la investigación sumarial, se corresponde –desde esta perspectiva– con el desacierto de la resolución.
De todos modos, tampoco puede olvidarse que el art. 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal disciplina la excepcionalidad de la medida prisión provisional, pues ésta «sólo durará lo que subsistan los motivos que la hayan ocasionado», y finalmente, toda decisión sobre la libertad provisional entraña un riesgo, por lo que el juzgador tiene que ser muy cuidadoso en sopesar todas las circunstancias concurrentes y especialmente aquellas que «puedan influir en el mayor o menor interés de [el procesado] para ponerse fuera del alcance de la Autoridad judicial» (art. 531), por lo que debe minimizarse en lo posible tal riesgo, que la propia ley pone de manifiesto, pero sin que pueda jamás actuarse con parámetros absolutamente seguros en esta materia.
Por estas razones, no concurren tampoco, a título indiciario, los elementos constitutivos del delito de prevaricación culposa, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo sexto del art. 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no procede dictar auto de procesamiento por ninguno de los delitos investigados.
QUINTO
No habiendo más diligencias que practicar, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose practicado todas las interesadas por el Ministerio fiscal, por la acusación popular, y los querellados personados, es procedente dar por concluido el sumario, mandando remitir los autos y las piezas de convicción, en su caso, al Tribunal competente para conocer del delito.
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:
1
PRIMERO
No ha lugar a dictar auto de procesamiento de los querellados Ilmos. Sres. D. Carlos C. G., D. Juan José L. O. y D. Carlos O. B., Magistrados de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como presuntos autores de un delito de prevaricación judicial.
2
SEGUNDO
Se acuerda la conclusión del sumario, con remisión de lo actuado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Notifíquese esta resolución al Ministerio fiscal y demás partes personadas, con advertencia de los recursos que proceden frente a la misma.
Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado Instructor, doy fe.
Thomson AranzadiAy amigo, si aqui no hay prevaricacion, entonces Garzon.... Es una Hermanita de la Caridad
Pepin
Apr 22 2010, 05:56 PM
CITA
La Audiencia excarcela a un 'narco' cuyo juicio está previsto para el 14 de enero Su juicio por introducir 10 toneladas de droga está previsto el 14 de eneroJULIO M. LÁZARO
Madrid
EL PAÍS
España
26-12-2001 La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado la excarcelación del presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, Carlos el Negro, apenas 23 días antes de su juicio y a pesar de que la Fiscalía Antidroga pide para él penas que totalizan 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas de multa. Carlos el Negro salió en libertad el pasado día 22.
La medida, acordada por los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, fue notificada en la mañana del día 22 y ha caído como una bomba en la Fiscalía Antidroga, por cuanto Ruiz Santamaría, uno de los presos más peligrosos y agresivos de los carteles colombianos, está considerado como el consejero delegado de los carteles de Bogotá y de la Costa.
Además, la excarcelación del presunto narco se produce cuando el 14 de enero está previsto que comience el juicio contra él, por el alijo descubierto a bordo del buque Tammsaare: 329 fardos que contenían 6.540 kilos de cocaína, que hubiera alcanzado en el mercado un valor aproximado de 39.240 millones de pesetas. La cocaína interceptada en el Tammsaare constituye el segundo mayor alijo incautado en todo el mundo, tras la aprehensión, en 1995, de 20 toneladas de esa droga en Miami.
Los magistrados decretaron la libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas de Carlos el Negro 'a la vista del estado de salud del procesado, que padece trastorno bipolar, produciendo el encarcelamiento un efecto negativo en la evolución de la enfermedad', según resulta de un informe del centro penitenciario en el que está internado. El tribunal aduce además 'razones humanitarias' y que su enfermedad 'aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga'.
Los magistrados ordenan la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el domicilio familiar y la justificación de que el presunto narco se halla sometido a tratamiento ambulatorio. También deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes, así como cuando sea llamado, y 'en particular el próximo 14 de enero, fecha del inicio de las sesiones del juicio oral'.
Según el escrito de acusación de la fiscal antidroga Dolores Delgado García, Carlos Ruiz Santamaría fue comisionado por los citados carteles colombianos en 1998 para coordinar las operaciones de desembarco a gran escala en Europa.
Porcentaje para la guerrilla
La fiscal explica que los carteles adquirían en Bolivia y Perú el 70% de la base de coca y el 30% restante en Colombia, 'en zonas controladas por la guerrilla o los paramilitares, quienes percibían un porcentaje tanto de los cultivadores como del cartel, por labores de seguridad'.
La cocaína era producida en los laboratorios clandestinos de los carteles donde se efectuaba el secado de la sustancia y su empaquetado. El transporte intercontinental se hacía en grandes buques nodriza, cargándose la droga a unas 100 o150 millas en alta mar. Para entrar en Europa, los barcos tenían fijado un punto que en el caso de España se ubicaba entre las Canarias y las Azores.
Ruiz de Santamaría recibía directamente de la cúpula de la organización las instrucciones, fechas, itinerario y coordenadas de los transportes a efectuar y determinaba el reparto de las diferentes partidas de estupefacientes que se introducían en España.Carlos el Negro también está acusado de la introducción de 4.383 kilos de cocaína que fueron encontrados en Pobra do Caramiñal (A Coruña), y cuyo valor de mercado hubiera alcanzado los 26.298 millones de pesetas.
Ruiz de Santamaría se encontraba en prisión desde el 9 de julio de 1999. El pasado 24 de octubre pidió la libertad, que le fue denegada, pero ahora su recurso ha sido estimado por el tribunal.http://www.elpais.com/articulo/espana/Audi...lpepinac_16/Tes CITA
La Audiencia respalda unánimemente a los tres jueces que liberaron al supuesto 'narco'
Cardenal considera la excarcelación de Carlos Ruiz 'un fallo estrepitoso, inexplicable e irracional'JOSÉ YOLDI
Madrid
EL PAÍS
España
12-01-2002 La Audiencia Nacional respalda unánimemente a los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, contra los que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, interpuso el jueves una querella por prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) tipificada con penas de 10 a 20 años de inhabilitación. Los tres jueces pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas) al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, que aprovechó para fugarse. El presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, y los magistrados de la Sala de lo Penal defendieron la honradez de sus compañeros. Los magistrados de la Sala de lo Penal hicieron público un comunicado en el que señalan: 'Somos conscientes de que, como depositarios de un poder estatal, hemos de estar sometidos no sólo a las responsabilidades derivadas de un eventual defectuoso cumplimiento de nuestro deberes estatutarios sino a toda clase de crítica pública'. 'Pero debe explicarse', agrega la nota, 'que la comisión de errores apreciables a posteriori en materia de libertades provisionales no permite, sin otro punto de apoyo, dudar de la honradez profesional de los magistrados de la sección cuarta, los cuales gozan del máximo prestigio y de la mejor consideración por parte de todos los miembros de la Sala'.
El presidente de la Audiencia reforzó este pronunciamiento con su declaración ante un grupo de periodistas: 'Particularmente, creo que los magistrados actuaron de buena fe, es decir, en la creencia de que querían, en aquel momento, salvar una situación, como podía ser la posibilidad de un suicidio, y evitarlo. Yo creo que actuaron de buena fe y dentro de un orden jurisdiccional. Otra cosa es que su decisión haya sido acertada o desacertada'. Dívar distinguía así entre lo que supone un error y una prevaricación, es decir, la intencionalidad de poner en libertad a un narcotraficante.
'Sufro con ellos'
Carlos Dívar añadió: 'En estos instantes, sufro con ellos lo que están sufriendo y estoy cerca de mis magistrados, como corresponde al presidente de la Audiencia Nacional. Éste es el momento de la dificultad, del problema o de la crítica, que no quiere decir que yo diga que no han existido errores'.
Tras recalcar que está al lado de sus magistrados y que no duda de la 'honestidad en su decisión', Dívar aseguró: 'Hay una sensación de dolor y preocupación. Los magistrados en general siempre piensan en ese sentido de las decisiones jurisdiccionales y el poder dictarlas con la libertad de conciencia que les concede el ordenamiento legal, y en ese sentido hay un sentimiento general de preocupación y dolor'.
Respecto a la imposición de medidas cautelares a los tres jueces que se solicitan en la querella de Cardenal, el presidente de la Audiencia manifestó: 'Ni ahora ni nunca van a eludir la acción de la justicia estos magistrados. Estoy convencido de que siempre van a estar al servicio de la justicia'.
Dívar no quiso pronunciarse sobre si Cardenal hubiera interpuesto la querella en caso de tratarse de otro tribunal distinto que el que ha puesto en libertad a varias personas del entorno de ETA. 'Pregúnteselo al fiscal', respondió. Tampoco quiso pronunciarse sobre si la querella pretende servir de escarmiento. 'Yo no sé si es un escarmiento o quién quiere dar ese escarmiento, pero estamos tranquilos, porque seguro que el Tribunal Supremo va a administrar justicia y no va a tomar decisiones de carácter político'.
Por su parte, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, defendió en diversos medios informativos la decisión de querellarse por prevaricación dolosa (intencionada) contra los magistrados. Cardenal aseguró que la excarcelación de Carlos el Negro fue una decisión 'absolutamente inexplicable y falta de racionalidad', lo que evidencia, a su juicio, que los magistrados de la Sección Cuarta tuvieron que darse cuenta de lo que hacían.
El fiscal del Estado destacó la 'falta de motivación' del auto de libertad y que éste se había adoptado en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, que había puesto de manifiesto que el riesgo de fuga había aumentado al aproximarse la fecha del juicio.
Fuentes de la Audiencia, sin embargo, consideran que los acusados no suelen fugarse antes del inicio del juicio, sobre todo si va a durar muchos meses, como el de la Operación Temple, sino cuando está a punto de dictarse sentencia. Muchos acusados tienden a esperar la sentencia en paradero desconocido y si les es desfavorable, se fugan.
Tratamiento ambulatorio
Cardenal recordó que el informe del psiquiatra no pedía la excarcelación del narcotraficante, sino un tratamiento ambulatorio, que se podía prestar desde la prisión e insistió en que era absolutamente improcedente la libertad bajo fianza cuando faltaban 23 días para la celebración del juicio.
El fiscal general incidió también en que, en cualquier caso, se deberían haber impuesto unas medidas cautelares mayores, como el arresto domiciliario con una vigilancia policial suficiente y una fianza mucho mayor. Tras señalar que no tiene nada en contra de los magistrados, recordó que, como a todos los ciudadanos, les asiste la presunción de inocencia.
El fiscal del Estado rechazó que la presentación de la querella tenga relación alguna con el hecho de que los magistrados de la Sección Cuarta hayan puesto en libertad a una veintena de personas del entorno de ETA en otros procedimientos y que sus planteamientos van en contra de la postura del Gobierno en la lucha antiterrorista. 'No hemos tenido en cuenta absolutamente nada que no esté en la causa. Estos señores son, para mí, honestos y honrados, y no hemos considerado nada de lo que han hecho antes'.http://www.elpais.com/solotexto/articulo.h..._1&type=Tes
manolo pizarro
Apr 22 2010, 08:48 PM
Katharina ¿Será esto?
Un proveedor enriquecido a la sombra de Bono vende comida caducada al Ejército en Afganistán
@José L. Lobo.- 19/04/2010- El Confidencial
El empresario castellanomanchego Luis Teógenes Ruiz, amigo de José Bono y enriquecido a la sombra del actual presidente del Congreso, está siendo investigado por presunto fraude por la justicia militar después de que una de sus empresas, Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa), suministrase presuntamente alimentos caducados a las tropas españolas desplegadas en Afganistán.
El Ministerio de Defensa se ha convertido en el principal cliente de Ucalsa, una empresa que presume de ser "el principal contratista del Ejército español para suministro alimentario, raciones de campaña y servicios de catering, tanto en España como en operaciones en el extranjero". Pero antes de que Bono fuese nombrado titular de ese departamento, en 2004, las ventas de la firma castellanomanchega a las Fuerzas Armadas eran insignificantes.
Los ingresos globales de Ucalsa en el año 2002, todavía con el PP en el Gobierno, alcanzaron los 6,9 millones de euros. Cuatro años después, cuando Bono abandonó el Ministerio de Defensa y fue relevado por José Antonio Alonso, habían subido hasta 67 millones, y en 2008 rozaron los 80 millones de euros, según consta en el Registro Mercantil.
El último contrato militar le fue adjudicado por Defensa a la empresa presidida por Teógenes Ruiz -esta vez en UTE con la firma Tecnove- el pasado mes de agosto: 17 milllones de euros para cubrir los servicios de restauración de las tropas del Ejército de Tierra que participan en misiones internacionales. Sólo desde 2006, la unión temporal de empresas Ucalsa-Tecnove se ha beneficiado de otros cinco contratos de suministro de alimentos a los soldados españoles desplegados en el exterior, la mayoría de ellos a dedo.
Amigo de Bono y Sanz Roldán
El presidente de Ucalsa mantiene una excelente relación con Bono desde los tiempos en que éste era presidente de Castilla-La Mancha, según fuentes próximas a Defensa consultadas por El Confidencial, que aseguran que otro de los principales valedores del empresario castellanomanchego ha sido el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, natural de Uclés (Cuenca) y paisano de aquél.
En abril del pasado año, un equipo de la Guardia Civil destacado en Afganistán abrió una investigación después de que un control rutinario en la base de Qala-i-Now detectase una partida de botes de leche condensada suministrados por Ucalsa y Tecnove cuyas etiquetas habían sido manipuladas para ocultar que la leche estaba caducada. La investigación determinó que ambas empresas habrían comprado alimentos caducados a bajo precio que luego cobraban a Defensa como si fueran frescos.
El Juzgado Togado Militar número 11 ha abierto diligencias para averiguar si los responsables de Ucalsa y Tecnove han incurrido en fraude y delito contra la salud pública. En ese caso, la investigación judicial pasará a manos de la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas.
Tecnoucal -resultado de la unión temporal de Tecnove y Ucalsa- califica de "burdo montaje" esas acusaciones, y asegura que los botes de leche condensada presuntamente manipulados "fueron retirados por la Guardia Civil sin presencia de ningún responsable de nuestra empresa y sin conocimiento de su lugar de procedencia". Y acusa al comandante jurídico de "incorporar en sus diligencias juicios de valor en relación con nuestra empresa que, a nuestro entender, están fuera de lugar, y sin que se respete la imparcialidad requerida del instructor".
http://www.elconfidencial.com/espana/empre...a-20100419.html
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No me extraña que le reparen y amueblen los pisos gratis y hasta le paguen las vacaciones de verano en sus hoteles como ya han hecho.
Saludos.
Pepin
Apr 23 2010, 06:46 AM
La Fiscalía se opone a sentar a Garzón en el banquillo La Gaceta
17:19 | 22 de abril, 2010 La Fiscalía del Tribunal Supremo asegura que Manos Límpias, Igualdad e Identidad y Falange España carecen de legitimación procesal contra Garzón.La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido un escrito insistiendo en su petición de sobreseimiento de la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo y oponiéndose a la apertura de juicio oral.
Alega que las partes personadas como acusación (Manos Limpias, Igualdad e Identidad y Falange Española y de las JONS) "carecen de legitimación procesal para instarla". Aprovecha el escrito para poner de manifiesto las contradiciones del instructor Luciano Varela, ya que en el "caso Atutxa" se pronunció a favor de restringir la acción popular en el procedimiento contra el entonces presidente del Parlamento Vasco.
El escrito del Ministerio Público, de 7 páginas, se basa únicamente en este motivo para insistir en la necesidad de archivar el caso en contradicción a la línea marcada por el alto tribunal en la sentencia 54/2008 ("doctrina Atutxa"), que avaló la legitimidad de la acción popular para instar la apertura y tramitación de un procedimiento contra el presidente del Parlamento Vasco al reconocer que bastó con la presencia en este caso de Manos Limpias al no existir perjudicado directo -el delito cometido era de desobediencia
Se coloca por ello la Fiscalía a favor de la denominada "doctrina Botín" -que impidió el procesamiento del banquero con la única acusación de la acción popular-, y añade que "siendo fácilmente constatable" la ausencia de acusación particular en la causa contra Garzón "y manteniendo el Ministerio Fiscal una postura contraria a la consideración de los hechos de las querellas constitutivos del delito de prevaricación", el instructor Luciano Varela debió instar el sobreseimiento.
"Opinar lo contrario sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales, como lo es sin duda instar de forma autónoma la apertura de juicio oral por el mero hecho de no personarse una acusación particular, que representa unos intereses cualitativamente distintos de los que pretende tutelar la primera, cuando además el Ministerio Fiscal, en cuanto órgano constitucionalmente encargado de velar por el interés público y social, mantiene una posición contraria a la apertura de juicio oral".
Postura de Varela
"En este punto resulta muy conveniente traer a colación la acertada postura que el excelentísimo magistrado instructor de esta causa especial mantuvo entonces a través de su razonado voto particular" en la sentencia del caso Atutxa, recuerda la fiscalía, en alusión al voto discrepante que Varela emitió en el "caso Atutxa".
A continuación, el escrito del Ministerio Público reproduce parte de la citada votación particular, en la que Varela explica que la exclusión de la acción particular en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "es una decisión consciente del legislador, no es meramente arbitraria y tiene una justificación plausible desde el punto de vista constitucional".
Finalmente, recuerda la Fiscalía que la propia sentencia del caso Atutxa (se le condenó por desobedecer al Supremo al no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento Vasco), está aún pendiente de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, donde el fiscal alega vulneración del principio de igualdad uno de los motivos formulados".http://www.intereconomia.com/noticias-gace...arzon-banquillo
Indalecio
Apr 23 2010, 05:23 PM
La mano en la llaga del costadoel blog de Juan Tomás Ávila Laurel
Malabo
20 Abril 2010Parece que estamos en la semana bíblica, porque en la anterior entrega reflejamos este recurso a la fuente bíblica. Para qué habríamos estudiado la “doctrina”, si no.
