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El fantasma del Blog
La UCO halla un documento que revela que Cerdán poseía el 45% de una empresa de la trama y su socio tenía 16.000 euros en varios paquetes en su casa





La Guardia Civil halló la compraventa de participaciones sociales de Servinabar en el registro del domicilio del empresario navarro Joseba Antxon Alonso Egurrola





Manuel Marraco
Gema Peñalosa
Ángela Martialay
Madrid
Actualizado Miércoles, 18 junio 2025 - 10:31



La Unidad Central Operativa (UCO) localizó en el registro del domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola documentos que reflejan que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era propietario del 45% de Servinabar, una de las constructoras investigadas en el caso Koldo por el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones.



Así lo refleja el acta de los registros realizados el pasado 10 de junio por la Guardia Civil en 11 domicilios y sedes sociales. Uno de ellos fue la casa de Alonso Egurrola en Elorrio (Vizcaya). Los agentes localizaron "una escritura privada de compraventa de participaciones sociales" entre el empresario y Cerdán.



Está fechada el 1 de junio de 2016, cuando según los investigadores ya había empezado la relación corrupta entre ambos. Refleja que Alonso Egurrolla, como administrador único de Servinabar, transfiere a Cerdán "1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad", equivalente al 45% de la empresa.



El informe de la UCO aportado al Tribunal Supremo recuerda que entre 2014 y 2017 Santos Cerdán fue miembro del Parlamento Navarro, que abandonó en 2017 para trasladarse a Madrid como nuevo Secretario de Coordinación Territorial del PSOE.



En el mismo registro del domicilio particular la UCO encontró 16.180 euros en efectivo repartidos en varios paquetes guardados en una mochila y en un armario. Los agentes permanecieron en la casa durante siete horas y media. Se incautaron del contenido de un ordenador, un teléfono y una memoria digital. También de nueve evidencias documentales, incluidas varias agendas manuscritas.
El fantasma del Blog
La empresa de la que era socio Cerdán obtuvo al menos dos contratos públicos millonarios, según la UCO






La Guardia Civil pide autorización al juez para investigar las cuentas bancarias y los datos fiscales del exdirigente del PSOE en busca de operaciones de blanqueo







Óscar López-Fonseca y Reyes Rincón
Madrid
18 JUN 2025 - 13:34 CEST





La empresa navarra Servinabar 2000 SLU ha pasado en pocos días de ser una mercantil prácticamente desconocida a atraer buena parte del foco de la investigación por corrupción en la que están presuntamente implicados, entre otros, los dos últimos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El hallazgo el pasado 10 de junio en el registro de la vivienda del administrador único de la sociedad, el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso Egurrola, de un documento privado fechado el 1 de junio de 2016 en el que supuestamente transfería 1.350 participaciones de la sociedad (el 45% de las 3.000 las existentes) a Cerdán ha permitido documentar lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya recogía en su último informe. En este documento policial, los investigadores ya concluían que esta pequeña empresa, que se hizo con varios contratos millonarios de obra pública, está “directamente” vinculada tanto a este último como a Koldo García, exasesor de Ábalos y otro de los personajes clave en la trama. En una breve conversación con EL PAÍS, Cerdán niega que tenga acciones en esta empresa: “Lo niego rotundamente”.




Este miércoles, la UCO ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la presunta trama, un oficio en el que le pide autorización para investigar el patrimonio del exdirigente del PSOE. La petición del instituto armado detalla cinco cuentas bancarias en tres entidades financieras a nombre de Santos Cerdán y familiares (excluye expresamente las del PSOE y la Fundación Pablo Iglesias en las que pudiera aparecer autorizado), de las que pide todos los productos financieros, posibles cajas de seguridad, cobros de cheques y transferencias emitidas o recibidas superiores a 300 euros entre 2014 y 2024. También pide a los bancos que si hubiera remitido al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) “información sospechosas de blanqueo de capitales”, que les faciliten la documentación que hubiera sustentado aquellas. Por último, pide a la Agencia Tributaria toda la información fiscal sobre Santos Cerdán referida al mismo periodo.




En el documento policial, entregado al magistrado Leopoldo Puente el pasado 5 de junio, los agentes ya afirmaban que Cerdán, pese a no figurar nominalmente en los órganos de gestión de la compañía, tenía “poder de decisión” tanto en esta como en otra sociedad, la cooperativa Noran, “para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos y teléfonos, e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para él en 2017, cuando se trasladó a la capital tras cesar como parlamentario foral para asumir el puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, meses después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido.




Por ello, el magistrado ordenó el registro tanto de la sede de la empresa, situada en Pamplona, como el domicilio en Elorrio (Bizkaia) del empresario vasco. En la primera, los agentes intervinieron “una copia selectiva del servidor utilizado por la sociedad” así como la copia de los mensajes de la dirección de correo electrónico corporativa de Alonso, además de “seis evidencias documentales, consistentes en varios legajos en papel”. Más fructífero fue el registro del domicilio de Alonso. Allí, los agentes intervinieron un teléfono móvil, un ordenador portátil, una memoria USB y nueve “evidencias documentales”, entre ellas dos facturas emitidas por Noran Cooperativa a Servinabar 2000 por un total cercano a los 160.000 euros entre 2020 y 2021, así como libretas y la escritura que apunta a la presunta participación accionarial de Cerdán en la compañía. También se intervinieron 16.180 euros en efectivo.




Según detallaba la orden de registro, las sospechas sobre esta compañía están puestas en, al menos, dos obras realizadas en la Comunidad Foral de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones, mercantil que también está siendo investigada por esta presunta trama. El primero de los contratos fue el llamado proyecto Mina Muga para la apertura de una explotación de potasa en Sangüesa (Navarra), a finales de 2015, tan solo dos meses y medio después de que se constituyese Servinabar 2000.




Los agentes han localizado mensajes que apuntan a que Koldo García y el entonces miembro del parlamento foral por el Partido Socialista de Navarra (PSN) Santos Cerdán participaron presuntamente en gestiones para conseguir que los empresarios interesados en poner en marcha la mina se reunieran con altos cargos del Gobierno regional ―entonces formado por una alianza de partidos encabezada por Geroa Bai y en la que no estaban los socialistas― para conseguir los permisos.




La segunda operación fue el contrato público para la adecuación por 3,7 millones de euros del pabellón deportivo Navarra Arena de Pamplona en 2017. En ambas, Acciona concurrió en unión temporal de empresa (UTE) con Servinabar 2000 pese a que los agentes consideran que “no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido” que aportó esta última a la ejecución material de ambos proyectos, salvo, precisamente, la supuesta influencia para conseguir las adjudicaciones que daba la presencia en la sombra y gestiones de Koldo García y Santos Cerdán.




Los agentes también identifican un tercer proyecto en el que la supuesta trama pudo estar interesada y al que los presuntos implicados aluden en sus comunicaciones con el nombre en clave de “panadero”. Los agentes concluyen que se refieren a posibles gestiones sobre una parcela en Huarte, la localidad navarra en la que Koldo García había sido concejal, para construir el supermercado de una cadena internacional y un establecimiento hostelero denominado, precisamente, El Panadero de Eugui . La UCO considera que en todas estas gestiones Koldo participó “de manera activa” y facilitó “determinados contactos” a un directivo en Navarra de Acciona Construcciones, Fernando Merino, además de transmitir “las pertinentes novedades” a Santos Cerdán.




La aparición de Servinabar 2000 en las investigaciones no es, ni mucho menos, nueva. La UCO ya la citaba en un informe de mayo de 2023, dentro de la causa en la que la Audiencia Nacional investiga el supuesto fraude en la compra de mascarillas y material sanitario en el peor de la pandemia, y cuando aún no se habían realizado las primeras detenciones, practicadas en febrero de aquel año. En aquel documento se destacaba que una cuenta a nombre de esta mercantil transfirió entre 2017 y 2018 un total de 3.000 euros a un depósito bancario en la que figuraban como titular Koldo García y su esposa de entonces, Patricia Uriz. El informe no concretaba en concepto de qué. La Guardia Civil vinculaba entonces la sociedad con la cooperativa Noran, constituida por el propio Alonso y Koldo García.




Servinabar 2000 fue creada el 4 de septiembre de 2015 por Alonso con el capital mínimo, 3.000 euros, y, según Informa, desde entonces hasta ahora en el registro el empresario ha figurado como único accionista y administrador, a pesar de que el documento ahora localizado apunta a que tan solo 10 meses después de constituirse una parte significativa de sus acciones pasaron supuestamente a ser propiedad de Cerdán. El objeto social con la que fue creada abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” y la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”, aunque en 2020 lo cambiaría por el de “elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”.




En sus últimas cuentas presentadas, las de 2021, la empresa declaró unos ingresos ligeramente superiores al millón de euros, con un beneficio de 111.512 euros. El patrimonio declarado superaba los 1,2 millones de euros. En el registro mercantil figura la participación de Servinabar 2000 con entre un 20 y un 25% en tres UTE entre 2018 y 2025, todas ellas con Acciona Construcción, la misma con la que consiguió los contratos bajo sospechas. Además, en el domicilio de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcciones en Navarra, la Guardia Civil encontró la semana pasada media docena de protocolos notariales y documentos de cesión de participaciones de esta empresa con Servinabar, de la que también tenía facturas.




Entre las UTE en la que participaban ambas mercantiles está la constituida en enero de 2024 para realizar unas obras en el llamado túnel de Belate (Navarra), lleva año y medio envuelta en una polémica política en esta comunidad, aunque aún no figura dentro de la investigación del Supremo. Unión del Pueblo Navarro (UPN), principal partido de la oposición en la cámara foral al gobierno de la socialista María Chivite, ha planteado en los últimos meses varias iniciativas parlamentarias sobre esta millonaria adjudicación (las obras están presupuestadas en 76 millones de euros) al considerar que se habían producido presuntamente irregularidades en el proceso de licitación.




UPN cuestiona precisamente en una empresa tan pequeña como Servinabar 2000 pudiera participar en una UTE para una obra de tal calado como es el desdoblamiento de una infraestructura viaria de casi tres kilómetros de largo. El Ejecutivo de Chivite siempre ha defendido la licitud de la adjudicación y argumentado que no es la primera vez que esta sociedad consigue contratos públicos en esta y en anteriores legislaturas.




La obra del túnel de Belate también ha llegado al Congreso de los Diputados, en este caso de las manos de tres diputados del PSOE, entre ellos precisamente Santos Cerdán. Estos parlamentarios plantearon el pasado 9 de mayo una pregunta por escrito para conocer el “importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra para la mejora de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024″, junto a otras cuestiones sobre otras obras en la región.
El fantasma del Blog
Ábalos intentó ocultar a la UCO un disco duro durante el registro de su vivienda en Valencia





El exministro maniobró para que una mujer que le acompañaba sacara del domicilio, oculto entre su ropa, un dispositivo






Óscar López-Fonseca y Reyes Rincón
´Madrid
18 JUN 2025 - 08:24 CEST





El exministro socialista José Luis Ábalos intentó impedir que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieran, durante el registro que hicieron en su domicilio de Valencia la pasada semana, un disco duro, según destaca el atestado levantado por el instituto armado y que se ha incorporado a la causa que instruye en el Tribunal Supremo el magistrado Leopoldo Puente. Fruto del registro tanto de la vivienda como de un local propiedad del exministro situado en el mismo edificio, los agentes se hicieron con un total de 38 “evidencias digitales” ―ente ellas, teléfonos móviles, discos duros, memorias externas y una tarjeta SIM de telefonía―, así como cinco libretas y diversos documentos en papel, según el acta de la diligencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS.




Los investigadores entraron en el domicilio de Ábalos a las 8.50 de la mañana del pasado 10 de junio y, junto al exdirigente del PSOE, había una mujer. Según detalla la Guardia Civil, el supuesto intento de evitar que los agentes se hicieran con el disco duro se produjo al inicio. Ábalos solicitó a los agentes que la mujer que se encontraba en aquel momento con él, identificada como Anaís D. G., pudiera abandonar la vivienda para pasear el perro que tenían. En ese momento, uno de los agentes observó como el exministro indicaba a la mujer que se llevara algo para desayunar, tras lo cual esta se dirigió a una de las habitaciones. Cuando la mujer iba a salir de la casa, este guardia civil se percató de que parecía llevar “algo oculto en su pantalón”, por lo que una agente del operativo procedió a cachearla y localizó el disco duro, que quedo en ese momento intervenido. Inmediatamente después, la mujer abandonaba el domicilio, según señala el acta de registro.




El acta recoge que, además de este dispositivo, los agentes intervinieron en el domicilio de Ábalos otros cinco discos duros, tres teléfonos móviles, una tableta, una tarjeta SIM de telefonía, dos tarjetas de memoria (Secure Digital) SD y 22 memorias USB. Además, los agentes pudieron acceder a un correo electrónico personal del exministro y bloquearlo para que no pueda ser manipulado. Durante el registro, los agentes realizaron en el acto un clonado ―copia íntegra de su contenido― de dos de los teléfonos móviles para devolvérselos a Ábalos, así como de la tableta, en la que el acta de registro destaca que no se encontró nada de interés para la causa. Los agentes pusieron fin al registro de la vivienda a las 14.14 horas e, inmediatamente después, iniciaron el registro de un local también a nombre del ministro situado en los bajos del mismo edificio. En este registro, que terminó a las 16.36 de la tarde, localizaron cuatro discos duros.




La entrada en el domicilio del exdirigente socialista se produjo a propuesta de la UCO tras entregar el pasado 5 de junio el informe en el que implica al ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la presunta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Puente dictaba una orden para registrar una decena de sedes de empresas y domicilios.




En el caso del exministro, la orden de registro ponía el foco principal en la intervención de los terminales telefónicos que pudiera tener Ábalos, de los que los agentes debían volcar tanto sus cuentas de correo como la agenda de contactos, el registro de llamadas y, sobre todo, los mensajes de texto, voz o vídeo que pudiera haber intercambiado a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Además, la orden incluía intervenir documentación bancaria de todo tipo (incluido el envío de dinero a terceros países), monederos de criptomonedas, joyas y cualquier otro efecto que pudiera representar una supuesta evidencia de los delitos investigados. De esto último, el acta refleja que no se encontró nada.




El Tribunal Supremo ya atribuyó a Ábalos un “papel principal” en la trama corrupta supuestamente encabezada por el que fuera su mano derecha, Koldo García, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. Según destacó el alto tribunal cuando asumió la investigación, Ábalos presuntamente “participaba en beneficios derivados” de la actividad de la red corrupta. El exdirigente socialista continúa siendo diputado, aunque ahora está encuadrado en el Grupo Mixto desde que el PSOE lo suspendió de militancia tras destaparse el caso. El pasado lunes, el partido acordó finalmente su expulsión tras mantener abierto durante más de 15 meses un expediente informativo.
El fantasma del Blog
Anaís, "la pija del porno" y 'vecinita FHM' a la que la UCO cazó llevándose un disco duro durante el registro a la casa de Ábalos





El pasado 10 de junio, cuando la Guardia Civil registró la vivienda en Valencia del ex ministro, con él se encontraba una mujer de 32 años que anteriormente había sido modelo de ropa de baño y había participado en vídeos de contenido sexual con el pseudónimo de Letizia Hilton. Una investigadora la cacheó y le requisó una memoria externa que pretendía sacar del inmueble





Andros Lozano
Actualizado Miércoles, 18 junio 2025 - 16:36




En su currículum, Anaís D. G. se presentaba como modelo y como gogó en discotecas y en eventos de todo tipo: concursos de camisetas mojadas, concentraciones de moteros... Decía tener, por entonces con 19 años, unas medidas de 90-67-90 y unos ojos de color "miel". Desfiló en bikini para reconocidas firmas de moda en Ibiza y en Valencia, su tierra natal. También apareció en FHM, que cada año organizaba su concurso de 'vecinitas', en el que modelos más o menos anónimas competían por aparecer en la portada de la revista masculina. En 2012, Anaís fue la aspirante número 65. No ganó.



Pero Anaís D.G. tenía un alter ego. Su nombre artístico era Letizia Hilton. Con un perfil abierto en junio de 2023 en la red social X asociado a ese apelativo, se describía como "la pija del porno". Por ese tiempo había dejado el modelaje y se había centrado en el cine de adultos. Llegó a grabar un vídeo de contenido sexual con Ángel Muñoz García, conocido como el Niño Polla en el negocio. Actualmente, Anaís D. G. trabaja en una empresa familiar de importación y exportación de muebles radicada en un pueblo del interior de Valencia cercano a la localidad de la que procede.



Anaís D. G., o Letizia Hilton, como el lector prefiera, estaba en la casa que José Luis Ábalos tiene en Valencia, en el barrio de Marchalenes, el pasado 10 de junio, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en la vivienda del ex ministro socialista. Los investigadores accedieron al inmueble a las 08.50 horas. El registro se alargó durante casi cinco horas y media.



Con la llegada de los agentes, Ábalos pidió que su joven acompañante, de 32 años recién cumplidos, "abandonara la vivienda para pasear al perro", a lo que accedieron desde la UCO. Antes de que se marchara, el ex ministro le comentó a Anaís D.G. que se llevase "algo de desayuno", mientras en ese momento accedía a una habitación de la casa. Sin que aquella mujer llegara a salir del inmueble, uno de los guardias civiles se percató de que la modelo que se encontraba con Ábalos llevaba "algo oculto en su pantalón". En ese momento, otra investigadora decidió cachear a Anaís D. G.. Le encontró "un disco duro" debajo de esa prenda de ropa. En declaraciones a OkDiario, Anaís resumió que su relación con Ábalos es de "amistad" y que le ayuda con la limpieza de su casa.



Aquel día, la UCO se incautó de esa memoria externa, así como de otros dispositivos electrónicos que los agentes hallaron en el domicilio de Ábalos.



Tras el registro, el ex ministro atendió a los periodistas a las puertas del edificio en el que reside. Vestía de manera informal, con una camiseta blanca con un bordado de la palabra 'Orlando'. "El trato ha sido excelente, muy, muy amable (...) Ha sido mínima la intervención. Lo único que les interesaba era el teléfono, que lo han clonado".



La escena del intento de secuestro de ese disco duro la narra la propia Guardia Civil en la documentación enviada por este cuerpo policial al Tribunal Supremo en el marco de la investigación del caso Koldo.



Dicha causa judicial se centra en una posible trama de corrupción basada en presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos sanitarios durante la pandemia y de concesiones de grandes obras públicas a empresas constructoras españolas a cambio de sustanciosas mordidas cobradas por políticos.



Este caso salpica de lleno al PSOE y al Gobierno puesto que afecta a sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y a Koldo García, antiguo asesor y chófer de Ábalos durante su paso por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los tres ex dirigentes socialistas citados acompañaron a Pedro Sánchez en su viaje por toda España a bordo de su vehículo personal para recabar apoyos de cara a las primarias de 2017, en las que acabó imponiéndose por segunda vez como secretario general de su partido.



"La Carlota se enrolla que te cagas"




La investigación del caso Koldo continúa revelando detalles sobre la vida privada del ex ministro y de su persona de confianza, Koldo García. Un audio incautado por la UCO reveló recientemente una conversación que ambos mantuvieron con motivo de un mitin del PSOE en Bailén (Jaén). Ambos estaban ultimando los detalles (alojamientos y ubicaciones) para celebrar un encuentro privado y "discreto" durante un fin de semana. En la grabación se les escucha repartirse a una serie de mujeres para acompañarlos. Hablan de sus nombres y de su procedencia.



"La Ariadna está bien, está perfecta, la colombiana también", se escucha decir a Koldo García en un pasaje de la conversación intervenida. No descarta realizar "cambios" para conocer a otras chicas.



Incluso Koldo García le dice a su por entonces jefe que le tiene "preparada una". Durante esa charla con su chófer, Ábalos muestra especial interés en una mujer en concreto.



- No sé, la Carlota se enrolla que te cagas, comenta Ábalos.


- Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, y a tomar por culo.




La investigación de la Guardia Civil ya ha desvelado otros pasajes en los que varias mujeres aparecen involucradas en presuntos casos de enchufismo en empresas públicas gracias, presuntamente, a la participación de José Luis Ábalos, de Koldo García, así como del propio Santos Cerdán, quien este lunes entregó su acta de diputado en el Congreso.



De algunos audios intervenidos se interpreta que Cerdán podía conocer la afición de Ábalos y de García de llevarse a mujeres a sus viajes de trabajo, ya fuera para actos de partido o del ministerio.



El 2 de febrero de 2022, Koldo García ya fuera del Ministerio de Transportes, donde llegó en 2018 como cargo de confianza de Ábalos a sugerencia de Santos Cerdánâ llama a éste último.



- Luego te iba a pedir un favor, ¿vale? Pero esto es un favor personal... Mira, Nicoleta ¿vale?, dice Koldo García en otro audio intervenido por la UCO.


- ¿Si?, responde Cerdán.


- Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No sólo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a José [Ábalos] eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia...


- ¿En Valencia?


- En Valencia, ella está, ella...


Poco después, durante la conversación Koldo García vuelve a insistirle a Santos Cerdán en el tema de los enchufes. Esta vez, le habla de su mujer, Patricia Uriz.


- Mira a ver si puedes ayudar a Pati, ¿vale? Y a Nicole.


- Tú le miras lo de la empresa, dime oye, aquí o allí y da un toque. Más fácil.


- Sabes quién lo podría, Juanma Serrano, el de Correos [por entonces presidente de la citada sociedad estatal], que ahora no me coge el teléfono (...) Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene.




Un informe de la Guardia Civil elevado al juez revela que, finalmente, Nicoleta N. fue contratada en la empresa Enajenación De Materiales Ferroviarios SA (Emfesa), dependiente de Adif, empresa pública de Transportes.



Años antes, Nicoleta integró las listas del PSOE en Esteribar (Navarra) para las municipales de 2019. Iba cuarta en la lista. El séptimo puesto lo ocupó Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo. Ninguno obtuvo acta de concejal.



Durante sus pesquisas, la UCO ha encontrado a otras mujeres, alguna de ellas ex miss, relacionadas con Ábalos y compañía. Se sospecha que pudieron acceder a un empleo público gracias a la intermediación de los implicados en la trama. Jésica, Claudia, Andrea... a esa lista se ha unido ahora Anaís D. G. O Letizia Hilton, "la pija del porno" que quiso llevarse un disco duro de la casa en Valencia de Ábalos, la semana pasada.
El fantasma del Blog
CITA(Francisco Alegre @ Mar 29 2010, 07:32 PM) *
Manifiesto anti-corrupción



MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

EL PAÍS
31 / 5 / 1990



Cuarenta años de franquismo no pasaron en balde y, junto a herencias estructurales acarreadas por la lógica de la transición, han quedado secuelas de cultura política reaccionaria que descansan en la afirmación básica: Todos los políticos son iguales, y en su complementaria: La política para quien vive de ella. A un sustrato apoliticista anarquizante se sumó la interesante despolitización antidemocrática practicada por el franquismo, y ahora parece como si la democracia recuperada en 1978 quisiera aportar su propia dosis de nihilismo. Cunde la sospecha de que vivimos en pleno estado de corrupción, como en el pasado vivimos frecuentemente estados de sitio o de excepción, y que ese estado de corrupción es connatural con la política democrática y con sus privilegiados intermediarios: los políticos profesionales. Ayudar a instalar la conciencia social española en la fatalidad de que la corrupción ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, abre una caja de Pandora de la que pueden salir o fascismo o cinismo; el primero como expresión política final del apoliticismo y el segundo como estado ético colectivo que contempla la corrupción como una segunda piel de la relación política-economía-sociedad.






Desde hace medio año la vida política española gira en torno de escándalos económicos en su mayor parte referidos a posibles sobornos y cohechos habituales en la relación entre empresarios, gestores políticos e intermediarios que relacionan a los primeros con los segundos. Las mordidas obtenidas en esa relación al parecer tratan de ayudar a financiar los partidos, aunque es evidente que algunas migajas dejan a los intermediarios para que hayan podido acumular fortunas milagrosas de la noche al día o para engordar fortunas que vienen de lejos, repetidamente amnistiadas por la historia.






Sólo desde una posición interesadamente involucionista o torpemente carroñera se puede sostener que el estado de corrupción ha sido consecuencia de la hegemonía socialista a partir de 1982. Pero es evidente que afirmaciones y gestos que demasiado frecuentemente emite el poder han ayudado a crear una impresión colectiva de zafarrancho de enriquecimiento. Se nos ha dicho tentadoramente que España permitía rápidas riquezas y que un alquiler de 400.000 pesetas mensuales por un apartamento era comprensible; y si las afirmaciones han sido difíciles de comprender viniendo del patrimonio ideológico de donde venían, mucho más escandalosos han sido los gestos: fomento de una nueva clase rica intermediaria del poder, protagonismo de los héroes de las opas agresivas por encima incluso de los héroes del fútbol o del rock, fascinación de los gestores públicos ante el poder bancario, toda clase de oscuridades en la reprivatización de Rumasa, el mal ejemplo de una nueva mesocracia funcionarial con despensa y llave en el ropero y coche oficial, amistades peligrosas con tahúres internacionales, incomprensión ante las reivindicaciones de los trabajadores y puente de plata a los profetas de toda suerte de trenes de alta velocidad... De la categoría a la anécdota, parte del caldo de cultivo del estado de corrupción se ha fomentado desde el poder, por más que de vez en cuando se haya recomendado a sus servidores que fueran de vacaciones con el botijo, la suegra y un pañuelo con cuatro nudos en la cebeza, a guisa de jipi-japa posmoderno.






Casos como el de Juan Guerra, Naseiro, Prenafeta o el que afecta a las concesiones del juego en el País Vasco han sido puntas de un iceberg que no tiene por qué circunscribirse a Andalucía, Valencia, Cataluña o el País Vasco. Estas cuatro puntas del iceberg se han visto o se han detectado por teléfono, pero nada invita a pensar que en otros puntos de la geografía española el saqueo, incluso legal, no se haya cometido. Porque de saqueo hay que hablar cuando concesiones políticas, que debían tener en cuenta ante todo el interés público, hayan podido hacerse teniendo en cuenta quién daba la mejor comisión. ¿Cuántas concesiones no quedan ahora bajo la sospecha de este interés particular no necesariamente concertado con el general? Lo que fue rumor, malquerencia, suspicacia hasta fines de 1989, se convirtió a comienzos de 1990 en evidencia. Era el momento para una reacción depuradora a iniciar por el propio Gobierno y por la institución que detenta en primera instancia la delegación de la soberanía popular: el Congreso de los Diputados. Al contrario. Tanto el Gobierno como un sector sorprendentemente mayoritario de sus señorías se cerraron en banda, decretaron un particular estado de socorros mutuos al que alguien llegó a llamar bloque constitucional, contribuyendo así a la sospecha antigua y moderna de que Dios los crea y ellos se juntan. Presionados por buena parte de los medios de comunicación, pusieron en marcha un tartamudo proceso de investigaciones morosas y tacañas que todavía hoy pertenecen al secreto del sumario de la jerga parlamentaria. Lo que era una grave crisis de credibilidad democrática colectiva se convirtió en estricta lucha por la conservación del poder, inculcando desde el mismo la prevención de que todo el escándalo era fruto de medios de comunicación huidos de mercancías escandalosas y de la oposición de fondo que no se resignaba ante los sucesivos vapuleos electorales.







Así están las cosas. El llamado caso Naseiro no ha merecido otro gesto por parte del Gobierno que la propuesta del señor presidente de que don José María Aznar, si entra en razón, podría sumarse al club de socorros mutuos, acentuando así el sospechoso carácter de tan interesada alianza. Frente a esas tácticas filibusteras del Parlamento se corre el peligro de que todo el trabajo de concienciación crítica asumida por los medios de comunicación no amarillistas se convierta progresivamente en una semanal liturgia de la sospecha, sin el menor carácter moralizador social. Es más. Si algo caracteriza el tono moral social es el aumento del sarcasmo y del cinismo, concretado en la expresión: Si yo pudiera también lo haría. Testimonios y denuncias de los medios hubieran ultimado su eficacia de haber sido asumidos por los políticos, que podían convertirlos en medidas legislativas, operativas y culturales de cambio ético. Aún se está a tiempo para que el Gobierno y el Parlamento se desbloqueen y tomen la iniciativa en un proceso clarificador que, sin duda, pasa por el sacrificio de los responsables de los desaguisados, pero que restituiría el poder y la gloria a una sana mayoría de gestores políticos.







Aun siendo nuestro problema, es fundamentalmente su problema. Como representantes de la sociedad civil no podemos pretender otra cosa que ellos actúen y autorreglamenten el giro ético, que difícilmente puede rehuir comisiones de investigación sobre lo hecho, no sólo a escala Congreso de los Diputados y Senado, sino también en las dimensiones de poder autonómico y municipal. Urge una complementaria red de auditorías, de carácter administrativo o privado, pero siempre lo suficientemente técnicas para que no se conviertan en simples batallas de descrédito preelectoral. Porque es importante resaltar que no es tiempo de sermones, pero tampoco de jugar a ver la paja en el ojo ajeno, a la espera de que nuevos escándalos vayan reduciendo el club de los virtuosos y aumentando el club constitucional. Lo que está en juego no es la hegemonía del partido en el poder o la capacidad de alternativa de la oposición mayoritaria, sino la confianza social ante la mayoría democrática y ante la democracia misma. Si esa confianza se extingue, quedan afectados por igual virtuosos y viciosos, dentro y fuera del poder.







Pero la sociedad civil no debe desentenderse, a pesar de que la política profesional haya hecho todo lo posible porque se desentendiera, arrasando la ya escasa disposición asociativa del pueblo español, arrasamiento que estuvo a punto de llevarse por delante incluso a los sindicatos. Si las asociaciones de vecinos no estuvieran tan diezmadas y escépticas o tan colonizadas, muchos de los chanchullos realizados hubieran sido imposibles. Si los profesionales que intervienen en la relación política-economía-sociedad dispusieran de medios colectivos de presión critica no corporativista, esa relación no hubiera quedado a veces en manos de salteadores de sobremesa o de teléfono. Si la sociedad civil española estuviera articulada y dispusiera de saberes capaces de forcejear dialécticamente con los del poder, las garantías sociales de las decisiones llegarían a un punto óptimo. Por eso convocamos a formaciones políticas, movimientos sociales o simples personas que algo quieran hacer para recuperar un clima de confianza democrática que es imposible recuperar a base de controles telefónicos. Una situación en la que la barbarie del cinismo generalizado sólo pudiera contrarrestarse mediante un control policiaco en la frontera de lo legal arruinaría la lógica del mismísimo Estado de derecho.






Todo antes que aceptar la corrupción como una enfermedad crónica que llegaría a ser parte del sistema, como poder mismo en las repúblicas bananeras y como poder paralelo en repúblicas tan sofisticadas y europeas como la italiana. Doce años de democracia no nos dan derecho a tanta apatía, y bastaría un esfuerzo coaligado de Gobierno, partidos, movimientos sociales y ciudadanos, para que la exigencia ética se hiciera cultura y no enunciado, regla y no excepción. Hagan lo que hagan Gobierno y parlamentarios, aun siendo fundamental, no excluye que propongamos un trabajo de debate sobre la situación y su posible salida, en una campaña estatal de concienciación sobre la relación democracia-ética-política, es decir, sobre la honradez intrínseca de la democracia. Debate al que convocamos en primer lugar a los sindicatos, porque, por lo visto el 14 de diciembre, supieron vertebrar un desasosiego civil amorfo. A todo el asociacionismo superviviente, a todos los colectivos existentes o por crear, a todos los medios de comunicación, a todos los profesionales que intervienen en la creación de saber y opinión. No se trata de sustituir a los políticos, sino de ayudarles a salir del Laberinto de las Sirenas
.


http://www.vespito.net/mvm/manifiesto.html






La corrupción en España es un bucle, una pesadilla eterna de la que parece que no hay escapatoria

Como en Black Mirror esto es una distopía, una sociedad ficticia indeseable en si misma.


El fantasma del Blog
Algo se ha roto con Pedro Sánchez





El dilema de “o presunta corrupción o ultraderecha” que plantea el presidente a los votantes de izquierda es dañino por la derrota moral que subyace






Estefanía Molina
19 JUN 2025 - 05:30 CEST





Algo se ha roto con Pedro Sánchez. Cuesta pensar hoy que el daño moral provocado por la presunta trama Koldo-Ábalos-Cerdán pueda revertirse como si nada. El Gobierno ha perdido el control de la agenda, tal que parte de la ciudadanía vive ya pendiente de si habrá más filtraciones que se lo lleven por delante. Plantear al votante progresista el dilema entre “presunta corrupción o ultraderecha” no podría ser más lesivo en estos momentos.





Es el resumen de las comparecencias del presidente del Gobierno: transijan con lo que haya podido ocurrir, lo que podamos saber mañana o frente a cualquier recelo que tengan, porque lo que sube será peor. Lo asumen los partidos independentistas: ERC y Junts no podrían apoyar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo porque Vox promete ilegalizarles o recentralizar competencias autonómicas. Sánchez reta a la oposición a tumbarle, a sabiendas de que la alternancia hoy es imposible en España. Su mayor parapeto está en los socios y en el mismo PSOE. Tras ganar las primarias en 2017, el secretario general laminó el poder del Comité Federal y los barones —aquellos que le habían derribado en 2016—, de forma que ya solo podría echarle la militancia, algo impensable.