Pues Cristo, después de los azotes, fue abucheado, luego insultado, luego de este escarnio físico y moral, fue despojado de sus vestiduras y llevado al Gólgota, donde fue crucificado, en presencia de unos soldados que seguían insultándole. Como con él fueron crucificados dos ladrones, éstos pensaban redimir sus penas echando blasfemias contra su Señor. Bueno, todo esto, escrito está. EL asunto fue que después de todos los atroces sufrimientos, y pese a que pusieron en la puerta del sepulcro a un guardia para que los Evangelios no se cumplieran, Cristo salió de las tinieblas y apareció a unas santas mujeres, y luego a todos los discípulos, que estaban escondidos en la casa de uno de ellos. Pero cuando ocurrió la aparición no estaba Tomás, el Gemelo, y no se creyó nada, y lo miraron mal por las blasfemias que echaba de su boca. Pero como Cristo fue un señor pertinaz, apareció otra vez y estaba el gemelo, al que mandó meter la mano en la supurante herida de su costado. Ay, esto no se plantea en los Evangelios, ¿pero por qué no se curó Cristo de las heridas del costado? ¿Cualquiera no diría que la resurrección implicaba la cicatrización de todas las heridas sufridas? El hecho es que el gemelo, llamado Gemelo, no se creía nada y tuvo que meter la mano…
Estos días Malabo vivió la efervescencia política centroafricana por la visita de los presidentes de la zona, que venían a la inauguración de la sede del parlamento. Pero antes de la llegada de todos los presidentes, se vivió un hecho que había que tener en cuenta: la oficina nacional de Partido Democrático de este país fue a Baney y se trajo a todos los ancianos capaces de moverse por su cuenta para que vinieran y vieran también por su cuenta el estado de desarrollo de nuestro país. Sí, estos ancianos, pensarían los del partido político arriba aludido, están retirados del centro de todo y no ven nada de lo que se está haciendo, y si no ven, no pueden creer nada de lo que dicen las radios y ahora los traemos para que vengan a meter la mano en el pus, y se crean de una vez que aquí hacemos cosas, cosas sorprendentes, pese a que los enemigos internos y externos no lo quieran reconocer. Guinea no puede haber resucitado sin que los viejos de Baney lo sepan. Entonces el autobús los trajo a todos y fueron a este sitio que se llama El sueño de un hombre y vieron el parlamento que se iba a inaugurar unos días más tarde. Admiraron las carreteras con sus rotondas y otros edificios deslumbrantes, sobre todo para su edad, y acabaron en la planta de metanol, donde atravesaron el puente colgante más largo de la zona CEMAC, según los reporteros, y olieron el gas, que salía por los tubos al tiempo que los locutores recordaban las grandes cifras de su exportación a los principales ciudades de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro que los ancianos de Baney no entendían nada de lo que les explicaban.
¿Pero por qué oscuras razones la gente de Baney, independientemente de su edad, ignorarían los hitos del desarrollo nacional, hasta el extremo de ser movilizados para salir de su ignorancia? ¿Por qué no creen los mayores de Baney que Guinea se ha desarrollado? ¿Por qué no creen en la resurrección de Guinea Ecuatorial? No hay respuestas inmediatas, toda vez que no queremos hablar por la boca de todos los mayores de la villa mencionada. Pero la aproximación a la respuesta pasa por hacer un repaso del sitio. La mencionada villa, situada a menos de 15 kilómetros de la capital de la república de Guinea, no tiene agua potable, y tampoco una línea regular de autobuses. Sus habitantes viven de la agricultura de subsistencia y de la recolección, cuyos productos excedentes llegan a los mercados en viejas camionetas de titularidad privada, pero previo pago. La visión del viaje de las mujeres a la ciudad arranca recuerdos nostálgicos a la gente que ha visitado otros países y en otras épocas. Y es que nadie diría que estos ancianos harapientos podrían visitar alguna vez la sede de un parlamento regional, ni nadie diría que se les franquearía la entrada a una zona petroquímica. Además, con sus exiguos ingresos, no malgastarían sus caudales para hacer un viaje tan oneroso para, al final, ser despedido con cajas destempladas. Se dudaría de estos asertos, pero la duda se disiparía si se supiera que cerca de Baney, a un tiro de piedra, se está removiendo cielo y tierra para hacer justo lo contrario que Jesucristo, convertir los panes en piedra. Y es que en el sitio dicho se está construyendo lo que serían las residencias de los jefes de estados que acudirán a la reunión de la Unión Africana en fechas próximas. Si los ancianos de Baney no vivieran al límite de la supervivencia, tendrían medios para conocer las obras por su cuenta, y no ser llevados como nativos escapados de una reserva.
Al final del viaje, como un solo hombre en torno al secretario general del partido, los asistentes cantaron sus alabanzas y luego hicieron que la televisión difundiera la noticia de la entrega de diez mil francos a cada participante “para comprar petróleo”, según la boca hermosa del conocido y general secretario. Si quedó dicho que no había ninguna línea de autobuses hasta Baney, y que este sitio no tenía agua potable ni trazas de que lo vaya a tener dentro muchos años, queda claro que se alumbran con lámparas de queroseno, toda vez que se sabe que en Baney todas las cocinas son de leña, a fogón de tres piedras. Gracias, señor Secretario General del Partido en el Poder por aclararnos este punto tocante al uso del dinero.
A veces tenemos la impresión de que algunos creen que somos enemigos de la gente que manda, que no los queremos, que les tenemos ojeriza, y que no somos “nacionalistas”. Pero si fuéramos totalmente lo contrario de todo lo que creen esos, unos pocos, gracias a Jehová, la crónica de la gira de los mayores de Baney no sería distinta a esta. No ocultaríamos que viven casi en la miseria ni dejaríamos de decir que recibieron un diez mil para alumbrar la casa por las noches, prueba inequívoca de que no disfrutan de las ventajas de la estación eléctrica que fueron obligados a visitar.
De lo que comieron no podemos dar fe, pero es seguro que el partido en el poder en Guinea Ecuatorial cree que la gente no siente que las cosas van por buen camino, de ahí que se moleste en ayudarles a recorrer un camino que podrían hacer por sí mismos. La contundencia del hecho televisado guarda tanta semejanza con el de las manos en la llaga cristiana que vale ahora preguntar cómo un hecho tan relevante como el desarrollo de Guinea Ecuatorial, como también lo fue la resurrección de Cristo, puede ser puesto en duda por gente tan cercana a los acontecimientos que lo sostienen. Sea cual fuera la respuesta, hay en medio un intríngulis que nadie ha sabido descifrar en la construcción de ambas historias.
Como cada uno libre es libre de ser suspicaz, tenemos que decir que toda semejanza en las dos historias es mera coincidencia. De hecho, el que esto escribe no es ningún gemelo ni ha sido invitado nunca a meter la mano en ningún sitio donde hubiera sido introducido una lanza.http://www.fronterad.com/?q=node/1195
Julian Navascues
Apr 23 2010, 06:32 PM
PALABRAS DE JOSÉ EMILIO PACHECO, PREMIO CERVANTES 2009
Embargado hasta su inicio.
Sólo es válido el discurso pronunciado.
Majestades, Señor Presidente del Gobierno, Señora Ministra de Cultura, Señor Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Señora Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y para las Artes de México, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sr. Alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, amigas, amigos, señores y señoras.
1947 es una fecha tan lejana como 1547. Ambas se han hundido en la sombra eterna y son irrecuperables. Tal vez la memoria inventa lo que evoca y la imaginación ilumina la densa cotidianeidad. Sin embargo, del mismo modo que para nosotros serán siempre gigantes los molinos de viento que acababan de instalarse en 1585 y eran la modernidad anterior a la invención de esta palabra, en algún plano es real otra experiencia: la de un niño que una mañana de Ciudad de México va con toda su escuela al Palacio de Bellas Artes y asiste asombrado a una
representación del Quijote convertido en espectáculo.
Salvador Novo adapta y dirige la obra con música de un mexicano, Carlos Chávez, y un español, Jesús Bal y Gal. Novo pertenece al Grupo de Contemporáneos, equivalente exacto del Grupo de 1927 en España. Mucho tiempo después sabré que Novo había conseguido que en julio de 1936 su amigo Federico García Lorca estuviera precisamente en ese Palacio de Bellas Artes para presenciar el estreno mexicano de Bodas de Sangre interpretada por Margarita Xirgu.
A telón cerrado aparece el historiador árabe Cide Hamete Benengeli a quién Cervantes atribuye la novela. Cide Hamete Benengeli ha decidido abreviar la historia para que los niños de México puedan conocerla. La cortina se abre. De la oscuridad surge la venta que es un castillo para Don Quijote. Quiere ser armado caballero a fin de que pueda ofrecer sus hazañas a la sin par Dulcinea del Toboso, la mujer más bella del mundo.
Dos horas después termina la obra. Desciende de los aires Clavileño que en esta representación es un pegaso. Don Quijote y Sancho montan en él y se elevan aunque no desaparecen. El Caballero de la Triste Figura se despide:
“No he muerto ni moriré nunca…
Mi brazo fuerte está y estará siempre dispuesto a defender a los débiles y a socorrer a los necesitados”.
En aquella mañana tan remota descubro que hay otra realidad llamada ficción. Me es revelado también que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y constituye mi única riqueza, puede ser para quien sepa emplearla algo semejante a la música del espectáculo, los colores de la ropa y de las casas que iluminan el escenario. La historia del Quijote tiene el don de volar como aquel Clavileño. He entrado sin saberlo en lo que Carlos Fuentes define como el territorio de La Mancha. Ya nunca voy a abandonarlo.
Leo más tarde versiones infantiles del gran libro y encuentro que los demás leen otra historia. Para mí el Quijote no es cosa de risa. Me parece muy triste cuanto le sucede. Nadie puede sacarme de esta visión doliente.
En la mínima historia inconclusa de mi trato con la novela admirable hay a lo largo de tantos años muchos episodios que no describiré. Adolescente, me frustra no poder seguir de corrido la fascinación del relato: se opone lo que George Steiner designó como el aparato ortopédico de las notas. Me duele que las obras eternas no lo sean tanto porque el idioma cambia todos los días y con él se alteran los
sentidos de las palabras.
También me asombra que necesiten nota al pie términos familiares en el español de México, al menos en el México de aquellos años remotos: “de bulto” como las estatuillas de los santos que teníamos en casa: “el Malo”, el demonio”; “pelillos a la mar”, olvido de las ofensas; “curioso”, inteligente. Y tantas otras: “escarmenar”, “bastimento”, “cada y cuando”.
Ignoro si podría demostrase que el primer ejemplar del Quijote llegó a México en el equipaje de Mateo Alemán y en el mismo 1606 de su publicación. El autor del Guzmán de Alfarache había nacido en 1547 como Cervantes y estuvo en aquella Nueva España que don Miguel nunca alcanzó.
Tal vez el gran cervantista mexicano de hace un siglo, Francisco A. de Icaza hubiera rechazado como una más de las Supercherías y errores cervantinos esta atribución que me seduce. Por lo pronto me permite evocar en este recinto sagrado a Icaza, el mexicano de España y el español de México, a quien no se recuerda en ninguna de sus dos patrias. En todo caso sobrevive en el poema que le dedicó su amigo Antonio Machado:
“No es profesor de energía
Francisco A. de Icaza, sino de melancolía”.
Y en la inscripción que leen todos los visitantes de la Alhambra. Otra leyenda atribuye su inspiración al mismo mendigo de quien habló
también Ángel Ganivet:
“Dale limosna, mujer
pues no hay en la vida nada
como la pena de ser
ciego en Granada”.
Como todo, Internet es al mismo tiempo la cámara de los horrores y el Retablo de las Maravillas. No me dejará mentir la Red si les digo que el 30 de noviembre de 2009, en una rueda de prensa en la Feria de Guadalajara me preguntaron, con motivo del Premio Reina Sofía, si con él yo estaba en camino del Premio Cervantes. “Para nada”, contesté. “Lo veo muy lejano. Nunca lo voy a ganar”.
Al amanecer del lunes 30 la voz de la Señora Ministra de Cultura, Doña Ángeles González Sinde, me dio la noticia y me hundió en una irrealidad quijotesca de la que aún no despierto. Por aturdimiento, no por ingratitud, apenas en este día doy gracias al jurado por su generosidad al privilegiarme cuando apenas soy uno más entre los escritores de este idioma y hay tantas y tantos dignos con mucha mayor justificación que yo de estar ahora ante ustedes.
Para volver al plano de la realidad irreal o de la irrealidad real en que los personajes del Quijote pueden ser al mismo tiempo lectores del Quijote, me gustaría que el Premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. Cómo hubiera aliviado sus últimos años el recibirlo. Se sabe que el inmenso éxito de su libro en poco o nada remedió su penuria.
Cuánto nos duele verlo o ver a su rival Lope de Vega humillándose ante los duques, condes y marqueses. La situación sólo ha cambiado de nombres. Cas todos los escritores somos, a querer o no, miembros de una orden mendicante. No es culpa de nuestra vileza esencial sino de un acontecimiento ya bimilenario que tiende a agudizarse en la era electrónica.
En la Roma de Augusto quedó establecido el mercado del libro. A cada uno de sus integrantes -- proveedores de tablillas de cera, papiros, pergaminos; copistas, editores, libreros--le fue asignado un pago o un medio de obtener ganancias. El único excluido fue el autor sin el cual nada de los demás existiría. Cervantes resultó la víctima ejemplar de este orden injusto. No hay en la literatura española una vida más llena de humillaciones y fracasos. Se dirá que gracias a esto hizo su obra maestra.
El Quijote es muchas cosas pero es también la venganza contra todo lo que Cervantes sufrió hasta el último día de su existencia. Si recurrimos a las comparaciones con la historia que vivió y padeció Cervantes, diremos que primero tuvo su derrota de la Armada Invencible y después, extracronológicamente, su gran victoria de Lepanto: El Quijote es la más alta ocasión que han visto los siglos de la lengua española.
Nada de lo que ocurre en este cruel 2010 --de los terremotos a la nube de ceniza, de la miseria creciente a la inusitada violencia que devasta a países como México-- era previsible al comenzar el año. Todo cambia día a día, todo se corrompe, todo se destruye. Sin embargo en medio de la catástrofe, al centro del horror que nos cerca por todas partes, siguen en pie, y hoy como nunca son capaces de darnos respuestas, el misterio y la gloria del Quijote.http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimaho...l_1_Pes_PDF.pdf
manolo pizarro
Apr 23 2010, 11:59 PM
La acción popular
Javier Pereda-LD
La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de solicitar el archivo del procedimiento penal contra el juez Baltasar Garzón en el asunto de la investigación sobre el franquismo, al considerar que la acción popular carece de legitimación procesal e indicar que los hechos por los que se le acusa no son constitutivos de delito. Recordemos que el instructor de la causa entiende que la actuación del juez, por ignorar la Ley de Amnistía de 1977, e investigar las desapariciones durante el franquismo, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación del art. 446.3 del Código Penal, que lleva aparejado, entre otras, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 20 años.
Hace una semana, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en un acto público, fijaba el criterio que el Ministerio Fiscal iba a mantener al respecto, al no apreciar ninguno de los tres delitos que se le imputan al juez de la Audiencia Nacional. En este sentido, aseguró que el Ministerio Público está convencido de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en su artículo 782, establece, como en su día lo dijo el Tribunal Supremo, aunque luego ha establecido matizaciones, que "no se puede abrir el juicio oral si no existe una acusación del Ministerio Público o de la parte perjudicada", por lo que las acciones populares no están legitimadas para provocar la apertura del juicio oral. El fiscal general del Estado ha criticado abiertamente a las acciones populares cuando se convierten –como atribuye a este asunto– en fiscalías paralelas que defienden intereses espurios en querellas mediáticas.
Nuestro sistema procesal penal establece que junto al Ministerio Fiscal puede acusar el ofendido por el delito, pero también cualquier ciudadano español. El art. 125 de la Constitución establece que: "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular... en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine"; en este mismo sentido se pronuncia el art. 19.1 de la LOPJ. Por lo tanto la acción popular es un derecho constitucional, y remite a que sea el legislador quien establezca la forma y los procesos concretos. El Tribunal Constitucional ha reconocido la conexión entre la acción popular y el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, indicando que una interpretación restrictiva de "las condiciones constitucional y legalmente establecidas para el ejercicio de la acción popular" puede reputarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, dado que la acción popular es un medio de acceso a la jurisdicción.
Todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito, pueden ejercitar con arreglo a las prescripciones de la ley, la acción penal que es pública, e intervenir en el proceso penal como acusador popular, según el art. 101 y 270 de LECrim. Para los ciudadanos la interposición de la acción penal es un derecho, mientras que para el Ministerio Público es una obligación (art. 105 LECrim).
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia número 1045/2007, de 17 de diciembre (caso Botín), con siete votos particulares, cinco de ellos discrepantes, con una interpretación reduccionista de la literalidad del art. 782.1 de la LECrim, establece la doctrina de que en el Procedimiento Abreviado, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, deberá acordarlo el juez, sin tener en cuenta la petición del acusador popular de apertura del juicio oral, que en este caso no tendrá ninguna eficacia, lo que de hecho significa su desaparición como parte acusadora autónoma. Esta misma Sala del Tribunal Supremo en sentencia número 54/2008, de 8 de abril (caso Atutxa), ha atenuado el rigor de la anterior sentencia, aclarando que no es aplicable en los casos en que el Ministerio Fiscal concurre únicamente con el acusador popular y es éste quien solicita la apertura del juicio oral.
En definitiva, esta es la estrategia del Ministerio Fiscal, y estas son las sentencias a las que se acogerá para defender la tesis de que la acción popular, se llame como se llame, no está legitimada para solicitar la apertura del juicio oral, y, de esta forma, que se archive la causa contra el juez Garzón.
El fiscal general del Estado, si nadie lo conociera, quizá podría colar las loas que se autoatribuye sobre su "absoluta imparcialidad" e "independencia". Son tantas las fechorías que ha cometido al que acertadamente se le ha denominado como el abogado general del Gobierno, auténtico lacayo de Zapatero en su negociación con la banda terrorista ETA, que produce sonrojo y vergüenza la desfachatez e impunidad con que ha actuado, blindado por la presunción de actuar en interés y defensa de la Ley, a la que ha mancillado y maltratado.
Gracias a él, los terroristas de ETA pudieron estar presentes en las elecciones autónomas de 2005, con la denominación de PCTV, y en las municipales y forales de 2007, con las siglas de ANV. Todo porque convenía a la negociación del Gobierno con la ETA. La Fiscalía que él, bajo las órdenes del presidente del Gobierno, manda jerárquicamente –de independencia nada–, comienza las investigaciones del periódico Egunkaria en 2001, pero hete aquí que en el 2006, por arte de magia, cambia de forma radical de criterio, justo con el comienzo de la negociación del Gobierno con la ETA, retirando la acusación. Y los resultados acabamos de verlos con la absolución de los imputados. Por no citar a Otegui al que amparaba en su detención: "Esto lo sabe el fiscal Conde-Pumpido?". O el todavía sin resolver caso Faisán. La frase célebre que retrata al personaje de que: "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino", es un canto a la prevaricación, al uso alternativo del derecho, a aplicar la ley cuando y de la forma que convenga.
Ahora, Conde-Pumpido nos viene a contar las bondades de la acusación del Ministerio Público, y no los de las acciones populares que, según él, tienen intereses espurios, ante la estupefacción general del entramado Gobierno-Fiscalía-Garzón, que tantos días de ignominia e impotencia nos han brindado a la sociedad española, haciendo saltar por los aires la división de poderes, la independencia judicial, y el descrédito de las instituciones, hasta niveles indecibles, propios de repúblicas bananeras.
Ante este espectáculo lamentable y bochornoso, todavía nos queda a algunos ciudadanos, no a todos, una pizca de esperanza en que la justicia, en este caso el Tribunal Supremo, de una vez por todas, ponga al juez, más que presunto prevaricador, en donde le corresponde, fuera de la carrera judicial. La defensa a ultranza a Garzón del fiscal del Gobierno, de éste último, los cejateros, junto con las terminales mediáticas de rigor, se comprende al haber establecido hondas, profundas e inconfesables aventuras de Estado. Se agarrarán a todo tipo de triquiñuelas procesales para irse de rositas y seguir en esa estrecha colaboración de seguir manteniéndose en el poder. La última instancia judicial tiene la palabra, y expectantes contemplamos si España tiene solución.
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Saludos.
Maripili
Apr 24 2010, 09:38 AM
Enterrar a los muertos El escaso desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y el procesamiento contra el juez Garzón dividen a la sociedad española. Pero no hay que dejarse confundir por ideas sectarias y maniqueasJOAQUÍN LEGUINA
EL PAÍS
Opinión
24-04-2010 Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.
Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.
Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.
Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.
Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.
El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.
En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.
Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.
En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida "limpieza étnica".
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:
Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron "honrados" y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser "honrados" -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.
Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas...) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista...) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!
Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.
Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que "sus" muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran "mártires de la Cruzada", afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.
Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron "héroes de la Democracia".
Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.
Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en "represión revolucionaria" y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente "de derechas" para dar el paseo a sus moradores y, de paso, "requisar" en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.
Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al "compañero" García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.
Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados... ¿Con honores?
¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra... Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva "revolucionaria". En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada... "Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz", ¿recuerdan?
En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual "el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas" (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.
Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.
¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.
Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.
Joaquín Leguina es economista.http://www.elpais.com/articulo/opinion/Ent...lpepiopi_12/Tes
Katharina Von Strauger
Apr 24 2010, 06:25 PM
Intoxicación ANTONIO ELORZA
EL PAÍS
España
24-04-2010 En el filme La noche de los muertos vivientes, los difuntos abandonaban sus tumbas para entregarse al saludable deporte de devorar a los humanos. El caso Garzón tuvo como punto de partida las demandas de los familiares de quienes fueron ejecutados desde la sublevación franquista, pero no son estos muertos los que ahora ocupan la escena. De hecho, para los adversarios del juez no han existido nunca, salvo en los autos condenatorios a la hora de recordar la irregularidad del procedimiento propuesto para recuperar sus restos. Ninguno de ellos piensa en cuál sería la mejor fórmula compatible con la ley para atender esa demanda social de los descendientes de las víctimas. Los auténticos muertos vivientes del día son las organizaciones fascistas que plantearon las querellas y seguirán obrando así, sirviéndose de las complicidades en el seno del Estado de derecho. Su resurrección ha sido además posible por la supervivencia larvada de una mentalidad filofranquista que ahora encuentra la posibilidad de repuntar, nada menos que rehabilitar un genocidio y eliminando a quien pretendió hacer justicia sobre el mismo.
Los autos del juez Varela intervienen en ese sentido por omisión, al no plantearse si desde julio de 1936 tuvo o no lugar un crimen contra la humanidad, ni cual sería la instancia más adecuada para ofrecer justicia a las víctimas. El caso del juez Adolfo Prego, protagonista de la admisión de la querella, es ya harina de otro costal. Habla en público sin tapujos, y así, desde la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos nos explica que en los años cincuenta, esto es, bajo Franco, había más machismo pero menos asesinatos de mujeres. ¿Por qué? Entonces "había respeto, moral, conciencia del bien y del mal", sumisión a "valores superiores". Perdido eso en España, nación "milenaria", "el hombre se convierte en una bestia" y mata ancianos, mujeres y niños. La nación española, nos dice entre metáfora y metáfora -antológica la de la Constitución y el chorizo-, resulta hoy destruida desde el BOE; es decir, por las normas promulgadas del Estado democrático. Semejante magistrado está en condiciones de aplicar tales planteamientos más allá del caso Garzón, desde el Tribunal Supremo. ¿Qué más queremos?
La crítica del ex fiscal Jiménez Villarejo apuntaba con argumentos convincentes al desastre que una actuación judicial así sesgada contra un "juez justo" está causando a la convivencia democrática. Sólo los grupúsculos franquistas se benefician de la ofensiva: Villarejo lo subrayó con toda razón y magistrados como Varela debieran haberlo tenido en cuenta. Una vez obtenida la patente de corso, acusarán a todo aquel que se mueva: Villarejo y el rector Berzosa son los primeros afectados. Buen servicio a la democracia.
En torno al eje del PP, la reacción de la derecha contra el acto de la Complutense ha sido brutal. Por supuesto ningún medio, personaje o tertuliano se pregunta si hubo justicia o injusticia en los objetivos de Garzón y en los procedimientos contra él. Y si la Universidad y los sindicatos tienen o no razón para protestar contra el olvido forzoso del franquismo. Ahí están todos en una puja para ver quién encuentra las palabras más contundentes: "aquelarre", "chekismo", "guerracivilismo", "semi-bolcheviques" o bolcheviques a secas, "extremismo izquierdista". Un alto cargo de la Comunidad se ceba en la actuación del rector Berzosa. Alude a su aspecto físico: sin duda él mismo no se mira en el espejo. La autonomía universitaria, a la basura. Rajoy supera sus conocidos límites como político convirtiéndose en inquisidor surrealista, al solicitar dimisiones de altos cargos socialistas por asistir a un acto legal. Y Rosa Díez habla de "golpe contra la democracia".
Cierra el círculo la infamia eficazmente administrada. Portada del diario "líder de información", día 14: "El Supremo acusado de torturas entre aplausos de la izquierda". Puro montaje, ya que frente al auto de Varela, lo dicho por Villarejo fue que bajo el franquismo fiscales y jueces encubrieron las torturas. Verdad incuestionable. Y citó expresamente al TOP, no al Supremo, como puede comprobarse consultando el vídeo de Libertad Digital. Ante las cámaras pude comprobar que al número dos de la Cosa los documentos prueba de la falsificación no le impresionan. Se mantuvo agresivo en la falsedad. Y es que la intoxicación ha sido muy eficaz; sus ecos se han escuchado en todos los medios derechistas, presentándose gracias a ello como los paladines de una conciencia democrática fiel a esa transición que los defensores de la memoria republicana intentarían dinamitar. Crímenes contra la humanidad: provocación. Hay que blindar al franquismo. Elogiable lealtad.http://www.elpais.com/articulo/espana/Into...elpepinac_7/Tes
Pepin
Apr 24 2010, 06:30 PM
El símbolo Garzón SAMI NAÏR
EL PAÍS
Internacional
24-04-2010 Es la persecución, ahí está la presa. ¡Ya es la hora del castigo! Todo transcurre como si Baltasar Garzón fuera perseguido sólo porque es una persona que resulta incómoda, un símbolo de esa justicia universal que muestra tantas dificultades en consolidarse ante las razones de Estado y los imputados protegidos por instituciones sólidamente conservadoras. De las tres causas abiertas contra él, está claro que lo que constituye a ojos de sus adversarios un motivo para acusarlo de un delito de lesa majestad es la ruptura del pacto de silencio sobre el pasado de España, sumado al papel de inquisidor de la corrupción en el sistema político. Hay algo efectivamente denigrante en el intento de manchar la reputación de esta persona, por ahí donde la condena moral es más estigmatizante: el crimen de prevaricación, es decir, de deshonestidad material. ¡Pardiez! He aquí un juez que se ha ganado la fama de azote de la corrupción, de enemigo irrevocable de traficantes de todo tipo, y que no es, él mismo, más que un especulador venal. Y, ¿es aceptable, sugieren, que una persona como ésa, juez por añadidura, quiera restaurar la integridad de la identidad colectiva cuando él mismo es perseguido por falta de integridad en su cargo? Éste es el razonamiento perverso de quienes piden la cabeza de Garzón. No hay modo más eficaz para desacreditar, deslegitimar y, en definitiva, mancillar a un juez. Moraleja: aquellos que están en todas partes convencidos de que hay que decir la verdad sobre el pasado para asumir una identidad común en el presente, sin querer por ello instaurar un arrepentimiento que culpe a los vivos, se exponen a la venganza de los maestros del silencio.
Pero, ¿quién puede seriamente creer que los dramas de la Guerra civil permanecerán eternamente sellados por el silencio de una sociedad que reniega de su pasado? La paradoja a la que se ven confrontadas todas las naciones es que no pueden construir nada sólido para el futuro si no son capaces de enfrentarse a su propia historia. Y ésta nunca es un cuento de hadas, sino siempre un relato sangriento, violento y, al final, de reencuentro pacífico. Asumir la tragedia, convertirla en un momento de celebración de la memoria colectiva, es integrarla en la identidad para impedir que se repita. Que se sepa, este juez no ha declarado en ninguna parte que su investigación fuera selectiva, que quisiera emprenderla solamente con los crímenes de la dictadura franquista; que se sepa, no ha querido vengarse. Y, menos aún, reabrir las heridas que no han cicatrizado aún.
Decía Ernest Renan que una nación es "un plebiscito de cada día". Añadía, además, que no puede construirse sin una parte de olvido, porque, si no, es un desgarro de todos los instantes. Pero el olvido no es el silencio y, menos aún, la ignorancia. El olvido necesario, y el perdón, que se convierte poco a poco en su corolario, no pueden manifestarse si no es sobre la base de un conocimiento real de los hechos. Lo que sería inaceptable, sería ver ese pasado con un solo ojo; hay que interrogar a todas las partes del drama, y dentro de cada bando. La historia es un bloque, que no se divide en verdades parciales, y las guerras civiles son siempre escuelas de barbarie. En todos los bandos.
¿Consistirá el crimen de Garzón en haber querido, basándose en el derecho, abrir ese doloroso camino de identidad común? Él, que ha lanzado tantas investigaciones porque cree en la universalidad de la justicia, debía de prever que un día abrirían una sobre él mismo, ya fuera por motivos tan frágiles como inconsistentes. Podemos estar en desacuerdo con él, pero ¿justifica eso que sea vilipendiado en su cargo?
La persecución de la que hoy es víctima y el sentido que tiene para España como para el resto del mundo, son en realidad profundamente simbólicos. Aquello a lo que se apunta en esta siniestra comedia es el papel de los magistrados que quieren hacer de la justicia, en nombre de la democracia, un arma contra todas las corrupciones y manipulaciones. Es el caso de Di Pietro en Italia, o el de todos esos jueces anónimos que, un poco en todas partes hoy en el mundo, hacen su trabajo diario de centinelas de la justicia y del derecho de la gente. Ellos se ven también afectados por el ataque contra Garzón. Es a ellos a quienes decimos sin escribirlo: "No estáis libres de ser justos". Sin embargo, no hace falta ser adivino para comprender que un día nos daremos cuenta, inevitablemente, de cuán dañino habrá sido ese acoso a un juez culpable solamente de haber creído que podía ayudar a hacer justicia a la memoria de los vencidos de ayer.http://www.elpais.com/articulo/internacion...lpepiint_12/Tes
manolo pizarro
Apr 24 2010, 11:51 PM
"ES SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG"
Funcionarias culpan a la Ley de Igualdad del escándalo en Alcalá Meco
LD.
Hasta 2007, había dos escalas en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la masculina y la femenina. Así, los funcionarios trabajaban con reclusos y las funcionarias, exclusivamente con presas, explica El Mundo.
No obstante, desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, en marzo de 2007, toda esta estructura cambió y se unificaron las escalas. Esto quiere decir que ahora funcionarios y funcionarias se presentan a las mismas oposiciones y pueden trabajar indistintamente en departamentos de mujeres o de hombres.
Los funcionarias, dice El Mundo, vienen denunciando graves problemas generadas a raíz de la aflicción de la nueva normativa en centros penitenciarios. Además, cuestionan que no se haya elaborado un estudio del impacto de género antes de aplicar la ley en las prisiones.
“No se están respetando las reglas y se está permitiendo que haya funcionarios en módulos de mujeres, cuando la normativa obliga a que haya al menos una persona del mismo sexo que los internos, por turno y por servicio”, dijo la empleada pública a El Mundo.
Las trabajadoras, relata el diario, se sienten discriminadas por la Ley de Igualdad y por ello han constituido la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup) para seguir adelante con sus reivindicaciones. Desde aquella plataforma denuncian que ellas se presentaron a unas oposiciones en las que optaban a menos plazas y hacía falta una mayor puntación y preparación.
Y es que las cárceles no se rigen por las mismas normas que una empresa. “La cárcel es un medio muy masculinizado y nosotras estamos más capacitadas para dialogar con las reclusas. El trabajo con los presos implica más acción física y es más peligroso, porque hay una mayor conflictividad”, dice otra funcionaria.
Esto ha afectado a rutinas habituales en una prisión, como por ejemplo, los cacheos. Los internos sólo pueden ser cacheados por internos de su mismo sexo. Por tanto, si un funcionario en un módulo debe cachear a una mujer con raquetas y no mediante palpación, dice El Mundo. “Los cacheos son nuestro principal instrumento de trabajo y se tienen que realizar a diario como medida de seguridad. Ahora, se está produciendo una relajación de funciones y una sobrecarga del trabajo porque, al final, los cacheos, las conducciones y los traslados los acabamos haciendo las mujeres”, dice la funcionaria al diario.
Lo mismo ocurre con las mujeres que trabajan en módulos de hombres, que también se encuentran más limitadas por tener menos fuerza física. “¿Qué hago si hay una pelea entre reclusos?. Desde luego, no me voy a meter en medio”, se lamenta otra trabajadora.
Las funcionarias se quejan así de la ley, que ha sido creada para defender los derechos de la mujer en realidad perjudica a todos. Ahora, los hombres tienen más opciones de acaparar los mejores puestos en los departamentos de mujeres, ya que suelen tener más puntos y mayor antigüedad, publica El Mundo.
Sus quejas sólo han recibido el silencio y el mutismo tanto d ela ministra de Igualdad como del Gobierno en su totalidad. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tampoco se ha manifestado al respecto, y son conocidas las declaraciones de Rubalcaba al respecto, diciendo ignorar el tema.
“Estamos desamparadas e indefensas. Queremos que se nos reconozca el derecho a elegir si queremos o trabajan con presos varones. Esta es la otra cara de la ley de Igualdad”, denuncian las funcionarias.
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Al igual que suprimieron los hospitales psiquiatricos, ahora los locos los deben mantener la familia en su casa con resultados nefastos, lo estan haciendo igual en las carceles, mezclan hombres para vijilar a mujeres y viceversa. Claro que estas cosas en las condiciones extremas de libertad que existen en las carceles, no dan los resultados que le gustaría a Bibiana. Me gustaría verla de directora de una prisión.
Saludos
manolo pizarro
Apr 25 2010, 12:46 AM
Un Gobierno muy piadoso
Pablo Molina-LD
La polémica por el uso del velo en los centros educativos ha permitido a los socialistas blasonar de respeto por las preferencias religiosas de los ciudadanos, siempre que no correspondan a la confesión practicada mayoritariamente por los españoles, en cuyo caso toda traba se les antoja insuficiente.
Vaya por delante el derecho de cualquier mujer musulmana a degradarse cubriendo permanentemente su cabeza en señal de sumisión a Alá y a su maromo (al de ella), pero lo que sorprende es que sean los socialistas, laicos hasta las trancas, los que aplaudan esta expresión de piedad. Aquí algo no cuadra. Quiero decir que el respeto por la religión es algo propio de los practicantes de alguna de ellas, no de los que consideran que la visión trascendente del ser humano es una lacra impuesta por la jerarquía religiosa para sojuzgar al ser humano. Pero es que, para los sociatas, la religión islámica no es el opio del pueblo sino el canuto de grifa de la juventud creyente para socavar el orden establecido. El enemigo no es la religión como hecho cultural y espiritual, sino únicamente la religión católica.
Cuando el Gobierno decidió por ley retirar los crucifijos de los espacios públicos no pensó en respetar a todos aquellos a los que ese símbolo no les parece insultante. Al contrario, con gran abuso del concepto, decidieron que un Estado aconfesional exige la supresión de toda simbología en las instituciones dependientes del Estado. Sin embargo, el que las niñas musulmanas acudan a los centros públicos exhibiendo ese distintivo de la religión más inflexible que se conoce les parece un canto al multiculturalismo del que ningún grupo social debe ser privado. Que está muy bien, oiga, pero no para que lo diga un laicista de izquierdas como el protocura Gabilondo.
Y es que lo menos que se le puede pedir al Gobierno es que sea coherente en su maldad. Por ejemplo los mapas del clítoris, a cuya confección ha dedicado la ministra de Igualdad numerosos esfuerzos y fondos públicos, serían un excelente medio para liberar a la mujer musulmana, al fin y al cabo tan oprimida según ella como la occidental. Tan sólo es cuestión de enviar a unas cuantas ONGs con folletos a la puerta de las mezquitas para ilustrar a los imanes sobre la riqueza sensorial y cultural de este órgano, tan amenazado por los practicantes más ortodoxos de esa confesión. No será por falta de subvenciones.
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Cuando el espacio académico es colonizado por una religión teocrática o una ideología totalitaria como la hiyab islamica que rebaja a la mujer. Entonces, se mata el enseñar y el aprender la “naturaleza propia de cada cosa”. Y eso es ahogarse, sin libertad, en la necedad que defiende Pagin o Bibiana. Hace tiempo que nuestro sistema educativo se olvidó de los valores del “espacio académico”, del sentido cívico de su autonomía y libertad democratica que debemos al cristianismo en Europa, y consintió en las aulas demasiadas invasiones y tonterías.