Así pues, Sánchez ha decidido quedarse y podrá hacerlo hasta 2027, si se empeña: tiene la sartén por el mango. La pregunta es a qué coste será esa resistencia para el futuro del PSOE o incluso, para sus propios aliados. Programas de máxima audiencia en Cataluña llevan dos semanas criticando duramente al Gobierno, algo inédito desde que se aprobaron la amnistía o los indultos. ERC y Junts están presos de la amnistía, y del miedo a la ultraderecha, pero la opinión publicada va por otro lado, y es probable que también su opinión pública. Qué decir del PNV en Euskadi.




Sin embargo, muchos ciudadanos progresistas están dispuestos a asumir el marco anti-Vox, con tal de no ver un retroceso para las mujeres o el colectivo LGTBI. Poca duda cabe que España se asoma a un abismo desconocido si el PP necesitara a Santiago Abascal para gobernar. Ahora bien, que Sánchez haya sometido al votante de izquierdas a aceptar ese dilema es ahora el mayor daño, debido a la derrota moral que subyace.




De un lado, porque no es cierto que la única alternativa sea él o la ultraderecha. La Constitución permite presentar en una moción de censura a cualquier candidato, incluso si no es diputado. Por surrealista que parezca esa vía, acabaría con el mantra de que solo el reaccionarismo puede resetear esta situación anómala. Precisamente, crece la impresión de que cuanto más elevada sea la agonía de esta legislatura, o de los socios de investidura, más largo será el ciclo de gobierno de la derecha.




Del otro, porque el Ejecutivo ha perdido el relato, y cada vez costará más a los propios defenderle. La llovizna de investigaciones o procesamientos —fiscal general, familiares del presidente, presuntas tramas alrededor del Ministerio de Transportes...— no ha hecho más que empezar y las noticias irán copando titulares como una gota malaya. ¿De qué forma seguir afirmando que hay una UCO buena —en la que Sánchez se ampara para echar a Cerdán— y otra mala —la que también emite informes sobre el Fiscal, su señora o su hermano? Son mensajes poco coherentes, por más que luego algunas causas puedan quedar finalmente en nada.




Por último, es difícil imaginarse que la legislatura pueda seguir funcionando con normalidad, si llevábamos hasta ahora dos años ya sin presupuestos, e incluso Podemos ha decidido romper con el PSOE. La formación de Ione Belarra juega al cinismo: de estar en el Gobierno, probablemente estarían tan comedidos como Yolanda Díaz. El fracaso de la nueva política es notorio, asumido que nació para fiscalizar al poder, y ni siquiera pudieron detectar nada presuntamente irregular, pese a compartir mesa del Consejo de Ministros con José Luis Ábalos. El partido morado ha encontrado, pues, su forma de desmarcarse de la izquierda gobernante, de avivar su afrenta contra Sumar, y difícilmente soltará esa baza.




Claro está, el lío actual arroja a un dilema aún mayor para Sánchez: lo injusto de hacer juicios paralelos, cuando ninguno de sus colaboradores ha sido condenado aún en firme, y tienen presunción de inocencia hasta que no se resuelva lo contrario. Y pese a ello, el halo de sospecha sobre el partido, La Moncloa o su propia responsabilidad in vigilando puede acabar siendo más letal hoy que cualquier auto, así sean dudas infundadas.




En definitiva, el presidente ha decidido forzar la máquina, una vez más, con su decisión de seguir adelante. En el pecado está la penitencia. La resistencia siempre fue seña de la casa, pero hoy no está tan claro que por el camino no vaya a romper algo irreparable, tal que el PSOE, sus socios o la democracia lo acaben pagando demasiado caro a corto plazo. Hay una diferencia entre liderar y tomar rehenes para la propia causa. Llegar a la conclusión, desde las propias filas, de que la superioridad moral hoy no juega de parte de este Gobierno, o de que quizás un ciclo se ha acabado, tal vez sea el mayor síntoma del punto de no retorno, de que algo se ha roto ya con Pedro Sánchez.
El fantasma del Blog
La reforma del chalé de Koldo García, la pista que refuerza el vínculo del exdirectivo de Acciona con la trama






La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino






J. J. Gálvez
Madrid
19 JUN 2025 - 05:40 CEST





La constructora de Fernando Merino, el exdirectivo de Acciona señalado como pieza clave del caso Ábalos-Cerdán, hizo la reforma del chalé que Koldo García compró en Polop de la Marina (Alicante), según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes localizaron en el domicilio del empresario “diversa documentación relacionada con la obra efectuada por Mer Construcción” en esa vivienda, según el acta del registro, a la que tuvo acceso EL PAÍS. Entre los papeles se encuentran “facturas” y una “copia de un contrato de construcción y reforma” en dicha casa, fechado el 4 de enero de 2021 (cuando Koldo García todavía trabajaba en el Ministerio de Transportes como asesor de José Luis Ábalos) y firmado por su hermano Joseba. El instituto armado sostiene que Koldo García puso esa vivienda a nombre de su familiar para ocultar el incremento ilícito de su patrimonio.




Durante la última fase de las pesquisas, los agentes han destacado la estrecha relación que Merino tejió desde hace una década con Koldo García. Merino era director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona cuando García y Santos Cerdán ocupaban cargos públicos y orgánicos en el partido socialista de la comunidad foral. Según los investigadores, existen indicios de que el empresario señalaba las “obras que resultarían de interés” para esa compañía del IBEX (incluido durante la etapa en que Koldo García desembarcó en Transportes de la mano de Ábalos), con el objetivo de que los otros implicados “influyeran” en las adjudicaciones públicas a cambio de “contraprestaciones”.




Aunque el exasesor del exministro defiende que puede explicar el origen de su patrimonio, la Guardia Civil insiste en que Koldo García destinó una parte del dinero de las supuestas mordidas a la adquisición de viviendas. Entre los inmuebles bajo sospecha se encuentra la casa de Polop de la Marina, comprada en 2020 y sometida a una reforma de “mejoras” inmediata.




En los registros consta que fue su hermano Joseba (también imputado) quien se hizo con esa vivienda en 2020 por 225.000 euros —sobre la que constituyó una hipoteca de 191.250 euros—. También es quien firmó el contrato de la reforma con Mer Construcción, la empresa de Merino. Sin embargo, el instituto armado cree que Joseba García simplemente ejercía de testaferro para opacar el flujo de dinero negro. “De hecho, este inmueble ha constituido la residencia habitual de Koldo García, su mujer Patricia Uriz (imputada también) y la hija de ambos”, apunta uno de los informes de la UCO incorporados al sumario. En este consta también una conversación interceptada a Uriz donde afirma que la hipoteca “realmente la pagan ellos”.




La casa de Polop está formada por una finca de más de 4.000 metros cuadrados, con una vivienda construida de 206 metros cuadrados y piscina, según consta en la sede electrónica del Catastro. Tiene varias plazas de aparcamiento cubiertas y punto de recarga eléctrico, según las vigilancias de la Guardia Civil. Los agentes apuntan que la obra “incrementó” su valor. Es más, en 2023, cuando la Guardia Civil seguía en secreto a Koldo García y su entonces esposa, comprobaron que habían trasladado su domicilio a otra casa que tenían en Benidorm (Alicante) y habían puesto el chalé como vivienda de alquiler “vacacional”. Esta se encuentra a unos 10 kilómetros de la playa.




EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Fernando Merino para recoger su versión. La Guardia Civil estudiará ahora la documentación incautada durante el registro ejecutado la pasada semana. En un informe elaborado hace meses, los agentes ya detectaron que Joseba García había hecho “cuatro transferencias” en 2021 por valor de 50.016 euros a Mer Construcción: “Pero no se ha averiguado el motivo de dichos pagos o la vinculación con la citada sociedad y sus responsables”, escribió la UCO.





De Navarra a Granada





El último informe de la UCO sobre el caso Ábalos-Cerdán, que ha provocado un seísmo político, ha situado la lupa sobre Fernando Merino. Los agentes lo señalan como un directivo corruptor de Acciona, que comenzó supuestamente a operar en Navarra junto a Koldo García y Santos Cerdán. Este amplió su radio de acción a Transportes en época de Ábalos. Y, de hecho, los agentes subrayan que fue él quien, precisamente, introdujo en el ministerio a sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, respectivos apoderado y administrador mancomunado de la constructora OPR (Obras Públicas Regadíos), a favor de los cuales se “influyó” en Adif y en la Dirección General de Carreteras para conseguirles obras públicas.




Tras estallar el escándalo la pasada semana, Acciona emitió un comunicado para marcar distancias con Merino. La multinacional afirmó que lo había despedido el 12 de abril de 2021 —aunque, como publicó EL PAÍS, no inscribió en el Registro Mercantil su revocación como apoderado de la compañía hasta marzo de 2023 —. Para entonces, el directivo ya contaba con su propia firma. En febrero de 2020 había constituido Mer Construcción y Asesoramiento S. L., con sede social en Huétor Vega (Granada). Él figura como administrador único; y su mujer, hermana de los señalados de OPR, como apoderada. Su objeto social es “la intermediación y coordinación en la prestación de servicios relativos al estudio y asesoramiento, redacción de proyectos, control, ejecución y desarrollo de todo tipo de obras, tanto privada como pública”.
El fantasma del Blog
Chivite y Cerdán se hunden tras adjudicar a su UTE 76 millones "contra la lógica" y con "falseamiento del procedimiento"





La alianza de Acciona con la empresa en la que la UCO sitúa de accionista al dirigente del PSOE obtuvo un contrato en contra del secretario y el interventor






Quico Alsedo
Carlos Segovia
Madrid
Actualizado Miércoles, 18 junio 2025 - 22:50




María Chivite, la presidenta socialista navarra que reaccionó en público con lágrimas el pasado día 12 tras conocer el informe de la UCO, porque «lo que he leído no se corresponde con mi amigo Santos Cerdán», se hunde políticamente con él.




El hallazgo de que Cerdán es, presuntamente, accionista de la empresa navarra Servinabar, arroja aún más escándalo sobre una polémica adjudicación de la propia presidenta y de su tío, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.




El 26 de diciembre de 2023 se adjudicó la obra denominada Duplicación del Túnel de Belate por 76 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Servinabar -en la que la UCO sitúa con un 45% del capital a Cerdán- y Excavaciones Fermín Osés. Según ha podido reconstruir EL MUNDO a partir de diversos documentos, relevantes partipantes en la mesa de contratación expusieron graves irregularidades que apuntan a un dedazo adjudicado de antemano. «Carente de motivación técnica», «falseamiento del procedimiento» y «arbitrariedad» figuran en los muy inusuales votos particulares del expediente.




Es significativo el del secretario de la mesa, Lorenzo Serena: «En la sesión celebrada el día 14 de junio puse en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el hecho de que con anterioridad a la comunicación por el presidente de la puntuación de las ofertas (del día 30 de mayo), varios empleados del Departamento (algunos de ellos miembros integrantes de la Mesa), me habían revelado la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración». Sabían de antemano cómo iba a ser la puntuación de la UTE, porque hubo «acierto de la orientación del comentario». Y habla de «falseamiento del procedimiento», porque el presidente de la mesa hizo su valoración de las ofertas tras conocer la de los otros miembros de esta instancia adjudicataria.




El mismo secretario se dirigió posteriormente a los partidos representados en el parlamento navarro en una misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, pocos días después de que Unión del Pueblo Navarro (UPN) forzara el pasado año un debate sobre las irregularidades que había detectado en el expediente. En la sesión, la mayoría que apoya al Gobierno de María Chivite despreció y prácticamente se mofó de las denuncias, que UPN llevaría incluso a los tribunales.




«No va en mi nómina pasar por imbécil», llega a escribir el funcionario, que describe cómo el presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo, -alto cargo en el departamento de Óscar Chivite- decidió personalmente adjudicar el contrato a la UTE vulnerando la ley, por el mencionado hecho de que conocía las puntuaciones del resto de miembros.




El firmante recuerda que «en las actas se dejó constancia de que cinco de los ocho miembros de la mesa reconocieron saber de los comentarios en el sentido de que la obra de Belate se la llevaría una concreta oferta. Se dijo en una reunión de la mesa y figura en acta por su relevancia. Esos comentarios podían quedarse ahí», sigue, pero zanja: «No fue el caso, los barruntos se cumplieron y la oferta mejor valorada coincidió con lo apuntado por los chismosos». Iba a ganar la UTE de Cerdán.




«Se dijo de todas las formas posibles [por parte de los tres miembros jurídicos de una mesa en que había otros cinco técnicos] que faltaba una mínima motivación, que tras leer el informe no había forma humana de conocer las características y ventajas de la oferta seleccionada», escribió el funcionario. «Se advirtió que eso, en derecho, se llama falta de motivación y arbitrariedad». No sirvió de nada: «Cuando el presidente tomó la decisión, se votó con el resultado que consta en acta», dijo el secretario apuntando a Polo.





El voto particular del interventor, Jesús Muñoz Apesteguía, corrobora irregularidades y sostiene que, de haberse prestado atención a las advertencias del secretario, se «habría salvado la legalidad de la valoración».




Además, «en contra de lo exigido por el legislador [en la Ley Foral de Contratos Públicos], en el informe de valoración no se expone las razones que justifican las puntuaciones, ni se expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras, sino que, por el contrario, se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo (...) una insuficiente motivación puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores, ya que se podrían estar conculcando los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación».




La UTE de Cerdán logró mejor puntuación y un elogioso informe del departamento del Gobierno navarro. «Excelente análisis del proyecto. Analizan en profundidad la geología y geotecnia del proyecto». «Muy buena descripción de las actividades más complejas», son las cálidas apreciaciones del equipo de Chivite, frente a otras más frías con las ofertas presentadas por Dragados, Ferrovial, Sacyr o FCC.





A Acciona no le consta que sea socio





Fuentes de Acciona aseguran a este diario, por su parte, que la empresa «no tiene conocimiento ni constancia» de que Cerdán sea accionista de la empresa con la que se aliaron, Servinabar. En el Registro Mercantil figura como si fuera «sociedad unipersonal» de Antxon Alonso, al que la UCO señala como empresario compinche de Cerdán.




¿Sabían los adjudicadores que Cerdán era socio? Chivite lo negó este miércoles. Según el secretario de la mesa los únicos que se opusieron al dedazo «fueron los que no dependen jerárquicamente del director general». «Las puntuaciones se otorgaron contraviniendo la lógica de funcionamiento de cualquier órgano colegiado».




Tan insólita cascada de irregularidades se produce además en un proyecto importante, según el secretario: «La licitación en curso se refiere a una obra cuya trascendencia social y económica no puede perderse de vista, lo que obliga a una especial atención y cuidado, más cuando, como se nos ha recordado varias veces, se trata de ejecutar una obra debida al incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad en estas infraestructuras».
El fantasma del Blog
La oferta extra de Cerdán a su "amigo" Ábalos para silenciarlo con tres tertulias y artículos remunerados: "Ya está hablado con el PSOE"





Pese a las dádivas con las que el ex secretario de Organización intentó que el ex ministro se pusiera de perfil, éste pidió una cita con Sánchez






Juanma Lamet
Esteban Urreiztieta
Madrid
Actualizado Miércoles, 18 junio 2025 - 22:50





Santos Cerdán no sólo le ofreció a José Luis Ábalos un sueldo en una consultora y el pago de sus abogados a cambio de renunciar al acta de diputado y firmar un pacto de silencio sobre Pedro Sánchez y sobre Ferraz, sino que también le prometió ir a tres tertulias televisivas "a propuesta del PSOE", para paliar la merma de ingresos que le supondría dejar el escaño. Además, le dijo que el partido iba a crear un think tank, Fundación Avanza, en el que él podría escribir "artículos" de opinión "remunerados". Esa fundación se creó definitivamente en julio.




Cerdán insistió en que en el PSOE harían todo lo posible para garantizar su futuro económico si él no torpedeaba al presidente. El 21 de febrero de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos y de Cerdán, dando inicio oficial al llamado caso Koldo. Tres días después, el entonces secretario de Organización del PSOE aprovechó el fin de semana para reunirse con Ábalos en su casa de Rivas Vaciamadrid y convencerlo de que no se fuera al Grupo Mixto. Ese encuentro se produjo en presencia de otra persona que grabó toda la conversación.




EL MUNDO ha accedido a parte del contenido de ese diálogo, en el que se confirma no sólo la oferta de Cerdán, sino que la hacía inequívocamente en nombre del PSOE. Después de explicarle cuál era la oferta del partido a cambio de guardar silencio, le dijo que contaba con el ok "del partido". Antes, le había confesado lo difícil que era para él dar ese paso, sabiendo lo que sabía: "El partido me ha encargado la misión más dura como secretario de Organización, que es pedir que dejes el acta". Ábalos le pidió que le "concretara y confirmara la oferta" y "el día en que se iba a concretar todo" con Pedro Sánchez, pero le dijo que no lo veía.




Entonces, Cerdán le contestó afirmativamente: "Ya está hablado y confirmado en el PSOE". Al ex ministro no le convenció ni la oferta de trabajar en una consultora relacionada al partido ni las colaboraciones 'periodísticas', ya que les veía poco futuro. Cerdán insistió una vez más, en tono fraternal, y cuando se despidió, le dijo que el apoyo no sería sólo del PSOE: "Y yo como amigo te ayudaré en lo que pueda".




Esta última referencia indica claramente la disociación entre las actividades del partido y las de las actividades extraordinarias que hacía por aquel entonces Cerdán. En esas conversaciones en las que Cerdán ofreció dádivas al ex ministro, la acción judicial aún no se dirigía contra ninguno de los dos, sino contra Koldo y el empresario Víctor de Aldama, y era todavía una incógnita si el ex ministro acabaría siendo investigado. Extremo que, sin embargo, Cerdán daba por descontado, porque, como se ha conocido después, era conocedor de las andanzas de la presunta trama. Igual que ya había dado por hecho en 2022 que Koldo García sería imputado, como se ha sabido ahora gracias a los audios de la UCO.




El ex número tres del PSOE, defenestrado la semana pasada tras el último informe de la UCO, no tuvo éxito en su oferta. Ábalos le contestó que si renunciaba al acta de diputado, entonces sí que se quedaría sin defensa. Y se pasó al Grupo Mixto el martes siguiente, para "defender", dijo, su "honorabilidad". Cerdán lo había intentado antes por WhatsApp, reiterando que el partido le pagaría al abogado. A través de varios mensajes consultados por este diario, le emplazó a acceder a la petición a cambio de que "todos los gastos legales" corrieran "a cargo" del partido. Le indicó que no se preocupara por el coste económico que le supondría una eventual imputación en la causa y le apremió a que tomara la decisión de forma inmediata al tiempo que el PSOE le había suspendido cautelarmente de militancia.




Pero una vez que Ábalos pasó al Grupo Mixto, Cerdán no cejó en su empeño de firmar un armisticio con él. A pesar de que la relación se enfrió durante varias semanas, ambos volvieron a hablar y a intercambiarse mensajes hasta distanciarse de forma casi definitiva el pasado mes de agosto, con motivo de la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que implicaba a Ábalos en la adjudicación de los contratos de mascarillas durante la pandemia. "Si pensáis que con esto voy a dejar el escaño, lo lleváis claro", le espetó Ábalos a un Cerdán que intentó calmarle diciendo que cómo podía pensar que era un mecanismo de coacción.

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De puteros y triángulos






Las mordidas apestan, pero el putiferio pagado por todos debería tumbar no solo a los puteros. El ministro y su machaca estaban a sueldo de un Gobierno que ha hecho del feminismo su bandera







Luz Sánchez-Mellado
19 JUN 2025 - 05:30 CEST





Del “triángulo tóxico” con el que Pedro Sánchez pretende cerrar con el pus dentro la puñalada mortal que sus elegidos a dedo han asestado a su partido y su Gobierno, no puede negarse que los dos catetos llamados Ábalos y Koldo son hombres de su tiempo. Y no meto en este saco de mierda en concreto a la hipotenusa de nombre Santos Cerdán porque, al cierre de esta edición, no había pruebas fehacientes de su afición al putiferio pagado con fondos públicos. Aquí y ahora, el carné de putero no tiene siglas ni edad ni profesión en el frontis. Cualquier taxista de Madrid y Barcelona sabe que, durante eventos tan dispares como el Fruit Attraction o el Mobile World Congress, va a hincharse a llevar de putas desde destripaterrones de azada a ingenieros de lo que quiera que sea la nube. Por no hablar de los cochazos con chófer y escolta 24 horas que esperan fuera a que su señorito culmine la faena. Así que, ahora y aquí, que un ministro y su machaca para todo, corruptos ambos, celebraran sus mordidas escogiendo mujeres como quien escoge reses de tienta, por lo que sea, me suena.






Sucede, sin embargo, que, en este caso, el y tú más ya no sirve. No en esto. Lo de las mordidas apesta. Pero lo del puterío pagado por todos tumba, o debería tumbar, no solo a los puteros. Porque ese ministro, ese machaca y ese otro lado del triángulo que ni sabe ni contesta estaban a sueldo del partido y del Gobierno que han hecho del feminismo su bandera. Mientras muchos de quienes se dan golpes de pecho disfrutan cual gorrinos en charca regodeándose con la vida, la imagen y los nombres de las mujeres del folletón del trío —Jessica, la sobrina; Anaís, la del disco duro; Carlota, la que se enrolla que te cagas; jojojo, guiño, guiño— la ministra de Igualdad ha salido, aquí te pillo, aquí te mato, con llevar la abolición de la prostitución al Congreso en septiembre. La sola idea de que el diputado Ábalos pueda votarla, da igual a favor que en contra, o que abstenerse, debería llevar a Sánchez en hacer algo más que pucheros y amenazas a terceros antes de que el “triángulo tóxico” se le pueda convertir en polígono de cien lados. Qué asco todo.
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Circus maximus mexicanus






El Poder Judicial Federal era progresista, ponderado y bastante independiente. AMLO, hijo de la dictadura de partido, llevaba mal ver sus proyectos tachados de inconstitucionales






María del Carmen Ordóñez López
Actualizado Jueves, 19 junio 2025 - 00:07



El 1 de junio México celebró la primera votación en el mundo para elegir a todos los miembros de su poder judicial: 881 cargos, incluyendo toda la Suprema Corte de Justicia (equivalente al Tribunal Constitucional español),el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y los jueces federales de todas las materias. El Gobierno mexicano, ufano de su reforma constitucional, invitó a una misión de la Organización de Estados Americanos para que la evaluara. Esta es su conclusión:




"La ciudadanía y las instituciones (...) deberán evaluar si el modelo actual de selección (...) a través del voto popular (...) contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial... Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región".




Este es el resultado del arrebato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Nerón tropical, que propició el descuartizamiento del Poder Judicial Federal y, en última instancia, de la república, en el circus maximus mexicanus. Durante años, AMLO se presentó como víctima prototípica y redentor de los oprimidos por el rico, el blanco, el gringo, el neoliberal. Ya presidente, encontró en el poder judicial al prototípico antagonista que reunía todas las características del opresor: elitista, tiránico, operador del conservadurismo imperialista. Un chivo expiatorio útil para el rencor popular.



En realidad, aunque sobrecargado de trabajo, con carencias y plagado de neoconstitucionalismo, el Poder Judicial Federal no destacaba por opresor, conservador o neoliberal. Era progresista, ponderado y bastante independiente. La Suprema Corte de Justicia -el árbitro constitucional- invalidaba sin reparos normas o actos inconstitucionales y había una carrera judicial de aceptable exigencia, un marco integral de protección de los derechos humanos alineado con la Convención Americana y también un mecanismo de tutela eficaz.




AMLO, hijo de la dictadura de partido, llevaba mal ver sus proyectos tachados de inconstitucionales. Y cuando la Suprema Corte invalidó una reforma del Instituto Nacional Electoral -el organismo autónomo que organiza los comicios en México-, que pretendía facilitar la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2024, soltó a los leones para devorar al poder judicial y asegurar un reemplazo afecto al régimen.




El marketing prometía sentencias "del pueblo para el pueblo", no más déficit democrático. En el fondo, la reforma implicaba destituir a todos los jueces del país, acabar con la imparcialidad, eliminar la carrera judicial, crear un órgano de disciplina, imponer en exclusiva la interpretación literal de la Constitución y prohibir las suspensiones de carácter general en procesos de impugnación constitucional de leyes.




La crisis causada por la reforma hiperpolarizó a la sociedad, avivada para la lucha gladiatoria durante años de violencia, corrupción y carencias. Se azuzaron odios partidistas. Miles de bots desacreditaron a quienes denunciaban el absurdo de las promesas electorales judiciales o la vigilancia de un tribunal de disciplina. Estudiantes y claustros de muchas escuelas de derecho salieron a las calles. Jueces, académicos y abogados mexicanos y extranjeros hicieron sonar las alarmas en todos los medios. R. Gargarella, A. Singh, L. Ferrajoli y A. Rosler expresaron escepticismo o franco desacuerdo. Se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora de la ONU para la Independencia Judicial se pronunció en contra, se advirtió sobre la violación de compromisos internacionales. En vano.




El poder respondió arrogante: es la voluntad del pueblo, los 36 millonesde ciudadanos que llevaron a Claudia Sheinbaum a la Presidencia querían jueces sin más mérito que notas mediocres en el grado de Derecho y soñaban con elegir a un juez concursal o a un juez de extinción de dominio, aunque ni remotamente intuyeran qué hace cada uno.




El espectáculo se montó con pericia dándole al pueblo la batalla que anhelaba. Se ovacionó a los mirmillones oficialistas cuando compraban o arrancaban con chantaje votos de algún diputado tibio, turbio o ambicioso. Se vitoreó a los validos del partido que lograban, con piruetas interpretativas, silenciar a las minorías parlamentarias. Habrá quien, de buena fe, creyera que la elección judicial mejoraría la impartición de justicia, pero la mayoría sólo ansiaba humillar, por fin, al opresor, se llamara Hernán Cortés, Felipe (Calderón o VI), Donald Trump o Poder Judicial Federal.




Sin duda, el estupor de lo insólito ralentizó la reacción. En cierto momento, nadie sabía qué era constitucional. Sin doctrina firme sobre la revisión judicial de las reformas constitucionales ni modo digno de salvar la prohibición expresa de impugnarlas en amparo, el mundo jurídico se dividió entre quienes sostenían que la Suprema Corte tenía facultades, legitimidad y arrestos para detener la reforma, y los que pensaban que la estocada era jurídica y políticamente mortal, como al final fue.




Algunos jueces se aventuraron a conceder suspensiones y los amenazaron con denunciarlos. Ni el poder ejecutivo ni poder el legislativo las acataron: continuaron con la selección de candidatos.Sólo el Poder Judicial Federal, obedeciendo, evitó seleccionar candidatos. El Senado lo reemplazó.




Las campañas de los candidatos a jueces, autofinanciadas, tomaron las redes sociales. Las más notorias fueron congruentes con el espíritu circense: bailes en TikTok, videos de conmovedoras conversaciones con "el pueblo" prometiendo transformaciones fuera del alcance de ningún juez; motes como Dora la Transformadora o el Ministro Chicharrón (plato mexicano sumamente preparado); juezas esculturales posando sensualmente; antiguos gladiadores de la independencia judicial convertidos en suplicantes candidatos, etc. El circus maximus aseguró un espectáculo lastimoso que la audiencia disfrutó sin pudor.




Con magros recursos, el Instituto Nacional Electoral logró imprimir las complejas papeletas (seis por votante) desagregadas por distrito, instalar casillas y lanzar tanto un simulador en línea para practicar el voto como un sitio web con información de todos los candidatos. Aun así, el enredo era mayúsculo. Por ello, oscuros operadores distribuyeron útiles chuletas ("acordeones") con los candidatos oficialistas ya marcados. La treta -que el Instituto primero calificó de propaganda prohibida y, al final, validó- enardeció a las gradas mientras algunos tribunos, en plazas vip del anfiteatro, aplaudían la medida pro populo y otros señalaban al bando opuesto por desacreditar el proceso.




Por primera vez en años, como en los peores tiempos, los votos los contó la autoridad, no la ciudadanía. Sólo votó el 13% de unos 100 millones de votantes. La elección era demasiado difícil y, en el fondo, ajena para la gente. Aun así, Sheinbaum la ha descrito como un éxito.




Los resultados se conocerán poco a poco pero, para muestra, estos son los ganadores para la Suprema Corte: tres ministras nombradas por AMLO (una señalada como plagiaria y otra sin más experiencia jurídica que su apellido), el Ministro Chicharrón y un abogado mixteco que asesoró a la guerrilla zapatista y sólo tiene experiencia en derechos indígenas. A todos los ganadores los propuso el poder ejecutivo; la mayoría estaban marcados en los "acordeones".




El reto ahora es entregar, antes del 15 de septiembre, los puestos a estos nuevos titulares, inexpertos a la hora de juzgar y administrar unos juzgados que arrastran rezagos monumentales.




No sé qué proceso de descomposición, hastío o ilusa esperanza lleva a un país como México, cuya única aspiración política durante décadas fue liberarse de un partido enquistado fraudulentamente en el poder, a respaldar la destrucción de la división de poderes. Dudo que la elección enriquezca la democracia, acote al poder o mejore el acceso a la justicia. Al contrario, vislumbro un futuro jurisdiccional precario y un declive constante de los procesos parlamentarios. Y comprendo que la OEA desaconseje el modelo.



Revertir la destrucción es una tarea hercúlea; salvo que la sociedad, los juristas, los propios jueces electos y la oposición obren prodigios, cuando el circo colapse sobre la cloaca máxima y se disipen los humores del populismo electorero, nos hallaremos condenados ad bestias por un Estado al que permitimos dinamitar la seguridad jurídica a cambio de un falso trozo de pan.
El fantasma del Blog
El juez espera cuatro informes clave de la UCO para completar el cerco a Ábalos y Cerdán





Los últimos registros abocan a la Guardia Civil a analizar 59 dispositivos electrónicos y miles de documentos en papel






Reyes Rincón y Óscar López-Fonseca
Madrid
20 JUN 2025 - 05:40 CEST





Los avances en la investigación abierta en el Tribunal Supremo que implica a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, mantienen en vilo al partido y al Gobierno, ante la incertidumbre sobre la información que pueda estar por llegar. El magistrado Leopoldo Puente espera cuatro informes de la Guardia Civil que serán clave para el futuro de las pesquisas y, previsiblemente, de la legislatura. Los agentes examinan ya la información patrimonial de Ábalos y prevén adentrarse en breve en la de Cerdán, a lo que se suma el análisis de las obras sospechosas de amaño y el rastreo de las comunicaciones de los miembros de la trama con dirigentes socialistas.




A la información ya reclamada por el juez, se suma la intervenida por la UCO en los 11 registros realizados la semana pasada en los domicilios de Ábalos y de empresarios supuestamente implicados en la trama. Los agentes tienen ahora que iniciar nuevos análisis sobre miles de documentos en papel y 59 dispositivos electrónicos intervenidos, cuyo contenido es una incógnita.




Estos son los informes que ya prepara la UCO para los que espera obtener el aval del juez:




Cruce de comunicaciones entre los investigados y “cualquier aforado”.




La petición más antigua que tiene la UCO por parte del magistrado Puente es también una de las que más información puede aportar. El pasado 4 de febrero, el juez reclamó a la Guardia Civil un informe a partir de las comunicaciones telefónicas entre Aldama, Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. El juez solicitó también a los agentes que rastrearan todos los dispositivos “con especial referencia” a los mensajes que pudieran haber intercambiado con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ―uno de los señalados por Aldama― “o subordinados de este”, así como con Cerdán o “con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo”, lo que incluye al presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores. Esta petición responde a la declaración que hizo el comisionista en la Audiencia Nacional en el que aseguraba haber entregado mordidas a distintos políticos.





Información patrimonial de Ábalos.





El instructor reclamó a la Guardia Civil el 20 de marzo que se recabara toda la información de las seis cuentas de La Caixa en las que el exministro figura como titular o autorizado, así como de los productos bancarios y financieros contratados con esta entidad, los movimientos de las cuentas, el cobro de cheques o transferencias entre 2014 y 2024, y los posibles avisos del banco, si los ha habido, por sospecha de blanqueo que se hubieran comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).




El mismo día, Puente acordó pedir a Hacienda toda la información fiscal de Ábalos de los últimos 10 años, con detalle de sus cuentas, bienes en España y en el extranjero, y donaciones realizadas, entre otros datos. También pidió, en este caso a la Generalitat valenciana, la información que conste sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada al exministro de Transportes y su familia. Este informe, que completa a uno anterior entregado en marzo y que fue elaborado con información accesible en fuentes abiertas, es el que se encuentra más avanzado, según apuntan fuentes cercanas al caso.





Obras señaladas por Aldama.






Puente encargó a la UCO el 23 de abril un informe sobre el proceso de adjudicación de las obras que aparecían destacadas en fluorescente en la documentación aportada en el Supremo por Aldama. Esa documentación contenía pantallazos de conversaciones de WhatsApp y listados de obras que, según el comisionista, fueron adjudicadas a determinadas empresas a cambio de algún tipo de contraprestación. En esos listados había anotaciones manuscritas de Koldo García, según ha certificado una prueba pericial encargada por el juez. El instructor pidió a los agentes que identificaran a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalizara el procedimiento de adjudicación en busca de supuestas irregularidades.





Cuentas y datos fiscales de Cerdán.






La UCO solicitó el miércoles al magistrado autorización para recabar de BBVA, Caixabank y la Caja Rural de Navarra información sobre cinco cuentas bancarias ―algunas ya cerradas― que aparecen a nombre de Cerdán junto a su esposa y otros familiares. El objetivo es elaborar un informe patrimonial similar al que se está haciendo de Ábalos. La petición excluye expresamente los depósitos a nombre del PSOE o de la Fundación Pablo Iglesias en las que el exsecretario de Organización pudiera aparecer como autorizado.




La Guardia Civil ―que hizo la petición dos días después de que el exdirigente socialista hubiera renunciado a su escaño y, por tanto, perdido el aforamiento― pretende acceder a los datos, entre 2014 y 2024, de estas cinco cuentas, desde el cobro de cheques a las transferencias emitidas y recibidas superiores a 300 euros, o la posible existencia de cajas de seguridad. También plantea pedir a los bancos cualquier “información sospechosa de blanqueo de capitales” que hubieran remitido al Sepblac. Además, la UCO ha planteado al juez pedir a la Agencia Tributaria la información fiscal de Cerdán referida al mismo periodo.





Los 38 dispositivos de Ábalos.






El registro, el pasado 10 de junio, de una vivienda y un local en Valencia propiedad del exministro permitió a la UCO intervenir 38 dispositivos electrónicos (10 discos duros, tres teléfonos móviles, una tarjeta SIM de telefonía, dos tarjetas de memoria y 22 memorias USB). Según detallaba en el auto en el que autorizaba la entrada en la vivienda, el magistrado espera con ello, y “pese al tiempo transcurrido” desde el inicio de la investigación, encontrar “elementos, efectos o instrumentos procedentes del delito o reveladores de la comisión del mismo” sobre la presunta participación de Ábalos, cuando era el titular de Transportes, “en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”.




Esta ingente documentación digital deber ser ahora analizada por los agentes para elaborar un informe específico o completar otros ya en marcha sobre el exdirigente socialista, sin descartar que permita abrir nuevas líneas de investigación.





Empresarios y mercantiles.






El mismo día de la entrada en la vivienda de Ábalos, la UCO acudía a los domicilios de cinco empresarios y las sedes de tres empresas a hacer registros. También se personaba en la sede de Acciona con un requerimiento de documentación sobre cinco adjudicaciones bajo sospecha de obras públicas licitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Dirección General de Carreteras, ambos dependientes de Transportes.




En total, la Guardia Civil intervino 21 dispositivos electrónicos entre teléfonos móviles, ordenadores portátiles, discos duros y pendrives, y miles y miles de folios. En el caso del registro en la vivienda en Elorrio (Bizkaia) de Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000, la empresa considerada clave en el inicio de la trama, el volumen de papel intervenido fue tan grande que los agentes optaron por introducirla directamente en cajas de cartón al considerar que no era “factible el foliado y sellado” de cada página.




Entre esos documentos estaba la “escritura privada” de compraventa de participaciones con la que el empresario vasco supuestamente transfirió en 2016 a Cerdán el 45% de la misma. El análisis de todo ello está ya en la lista de tareas pendientes de los agentes.

El fantasma del Blog
La empresa de Cerdán contrató al alto cargo de Montero al que la ministra ya no podía mantener por estar imputado






Servinabar, que se define como "pyme" de Pamplona con solo nueve empleados, ha sido refugio de Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi







Carlos Segovia
Madrid
Actualizado Jueves, 19 junio 2025 - 22:49




La empresa navarra controlada por el entonces dirigente socialista, Santos Cerdán, ofreció a un alto cargo leal a María Jesús Montero la salida laboral que ella ya no le podía dar en el Ministerio de Hacienda.




Era febrero de 2021 y Montero no podía seguir manteniendo vacante la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) como en el último año y medio, porque la juez instructora del llamado caso Aznalcóllar, había decidido confirmar la imputación de Vicente Fernández.



Fernández había sido interventor general en la Junta de Andalucía de la mano de Montero y cuando ésta fue nombrada ministra lo eligió como presidente de la Sepi. Un año después, tuvo que destituirlo en octubre de 2019 por la primera imputación en el mencionado caso de la catásfrofe de Aználcollar.



Eran tiempos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba no tener a imputados entre sus altos cargos y Montero aceptó esa directriz, pero a cambio, hizo algo inusual: no nombrar a nadie presidente de la Sepi a la espera de que, como confiaba Fernández, se le desimputara. Así estuvo año y medio y por eso los polémicos rescates de Air Europa y Plus Ultra, entre otros, fueron gestionados por el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé de Lora.



Llegó el 9 de febrero de 2021 y se confirmó su imputación, corroborada el 10 de marzo, en que se rechazaron los últimos recursos de Fernández para no ir al banquillo. Montero arrojó la toalla y designó el 30 de marzo a Belén Gualda nueva presidenta de la Sepi.



¿Qué hacer con el jurista andaluz? Este licenciado en Derecho, letrado de la Junta y con 20 años de experiencia en altos cargos autonómicos y del Estado encontró trabajo en una pyme navarra lejos de su Málaga natal. Se trata de Servinabar, la empresa que aquel año solo tenía oficialmente nueve empleados, de los cuales solo tres con contrato indefinido, pero que contaba con un accionista sensible a socialistas en búsqueda de empleo: Santos Cerdán.




El hasta su reciente caída secretario de Organización del PSOE -sólo por debajo de la propia Montero y de Pedro Sánchez en el partido-, controla el 45% del capital, según un hallazgo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el trastero del domicilio de quien, según el Registro Mercantil, parecía el único accionista: Antxon Alonso.



Servinabar: Cerdán solo un amigo





Alonso emitió este jueves por fin un comunicado en el que niega delitos y que Cerdán sea accionista, aunque si confirma «relación de amistad». La UCO da por segura la influencia en la gestión de Servinabar por parte de Cerdán no sólo por el papel hallado, sino porque las grabaciones muestran cómo manejaba transferencias y decisiones de la empresa navarra



Fernández solicitó a la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno permiso para trabajar con Servinabar -que se define en el Registro como «pyme»- y lo obtuvo el 19 de mayo de 2021. No está claro hasta qué año estuvo trabajando en Servinabar. Diversas fuentes en empresas de la Sepi muestran sorpresa por esta vinculación laboral dado el perfil de Fernández y el objeto social y tamaño de Servinabar, pero no es el único caso de acogida del entorno socialista realizado por Cerdán.



También el socialista Ramón Alzórriz formalizó este jueves su renuncia como portavoz en el Parlamento de Navarra y vicesecretario general del partido en la comunidad, tras dar a conocer que su pareja había trabajado en Servinabar. Una empresa que ha rcibido además adjucaciones millonarias bajo sospecha del Gobierno de María Chivite, como la de los túneles de Belate publicada por este diario este miércoles. La plantilla la completan, según perfiles de Linkedin, trabajadores de origen venezolano con experiencia en PVDSA.



Todo esto en una "pym e" de Pamplona. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil que, en contra de la legislación, se remontan a 2021, sólo confiesa contar con tres empleados fijos y seis temporales. Y los tres fijos, todos hombres.



Servinabar puso como cifra de ingresos ese año un millón de euros, pero contabilizó como «gastos de personal», 530.000 y añadió otros 134.000 para pagar «servicios de profesionales independientes». Fernández parecía escoger esta última vía profesional porque solicitó también permiso -y obtuvo en las mismas fechas- para trabajar con el bufete Martínez Escribano que, a diferencia de Servinabar, sí tiene acitividad y oficina en Andalucía.



De la vinculación de Fernández con Montero no hay duda. Él mismo no dudó en dejar su puesto de interventor general de la Junta de Susana Díaz cuando Montero le dijo que le nombraría presidente de la Sepi. Y la ministra de Hacienda aún declaró en marzo de 2021, tras serle confirmada la imputación, que «se encuentra inmerso en ese procedimiento que se ha archivado ya en dos ocasiones anteriores y es una persona de una enorme valía». Fue el que validaba sus cuentas en su etapa de la Junta.



Fernández ya había tratado en su primer año en la presidencia de la Sepi con Cerdán, porque éste ha mostrado estos años permanente interés por colocar a personas de confianza del partido en empresas estatales como fue el caso de Leire Díez en la empresa estatal Enusa.

El fantasma del Blog
La UCO entra en la sede del PSOE y Transportes para clonar los correos electrónicos de Cerdán y Ábalos






El juez autoriza a la Guardia Civil pedir información sobre 11 adjudicaciones bajo sospecha a Adif y Carreteras






Óscar López-Fonseca, Reyes Rincón y José Marcos
Madrid
20 JUN 2025 - 12:47 CEST




Pocos minutos después de la una de la tarde, tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para realizar un clonado del correo electrónico del ya ex secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán. En el momento de su entrada en la sede socialista, se encontraban una veintena de reporteros en la calle, que se ha convertido en un gran plató televisivo. Miembros del instituto armado también han acudido a la sede del Ministerio de Transportes a realizar una otra copia de mensajes, en este caso los del antiguo email de José Luis Ábalos cuando era titular de la cartera.




Entre la batería de diligencias practicadas a lo largo de la mañana también hay un requerimiento de información al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Dirección General de Carreteras (ambos dependientes de Transportes) para que faciliten toda la documentación relativa a 11 adjudicaciones de obra pública. Por último, el juez también ha pedido a una treintena de entidades financieras información sobre cerca de 400 cuentas corrientes a nombre de los investigados o de sus empresas, entre ellos los tres en los que Cerdán tenía depósitos bancarios.




Esa operación se produce después de que el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa abierta por la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, haya autorizado a la UCO investigar el patrimonio de Cerdán y haya requerido al PSOE para que facilite a los agentes la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en el partido.



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CITA(mariasun chillida @ Dec 21 2005, 11:13 AM) *
Estoy completamente de acuerdo con lo que exponeis.
He entrado a leer todo lo que se escribe en el blog de la famosa expedición al "CENTRO DE LA TIERRA" y la verdad despues de leerlo todo, todo y todo, he llegado a una conclusión (yo solita)
que mayor soy!!!!!!!!!!!.


Me explico:

Estoy totalmente de acuerdo con la actuación de JEP, no porque sea mi amigo, sino porque realmente ya vale , primero MATERIA RESERVADA, (a esto ya estamos acostumbrados, pues son cosas de la politica) y por si esto fuera poco, ahora MENTIRAS que duelen más por estar dichas por medios que en realidad tienen vocacion de "INFORMAR" y difundir la VERDAD y el SABER.


Creo que era necesaria la campaña de reiteración de las informaciones que obran en nuestro poder, no para desprestigiar ni derribar, sino "PARA QUE SE SEPA".



Creo que muchas personas después de todo esto, seguirán pensando que el motivo que nos impulsa es la ENVIDIA Y EL PROTAGONISMO, bueno, que le vamos a hacer, pero con que una mínima parte de la gente que nos ha leído, haya tenido una duda razonable de lo que allí se escribía y por qué, y haya intentado con un espíritu abierto y sin prejuicios acercarse a otras fuentes de información (aunque no sean oficiales), se da por bien empleado el tiempo y el esfuerzo.


Quiero felicitar a tod@s y aquell@s que con vuestra insistencia y conocimiento habéis abierto esta pequeña puerta a la curiosidad y a la duda del por qué, como, cuando y donde de los acontecimientos. Nadie dijo que fuera fácil pero si esto es un primer paso para sacar la información sobre Guinea del mito, el secreto, la leyenda y el oscurantismo, bienvenida sea la incomprensión...........CABALGAMOS, PERO SIN LADRAR.


A la VERDAD, siempre le cuesta abrirse camino, pero al final triunfa y a nosotr@s solo nos queda la tarea (siempre ardua) de no ser ya, por más tiempo, cómplices de los intereses de aquell@s que intentan SECUESTRARLA.

HERMOSA GUINEA, CUANTO MAS DENOSTADA, MAS TE AMO. 2320.gif

M'bolo amuis..........siempre vuestra besin.gif besin.gif



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M. Rajoy, presidente de un Gobierno investigado por corrupción que no se enteraba de nada





La comisión de investigación del Congreso pregunta sobre seis años de guerra sucia contra adversarios políticos pero el exlíder del PP evita responder:




“¡A mi qué me cuentan, coño!”







José Manuel Romero
Madrid
06 MAR 2025 - 05:40 CET





Mariano Rajoy, hoy registrador de la propiedad y antes ministro (1996-2004), presidente del Gobierno (2012-2018) y del PP (2004-2018), acudió este miércoles al Congreso de los Diputados para responder sobre su responsabilidad en las supuestas corruptelas de la formación política que dirigió y de los Ejecutivos que presidió. Pero se acogió a la ignorancia y al olvido para no contestar sobre las operaciones ilegales del Ministerio del Interior durante sus seis años de mandato: persecución policial a los adversarios políticos, fabricación de pruebas falsas contra dirigentes independentistas catalanes o de Podemos, espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para destruir pruebas de la caja b con la que se financió el PP durante 20 años, filtración de noticias falsas sobre cuentas inexistentes en el extranjero de Xavier Trías o Pablo Iglesias...




Los diputados preguntaron por la mayoría de estas operaciones ilegales y Rajoy optó por balbucear su ignorancia o su desmemoria para no dar explicaciones sobre la guerra sucia investigada en los tribunales: “Se han equivocado de interlocutor, yo no pinto nada aquí. Me cuesta hablar de lo que no sé, no tengo ni la más remota idea, me preguntan si han cenado o comido dos o tres policías, a mí que me cuenta, ¡coño!, yo no pinto nada aquí, no conozco a las personas de las que me habla; no me he ocupado jamás de investigaciones, ni he dado instrucciones ni he sabido ni una palabra, no me importa lo que diga una juez de Andorra, no voy a contestar a esa pregunta porque no se trata aquí de generar mal ambiente”. Tras escuchar estas razones, Gabriel Rufián, diputado de ERC, comenzó así su interrogatorio: “¿Señor Rajoy, usted fue presidente del Gobierno, verdad?”.




Rajoy repitió su argumentario durante cuatro horas en las que intentó reivindicar su legado para esquivar las preguntas sobre los supuestos delitos de su Gobierno: “Tuve que hacer frente a la mayor crisis económica, con un país que estaba al borde de la quiebra y logramos sacarlo adelante. Pacté la sucesión en la jefatura del Estado en 15 días con el líder de la oposición sin que se filtrara. Y paré un golpe de Estado en una región española [Cataluña]”.




Sus negativas a responder o sus respuestas sobre lo que nadie le preguntaba fueron jaleadas por una veintena de diputados populares, con el portavoz Miguel Tellado al frente. Desde la primera fila del patio de butacas, Tellado aporreaba el escaño con sus nudillos o aplaudía con desgana en defensa de Rajoy.




Lo que sigue resume los silencios y los olvidos del expresidente.




El ministro del Interior y Villarejo se reunieron contra el independentismo. Rajoy responde: “A mí que me cuentan, ¡coño!”.




El diputado de Junts Josep Pagès preguntó a Rajoy por una reunión grabada por el comisario José Manuel Villarejo con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en diciembre de 2012. Ambos planificaron operaciones contra dirigentes independentistas mediante diversas denuncias en los juzgados. Fernández Díaz, conocedor de lo delicado de aquel encuentro, aseguró a Villarejo: “Para su información, esta conversación no ha existido, ¿vale? El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”.




Fernández Díaz negó este miércoles la reunión grabada por Villarejo y difundida por EL PAÍS. Lo hizo en la comisión del Congreso a la que acudió justo después de que Rajoy, preguntado por esa reunión, contestara: “Miembros de mis diferentes gabinetes ministeriales han ajustado sus comportamientos a la Ley y a la Constitución Española (…) Me pregunta si han cenado o comido dos o tres policías, a mí que me cuenta, ¡coño!”.




Jorge Fernández Díaz está procesado por corrupción en el caso Kitchen —el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, pagado con fondos reservados—. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro.





“Niego que el Gobierno haya dado instrucciones a nadie para espiarles a ustedes”.





El juez Santiago Pedraz investiga desde hace más de un año el espionaje ilegal a Podemos dentro de un sumario que acumula pruebas sólidas de cómo el Ministerio del Interior, a las órdenes de Jorge Fernández Díaz y del secretario de Estado, Francisco Martínez, puso en marcha operaciones sin amparo judicial contra los dirigentes de Podemos. Operaciones que la propia policía acabó archivando después de que la cúpula de Interior filtrase su contenido, mayoritariamente falso, a medios afines al PP. Pero Rajoy aseguró ayer que no sabe nada de eso: “Niego que el Gobierno haya dado instrucciones para espiarles a ustedes. No sé de qué me habla. Yo no tengo ningún conocimiento de eso y no lo he tenido nunca”. La causa penal abierta en la Audiencia Nacional ha acreditado ya que el secretario de Estado Francisco Martínez encargó al comisario Enrique García Castaño bucear en los archivos policiales para buscar antecedentes penales de “los 69 [diputados] de Podemos”.





“Lo que me importan son las sentencias. Cuando haya una sentencia, entonces me cita aquí”.





Cuando Ione Belarra, diputada de Podemos, le recordó que hay un informe policial que acredita el espionaje ilegal a Podemos, Rajoy contestó: “A mí lo que me importan son las sentencias, cuando haya una sentencia, entonces me cita usted aquí”.




¿Quién es ‘M. Rajoy’? “De esos asuntos no voy a hablar”.





Cuando los diputados le recordaron la sentencia sobre el caso Bárcenas, que castiga al PP por la caja b con la que se financió ilegalmente y pagó grandes cantidades en dinero negro a sus principales dirigentes, Rajoy no quiso contestar. “De esos asuntos no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Pablo Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero”. Pero Belarra dejó constancia: “El M. Rajoy que sale en los papeles de Bárcenas, es usted, señor Mariano Rajoy, por eso es importante que quede dicho y acreditado que usted cobró 373.000 euros de sobresueldos en efectivo procedentes de la caja b del PP”.




“No creamos ninguna policía patriótica porque la policía también investigó a nuestros dirigentes”.





Para negar la existencia de un cuerpo policial —hay media docena de comisarios imputados por corrupción— dedicado a fabricar pruebas falsas contra los adversarios políticos del PP, Mariano Rajoy argumentó que durante su mandato, la policía investigó casos de corrupción que afectaban a numerosos dirigentes del PP, y citó el caso Púnica —un caso de corrupción que no fue impulsado por la policía sino tras una alerta de la Fiscalía suiza— o el caso por el que ha sido condenado el exministro Eduardo Zaplana. A Rufián no le convenció el argumento: “Eso pasó porque ustedes robaban mucho”.




“Jamás conocí el informe PISA”.






El ministerio del Interior difundió a los medios de comunicación un denominado Informe PISA, del que nadie se hizo responsable, donde se acusaba a Pablo Iglesias de cobrar dinero en paraísos fiscales, de Irán y de Venezuela. Interior denunció el informe anónimo ante el Tribunal de Cuentas, pero este organismo archivó la denuncia. Rajoy tampoco supo de lo que le hablaban: “Jamás he conocido el informe PISA, lo cual es bastante razonable porque como usted dice ni es un informe oficial y ni siquiera va firmado por nadie. No le puedo decir nada de lo que no sé, no he visto ese informe en mi vida”. El informe salió publicado en diversos medios de comunicación y fue noticia durante varios meses.




Dinero de Venezuela para Pablo Iglesias en un paraíso fiscal: “Es la primera vez en mi vida que oigo hablar del informe Granadino”.





La dirección adjunta operativa del Ministerio del Interior filtró a un medio de comunicación un extracto bancario de una supuesta cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas con un ingreso por 272.000 dólares del Gobierno venezolano. Era falso, según el propio banco. La policía, en un informe enviado al juez que investiga estos hechos, señaló: “No se ha podido comprobar la autenticidad de la documentación relativa a la trasferencia bancaria. Las informaciones facilitadas por el denunciante y la documentación aportada en la forma descrita anteriormente no tienen entidad suficiente para el traslado a sede judicial de las mismas, de modo que se propone abandonar esta línea de investigación”. Al expresidente Rajoy no le suena: “Es la primera vez en mi vida que oigo hablar del informe Granadino”. Una vez filtrada la falsa información, el secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Rajoy manifestó al número uno de la Policía, Eugenio Pino, su inquietud ante la posibilidad de que la documentación bancaria de Pablo Iglesias fuera falsa.




“Yo sí me enteraba, el que no se enteraba era Sánchez con Ábalos”.





Rajoy no se enteraba de nada de todo lo que ocurría en el Ministerio del Interior. Cuando se lo reprocharon los diputados de la comisión que investiga la actuación de una policía patriótica durante su mandato, se molestó: “Yo sí me enteraba, el que no se enteraba era Sánchez de lo que hacía su ministro José Luis Ábalos”, ahora imputado por corrupción en el Tribunal Supremo.




El fantasma del Blog
Requisados numerosos documentos' del PSOE durante un registro ordenado por el juez Barbero






Anabel Díez
Madrid
19 NOV 1992 - 00:00 CET





Una comisión judicial enviada por el juez instructor de¡ caso Filesa, Marino Barbero, se incautó ayer en la sede federal del PSOE, en la calle de Ferraz de Madrid, de numerosos documentos relativos a la contabilidad de ese partido después de registrar el despacho del área (le administración del PSOE durante siete horas. En un primer momento, el secretario de organización, Txiki Benegas, y el responsable de finanzas, Francisco Fernández Marugán, manifestaron a dicha comisión judicial su "disconformidad" por el "procedimiento", aunque, una vez vista la orden emitida por el magistrado para la entrada y registro, colaboraron con la comisión mediante la entrega de documentación contable.




Sin previo aviso, una comisión judicial enviada por Marino Barbero, el instructor del caso Filesa, se personó a las 12.45 de ayer en la sede federal del PSOE, poco después de que la Sala Segunda del Supremo respaldase la actuación del magistrado, preguntando por los responsables de organización, Txiki Benegas, y de finanzas, Francisco Fernández Marugán. La comisión estaba compuesta por el secretario judicial adscrito al caso, Ricardo Rodríguez; tres inspectores de Hacienda y un inspector de policía.




Esta comisión fue recibida por los dos dirigentes requeridos, a los que les fue presentado un auto del magistrado Marino Barbero en el que se ordenaba la entrada y registro en la sede de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y en la que se exigía, además, la entrega de "la contabilidad y demás documentos mercantiles de interés para el sumarlo" que se instruye sobre el caso Filesa por presunta financiación irregular del partido socialista.




El resultado final fue que dicha comisión salió de la sede de ese partido unas siete horas después, habiéndose incautado de numerosos documentos de carácter contable guardados en los archivos de la secretaría de administración.




Los dirigentes socialistas, una vez leído el auto del magistrado, manifestaron a los integrantes de la comisión su "disconformidad por el procedimiento" y les solicitaron repetidamente que dijeran qué documentación en concreto necesitaban para que ellos se la pudiesen proporcionar.




La concreción exigida por los dirigentes socialistas no se produjo, según las primeras informaciones, y, por el contrario, los miembros de la comisión judicial manifestaron que estaban allí con un a orden de registro y que iban a entrar en la secretaría de administración para revisar todos los archivos y llevarse la documentación de todo tipo que estimaran oportuna, como así sucedió.




Llegados a este punto, ambos dirigentes socialistas comunicaron al secretario judicial y sus acompañantes que su disposición era la de colaborar, por lo que se pusieron a disposición de dicha comisión judicial para allanarles el camino.



Posibilidades agotadas






No obstante, los dirigentes del PSOE rehusaron anoche dar cuenta de los documentos que se había incautado la delegación judicial con el argumento de que el asunto entraba dentro del secreto del sumario del caso Filesa. El responsable de finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán, se limitó anoche a informar de dicha entrada y reconoció que habían colaborado con la delegación una vez que vieron "agotadas" las posibilidades de que el secretario judicial y sus acompañantes les indicaran exactamente qué es lo que buscaban.




Este dirigente del PSOE reconoció que el auto con el que se presentó el secretario en la sede no era muy explícito, dado que demandaba en sentido genérico "la contabilidad del PSOE y demás documentos mercantiles de interés para el sumario". También reconoció Francisco Fernández Marugán "la disconforinidad" de los socialistas con el procedimiento.




La queja en este sentido ha sido permanente por parte de los dirigentes del PSOE siempre en relación con las formas, ya que no han entrado en el fondo del asunto.




Por otro lado, estos dirigentes no se sorprendieron del todo por la presencia de esta comisión, que llegó en un coche policial, otro de la Policía Judicial y un taxi, dado que al no haber respondido satisfactoriamente desde la perspectiva del juez a sus dos requerimientos, esperaban de un momento a otro que Marino Barbero personalmente o bien una comisión enviada por él se personaran en la sede federal socialista.




El juez se había mostrado disconforme con las alegaciones del PSOE respecto a que no tenían obligación de tener unos determinados documentos contables por estimar que eran propios de una empresa y no de un partido político.




No hay materias reservadas





De igual modo, no respondieron afirmativamente al juez cuando les requirió el libro de contabilidad por hallarse éste en el Tribunal de Cuentas. Marino Barbero, en un auto anterior al de ayer de entrada y registro, había manifestado que no había materias reservadas para los jueces cuando se trataba de investigar presuntos delitos.




Asimismo, el juez manifestaba que estaba interesado en una "parte de su contabilidad" al tener constancia de que había "irregularidades" en las relaciones de las empresas Filesa, Malesa y Time Export con el PSOE.




Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina, manifestó ayer su conformidad con la presencia del secretario judicial en la sede federal del partido socialista. "Me parece bien. Si el juez está investigando, debe utilizar todos los medios que están a su alcance. No tengo nada que decir", dijo Leguina.




El presidente de la Comunidad de Madrid no consideró que haya exceso de celo en la actuación del juez, tal y como señalan algunos miembros de la ejecutiva socialista, informa Luis R. Aizpeolea. "Todos los jueces deben poner empeño en su actuación. Lo que me preocupa es que se prolongue en el tiempo la investigación y las cosas no terminen por aclararse", añadió.




Dirigentes del Partido Popular (PP), muestran en conversaciones oficiosas cierto malestar por la línea de actuación del juez, ya que consideran totalmente ocioso buscar en los libros oficiales del PSOE alusiones o reflejos de sus relaciones con las citadas empresas.



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Ruz destripa el corazón financiero del PP




El juez acusa al partido de “omitir” datos “relevantes” para la causa El registro se hizo al hallarse indicios de “facturación ficticia" El magistrado halla otros 12 elementos de relevancia relacionados con el caso Un secretario judicial y varios agentes han registrado la sede de los populares durante 14 horas Los policías han escaneado uno a uno los documentos relacionados con las obras de la sede "Estamos tranquilos", ha dicho el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en Bruselas






Fernando J. Pérez
Madrid
20 DIC 2013 - 13:56 CET




El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este viernes un sonoro puñetazo sobre la mesa en el caso Bárcenas sobre la supuesta caja b del PP. Después de haber visto cómo la formación conservadora destruía —unas veces amparándose en la Ley de Protección de Datos y otras invocando una sorprendente costumbre empresarial— las agendas y los discos duros del extesorero Luis Bárcenas; después de que varios imputados de la órbita del partido, en su derecho de no declarar contra sí mismos, trataran de hacerle comulgar con que Bárcenas les coaccionó para que redactaran los recibís de supuestos pagos en dinero negro; después —finalmente— de que el PP cuestionara la solvencia de los informes policiales sobre la causa, y le enviara incompleta y en fotocopia la documentación que le venía pidiendo desde julio, Ruz actuó con un auto que sorprendió al PP y a quienes han tachado al magistrado de timorato.




El magistrado envió el jueves por la noche a la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, a dos agentes de la UDEF —unidad policial de delitos económicos— para requerir a la formación conservadora que entregara toda la documentación relacionada con los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad b del partido. Los agentes, que iban acompañados en las diligencias por el secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández Gallardo, tenían órdenes de recabar todo el material vinculado a los pagos en negro a la sociedad Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó el interior de la sede nacional popular entre 2005 y 2011. Sin embargo, la resolución por la que Ruz mandaba la comisión judicial a Génova 13 iba mucho más allá: el magistrado exigía al PP que entregara “cualesquiera otros elementos que pudieren estar relacionados con (...) los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción”. Es decir, todos los papeles y archivos informáticos que, en opinión de los investigadores, puedan servir para arrojar luz sobre la contabilidad manuscrita de Bárcenas.




La comisión judicial entró en la sexta planta de Génova 13 —donde se ubican la gerencia y la tesorería del PP— a las 20.00 del jueves y terminó su labor a las 10.10 de este viernes. Fueron 14 horas en las que, según fuentes policiales, se recabaron varias cajas de documentos que, debidamente precintadas, fueron llevadas a la Audiencia Nacional para su posterior examen y análisis. La comisión judicial también llevaba consigo un escáner para digitalizar los documentos más relevantes. Las mismas fuentes aseguran que la actitud de la tesorera del PP, Carmen Navarro, y de Alberto Durán, abogado del partido, fue de “absoluta colaboración” en la entrega de documentos.





La decisión de Ruz de enviar a la policía a Génova 13 era la parte más relevante del auto, su parte dispositiva. Sin embargo, los 18 folios de la resolución contenían, bajo su medido lenguaje jurídico, una notable carga de profundidad contra la actuación del PP desde que se destapó el caso Bárcenas, como pieza separada del caso Gürtel.




Según el magistrado, en la investigación realizada hasta el momento se desprenden indicios de que los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y el exgerente del PP Cristóbal Páez se coordinaron con el arquitecto Urquijo para generar documentos y facturas “para dar cobertura a una facturación oficial ficticia”. Los abonos de la obra se liquidaron en parte mediante cheque contra la presentación de facturas y otra parte “mediante fondos ajenos que pudieran guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas”, publicados por EL PAÍS el pasado 31 de enero.




El magistrado actuó de forma expeditiva después de que el PP no le enviara en el plazo y la forma debidos la documentación sobre los pagos a la empresa Unifica, cuyo dueño, Gonzalo Urquijo, percibió 1,07 millones de euros en b entre 2006 y 2008 como pago por las obras de reforma de la sede nacional del partido.




Ruz reclamó al partido de Mariano Rajoy la información el pasado 30 de julio. El 10 de agosto, la formación conservadora remitió 520 fotocopias con documentación relativa a las obras de reforma del edificio. Sin embargo, el 2 de diciembre, el PP envió a Ruz, a través de la Fiscalía Anticorrupción, un escrito que desencadenó el registro del jueves.




En él, los populares sostenían que los pagos a Unifica se realizaron íntegramente con cheques y con transferencias recogidas en la contabilidad oficial. Para probar su versión, incorporaban 17 documentos —copias de cheques y órdenes de pago—. El secretario judicial comparó esta documentación con la remitida en agosto y descubrió que 12 de estos elementos no habían sido entregados hasta ese momento. Además, en el escrito, los populares cuestionaban la solvencia de los informes de la UDEF “por creer a pies juntillas” al encarcelado Luis Bárcenas.




En su auto de este viernes, Ruz reprocha al PP que haya “omitido” documentos “de relevancia” para la investigación y muestra su sorpresa por que el partido haya tenido acceso a esos informes de la UDEF cuando no está personado como acusación en la causa.
El fantasma del Blog
El trío Koldo/Ábalos/Cerdán se rompe entre reproches de grave corrupción





Los dos exdirigentes socialistas y el asistente que grababa conversaciones sobre amaño de obras públicas se acusan mutuamente en vísperas de su comparecencia en el Supremo donde temen acabar en la cárcel








José Manuel Romero
Madrid
21 JUN 2025 - 05:30 CEST






José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, y Koldo García, el hombre de confianza de ambos, integraron supuestamente durante al menos un trienio (2018-2021) una trama delictiva que se enriqueció con el amaño de obras públicas, según el último informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil. Los tres declaran como imputados en el Tribunal Supremo (Ábalos y Koldo, el lunes, y Cerdán el día 30) con el temor de acabar en la cárcel, según indican a EL PAÍS fuentes jurídicas próximas a la defensa de los implicados. “El instructor y la Fiscalía Anticorrupción”, señalan estas fuentes, “podrían apreciar riesgo de fuga o de destrucción de pruebas”.




Ábalos, Cerdán y García se han cruzado acusaciones de haber cometido graves actos de corrupción y lo han hecho por primera vez desde que estalló el escándalo. Ninguno de los tres, de momento, acredita o sugiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conociera estos hechos o que el PSOE se financiara ilegalmente con parte de las mordidas.




Cerdán ha trasladado a su entorno, según adelantó EL PAÍS, que aunque conoció la existencia de esa trama delictiva que amañaba contratos a cambio de comisiones ilegales, nunca organizó, ni dirigió ni participó en esas actividades ilícitas y que todo su error consistió en no denunciar esas prácticas.