Saludos.
Maripili
Apr 25 2010, 09:58 AM
CITA
INVENTOS PERIODÍSTICOS
25 mentiras y una gran caradura
El escritor Philip Roth desmonta el increíble caso de un periodista que se inventó decenas de entrevistas con genios y celebridadesMIGUEL MORA
DOMINGO
25-04-2010 La historia del periodismo escrito habrá conocido sobresaltos parecidos. Pero seguramente el increíble caso de Tommasso Debenedetti supera cualquier proeza anterior. En sólo unas semanas, este joven freelance italiano, especialista en asuntos literarios y culturales, se ha convertido en una celebridad entre los escritores más importantes del mundo.
Philip Roth, Gore Vidal, Toni Morrison, E. L. Doctorow, Günter Grass, José Saramago, John Grisham, los flamantes premios Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio y Herta Müller... Todos ellos hablan estos días de Tomasso Debenedetti mientras bucean en su memoria tratando de recordar cómo y cuándo le conocieron.
Todos saben quién es, con bastante probabilidad pocos de ellos le han visto, aunque podríamos apostar que algunos están deseando echárselo a la cara.
Un tipo con el cuajo, la agenda y la sangre fría de Tommasso Debenedetti no aparece todos los días. En los últimos tiempos, todos esos autores han sido supuestamente entrevistados por él. Algunos ni siquiera lo saben. Pero Debenedetti ha publicado en diversos medios italianos largas conversaciones con ellos: preguntas, repreguntas, respuestas brillantes y elaboradas, piezas no exentas de estilo, color, descripción de vestuario, actualidad política, garra...
El pequeño detalle es que casi todas esas entrevistas eran falsas. Inventadas. Fantasía pura.
Lo curioso es que Debenedetti llevaba publicando sus falsos encuentros al menos desde 2006, y nadie se dio cuenta del pastel hasta el pasado mes de marzo.
Fue culpa de, o gracias a, Philip Roth. Y a Barack Obama.
Una periodista del diario La Repubblica, Paola Zanuttini, entrevistó el 26 de febrero a Roth para Il Venerdì con motivo de la publicación en Italia de su última novela, La humillación. La conversación, pesimista y vibrante, titulada El sexo y yo, estaba acabando cuando la periodista hizo la siguiente pregunta a Roth.
-¿Por casualidad también está insatisfecho con Barack Obama? En una entrevista a un diario italiano, Libero, resulta que lo encuentra incluso "antipático, además de ineficaz y deslumbrado por los mecanismos del poder".
La respuesta de Roth fue fulminante:
-¡Pero si nunca he dicho una cosa semejante! Es grotesco. Escandaloso. Es lo contrario de lo que pienso. Considero que Obama es fantástico. Y encuentro el ataque al que le someten los republicanos muy parecido al que sufrió Roosevelt (...). Estoy muy cabreado por esas declaraciones que me han atribuido: nunca he hablado con ese Libero. Desmienta todo. Ahora mismo llamo a mi agente.
La noticia se difundió como la pólvora por los blogs italianos. Maurizio Belpietro, director del tabloide conservador Libero, un sabueso que ha trabajado para Silvio Berlusconi dirigiendo Panorama y que hoy defiende al primer ministro italiano en todas las tertulias televisivas, reconoció su error y su embarazo y mandó borrar la entrevista de la web.
Era tarde. La suerte fue que, salvo los blogueros más combativos, nadie le dio demasiada importancia al asunto en Italia, ese bonito lugar donde casi todo está permitido y se extienden hoy la vulgaridad, la teleirrealidad y la propaganda; las querellas millonarias a los periodistas y los chantajes cruzados vía periódicos son el pan de cada día, los hechos han desaparecido de gran parte de la prensa y no es infrecuente que algunos medios publiquen noticias inventadas o falsas. (No hace mucho, Vittorio Feltri, director de Il Giornale, el diario de la familia Berlusconi, ha sido castigado a seis meses de inhabilitación por el colegio de periodistas: acusó con pruebas inventadas al director de Avvenire de ser homosexual).
Pero esta vez la noticia traspasó fronteras. Roth se encargó de ello. Tenía curiosidad por saber quién era ese entrevistador fantasma que le hizo renegar tres veces de Obama. Cuando leyó la entrevista entera, supo que no sólo era falsa esa respuesta, sino toda la entrevista. Luego, según ha contado a The New Yorker, Roth se metió en Internet y descubrió que también John Grisham había sido (falsamente) entrevistado por Debenedetti; que esa charla ficticia había sido publicada en tres diarios italianos (Il Resto del Carlino y La Nazione, conservadores, e Il Giorno, centrista) y que también incluía una perla contra Obama: "La gente está enfadada con él porque no ha hecho lo que prometió".
Pronto, Google Italia empezó a echar humo en las dos orillas del Atlántico: la voz corrió entre editores, agentes y departamentos de prensa y todos tecleaban Debenedetti + x (siendo x el nombre de su autor famoso). Y así se fue hilando la madeja.
Probablemente, el sarcástico Roth se carcajeó al saber que sólo unos días después de la entrevista trucha, un conocido columnista de Il Corriere della Sera, Pierluigi Battista, la citó en su artículo Si Roth se convierte en disidente para felicitarle por haber abandonado el barco de Obama en un gesto liberal que habría sido "impensable en la jacobina Italia".
Hoy, una red de ilustres autores damnificados tiembla cuando recibe las llamadas de Judith Thurman, escritora y periodista (de plantilla) de The New Yorker. Ella ha investigado a fondo y ha encontrado una veintena larga de entrevistas firmadas por Debenedetti desde 2006 hasta ahora, publicadas casi todas en Il Piccolo de Trieste, la ciudad de Claudio Magris. Luego ha puesto a prueba la memoria de los autores.
Toni Morrison niega haber hablado nunca con el freelance. E. L. Doctorow asegura que es imposible que el lenguaje y la imaginería que le atribuyó Debenedetti sean suyos. Gunter Grass tiene buena memoria, según su editor alemán, Helmut Frielinghaus, pero no puede recordar a Debenedetti. Nadine Gordimer, afirma su agente, no reconoce sus palabras en ese texto. La mujer de J.-M. G. Le Clézio informa de que es "muy improbable" que su marido haya hablado con Debenedetti y menos aún "expresado esas opiniones contra la prohibición del burka en los edificios públicos franceses". Un agente de Herta Müller, en fin, asegura que su clienta raras veces da entrevistas...
Tampoco A. B. Yehoshua o Scott Turow recuerdan haber hablado jamás con Debenedetti, pero están comprobando sus archivos. Igual que han hecho V. S. Naipaul, José Saramago -que niega haber dicho semejantes disparates sobre las inexistentes novelas de Fernando Pessoa-, J. M. Coetzee, Wilbur Smith, Meir Sgalev, Amos Oz, Elie Wiesel, el abogado iraní y activista Shirin Ebadi...
Otra cosa no, pero Debenedetti es un estajanovista, y tiene buen gusto, olfato y muñequilla. Demasiada muñequilla. Grisham, tras leer su entrevista nunca concedida, ha admitido que "no era una mala pieza de ficción". "La única explicación que encuentro", ironiza Roth, "es que este misterioso freelance tuviera en mente un plan para vender artículos atribuyendo a escritores famosos un sentimiento anti-Obama. No sé qué hará ahora. Seguramente se ha divertido, pero creo que su carrera ha acabado".
Roth, en todo caso, ha declinado emprender vías legales contra Debenedetti. "Serían demasiados viajes a Italia y demasiada obsesión", explica. Grisham, en cambio, parece inclinado a llevar el caso a los tribunales. El anti-Bartleby italiano, por su parte, ha reaccionado con el mismo desparpajo que sugiere su brillante currículo profesional: ha negado haberse inventado nada, ha añadido que tiene pruebas y cintas que certificarán su inocencia "en el debido momento". Y se ha manifestado incluso dispuesto a demandar a Roth. Como todo asunto realmente divertido, esto también tiene su drama dentro. Aparte de la resbaladiza metáfora sobre la decadencia del periodismo, la historia personal de Debenedetti sugiere un homenaje al doctor Freud: pertenece a una familia judía romana de muy noble tradición literaria, es nieto de una gloria nacional del siglo XX, Giacomo Debenedetti, escritor, ensayista y gran crítico literario, el primero que entendió en Italia el psicoanálisis y el talento de Marcel Proust. Y es hijo de Antonio Debenedetti, prestigioso crítico de Il Corriere della Sera.
Probablemente su familia estará viviendo con hondo pesar la mancha de "un apellido insospechable", como lo ha definido el editor de Libero, Francesco Borgonovo, al justificar el autogol encajado. Pero, al fin y al cabo, un tipo como Debenedetti debería ser tratado con ternura. El freelance sólo ha obtenido perjuicios de su compulsiva y megalómana mitomanía literaria. Il Piccolo le pagaba 20 euros la entrevista, Libero ni siquiera eso -por ese precio, ¿qué rayos esperaban?-. Como se ve, la vida del colaborador de prensa es cada vez más dura. Pero es de justicia admitir que escribir 25 entrevistas con genios y premios Nobel no está al alcance de cualquiera. Sobre todo si uno tiene que escribir las preguntas y también las respuestas.http://www.elpais.com/articulo/reportajes/...elpdmgrep_6/TesCITA
INVENTOS PERIODÍSTICOS
El 'scoop' tenía un fallo
La cantante Beyoncé revela a un periodista que cerró un contrato matrimonial con su marido, Jay-Z. ¿Una exclusiva? No. Un inventoANNA-MARIA HOLLAIN
DOMINGO
25-04-2010 Parecía la exclusiva perfecta. "Supuestamente, Jay-Z le tendría que pagar 10 millones de dólares en caso de separarse al cabo de dos años, y por cada año de matrimonio adicional se añadiría otro millón", lanzaba el periodista alemán Ingo Mocek a la cantante estadounidense Beyoncé en una entrevista publicada en el número de enero de Neon, una conocida revista mensual alemana de nuevas tendencias. "¿Quién se inventa algo así? No niego que hay un contrato matrimonial. Quiero animar a todas las mujeres con ganas de casarse a redactar uno, ganarán en influencia y autoestima. Pero no hablaré de los detalles. No me encuentro aquí ante un tribunal", respondía la artista al supuesto entrevistador.
La traducción al inglés de la pieza periodística tardó poco en extenderse por una infinidad de blogs y webs hambrientos de chismes con famosos, como mediatekeout.com. El scoop sólo tenía un fallo: no era cierto. Las presuntas declaraciones de la cantante enseguida desataron la alarma en su equipo de relaciones públicas. Los profesionales del mentís no perdieron el tiempo. "Lo comprobaron como comprueban todo lo que se escribe sobre ella, y se dirigieron a nosotros", explica por teléfono desde Hamburgo Timm Klotzek, uno de los dos redactores jefes de la revista. "Mocek debía quedar con Beyoncé el 5 de noviembre de 2009 en Berlín, pero no lo hizo. Ya se había encontrado tres veces con ella, en 2001, 2002 y 2006, y puede que usara parte de esas entrevistas".
Los asesores de la estrella del pop acordaron con los jefes de Neon retirar los ejemplares atrasados y cortar el acceso en Internet al falso encuentro, recogido también el 12 de enero en el diario suizo Tages-Anzeiger, en cuyo archivo todavía se puede hallar, aunque avisa de que se trata de una falsificación. El autor "lo confesó todo", comenta Klotzek, que añade: "Es más fácil cuando alguien dice: 'Lo que hice no fue correcto, reconozco que la fastidié'. Pero no puedo decir nada sobre sus motivos, sólo podría especular".
El 18 de marzo Neon colgó un comunicado en su web: informaba de que, al confirmarse las dudas, habían despedido sin demora a Ingo Mocek, colaborador del mensual, ya que su comportamiento no era "compatible con los estándares periodísticos y éticos" de la publicación. El texto también mencionaba cinco entrevistas problemáticas, detectadas entonces. "Tenemos una sección, La banda sonora de mi vida, en la que Mocek publicó conversaciones con Christina Aguilera y Slash -guitarrista de Guns'n'Roses-, entre otros. Son entrevistas hechas por teléfono; bueno, en el caso de Aguilera y Slash no hubo llamada. Sin embargo, parece que sí se encontró con el rapero Snoop Dogg, aunque hablaron mucho menos de lo que sugiere lo publicado", narra Klotzek.
Mocek, que colaboraba con otros medios, ha guardado silencio hasta ahora. Mientras, la mayor parte de la prensa alemana se ha limitado a condenar la práctica fraudulenta, pero no se ha producido un debate sobre el funcionamiento de sus propios filtros. Cuando el comunicado de Neon se actualizó el 16 de abril, reconociendo más entrevistas dudosas -17 en total, a Jay-Z, Moby, Robbie Williams y Madonna, entre otros-, unas inventadas y otras hinchadas con material de archivo, la noticia ya no tuvo repercusión en los periódicos.
Apenas se ha hablado de las circunstancias del caso: un solo detalle, el contrato matrimonial destapó la estafa. La primera entrevista que Mocek creó para Neon data de 2004 y, al parecer, nadie dudó de la veracidad de sus textos. El secreto del periodista quizá lo revela un comentario en la web del Tages-Anzeiger, de enero, sobre la conversación con Beyoncé: "¡Genial, la entrevista! Esta mujer da respuestas inteligentes a preguntas tontas. Me gustaría saber si las preguntas se hicieron así adrede, para provocar, y conducirla a esas respuestas maravillosas, o si fue pura suerte".http://www.elpais.com/solotexto/articulo.h..._8&type=Tes
Francisco Alegre
Apr 25 2010, 10:10 AM
Castigar la corrupción BALTASAR GARZÓN
DOMINGO
25-04-2010 El concepto de corrupción es confuso y amplio porque en su sentido físico es aplicable a cualquier objeto, y en sus aspectos intelectual, sentimental, político, social y económico, al ser humano en general. No todos se venden por dinero. Las motivaciones de quienes caen en la corrupción a menudo van más allá de lo económico: la propia convicción, el odio o la venganza, pasando por intereses de cualquier orden, incluido el de favorecer a los suyos, pueden corromper a una persona. Tampoco existe una sola clase de corrupción, ya que puede ser ésta pública o privada, clásica o moderna, y afectar a instituciones o sectores del Estado o de la justicia, en sistemas democráticos o en dictaduras. Pero se trata esencialmente de un fenómeno generador de injusticia y desigualdad entre los ciudadanos y, por ende, de desconfianza: ante la falta de respuestas adecuadas por parte de quienes tendrían obligación de perseguir las prácticas corruptas y no lo hacen, se presume la corrupción del sistema.
Aumentan así el desinterés por la defensa de lo público y la apatía ante la necesidad de generar un rearme ético que tenga como base la educación y el aprendizaje.
La corrupción política, de la mano de la económica, se traduce en una especie de privatización del Estado. Los servidores de este pasan a ser "dueños" de los servicios públicos en vez de gestores de los mismos. Cobra fuerza el concepto de patrimonialización de estos servicios en detrimento de la idea democrática de atención al ciudadano. Y se induce a este ciudadano, de manera forzosa, a creer en la inocuidad, o incluso en la bondad, del fenómeno.
Esta afirmación explica que la corrupción en España en el año 2008 ocupara uno de los últimos puestos en la clasificación de asuntos por orden de preocupación de los ciudadanos, y vuelve comprensible el hecho de que responsables políticos acusados, investigados o condenados por corrupción sigan contando con el apoyo popular en periodos sucesivos. De modo que para muchos, tristemente, es peor la evidencia de su torpeza al ser sorprendidos que el ser reconocidos como corruptos.
Si algo nos enseña el mapa de la corrupción en cualquier parte del mundo y en cualquier época, es que sólo los liderazgos valientes y decididos pueden acabar con el problema, superando la indiferencia popular y manteniendo una actitud vigilante e intransigente frente a los comportamientos corruptos. Una buena gobernabilidad, obtenida mediante la acción coordinada de organismos de control que reduzcan los espacios para la corrupción, es básica para una eficaz estrategia frente al problema. Y esa gobernabilidad, precisamente, se fortalecerá sobre la base de una lucha frontal contra la corrupción, lo que a su vez dotará a las instituciones de la autoridad necesaria para transmitir no sólo la apariencia de legalidad, sino también la firmeza ética de que no va a transigirse con la corrupción pública o privada.
La afirmación de que, en un sistema democrático, ciertas dosis de corrupción son necesarias para sostener el esquema de partidos políticos -que lleva a la aceptación de prácticas irregulares de financiación- es inaceptable, porque la credibilidad de una formación política debe radicar no sólo en la coherencia y el carácter democrático de sus ideas, sino también en la transparencia de sus recursos, reflejo de la honradez de sus dirigentes.
A pesar de que esto resulte claro, no son muchos los códigos penales que tipifican como delictiva la financiación irregular de los partidos políticos, una de las fórmulas más habituales de corrupción. Incluso en algunos sistemas se ha optado, casi sin polémica, por admitir claramente la acción de los lobbies o grupos de presión político-económica en campañas electorales (el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 2010, ha sentenciado la legalidad de acción de estos grupos, decisión que el presidente Barack Obama ha criticado con energía, siendo él mismo quien promovió la norma de su prohibición).
Es un hecho incontestable que la corrupción también es un instrumento idóneo para el crimen organizado y para el desarrollo e implantación de sus métodos en sistemas políticos y económicos y en instituciones financieras, policiales o judiciales, con el fin de conseguir mayores espacios de impunidad. Porque "ninguna forma de gobierno es indemne al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias de niveles muy superiores a los que son alcanzables con las actividades legales" (Louise Shelly, American University).
El crimen organizado ha penetrado en muchos Estados, desde el ámbito local hasta el nacional o federal, a través de la financiación de las campañas políticas para la elección de sus miembros como diputados. Recuérdense los casos de narcopolítica o parapolítica en países como Colombia, la compra de voluntades políticas por la Mafia en Italia o la designación de funcionarios de gobierno por grupos criminales en México.
Si lo anterior es un hecho, también lo es la asociación transnacional de unos y otros grupos criminales, como una necesidad derivada de la propia actividad organizada y de la complejidad y la globalización de los mercados a los que atacan. Ese crecimiento, curiosamente, los hace más vulnerables a la acción coordinada de la justicia de los distintos países, que se ha ido dotando de instrumentos idóneos para llevarla a cabo. Por tanto, será de esta forma como se deba incidir para sumar, a los efectos de la prevención, los de una adecuada persecución del fenómeno mixto "crimen organizado-corrupción".
Que no se hable tanto de corrupción no significa que haya dejado de existir. Por el contrario, lo sucedido es que aquellos que la practican se han hecho más expertos y han abandonado la bandera negra con la calavera pirata por el estuche negro del ordenador; y la maleta con la ametralladora por el maletín del ejecutivo. Han conseguido un nuevo triunfo: que se deje de hablar de ellos, de modo que no se perciba su penetración en consejos de administración de grandes empresas y organismos multilaterales, contribuyendo al lavado de activos procedentes de los más variados sectores de la criminalidad con impunidad de sus conductas, aplicando trabas a cualquier tipo de investigación.
De todo ello se desprende la necesidad de que el fenómeno de la corrupción se visibilice, se denuncie y se haga patente en toda su crudeza, para imposibilitar la indiferencia ante el mismo.
Hoy día, el tema de la corrupción, especialmente en nuestro país, está sometido a debate. Pero, detrás de formulaciones de intransigencia frente al mismo, se observan actitudes de comprensión, especialmente cuando se trata de casos de corrupción política. Casos en los que ciertos medios de información toman posiciones no necesariamente objetivas, sino encubridoras y entorpecedoras de la acción de la justicia.
Las noticias se suceden a tal velocidad que el ciudadano no tiene tiempo de asimilar lo que lee, escucha o ve en los diferentes medios, aunque no renuncie a cierta percepción crítica de los diferentes casos. Quizá podría decirse que, en lo que llevamos de siglo XXI, la corrupción se ha convertido en una especie de bacilo de la peste que viene de lejos, como nos relata brillantemente en este libro Carlo Alberto Brioschi, y que conoce ahora, como cualquier sistema infeccioso, su eclosión purulenta.
En su prólogo, el propio Brioschi se pregunta: "¿A quién le importa si el propio César es un ladrón?". A nadie, viene a responder el autor. Nerón y Calígula han pasado a la historia de igual modo que los santos, nos dice. Pero no hace falta ir tan lejos, nos sugiere el autor. Sabemos de casos de flagrante corrupción en los que se han visto envueltos ciertos políticos cuyo apoyo electoral y apreciación política no se han visto afectados por semejante conducta. Más bien al contrario. Incomprensiblemente, las máquinas propagandísticas de los partidos, o de algunos de ellos, anestesian la memoria de los ciudadanos para conseguir el olvido o, al menos, la condescendencia ante la promesa de que determinados hechos no volverán a producirse y que la limpieza y pureza de la gestión será en el futuro la norma. Sin embargo, pasado el tiempo, el escenario se repite, y algunos "tropiezos" se disculpan ante la perspectiva de una victoria electoral que garantice que las cosas serán diferentes.
Con ironía recuerda Brioschi que, según Octavio Paz, "una nación empieza a corromperse cuando se corrompe su sintaxis". La cita encierra una reflexión de largo alcance: la corrupción no es otra cosa que la alteración violenta del orden, de las reglas establecidas. Aunque también sucede que se aprovechan las normas para subvertir su contenido y buscar zonas de impunidad.
(...) Los últimos capítulos de esta Breve historia de la corrupción se centran en el estado actual de esta cuestión, en un mundo en el que el carácter global de las conexiones políticas y económicas otorga a los problemas escala universal. Brioschi analiza los grandes crash financieros y el futuro de la corrupción, y recuerda cómo, en el momento de su máxima expansión económica, Estados Unidos realizó, mediante la deshonestidad de su clase política y económica empresarial, una contribución esencial al desarrollo de todas las formas de corruptela. En ese sentido cita al sociólogo español Josep Ramoneda: "En esta sociedad de desigualdad creciente, su corrupción es al mismo tiempo un síntoma y una estrategia". Y así, el autor introduce el factor corrupción en el estudio de la democracia. Prosigue Ramoneda:
"Es cierto que la corrupción ha existido siempre y que si antes no era tan manifiesta es sólo porque la ideología política la ocultaba. Bajo el franquismo, todo el régimen era corrupto, y en las democracias europeas la corrupción fue un tabú hasta que la disolución del enemigo no eliminó también las viejas prioridades ideológicas".
Y va aún más lejos al decir que:
"en la medida en que la vida política se somete a las exigencias del poder económico, los territorios se confunden y lo público y lo privado se mezclan, y se generan mecanismos de transferencia constante de un poder a otro".
(...) No quiero terminar esta nota de prólogo al libro de Brioschi sin hacer alusión a un tema que el autor toca de pasada en su introducción. Brioschi alude a la sugerencia de Giuliano Ferrara de que la magistratura no debe decidir sobre la suerte de los gobiernos, y por extensión, de los gobernantes. El propio autor responde citando, entre otros, a Ilvo Diamanti, quien recuerda: "No hay que olvidar que la corrupción y los casos de irregularidad no se los han inventado los jueces".
Giulio Calamandrei añade al respecto, en el mismo contexto: "El mayor riesgo para un magistrado no viene -solo- de las presiones externas, sino del agotamiento interior de las conciencias". Que cada uno haga su reflexión particular sobre este tema, sin olvidar que la corrupción también anida con frecuencia en la judicatura.
La independencia judicial es el baluarte para una adecuada gobernabilidad. Esa independencia debe proclamarse tanto del poder político (ejecutivo, legislativo, los propios partidos políticos) como del económico (entidades financieras, bancos, corporaciones). Mi referencia a los poderes político y económico es intencionada por cuanto hoy lo político depende del poder económico, multinacional y globalizado de las corporaciones que, en definitiva, controlan su desarrollo. Por ello, resulta indispensable un poder judicial fuerte, independiente e inamovible, capaz de investigar y castigar la corrupción por encima de cualquier otra circunstancia, siempre desde la legalidad, pero sin la mediatización de quienes pretenden ejercer un control político sobre él, desde dentro o desde afuera.
Concluyo de la mano de Maquiavelo, a quien Carlo Alberto Brioschi cita a menudo: "No sin razón se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. La opinión pública pronostica los sucesos de una manera tan lúcida que se dirá que el pueblo está dotado de la facultad de prever lo que distingue al bien del mal", recuerda el autor en su texto sobre Tito Livio.
Pero, hoy en día, ¿podemos compartir esta afirmación en un mundo en el que los medios de comunicación deciden lo que es y lo que no es, en el que se ensalza o humilla por interés político o económico, en el que se defiende o ataca en función de lo que se obtenga o pierda? La responsabilidad de los medios de comunicación es de tal magnitud que puede afirmarse que de su uso adecuado depende el futuro de una sociedad que, queramos o no, es esencialmente mediática.Breve historia de la corrupción. De la antigüedad a nuestros días, de Carlo Alberto Brioschi. Prologado por Baltasar Garzón. Editorial Taurus. Publicación: 12 de mayo. Precio: 18 euros.http://www.elpais.com/articulo/reportajes/...lpdmgrep_10/Tes
Indalecio
Apr 25 2010, 10:18 AM
Reyal Urbis pagó la decoración de la casa de José Bono en Olías del Rey La Gaceta
08:55
25 de abril, 2010
Eugenia Viñes y Guillermo Moreno
Madrid Los trabajos se hicieron en febrero de 2001 y costaron 7.669 euros. La esposa del presidente del Congreso eligió los diseños, que sólo afectaron a los dormitorios de sus hijas Sofía y Amelia.
En 1998 José Bono reconocía una deuda de 10 millones de pesetas con el constructor y promotor Rafael Santamaría por haberse ocupado de la obra de su casa de Olías del Rey (Toledo), donde oficialmente reside el actual presidente del Congreso. En su declaración de bienes del año 2000, publicada en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha (DOCM), Bono informaba de que esa deuda ya estaba saldada.
Sin embargo, un año después, Rafael Santamaría decidía pagarle la decoración de dos de las habitaciones de esta vivienda de 400 metros cuadrados. Así lo demuestran las facturas pertenecientes a la empresa de interiorismo Cecilia Gómez SL, a las que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA. http://www.intereconomia.com/noticias-gace...o-olias-del-rey
manolo pizarro
Apr 25 2010, 11:19 PM
En esta piel de toro una vara distinta de medir los asuntos judiciales se está produciendo, no es de recibo que jueces y fiscales arremetan contra políticos de la oposición por presunto delito (basado en escuchas telefónicas) de haber aceptado el regalo de unos trajes de unos de los empresarios a quien se le han asignado contratos en la comunidad y sin embargo no se haga lo mismo con otros que, estando en partido del gobierno, el mismo tipo de empresarios, entre otros, le decoren el chalé a gusto de su señora esposa con factura demostrada, le arreglen el piso de su hijo o le paguen un veraneo en Hotel de lujo. Algo raro está pasando con la politización de la justicia ¿No os parece?
Y como España es tierra de chistes, le pondremos a ésta trama su gotita de humor: ¿En que se parecen los Bonos del Tesoro al Tesoro de los Bono.......? En que ambos los pagamos todos los contribuyentes : :rolleyes
Pasemos a darle un repaso a la "nueva clase burgesa subvencionada" que nos ha salido en apoyo de Garzón.
Marcha pro Garzón, contra la justicia, contra la democracia.
Pío Moa-LD
Imaginemos que en USA sale un juez chiflado y ansioso de notoriedad tratando de investigar los crímenes contra la humanidad de Roosevelt, Truman y sus gobiernos, o en Inglaterra los de Churchill y los suyos. Porque, claro, los bombardeos sobre la población civil alemana y japonesa, o las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki cumplen las especificaciones de crimen contra la humanidad y hasta de genocidio y, según diversos acuerdos internacionales, esos crímenes no prescriben. Imaginemos que ese juez chiflado aumenta la exhibición de su estupidez exigiendo las actas de defunción de los gobernantes de aquellos tiempos, para cerciorarse de lo que todo el mundo sabe: que están muertos. Bien, llegados a este punto, el juez se pondría plenamente en evidencia: los muertos no pueden defenderse y no pueden ser juzgados.
Pero, insistiría él, ¿acaso no deberían ser investigados esos crímenes? ¿Y la dignidad de las víctimas y todo eso? La respuesta es clara: una investigación judicial persigue el castigo de un crimen, y la dignidad de las víctimas ni gana ni pierde cuando los presuntos culpables no pueden defenderse ni ser castigados. La investigación de los hechos no corresponde ya a los jueces, sino a los historiadores, como debiera ser obvio para cualquier persona con algo de sentido común. Seguramente los demás jueces pararían en seco al chiflado y, si este persistiese, el Tribunal Supremo o lo que haga su papel, podrían aceptar acusaciones al juez por uso torticero de la ley y prevaricación.
No obstante, se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, de modo que no cuesta nada imaginar que diversas organizaciones, por ejemplo los sindicatos, algunos partidos y personajes tipo Noam Chomsky, se pusieran en pie de guerra contra quienes acusasen al juez en cuestión, afirmando que el Tribunal Supremo no puede dar curso al cargo de prevaricación, porque, si lo hace, se vuelve cómplice del crimen contra la humanidad y el genocidio. Y que, yendo más allá, lanzasen una campaña de confusión y sentimentalismo en los medios de masas, convocasen manifestaciones e insultasen gravemente al Tribunal Supremo. Indudablemente, ahí ya estarían entrando en el ataque directo al sistema democrático y a la justicia, y se crearía un conflicto de gran alcance, en el que, o se imponían las normas básicas del derecho y la democracia, o estos entrarían en una dinámica de desintegración.
No es fácil suponer que tales cosas se dieran en USA o en Inglaterra. Pero en España sí se están produciendo. Y, lo que resulta muy significativo aunque no voy a analizarlo ahora, con el apoyo de órganos de expresión useños y británicos que seguramente no aceptarían nada semejante en sus propios países.
Decía Julio Cerón que un rasgo de la política española desde principios del siglo XIX había sido una alta dosis de delirio y extravagancia, y ciertamente de ello podían darse muchos ejemplos. El efímero Rey Amadeo huyó prácticamente del país diciendo que la política de entonces parecía "una jaula de locos", y menos mal que no tuvo ocasión de contemplar la I República. En Nueva historia de España no dejo de señalar la chifladura como una de las claves sin las cuales no se hacen inteligibles los acontecimientos, y hoy estamos inmersos de nuevo en una oleada de tales delirios. Una chifladura que llega al extremo de presentar como caídos en defensa de la democracia a los chekistas y a la amalgama de partidos stalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas y racistas que componían el Frente Popular (y que se mataron abundantemente entre sí, para no desmentir el delirio). Como si en Inglaterra y Usa pintaran a los nacionalsocialistas o a los dirigentes japoneses como apóstoles de la concordia, la paz y la libertad.
He dicho que estamos en una batalla crucial que, o la ganan la justicia, la democracia y el sentido común, o la ganan sus enemigos, y volvemos a lo de siempre. Es decir, lo de siempre desde la invasión napoleónica.
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Las politiquerias, como las venganzas, no deben tener asiento en un Estado en el que la Ley, sólo la ley, impera. Si no, vamos camino de Cuba. O de Venezuela.
Saludos.
manolo pizarro
Apr 25 2010, 11:37 PM
El juez Garzón cobró en negro los honorarios de una conferencia sobre terrorismo.
http://www.intereconomia.com/noticias-gace...ncia-terrorismo
Saludos.
Pepin
Apr 26 2010, 06:50 AM
El juez cobró en negro los honorarios de una conferencia sobre terrorismo La Gaceta
11:03
25 de abril, 2010
Redacción Garzón no presentó factura ni firmó ningún recibo. De esta noticia se hizo eco el periódico digital La Tribuna de Navarra.
Madrid .- El periódico jurídico La Tribunal del Derecho ha publicado que el juez Garzón había cobrado en dinero negro una conferencia pronunciada en Pamplona en 1999, por invitación de la Unión del Pueblo Navarro. Cuando llegó el momento del abono de los honorarios pactados (1.500 euros), el juez pidió que se lo pagaran en metálico, como así se hizo. Acto seguido, Garzón no presentó factura ni firmó ningún recibo. De esta noticia se hizo eco el periódico digital La Tribuna de Navarra.
A raíz de la publicación en este medio, UPN emitió una nota de presa que afirmaba que la “charla del juez se impartió en 1997 y organizada por Juventudes Navarras”. Además, la remuneración de Garzón fue justificada con el correspondiente recibo”. Es más, “consta en la contabilidad de UPN, que todos los años es fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.
Ante esta rectificación, el diario digital solicitó información al tribunal. El 16 de marzo de 2009 la oficina de prensa del tribunal desmiente lo afirmado por UPN. La nota dice así: “Se han observado diversas anotaciones contables que corresponden a entregas de fondos a la organización juvenil del partido, cuya única documentación justificativa es un recibí en el que se detallan conceptos, pero sin aportar las facturas correspondientes. Se estima que dicha documentación es insuficiente para un adecuado control de este tipo de gastos, dado que no se acredita el objeto, condiciones y finalidad de la ayuda concedida”. Aplicado este comentario del informe del Tribunal de Cuentas a los hechos referidos, se deduce que el tribunal únicamente ha dispuesto de un “recibí” de la organización juvenil, sin que el mismo haya sido acompañado de otra documentación complementaria.
Además, se da la circunstancia de que el presidente de Juventudes Navarras de UPN, que organizó la conferencia, era Carlos Salvador, actual diputado regionalista en el Congreso. http://www.intereconomia.com/noticias-gace...ncia-terrorismo
Katharina Von Strauger
Apr 26 2010, 07:08 AM
Víctimas vencidas y víctimas vencedoras JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
EL PAÍS
Opinión
26-04-2010 Se pensaba que, cuatro décadas después, las dos Españas era una idea superada por nuestra convivencia democrática. Es lamentable afirmarlo, pero no es así. Sigue existiendo la brecha que nos separa y nos divide. Debe ser que la Transición no salió tan bien como se pensaba y que dejamos veredas abiertas por las que algunos se adentraron, convirtiéndolas, con el paso del tiempo, en autopistas por las que se vuelve a circular hacia el rencor, el odio y la división.
No es extraño que algunas cosas se hicieran mal, porque la correlación de fuerzas era desigual. De una parte, todo el aparato del franquismo, intacto, poderoso y retador, y, de otra, una izquierda débil, radicalizada y temerosa de no saber encontrar el hueco apropiado para que España se adentrara por la senda democrática y constitucional.
Han pasado 70 años y sería necesario que los demócratas fuéramos capaces de transmitir nuestros sentimientos sin revancha, cuando nos referimos al salvajismo sobrevenido del golpe de Estado del año 1936. Y desde esa voluntad noble, se puede ser consciente de que, si no recuperamos la España que perdió en las trincheras, no es que tengamos una sola España, es que tendremos media España. Teníamos la España de Franco, pero llegó la Democracia y es justo que España recupere el patrimonio de la otra España silenciada. También aquellos perdedores eran España. Nadie puede pretender cambiar la realidad sino explicarla. La guerra la ganó Franco. No hay duda. Ese no es el debate.
Quiero comprender a muchos de los que estuvieron en el bando ganador. Muchos ganadores fueron también sufridores de una guerra que ganaron. Los soldados ganadores también fueron arrancados de sus hogares, marchitaron sus esperanzas y su juventud, abandonaron a sus padres ya ancianos, a sus esposas, a sus hijos. Muchos fueron lanzados a un combate en el que no querían participar, les obligaron a sobrevivir entre la pólvora y la sangre. Sin querer combatieron, sin querer mataron y sin querer murieron. Aquella guerra asustó tanto a los que ganaron como a los que perdieron, porque, al final, todos perdieron, perdió España. No es guerracivilismo estudiar los excesos de los vencedores, pero tampoco ha de serlo entrar en la averiguación de las torpezas republicanas.
No tendremos la paz de todos hasta que sepamos todas las situaciones que padecimos. Para que nadie pueda albergar reservas mentales, los demócratas aceptamos, sin objeción alguna, que se estudie, que se revise el periodo republicano, que se aireen las luces y las sombras de esos años convulsos de la historia de España. Pero, de igual forma, como medio completo de higiene, porque no tiene sentido asear sólo medio cuerpo, tenemos que aceptar que se estudie el periodo completo de la Guerra Civil y la posterior dictadura, también por los excesos que protagonizaron los vencedores. Pero ahí, entre los que vencieron que murieron y los que murieron que perdieron, es de justicia recibirlos con honor, porque creían defender unos ideales y, ante tal creencia, no caben discriminaciones. El soldado merece el respeto, pero no lo merece el asesino, ese otro personaje que, instalado a veces en la retaguardia, era el manijero que señalaba los ajustes de cuentas, en frío y sin piedad.