Ábalos contestó el jueves en la Cadena SER que, en vista del informe de la Guardia Civil, Santos Cerdán y Koldo García traían una “dinámica” desde su etapa en Navarra —mucho antes de que los tres colaboraran en el partido—. Y que como ministro de Transportes, él se sintió utilizado por la pareja para influir en adjudicaciones de obra pública. La investigación judicial ha acumulado numerosas evidencias de que el exministro y ahora diputado del grupo mixto se benefició de su relación con empresarios corruptos, como Víctor De Aldama, beneficiario de negocios multimillonarios con el ministerio de Transportes.




Ábalos amaga un pacto con Fiscalía consistente en reconocer muchos de los hechos contenidos en el informe de la Guardia Civil implicando a Cerdán y García en los mismos de manera que pueda obtener algún tipo de reducción de la pena que le correspondería.




Por su parte, Koldo García se niega de momento a pactar con la Fiscalía e incluso está barajando la posibilidad de negarse a declarar el próximo lunes. Las grabaciones que hizo durante años de sus conversaciones con Ábalos y Cerdán incriminan a los tres.




Koldo García reprocha a Santos Cerdán su comportamiento a raíz de que estallara el escándalo (febrero de 2024) y denuncia que dejó abandonados a su suerte a las dos personas con las que compartía supuestamente los negocios inconfesables.




Cerdán fue, como secretario de Organización del PSOE, el encargado de presionar a Ábalos en aquel mes de febrero de 2024 para que dejara el acta de diputado cuando el exministro aún no había sido imputado pero Koldo García, su exjefe de gabinete, había sido detenido y su casa registrada. Cerdán intentó garantizar, sin éxito, un sustento económico de futuro para Ábalos a cambio de que entregara su acta de diputado.




La investigación abierta en la Audiencia Nacional en septiembre de 2023, conocida públicamente en febrero de 2024, estrechó el cerco sobre García y Ábalos hasta que la relación de ambos con Cerdán acabó rompiéndose definitivamente.




El informe de la Guardia Civil para el Tribunal Supremo, donde Ábalos está aforado, ha desencadenado ahora la destitución de Cerdán al frente de la secretaría de Organización del PSOE y su renuncia al acta de diputado. Las grabaciones de Koldo García han permitido a la UCO de la Guardia Civil destapar una trama delictiva que influyó supuestamente en determinadas adjudicaciones de obras del ministerio de Transportes que beneficiaban a empresas (Acciona, principalmente) a cambio de importantes cantidades de dinero.




La investigación aún no ha sido capaz de determinar el mecanismo por el que se amañaban las obras públicas ni quienes eran los funcionarios que participaron en esos procedimientos irregulares. Tampoco ha conseguido encontrar el dinero de las mordidas del que habla Koldo García en las conversaciones grabadas con Cerdán y Ábalos.




La Guardia Civil planea investigaciones patrimoniales en profundidad de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE para intentar descubrir si se enriquecieron con las mordidas de las que habla su hombre de confianza en las grabaciones.




Koldo García aseguró en una entrevista concedida a EL PAÍS en octubre pasado que ayudó a unas 170 empresas con diversas gestiones durante sus tres años en el ministerio como jefe de gabinete de José Luis Ábalos.




Pregunta. ¿Favoreció usted negocios de Aldama [empresario que ganó seis millones de euros tras vender mascarillas al ministerio y otras administraciones] como jefe de gabinete del ministro de Transportes en esos tres años que estuvo en el ministerio?


Respuesta. No. Miré entrevistas que me solicitaban, no solo Aldama, sino alrededor de unas 170 empresas. A mí todo el mundo me pedía reuniones y yo le decía, bueno, pues mira, a ver si le podéis solucionar un problema. Si lo que me está diciendo es si solucioné problemas de empresarios de España... La palabra es sí, vale.


P. Pero ¿había alguna prestación por esos servicios que usted hacía para ayudar o solucionar problemas?


R. No.





Koldo García ha contado a su entorno que conserva muchas grabaciones que implican a políticos y empresarios, aunque todavía no ha decidido qué piensa hacer con ellas. La Guardia Civil no tiene ese material porque no estaba entre los dispositivos incautados durante el registro de su vivienda. Otras fuentes jurídicas relacionadas con el caso aventuran que Koldo García está intentando presionar con esas grabaciones para conseguir algún tipo de mejora en su situación actual.


Respecto a las grabaciones cuyo conocimiento ha agravado el escándalo, tanto el entorno de Santos Cerdán como el de Koldo García, denuncian que los audios trasladados por la Guardia Civil a la causa están incompletos. Las partes que faltan, según estas fuentes, podrían hacer relación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El fantasma del Blog
La corrupción no deja nada intacto





Hay una ceguera que nos lleva a ignorar aquellos elementos de la realidad que ponen en cuestión a gente de nuestra tribu






Mariano Sigman
21 JUN 2025 - 05:30 CEST





La confianza en el prójimo es el entramado de las sociedades humanas. Es clave en la amistad y en el amor y es la base del comercio y la política. Por eso, las sociedades se desgranan cuando desaparece la confianza. Se quiebra todo, que en latín se traduce a con (todo) y rumpere (romper), de donde deriva nuestro corromper actual. “Con” refiere también a “junto”. Así, corromper también es romper entre varios. Uno no puede ser corrupto a solas. La corrupción no deja nada intacto; destroza la trama de la sociedad.




Transparencia Internacional ha desarrollado un mapa mundial de la corrupción que muestra en un amarillo pálido a los países nórdicos, Canadá y Australia, los países menos corruptos. El resto de Europa, Estados Unidos y Japón en tonos naranjas y en América Latina, el podio rojo lo lideran Paraguay y Venezuela. Hay una revelación escondida en este mapa, a plena vista, como la carta de Poe: no hay un solo país, católico, laico o protestante, de izquierdas o derechas, en el que no asome cada tanto una ola de corrupción. España, por supuesto, no es la excepción.




Aquí doy cuenta de algunas postales de 50 años de una ciencia que investiga cómo y por qué empieza la corrupción y cuál es el caldo de cultivo en el que se propaga, con la esperanza de que este conocimiento pueda ayudarnos a vislumbrar vías para que sea cada vez menos prevalente en nuestras sociedades.




Primero, el respeto por la ley y por la institucionalidad es un valor en sí, que a veces compite con otros valores de la vida. Un ejemplo clásico: vas de vacaciones fuera de tu país con una persona muy querida que tiene, en medio del viaje, un accidente grave. Llegas desesperada a la guardia del hospital y te dicen que si les das un soborno de 50 euros lo harán pasar primero, por delante de otros accidentados. ¿Qué harías? Este dilema es apenas una caricatura que ejemplifica algo que muchos estudios científicos concluyen: las personas suelen ser más proclives a corromperse si cuentan con una buena narrativa que lo justifique. Por ejemplo, que los demás también lo hacen, o que corrompiéndose salva a alguien o a algo más importante. Con Rafael Di Tella, economista argentino, profesor de Harvard (y esgrimista olímpico) publicamos en el American Economy Review un tratado experimental de aquello que Molière ya había advertido en su célebre frase: “El que quiere matar a su perro, lo acusa de tener la rabia”. Mucha gente se cuela en una fila pensando, o convenciéndose, de que los demás lo harán y no quiere ser el único “idiota” en no hacerlo. Esa creencia (cierta o no) de una corrupción distribuida cataliza la corrupción.




Segundo: la corrupción, como todo virus, precisa un mecanismo de defensa. En este caso encuentra un cómplice en el núcleo profundo del cerebro en el que reside un circuito neuronal de la reputación social. La neurobióloga Elizabeth Phelps descubrió que las creencias favorables sobre una persona (futbolísticas, amistosas, políticas, raciales, religiosas) vuelven a estos circuitos refractarios a la evidencia en su contra. Es una ceguera biológica que hace ignorar aquellos elementos de la realidad que ponen en cuestión a gente de “nuestra tribu”. Saber, y reconocer, que se suele ser bastante más indulgente cuando se trata de observar la corrupción de gente con ideologías cercanas que lejanas es un buen punto de partida para cambiar esta disposición.




Tercero, . . .Fischbacher y Föllmi-Heusi desarrollaron un experimento ingenioso para medir la propensión de un individuo a corromperse. Una persona tira un dado sin que nadie la vea, declara el número que ha salido y cobra esa cantidad de euros. La gente completamente deshonesta diría siempre que ha sacado un “seis”, ya que nadie ha visto el valor real del dado. La gente completamente honesta reportaría todos los números con la misma probabilidad. El resultado empírico es que una gran cantidad de gente no se ubica en ninguno de estos dos extremos. Es muy común que una persona que ha sacado un “1” reporte un “3”, abrigándose en su mala suerte y contando con una narrativa para su “pequeña corrupción”. Se queda además conforme pensando que podría haber mentido aún más y no lo ha hecho. En 2016, Gachter y Schulz implementaron este “juego” en más de 50 países y mostraron que en todos ellos una fracción significativa de la gente suele corromperse “un poco”. Pero, y aquí la clave, el cuánto es ese poco y cuánta esa fracción, varía según un elemento decisivo del país en el que han crecido. En aquellos países en los que la corrupción política es alta, los jóvenes ciudadanos son también más tramposos.



Por eso es tan importante cortar el círculo de la corrupción política. Porque además de su daño social y económico evidente, de la pérdida de confianza y del uso fraudulento de fondos públicos, también genera un hábito y una norma, en el que la trampa, la deslealtad, el robo y la pérdida de la institucionalidad se hacen costumbre y van creciendo progresivamente, como una adicción. Porque la corrupción corrompe.




Mariano Sigman es neurocientífico. Su último libro, con Jacobo Bergareche, es Amistad. Un ensayo compartido (Debate / Libros del Asteroide)





Los de El País ya han acudido al especialista


Igual esto es un caso clínico ......
El fantasma del Blog
El juez del Supremo sitúa a Cerdán como el "encargado de distribuir" las mordidas de la trama y extiende los indicios de corrupción a otros cargos del Gobierno






La UCO entra en la sede socialista de Ferraz para clonar el correo del ex secretario de Organización, por orden del Tribunal Supremo






Ángela Martialay
Madrid
Actualizado Viernes, 20 junio 2025 - 22:58




El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dio ayer un nuevo impulso al caso Koldo con una extensa batería de diligencias que acabó con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personándose en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para clonar el ordenador del ex secretario de Organización Santos Cerdán.




Del auto dictado ayer por el instructor de la Sala Segunda se derivan otras conclusiones perjudiciales para el PSOE y el Gobierno, más allá de las imágenes de impacto de agentes de la Guardia Civil de paisano irrumpiendo en la sede del partido. En la resolución, el juez sitúa al hasta hace escasos días secretario de Organización socialista y hombre de total confianza de Pedro Sánchez como el «encargado de distribuir» las comisiones ilegales entre los distintos miembros de la presunta organización criminal. Además, en la resolución, el magistrado detalla cómo los indicios de corrupción se extienden a otros ex altos cargos del Gobierno, más allá de José Luis Ábalos.




El instructor comienza explicando el motivo por el que Cerdán, pese a no ser ya aforado, debe continuar siendo investigado por el Alto Tribunal. «La competencia de este instructor viene determinada por la presencia, entre los investigados, de José Luis Ábalos, quien sí conserva la condición de diputado. Y de acuerdo con la doctrina que también ha sido expuesta en resoluciones previas (...) la misma debe extenderse igualmente, aunque con carácter restrictivo, a todas aquellas personas terceras a las que se imputaran hechos inescindiblemente vinculados a los que se atribuyen a la persona aforada».




El juez afirma que, «este es el caso, sin duda», de Santos Cerdán, «en la medida en que, conforme resulta de los consistentes indicios que se ponen de manifiesto en el informe policial de 5 de junio del presente año, el mismo pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas». Además, el magistrado da un paso más allá y dice: «Pudiera ser éste», en alusión a Cerdán, «quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas».




A su vez, el juez Puente ordenó ayer investigar las cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. También requirió información tributaria del investigado para conocer su situación y evolución financiera. Y accedió a posponer la declaración de Cerdán del 25 al 30 de junio para que su nuevo abogado, el ex diputado de la CUP Benet Salellas, tenga tiempo para preparar defensa. Su declaración ya no será voluntaria sino como la de un investigado más.




Por último, el juez Puente rechaza la petición de una acusación popular de «entrada y registro en el domicilio personal y despacho» de Cerdán y, en su argumentación, admite que «el eventual riesgo de destrucción de pruebas al que se refiere la parte solicitante» ya no tiene sentido porque el ahora imputado tuvo, «varios días atrás, conocimiento previo de la existencia de la investigación». Estuvo blindado, como aforado, desde la revelaciones del informe de la UCO, el jueves 11 de junio, hasta su renuncia al acta de diputado, el 16 de junio.




Por otro lado, en el auto, dentro del Ministerio de Transportes de Ábalos, el instructor apuntó a la presunta actuación delictiva de la ex secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, durante su época como presidenta de ADIF, y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, alto cargo del Ministerio, en cuyo nombramiento se empeñó el propio Cerdán asegurando que era «importante» para consumar los amaños de obras públicas.






Otros investigados





El magistrado explica que, a su juicio, del informe de la UCO resultan «indicios consistentes» respecto a que Pardo de Vera y Herrero «hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones», asistencia a Ábalos, a través de Koldo García, «para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término», facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, impartía.




Sin embargo, el Supremo considera que las conductas de estas dos personas, por «ser instrumentales o accesorias» a Ábalos, no deben investigarse en la Sala Segunda, de modo que acuerda deducir testimonio del informe de la UCO al Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva si investigar los hechos relativos a ambos. Se da la circunstancia de que Pardo de Vera ya ha sido imputada por el juez de la Audiencia Ismael Moreno - el otro instructor de esta trama- por la contratación de la amiga íntima de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la pública Ineco.




Asimismo, el instructor Puente acordó citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados, a cinco empresarios: Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar; el ex directivo de Acciona Fernando Merino; el constructor José Ruz y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a Obras Públicas y Regadíos (OPR). Todos, como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de obras públicas a cambio de precio».

El fantasma del Blog
El exjefe de la UCO está en nómina de Acciona desde hace cuatro años




Sánchez Corbí es director de seguridad internacional de la empresa implicada en el caso Koldo






Fernando H. Valls
Madrid
20/06/2025 06:00 Actualizado a 20/06/2025 06:30




Acciona, gran empresa implicada en el escándalo que afecta a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, tiene contratado desde hace más de cuatro años y en un cargo de elevada responsabilidad al que fue máximo responsable de la unidad central operativa (UCO), el coronel Manuel Sánchez Corbí. El veterano mando de la Guardia Civil dirigió la unidad de élite que tiene en vilo en este momento al PSOE después de dedicarse durante más de un cuarto de siglo a la lucha contra ETA. El hoy directivo de la cotizada presidida por José Manuel Entrecanales colgó el tricornio tras más de 35 años para pasar a formar parte del sector privado después de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y un sonoro choque que acabó en los tribunales con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Sánchez Corbí recaló en el 2021 en Acciona como director del área de seguridad internacional. A día de hoy continúa ejerciendo esa responsabilidad, confirma la compañía. Su labor, explica, es supervisar la seguridad de todos los proyectos en el extranjero de una empresa que está presente en más de 40 países. “Son trabajos muy específicos”, añaden. Su puesto depende del director de seguridad corporativa de Acciona, Juan Miguel Martínez. Corbí no es un miembro de la alta dirección de la cotizada, Martínez sí lo es.


Tras conocerse la implicación de Acciona en la trama supuestamente corrupta que salpica al PSOE, la multinacional anunció una investigación interna para depurar responsabilidades. La multinacional habría pagado a Ábalos y Koldo García 620.000 euros en mordidas “gestionadas” por Cerdán. Este mismo lunes, la compañía dio un paso más y anunció el despido de su director de construcción para España y Portugal, Justo Vicente Pelegrini, mencionado en el informe de la UCO y que también formaba parte de la alta dirección.




Sánchez Corbí ostenta un puesto clave en Acciona. La seguridad de los proyectos en el extranjero es la base del negocio de la compañía. En el 2024, Acciona obtuvo ingresos por 19.190 millones, un 12,7% más que en el ejercicio anterior. El área internacional sustentó el avance, con una cifra de negocios de 14.789 millones, un 21,3% más que en el 2023. Es decir, tres de cada cuatro euros de los ingresos de Acciona provienen de fuera de España. Los asuntos más complejos de la seguridad internacional de Acciona son despachados por Corbí directamente con la dirección del grupo, apuntan fuentes internas.



Corbí despacha los asuntos más complejos con la alta dirección de la multinacional




Acciona contrató a Corbí en plena pandemia tras ser defenestrado por Marlaska en la primera etapa del actual Gobierno socialista. Llevaba más de cinco años al frente de la UCO, tiempo en el que la unidad de élite impulsó casos de corrupción como los ERE de Andalucía, Púnica o Lezo, entre otros. En el 2017 acudió como compareciente a la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP, donde afirmó que no había recibido presiones directas de ningún dirigente político. Tras la moción de censura del 2018 fue destinado al servicio de protección y seguridad (Seprose). Hijo y nieto de guardias civiles, el coronel pleiteó durante dos años por la decisión de la cúpula de Interior, pero sus demandas no fructificaron.




Antes de dirigir la UCO, Sánchez Corbí trabajó en la lucha antiterrorista durante un cuarto de siglo. Supo moverse por Euskadi y Navarra. Habla francés, lo cual le sirvió para conocer a fondo el conocido como santuario galo de ETA. En el cuartel de Intxaurrondo es considerado una institución.

Es muy habitual que las grandes empresas españolas incorporen a sus equipos de seguridad a antiguos mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional o el CNI. Telefónica, Santander, Repsol o BBVA son solo algunos ejemplos.


Fernando H. Valls es Redactor de la sección de Economía de La Vanguardia en la redacción de Madrid. Autor del libro 'El año que vivimos sin Gobierno' (Libros.com) y colaborador de varios programas de televisión y radio.


El fantasma del Blog
Cómo Trump trata la historia negra de manera diferente a otras partes del pasado de Estados Unidos




Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Trump ha intentado replantear el pasado del país en materia de racismo y discriminación, restándole importancia a esa historia o, en ocasiones, negando que haya sucedido.








Por Erica L. Green
Erica L. Green es corresponsal de la Casa Blanca. Reportó desde Washington.
20 de junio de 2025



Con motivo del Juneteenth, día que conmemora el fin de la esclavitud, el presidente Trump se tomó un momento para quejarse de que exista el feriado nacional. “Hay demasiados días festivos no laborables en Estados Unidos”, escribió Trump en redes sociales, apenas horas después de que su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, hiciera notar que el personal de la Casa Blanca se había presentado a trabajar.



La decisión del presidente de desdeñar el Juneteenth —un día apreciado por generaciones de estadounidenses negros antes de que se declarara feriado federal en 2021— forma parte de un patrón de palabras y acciones del Sr. Trump que minimiza, ignora o incluso borra algunas de las experiencias e historia de la población negra en Estados Unidos. Desde que asumió el cargo en enero, ha intentado replantear el pasado del país en cuanto a racismo y discriminación, restándole importancia o, en ocasiones, negando su existencia.



Los sitios web gubernamentales han sido depurados de cientos de palabras , incluyendo "injusticia" y "opresión". Las agencias federales eliminaron u ocultaron las contribuciones de los héroes negros , desde los aviadores de Tuskegee que lucharon en el ejército hasta Harriet Tubman , quien guió a las personas esclavizadas a través del Ferrocarril Subterráneo. Las bibliotecas escolares fueron purgadas de escritos de autores negros preeminentes como Maya Angelou. El Sr. Trump ha criticado al Instituto Smithsoniano por lo que él calificó de "ideología divisiva y centrada en la raza" en sus exposiciones sobre la raza. Ordenó el cambio de nombre de los monumentos en honor a los soldados confederados que lucharon por preservar la esclavitud.





Y el jueves, en lugar de conmemorar el día en que las últimas personas esclavizadas fueron informadas de su liberación del trabajo forzado, Trump lamentó que los estadounidenses tuvieran un día libre en el trabajo y sugirió que el feriado era poco más que una carga para la economía .






En conjunto, las acciones del Sr. Trump son parte de una batalla cultural y política más amplia, en la que la diversidad se ha convertido en un blanco universal para los males de la sociedad. “El comportamiento de Trump en torno a Juneteenth no es aislado en absoluto: habla de cómo ve a nuestra comunidad y a todos los que no se parecen a él o no son tan ricos como él”, dijo Derrick Johnson, presidente de la NAACP. “Es por eso que está despojando nuestros derechos, borrando nuestra historia y silenciando nuestras voces”.



La Casa Blanca ha defendido sus acciones como parte de un esfuerzo por priorizar el mérito sobre la diversidad y centrarse menos en las divisiones entre los estadounidenses. El día de su toma de posesión, el Sr. Trump prometió inaugurar una sociedad sin discriminación racial.



“La comunidad negra está más interesada en los resultados que en los mensajes performativos que sirven más para cumplir con un requisito que cualquier otra cosa”, declaró Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. Los estadounidenses negros, añadió, “se unieron para apoyar al presidente Trump de forma histórica gracias a políticas que trascienden la raza y se alinean con el sentido común”.



Pero para los críticos, la decisión de Trump de restarle importancia al Juneteenth huele a hipocresía.



Firmó las proclamaciones del Juneteenth durante su primer mandato presidencial . Y en 2020, mientras hacía campaña para la reelección, Trump aceptó reprogramar un mitin de campaña que debía celebrar el Juneteenth por considerarlo insensible.



La manifestación tuvo lugar en Tulsa, Oklahoma, la ciudad donde en 1921, personas blancas perpetraron una masacre racista en una zona conocida como Black Wall Street. Más tarde, intentó atribuirse el mérito de haber llamado la atención sobre la festividad, afirmando que él «hizo muy famoso el Juneteenth ».



Pero el jueves, en un año en el que no hay votaciones en juego, ni siquiera dijo el nombre de la festividad.



La decisión de no emitir una proclamación en honor al Juneteenth fue tomada por un alto funcionario de la administración Trump, según una persona familiarizada con las deliberaciones internas, quien habló bajo condición de anonimato. Esta persona afirmó que el presidente y sus altos funcionarios estaban demasiado preocupados por la escalada del conflicto en Irán como para conmemorar la festividad.



El Sr. Trump también dedicó el jueves a publicar en sus redes sociales, incluyendo una orden ejecutiva que extendió el uso de TikTok, otro ataque contra Jerome H. Powell , el presidente de la Reserva Federal, y su aprobación del estado de emergencia para los estados afectados por tormentas. También republicó otras cuentas que presumían de sus cifras económicas y culpaban al expresidente Barack Obama por el conflicto con Irán.


Al final de la noche, había publicado dos vídeos de su entrada a una pelea de Ultimate Fighting Championship y elogios por una decisión judicial a su favor.


Sólo en la última semana, emitió proclamaciones conmemorando el Día del Padre, el Día de la Bandera y la Semana de la Bandera Nacional, y el 250 aniversario de la Batalla de Bunker Hill , ninguno de los cuales se encuentra entre los 11 días festivos federales anuales .



Desde que Trump regresó al cargo, los historiadores y líderes de derechos civiles han notado un intento de desinfectar la historia de racismo del país.



Chad Williams, historiador y profesor de estudios sobre la diáspora afroamericana y negra en la Universidad de Boston, dijo que las acciones de Trump, tomadas en su conjunto, demostraban que la administración estaba buscando crear una "versión propagandística de la historia".




“Intentan borrar la historia de la lucha y la resistencia de las personas negras negando las realidades del racismo y la supremacía blanca”, dijo el Sr. Williams. “Están creando una historia que idealiza el pasado a costa de una verdadera narración de las complejidades y matices de la experiencia estadounidense”.



El presidente Joseph R. Biden Jr. promulgó la ley de conmemoración del Juneteenth en 2021, tras las protestas nacionales que siguieron a los asesinatos policiales de afroamericanos, como George Floyd y Breonna Taylor . La festividad conmemora el día en que un general de la Unión llegó a Galveston, Texas, casi dos años y medio después de que el presidente Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación, para informar a los afroamericanos esclavizados que la Guerra Civil había terminado.



El Sr. Trump ha expresado abiertamente qué partes de la historia de la nación cree que merecen reconocimiento.



Desde que asumió el cargo, ha declarado nuevos días festivos federales no remunerados (y sin reconocimiento porque no han sido certificados por el Congreso) . Trump también anunció que "reinstauraría" el Día de Colón , aunque nunca se canceló como feriado federal.



También estableció el “Día del Golfo de América”, en conmemoración por el cambio de nombre del Golfo de México, el 9 de febrero; el “Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial”, el 8 de mayo; y el Día de los Veteranos, el 11 de noviembre, como “Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial”. Trump afirmó en su anuncio que no cerraría el país para conmemorar estos días.



El Sr. Fields, portavoz de la Casa Blanca, dijo que el presidente estaba centrado en mejorar las vidas de los estadounidenses negros en lugar de dar señales de virtud.



“Hicimos el Juneteenth, implementamos la iniciativa DEI, tuvimos un gabinete diverso, ¿y qué nos ayudó? Absolutamente nada”, dijo el Sr. Fields. “La inflación azotó a los hogares. Más personas negras recibían cupones de alimentos. La educación nunca prosperó”.


Bruce LeVell, ex asesor de Trump que lideró su coalición de diversidad para su campaña de 2016, dijo que el apoyo de Trump entre los votantes negros demostraba que no esperaban de él que validara su historia, sino que mejorara su futuro.



“Votamos por el bolsillo”, dijo. “Las emociones surgen cuando intentamos elegir al próximo pastor de nuestra iglesia”.



El Sr. LeVell, dueño de un negocio de Ft. Hood, Texas, cuya familia ha estado celebrando Juneteenth durante décadas, dijo que él y otros estadounidenses negros estaban más preocupados por las cosas que el Sr. Trump podría cambiar, como la economía y la inmigración.



“Ese día histórico en que liberaron a los esclavos en Texas, nada lo borrará jamás; estará ahí para siempre”, dijo. “Te guste o no, lo celebres o no, sigue siendo parte de lo que sucedió y nada lo borra”.



Pero Melanie L. Campbell, presidenta del Power of the Ballot Action Fund, un grupo de defensa centrado en políticas para los estadounidenses negros, dijo que había cuestiones más importantes en juego.



“Tiene claro que quiere una América blanca”, dijo Campbell sobre Trump, “y para él, la América blanca no incluye a nadie de color”.


Aishvarya Kavi contribuyó con el reportaje.


Erica L. Green es corresponsal de The Times en la Casa Blanca y cubre al presidente Trump y su administración.
El fantasma del Blog
El error Berenguer







José Ortega y Gasset
El Sol
15 de noviembre de 1930




No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de la equivocación individual y quedará inscrito en la historia de nuestro país.



Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué consiste desliz tan importante, tan histórico.



Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente «generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato.



Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error que es.



Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son... los normales.



Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo.



Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes.



La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que no se ha contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha sobrado holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas e individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón. Esa mano ha hecho saltar las puertas de las cajas de los Bancos, y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir todo género de opiniones estultísimas, hasta sobre la literatura que los poetas españoles. Claro que esto último no es de importancia sustantiva, entre otras cosas porque a los poetas los traían sin cuidado las opiniones literarias de los dictadores y sus criados; pero lo cito precisamente como un colmo para que conste y recuerde y simbolice la abracadabrante y sin par situación por que hemos pasado. Yo ahora no pretendo agitar la opinión, sino, al contrario, definir y razonar, que es mi primario deber y oficio. Por eso eludo recordar aquí, con sus espeluznantes pelos y señales, los actos más graves de la Dictadura. Quiero, muy deliberadamente, evitar lo patético. Aspiro hoy a persuadir y no a conmover. Pero he tenido que evocar con un mínimum de evidencia lo que la Dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un cuento, sino que fue un hecho.



Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal.



Eso, eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España.




Pero no es eso lo peor. Lo peor son los motivos por los que cree poderse contentar con ofrecer tan insolente ficción.



El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanta mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho.



He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer.



Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera de los siete años de Dictadura. Por otra parte, del anuncio de elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas sociológicas, nada equivocadas, que sobre España posee el Régimen actual, está esa de que los españoles se compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y como sacramental de la convivencia civil- con instintos simonianos. Desde que mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. El Estado en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional.



Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran vilt`» que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se toma siempre tiempo, el suyo.



Y no vale oponer a lo dicho que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable y, en consecuencia, irresponsable. No discutamos ahora las causas de la Dictadura. Ya hablaremos de ellas otro día, porque, en verdad, está aún hoy el asunto aproximadamente intacto. Para el razonamiento presentado antes la cuestión es indiferente. Supongamos un instante que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!



Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». Encuentra sólo un general amnistiado.




Este es el error Berenguer de que la historia hablará.



Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!


Delenda est Monarchia.
El fantasma del Blog
Delincuentes, SA: así acribilla el crimen la economía mundial





El coste de las actividades ilegales supera los 19 billones de dólares (más que el PIB de China) y lastra el crecimiento, frena la inversión y provoca más desigualdad







Carmen Sánchez-Silva
Madrid
21 JUN 2025 - 17:45 CEST




Los tentáculos del crimen organizado se extienden como un reguero de pólvora por todo el planeta alimentados por los crecientes conflictos bélicos, las crisis y por un contexto en el que las democracias están sometidas a presión. No hay país que se libre de ellos, de hecho, casi el 83% de la población vive hoy en naciones con altos niveles de violencia, según el centro de investigación Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés). Desde los densos bosques del Amazonas y los ciberespacios de Europa del Este, hasta los bulliciosos puertos y zonas de libre comercio del Golfo o los paraísos financieros ocultos del triángulo dorado del Mekong, traficantes de personas, falsificadores, narcotraficantes y cibercriminales actúan como los nuevos actores financieros y capitalistas de riesgo que configuran unas economías ilícitas con un peso creciente en la economía global. Así lo sostiene David Luna, director ejecutivo del ICAIE (Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas con sede en Washington) y exdiplomático y funcionario de seguridad nacional de Estados Unidos. “Es un mundo oscuro que tiene enormes consecuencias sobre nuestras vidas. El crimen y la violencia están incrustados en la sociedad y lastran el crecimiento, frenan la inversión y provocan más desigualdad”, resume.




Hay evidencias sobre esos efectos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desveló el año pasado en un informe sobre América Latina que cuando los homicidios aumentan un 10%, la actividad económica local disminuye un 4%. Aunque no sólo los hechos consumados repercuten en la economía, las percepciones también importan, como sucede en la Bolsa. Y si crecen un 10% las noticias relacionadas con la delincuencia, la producción industrial se contrae un 2,5%. El miedo tiene un precio y condiciona las decisiones financieras.



No existen demasiados estudios que sirvan para determinar el coste económico que origina el crimen en el mundo. La economía ilícita es harto difícil de cuantificar precisamente por su naturaleza oculta. Pero sí se han hecho aproximaciones y sus resultados son apabullantes. Naciones Unidas estimó que los costes anuales que genera la corrupción sumaban 3,6 billones de dólares en 2018. El centro de investigación Integridad Financiera Global cuantificó en un montante de entre 1,6 y 2,2 billones de dólares los ingresos producidos por el crimen organizado en 2017. Y la ONU concluyó que el dinero que se blanquea cada año rebasa los dos billones de dólares —una cifra que supera con creces al conjunto de los bienes y servicios producidos el año pasado en España y Portugal juntos—. Representaba el 2,7% del PIB mundial en 2021, un porcentaje que el FMI establecía entre el 2% y el 5% unos años antes.



Son unas cifras fabulosas que, a falta de actualización, ponen de manifiesto la magnitud del problema. Eso sí, las fuentes hablan de un fenómeno infravalorado dadas las dificultades para su medición —las estadísticas son limitadas porque no todos los países aportan datos, en muchos casos no son fiables ni evalúan los mismos ilícitos—. “En ningún país del mundo se mide con precisión la delincuencia, hay una delincuencia oficial, que es la que cuantificamos, y otra parte que nadie conoce: la cifra negra. Y las representamos como un iceberg”, indica gráficamente José Becerra, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. Por ello, los cálculos nunca pueden resultar conclusiones contundentes, agrega.




Ascenso sorprendente





Además, “las crecientes guerras que asolan el mundo y el incremento de las políticas que elevan la desigualdad social derivadas del ascenso de los partidos populistas incrementan la criminalidad”, según Riccardo Ciacci, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Esta ha seguido creciendo a una velocidad sorprendente, tal y como indica el último informe de Iniciativa Global.




El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su informe de 2017 sobre el impacto económico del crimen en América Latina, la región más violenta del mundo atendiendo al número de homicidios, el indicador más fiable, y a las encuestas de confianza política y de valores ciudadanos, explica por videoconferencia Santiago Pérez-Vicent, coordinador del estudio. El organismo concluyó que el efecto de las redes ilícitas en la economía alcanzaba el 3,4% del PIB latinoamericano, el equivalente al 78% del presupuesto para educación, el doble del dedicado a asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. Y muy por delante del promedio de la OCDE, que se sitúa por encima del 2%, aclara Pérez-Vicent. Después de observar un descenso del 0,2% respecto al informe anterior, el analista considera que, actualmente, la situación no ha cambiado sustancialmente.