Es necesario entender que la ley aprobada sugiere también abrir las puertas de par en par a la verdad histórica, a esa historia de hace 70 años que nos heló el corazón, pero donde hubo, en un sitio u otro, gente de bien, personas que creían en una idea y lucharon por ella y hasta dieron la vida. La memoria histórica no es un instrumento para afilar el arma arrojadiza, sino una idea noble para devolver al presente nombres y circunstancias, a fin de que también moren en los vivos esas páginas reencontradas con toda la dignidad posible. Y aunque todavía hay resquemores porque no hay circunstancias más sangrantes que los enfrentamientos en una guerra civil, es lo cierto que hemos de tender a una serenidad amable, aunque sea a contrapelo de nuestro dolor, pensando que la gran mayoría de los combatientes no fueron culpables, porque ellos no provocaron ni decidieron ir al combate.
Los hijos o nietos de aquellas víctimas no quieren ya sacar los colores a nadie, ni buscar afrentas, ni pedir venganza. El deseo de estas personas es muy sencillo, es ejercer el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y dejar clara su memoria. Muchos familiares no saben dónde están los restos de sus padres o de sus abuelos. Cada uno desea pacificar su propia vida dando sepultura a sus seres queridos. Eso persiguen quienes participan ahora en la Recuperación de la Memoria Histórica, dar satisfacción a un sentimiento humano, cumplir con un ritual indispensable para aliviar el dolor, desagraviar a aquellos que cayeron, con el último gesto que les pueden dedicar, darles una tumba y renovarles el recuerdo. La voz de los herederos de esos perdedores no dice más que una cosa: "Que mis muertos y su papel en esa terrible historia quede aclarado y descansen en paz".
Nadie debe ganarnos en generosidad a quienes, desde la izquierda, hemos contribuido a la Democracia. Las víctimas de los que se sintieron vencedores ya tuvieron la oportunidad de honrar a sus muertos. ¿Creen ellos que ya es hora de que las víctimas de los que perdieron tengan también esa misma oportunidad? Porque hay el mismo dolor humano en unos que en otros, porque el dolor no sabe de siglas, de ideologías ni de banderas.
La mayor parte de los contendientes en la Guerra Civil fueron víctimas, víctimas vencidas y víctimas vencedoras. Otros, los menos, son los culpables de subvertir un orden que estaba democráticamente construido y cimentado. No podemos -ni debemos- bendecir lo criminal, pero sí queremos que cada uno reivindique la memoria de quienes, sin ser culpables, padecieron, murieron y fueron olvidados. Desde la izquierda, vivido lo vivido y aprendido lo aprendido, y habiendo escuchado de labios de gente que venció confesiones de dolor y desasosiego, porque no quisieron ser protagonistas de lo que hicieron, confieso que no albergo resquemor alguno. Pero comprendo y apoyo, en toda su dimensión humana, la esperanza, la última esperanza, para brindar el último homenaje a los anónimos e ignorados, gracias a un deseo que no es reaccionario ni vengativo. Esa es la voluntad sincera de recuperación de la Memoria Histórica.
No cabe la menor duda, pues, de que la Ley de Memoria Histórica pretende ayudar a que todo el mundo pueda cumplir ese deseo de encontrar y enterrar dignamente a sus muertos. Lo acontecido desde su aprobación por las Cortes, con el último episodio judicial que tanto nos divide, no está permitiendo que eso ocurra de la forma en que querían y quieren familiares y demócratas amantes de la concordia y reconciliación. Se debería intentar, por todos los medios y con máxima celeridad, una modificación de esa ley o la elaboración de otra que obligue a todas las instituciones del Estado a facilitar los medios de todo tipo para que ese objetivo pueda ser alcanzado, separando al muerto de las circunstancias de su muerte o asesinato.
Y cuando las fuerzas políticas consideren necesario aclarar las circunstancias de esas muertes, que se revise lo pactado en la Transición, que se legisle en función de la justicia y que ningún juez encuentre en esa legislación ningún resquicio para, unilateralmente, alterar lo que se haya decidido en nombre de la soberanía nacional. El Gobierno tiene la obligación de liderar este proceso que nos devuelva la concordia.http://www.elpais.com/articulo/opinion/Vic...elpepiopi_4/Tes
Francisco Alegre
Apr 26 2010, 02:30 PM
Zapatero frena a los líderes del PSOE que exigen mayor apoyo a Garzón Blanco, Pajín y Chaves pidieron más compromiso hacia el juez de la Audiencia Nacional - El respaldo al magistrado lo ejercerá el partido, pero no el GobiernoJ. CASQUEIRO/ L. R. AIZPEOLEA
Madrid
EL PAÍS
España
26-04-2010 Fue una discusión interesante y viva y acabó en un reparto de papeles. Sucedió el pasado lunes, 19 de abril, a primera hora de la mañana, en la reunión de estrategia semanal que se celebra en La Moncloa y a la que acude la cúpula del Gobierno, del Grupo Parlamentario y del PSOE. Varios dirigentes del partido, como la secretaria de Organización, Leire Pajín; el vicesecretario general, José Blanco, y el propio presidente del partido, Manuel Chaves, reclamaron mayor compromiso en la defensa del juez Baltasar Garzón ante el malestar social que ha generado su enjuiciamiento por el Tribunal Supremo por su investigación de los crímenes del franquismo. Zapatero insistió en no rebasar el límite del respeto a las instituciones y a la independencia judicial. Tras el debate se pactó una salida: el Gobierno evitará cualquier manifestación que pueda cuestionar esa independencia o pueda interpretarse como una presión sobre los jueces. El apoyo a Garzón lo ejercerá el partido.
Unos días antes, el pasado 13 de abril, se había celebrado en la Universidad Complutense de Madrid un acto de apoyo a Garzón al que acudió el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que acabó con agrias invectivas de algunos oradores, sobre todo del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, contra algunos magistrados del Supremo que en el pasado fueron jueces del franquista Tribunal de Orden Público (TOP).
Mientras Chaves, Pajín y Blanco defendían la mayor implicación del partido en el apoyo a Garzón, algunos de los presentes apuntaron que la presencia de Zarrías quizá no fuera del todo oportuna. Incluso señalaron que hubiera sido mejor que ningún cargo del Gobierno estuviera en actos con un resultado tan polémico que sirvió al PP para lanzar una campaña contra el Gobierno acusándole de deslegitimar las instituciones judiciales. Uno de los asistentes a la reunión, Manuel Chaves, al que une una larga tradición política y personal con Zarrías, se vio obligado a justificarla por razones personales y detalló la represión franquista contra el abuelo de Zarrías, fusilado, y contra su padre, encarcelado.
La conversación derivó hacia cuál debe ser el tratamiento que los miembros del Gobierno y el PSOE deben dar a los magistrados del Tribunal Supremo y cómo graduar el apoyo a Garzón en este polémico caso . Los más implicados en la gestión del partido -Chaves, Blanco y Pajín- demandaron una posición contundente y clara. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Economía, Elena Salgado, apenas intervinieron. Tampoco destacó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Zapatero, cuyo abuelo también fue víctima de la represión franquista, tuvo una intervención fría y analítica. En este tipo de debates, el presidente encarna el papel de árbitro. Escucha y espera. Y luego toma partido. Así sucedió el lunes.
El presidente sabe que Garzón suscita grandes controversias en la familia socialista. Una parte importante de la vieja guardia del partido no le tiene simpatía por su actitud cuando en 1994 dimitió como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ejecutivo de Felipe González. Ese sector no olvida cómo, al volver a su despacho de la Audiencia, removió el caso GAL sentando en los tribunales a la cúpula de Interior del Gobierno de González.
Otros ex cargos de Gobiernos socialistas, como el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; la ex secretaria de Estado de Interior, y ahora vocal del Poder Judicial, Margarita Robles; y la actual vicepresidenta primera le desprecian por los enfrentamientos personales que mantuvieron con él cuando entre 1994 y 1995 coincidieron en la cúpula del Ministerio de Justicia e Interior. Por último, los jóvenes socialistas tienen una gran simpatía a Garzón por sus actuaciones contra ETA o las dictaduras chilena y argentina.
Zapatero, tras señalar que las víctimas del franquismo tenían todo el apoyo del Gobierno y situar en este terreno la actividad del juez Garzón, puso el acento en los comportamientos políticos. Según señaló Zapatero, el PP pretende, además de seguir atacando por el flanco de la crisis económica, abrir una vía de ataque al Gobierno tratando de responsabilizarle de participar en una campaña de descrédito de las instituciones como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Zapatero recordó que el PP ya lo había ensayado con la presencia de Zarrías en el acto de la Complutense. Y las posteriores declaraciones de Mariano Rajoy y otros dirigentes del mismo partido arreciaban en la misma dirección.
Reclamó, por ello, mucha prudencia a todos, especialmente a los miembros del Gobierno para no facilitar la nueva estrategia del PP . Y dejó un margen de actuación al partido para que defendiera a Garzón pero sin poner en cuestión al Tribunal Supremo . Propuso que se diera la vuelta a la estrategia del PP lanzando el ataque del PSOE contra este partido acusándole de sectarismo contra las actuaciones judiciales que le perjudicaban (caso Gürtel).
Esta posición de Zapatero fue tenida en cuenta ante la convocatoria de la manifestación celebrada el pasado sábado. No hubo ningún representante del Gobierno, y la representación oficial del partido se limitó al miembro de la Ejecutiva Pedro Zerolo. No obstante, sí acudieron algunos diputados nacionales y autonómicos mezclados entre la multitud.
Zapatero mantuvo la misma actitud ante el debate social suscitado por el retraso de la sentencia del Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña . El líder socialista avanzó en esa reunión lo que el miércoles expondría públicamente en la sesión de control del Congreso. Zapatero dijo a los socialistas que la responsabilidad del bloqueo del Tribunal no radicaba en los magistrados sino en el PP que había puesto cantidad de obstáculos a su renovación y había tratado de condicionar su composición.
El presidente también insistió en que los magistrados elegidos por el PSOE mantenían actitudes más independientes que los del PP cuya actuación era uniforme. Por ello aclaró que no se puede abogar por el nombramiento de independientes para los principales cargos judiciales y luego exigirles obediencia partidista, en alusión a algunas críticas que algunos dirigentes socialistas dirigieron hacia el magistrado Manuel Aragón que discrepó de la posición mayoritaria del bloque progresista del Tribunal.
Como tras los maitines se reúne la Ejecutiva del PSOE, esa dualidad la debía encarnar inmediatamente Pajín, la número tres del partido. Un problema de agenda lo trastocó todo. Blanco, vicesecretario general del PSOE, tras la charla en La Moncloa, declaró en la Cadena SER, antes de que congregase la Ejecutiva del partido, su admiración por Garzón y su lamento porque Falange pudiera ganar esa batalla judicial. ¿En calidad de qué se manifestaba Blanco? Su discurso descolocó la estrategia y, sobre todo, a Pajín, que compareció horas más tarde en Ferraz con el paso cambiado y el discurso tomado.http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapa...elpepinac_2/TesEste articulo y el comportamiento del PSOE es una groseria juridica.
Andy Maykuth
Apr 26 2010, 05:11 PM
El PP tilda de "radicales" las manifestaciones de apoyo a Garzón González Pons amenaza con denunciar a Bono ante la Fiscalía Anticorrupción si no explica su patrimonioEL PAÍS
Madrid
ELPAIS.com
España
26-04-2010 El PP ha tildado hoy la manifestación del pasado sábado en defensa del juez Baltasar Garzón de "radical" y ha insistido en acusar al Gobierno de "minar la credibilidad de instituciones neutrales", como el Tribunal Supremo, y por extensión, de minar el sistema democrático.
El responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha asegurado que las movilizaciones en apoyo de Garzón no son comparables con otras que tuvieron también como objetivo al alto tribunal (por ejemplo, las que reclamaban al Supremo que no rebajara la pena al etarra Ignacio de Juana) ya que las del sábado tuvieron "poco" de moderado y pretendían "coaccionar y limitar el poder de decisión" del tribunal, así como proponer un cambio de modelo de Estado al portar algunos de sus asistentes la bandera republicana.
González Pons, además, ha culpado al Gobierno de participar en esas "acusaciones" y "ataques" al Supremo con "declaraciones altisonantes" y, por ello, "minar la credibilidad" del alto tribunal y de provocar, con esta actitud, que se resienta el sistema democrático.
Bono, ante Anticorrupción
Por otro lado, González Pons, ha anunciado hoy que su partido dará cuenta a la Fiscalía Anticorrupción de las informaciones sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, si éste no ofrece una explicación "contundente" ante los medios de comunicación sobre este asunto.
El dirigente del PP ha insistido en que si pasan los días y esas explicaciones no se producen su partido se verá obligado "por el bien de todos" a denunciar el caso
El portavoz del PP ha reiterado que Bono no es un "diputado más" y después de conocerse por varias publicaciones que tiene un patrimonio "difícil de explicar" con lo que se gana en la política, su silencio "clamoroso" -ha dicho- es grave.http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/t...lpepunac_14/TesY ahora los otros, que no son mancos.
Julian Navascues
Apr 26 2010, 05:21 PM
En el Café de Chinitas JOSÉ MARÍA RIDAO
EL PAÍS
España
26-04-2010 La corrupción, la memoria histórica, la sentencia del Estatut, el asesinato de Seseña, el velo de una niña en un colegio: si algo tienen en común estos asuntos es que han acaparado, uno tras otro, el grueso de la atención pública durante semanas. Con un añadido inevitable: que otros asuntos han desaparecido casi por completo de la escena. El problema no es, como podría pensarse, que aquello de lo que no se habla sea más o menos importante que lo que nos absorbe. Se trata, por el contrario, de la actitud que una agenda, por así decir, tan íntima, tan particular, incluso tan castiza, va consolidando en el debate público.
Los españoles de hoy no necesitamos, como en tiempo de Felipe II, que se nos someta a un cordón sanitario para que no quedemos expuestos al contagio de las ideas venidas de fuera; ahora, ese cordón nos lo imponemos nosotros mismos, cerrando los ojos y los oídos a todo asunto que no se produzca de Pirineos para abajo. Con el corolario de que, desde fuera, España vuelve a percibirse como una pintoresca singularidad, un país capaz de seguir a la bola de sus cosas mientras el resto del mundo trata de hacer frente a una incierta situación económica y a un sistema político que, como la democracia de otras épocas, vuelve a estar rodeado de amenazas.
Cuando se ensalzan los logros que han colocado a España entre las potencias más prósperas, se hace a la manera en que, En el Café de Chinitas,
dijo Paquiro a su hermano,
yo soy más valiente que tú,
más torero y más gitano.
En ningún momento se asume que por el simple hecho de encontrase entre las potencias más prósperas, España tiene la obligación de estar atenta a cuanto suceda fuera de sus fronteras, intentando rentabilizar al máximo su capacidad de influir. No por hacer del mundo un nuevo y más amplio Café de Chinitas en el que dar curso al orgullo de Paquiro, sino porque todo debate internacional que se resuelva sin un punto de vista español, toda decisión que se adopte sin que España se implique en las deliberaciones y no sólo en los resultados, compromete nuestro progreso y bienestar futuros.
Hay algo de cortedad provinciana en el hecho de consumir la mayor parte de nuestras energías en asuntos que sólo nos afectan a nosotros, no porque seamos víctimas de una maldición divina que ha escogido nuestro país como escenario de extrañas plagas, sino porque hemos perdido de vista que cuando se ocupan las posiciones más elevadas se está más expuesto a la mirada de los demás. De seguir por el camino que vamos, nadie volverá los ojos hacia nosotros para contrastar experiencias de igual a igual sobre los problemas que preocupan al mundo, sino para solazarse en un parque temático en el que, de puro exotismo, no se distingue el pasado del presente, los sucesos de las noticias, las excepciones de las reglas. Un carnaval perpetuo, en fin, que, como el que precede a la Cuaresma, pone a disposición del visitante la posibilidad de revivir las pasiones negadas y reprimidas en la vida diaria.
Ante una situación como la que empieza a dibujarse, tanto da que se opte por buscar un chivo expiatorio que por abandonarse a las jeremiadas de la responsabilidad colectiva. Uno y otro camino devuelven de manera inexorable al Café de Chinitas, sólo que el Paquiro de turno no presumirá ante sus rivales de valor y torería, sino de displicencia y falta de compromiso ciudadano. Hace años que la voluntad de solucionar los problemas de la gente se han convertido en el eslogan por excelencia de la política y de cualquier otra actividad pública. Si hoy vivimos lo que vivimos, no es porque no se hayan encontrado las soluciones, sino porque se han confundido los problemas. Las invocaciones a la gente, a lo que la gente desea como norte de la actividad pública, han abierto las puertas a la demagogia como legitimación última de cualquier iniciativa.
Si un partido adopta un programa, sea desde la oposición o desde el Gobierno, es sólo porque lo espera de él la mayoría de sus votantes. Lo mismo que si un medio de comunicación pone el énfasis en una u otra noticia. O si un escritor o un artista se inclina por un tema o por otro, que debe desarrollar de manera lo suficientemente convencional como para que nadie se tropiece con las dificultades de lo original o lo imprevisto.
Hasta el punto de que una noción como la de lo políticamente incorrecto no es hoy sinónimo de nadar contra corriente, sino de ponerse con grandes gestos a su favor.http://www.elpais.com/articulo/espana/Cafe...elpepinac_6/Tes
manolo pizarro
Apr 26 2010, 11:56 PM
Lastima nos tengan tan entretenidos con Garzón y su defensa de "chillones" subvencionados, mientras emplean nuestros dineros en "obras de misericordia" por Organizaciones Sí Gubernamentales (OSG) que influyen con él, mediante presión politica en la odopción de programas ideologicos "progresistas" (neonacionalismo, ideología de sexo (versus género), aborto, eutanasia, neolaicismo, multiculturalismo, neorrepublicanismo, desmemoria histérica, homosexualismo, populismo y otros revividos baratos de la contracultura del siglo XX) allí donde haga falta. Solo sabemos de ésta OSG, no es de extrañar que existan bien en otras comunidades "afines", bien en otros paises con gobiernos "hermanos", otras con iguales fines.