El BID mide los impactos directos del crimen, es decir, el gasto relacionado con su prevención, contención y consecuencias (costes para el sistema de salud, el judicial y el de seguridad). Los gastos en seguridad de las empresas privadas son cada vez más voluminosos. También hay que tener en cuenta el creciente gasto público para prevenir el crimen y la pérdida de capital humano (tiempo de producción perdido por los delitos). Pero estos conceptos solo representan “una parte de la carga que la violencia impone en el bienestar de los países de la región. Los costos indirectos pueden exceder en gran medida los directos”, admite el documento.




Sin embargo, el Instituto de Economía y Paz (IEP por sus siglas en inglés) en su Índice Paz Global 2024 calcula también los costes indirectos —impactos a largo plazo como la pérdida de productividad derivada de los efectos físicos y psicológicos y la influencia del delito en la percepción de seguridad de la ciudadanía— y su efecto multiplicador —los beneficios que se generarían al desviar, por ejemplo, el gasto de las cárceles hacia alternativas más productivas—. El think thank con sede en Sidney cuantificó en 19,1 billones de dólares el impacto de la violencia en la economía mundial en 2023, una cifra que supera de largo el PIB actual de la eurozona y también de China, la segunda economía del planeta. Y equivale al 13,5% de la riqueza global o, lo que es lo mismo a 2.380 dólares per cápita.



Esa cantidad ha escalado desde los 17,2 billones registrados en 2008, sobre todo como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por los conflictos armados y el aumento generalizado del gasto militar. Las repercusiones de la violencia en términos reales son un 7,4% mayores que en 2008, según el informe del IEP, que sostiene que entre 2010 y 2012 se produjeron mejoras sustanciales, tras lo cual el aumento ha sido constante. El impacto del conflicto armado ha aumentado considerablemente —en 2022 había 92 contiendas en el mundo, la cifra más alta desde 2008— y es mayor en África subsahariana, Oriente Próximo y Norte de África y América del Sur. Mientras que el coste de la violencia y la violencia interpersonal y autoinfligida —homicidios, agresiones violentas y sexuales, suicidios y costos de encarcelamiento— han crecido moderadamente, según el análisis.



En los diez países donde el crimen tiene un mayor peso en la economía —Ucrania, Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Colombia, República Centroafricana, Sudán, Chipre, Burkina Faso y Palestina—, la afectación media fue del 37,4% del PIB en 2023. En cambio, entre los diez países más pacíficos, la media fue inferior al 3% —por ejemplo, en Madagascar, Indonesia, Irlanda o Tanzania—.




Nadie está a salvo de las redes ilícitas. Y aunque se ceban principalmente con los países más vulnerables, con los que tienen un Estado de derecho menos desarrollado y donde la relación entre el poder criminal y el político es más estrecha, lo cierto es que el crimen organizado campa a sus anchas por todo el mundo. De hecho, un reciente informe de la Europol señala que sólo un minúsculo 2% de los activos ilícitos que maneja son recuperados por las autoridades. En la UE casi el 70% de las redes delictivas usan el blanqueo de capitales y el 60% se apoyan en la corrupción como factor facilitador clave. Porque, al final, los delitos están interconectados entre sí y habitualmente son de carácter transnacional, destaca por videoconferencia Claudia Helms, directora para Latinoamérica y el Caribe del think thank Integridad Financiera Global con sede en Washington (GFI por sus siglas en inglés).





Cibercrimen






El delito financiero es el principal mercado criminal, de acuerdo con el último índice de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional de 2023. Es el delito predominante en el mundo y ha aumentado considerablemente en muy poco tiempo pues la tecnología permite realizarlo a golpe de clic y con una capa extra de impunidad, según Helms, gracias a activos virtuales como las criptomonedas o los tokens, que sirven para financiar el terrorismo. Este tipo de delincuencia, que incluye desde la evasión fiscal y la malversación de fondos, hasta formas más complejas de desfalco y fraude, está especialmente globalizado y ha tenido una fuerte influencia en el 70% de los países de la ONU.



Además, ha desplazado a la trata de personas como primer mercado criminal, aunque esta sigue creciendo a ritmos del 0,39% anual. Igual que el comercio de cannabis y el tráfico de armas, tercero y cuarto mercados criminales más extendidos por el planeta —por delante del tráfico de drogas sintéticas, de cocaína, de las falsificaciones o los delitos medioambientales y contra la fauna o la flora—.



“El crimen organizado no se mueve solo. La trata de personas se relaciona con el tráfico de drogas y con la corrupción, que hace posible que los flujos financieros fluyan”, indica indica Marcela Hernández, directora de programas de GFI.




Esos tres ingredientes son precisamente los que más pesan en el mercado delictivo español, donde recientemente se han cometido homicidios que parecen salidos de una película, como el del expolítico ucraniano Andriy Portnov, acribillado a tiros por unos sicarios en una zona acomodada de Madrid. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior recogen un incremento de las muertes violentas cercano al 10% entre 2022 y 2023.




España y el narco




“España es un país donde existe mucho narcotráfico que entra por el comercio internacional, por los puertos de Barcelona y Valencia, y también viaja por rutas desde África hacia las costas de Andalucía. Y donde la trata de personas es muy relevante, al ser un territorio puente; igual que el blanqueo de capitales por la existencia de infinidad de restaurantes y casinos”, explica Laura Zúñiga, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.




Sin embargo, buena parte de estos ilícitos no se contabilizan entre las magnitudes que mide el INE para valorar las actividades ilegales en las cuentas nacionales desde 2014 por recomendación de Eurostat. “La contribución directa del crimen en el PIB de 2023 es del 0,91%, una cifra muy pequeña”, estima Omar Rachedi, profesor de Esade. En Italia (su país de origen) se estima en torno al 2%, pero hay quien la sitúa alrededor del 10% de la riqueza, como el escritor Roberto Saviano. “La economía criminal está muy infravalorada”, aprecia Rachedi, consciente de que “las organizaciones ilegales distorsionan el dinamismo empresarial, la competencia, que es clave para la productividad, y esta a su vez es fundamental para el crecimiento del país”.



Para abordar el problema del crimen organizado no solo hace falta un marco normativo acorde sino que las instituciones sean partícipes de manera activa en la elaboración y aplicación de las leyes, al igual que de las acciones preventivas internacionales, considera Claudia Helms. Se necesita interconexión de las instituciones. Y alianzas público-privadas, que son multiplicadores de fuerza para combatir los mercados ilícitos y la convergencia de delitos conexos, promover el comercio limpio y fomentar un sistema internacional basado en normas, añade David Luna.




Dedicar más recursos a las políticas públicas de prevención y de educación de la ciudadanía y fortalecer las instituciones son las principales recetas de los organismos multilaterales para contener la economía oculta. No son soluciones fáciles.




Y, en función del dinero que muevan las redes delictivas, explica Riccardo Ciacci, se puede intervenir sobre la oferta o la demanda. Por ejemplo, endurecer las penas máximas de delitos como la droga tiene menos efecto que actuar desde la demanda, aumentando la formación del ciudadano para que sea consciente de los efectos del fentanilo y esto ayude a reducir su consumo y, por tanto, a rebajar los precios y, al ser menos atractivos, reducir el narcotráfico. En cambio, con la trata de personas y la explotación sexual (que están íntimamente unidas), una ley más restrictiva, que favorece la igualdad de género, ha reducido en torno a un 6% la prostitución en EE UU; igual que sucedió cuando se aprobó la ley del divorcio en ese país, que la rebajó entre un 5% y un 10%, asegura.




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MÉXICO


Homicidio y extorsión, los monstruos de la economía





CARMEN MORÁN BREÑA



México está catalogado por diversas organizaciones como el país más violento e inseguro del mundo sin estar en guerra. Si el conflicto en Gaza suma ya más de 61.000 muertes, en México se contabilizan cada año alrededor de 26.000 homicidios debido en gran medida al crimen organizado, pero no solo. La violencia de género, por ejemplo, deja un promedio de 11 víctimas diarias. Todo ello tiene un reflejo inmediato en la economía, por lo que se gasta en la prevención y control de la violencia y por lo que se deja de ingresar. El Instituto para la Economía y la Paz calcula que al país le cuesta 4,5 billones de pesos, equivalente al 18% del PIB nacional, con un aumento en la última década de un 32%. La actividad económica local está fuertemente atravesada por el crimen organizado y la inversión extranjera también acusa las dificultades que supone implantar una empresa en este país.




La extorsión a los negocios tiene un nombre propio en México: “pagar el piso”, siguiendo las mismas pautas que la mafia italiana, con la exigencia de una cuota que merma los beneficios obtenidos. Entre los delitos comunes, ocupa el tercer lugar, tras el fraude y el robo y es el que menos se denuncia por miedo a los agresores, pero también por la enorme desconfianza en la policía y en la justicia, que presenta índices de impunidad cercanos al 90%. Nadie ha calculado con precisión los miles de millones de pesos que dejan de ingresar los gobiernos debido al impuesto criminal que recaudan las mafias. La mitad de la economía mexicana está en la informalidad: millones de puestos callejeros donde lo mismo se venden cordones de zapatos que pescado, gafas de sol o fruta, ropa, perfumes o artesanías, todos ellos pagan su cuota al crimen. Los recaudadores pasan en moto o a pie a recaudar lo suyo, y ay de quien no lo pague. Las pistolas en este país son muchas y de gatillo fácil. Los locales formales, bares, restaurantes, taquerías o cualquier otro, tampoco se libran de su mordida, que a veces les asfixia hasta el cierre.




La repercusión sobre la economía tiene tantas modalidades como las formas de violencia y estas mordidas acaban influyendo en la inflación, porque repercuten directamente en productos básicos, como los limones, el aguacate o el pollo. El narcotráfico, que se extiende por amplias zonas rurales del país, ha sembrado tal estado de terror que muchos pueblos acusan una sangría poblacional, la gente huye a Estados Unidos a buscar una vida pacífica y rentable y las consecuencias sobre el campo son millones de hectáreas abandonadas. En México, el cambio climático no es el único factor del declive agrícola. La ganadería también sufre su parte de infierno. En algunos Estados de mayor violencia ciertos mercados venden los pollos o los corderos que proveen los delincuentes y al precio que ellos fijan. Y de tarde en tarde, el que no quiere pasar por ese aro acaba muerto a las puertas mismas de su negocio, en crímenes tan numerosos que ya ni salen en los periódicos, también ahogados por las amenazas. De modo que el consumidor indefenso engorda las arcas de los criminales, lo mismo si bebe una cerveza que si compra melocotones. Para impedir que lo que se paga por los productos domésticos vaya a parar al crimen habría que irse al mar con una caña a pescar la comida diaria, suele decir Luis Astorga, uno de los grandes estudiosos del crimen y sus consecuencias en la Universidad Nacional Autónoma de México.



La violencia atraviesa la vida diaria en México y la economía se resiente. Hay estudios que miden la incidencia criminal por el consumo eléctrico: en una guerra entre cárteles, el uso del sistema eléctrico en algunos municipios cayó entre un 4% y un 7% per cápita como promedio. Aunque no se conozcan cifras precisas, México sabe lo que le está costando el terror desatado tanto en paz como en bienestar económico.




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ITALIA



El precio invisible de las mafias





LORENA PACHO




Desde las colinas de Nápoles a los suburbios de Palermo, pasando por los macizos montañosos de Calabria o las costas de Apulia e incluso por el distrito financiero de Milán, el crimen organizado en Italia no es solo una herencia histórica, sino que se ha convertido en una economía paralela, con tentáculos en numerosos sectores relevantes. Las mafias —la ‘Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana o la Sacra Corona Unita pullesa— además de extorsionar sobre todo a empresarios, también hacen inversiones, blanquean dinero y alteran los mercados con un sistema de economía paralela ampliamente consolidado. Calcular el coste de esta actividad criminal es tan difícil como erradicarla.




Diferentes estudios del Banco de Italia, la Dirección Nacional Antimafia, el Instituto Demoskopika o la Asociación de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas de Mestre coinciden en que el impacto económico de la criminalidad organizada en el país transalpino supera los 40.000 millones de euros anuales. Esta cantidad engloba tanto los ingresos ilegales (por actividades de narcotráfico, extorsión o contrabando) como el efecto indirecto en la economía global por las infiltraciones mafiosas en sectores clave para el país como el turismo, donde se cree que la mafia mueve 3.300 millones de euros al año, o las licitaciones públicas manipuladas por los clanes.




La facturación del crimen organizado supone el 2% del PIB italiano y convierte a la mafia en la cuarta industria más poderosa del país. “Si consideráramos el volumen de negocio de la delincuencia organizada como el de una empresa, ocuparía el cuarto lugar entre las grandes economías italianas. Sólo sería superada por gigantes como las multinacionales energéticas Eni (93.700 millones de euros), Enel (92.900 millones de euros) y el Gestore dei Servizi Energetici (Gse), con 55.100 millones de euros”, explica la Asociación de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas de Mestre.





Los investigadores creen que en el país hay unas 150.000 empresas en la órbita de la delincuencia organizada que, de diversas formas, podrían estar controladas por grupos criminales de tipo mafioso o vinculadas a ellos. La extorsión sigue siendo uno de sus negocios más rentables y estables. En el sur aún hay muchas pequeñas empresas que se ven obligadas a pagar el “pizzo”, dinero a cambio de una presunta protección, que puede alcanzar hasta el 20% de sus ingresos, lo que encarece la actividad productiva. En el norte, la mafia es más invisible, pero está completamente insertada en el tejido económico. Por ejemplo, la ‘Ndrangheta ha trasladado parte de su negocio al blanqueo de capitales, la construcción y la industria agroalimentaria.




La Fundación ResPublica estima que en las regiones más afectadas por las infiltraciones mafiosas el PIB per cápita podría ser entre un 10% y un 20% más alto si los clanes no tuvieran tanta influencia.




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RUSIA



Un nido de corrupción






JAVIER G. CUESTA



Es imposible medir el impacto del crimen en la economía rusa por muchos motivos. El Kremlin oculta gran parte de sus estadísticas y presupuestos por la guerra, y el país está bajo sanciones. Para eludirlas, el propio Gobierno ruso legalizó el contrabando desde 2022 bajo el eufemismo de “importaciones paralelas”. De puertas para afuera, estas acciones suponen una violación de la propiedad intelectual de los productos, pero dentro del país no solo son legales: son una pieza clave de su economía.




El presidente Vladímir Putin considera que la corrupción es uno de los problemas más graves para el crecimiento del país. “La corrupción obstaculiza el desarrollo de nuestra economía, de nuestra esfera social y de nuestro mercado laboral, y afecta negativamente al entorno empresarial y al clima de inversión. Se debe prestar especial atención a la prevención del robo de fondos presupuestarios durante la ejecución de las órdenes de defensa estatales y otros proyectos nacionales”, afirmó el líder ruso en marzo.




La corrupción está muy extendida por el sistema. En los centros de reclutamiento se paga desde 100.000 a 150.000 rublos -algo más de 1.600 euros- por figurar con una lesión o enfermedad incapacitante para el servicio militar, y no hay semana en la que un cargo público sea detenido por corrupción. Este lunes fue arrestado el alcalde de una ciudad importante, Krasnoyarsk, por supuestamente recibir ilícitamente 180 millones de rublos, unos dos millones de euros, por aprobar la construcción de unos baños públicos.




Sin embargo, la corrupción es también un arma en un régimen arbitrario como el ruso. Aparte de los delitos demostrados, Putin ha purgado todo el alto mando de su ejército y ha detenido políticos críticos con el Kremlin bajo la excusa de recibir sobornos. Los ayudantes del exministro de Defensa Serguéi Shoigú fueron arrestados después de la rebelión fallida del Grupo Wagner en 2023, y también algunos generales muy populares como el comandante Iván Popov, condenado a cinco años de prisión por supuestamente hacer negocio con la construcción de las barreras defensivas con las que paró la gran ofensiva ucrania de 2023.




De hecho, algunas organizaciones perseguidas, como el Fondo contra la Corrupción de Navalni o medios como The Insider, han revelado multimillonarias obras a beneficio de las autoridades. Entre ellas, el polémico palacio de Putin en la costa del Mar Negro.




Las cifras oficiales de corrupción no son fiables. El Comité de Investigación de Rusia, un organismo que combina funciones de fiscalía y policía a la vez, remitió más de 9.000 casos penales por corrupción en los primeros nueve meses de 2024, un 14,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La mitad eran sobornos y la cuantía del daño, unos 14.200 millones de rublos, apenas 152 millones de euros. Como comparación, el mismo organismo cifró en diez veces más, unos 1.600 millones de euros, el impacto de las estafas telefónicas y robos de datos bancarios entre los rusos.




El regreso de los combatientes de la dureza del frente es otro grave problema en el plano económico. El número de delitos cometidos por militares se ha disparado de unos 1.400 al año de media en el lustro previo a la guerra a 4.409 en 2023, incluidos asesinatos y violaciones, según el Tribunal Supremo. Cuanto más dure la guerra, la situación será peor, y el economista de Bloomberg Alexánder Isakov estima que los crímenes cometidos por militares podrían tener un impacto del 0,6% del PIB. Según sus cálculos, unos tres millones de rusos habrán combatido en total en Ucrania si la guerra acaba en los próximos años.




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ASIA






El epicentro de los ciberataques






INMA BONET



La creciente sofisticación de las ciberestafas en Asia ha convertido al continente en el epicentro de una industria delictiva global que socava economías, erosiona la confianza institucional y deja una estela de víctimas que va mucho más allá de quienes pierden su dinero. Los delitos informáticos costarán al mundo 10,5 billones de dólares en 2025, según estimaciones de Cybersecurity Ventures. Es una cantidad que, si correspondiera al PIB de un país, lo situaría como la tercera mayor economía del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China.




Asia alberga a más de la mitad de los internautas del planeta (2.600 millones de personas) y 460 millones de esos usuarios digitales se concentran en el sudeste asiático. Organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime señalan que la combinación de conectividad masiva, infraestructuras digitales vulnerables, marcos legales poco exigentes y la escasa capacidad de supervisión por parte de las autoridades han facilitado la expansión de redes criminales en el sudeste asiático, donde las mafias han encontrado un entorno propicio para diversificar métodos, reducir costes y multiplicar el daño.




El fraude digital representa ya una amenaza estructural para las economías asiáticas: solo en 2024, los consumidores del continente perdieron unos 688.000 millones de dólares en engaños digitales de todo tipo, según el último informe sobre estafas en Asia elaborado por la Global Anti-Scam Alliance (GASA). El dato equivale a casi dos tercios del total mundial y pone de relieve el inmenso coste que estos timos suponen para los usuarios individuales.




Buena parte de esas estafas –que normalmente se activan con un simple clic en un enlace malicioso– se realizan desde centros de operaciones establecidos en zonas económicas especiales o áreas fronterizas. Camboya, Myanmar, Laos y Filipinas albergan instalaciones controladas por redes criminales transnacionales desde las que se organizan campañas globales de fraude digital y blanqueo de capitales. La oficina de Derechos Humanos de la ONU calcula que hay más de 220.000 personas retenidas y trabajando forzadas en esos centros, muchas de ellas captadas con ofertas de empleo falsas y obligadas a estafar bajo coacción a víctimas de todo el mundo.




No se trata únicamente de un problema vinculado al crimen digital, sino también de una crisis humanitaria que incluye el tráfico de personas con fines de explotación. Las redadas más recientes han destapado con crudeza esa dimensión humanitaria: en los primeros meses del año, más de 7.000 personas de distintas nacionalidades (en su mayoría, ciudadanos chinos) fueron trasladadas desde Myanmar a Tailandia en espera de repatriación. La gestión de la crisis ha puesto bajo presión los recursos del país anfitrión y ha revelado el alcance transnacional del fenómeno, así como su capacidad para desbordar los sistemas de asistencia y protección de los Estados implicados. Según datos de la UNODC, cada operativo de repatriación puede costar entre 300 y 800 dólares por persona.


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ÁFRICA




Tráfico ilícito y debilidad institucional





JOSÉ NARANJO





África es, después de Asia, el segundo continente con mayor criminalidad en el mundo, según el Índice Global de Crimen Organizado de Iniciativa Global. Factores como la desigualdad y la pobreza, la rápida y muchas veces caótica urbanización, el enorme peso de la población juvenil, con un alto porcentaje de desempleo, y la debilidad de los propios estados con su corrupción asociada contribuyen a ello. Además, viejos conflictos como el de Congo o más recientes como los de Sudán y el Sahel generan el ambiente propicio para la actividad de grupos criminales. De hecho, según el Instituto Economía y Paz, el epicentro del terrorismo se ha desplazado de Oriente Próximo y Norte de África a África subsahariana, especialmente en la región central del Sahel. Todo ello impacta negativamente sobre los negocios, la inversión y el desarrollo, según los expertos.




Sudáfrica es un buen ejemplo. Está entre los 10 países con mayor criminalidad del mundo, con una tasa anual de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe del Banco Mundial Primero la seguridad; el coste económico del crimen en Sudáfrica de noviembre de 2023. El estudio estima dicho coste en aproximadamente un 10% de su PIB (pérdidas turísticas, temor a la inversión, gastos sanitarios o seguridad privada, robos en empresas, entre otros). Mientras tanto, en Nigeria, la otra gran potencia económica regional, la inseguridad se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Los secuestros de empresarios y hombres de negocios son ya una auténtica industria criminal, las ciberestafas se han generalizado y bandas de delincuentes atemorizan a los ciudadanos por los estados del norte, lo que provoca un freno al desarrollo de estas regiones.




En toda África occidental y el Sahel, los tráficos ilícitos han aumentado a lomos de la conflictividad, según recogen las evaluaciones anuales de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC). “Las redes criminales transnacionales aprovechan la debilidad institucional para anclar mercados ilícitos en África Occidental y el Sahel, desde nodos de transbordo masivo de cocaína y laboratorios incipientes de metanfetamina, hasta desvío de armas y piratería de combustible. Estas economías ilícitas se refuerzan entre sí, socavan la autoridad estatal y erosionan la seguridad y el desarrollo regional”, asegura Amado Philip de Andrés, representante de la UNODC para África occidental y central.





La inseguridad jurídica derivada de la corrupción tampoco ayuda a los negocios. Según el índice mundial elaborado por Transparencia Internacional el pasado mes de febrero, la mitad de los 20 países más corruptos del mundo son africanos. El Banco Africano de Desarrollo estima que estas prácticas ilícitas suponen pérdidas por valor del 25% del PIB de todo el continente y asegura que la corrupción “socava las perspectivas de crecimiento y desarrollo de África y la gobernanza, frena la inversión y aumenta la desigualdad”

El fantasma del Blog
Contra los codiciosos: la corrupción viene de lejos






Desde la llegada de la democracia no ha habido periodo sin episodios escandalosos






Joaquín Estefanía
22 JUN 2025 - 05:30 CEST





Hace casi tres décadas y media, toda una vida, pero parece ayer. Josep Borrell (entonces José), llegaba como titular al Ministerio de Obras Públicas. En su despacho de ministro reunió a los presidentes de las principales empresas de la construcción. Nombres tan míticos en el ghotta empresarial español como Rafael del Pino (padre), de Ferrovial; Luis Ducasse (Agromán), Eduardo Serra (Cubiertas y MZOV), Antonio Durán (Dragados y Construcciones), José María Entrecanales (padre), de Entrecanales y Távora… Entonces soltó la bomba: les exhortó “en nombre del presidente [Felipe González] y en el mío propio” a no pagar comisiones a ningún intermediario ni partido político para obtener concesiones de obras.




Esas empresas pronto empezarían su proceso de concentración hasta constituir lo más parecido a un oligopolio. Borrell trataba de poner final a cualquier irregularidad en la adjudicación de obras. Las crónicas de la época decían que entonces se admitía como una práctica “corriente” el pago de comisiones que oscilaban entre el 2% y el 4% del valor de los trabajos. Esta corruptela estaba extendida en todos los niveles de la Administración: estatal, autonómica y local.




Tres años después, siendo ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y esta vez en un acto público, Borrell repitió el mismo mensaje, y añadió que si los empresarios recibían propuestas anómalas en nombre del PSOE se lo comunicasen a él personalmente. Dijo que en ese tiempo había conocido situaciones de corruptelas y corrupciones en quienes se presentan como servidores públicos y no son sino servidores de su propia codicia: “También el sector privado ha preferido ganancias especulativas y ocultación fiscal a la honesta dedicación a la mejora de la empresa. Es evidente que esto ha ocurrido”.



Unos años más tarde (2012), siendo ministra Ana Pastor (PP) estableció un código ético para poner barreras al juego sucio; se llegaba al caso de prohibir comidas entre funcionarios y representantes de empresas contratistas.



Hace dos décadas, Xabier Arza­lluz, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), autorizaba una biografía escrita por Javier Ortiz (Arzalluz. Así fue, editorial Foca). En ella explicaba que cuando tu partido empieza a alcanzar el poder “empiezas a tener la posibilidad de que te den dinero”. En esa situación “se te abren dos posibilidades: la primera es exigir que te paguen un porcentaje sobre el precio total del encargo: te concedo esta obra, o te recalifico este terreno, o te encargo la fabricación de estos uniformes, o te asigno la contrata de tal o cual si tú le pagas a mi partido el 4%, el 5%, el 8% o el 10%. La segunda es: tú atribuyes esos trabajos conforme a la ley, por las vías de adjudicación establecidas, pero no ocultas a las empresas que tu partido tiene necesidades que cubre con mucha dificultad”.




El periodista Miguel Ángel Noceda acaba de publicar el estupendo libro Fiascos S.A. (Debate), sobre los grandes fracasos empresariales de la democracia: los mayores escándalos de corrupción empresarial, la mayoría de los cuales han desembocado en procesos judiciales, algunos de los cuales aún siguen sin resolverse. Entre ellos está el dream team: la Rumasa de Ruiz-Mateos, la Banca Catalana de Jordi Pujol, el Banesto de Mario Conde, el KIO-Torras de Javier de la Rosa, la Bankia de Rodrigo Rato, etcétera. Ya no se podrá contar la historia de la Transición sin tener en cuenta los contenidos de este libro, sin analizar con profundidad de captura del Estado por grandes grupos empresariales. No se podrá contar la corrupción sino como una estrella de tres puntas en las que figuran el corruptor, el corrompido, y el entorno legal y social permisivo.




Hacía tiempo que la corrupción no aparecía como uno de los principales problemas políticos del país. El que haya estado oculta no significa que no actúe. Lo de Santos Cerdán y Ábalos parece no llevar a las sentinas de ningún partido político; es más escandaloso porque participa de los procedimientos garbanceros de otros tiempos, sin que la sofisticación haya llegado a ellos. Pero es inútil ser adanista.




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Antonio Durán Tovar, empresario e ingeniero




Convirtió a Dragados en la firma que lideró el sector de la construcción




Miguel Ángel Noceda
23 JUL 2012 - 03:00 CEST





Era algo más que un histórico del sector de la construcción. Pasó en el sector toda su vida; pero, sobre todo, en Dragados y Construcciones, en la que entró en 1945 y se jubiló en 1994, con 83 años, un año antes de cumplir el medio centenario la empresa. Antón Durán Tovar sí cumplió, sin embargo, los 100 años de vida. Murió el pasado jueves, 5 de julio, en Madrid. Dragados, en la que alcanzó la presidencia en 1983 tras pasar por los cargos de director general y consejero delegado, le debe el impulso nacional e internacional y haber llegado a ser la empresa líder del sector.





Durán era una enamorado del trabajo y de su empresa, en la que era presidente de honor. Hasta no hace mucho tiempo encargaba a su mecánico o a alguno de sus muchos descendientes que le llevara a las oficinas “para matar el gusanillo”. Era uno de esos hombres que aprendió a hacer empresa durante el franquismo y que se hizo un clásico en el sector y en el tejido empresarial español. Supo buscar el terreno de crecimiento para la constructora y beneficiarse de la época expansiva que tuvo el país en los años sesenta. Posteriormente, la decisión fue salir a Latinoamérica, logrando instalarse en varias de las economías de la región.




Dragados estaba integrada en la órbita del Banco Central y Antón Durán se convirtió en uno de los hombres de máxima confianza de Alfonso Escámez, —coetáneo suyo que murió en 2010 con 94 años— cuando este llegó a presidir la entidad financiera. Su relación con Escámez fue muy estrecha y duradera, debido sobre todo a la longevidad de ambos. Durante años jugaban al frontón en la pista que tenía el banquero en su casa y seguían haciéndolo cuando ya eran octogenarios.




Aunque nacido en Oviedo, se afincó en Puerto de Santa María (Cádiz), a donde llegó destinado —tras hacerse ingeniero en Madrid— al incorporarse a Dragados, cuya sede inicial estaba en esa provincia. Dragados cuenta en Cádiz con una de las obras emblemáticas, el puente de Carranza, que salva un vano de 90 metros mediante dos hojas basculantes y tiene 1.400 metros de longitud.




En Puerto de Santa María, Durán fue concejal del Ayuntamiento franquista y allí se le recuerda como hijo adoptivo. Cuenta con una calle, al igual que en Madrid, en el barrio de Vallecas, probablemente por su contribución a la expansión del mismo. Entre sus condecoraciones, que tuvo muchas, destaca las del título de marqués de la Ribera del Sella y la medalla de oro al mérito al Trabajo.




Durán fue siempre muy deportista. En las comidas anuales con la prensa, con motivo de la junta general de accionistas, contaba con orgullo que había sido el primero en ganar el descenso del Sella en 1932 y repetir al año siguiente. Todavía no se había casado. Lo hizo en 1935 con María Luisa López-Jamar, con la que tuvo cinco hijos. Contó hasta 23 nietos, 48 bisnietos y dos tataranietos. La Sociedad Deportiva de Ribadesella le nombró presidente de honor en 2011.





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Ana Pastor, ni ‘hooligan’ ni institutriz





Indefectible marianista, se despide como presidenta del Congreso y sobrevive en el PP de Casado







Rubén Amón
11 MAR 2019 - 10:05 CET




Hooligan. Así definía Adriana Lastra, número dos del PSOE, el comportamiento “irresponsable” de Ana Pastor Julián, que reprochaba a Pedro Sánchez el abuso electoralista de los decretos. Cuesta trabajo identificar a Pastor con la exaltación o el hooliganismo.





Acaso lo ha sufrido ella en las sesiones arbitrales más calientes de la breve e intensa legislatura (julio de 2018-febrero de 2019). Por ejemplo, el pasado 21 de noviembre, cuando intervino desde su cargo de presidenta del Congreso para remediar la trifulca de los diputados de ERC contra Josep Borrell. Se le quebró la voz entre los improperios ajenos. Amanecieron algunas emociones. Y no toleró que desde la bancada separatista la llamaran institutriz.




Ni institutriz, ni hooligan, se diría que Ana Pastor (Cubillos del Pan, Zamora, 1957) es epígono y exégesis del marianismo, entendiéndose por marianismo la sensatez, el estajanovismo, la devoción por el color gris, la flema, la prudencia, cuando no las afinidades contemplativas. Asumiría Pastor el principio taoísta de la pasividad creativa. No hacer es la forma de hacer. Esperar que los acontecimientos se manifiesten por sí solos. O mimetizarse en cualquier escenario.




Lo demuestra el mérito de haber sobrevivido al cambio de guardia en Génova 13. Pablo Casado ha expurgado el PP; ha discriminado a soyaristas, cospedalistas y marianistas, pero no ha discutido la idoneidad de Pastor como cabeza de lista en la circunscripción de Pontevedra.



Sensata, diplomática, la falta de carisma conspiró contra su ambición de suceder a Rajoy




Tiene sentido la ubicación territorial porque es el horizonte natural de Rajoy y porque la provincia gallega ha sido el espacio adoptivo de Ana Pastor. Allí ejerció la medicina —se licenció en Salamanca—, allí desarrolló su trabajo de funcionaria en la complejidad de la gestión sanitaria.




Se explica así que José María Aznar le diera todos los galones del Ministerio de Sanidad (2002-2004), aunque fue Mariano Rajoy, amigo de siempre, amigo de su esposo, marino mercante, quien la atrajo antes a Madrid como subsecretaria de Educación y Cultura (1999-2000). Es el mismo rango gregario que desempeñó en las carteras de Interior y de Presidencia. Y el trampolín de una carrera paciente que la condujo a la titularidad de Fomento entre diciembre de 2011 y julio de 2016. Tuvo, por tanto, que bregar con la tragedia del accidente ferroviario del Alvia —79 muertos en Santiago de Compostela (2013)—, del mismo modo que formó parte de los ministros más implicados en las relaciones con la Generalitat. Pastor se llevaba bien con Artur Mas. Desempeñaba un papel diplomático en la guerra fría. Y perseveraba en su fama de terciadora. Otros adjetivos jalonan su reputación de superviviente. Una mujer discreta, trabajadora. Meticulosa y habilidosa. Estricta y perseverante. Sus allegados y rivales le atribuyen el defecto o la virtud del tapón de corcho que nunca naufraga. Ya lo dice un aforismo siciliano: cuando llega la riada, el junco se abre. Ana Pastor es una maestra en el arte de la amortiguación.




Y un modelo de obstinación cuyos hagiógrafos relacionan con los avatares de una infancia en la España vacía. Pequeña de tres hermanos en Cubillos (310 habitantes), estudiante ejemplar, Pastor quería salir del pueblo, convertirse en cirujana, pero no sospechaba que iba a convertirse en la tercera máxima figura institucional del Estado, a dos peldaños del Rey, a un escalón de la jefatura del Gobierno. No le esperan a partir de ahora responsabilidades de envergadura —ni en el eventual Gobierno, ni en la hipotética oposición—; tampoco es concebible que repita como presidenta de la Cámara baja.




Su discurso de despedida, el 28 de febrero, fue sensible y sensiblero. Más personal que político. Se conmovió. Pidió disculpas por los errores. Expresó el fervor constitucional. Remarcó su feminismo de perfil bajo. Y se concedió cierto brío castrense en el desenlace del alegato: “Valió la pena, por ustedes, por España y por los españoles”.




Reaccionaron de pie, aplaudiendo, casi todas las señorías del hemiciclo. También lo hicieron los ujieres. Una alegoría inequívoca del papel conciliador que ha sido la virtud y el límite de Ana Pastor. Límite porque la falta de énfasis y de carisma han conspirado contra las ambiciones de suceder a Mariano Rajoy. Estuvo en las quinielas. Figuró en algunos pronósticos voluntaristas, pero la ya expresidenta del Congreso, lectora inquieta —Juan Marsé, Gil de Biedma, Eduardo Mendoza—, propietaria de un Mini Cooper, pertenece a la categoría secundaria del gestor abnegado y del burócrata impecable. No tenía sentido reanimar al PP con una versión femenina del marianismo. Pastor hubiera significado la continuidad. Y hubiera sido un escollo al relevo generacional, a la sonrisa afilada de los nuevos cachorros, al discurso reaccionario. Es la paradoja del nuevo PP. Más antiguo que el viejo, pero, al menos, sensible al prodigio homeostático que representa Ana Pastor como paisaje de fondo de la política nacional en el siglo XXI.






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Amnistía como reconciliación






En el pleno parlamentario que aprobó la ley, Arzalluz invocó el sentido reconciliador de la norma






Patxo Unzueta
28 FEB 2019 - 20:03 CET





De los varios Arzalluz que caben en su biografía hay uno que destaca: el Arzalluz del otoño de 1977, defensor de la Ley de Amnistía como pacto de convivencia entre vencedores y derrotados de la Guerra Civil. Julio Jáuregui, negociador del PNV en el Madrid de la época, explicó en el recién constituido Parlamento que con esa ley se trataba de perdonar y olvidar a los que mataron al presidente Companys y los que mataron al presidente Carrero, a García Lorca y a Muñoz Seca, al ministro de la Gobernación Julián de Zugazagoitia y a las víctimas de Paracuellos... Como se ha dicho con notable deformación de la realidad la Ley de Amnistía no fue impuesta por los antiguos franquistas, sino que fue fruto del consenso entre estos y los antiguos antifranquistas, a iniciativa de estos últimos. En el pleno parlamentario que aprobaría la ley invocó Arzalluz el sentido reconciliador de una norma votada tanto por personas con muchos años de cárcel y de exilio como por otras que habían formado parte de Gobiernos causantes de esa cárcel y de ese exilio.





En octubre de 2008, a raíz del auto del juez Garzón sobre el franquismo y del recurso contra ese auto presentado por el fiscal general del Estado, estalló en la prensa española una ruidosa polémica en la que se llegó a comparar la Ley de Amnistía de 1977 con la de Punto Final de Argentina y se insinuó que había habido un pacto de silencio que había lastrado de un cierto déficit democrático a la España del posfranquismo. En la reunión semanal del consejo editorial de EL PAÍS celebrada el 21 de octubre de 2008, Javier Pradera, editorialista de EL PAÍS durante los años de la Transición, pidió la palabra para decir que comparar la Ley de Amnistía con la de Punto Final era un disparate jurídico y una ofensa para los antifranquistas que lucharon por ella y cuya aprobación fue considerada una victoria de la democracia y también una norma necesaria para culminar la reconciliación entre los españoles. Tras recordar que su padre y su abuelo, carlistas, habían sido asesinados en San Sebastián en las primeras semanas de la Guerra Civil, a manos de milicianos incontrolados, Pradera invocó los discursos de Arzalluz y de Marcelino Camacho en el debate de 1977. En su discurso previo a la votación de la ley Xabier Arzalluz recordó que hechos de sangre los había habido en ambos bandos y pidió el voto a la amnistía como cancelación de ese pasado y como gesto de perdón mutuo.





Como ha reiterado Santos Juliá desde hace años, toda amnistía en situaciones de salida de una dictadura es en buena medida recíproca. Porque ¿cómo incluir entre los amnistiados a condenados por terrorismo sin incluir al mismo tiempo los delitos que habrían podido cometer las autoridades, funcionarios y agentes de orden público con motivo u ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en la ley? Otros Arzalluz menos lúcidos (o el único Arzalluz en momentos de lucidez) han dicho cosas que chocaban con ese espíritu reconciliador. Pero nunca fue tan lúcido Arzalluz como durante aquellos históricos días.




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Rumasa, el primer gran escándalo financiero de la democracia




La primera crisis de Ruiz-Mateos se remonta a los años 80 cuando el gobierno socialista aprobó un real decreto de expropiación del grupo Rumasa tras destapar un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas. A partir de ese momento, comenzó una larga batalla judicial que se prolongó hasta 1997, año en que el empresario jerezano fue absuelto por la Audiencia Nacional después de ser acusado de dos delitos de falsedad. No obstante, el Tribunal Constitucional respaldó la actuación del ejecutivo en cinco ocasiones, la primera de ellas, en 1986.





CINCO DÍAS
18 FEB 2011 - 12:00 CET




El 23 de febrero de 1983, el primer Gobierno de Felipe González aprobó un decreto-ley con el objetivo de proceder a la expropiación del grupo Rumasa . Las razones que alegó el Ejecutivo eran la utilidad pública e interés social. En aquel momento, el entramado empresarial de Ruiz-Mateos estaba compuesto por 18 bancos y cerca de 400 empresas.




Rumasa fue creada en 1961 y quince años después sus tentáculos se extendían a todos los sectores empresariales. Las irregularidades comenzaron a realizar su aparición a partir de 1975, afectando a la contabilidad de los bancos. Ese año, el Banco de España advirtió de los peligros que suponía la alta concentración de riesgo de las entidades que servían de financiación al resto de empresas.




La aprobación del decreto no sorprendió mucho. Días antes, el entonces Ministro de Hacienda, Miguel Boyer, anunció en una rueda de prensa que enviaría a los inspectores de la autoridad monetaria si el grupo no terminaba la auditoría. La ocultación de información y la alteración de la misma fueron las causas que precipitaron la expropiación.




La Policía Nacional procedió a la intervención pública de la sede central de Rumasa mientras el empresario preparaba su salida del país. Primero estableció su residencia en Londres hasta su traslado a Alemania. En 1984 Ruiz-Mateos fue detenido en el aeropuerto de Francfort y meses después extraditado a España.




La inspección se saldó con el descubrimiento de una doble contabilidad y un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas. Años más tarde el empresario aprovecharía el patrimonio recaudado para la creación de Nueva Rumasa .




El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en cinco ocasiones sobre la constitucionalidad del decreto. La primera sentencia data de 1983 y fue una respuesta al recurso presentado por el Grupo Popular que consideraba que la expropiación no cumplía las exigencias para emplear la vía del decreto-ley. Además, alegaban que no se había respetado la inviolabilidad del domicilio.




El fallo del alto tribunal avaló la actuación del Gobierno y dio el primer paso para la privatización de las entidades intervenidas. A partir de ese momento comenzó un duro enfrentamiento en los tribunales que llegó a su fin en 1997 con la absolución de José María Ruíz-Mateos y otros cuatro ex directivos.




La batalla judicial se extendió hasta Comisión Europea de Derechos Humanos. La familia Ruiz-Mateos llevó el caso a esta institución en mayo de 1987 por considerar que el proceso judicial no respetaba las garantías mínimas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Habría que esperar hasta el 23 de junio de 1993 para que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciase.




Según la sentencia el Gobierno español violó el derecho que tiene toda persona a que su causa sea oída en términos de igualdad y en un plazo razonable, pero rechazó la petición de una indemnización.




El caso Rumasa terminó por ser el primer gran escándalo financiero de la democracia.


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Banesto, la desaparición de 110 años de historia






La entidad que ahora absorbe el Santander nació en 1902 Tuvo un papel clave en la industria, se expandió y sobrevivió a la intervención de 1993






Agencias El País
Madrid
17 DIC 2012 - 15:34 CET



La integración definitiva y total de Banesto en el grupo Santander, al que pertenece desde hace casi dos décadas, supondrá la desaparición de una marca con 110 años de historia, que tuvo un papel esencial en el desarrollo industrial español. Ahora Santander ha optado por prescindir de la imagen de Banesto y poner fin a 18 años de convivencia de las dos marcas comerciales.



Orígenes de capital francés




Banco Español de Crédito (Banesto) nació el 1 de mayo de 1902 con un capital social de 20 millones de pesetas representado por 80.000 acciones con un valor nominal de 250 pesetas. El promotor del banco fue un grupo francés presidido por Gustavo Pereire, administrador de la Compañía de Caminos del Norte de España. A esta iniciativa se unieron Cayetano Sánchez Bustillo y León Cocagne (subdirector del Banco Hipotecario de España) en representación de un conjunto de inversores españoles. No obstante, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando una sociedad bancaria española de capital francés decidió constituir la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español. La institución, creada por Isaac Pereire, tenía una cartera de inversiones constituida por la cobertura de déficit presupuestario español.



La primera sede de la entidad se ubicó en el Paseo de Recoletos de Madrid y sus primeras sucursales se abrieron en plazas exportadoras mineras, como eran Almería, Linares (Jaén) o La Carolina (Jaén). En el extranjero, Banesto abrió una sucursal en París, donde también comenzaron a cotizar sus acciones.



La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia que el banco adquiriese las acciones de sus socios franceses en un proceso que culminaría en 1927. Posteriormente, la entidad comenzó una etapa de crecimiento con la apertura de nuevas sucursales y con la absorción de otras sociedades financieras como los bancos comerciales de Valencia, Burgos y Oviedo, el Banco Gijonés de Crédito o el Mercantil de las Américas.



La 'casi opa' del banco Bilbao




Años antes de su intervención, Banesto protagonizó otro incidente, del que salió airoso, con el lanzamiento de una opa hostil por parte del Banco de Bilbao, en noviembre de 1986. Días antes de esta operación, el Bilbao había propuesto a Banesto una fusión, que fue rechazada. Banesto era ya en esa época uno de los grandes de la banca española, gracias a la expansión territorial que vivió en los años 70, y que le llevó a abrir oficinas en muchos de los puntos de la geografía española donde no había presencia financiera.




A lo largo de sus más de cien años de historia, Banesto ha protagonizado casi una treintena de fusiones, lo que le permitió absorber a entidades como el Banco de Vitoria, la Banca Coca, la Banca Garrigues Nogues, o décadas antes el Banco de Oviedo, de Burgos, y el Banco Comercial de Valencia.




En sus momentos de máxima expansión, llegó a contar con más de 2.000 oficinas. Hoy en día tiene 1.698, muchas de ellas solapadas con el Santander debido a la convivencia de las dos marcas, que ahora se verán abocadas al cierre.




La gran crisis: Mario Conde




La historia de Banesto y Banco Santander se unió en 1994, cuando la entidad presidida por Emilio Botín se adjudicó en subasta la entidad intervenida meses antes por el Banco de España. El 28 de diciembre de 1993 Banesto vivió el momento más difícil de su historia. Aquel día, el supervisor decidió destituir a todo el consejo de administración, presidido entonces por Mario Conde, quien acabaría cumpliendo pena de cárcel por su gestión al frente de la entidad.




Tras la intervención y la adjudicación al Santander, Banesto vivió una de las juntas de accionistas más largas y complicadas de la historia empresarial española, en las que fueron necesarias ocho horas para que los accionistas aprobaran la operación.




La intervención de Banesto puso fin, no solo a la ascensión meteórica de Mario Conde, entonces considerado un advenedizo de la banca, sino también a la fuerte expansión de la entidad financiera, que llegó a acumular una importante cartera industrial y estar entre los cinco grandes del sector financiero español.





La llegada de Santander





El consejo de administración fue relevado por representantes de los grandes bancos españoles y el ahora consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, fue nombrado presidente de Banesto. En 1994, el Fondo de Garantía de Depósitos adjudicó el 73,45% de la entidad al Santander, que confirmó a Sáenz como presidente. Pagó 313.476 millones de pesetas, unos 1.888 millones de euros. El banco que preside Emilio Botín pagó 762 pesetas por acción. El Banco Bilbao Vizcaya ofreció 667 pesetas por acción y el grupo público Argentaria la valoró en 566 pesetas.




Finalmente, en 1998 el banco presidido por Emilio Botín lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre todas las acciones de Banesto, obteniendo el 97% del capital social.




En el año 2002, Alfredo Sáenz fue relevado de su puesto por la hija del presidente del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que dejó el cargo en el año 2010 para dirigir la división británica del banco. El actual presidente de la entidad es Antonio Basagoiti, padre del presidente del PP vasco.




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Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por el origen de su fortuna





La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares






Nuria Morcillo
Madrid
20 DIC 2024 - 12:46 CET




La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años, nueve meses y un día de prisión a Rodrigo Rato (75 años) por el origen de su fortuna. Siete meses después de que arrancara el juicio para esclarecer la procedencia del patrimonio del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, el tribunal de la Sección Séptima, presidido por la magistrada Ángela Acevedo, ha dictado su sentencia en la que considera acreditado que Rato cometió tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. El tribunal también lo ha condenado a multas por un total de más de dos millones de euros, y deberá abonar a la Hacienda Pública la cantidad de 568.413 euros.




Rato se ha acercado este viernes a la Audiencia de Madrid a recoger su sentencia, de más 1.200 páginas, donde estaba citado a las 12.00. “Que lo pasen ustedes bien”, ha dicho a los periodistas a su llegada a la sede judicial, tras ser preguntado por lo que esperaba de la sentencia. El fallo aún no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. De la resolución del alto tribunal dependerá el ingreso en prisión del exministro, salvo que alguna de las acusaciones (la Fiscalía Anticorrupción o la Abogacía del Estado) lo solicite, como ha ocurrido en otros casos de corrupción, aunque suele pedirlo con penas más elevadas. Llegada a esta situación, la Audiencia Provincial tendría que analizar si se dan las circunstancias para ordenar su entrada en un centro penitenciario antes de que la sentencia adquiera firmeza.




La condena está muy por debajo de la petición que hizo Anticorrupción, que planteó una pena de prisión de 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La fiscal Elena Lorente afirmó durante su informe de conclusiones, expuesto en la recta final del juicio, que el expolítico del PP, “desde al menos 1999 y hasta 2015, ha gestionado por un lado un enorme patrimonio en el extranjero, con inversiones y reinversiones constantes, desconocidas para el erario público; y además, por otro lado, ha eludido el pago de impuestos por sus servicios profesionales, parapetándose tras una red de sociedades interrelacionadas entre sí”. Así, cuantificó un fraude a Hacienda de 7,5 millones de euros.




El tribunal considera que parte de estas conductas se han visto acreditadas, pero ha aplicado una rebaja de la pena correspondiente al delito de corrupción entre los negocios por dilaciones indebidas. Los magistrados han estimado así una de las exigencias de la defensa del también expresidente de Caja Madrid y Bankia por los más de nueve años que ha durado el procedimiento. La investigación se inició en abril de 2015, y el juicio comenzó el 15 de diciembre de 2023 y se alargó hasta el pasado 17 de mayo.




Aval a los registros y documentos incautados





Se trata de la única cuestión previa que los juzgadores han aceptado de la decena que planteó la abogada de Rato, que solicitó la nulidad de los registros del domicilio y oficinas de su cliente, así como de toda la documentación incautada que ha sustentado la causa, al considerar que no contaba con autorización judicial. “La solicitud que examinó el juzgado de Instrucción para autorizar la medida se hizo correctamente, se aportaron indicios suficientes de la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida, así como que la resolución está suficientemente motivada”, afirma la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.




Asimismo, afea las afirmaciones que en reiteradas ocasiones ha hecho Rato acerca de que tanto la Oficina Antifraude (ONIF), como la Fiscalía Anticorrupción han dirigido una investigación “prospectiva” contra él. “El hecho de que las unidades de apoyo analicen toda la documentación intervenida, dando cuenta al instructor del resultado de sus gestiones y, como consecuencia de ello, puedan aparecer nuevas líneas de investigación o hechos nuevos no sólo es algo absolutamente comprensible (...), sino que, además, los funcionarios de la unidad de auxilio están obligados a realizar este tipo de investigación”, señala el fallo, que añade que “no parece por lo tanto que la ONIF actuara su libre albedrío y estuviera analizando la documentación durante el tiempo el tiempo que quisiera para efectuar una investigación en la búsqueda de delito”.




La Sección Séptima de la Audiencia de Madrid señala que Rato no declaró correctamente todo lo que tenía o percibió en el extranjero. Aunque Anticorrupción le acusó por delitos 11 delitos fiscales, el tribunal considera que se ha probado el incremento de patrimonio con origen desconocido en tres años. El primero donde sí ve la comisión de un delito contra la Hacienda Pública es en el ejercicio de 2006, cuando ya era directivo del FMI y residía en Washington. La resolución explica que, pese a esas circunstancias, “en España seguía estando su principal fuente de actividad económica, las sociedades que le pertenecían o en las que participaba, sus cuentas corrientes y productos bancarios españoles, los inmuebles de su propiedad o de la de sus sociedades, y sus inversiones financieras”.




Todo ello controlado “personalmente” por Rato, que daba “órdenes e instrucciones sobre ello a sus empleados”, a personas que llevaban la administración de sus sociedades como Kradonara, o que confeccionaba sus declaraciones tributarias en España. Por tanto, concluye la Audiencia, estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales en este país como efectivamente hizo. Sin embargo, indica que la declaración tributaria especial que presentó al acogerse a la amnistía fiscal que impulsó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy no incluía la cantidad defraudada en ese ejercicio.




Los otros dos delitos fiscales de los que ha sido hallado culpable se refieren a los ejercicios 2013 y 2014 en relación a los trabajos de asesoramiento a empresas prestados y facturados a través de sus sociedades. El tribunal comparte con Anticorrupción y la Abogacía del Estado que el exbanquero defraudó a Hacienda de este modo porque hizo como si fuera ella la que prestara los servicios contratados, cuando realmente lo hacía él y por tanto debía haber incluido sus honorarios en sus declaraciones de IRPF.




El caso Rato se destapó el 16 de abril de 2015, cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron su vivienda, en el distrito madrileño de Salamanca, y sus oficinas. La Fiscalía de Madrid recibiera la alerta de la ONIF sobre posibles irregularidades en su patrimonio. Solo 24 horas antes se había revelado que Rato era una de las más de 700 personas que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investigaba tras presentar una regularización de su situación fiscal.




Descarta la participación del círculo cercano




De la quincena de acusados en el banquillo, el tribunal solo ha condenado a Rato, bautizado por el PP como símbolo del “milagro económico”, y a otros dos encausados. Así, descarta que su círculo de confianza participara en una trama dirigida para ocultar la fortuna del exdirigente popular al fisco español. Entre los absueltos se encuentran Teresa Arellano, quien fuera su secretaria durante décadas, y José Manuel Fernández Norniella, hombre de confianza del exministro durante su etapa en el Gobierno y en Bankia. También se ha librado de la condena el excuñado de Rato, Santiago Alarcó.




Por el contrario, los magistrados sí ven una cooperación para la comisión de los delitos fiscales y blanqueo de capitales del abogado Domingo Plazas, quien figuraba como administrador de Kradonara, epicentro de toda la trama. Esta firma fue la utilizada por Rato para hacer llegar a España el dinero que tenía en el exterior y con la que firmó un contrato con Telefónica por un asesoramiento macroeconómico. Por estos hechos, el tribunal impone a Plazas una pena de 18 meses de prisión, con multas de algo más de 155.000 euros, entre las que se incluye la indemnización a Hacienda por los delitos fiscales que deberá afrontar solidariamente con Rato. Fuentes cercanas a este abogado aseguran que la intención es presentar un recurso contra el fallo para solicitar su libre absolución.




Igualmente, el tribunal condena a Alberto Portuondo, considerado testaferro del exbanquero, a tres meses y un día de prisión por el delito de corrupción entre particulares, cometido conjuntamente con Rodrigo Rato. El fallo considera que ambos impusieron la elección de Publicis y Zenith, con la finalidad de cobrar una comisión de esas empresas, para que fueran contratadas por Bankia para hacer la publicidad de la marca tras su nacimiento de la fusión de siete cajas de ahorro, así como de la salida a Bolsa de la entidad en junio de 2011. Asimismo, recae en Portuondo una multa de la mitad de la comisión recibida, además del comiso de dicha cantidad. Rato y Portuondo recibieron un importe total de 2.022.154,52 euros.




Por los contratos de publicidad también estaban acusados dos empleados de las agencias, así como las propias compañías, que han sido absueltos al entender que no participaron en ningún acto corrupto. Tampoco han sido condenados el ex secretario general de Telefónica de 2013 a 2015, Ramiro Sánchez de Lerín (por lo que la empresa no tendrá que hacer frente a ninguna responsabilidad civil); ni Miguel Ángel Montero, considerado otro de los testaferros de Rato.



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El gran viaje de Rafael del Pino desde Príncipe de Vergara hasta Kingsfordweg





El presidente de Ferrovial, que convirtió al grupo español en una gran multinacional, lleva años abrazando la idea de que España necesita seguridad jurídica







María Fernández
Vigo
02 MAR 2023 - 05:45 ACTUALIZADO:02 mar 2023 - 07:50 CET





“Lo que ha hecho Rafael del Pino no lo habría hecho su padre”. Las palabras de un veterano periodista que ha seguido la historia de Ferrovial en las últimas décadas recuerdan a Rafael del Pino Moreno, fallecido en 2008, un ingeniero de Caminos que en 1952, en pleno franquismo, decidió levantar una de las compañías más exitosas de la historia económica del país. Del Pino Moreno fundó Ferrovial como una compañía centrada en la renovación de vías ferroviarias, que prosperó durante el franquismo y la Transición gracias a los contratos para construir carreteras y otras infraestructuras públicas hasta convertirse en una de las mayores constructoras del país. Durante décadas, la familia Del Pino ha ocupado los rankings de las mayores fortunas de España.




El hijo del fundador, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, el tercer hombre más rico de España, según Forbes, con un patrimonio valorado en 3.800 millones, ha hecho enfurecer a la clase política y a un buen puñado de ciudadanos que desde redes sociales le afean su decisión, comunicada el martes, de llevarse la empresa a Países Bajos. También ha dejado atónito a más de un empresario, aunque ninguno quiera pronunciarse en público.




El sobrino del expresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, es un hombre amante de la fotografía al que, sin embargo, no le gusta verse retratado en los medios de comunicación. Es el primogénito de cinco hermanos y en 2001 tomó el testigo en la presidencia de Ferrovial. Pero no como “hijo de”. Tenía 42 años y mucho camino recorrido en el grupo; 20 años antes, Rafael padre le había hecho sudar el puesto mandándolo a supervisar una carretera al desierto de Libia. El joven ingeniero de Caminos cumplió punto por punto lo que se supone que es una abnegada y exitosa trayectoria profesional: MBA en el prestigioso MIT estadounidense, desempeñó todo tipo de cargos en el grupo hasta llegar al puesto de consejero delegado en 1992, cuando su padre consideró que estaba listo para liderar la primera línea ejecutiva de la compañía a su lado. Nueve años después, tomaría el relevo en la presidencia, el día en que, también por sorpresa, su padre le cedía el testigo en una junta general tras cumplir 80 años.




Rafael del Pino, ya sin la apostilla de hijo, contribuyó decisivamente a la internacionalización que ha llevado a Ferrovial a tener en Estados Unidos el 36% de las ventas, o el 21% en el Reino Unido. “Hemos perdido el miedo a conquistar mercados desarrollados”, sentenciaba en una entrevista en 2009 en este diario. La empresa no ha estado exenta de polémicas. Se vio salpicada en el caso Palau, sobre el pago de comisiones a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya por la concesión de obra pública. La compañía recibió el año pasado una importante sanción de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), de más de 38 millones de euros, por formar supuestamente un cartel con otras constructoras para concertar licitaciones de obra pública entre 1992 y 2017. El expediente del supervisor de la Competencia impedía a las empresas sancionadas contratar con la administración, pero la Audiencia Nacional ha suspendido la multa de forma cautelar.




Como en las grandes sagas, los Del Pino también han protagonizado un cisma familiar. Rafael del Pino y su hermano Leopoldo rompieron en 2015 la acción concertada que mantenían en Ferrovial y se repartieron el 40% que mantenían en la constructora tras un enfrentamiento por la gestión de la compañía. Un año después, Leopoldo del Pino dimitió del consejo y poco a poco ha ido reduciendo su participación en la empresa que fundó su padre. Ambos hermanos también se distanciaron por el papel de la familia en el Instituto de la Empresa Familiar. En los últimos años Leopoldo se ha convertido en uno de los accionistas minoritarios que más problemas ha planteado a su hermano Rafael en las juntas de accionistas del grupo. El presidente tiene ahora el 20,4% del capital, mientras Leopoldo ostenta el 4,1% y su hermana María otro 8,2%.




Del Pino Calvo-Sotelo es un hombre discreto, de perfil bajo, alejado de los gustos de su padre, que fue considerado el patriarca de la beautiful people, aquel grupo de empresarios y artistas que mantuvo una estrecha relación con el Gobierno de Felipe González a finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado. A pesar de su laconismo, el actual presidente de Ferrovial ha opinado sobre cómo deberían ser las políticas públicas. Ha pedido acuerdos económicos al modo de los Pactos de la Moncloa; ha afeado que distintos gobiernos alimentasen el déficit con gasto corriente, y, sin embargo, siempre ha defendido la necesidad de más dinero público para obras.





Opiniones políticas





El líder de Ferrovial tampoco ha disimulado opiniones que afectan a su propio bolsillo. “No hay que subir tipos ni inventar nuevos impuestos sino, en todo caso, lo contrario. El Impuesto al Patrimonio o a las grandes fortunas no existe en casi ningún lugar, y ha sido abolido en casi todos los países que lo tenían”, se quejó en una entrevista en 2020. “Quizá deberíamos hacer lo contrario para competir con Portugal y atraer jubilados europeos para que compren vivienda y paguen sus impuestos aquí en vez de en otro país”, añadía. Era el mes de mayo de 2020 y el mundo contenía el aire tras los confinamientos por el coronavirus. El actual presidente de Ferrovial siempre ha buscado los resquicios legales para pagar menos impuestos. La empresa ha aprovechado al máximo los créditos fiscales para tributar lo mínimo posible. Rafael del Pino mantiene su participación en Ferrovial a través de la empresa holandesa Rijn Capital.




Ahora es él el que va a pagar impuestos a otra jurisdicción. Porque la sorpresiva decisión del traslado de sede, comunicada en un escueto informe de tres folios en medio de la cascada anual de resultados empresariales que las cotizadas difunden el último día de febrero, tendrá ese efecto. Todos los despachos profesionales consultados (más de media docena) aseguran que la baza fiscal es el as en la manga de la compañía para recorrer los 1.766 kilómetros que separan la madrileña sede de Príncipe de Vergara del número 151 de Kingsfordweg, en Ámsterdam, donde dentro de un tiempo, junta de accionistas mediante, recalará la española, ya con traje fiscal nuevo. Algunas voces también conceden que Del Pino abraza esa dolorosa frase que la empresa ha esgrimido para justificar la operación: “Países Bajos tiene un marco jurídico estable”. Como si España no lo tuviera. “Este es el patriotismo: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos. Son la antiEspaña”, bramaban cargos de Unidas Podemos el miércoles por la mañana.




En el universo de las finanzas, sin embargo, la mentalidad es radicalmente distinta. Unas décimas pueden suponer millones, como describe el asesor de un gran despacho internacional que pide anonimato: “El runrún de que tenemos poca seguridad jurídica está ahí. Nos peleamos con una normativa cambiante, los pronunciamientos de los tribunales son contradictorios. Tenemos poca seguridad jurídica, no somos Alemania, ni Países Bajos. Los políticos tiran de talonazo legislativo y cambian cualquier cosa”. Eso, dice el asesor, puede ser un argumento más poderoso que el evidente daño de imagen que vivirá la constructora durante un tiempo. Porque el propio Del Pino lleva años mencionándolo: “Hay que crear el clima para que España sea competitiva. Para invertir a largo plazo hace falta un marco de seguridad jurídica”, argumentó para exigir el rescate con dinero público de las radiales.




El despacho del empresario estará dentro de poco, si todo sale como él espera, en un luminoso edificio de oficinas en un centro de industrias de alta tecnología situado en el extrarradio de Ámsterdam. Quizá a la multinacional le queda ya muy lejos aquel 18 de diciembre de 1952, cuando Rafael del Pino fundó Ferrovial en un ático del centro de Madrid. “Como indica el nombre, nuestro origen era puramente ferroviario. Nacemos a raíz de un contrato con Renfe para canjear traviesas de madera que asientan los raíles de las vías”. Unas vías que antaño fueron públicas y que ahora ponen la máquina rumbo a Wall Street, el corazón del capitalismo.

El fantasma del Blog
La doble vida perfecta de Santos Cerdán





El ex secretario de Organización del PSOE consiguió supuestamente engañar a casi todos: hombre cordial, vecino corriente, socialista comprometido y político respetado. Hasta que el informe de la Guardia Civil reveló su cara B






Antonio Jiménez Barca
Pamplona
22 JUN 2025 - 05:45 CEST





El domingo 8 de junio, como siempre a esas alturas del año, el pueblo de Milagro, una localidad agrícola y próspera de 3.600 habitantes del sur de Navarra, celebró el día grande de la Fiesta de la Cereza. Hubo, entre otras actividades, concurso de postres, comparsas de gigantes y pasacalles y venta de cajas de cerezas, famosas en toda la región. A la fiesta, también como siempre, acudió uno de los hijos más ilustres del pueblo: Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez. El dirigente socialista, con un polo oscuro, gafas de sol y unos pantalones vaqueros, pasea por las calles de Milagro junto al senador socialista Javier Remírez, el consejero de Economía del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, y el entonces secretario de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz. Todos, junto a otras personalidades del socialismo local, posan después para una foto que el senador cuelga luego en sus redes sociales: “Magnífica mañana en Milagro”. Santos Cerdán aparece en el centro de la foto, sonriente.




En teoría, muy pocas personas son conscientes esa mañana de que ese tipo que sonríe lleva una doble vida, a juzgar por las investigaciones policiales. Solo lo saben, aparentemente, él mismo, los compañeros de la supuesta trama... y un puñado de guardias civiles especializados en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO), que acaban de entregar al juez un informe que cuando se haga público, el jueves siguiente a ese domingo de la cereza, va a cambiar para siempre la vida y la imagen política y personal de Cerdán. Y de paso va a poner contra las cuerdas a un Gobierno estupefacto.





Santos Cerdán, Santi para los conocidos, dimitido de todos sus cargos, imputado ya por cohecho y organización criminal por el juez que investiga también a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, nació en este pequeño pueblo navarro hace 56 años. Procede de una familia de clase media tirando a media-baja. Su padre fue conductor de autobús de línea y tuvo carné del PSOE. Su madre trabajaba como ama de casa. Uno de sus abuelos, fontanero, fue represaliado por motivos políticos tras la Guerra Civil y pasó varios meses en la cárcel. Él estudió un módulo de FP de técnico de electrónica industrial y trabajó, entre otros sitios, como encargado del mantenimiento de una línea de envasado de la empresa Gelagri, especializada en comercializar verduras congeladas, una de las riquezas, junto con las cerezas, de Milagro. En 1999, con 30 años, se afilió al PSOE y en las elecciones municipales de ese año salió elegido concejal. Comenzaba su carrera política. Cómo un concejal de un pequeño pueblo se transforma en no muchos años en el protagonista de un trío de presuntos corruptos con capacidad para tumbar un Gobierno y una legislatura es uno de los enigmas de esta historia.




Un “entusiasta”, un “currante”





Un exdirigente socialista navarro de aquella época, que prefiere no dar su nombre para que no se le relacione con Cerdán (nadie en Navarra está dispuesto ahora a que se le relacione ni de lejos con Cerdán), se fijó en él: “Era un tipo con mucho sentido común, muy entusiasta, con muchas ganas de trabajar, muy currante. Durante un tiempo se ocupó de la zona de Tudela, de tratar de subir el número de militantes, cosa que consiguió, de organizar los actos del partido, de estar en las sedes, de asistir a la gente, de ir de acá para allá, de llevar para adelante eso”. Para entonces, 2008, ya estaba liberado de la empresa de las verduras congeladas, en régimen de excedencia, y trabajaba solo para el partido.