¿Que de que estoy hablando? facil, coloco ESTE ENLACE, para poder darse una vueltecita y observar.
Otro dia hablaremos de la crisis y del millon de parados mayor de 45 años que ya tenemos en España.
Saludos.
Pepin
Apr 27 2010, 06:41 AM
Los Ocones 3, o cómo ser solidarios con los dineros de los demásSolidario, palabra compleja que no quiere decir lo que generalmente se entiende, simboliza ya un tópico del tercer tercio del siglo XX y principios del siglo XXI y concreta la forma de hacer desaparecer la caridad tradicional, instaurada por la Iglesia común cristiana.Libertad Digital
2010-04-26
Pedro de TenaFue la Iglesia la que inventó las obras de misericordia, desde dar de comer al hambriento hasta consolar al triste o enseñar al que no sabe - para los que ni siquiera han oído hablar de ellas, son catorce, siete corporales y siete espirituales -. Pero, como sabe la izquierda y no comprende la derecha, en el principio está el verbo, la palabra. Hay que introducir en el vocabulario popular palabras nuevas que identifiquen el "progreso" y borren del mapa dialogal a los carcas. Esta es una de ellas. Manuel Martínez Ocón, quizá el principal de los Ocones, familia histórica del socialismo andaluz, ha dedicado buena parte de su vida a la "solidaridad", eso sí, con el dinero mayormente procedente de todos los andaluces. Otro hilo de la tela.
Martínez Ocón ha sido el encargado por el PSOE andaluz de "controlar" el buen funcionamiento de la solidaridad en Andalucía desde un puesto relevante de coordinación regional y desde una "ONG" alimentada desde el dinero público de manera bien abundante. El cargo ha sido el de Coordinador general las ONG´s andaluzas. Su ONG tradicional ha sido Equipo Solidaridad Internacional Andalucía, hoy llamada meramente Solidaridad Internacional Andalucía
Los cargos directivos de esta asociación son:
Junta directiva:
Presidenta de Honor > Cristina Hoyos Panadero
Presidente > Manuel Martínez Ocón
Secretaria > Nieves Martínez Mayolín
Tesorera > Carmen Cano Corredor
Relaciones con la Universidad > Manuel Gómez Lara
Relaciones con las Empresas > Rafael González Palomo
Voluntariado > Justo Zahinos Jaramillo
Comunicación> Juan Llamas Martínez
Equipo:
Área Financiera > Mª Isabel Crespo, Vanessa Díaz, Lourdes Porras
Cooperación y Acción Humanitaria > Natalia Núñez, Marta Pajuelo
Educación para el Desarrollo > Bibiano Torres, Inmaculada Álvarez
Inmigración > Moina Hamad, Sonia García, Carmen Gutiérrez, Victoria Fernández
No cabe llamarse a engaño porque la suya es un ONG claramente tejida desde el PSOE nacional y que tiene como referente a la Fundación Solidaridad Internacional, cuyos cargos son los siguientes:
Patronato:
Presidente > Juan Manuel Eguiagaray, ex ministo de Felipe González, como se recordará
1ª Vicepresidenta > María Virtudes Monteserín
Vocales > Alfonso Arenas, Enriqueta Chicano, Rosa Conde, ex ministra, Xoan Cornide, Montserrat Domínguez, Juan Ignacio López, Federico Mañero, Mikel Marín, Manuel Martinez, Jose Antonio Sanahuja, Santiago de Torres, Angeles Yánez-Barnuevo, que tiene los mismos apellidos que Luis Yáñez.
Equipo:
Dirección > Ana Rosa Alcalde
Coordinación General > Inmaculada Gómez
Proyectos > Carlos Cabo, Raquel Sastre, Míkel González, Javier García, Cristina Selva, Marta Mª Navas, Elena Alfageme
Educación para el Desarrollo > Juan Pedro Cano, Fuencisla Martín
Comunicación > María Sande
Marketing y promoción de ingresos > Oscar Díaz
Voluntariado > Sandra Victoria Salazar
Recursos y Finanzas > Alberto G. Catalina, María José Sierra
Secretaría > Ana María de Pablo
Tienda La Casa Encendida > Bielka Grullón, Olivia Valle, Enrique Quintanilla
Por más que resulte curioso, es la propia Fundación la que reconoce que uno de sus objetivos es la presión política: "También llevamos a cabo actividades de educación al desarrollo, presión política y de sensibilización de la opinión pública española y europea."
En 2005 Solidaridad Internacional fue calificada como ONG con capacidad para suscribir Convenios de Colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, renovando su calificación en 2009. Esto es, bula para obtener recursos públicos nada más llegar al gobierno Rodríguez Zapatero.
Solidaridad Internacional Andalucía y el dinero de la Junta
Una ONG es un Organización no Gubernamental. Esa es su definición esencial y lo es porque, teóricamente hace tareas que los gobiernos no quieren financiar y porque su tarea exige una independencia total de los mismos para atender suficientemente a necesitados sin tener en cuenta los colores políticos. Por eso sus referentes son la Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas y otras de gran solera y servicio social.
Pero, en realidad, muchas ONG´s son en realidad OSG´s, esto es, Organizaciones Sí Gubernamentales, manejadas a su antojo por el dinero público derivado de gobiernos que las convierten en ejecutores de sus políticas nacionales e internacionales.
¿Puede llamarse ONG una organización en la que la mayor parte de los recursos entran de gobiernos y no de particulares? En el caso de Solidaridad Internacional Andalucía y, como reconoce su Memoria de Actividades de 2006, el 70 por ciento de su presupuesto procede de gobiernos, en su inmensísima mayoría socialistas que distinguen perfectamente qué asociaciones son de "las nuestras".
Es decir, que los 3,4 millones de euros que dijeron ingresar en 2006, la mitad procede de la Junta de Andalucía, gobierno amigo. De las Diputaciones, todas ellas gobiernos amigos; de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, regida por el PSOE y de algunos ayuntamientos, otro 22 por ciento. Casi una cuarta parte procede de ACNUR/ECHO, una organización sectorial de la ONU, alimentada por dineros gubernamentales. Los ingresos privados sólo significan un 5,41 del total.
Es que ir pidiendo puerta por puerta como iban las monjitas de Sor Ángela de la Cruz y otros idealistas es demasiado para esta época.http://www.libertaddigital.com/nacional/lo...mas-1276391116/
Indalecio
Apr 27 2010, 06:56 AM
El procedimiento en democracia El Tribunal Supremo tiene el deber de investigar y de inculpar cuando, en términos racionales y motivados y conforme a las reglas del proceso justo, identifique que la actuación de un juez es presuntamente arbitrariaJAVIER HERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS RAMÍREZ
MARÍA POZA
JOSÉ GRAU
Y LUIS RODRÍGUEZ
EL PAÍS
Opinión
27-04-2010 El 12 de diciembre de 2000 se dictó la sentencia, probablemente, más trascendente de la historia, atendidas sus implicaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la resolución del Tribunal Supremo de Florida que había ordenado el recuento manual de 11.000 votos emitidos en la elección presidencial. Con ello, se impidió comprobar las irregularidades del recuento automatizado denunciadas por el Partido Demócrata. La presunción de que el sistema de cómputo había dejado de contabilizar un buen número de sufragios que potencialmente hubieran beneficiado al candidato Gore no impidió que la balanza de la elección se inclinara del lado de Bush por 300 votos.
La Corte justificó su decisión sobre dos argumentos principales: el primero, la necesidad constitucional de autorrestricción de los tribunales a la hora de interferir en los procedimientos legales de cómputo de votos. El segundo insistía en que la decisión de la Corte de Florida, al permitir el recuento manual, mediante criterios de validación poco precisos, no aseguraba que el proceso electoral concluyera antes de la fecha máxima prevista en la ley para la terminación del recuento. La Corte no negó que pudieran haber existido irregularidades, ni tan siquiera descartó que un mejor mecanismo de recuento hubiera podido cambiar el sentido de los votos electorales en juego. La decisión se fundó en que el procedimiento debía respetarse de forma estricta, pues ello era lo que permitía asegurar la equidad del sistema en su conjunto y, sobre todo, neutralizar el riesgo de que los tribunales, mediante la creación ex novo de condiciones del proceso electoral, terminaran interviniendo de manera decisiva en la elección del presidente.
No es este el momento para analizar en profundidad la sentencia Gore versus Bush, pero creemos que constituye un buen motivo para la reflexión sobre el ejercicio del poder en un sistema constitucional avanzado. La esencia de todo modelo constitucional no radica, sólo, en el reconocimiento y supraprotección de derechos y libertades, sino, también, en el establecimiento de reglas y procesos sobre el ejercicio del poder. La Constitución es, sin duda, la gran regla que determina qué poder se ejerce, quién puede ejercerlo y cómo debe ejercerse. Y ello con la finalidad de garantizar la Democracia entendida no sólo como posibilidad de participación en las decisiones, sino, además, como antídoto contra toda forma de arbitrariedad.
No pueden ocultarse las dificultades en las que opera la regla constitucional de distribución del poder, lejos de esquemas simplistas que lo conciben dividido, al modo del buen sueño de Montesquieu, en porciones perfectamente deslindadas y equitativas. De contrario, la propia idea de división en el muy conservador imaginario montesquiniano atribuía a los jueces la parte más reducida, por no calificarla de insignificante, del poder. La Revolución Francesa incorporó esta idea matriz situando a los jueces en un espacio de poder limitado y severamente vigilado por los otros poderes, convirtiéndoles en burócratas funcionarios, privados de toda posibilidad de incidencia real en la vida política y social. En sentido contrapuesto, la Revolución Norteamericana advirtió los graves riesgos de la idea de la división compartimentada, en particular el peligro de que el principio mayoritario pudiera convertirse en instrumento de tiranía. La Constitución norteamericana metabolizó la idea de la unidad del poder constitucional y de la necesidad de su distribución en ramas, preocupándose de establecer pesos y contrapesos que neutralizaran los riesgos de preeminencia de un poder sobre los otros. Por eso, ya desde 1803, con la sentencia Marbury versus Madison, los jueces asumieron una posición activa de control de los otros poderes, mediante la facultad de declarar inválidas normas aprobadas por el Congreso que fueran contrarias a la Constitución. Pero, de forma simultánea, e inevitable, se generó el debate sobre los límites de los jueces en el uso de la referida regla de poder, precisamente, para impedir el efecto perverso de convertir el sistema político en una suerte de república judicial. La discusión dura ya más de 200 años y no tiene visos de acabar. Precisamente, la persistencia y riqueza del debate ha permitido mantener viva la necesidad de profundizar en la dimensión procedimental de la Constitución. En la idea básica, para toda sociedad democrática, de que el modo de ejercer el poder es tan importante como las decisiones que se tomen. Y ello hasta el punto de sacrificar, en ocasiones, la obtención de fines sustancialmente valiosos en atención a los riesgos de que para ello se vulneren reglas del proceso debido o de equidad e igualdad en las condiciones para alcanzarlos.
La dimensión procedimental de la Constitución reclama el reconocimiento social de un umbral mínimo de institucionalidad por debajo del cual se corre el riesgo de caída libre, de derrumbe, de todo el sistema y, con él, de los valores en que se funda. Ello se traduce en la necesidad funcional y axiológica de respetar las reglas de los procesos decisionales y de aceptar la legitimidad de aquellos órganos de poder a los que la Constitución les encomienda la última palabra.
Respeto y reconocimiento que en nada impiden la crítica pública a las decisiones que se adopten. Al contrario. Cuanto más trascendente sea la decisión más resulta exigible y necesario, en términos democráticos, el debate abierto y deliberativo sobre sus razones y su alcance. Pero una cosa es la crítica y otra diferente es negar, mediante todo tipo de estrategias, algunas de sesgo totalitario, la propia legitimación constitucional para ejercer la regla de poder.
Los acontecimientos de los últimos días alrededor de la actuación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) en el llamado caso Garzón I son un buen ejemplo de lo antedicho.
Frente a las continuas manifestaciones que niegan al TS toda legitimidad para actuar en los términos en que lo ha hecho, queremos afirmar que la regla constitucional de distribución del poder le impone el deber, primero, de investigar, y, segundo, de inculpar, cuando, en términos racionales y suficientemente motivados, y de conformidad, siempre, a las reglas del proceso justo, identifique que, de forma presuntiva, la actuación de un juez ha podido resultar arbitraria. Lo exige la Constitución y todos, en especial los agentes políticos y sociales, deberían aceptar, por racionalidad democrática, que en este caso las reglas del juego atribuyen al TS la grave responsabilidad de valorar si un juez traspasó de manera inaceptable los límites de su poder.
Es obvio que el Tribunal Supremo puede equivocarse, como lo ha hecho en diferentes resoluciones, pero también lo es que aun equivocándose cumple con la función constitucional que le viene encomendada.
Cuando el Tribunal Supremo norteamericano resolvió el caso Gore versus Bush tal vez se equivocó. Tal vez propició que la elección presidencial no respondiera a la voluntad mayoritaria del pueblo norteamericano y, de forma indirecta, que el mundo girara sobre sí mismo reencontrándose con el unilateralismo y las voces más dramáticas del pasado. Pero los jueces del Tribunal Supremo, desde su responsabilidad constitucional, consideraron que autorizar que el recuento manual de votos superara la fecha legalmente establecida comprometía, en una cuestión que afectaba al núcleo del sistema democrático, el proceso debido hasta un punto que la Constitución no permitía.
Afirmar sin pudor que las decisiones investigativas e inculpatorias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son un golpe de Estado perpetrado por togas fascistas, cómplices de la tortura, introduce una aporía insuperable en lo que supone, primero, negar las mínimas reglas del juego necesarias para el funcionamiento de la propia democracia y, segundo, exigir que los tribunales no deben actuar respecto a determinadas personas o intereses cuando la propia Constitución les obliga a ello. Y eso, precisamente, es la mayor muestra de fascismo: que un tribunal no actúe en el ejercicio de sus competencias constitucionales por miedo o por presiones de aquellos que a gritos -al modo del grito del pueblo, de Carl Schmitt- y exabruptos se han erigido en el supremo tribunal de los sentimientos de la sociedad española.
Javier Hernández García, José Luis Ramírez Ortiz, María Poza Cisneros, José Grau Gassó y Luis Rodríguez Vega son magistrados.http://www.elpais.com/articulo/opinion/pro...lpepiopi_11/Tes
Maripili
Apr 27 2010, 02:33 PM
Amnistía a los franquistas MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
EL PAÍS
España
27-04-2010 Estamos dispuestos a pulverizar nuestros logros cualesquiera que sean, parecemos imbuidos del entusiasmo por el desastre, vamos encaminados hacia el triunfalismo de la catástrofe, que el fatalismo considera inscrito en el ADN de nuestra historia. Incapaces de concedernos la más mínima tregua para asimilar éxito alguno, después de haber servido de modelo a tantas otras transiciones de países europeos y americanos, ahora, agarrados a las vicisitudes que afectan al juez campeador Baltasar Garzón, se diría que por fin nos mostramos todos decididos a abominar de aquel periodo en el que los españoles decidimos reconciliarnos. Lo hicimos contra todo pronóstico y para desdicha de los hispanistas, dispuestos a narrar de nuevo nuestras desventuras guerracivilistas y obtener así valiosos méritos académicos y lucrativos éxitos editoriales.
La salud de Franco entraba en barrena. Pero aún con fuerzas para dar el enterado a los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, uno de sus últimos actos conscientes. Revalidaba así el prestigio del terror que había sido cimiento y referencia de aquel régimen. Era también en el ámbito personal el regreso a los orígenes, la recuperación del arte de fusilar, que ensayó por vez primera en la Legión, al ejecutar a uno de los que instruía en 1920. Expertos de diferente extracción pensaban, conforme a la inercia de tantos desatinos, que se desatarían nuestras pasiones mediterráneas, que prevalecería nuestra exasperación unamuniana y brindaríamos un nuevo espectáculo de enfrentamiento cainita. Pero los españoles dimos la sorpresa y adoptamos el comportamiento frío propio de los ribereños del Báltico. Optamos por el discurso del método, convencidos de que el procedimiento prejuzga el resultado.
El bando franquista ya se había escindido como reacción a lo sucedido en Portugal con la caída del salazarismo. Cundió el espíritu de concordia, quienes sostenían posiciones políticas antagónicas hicieron esfuerzos permanentes para ponerse en los zapatos de sus adversarios y así se hizo posible la primera convocatoria de elecciones generales con todos los partidos y sindicatos dentro de la Ley y se formaron las Cámaras que aprobaron la amnistía de "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976" (Ley 46/1977 de 15 de octubre). Una amnistía que extendía y completaba las medidas anticipadas en dos Reales Decretos Leyes de 30 de julio de 1976 y de 14 de marzo de 1977 y que ahora se pretende invalidar como si hubiera sido consecuencia de imposiciones de unos sobre otros. Sucede que la reconciliación ya la planteó el Partido Comunista en 1956 y que la amnistía era el estribillo de todas las demandas políticas a partir de esa fecha.
Recuerdo una ocasión del pretérito imperfecto, cuando en 1968 el entonces secretario general de los Sindicatos Verticales, Rodolfo Martín Villa, presentó en Mayte Comedero la nueva Ley Sindical. Los periodistas echaban a faltar una amnistía rehabilitadora de todos los enlaces sindicales electos que habían sido desposeídos de sus cargos por aplicación de un decreto despótico de 1942. Martín Villa reiteraba al responderles su preferencia por mantenerse abierto en la ley y conservador en las personas. Un buen amigo, al que le correspondió intervenir casi al final, quiso tranquilizar a todos y anticipó que "la primera medida del postfranquismo sería una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas". Entonces, algunos fornidos "procuradores sindicales" se levantaron dispuestos a la agresión. Recuperada la calma, Martín Villa sentenció: es muy duro que os invitemos a cenar para que nos perdonéis la vida. Ese mismo amigo considera que sus procesamientos ante el Tribunal de Orden Público en 1967 y ante los Tribunales Militares, confirman que estuvo donde debía en defensa de las libertades. Para nada quiere su anulación.
Deseemos ahora al Juez Campeador que le vaya bien y que tenga un juicio justo con todos los elementos precisos para articular su legítima defensa en las mejores condiciones. Pero evitemos la confusión y reconozcamos, por ejemplo, que dar digna sepultura a quienes fueron víctimas de la violencia de los alzados en el 36 es un deber pendiente, que todos hemos de honrar con independencia de que Garzón desistiera en su día de proseguirlo.http://www.elpais.com/articulo/espana/Amni...pepinac_14/Tes/
Francisco Alegre
Apr 27 2010, 06:37 PM
CITA(Julian Navascues @ Apr 12 2010, 06:39 PM)
Los límites de la aministía EL PAÍS
Opinión
05-10-1977 EL ACUERDO tomado por la Junta de Portavoces del Congreso de constituir una comisión mixta, formada por representantes del Gobierno y de la Oposición, para presentar un texto unificado sobre la amnistía es un motivo más para recuperar la confianza, en el sentido de la responsabilidad de los partidos con representación parlamentaria.Se trata de establecer un acuerdo entre posiciones que descansan en concepciones políticas discrepantes entre sí, pero todas ellas legítimas. Por esta razón, los comentarios en torno a esos puntos de discrepancia tienen como único propósito contribuir con el análisis y la reflexión a la realización de ese indispensable pacto.
Digamos que la Inclusión en la proposición de ley de la oposición de los actos de naturaleza laboral y sindical desmerece de la excelente técnica jurídica con que ha sido elaborada. Una ley que tiene como objeto los delitos y faltas penales y las sanciones impuestas por la Administración del Estado no puede incluir, en su marco, medidas adoptadas por las empresas privadas, y no nos parece procedente una petición semejante.
Otra cosa sería que el Estado pueda y quizá deba considerarse responsable de los perjuicios ocasionados a esos trabajadores en lo que se refiere a los derechos pasivos y al forzadd impago de la cuota de seguridad social durante el plazo de desempleo. No parece difícil que el gigantesco presupuesto de la Seguridad Social pudiera hacerse cargo de esas partidas. Respecto ai proyecto del Gobierno es también visible una gravísima deficiencia técnica. Nos referimos a la persistencia en el error, ya cometido en las dos anteriores amnistías de julio de 1976 y marzo de 1977, de confundir la figura de la amnistía, inequívocamente política, con una forma ampliada de indulto. Esa y no otra es la concepción que subyace a la decisión de encomendar a los tribunales la aplicación de la amnistía y de determinar en cada caso si existe o no intencionalidad política en los casos examinados. La referencia al «deliberado propósito de desestabilizar el proceso democrático iniciado el 15 de diciembre de 1976» basta para hacerse una idea del amplísimo margen de interpretación concedido a los jueces, a los tribunales y al ministerio Fiscal. Recuérdese la interpretación restrictiva dada por el señor Rodríguez-Acosta, entonces fiscal del Supremo, ala amnistía de julio de 1976, y también, las tensiones producidas por el acto de desistimiento de la Sala IV del Tribunal Supremo, a propósito de la legalización del PCE. Y recuérdese que el actual Fiscal del Supremo fue uno de los elaboradores del decreto-ley contra el terrorismo en el trágico verano de 1975. La amnistía es una decisión política.
Los tribunales no tienen por qué interpretarla o medirla.
Por lo demás, y aunque resulte paradójico, la proposición de ley de la izquierda es más generosa que el proyecto de la UCD con los grupos de ultraderecha; y más consecuente, también, con el espíritu proclamado por el Gobierno de acordar «una amnistía total que consagre definitivamente la reconciliación de todos los españoles de cara a la futura convivencia». Si el texto unificado descartara la cláusula restrictiva de la UCD respecto a los crímenes cometidos desde el 15 de diciembre al 15 de junio, los beneficiados no serían activistas de izquierda, sino los presuntos asesinos, abiertamente ultraderechistas, de los abogados de Atocha y de Arturo Ruiz, y los mercenarios a sueldo de los GRAPO, que muy probablemente encubren bajo siglas de izquierda connivencias de signo totalmente opuesto.
Otras discrepancias menores no merecen mayores comentarios. La amnistía por actos de tortura o ilegalidades cometidos por funcionarios públicos, explícita en el proyecto gubernamental, se halla implícita en la proposición de la izquierda. A ésta hay que agradecer, a cambio, la referencia abierta, ausente del texto del Gobierno, a las infracciones de prensa.
Queda, por último, la cuestión más espinosa: la amnistía militar. Ante todo, esa amnistía, plena y sin condiciones, sólo podría ser aplicada, a nuestro juicio, a los militares de carrera que optaron por defender el 18 de julio al Gobierno legamente constituido. No tendría sentido, ni político, ni jurídico, hacerla extensiva a los miembros de las milicias que fueron estampillados luego como oficiales; porque incluso en el Ejército vencedor, los alféreces y oficiales provisionales tuvieron luego que revalidar sus grados en academias militares. Con esta excepción, y aun a riesgo de herir alguna sensibilidad, pensamos que la única forma de enterrar definitivamente los fantasmas de la guerra civil es que la amnistía militar sea también total. Entre las páginas más honrosas de nuestras Fuerzas Armadas fígura aquel simbólico «abrazo de Vergara» entre los generales Espartero y Maroto, que fue seguido por la Incorporación, con sus grados, al ejército isabelino de los oficiales carlistas. De la amnistía deben beneficiarse también los objetores de conciencia. Y en cuanto a los oficiales condenados por su pertenencia a la Unión Militar Democrática durante las postrimerías del franquismo, independientemente de que no hay razón alguna para excluir al Ejército de medidas políticas de carácter general, tales como la amnistía total incondicionada, su autodisolución en la España democrática es la mejor prenda de que su reincorporación a las Fuerzas Armadas en nada afectaría a la unidad y disciplina de nuestro Ejército, atacadas en estos momentos por un flanco bien distinto e incluso opuesto.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/lim...elpepiopi_3/Tes Entre las páginas más honrosas de nuestras Fuerzas Armadas fígura aquel simbólico «abrazo de Vergara» entre los generales Espartero y Maroto, que fue seguido por la Incorporación, con sus grados, al ejército isabelino de los oficiales carlistas.
El abrazo de Vergara.
Estos de El pais se lo saben y estan dale que te pego....
manolo pizarro
Apr 27 2010, 11:23 PM
Los de El Pais se lo saben Francisco, pero como ya en otras ocasiones he apuntado, desmemorian lo que no interesa y vociferan las máximas de su amo basadas en el propagandista nazi, Joseph Goebbbels: "Si una mentira se repite las suficientes veces, acaba convirtiéndose en la verdad"; "contra más grande es la mentira, más fácil es que la gente se la trague". A ver si nos vamos acostumbrando a interpretarlos desde la cofia y escuchamos más a Radio Andorra.
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BUENAS IDEAS
Entre tantos millones de chinos con ideas, siempre habrá alguno que las tiene geniales. Veamos una que nos muestra la forma de que los trenes de alta velocidad no tengan que parar en las estaciones. Como sabemos, estos trenes son capaces de superar los 250 km/h, pero el frenado, parada en las estaciones intermedias y posterior aceleración incrementan el tiempo que tardan en realizar sus recorridos. He aquí un sistema de andén móvil para evitar estos problemas.
VER AQUI LA IDEA Aunque esté en chino se entiende muy bien.
Espero que el diseñador Chen Jianjun, inventor del asunto, la haya patentado, de otra forma se adueñará Pepiño de ella.
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LA VEDA A DETERMINADA PRENSA "POLITICAMENTE INCORRECTA"
Hace meses que De la Vega no permite preguntar a los representantes de LD e Intereconomia, en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Sin embargo otros medios como la SER, Tele5 e incluso aquellos del “subvencieneo” que llegan tarde a dicha rueda no tienen veto ¿Será que de De la Vega les tiene pánico, o vamos camino de Venezuela?
PARA NUESTRA UN BOTON
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MENTIRIJILLAS
Hoy ZParo me ha sorprendido en su huida hacia delante. Después que el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras un desliz, ha permitido conocer con antelación que la tasa de paro creció en el primer trimestre del año hasta superar el 20%. Este contumaz presidente afirma que la tasa de paro "ha tocado techo" y que "España volverá a crear empleo a partir de abril". Tan desmemoriado como El Pais, no recuerda que esa predicción ya la realizó el pasado 28 de junio de 2009. Desde entonces 645.000 personas más engrosan las filas del INEM y eso después del "maquillaje".
Tampoco recuerda que hace tan sólo una semanas, admitía que la economía española no crearía empleo hasta "finales de 2010 o 2011", o 2013 o 2014 que añadiría yo ¿Habrá visto éste que nos desgobierna que viene el veraneo de los contratos basura y prueba a ver si toca la flauta?
Lo dicho, "contra más grande es la mentira, más fácil es que la gente se la trague" pero la gente progre, que no sabe que España genera empleo si crecemos por encima del 2% del PIB, los normales, empleamos el refranero "Se coge antes a un mentiroso que a un cojo"
Saludos.
Indalecio
Apr 28 2010, 06:47 AM
Detenida la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote por cohecho En la operación han sido arrestadas otras seis personasJUAN MANUEL PARDELLAS
Santa Cruz de Tenerife
EL PAÍS
España
28-04-2010 Agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cubiertos con pasamontañas, detuvieron ayer en su domicilio a la consejera de Presidencia del Cabildo de Lanzarote y ex presidenta de esta corporación, María José Docal, mano derecha del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, actualmente en prisión. La histórica política, que ha sido acusada de cohecho, salió de su casa escoltada por tres agentes, que también cargaron varias cajas con documentos y soporte informático.
A la detención de Docal siguió la de otros dos altos cargos del PIL: Antonio Machín (concejal de parques, jardines y limpieza en el Ayuntamiento de Arrecife) y Luisa Blanco (responsable de festejos, playas y desarrollo local). Junto a estos políticos fueron detenidos los constructores Demetrio Rodríguez (de la empresa Lanzagrava), José Luis Betancort (de Construcciones Torres), Pedro Rodríguez (de Naos Iluminación) y Eduardo Ferrer (de Tecnoson Canarias).
Los agentes han detenido en los últimos 10 días, dentro de la Operación Jable, a 24 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios de Lanzarote, Gran Canaria y Andalucía, por la supuesta existencia de una red de corrupción urbanística en la isla.http://www.elpais.com/articulo/espana/Dete...lpepinac_19/Tes
Pepin
Apr 28 2010, 06:55 AM
"Es imposible que José Bono haya podido hacer esas riquezas" La Gaceta
12:10
27 de abril, 2010
Rosalina Moreno. Lo dice Manuel Fuentes (IU), edil de Seseña (Toledo). "Con el sueldo de un político no se puede hacer tal patrimonio y llevar su elevado nivel de vida", afirma."Con el sueldo de un cargo electo difícilmente se puede hacer el patrimonio que ha amasado Bono ni tampoco llevar su ritmo de vida. Es imposible. Yo llevo trabajando desde los 14 y sólo tengo una pequeña parcela”, manifiesta a LA GACETA Manuel Fuentes (IU), alcalde de Seseña (Toledo). “Su inexplicable riqueza es un insulto a la sociedad y un desprestigio para la clase política”, añade.
Fuentes asegura que desde su consistorio se vive muy de cerca toda la información relativa a los bienes de Bono porque durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha se modificó la Ley del Suelo para que se pudiera recalificar suelo rústico a urbanizable y residencial.
Pide explicaciones
Además, hace hincapié en que “en IU nadie cierra filas en torno a Bono”. Lo dice en referencia a las críticas que señalan que el portavoz de IU en la Cámara baja, Gaspar Llamazares, se haya mostrado comprensivo con el socialista. Si bien Cayo Laya ha calificado de “excesivo” el número de inmuebles, Llamazares se ha limitado a decir que en su día había propuesto que además de hacer pública la declaración de bienes de los diputados, se pusiera también a disposición de los ciudadanos la declaración de patrimonio de sus señorías.
Por su parte, insiste en que nadie que haya cometido algún delito o irregularidad se salve de la Justicia. “El presidente del Congreso tiene que explicar cómo ha conseguido estos bienes”, subraya.
El próximo 3 de mayo, el alcalde de Seseña, el coordinador de IU, Cayo Lara, y el dirigente de esta formación, Manuel Cámara, tendrán que declarar en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid en calidad de imputados por un supuesto delito de denuncia falsa.
Tratos de favor
Esta citación judicial se produce después de que se ordenara abrir una investigación tras una querella de Hernando contra los tres comunistas que en 2006 presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción pidiendo que se investigasen supuestos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, delito contra la Hacienda Pública y presunto trato de favor de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha a la empresa Onde 2000, propiedad de El Pocero.
En noviembre de 2002, Onde 2000 presentó un Programa de Actuación Urbanizadora en el paraje de Seseña conocido como El Quiñón. Sólo seis meses después, el pleno del ayuntamiento dirigido entonces por el socialista José Luis Martín Jiménez decidió aprobar el proyecto con respaldo de la Junta de Castilla-La Mancha, a pesar de un informe negativo de la Comisión Provincial de Urbanismo.
“Pensamos que se debió a un trato de favor y a algunas irregularidades en la gestión del ayuntamiento y de la Junta de Castilla-La Mancha, con Bono a la cabeza”, apunta.
“En Castilla-La Mancha se ha hecho urbanismo a la carta al interés de un promotor y con el respaldo de alguien que ha levantado el teléfono y coordinado a las distintas consejerías. Se han llenado de dinero los bolsillos privados. Uno de ellos, el de El Pocero. Todo ello con el soporte económico de entidades como Caja Castilla-La Mancha”, apunta. También pone como ejemplo la ciudad de Valdeluz en Guadalajara, el gran centro comercial y de ocio en las proximidades de Campollano (Albacete) o la urbanización La Losilla en Chinchilla de Montearagón (Albacete).
El edil de Seseña acumula hasta once querellas de El Pocero, de las que ocho han sido archivadas.
Fuentes insta a la Fiscalía a investigar si El Pocero ha realizado más obras a Bono. “Posiblemente se vería alguna cosa más”, sentencia. Hípica Almenara, sociedad en la que José Bono es titular del 80%, intervino de forma importante la empresa Onde 2000.
Hermando revela que El Pocero tiene sometido al Ayuntamiento de Seseña, al que debe más de 4 millones de euros por el impago de las cuotas de urbanización, del IAE o el IBI. http://www.intereconomia.com/noticias-gace...r-esas-riquezas
Indalecio
Apr 28 2010, 02:30 PM
CITA
´Asturias tendrá un Centro de la Leche de primera´ La ministra de Ciencia, Cristina Garmendia ha asegurado hoy que el retraso del Centro de Competencia de la Leche se debe a la "indefinición jurídica" del PrincipadoLa Nueva España
13:45
Asturias
28/04/2010La ministra Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia ha asegurado hoy en Gijón que el retraso en el desarrollo del Centro de Competencia de la Leche se debe a la "indefinición jurídica" que mantiene el Principado. Desde el ministerio se está a la espera de saber si el nuevo centro será un centro tecnológico o de investigación, un aspecto que según Garmendia debe ser definido por la Gobierno regional.
Cristina Garmendia respondía así a las declaraciones realizadas ayer por el viceconsejero de Ciencias y Tecnología de Asturias, Herminio Sastre, quien acusaba a la administración central de ser "el cuello de botella" del futuro centro.
Por su parte la ministra recalcó que "el compromiso con Asturias es total" y que desde el gobierno central no "se realizarán centro de primera y de segunda, sino que todos ellos caminarán hacia la excelencia para convertirse en referentes internacionales".http://www.lne.es/centro/2010/04/28/asturi...era/907504.html CITA(El fantasma del Blog @ Oct 13 2008, 05:03 PM)
CITA
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Dr/Dra:IGNACIO MARTIN SANZ
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA UNIVERSITARIA INGENIERIA TEC. FORESTAL. MADRID
CGL2007-29835-E/BOS
Madrid, a 28 de Enero de 2008
Estimado/a amigo/a,
En relación con la acción complementaria de refª CGL2007-29835-E/BOS y título: III EXPEDICION CIENTIFICA A LA CALDERA DE LUBA (GUINEA ECUATORIAL), presentado por ud. como investigador principal a la Convocatoria de acciones complementarias de I+D 2007 en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, lamento comunicarle que su solicitud no ha alcanzado prioridad suficiente para ser financiada, habida cuenta de los recursos económicos disponibles y el conjunto de solicitudes presentadas. La acción complementaria alcanzó una puntuación de 30, mientras que la puntuación de corte correspondiente a su programa/subprograma ha sido de 70.
En virtud del apartado Sexto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 8 de enero de 2007, (BOE de 15 de enero de 2007), desarrollada al amparo de la Orden ECI/1155/2005, (BOE de 29 de abril de 2005), podrá si usted lo desea, en un plazo máximo de quince naturales, manifestar las alegaciones que considere oportunas. Dichas alegaciones deberán ser presentadas con el visto bueno del representante legal de su Organismo.
En caso de que usted decida presentar alegaciones es obligatorio que a la mayor urgencia y dentro del plazo, utilice la aplicación web disponible y después las envíe al número de fax que figura al pie de página y posteriormente el original con las firmas por correo urgente.
Con la resolución definitiva se podrá interponer recurso potestativo.
En la confianza de que podamos considerar de nuevo una solicitud suya que alcance mayor prioridad, le saluda atentamente.
Fxxxx Gxxxxx -Oxxxx Sxxxx
Observaciones de la Comisión de Selección (si las hubiere):
La III EXPEDICION CIENTIFICA A LA CALDERA DE LUBA (GUINEA ECUATORIAL) es continuación de una iniciativa que ha sido subvencionada en sus dos primeras fases a través de la convocatoria de acciones complementarias, al entenderse como prospectivas, necesarias para abordar un territorio mal conocido. Sin embargo, se entiende que la actual propuesta debería articularse ya en un proyecto de investigación reglado, con objetivos concretos y debidamente pormenorizados tanto en la metodología a utilizar como en los costes necesarios para su logro, para lo cual existen convocatorias específicas del Plan Nacional. Consecuentemente, se estima que la propuesta carece de prioridad alguna en el marco de esta convocatoria de acciones complementarias.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Departamento Técnico de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dpcho: Pl. 5 Norte Tel: 916037725
Fax: 916037026 E-Mail: berta.caballero@mec.es
Albacete, 5
28027 Madrid.
Para expedicion de la leche la de Martin. La millonetis de Cristina Garmendia ni se entera. Esta expedicion camina hacia la excelencia para convertirse en referente internacional..