En 2011 se convirtió en secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Trabajaba en Pamplona, pero no dejó la casa que se había comprado en 1994 en Milagro y que compartía con su mujer y su hija. Todos los días recorría los 56 kilómetros que separan las dos localidades. Aún conserva esa casa, un chalet adosado normal de dos plantas en una calle perfectamente normal de una esquina normal del pueblo. “Las contraventanas esas cuestan un dinero, ¿eh?”, decía el miércoles una vecina malpensada al lado del chalet cerrado. Pero la inmensa mayoría de los vecinos consultados aseguraban que la principal característica de su más famoso paisano era, paradójicamente, la de ser un tipo corriente, de gustos corrientes.




Cerdán fue elegido diputado autonómico en 2014. Un paso adelante. Pero un año antes había conocido en Pamplona a Koldo García, uno de los personajes de la cara B de su vida: un paso hacia la sombra. García es un expolicía, exguardaespaldas, exguardia de seguridad y exconcejal socialista al que Cerdán tratará siempre como a un subalterno, del que se servirá como chico para todo y con el que pronto se aliará para llevar a cabo los presuntos contratos amañados. Lo de chico para todo es literal: el 13 de julio de 2014, día en que se celebraban las primarias para elegir secretario general del PSOE, Cerdán, que apoyaba a Pedro Sánchez, envió este mensaje a Koldo: “Apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas”. “Ya está”, le respondió poco después Koldo, que tenía registrado a Cerdán en su teléfono como un “Santos jefe psoe”.




Un parlamentario navarro que compartió con Cerdán muchos años de vida política lo recuerda como un compañero cordial y un diputado no muy hábil en la tribuna, al que no le gustaba dar discursos porque sabía que no se le daban bien. Un hombre consciente de sus limitaciones, con poca formación teórica, pero con el instinto político lo suficientemente desarrollado como para olfatear a distancia que el futuro del socialismo en la región, liquidada ETA, pasaba por aliarse con la izquierda, incluida Bildu, y desprenderse de la tutela de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Además, añade, le gustaba el enfrentamiento directo con la derecha y cumplía su palabra a la hora de negociar.




Al describir su faceta personal, este parlamentario coincide con los vecinos de Milagro: “Lo conocí en 2015. Era una persona normal, cordial, muy poco dada a la ostentación”. Era, según otro político que lo conoció durante ese tiempo, amable, discreto y accesible a los periodistas. Siempre ocupado en las tareas sordas del partido: tejer y destejer listas, arreglar averías orgánicas, acallar enfrentamientos… Un periodista local que lo trató mucho durante aquellos años añade que Cerdán insistía en que si la izquierda no lograba gobernar, él se iba a casa. “Tenía mucha convicción política. Decía siempre que a él no le importaba nada volver a la conservera, que se volvía a la fábrica tan tranquilo”.





Un acuerdo con un empresario





Por la misma época, en septiembre de 2015, un empresario guipuzcoano, Antxon Alonso, que ya había hecho negocios con Koldo, constituía Servinabar 2000 SL, una pequeña empresa que no llegó a tener nunca más de diez empleados. Tenía su sede en el segundo piso de una calle céntrica de Pamplona. A finales de ese año, conseguía, aliada con la todopoderosa constructora Acciona, una obra pública relacionada con una mina; en 2017, también aliada con Acciona, iba a hacerse con la reforma de un polideportivo público de Pamplona. Un año antes, en julio de 2016, Santos Cerdán había firmado un documento privado y hasta ahora desconocido por el cual Alonso le cedía el 45% de Servinabar.




El documento fue encontrado por la Guardia Civil en un maletín guardado en un altillo de la casa de Antxon. El informe de la UCO indica que el procedimiento era el siguiente: Acciona recurría a Servinabar 2000 para que esta sociedad, mediante su influencia política, le consiguiera contratos públicos a base de amañarlos. Al referirse a aquellos tiempos, Koldo García, en una conversación grabada en noviembre de 2023, afirma: “[…] Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí […] Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 [euros] que le daba el de Gipuzkoa [en referencia Antxon Alonso] y mil cosas más”.





A Madrid con Sánchez





A finales de octubre de 2016, tres meses después de la firma de ese documento escondido, un Pedro Sánchez defenestrado y convertido para muchos en un cadáver político anunciaba que se lanzaba a recorrer España en su coche para tratar de reconquistar el liderazgo del PSOE. Era una empresa descabellada y pocos apostaron por él. Entre estos pocos, se contaba el secretario de Organización de Navarra y diputado autonómico Santos Cerdán. De nuevo obedeció a su olfato político y acertó. Intuyó que las bases socialistas iban a apoyar a alguien que desafiaba abiertamente al aparato, y volvió a acertar.




Cerdán puso toda su sabiduría, su conocimiento del partido y su trabajo de hormiguita en las agrupaciones y en las federaciones para conseguir avales a fin de respaldar a Sánchez y consiguió reunir casi 60.000. De aquella época, febrero de 2017, es la foto tomada en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro en la que aparece Sánchez, con una cazadora de cuero, saludando en la calle a un grupo de simpatizantes acompañado de Cerdán y Ábalos. Koldo García, con gafas de sol, apoyado en una pared cercana, observa la escena un poco apartado. Aldeanueva de Ebro está solo a 16 kilómetros de Milagro, el pueblo de Cerdán. La noche antes, el futuro presidente del Gobierno había dormido en la casa de siempre de su colaborador.




Contra todo pronóstico —pero no contra los cálculos de Cerdán—, Sánchez ganó las primarias. En junio de 2017, el diputado navarro es ascendido y nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE. Dejó sus cargos en Navarra. Se trasladó a Madrid. La carrera política ganaba en relevancia, velocidad e intensidad. Al mismo tiempo, el alquiler de su nuevo piso de Madrid corría a cargo de Servinabar SL, que seguía ganando contratos de obras públicas, ya no solo en Navarra. Junto con él, a Madrid se traslada Koldo García, que iba a convertirse primero en el chófer del nuevo secretario de Organización, José Luis Ábalos, y después, cuando este fuera nombrado titular de Fomento, en asesor personal del ministro. La supuesta trama de tres se establece en la capital.




Políticamente, Cerdán seguía siendo en Madrid discreto, eficaz, hábil. Poco amigo de figurar en primer plano. Pero dado a influir por detrás. En 2019, consiguió por primera vez el acta de diputado nacional por Navarra. Aquel año jugó un papel importante al convencer a Sánchez, ya presidente de Gobierno, de que el Partido Socialista de Navarra debía hacerse con el poder aunque para eso necesitara contar con el apoyo de Bildu.




Ya hacía algunos meses que Koldo García, el fiel Koldo, había empezado a grabar secretamente conversaciones entre él y Cerdán, entre él y Ábalos o a tres bandas, unas conversaciones lo suficientemente comprometedoras como para formar la espina dorsal del informe de la UCO. De ellas, la Guardia Civil deduce que Santos Cerdán “gestionó” 620.000 euros que le llegaron a la trama en concepto de sobornos. Y que esperaban cobrar otros 450.000. En las grabaciones, que a veces parecen una mezcla de Los Soprano con Pepe Gotera y Otilio, Cerdán se muestra con frecuencia receloso, desconfiado y cauto, apelando a los otros dos, sobre todo a Koldo, a ser prudentes: “Me preocupa el ruido que hay, esto nos puede perjudicar”, “coño, hay que parar el ruido y punto, ya te lo he dicho”, “Koldo, que no quiero que hables de esto, de esto no se habla”.




El 24 de julio de 2023, un día después de las elecciones, Cerdán encara la misión más difícil de su carrera política: entrevistarse con Carles Puigdemont para arrancarle el compromiso de que sus decisivos diputados apoyarán la investidura de Pedro Sánchez. Lo logra. Ya es el todopoderoso secretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente. Una diputada socialista cuenta ahora que ejercía el poder orgánico de un modo prepotente y machista, que comandaba un grupo de colaboradores al que llamaban “la cuadrilla de los machotes”. Pero, en público, nadie discutía al dirigente que había traído bajo el brazo el acuerdo con Junts.




La de Puigdemont no es la única misión delicada que debió encarar. En febrero de 2024, Pedro Sánchez encargó a su hombre de confianza —por entonces nadie, aparentemente, sospechaba de Cerdán— que acudiera a la casa en Rivas Vaciamadrid del defenestrado Ábalos para convencerle de que renunciara a su acta de diputado, por un escándalo de corrupción con contratos de mascarillas en su ministerio maquinados por su asesor… Koldo García. La conversación entre Cerdán y Ábalos de ese día daría para una novela.




Cuando el miércoles 11 de junio, tres días después de la fiesta de la Cereza, comenzó a saberse que el informe de la UCO acusaba a Santos Cerdán de cohecho y de enriquecerse con contratos fraudulentos, y de que existían unas grabaciones reveladoras, nadie o casi nadie en el PSOE se lo podía creer, dada la imagen casi perfecta de su secretario de Organización. Tampoco en el PSOE de Navarra, que se siente traicionado y aún en estado de shock (“de puto shock”, aclara un exdirigente socialista). Tampoco en su pueblo, Milagro. Las dos hipotéticas vidas de Santos Cerdán, la evidente y la secreta que presuntamente refleja el informe de la Guardia Civil, han discurrido paralelas sin encontrarse nunca. Hasta la mañana del jueves 12, cuando se hizo público el informe. Hasta el momento de esa mañana en el que el propio Santos Cerdán, sentado en su escaño del Congreso, comenzó a leerlo en su móvil.
El fantasma del Blog
Aznar: "Si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido ¿por qué no va a alterar unas generales?"





El ex presidente que situó al PP en el centro reformista recomienda, en vísperas de su congreso, "cabeza muy fría" porque con el estallido de la corrupción "el precio por estar en el Gobierno aumentará y está dispuesto a pagarse"





Joaquín Manso
Madrid
Actualizado Sábado, 21 junio 2025 - 22:50




Pregunta. Antes de que estallase el escándalo de corrupción que afecta al PSOE, usted utilizó una expresión: «Estamos en manos de los bajos fondos». ¿Qué son los bajos fondos?




Respuesta. Cuando el Gobierno y las instituciones caen en las peores manos posibles de la sociedad, eso son los bajos fondos. Es la expresión de la delincuencia gobernando un país.



P:¿Y cuáles son sus consecuencias?




R. Devastadoras. Los bajos fondos no tienen más propósito que protegerse y utilizarán todos los medios. El precio lo pagarán los ciudadanos, porque las instituciones se mancharán, se debilitarán o se romperán.



P. Sánchez tiene imputados a dos íntimos colaboradores; a su esposa y a su hermano, y al fiscal general. ¿Este mosaico responde a un patrón?




R. Los bajos fondos responden a un patrón de conducta, no son casualidades, sino conductas delimitadas, que tienen sus objetivos y utilizan cualquier medio para conseguirlos.



P. ¿Mantiene que quedan dos años para las elecciones?




R. Creo que es el análisis más prudente y, a día de hoy, más correcto, porque ni Pedro Sánchez va a dejar la Presidencia ni sus socios le van a exigir que lo haga. Por lo tanto, no hay en este momento escenario más probable que ése.



P. ¿Pero es soportable tanta debilidad política?




R:El principio de responsabilidad política ha desaparecido en nuestro país. ¿Quién presta atención a las grandes cuestiones, domésticas o internacionales? Estamos concentrados en la actividad de los bajos fondos del Gobierno. España lo puede aguantar, pero pagará un precio altísimo. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué están dispuestos a hacer para salir de la situación en la que se han metido?



P. ¿Qué cree que pueden hacer?




R. Cualquier cosa. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?



P: ¿Eso es objetivamente posible?




R. No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen. Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor, que no puede ser la simple confrontación con el PP, con lo que llaman la fachosfera, con los jueces, con los medios... ¿Es posible pensar en una crisis constitucional en España de aquí al fin de la legislatura? Es posible. ¿Son capaces de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación? Son capaces. Ése es un escenario que tengo en la cabeza. Una legislatura hasta 2027 y una crisis constitucional que aboque a unas elecciones casi constituyentes.



P. Se ha comparado esta legislatura con la de 1993. Pero aquella se acabó cuando el Gobierno no sacó adelante los Presupuestos. ¿Qué diferencias hay con lo que se vive ahora?




R. Había reglas y se respetaban. No se cuestionaba la Constitución ni la Transición, había normas en los comportamientos políticos. No se cuestionaban los ejes esenciales del sistema ni las políticas eran de exterminio desde el Gobierno. Se luchaba por llegar al Gobierno, pero no se practicaban las políticas del muro. Tener objetivos compartidos, principios y responsabilidades marca la diferencia respecto a entonces.



P. Usted tiene ahora buena relación con Felipe González. En el último acto coincidieron en la necesidad de recuperar la centralidad. ¿Sigue existiendo un PSOE con el que es posible entenderse en esos parámetros?




R. No, ahora mismo, no. La centralidad es hoy un proyecto revolucionario. La defensa del centrismo reformista es revolucionaria. La política se ha situado en los extremos y las políticas centradas, que busquen cauces de entendimiento, compartir objetivos, no destruir al adversario... Eso es revolucionario hoy. Esa revolución la que tenemos que hacer y es lo que el centro derecha y el PP nos jugamos en las próximas elecciones.



P. Si no hay PSOE alternativo, eso despierta una reflexión sobre la vigencia del pacto constitucional. Si no hay contraparte, el PP está solo en eso.



R. Y eso es lo que va a pasar. Por eso la apelación del PP tiene que ser a la mayoría, a la mayoría política, a la mayoría social que confía en la vigencia de la Constitución y quiere que garantice su convivencia. Esa apelación tiene que ser muy clara. Con el destrozo que está teniendo el PSOE necesitará tiempo para recomponerse y no será capaz de articular ningún tipo de diálogo. El PP va a tener la responsabilidad de la soledad. La tiene que ejercer. Y se va a ver sometido a presiones a muy corto plazo. El separatismo va a intentar comprobar la fortaleza de un PP en el Gobierno.



P. ¿Qué relación debe tener el PP con los nacionalismos?



R. El nacionalismo tiene que tener claro que las políticas que ha venido practicando de chantaje se han terminado. Y que jugar con los elementos básicos de la Constitución se ha terminado. Una vez rota su lealtad a la Constitución, no puedan aspirar a seguir ampliando su ámbito competencial. Y si plantean un escenario de reforma constitucional, que no piensen que eso significa partir de lo que hay hoy. Significa partir desde cero.



P. Los socios del Gobierno han dejado las cosas claras. Junts va a aprovechar la debilidad del Estado. ERC ya ha pedido el cupo catalán. ¿Hay riesgo de depredación del Estado?




R. Total. Por eso digo que una crisis constitucional sería lo normal. Si el precio por estar en el Gobierno va a aumentar, y está dispuesto a pagarse, lo que queda es la crisis constitucional. El concierto económico de Cataluña, una consulta, y se creará el ambiente para que en las próximas elecciones los españoles tengan que pronunciarse sobre la España confederal y plurinacional. Eso es lo que yo llamo crear la crisis constitucional. Ése es el precio que se está dispuesto a pagar, del que se beneficiará el PSC, el único partido socialista que maneja poder y que aspira a tener esa situación de futuro.



P. El presidente admitió esta semana que ha perdido la mayoría social. Es más, dijo que no convoca elecciones porque no tiene mayoría social.



R. España tiene un presidente que es un peligro democrático. Y se está deslizando al iliberalismo democrático. Esta situación solamente puede agravarlo. Eliminado el sentido de la responsabilidad y no existiendo ningún límite en el ejercicio de la acción política, vamos abocados a esa crisis.



P. El presidente no tiene mayoría parlamentaria para unos Presupuestos, pero quizá sí para una agenda de control del Poder Judicial. Los jueces han convocado una huelga. ¿Este tipo de iniciativas es suficiente?




R. El Estado de Derecho está actuando. La seguridad, la política... Los contrapesos que existen en la sociedad ante un Ejecutivo de tendencias autoritarias están funcionando. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nos agobian los plazos, sentir que es demasiado tiempo por delante. Por eso tenemos que ser muy lúcidos. No es cuestión de optimismo ni de pesimismo, sino de lucidez. España necesita dirigentes lúcidos, que sepan interpretar dónde estamos, lo que puede pasar, y tengan una idea clara de lo que hay que hacer.



P. Una parte de las bases electorales del centro derecha vive con ansiedad desde las elecciones de 2023. ¿Cómo debe gestionarlo su partido?




R. Con la cabeza muy fría. Y con muchísima voluntad y determinación. A veces la política no consiste en conseguir el mayor bien posible, sino en evitar el mayor mal posible. Ahora estamos en eso. Y cuando se produzcan las elecciones, tendremos que procurar que se extienda el bien.



P. No pocas personas recomiendan a Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura.




R. Eso sólo generaría más frustración y no daría ningún resultado. Algunos argumentos que escucho me parecen absurdos, como que serviría para que todos se retratasen. Aquí ya está todo el mundo retratado. Y algunos se van a retratar todavía más.



P. ¿Cree que el informe de la Comisión que dice que la amnistía vulnera el Estado de Derecho es un síntoma de que Europa empieza a ser consciente de lo que sucede en España?




R, Sí. Y no sólo Europa. Toma conciencia con preocupación de la situación interna española, de los pasos políticos que se dan en España y de los pasos internacionales. Cada vez hay más gente preocupada e inquieta fuera de España con la evolución del país.



P. La coartada que utiliza Sánchez es el peligro de que gobierne Vox. Hasta ahora ha sido eficaz. ¿Cómo debe combatir esa narrativa el PP y cómo debe definir su relación con Vox?




R. El PP debe dirigirse a la mayoría, no debe hacer un proyecto partidario. El proyecto del PP debe ser identificable del PP, pero debe ser válido por una mayoría de españoles. El PP tiene que hablar con los electores, no tiene que hacer otras cosas. Y de la ponencia política, su primera expresión me parece muy positiva...



P. «Nosotros, los españoles...»




R. Exacto. «Nosotros, los españoles...». Es todo un programa político porque es la expresión de lo común, de lo compartido, de lo solidario, de lo que nos ha unido históricamente, de lo que tenemos que hacer juntos. Eso es lo que el PP tiene que explicar, con enorme fortaleza. Ése es un proyecto para la mayoría de los españoles. «Nosotros, los españoles». Esa es la expresión correcta.



P. Otro aspecto de la ponencia es el rearme institucional. ¿Cómo se desarma la polarización, el deterioro de la conversación pública, la propia ocupación de las instituciones?




R. Hay decisiones para desmontar y para construir: ¿Cómo se desmonta la utilización de la Fiscalía? No utilizándola. ¿Cómo se recupera el prestigio del Tribunal Económico Administrativo, que acaba de dimitir su presidente? Nombrando personas decentes. ¿Cómo se recupera la confianza en el futuro? Derogando la Ley de Memoria Democrática.



P. También lo refleja la ponencia.




R. Los que intentan manipular el pasado lo hacen porque quieren manipular el futuro. «Nosotros, los españoles» necesitamos mirar al futuro. Ésa es la verdadera posición revolucionaria en este momento.



P. Otra de las vigas maestras de la ponencia es la defensa del Estado de las autonomías y de la nación constitucional de ciudadanos libres e iguales. ¿Tiene que ser más concreto el PP al definir su idea de España?




R. No es un programa electoral, sino un compromiso político, que en este caso es muy claro. La nación española es una, no es plurinacional, España no es confederal y tiene que seguir siendo el proyecto común. Y tiene que estar muy claro lo que son las competencias esenciales del Estado, intocables, y las que son responsabilidad de las comunidades autónomas. De ahí surge la España de ciudadanos libres e iguales. El orden constitucional es la base esencial para la libertad. En España nos estamos jugando el orden, la libertad y nuestro sistema democrático. Y además, la continuidad histórica del país. Vivimos en una emergencia y tenemos que ser muy conscientes. Por eso la apelación a «nosotros, los españoles» está llena de buen sentido.



P. No es fácil para el PP decidir cómo hacer oposición a este Gobierno. En la Conferencia de Presidentes...




R. Yo no hubiera aceptado nunca una Conferencia de Presidentes. En mi opinión no debería existir. No tiene ningún sentido.



P. Tiene un sentido que es expresar una idea plurinacional de España.




R. Es un sentido absolutamente incorrecto. ¿Los pinganillos? Pradales e Illa, ¿cuando hablan entre ellos, en qué hablan? ¿En inglés y en italiano? No, hablan español. Entonces ¿por qué cuando habla Illa con Mañueco tiene que ponerse pinganillo? Si eso ocurriera en otros países, pensaría que han perdido el juicio.



P. ¿Cómo haría usted oposición?




R. Muy difícil. ¿Cómo se combate a quien no respeta las reglas? Hay que hacer pedagogía de lo que pasa. No se puede combatir no respetando las reglas, pero sí se puede explicar lo importante que es respetar las reglas y lo peligroso que es para una sociedad libre no respetar las reglas, porque eso son los bajos fondos.



P. Siempre ha defendido que Feijóo es el liderazgo adecuado. ¿Por qué?




R. Porque en la revolución de la centralidad, de «nosotros, los españoles», me parece que reúne las condiciones correctas para ser la expresión de esa recuperación del país. Un buen líder político tiene que estar acompañado de cuatro condiciones fundamentales: la vocación, la convicción, las circunstancias y el azar. Feijóo tiene vocación, tiene convicción y es capaz de enfrentarse a las circunstancias adversas y darles la vuelta. ¿Y el azar? Pues esperemos que el destino le sea propicio.



P. En una de sus últimas intervenciones dijo que «no tiene que ser un cuadro de Velázquez».




R. Un político liberal no busca la perfección, ni las utopías, ni el mundo del futuro, ni atarse a conceptos menores, como los discursos de identidad, de género, étnicos, divisivos. Un político liberal tiene que intentar mejorar la sociedad. Eso lo entiende Feijóo y en la expresión de las condiciones que tiene esa revolución de la centralidad, yo creo que es la persona adecuada. Cuando puse el ejemplo de Velázquez quería decir que no le pido a Feijóo que sea tan perfecto, pero sí que sea tan útil como el país necesita. Y creo que lo puede ser.



P. Un debate que sí está abierto es el de las primarias, que abandera Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuál es su posición?




R. Lo único que me interesa de los estatutos es la definición del partido como de centro reformista. La hice yo. No me interesan los debates de los estatutos. Son una cuestión menor en épocas de crisis. La única preocupación que tenemos que tener es cómo sacamos el país adelante.



P. Dentro de dos días hay una importante cumbre de la OTAN. España va a ser el único país renuente a alcanzar el 5%. ¿A qué nos exponemos?




R. La credibilidad en términos de seguridad de España está bajo mínimos, porque no cumplimos con nuestras obligaciones. Y si creemos que podemos hacer trampas contables, estamos muy equivocados. Este es un ejemplo de la mala alineación internacional de España. España está trasladando su debilidad interior a su proyección exterior. Y este diagnóstico lo tienen nuestros aliados.



P. Después de los acontecimientos de Los Ángeles, ¿hasta dónde cree usted que Donald Trump es un peligro para la democracia en EEUU?




R. El presidente Trump es impredecible. Actúa por instintos. Esa falta de certidumbre está contribuyendo a que el mundo sea cada vez más peligroso. Alguien decía con toda razón que en EEUU ha sido más fuerte su sistema institucional que los valores en los que se funda. Eso ha funcionado siempre. Confiemos en que siga funcionando, porque es una de las cosas que la sociedad americana ha trasladado a muchas otras democracias.



P. Benjamín Netanyahu ha dicho que, al atacar Irán, Israel también está protegiendo a los europeos. ¿Usted comparte ese punto de vista?




R. A Israel hay que agradecerle el trabajo que hace por los demás. La operación tiene dos objetivos: destruir el programa nuclear iraní y el cambio de régimen. Las oportunidades que replantearán todo el mapa de Oriente Medio hay que aprovecharlas. Israel debe terminar la operación.
El fantasma del Blog
El engaño que provocó la guerra en Irak






BBC
18 marzo 2013
Actualizado 19 marzo 2013


Una investigación periodística de la BBC ha determinado que las mentiras de dos espías iraquíes jugaron un papel central en la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de comenzar la guerra de Irak para derrocar al gobierno de Saddam Hussein.



El estudio periodístico muestra cómo, desde antes del inicio de los combates, las evidencias de inteligencia y de fuentes de alto rango apuntaban a que el régimen de Hussein no poseía armas de destrucción masiva.


Seis meses antes de la invasión, el entonces primer ministro británico, Tony Blair advirtió públicamente a su país acerca de la amenaza de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein.


"El programa no se ha clausurado", aseguró Blair. "En estos momentos todavía está funcionando". Blair se apoyó en datos de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva para justificar el comienzo de la guerra. Ese mismo día, el 24 de septiembre de 2002, el gobierno británico publicó un controversial informe sobre las armas de destrucción masiva de Irak.



Un mundo dividido: las reacciones internacionales en Medio Oriente, Rusia, China, Europa y América Preparado especialmente para su difusión al público, este informe incluía una introducción de Blair, quien aseguraba a los lectores que Saddam Hussein había continuado produciendo armas de destrucción masiva "más allá de toda duda".



Sin embargo, a pesar de que nunca se menciona en el informe, la duda existía. Los datos originales de varias fuentes, entre ellas la agencia británica de inteligencia MI6, mostraban su recelo.


De acuerdo con las notas originales del Comité Conjunto de Inteligencia, las evidencias eran "esporádicas y parciales" y "permanecían limitadas".


La exclusión de esas especificaciones del informe dieron al texto que se hizo público una certeza que nunca había merecido.





El fracaso de la inteligencia






El programa periodístico Panorama, de la BBC, ha hecho público que muchos de los datos clave usados por Downing Street y la Casa Blanca estuvieron basados en invenciones, ilusiones y mentiras. Butler asegura que Blair realmente creía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.


Como lo explica el general Mike Jackson, entonces jefe de Ejército Británico, "lo que parecía ser oro en términos de inteligencia, resultó ser oro falso, parecía oro pero no lo era". Sí habían otros datos de inteligencia pero eran menos alarmantes.



El primer informe del gobierno británico sobre armas de destrucción masiva posterior al inicio de la guerra dice que Blair y los grupos de inteligencia "se engañaron a sí mismos". Este informe estuvo a cargo de Robin Butler. Tanto Butler como Jackson concuerdan en que Blair no mintió porque aseguran que el entonces primer ministro realmente creía que Saddam Hussein sí tenía armas de destrucción masiva. El más notorio de los espías que engañó al mundo fue el desertor iraquí Rafid Ahmed Alwan al-Janabi.


Sus invenciones y mentiras fueron parte crucial de los datos de inteligencia que se usaron para justificar una de las guerras más polarizantes en la historia reciente. Estas mentiras contribuyeron a uno de los mayores fracasos de inteligencia de los que se tiene memoria. Rafid llegó a ser conocido con el nombre de Curveball, el código de espía que le fue asignado por la inteligencia de los Estados Unidos.



En inglés, el término "curveball" es un lanzamiento de béisbol que toma una curva y engaña a los bateadores. Paradójicamente, en este caso, el nombre clave terminó siendo demasiado apropiado.

Janabi, de nacionalidad iraquí, llegó a Alemania en 1999 a un campo de refugiados buscando asilo político. En ese momento, Janabi, quien dijo ser ingeniero químico, atrajo la atención del servicio de inteligencia alemana, BND.



El refugiado aseguraba haber visto laboratorios biológicos móviles instalados en camiones para evitar ser detectados.



Los alemanes tenían dudas sobre Janabi. Sin embargo, sus datos fueron compartidos con la inteligencia estadounidense y británica. La agencia británica MI6 tenía también dudas y eso lo expresaron en un cable secreto transmitido a la CIA: "Elementos de su comportamiento nos parecen típicos de aquellos individuos que normalmente serían considerados como mentirosos pero nos inclinamos a creer que una significante parte de lo que reporta es verdad".


Los británicos y los estadounidenses decidieron creerle a Curveball, quien más tarde admitió haber inventado y mentido.


También parecen haber datos de otro espía que engañó al mundo.



Se trata de un antiguo oficial de inteligencia iraquí, llamado Maj Muhammad Harith, quien aseguró que el plan de desarrollar laboratorios biológicos móviles había sido su idea. Además, alegaba que él había ordenado la compra de siete camiones Renault para poner a funcionar aquellos laboratorios.


Este individuo había llegado a Jordania y una vez allí había contactado y hablado con los estadounidenses.


Al parecer Muhammad Harith inventó su versión porque estaba interesado en un nuevo lugar para vivir. Diez meses después de la guerra, los datos que aportó fueron descartados como invenciones.


En todo caso, la agencia británica MI6 pensaba que tenía información adicional para corroborar la versión de Curveball.


Otra fuente, cuyo código es Red River ("Río Rojo") reveló que había estado en contacto con una fuente secundaria que, a su vez, le había asegurado haber visto fermentadores en los camiones.



Sin embargo, aquella fuente secundaria nunca aseguró que los fermentadores tuvieran que ver con agentes biológicos. Después de la guerra, la agencia MI6 decidió que Red River no era una fuente confiable.





El traje hecho a mano






Sin embargo no todos los datos de inteligencia estaban equivocados. La informaciones aportadas por dos fuentes de alto perfil cercanas a Saddam Hussein eran correctas. Ambas fuentes aseguraron que Irak no tenía ninguna arma de destrucción masiva activa. La fuente de la CIA era el ministro iraquí de Relaciones Exteriores, Naji Sabri.


Murray insiste en que la "mejor inteligencia" no fue usada.


El ex jefe de la CIA en París, Bill Murray, estuvo en contacto con él a través de un intermediario, un periodista árabe, a quien le entregó US$200 mil dólares en efectivo como desembolso inicial.
Él aseguró que Naji Sabri "parecía una persona de interés real, alguien con quien deberíamos estar hablando".


Murray preparó una lista de preguntas para pasárselas al ministro, con el tema de las armas de destrucción masiva como prioridad al comienzo del documento.


El intermediario se reunió con Naji Sabri en Nueva York en septiembre de 2002 cuando estaba a punto de hablar en las Naciones Unidas, seis meses antes del comienzo de la guerra y justo una semana antes de que el informe británico fuera publicado.


El intermediario le compró al ministro un traje hecho a mano que el alto cargo político vistió en las Naciones Unidas, un detalle que Murray interpretó como signo de que Naji Sabri estaba dispuesto a trabajar con ellos como aliado.


Murray dice que el resultado de las operaciones de inteligencia permitió saber que Saddam Hussein "tenía algunas armas químicas que habían sobrado de la década de los noventa y esas existencias habían sido dadas a varias tribus leales a él. Tenía intenciones de poseer armas de destrucción masiva -químicas, biológicas y nucleares- pero hasta ese momento no tenía prácticamente nada".


La CIA insiste en que el informe de inteligencia de la "fuente" indicaba que el expresidente iraquí sí tenía programas de armas de destrucción masiva porque, de acuerdo con la agencia, mencionaba que "Irak estaba produciendo y acumulando armas químicas" y "como último recurso tenía lanzadores móviles armados con dispositivos de guerra química". Murray contradice esta versión.


La segunda fuente de alto perfil era el jefe de inteligencia de Irak, Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti, quien representaba la sota de oros en la baraja de cartas de "los más buscados" del gobierno de Hussein distribuida por las fuerzas estadounidenses.



Dos meses antes del inicio de la guerra, un miembro veterano de la agencia MI6 se reunió con Habbush en Jordania en enero de 2003. Se pensaba que Habbush quería negociar un acuerdo para detener la invasión inminente. Él también dijo que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva activas.


Sorpresivamente, Butler, quien dice que los británicos están "en todo su derecho" para sentirse engañados por su primer ministro, sólo supo de la información de Habbush después de que su informe fue publicado.




"No sé cómo explicar eso", dice Butler.

"Esto es algo que se nos pasó en nuestra revisión. Pero cuando preguntamos sobre eso, nos dijeron que no era un dato significativo porque la SIS (MI6) lo descartó como una estrategia de Saddam para engañarnos"


Butler asegura que tampoco sabía nada de los datos de inteligencia de Naji Sabri.





El exfuncionario de la CIA Bill Murray no estaba contento con la forma en que los datos de inteligencia obtenidos de estas dos fuentes de alto perfil fueron usados.



"Yo pensaba que habíamos obtenido los mejores datos de inteligencia que alguien hubiera tenido en el período pre-guerra, todos los cuales resultaron ser ciertos. Sin embargo, esa información fue descartada y no se usó".



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Oriente Próximo retoma el guión manipulado de Irak en 2003



Al igual que entonces, Tel Aviv ha impulsado la tesis de que Teherán está a punto de conseguir bombas atómicas pese al desmentido de expertos y servicios secretos. La región tendrá que enfrentar la misma inestabilidad y oleada de violencia que generó la guerra en suelo iraquí.





Javier Espinosa
Enviado especial Beirut (Líbano)
Actualizado domingo, 22 de junio de 2025 - 12:29


Los reporteros que cubrieron la invasión estadounidense de Irak avanzando desde Kuwait se toparon en abril del 2003 con una singular comitiva de paramilitares instalada en un arrinconado campamento de Nassiriya. La base antiáerea había sido arrasada por los proyectos norteamericanos. El único edificio intacto era una especie de almacén sucio, sin ventanas.


Allí, en medio de un paisaje polvoriento y desolado, surgió un personaje clave en el entramado propagandístico que había prevalecido durante meses para justificar aquella operación. Pese al entorno, Ahmed Chalabi apareció vestido con un exquisito traje que contrastaba con el abandono general que le rodeaba. Un reflejo de las ingentes ambiciones políticas que alentaban al matemático que aspiraba a liderar el "nuevo Irak".


El fundador del opositor Congreso Nacional Iraquí (CNI) en 1992 se había convertido en el rostro más visible de los señalamiento que decían que el régimen de Sadam Husein disponía de un nutrido arsenal de Armas de Destrucción Masiva (WMD), la justificación que usó el presidente George Bush para atacar el país árabe.



Tiempo después se supo que Chalabi había manipulado a conocidos periodistas norteamericanos -incluida una de las reporteras más significadas del New York Times- para difundir en los medios de ese país informaciones falsas sobre las imaginarias WMD, que nunca se encontraron.




Pese a que siempre defendió en público la necesidad de normalizar las relaciones de Irak con Israel y los señalamientos de que Chalabi también había coqueteado con los servicios secretos de Tel Aviv, esa supuesta relación nunca llegó a confirmarse.


Lo que sí quedó claro fue el apoyo expreso de Israel a la ofensiva que llevó a la caída del dictador iraquí, incluso a sabiendas de que las WMD no existían.


"Cualquier retraso en un ataque a Irak no tiene ningún sentido. Sólo dará tiempo a Sadam más oportunidades para acelerar su programa de armas de destrucción masiva", había declarado públicamente Ranaan Gissin, un asesor del entonces primer ministro Ariel Sharon, en agosto del 2002, mucho antes del inicio de la ofensiva.



Meses después, varios expertos y políticos israelíes confirmaron que Tel Aviv había hecho "una evaluación exagerada de las capacidades iraquíes", lo que abría la duda sobre una "manipulación" intencionada de las autoridades israelíes en aquella crisis, según escribió el general Shlomo Brom, en un análisis para el Centro Estratégico de Estudios Jaffee de la Universidad de Tel Aviv.


"En Israel se sabía que la historia de que las armas de destrucción masiva podían activarse en 45 minutos era un cuento de viejas", afirmó en 2004 el diputado israelí Yossi Sarid, miembro del comité de Asuntos Exteriores y Defensa del parlamento local.



El guión que el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han seguido durante la presente guerra contra Irán parece un calco de la narrativa que se promovió en la opinión pública en aquellas fechas. Al igual que entonces, los dos dirigentes han alentado la hipótesis de que Teherán se encontraba a semanas de desarrollar bombas atómicas pese a los repetidos desmentidos que han emitido los propios servicios secretos de EEUU y la amplia mayoría de expertos, que insisten en que Irán abandonó cualquier esfuerzo en tal sentido en 2003.



La invasión ilegal de Irak -apoyada, entre otros, por el Gobierno español de José María Aznar- fue el inicio de un periodo de inestabilidad creciente en Oriente Próximo que alcanzó su clímax con la era del Estado Islámico, que se extendió entre 2013 y 2019, y cuyos efectos todavía no se han extinguido.



En aquellas fechas la entonces secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, también hablaba como ahora lo hace Benjamin Netanyahu de un "nuevo Oriente Próximo". Una fórmula por la que ya apostó Ariel Sharon en 1982 cuando apadrinó la destrucción de la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat en Beirut. Quien después sería primer ministro lo consiguió, pero a cambio su país tuvo que acostumbrarse a lidiar con un rival más formidable: Hizbulá.



La catástrofe geopolítica que generó la guerra de Irak no se limitó a la expansión del extremismo yihadista sino que se tradujo en el auge de la influencia de Irán, que consiguió una significativa penetración en la administración iraquí y reforzó su ascendencia tras la guerra de Hizbulá contra Israel de 2006, cuando el ejército de Tel Aviv fue incapaz de doblegar a los paramilitares libaneses.



La debacle de esa misma formación durante su última confrontación con Israel, la caída del régimen de Bashar Asad en Siria y el daño obvio que está sufriendo la nación persa bajo los bombardeos israelíes y estadounidenses, anuncian lo que podría ser el fin de esa era de auge iraní.


Pero como ocurrió en el pasado, Tel Aviv ya tiene un futuro competidor por la hegemonía regional: Turquía. El presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, declaró recientemente que ve al primer ministro israelí como "la mayor amenaza para la seguridad regional" y uno de sus principales aliados locales, Devlet Bahceli, acusó al Estado judío de intentar "rodear" y "sabotear" la pujanza creciente de Ankara.


Para Muhammad Abu Ruman , un politólogo de la Universidad de Jordania, la pretensión de Netanyahu de convertir a Israel en el "único poder hegemónico" en la región parte de un análisis erróneo. Tanto Turquía como otras naciones suníes de la zona como Arabia Saudí se disponen a "edificar un nuevo equilibrio de poder para protegerse" del diario supremacista del que se alimenta Tel Aviv, escribió en el diario Arab al Jadeed .



Ahora, como pasó con Irak, Oriente Próximo se enfrenta al monumental desafío de lidiar con las repercusiones del asalto aéreo de Washington y Tel Aviv.



La agresión ya ha reforzado los llamamientos de los sectores del régimen iraní para que Teherán no sólo abandone el Tratado de No Proliferación Nuclear -que le permite desarrollar energía atómica con fines civiles- sino de aquellos que abogan porque el líder Alí Jamenei modifica que su oposición en base a criterios religiosos a la construcción de armas nucleares.



Al mismo tiempo, resta por saber el alcance de la respuesta iraní y de sus aliados regionales al asalto estadounidense.



Un portavoz del Gobierno yemení hutí instalado en Saná ha advertido que la "tregua" que habían acordado con Washington el pasado mes de mayo es historia y que todos sus serán objetivo de sus barcos de misiles .



Los hutíes emitieron un comunicado horas antes de que los aviones norteamericanos arremetieran contra el territorio iraní indicando que "cualquier agresión estadounidense no puede quedar sin respuesta".



Para Karim Emile Bitar , un experto en Oriente Próximo de la Universidad Saint Joseph de Beirut, el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y la guerra contra Irán "son el último clavo en el ataúd del Derecho internacional y de lo que se ha denominado el orden internacional liberal", que ahora da paso a la "ley de la jungla".


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Estados Unidos se equivoca






El mundo está hoy al borde del abismo porque Netanyahu necesita el abismo para sobrevivir políticamente







Luz Gómez
23 JUN 2025 - 05:40 CEST





Netanyahu siempre ha querido la guerra con Irán, y por fin la tiene. Una guerra en los términos apocalípticos a los que su verborrea bíblica tiene acostumbrados a los israelíes y, desde el genocidio de Gaza, al mundo entero. Le faltaba la entrada directa de EE UU, y la ha conseguido. El mundo hoy está al borde del abismo porque Netanyahu necesita el abismo para sobrevivir políticamente.




Hace 20 años que el primer ministro israelí viene acariciando la guerra con Irán, los que lleva casi en el Gobierno. Entretanto, ha aprovechado para avanzar en el exterminio del pueblo palestino; porque lo de Gaza, ahora se ve más claro, no es una guerra sino un genocidio. Tampoco son una guerra los ataques a países soberanos que se han sucedido en el último año: Líbano, Yemen, Siria. Por eso Netanyahu necesitaba esta guerra ahora. Para su propia supervivencia y en sintonía con la lógica supremacista hoy hegemónica en Israel: una guerra le da un tiempo más en el poder, cercado como está jurídicamente dentro y fuera de su país. Lo que no parece tan evidente es que Trump la necesitara. Y desde luego, no es una guerra por el interés de Israel ni de EE UU.




Trump se equivoca. Como en tantas otras de sus políticas. Pero en esta ocasión no solo por la ilegalidad o la injusticia en que se fundamenta el ataque a Irán, sino porque amenaza los intereses de la clase política y económica que le secunda en la presidencia. En el Partido Republicano, poco proclive a las voces críticas, en esta ocasión han aflorado públicamente las diferencias, pero no ha servido de nada. Trump quería su ataque. La unión de dos líderes irresponsables, Netanyahu y Trump, es un peligro. Han secuestrado a sus países y ahora, en su deriva autoritaria y belicista, están a un paso de llevarse lo que se ponga por delante. A tenor de las tibias respuestas de los dirigentes occidentales, el derecho internacional acabará siendo una reliquia para consumo de una ONU inane.




La respuesta de Irán, por medida que sea, bien por debilidad, bien por interés, afectará irremisiblemente a la sólida inestabilidad regional fraguada durante el último cuarto de siglo. La sucesión de revueltas y los movimientos de protesta en los países árabes y en Irán no han conseguido desmontar la arquitectura de la subordinación en que viven sus pueblos. Sin embargo, la expansión de esta guerra puede conseguirlo. O cuando menos trastocar los equilibrios asumidos.




Los pueblos de la región están exhaustos por décadas de represión y violencia en distintos grados. Pero esta guerra es nueva en varios sentidos. Netanyahu no ha perdido de vista que Arabia Saudí se alejaba de su órbita, afianzando las relaciones con Irán y poniendo la creación del Estado de Palestina como condición para retomar la senda de los Acuerdos de Abraham. Los países del Golfo, donde EE UU ha ido instalando bases militares, se verán involucrados por la respuesta de Irán; también Irak y Siria, con tropas americanas sobre el terreno. Y todos estos regímenes tendrán que decantarse, algo que venían sorteando gracias a su papel en la geopolítica del petróleo y los conflictos.




Luz Gómez es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Su último libro es Palestina: heredar el futuro (Catarata, 2024).



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La apuesta de Trump con el ataque a Irán




El presidente de Estados Unidos está apostando que su país puede repeler cualquier represalia de Irán y cuenta con que ha logrado destruir las posibilidades del régimen de reconstituir su programa nuclear.





Por David E. Sanger
David E. Sanger, corresponsal de la Casa Blanca y de seguridad nacional, ha cubierto los esfuerzos para detener el programa nuclear iraní durante más de dos décadas. Reportó desde Washington.
22 de junio de 2025



Estados Unidos ha usado sanciones, sabotajes, ciberataques y negociaciones diplomáticas en las dos últimas décadas para intentar detener lo que para la mayoría del mundo parecía el largo recorrido de Irán para tener un arma nuclear.



Aproximadamente a las 2:30 a. m. del domingo en Irán, el presidente Donald Trump desató un despliegue de poderío militar que sus cuatro predecesores habían evitado de manera deliberada por temor a introducir a Estados Unidos en una guerra en Medio Oriente.



Después de unos días en los que declaró que no podía correr el riesgo de que los mulás y generales de Teherán que habían sobrevivido a los ataques de Israel dieran el salto definitivo a tener un arma nuclear, ordenó a una flota de bombarderos B-2 que fuera al otro lado del mundo y lanzara las bombas convencionales más potentes sobre los sitios más críticos de los vastos complejos nucleares de Irán.


El objetivo principal era el centro de enriquecimiento en lo profundo del subsuelo en Fordow, al que Israel era incapaz de llegar.


Para Trump, la decisión de atacar la infraestructura nuclear de un país hostil es la apuesta más grande —y potencialmente más peligrosa— de su segundo mandato.


Está apostando que Estados Unidos podría repeler cualquier represalia que los dirigentes iraníes ordenen contra más de 40.000 soldados estadounidenses desplegados en bases por toda la región. Todas están al alcance de la flota de misiles de Teherán, incluso después de días de implacables ataques de Israel. Y está apostando que puede disuadir a un Irán enormemente debilitado de utilizar sus técnicas conocidas —terrorismo, toma de rehenes y ciberataques— como una línea de ataque más indirecta para tomar venganza.


Y lo que es más importante, apuesta que destruyó las posibilidades de que Irán reconstruya su programa nuclear. Se trata de un objetivo ambicioso: Irán ha dejado claro que, si es atacado, abandonará el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y trasladará a la clandestinidad su enorme programa. Por eso Trump centró tanta atención en la destrucción de Fordow, la instalación que Irán construyó en secreto y que fue expuesta públicamente por el presidente Barack Obama en 2009. Allí es donde Irán producía cerca de todo el combustible casi apto para bombas que más alarmaba a Estados Unidos y sus aliados.


Los asesores de Trump decían a esos aliados el sábado por la noche que la única misión de Washington era destruir el programa nuclear. Describieron el complejo ataque como una operación limitada y contenida, similar a la operación especial que mató a Osama bin Laden en 2011.


“Dijeron explícitamente que no se trataba de una declaración de guerra”, dijo un diplomático europeo de alto rango el sábado por la noche, describiendo su conversación con un alto funcionario del gobierno.


Pero, añadió el diplomático, Bin Laden había matado a 3000 estadounidenses. Irán aún no había construido una bomba.

En resumen, el gobierno argumenta que se trataba de un acto de prevención, que pretendía acabar con una amenaza, no con el régimen iraní. Pero no está nada claro que los iraníes lo perciban así. En un breve discurso desde la Casa Blanca el sábado por la noche, flanqueado por el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Trump amenazó a Irán con más destrucción si no se doblega a sus exigencias.


“Irán, el matón de Medio Oriente, debe hacer las paces ahora”, dijo. “Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”.


“O habrá paz”, añadió, “o habrá una tragedia para Irán mucho mayor de la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Recuerden que quedan muchos objetivos”. Prometió que si Irán no cedía, iría tras ellos “con precisión, rapidez y destreza”.



En esencia, Trump amenazaba con ampliar su asociación militar con Israel, que ha pasado los últimos días atacando sistemáticamente a los principales dirigentes militares y nucleares de Irán, asesinándolos en sus camas, sus laboratorios y sus búnkeres. Inicialmente, Estados Unidos se alejó de esa operación. En la primera declaración pública del gobierno de Trump sobre esos ataques, Rubio subrayó que Israel emprendió “acciones unilaterales contra Irán”, y añadió que Estados Unidos “no estaba implicado”.


Pero entonces, hace unos días, Trump señaló en su plataforma de redes sociales algo sobre la capacidad de Estados Unidos para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamení, de 86 años, cuando quisiera. Y el sábado por la noche, dejó claro que Estados Unidos lo estaba apostando todo y que, a diferencia de la declaración de Rubio, el país estaba ahora profundamente implicado.


Ahora, tras afectar la capacidad de enriquecimiento de Irán, Trump espera poder aprovechar un momento de debilidad importante, la debilidad que permitió a los bombarderos B-2 estadounidenses entrar y salir de territorio iraní sin apenas resistencia.


Luego de la feroz represalia de Israel por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, en los que más de mil civiles israelíes murieron, Irán se ha quedado repentinamente sin sus aliados, Hamás y Hizbulá. Su aliado más cercano, el sirio Bashar al Asad, tuvo que huir del país. Y Rusia y China, que formaron una asociación de conveniencia con Irán, no aparecieron por ninguna parte después de que Israel atacara el país.


Eso hizo que el programa nuclear se convirtiera en la última defensa de Irán. Siempre fue algo más que un proyecto científico: era el símbolo de la resistencia iraní a Occidente y el centro del plan de los dirigentes para aferrarse al poder.



Junto con la represión de la disidencia, el programa se había convertido en el medio de defensa fundamental de los herederos de la Revolución iraní iniciada en 1979. Si la toma de 52 rehenes estadounidenses fue la forma que tuvo Irán de enfrentarse a un adversario mucho mayor y mucho más poderoso en 1979, el programa nuclear ha sido el símbolo de la resistencia durante las dos últimas décadas.


Algún día los historiadores podrán trazar una línea directa desde las imágenes de estadounidenses con los ojos vendados, a quienes retuvieron por 444 días, hasta el lanzamiento de bombas GBU-57 antibúnkeres sobre el reducto montañoso llamado Fordow. Probablemente se preguntarán si Estados Unidos, sus aliados o los propios iraníes podrían haber actuado de otra manera.


Y casi con toda seguridad se preguntarán si la apuesta de Trump habrá valido la pena.


Sus críticos en el Congreso ya estaban cuestionando su forma de abordar el asunto. Mark Warner, senador por Virginia y principal demócrata del Comité de Inteligencia, dijo que Trump había actuado “sin consultar al Congreso, sin una estrategia clara, sin tener en cuenta las conclusiones consistentes de la comunidad de inteligencia” de que Irán no había tomado la decisión de dar los pasos finales para tener una bomba.


Si Irán se ve incapaz de responder eficazmente, si el poder del ayatolá se disipa ahora, o si el país renuncia a sus prolongadas ambiciones nucleares, Trump afirmará sin duda que solo él estaba dispuesto a utilizar el poder militar de Estados Unidos para lograr un objetivo que sus últimos cuatro predecesores consideraban demasiado arriesgado.


Pero existe otra posibilidad. Irán podría recuperarse lentamente, los científicos nucleares que sobrevivan podrían llevar sus habilidades a la clandestinidad y el país podría seguir el camino que Corea del Norte tomó, y comenzar la carrera hacia una bomba. En la actualidad, Corea del Norte dispone de 60 o más armas nucleares según algunas estimaciones de los servicios de inteligencia, un arsenal que probablemente la hace demasiado poderosa para atacarla.



Es posible que Irán llegue a la conclusión de que esa es la única vía para controlar a las potencias más grandes y hostiles, y para impedir que Estados Unidos e Israel lleven a cabo una operación como la que iluminó los cielos iraníes el domingo por la mañana.


David E. Sanger
cubre el gobierno de Trump y la seguridad nacional. Ha sido periodista del Times durante más de cuatro décadas y ha escrito varios libros sobre los desafíos a la seguridad nacional estadounidense.





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CITA(Maripili @ Jun 28 2008, 12:27 AM) *
A PIE DE PÁGINA

Bagdad



Juan José Saer
BABELIA
21-06-2003






En el prólogo a su nueva versión francesa de Las mil y una noches, cuyo primer volumen apareció en 1986, el erudito y traductor de origen sirio René Khawam describe la obstinada paciencia que le permitió, después de varias décadas de trabajo, individualizar las dos o tres versiones fidedignas del manuscrito original, sin los agregados caprichosos que recopiladores de épocas diferentes, en Occidente pero también en Túnez, en Siria o en El Cairo, se permitieron incorporar al texto original. Esa abundancia de interpolaciones (entre las cuales figuran las historias de Aladino, de Alí Baba y de Simbad el Marino, historia esta última que Khawam, por haber encontrado los manuscritos originales, mucho más antiguos que el libro al que fueron anexados, publica en una obra aparte) se debe a dos motivos distintos: el primero, la creencia de que Las mil y una noches es un repertorio popular de cuentos tradicionales que el tiempo fue recopilando, obra de muchos autores desconocidos que la tradición sola reunió en un único libro. El segundo motivo, sobre todo en Occidente, fue el éxito de la obra, a causa del cual su primer traductor al francés, Antoine Galland, a principios del siglo XVIII, presionado por sus editores, debió ir agregándole historias que encontraba en los manuscritos más dispares. Ahora bien: en el prólogo al cuarto volumen, Khawam aventura la hipótesis de que la obra entera podría provenir de una misma pluma, en el sur de China, porque una ciudad de esa región, Kachgar, aparece citada muchas veces con evidente nostalgia. Una cosa es segura: del lugar oscuro en que un hombre desconocido escribió o compaginó esas historias inmortales, una extraordinaria luz deslumbra, por lo que duren las culturas y las civilizaciones, a la humanidad entera.




"Transportémonos pues" , escribe Khawam, "a Bagdad, a finales del siglo XII y principios del XIII. Descubriremos un islam que tiene poco que ver con el que puede observarse hoy día. Replica a la crisis que lo azota (las cruzadas, la amenaza de los mongoles, la insurrección de las minorías) con un despliegue de imaginación, de inventiva, de libertad, que literalmente nos subyuga. Testigo de la inconducta de los poderosos, el pueblo, que no se deja engañar, se dispone a relevarlos: es él el que habla en este libro, sin precauciones oratorias. Y detrás de él, con él, la Mujer, fermento de todas las transformaciones: intratable y astuta, sumisa a un implacable destino o rebelde ante la condición injusta que le impone la ley, fieramente independiente o esclava de la pasión...".





Esta exacta descripción de un libro excepcional, anterior en un siglo a Dante y un poco más todavía al Decamerón de Bocaccio, si bien proviene de uno de sus más minuciosos lectores contemporáneos, es inmediatamente perceptible también para el profano. La humanidad casi infinita que se agita en sus páginas está dotada de una intensa vivacidad. En ellas, sensualidad y misticismo, naturalismo y magia, humor y tragedia, sátira y filosofía, se entrelazan con fluidez sorprendente en relatos realistas o fantásticos, fabulosos, graves o grotescos, y sobre todo, en un contrapunto constante en el que las peripecias narrativas se enriquecen de comentarios o de glosas en verso. Síntesis de una civilización, de Las mil y una noches, cuyo primer éxito en Occidente ocurrió en plena moda orientalista, es posible afirmar sin embargo que, para quien sabe leer, es un libro totalmente despojado de exotismo.





Tal vez uno de los rasgos formales más importantes de Las mil y una noches sea la utilización sistemática del relato enmarcado (es decir, una historia que se cuenta en el interior de otra historia) y, sobre todo, la interrupción constante de los relatos, que hace que muy pocas historias se cuenten de un tirón; siempre quedan en suspenso por la intercalación de una nueva historia en el transcurso de la anterior. Esta característica contribuiría a sustentar la tesis de un autor único, porque en una recopilación tradicional de historias éstas estarían puestas una después de la otra, prescindiendo del artificio literario de interrumpirlas de modo sistemático para acrecentar el suspenso. Hay que tener en cuenta que a los personajes del libro no les basta vivir historias extraordinarias: también se desviven por escucharlas, aunque gozar de ese placer represente para ellos un peligro. Muchas veces, la curiosidad acerca de aventuras ajenas contribuye a su perdición, pero desde los visires hasta los más humildes pescadores se dejarían cortar la cabeza por escucharlas. Otras veces, el hecho de contar su propia aventura les salva la vida. No hay tal vez libro en el mundo en el cual la omnipresencia y la fascinación de la ficción sean tan intensas: más aún, quizá esa fascinación sea su tema central.





La que encarna ese poder de la ficción, Scherezada, la Tejedora de Noches, es uno de los personajes más complejos de la literatura universal. Hija del visir encargado de ejecutar cada amanecer a las esposas que el rey había elegido la víspera, Scherezada "había leído libros y escritos de todas clases, estudiando las obras de los sabios y los tratados de medicina. Sabía de memoria muchos poemas y relatos, y había aprendido también los proverbios populares, las sentencias de los filósofos, las máximas de los reyes. No se contentaba con ser inteligente y sabia; quería ser instruida y formada en letras". En su tentativa de amansar al tirano y de rescatarlo de su hábito sangriento, Scherezada recuerda a la Helena de A buen fin no hay mal principio de Shakespeare (donde una joven sabia cura al rey de una fístula), pero también está dispuesta al sacrificio como Ifigenia, y, como Antígona, está dotada de un fuerte carácter y de una gran lucidez política. Gracias a su habilidad y a su fineza psicológica, terminará atrapando al autócrata asesino en la red de sus historias.





Bagdad, joya arcaica tendida entre el Tigris y el Eufrates, conoció, en los dos o tres siglos anteriores a la fecha de los primeros manuscritos, bajo el reino de los califas abásidas, una brillante civilización. Tal fue la cuna del gran libro. Pero hasta donde llega la memoria humana, esos pocos kilómetros cuadrados de la Mesopotamia condensan las principales conquistas de la humanidad. El tomo 10 de la Enciclopedia Universalis, en la página 125, enumera: "Cuna del monoteísmo, de la meditación sumeria, que fue el origen de los dos Testamentos y del islam, Irak es un condensado sociológico y espiritual de alto valor, simbolizado por el alfa del Diluvio y el omega de la Revelación. Allí fueron concebidas las especulaciones algebraico astronómicas del pensamiento, codificada a partir de Hamurabi la ley de las ciudades, definidas las estaciones del año, delimitados en el zodiaco los espacios del cielo, fundados la agricultura, la monarquía, los ritos comerciales, descubiertas las ecuaciones sobre las que se edificaría, a través de la bóveda, la arquitectura monumental de Egipto y de Grecia".





Equiparable a la Atenas del Banquete o de Aristófanes, a la Florencia de Dante y de Bocaccio, Bagdad concentra en el libro que la evoca el universo entero, la comedia humana en sus múltiples posibilidades y situaciones, pero también el submundo infernal con sus genios maléficos y sus magos tenebrosos, y en el otro extremo, el resplandor abstracto y omnipresente de lo divino. Como casi toda gran literatura, Las mil y una noches, a partir de un lugar bien delimitado en el espacio y en el tiempo, convoca la totalidad de lo existente. En 1258, los mongoles incendiaron Bagdad, pero las razones de ese crimen ya estaban escritas en la surata 103: "Lo juro por la hora de la tarde, el hombre labra su propia perdición" .



http://www.elpais.com/articulo/semana/Bagd...lpbabese_9/Tes/
El fantasma del Blog
El exministro Ábalos y su asesor principal acuden al Supremo con temor a ser enviados a la cárcel






Koldo García, autor de las grabaciones que implican a sus jefes en el amaño de contratos, planea negarse a declarar en su cita clave tras el informe de la UCO







José Manuel Romero y Reyes Rincón
Madrid
23 JUN 2025 - 05:45 CEST





La amenaza de cárcel sobrevuela la citación clave que el Tribunal Supremo ha realizado para continuar con la investigación sobre la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante tres años (2018-2021) y que, presuntamente, facilitó negocios multimillonarios a empresas privadas. El magistrado Leopoldo Puente ha llamado este lunes a declarar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor principal, Koldo García, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa el supuesto amaño de contratos de obra pública y el pago de mordidas a favor de ex altos cargos de Transportes y del PSOE. Fuentes del entorno de García explican que se plantea negarse a declarar este lunes.




Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS señalan que la Fiscalía Anticorrupción puede solicitar prisión provisional para el exministro (su aforamiento no lo impide) y el exasesor, una medida justificada ante el riesgo de destrucción de pruebas —Koldo García sugiere que tiene más grabaciones sobre actividades ilícitas que aún no ha encontrado la Guardia Civil— o el riesgo de fuga —la investigación aún no tiene pistas de dónde se encuentra el dinero que supuestamente cobraron los implicados de las constructoras beneficiadas—.




Estas mismas fuentes, pese a que no descartan que la Fiscalía Anticorrupción pueda pedirle al juez estas medidas cautelares contra los investigados, también señalan que no parece muy viable dictar prisión provisional casi un año y medio después de abierta la causa en la Audiencia Nacional, y cuatro años después de ocurridos los supuestos hechos delictivos. Según adelantó La Sexta y ha confirmado EL PAÍS, José Luis Ábalos y Koldo García se han reunido este domingo para hablar de su estrategia procesal, ante la posibilidad de barajar un acuerdo con el ministerio público, pero la cita acabó sin un plan claro.




El informe de la Guardia Civil, basado en casi cinco años de grabaciones de Koldo García (de 2019 a 2023), apunta a la existencia de un triángulo de corrupción formado por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; José Luis Ábalos, su antecesor en el cargo y ex ministro de Transportes; y Koldo García, ex asesor principal en el ministerio.





Pero la investigación de la UCO de la Guardia Civil no ha sido capaz aún de determinar el sistema para el amaño de contratos a favor de Acciona y otras constructoras privadas. Un informe preliminar del Ministerio de Transportes tras conocer las obras sospechosas de esconder el pago de mordidas señala lo siguiente:


CITA
Tramo Arrubal-Navarrete de la Autovía A-68.



Con un presupuesto de 151 millones de euros, la obra fue adjudicada en diciembre de 2018 a una UTE compuesta por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras. Aunque esta UTE (Unión Temporal de Empresas) no hizo la oferta económica más ventajosa, logró el contrato con la oferta técnica mejor valorada.


Construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla.



La obra fue adjudicada por 128 millones de euros a la UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet. Fue la oferta mejor valorada tanto en el aspecto técnico como en el económico.


Segunda calzada del tramo Salas-La Espina de la autovía A-63 (Asturias).



Trabajos adjudicados por 9,9 millones de euros el 29 de agosto de 2019 a favor de la UTE formada por OPR (Obras Públicas Regadíos) y Construcciones Pérez Jiménez. Su propuesta técnica fue la mejor valorada, aunque no hizo la mejor oferta económica.


A-32 Úbeda-Torreperogil.



Un modificado de esta obra, adjudicada en 2008, fue aprobado en diciembre de 2019 por 5,82 millones de euros a favor de la UTE formada por CYOPSA, GEA 21 y OPR.


Duplicación de la carretera N-4 en Dos Hermanas.



Modificado de una obra adjudicada a la UTE formada por Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) en 2015. Modificado de obra aprobado el 6 de julio de 2021 por 4,1 millones de euros.


Conservación del sector TE-02.



Licitado en octubre de 2020 y adjudicado por 6,98 millones de euros a la UTE formada por Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Fue la oferta mejor valorada en la fase técnica.


A-12. Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río.



Adjudicada por 95,58 millones de euros a la UTE integrada por Torrescamara, Ortiz y LIC. Fue la oferta mejor valorada en la fase técnica.




En busca del dinero




La Guardia Civil no ha sido capaz aún de precisar quién pagaba las supuestas mordidas en estas obras sospechosas y dónde escondieron los posibles beneficiados el dinero de las comisiones ilegales.



La declaración de José Luis Ábalos y Koldo García puede ser clave para acreditar cómo operaba la red delictiva y, además, conocer si hay más cabos sueltos que pudieran conectar lo ocurrido con una supuesta financiación ilegal del PSOE o con el presidente Pedro Sánchez, del que todavía no hay pruebas de que conociera lo sucedido.



Koldo García ha trasladado, a través de distintos medios, que guarda más grabaciones que implican en negociaciones inconfesables al ministro Ángel Víctor Torres, a exministros de otros gobiernos socialistas y a numerosos empresarios. Fuentes próximas al exasesor de Ábalos desmienten ahora que haya ido a un notario a depositar esas grabaciones secretas, pero aclaran que, en caso de que el exasesor de Ábalos acabara en prisión, su entorno más próximo pondría ese material a buen recaudo.




De las mascarillas a la obra pública





Para el exministro y su antiguo asesor, la de este lunes será su tercera comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo, pero las circunstancias han cambiado mucho desde que ambos acudieron a la llamada del instructor por última vez, en febrero. En aquella ocasión, el magistrado todavía centraba la investigación en el supuesto fraude en los contratos de mascarillas adjudicados en Transportes aprovechando la laxitud de los controles durante la pandemia de covid-19, y solo tenía algunos indicios, la mayoría derivados de información aportada por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, de que la trama tenía otra fuente de negocio basada en la adjudicación de obras públicas.




El informe que la UCO entregó a Leopoldo Puente el pasado 5 de junio ha confirmado esa sospecha y ha destapado una red de amaños “a gran escala” de contratos de obra pública, cuya batuta llevaban, supuestamente, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.





Cerdán, el siguiente





Además de Ábalos y García, por el Supremo desfilarán en los próximos días Santos Cerdán, último secretario de Organización del PSOE, que fue destituido hace dos semanas, y cinco empresarios a los que la UCO vincula con la trama.



Para Cerdán, que está citado en el Supremo el 30 de junio, será su primera comparecencia ante el instructor. Tras renunciar al escaño de diputado, lo hará en calidad de investigado y de forma “preceptiva”, como le recordó el juez en un auto dictado el viernes. Mediante esa resolución, Puente ordenó a la UCO la entrada en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para clonar el correo electrónico corporativo que había utilizado en exclusiva el que hasta hace unos días era el secretario de Organización del partido.



La Guardia Civil llevó a cabo esa actuación el mismo viernes, casi de forma simultánea a otras tres diligencias acordadas ese día por el instructor: el clonado del correo electrónico que utilizó Ábalos en el Ministerio de Transportes y la entrega en las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Dirección General de Carreteras (organismos dependientes de Transportes) de un requerimiento para solicitar los expedientes de 11 adjudicaciones de obra pública bajo sospecha. Cinco corresponden a Adif y las seis restantes, a Carreteras.



El juez ha rechazado, por ahora, registrar el domicilio y el que fue el despacho de Cerdán en el PSOE, una petición que planteó el PP, personado como acusación popular en la causa. El instructor no lo considera “útil” en este momento porque Cerdán ha tenido ya tiempo suficiente para eliminar pruebas desde que supo que se le iba a investigar. No obstante, el juez podría dar ese paso más adelante si lo considera necesario, como ocurrió con el caso de Ábalos, encausado desde noviembre pero cuyo domicilio no fue registrado hasta el 10 de junio.
El fantasma del Blog
Los mensajes de Koldo al PSOE pidiendo un "interlocutor": "Van a aparecer más personas"






El ex asesor de Ábalos advirtió a seis miembros de Ferraz de que él "siempre cumplió órdenes"







Esteban Urreiztieta
Madrid
Actualizado Domingo, 22 junio 2025 - 22:57





Koldo García ha enviado desde su detención en febrero de 2024 media docena de mensajes a la dirección del PSOE pidiendo un interlocutor «para no perjudicar a más de 250 personas» que le pidieron «favores» durante su etapa como asesor personal de José Luis Ábalos al tiempo que solicitó ayuda para poder subsistir económicamente. «Yo siempre he cumplido órdenes, he hecho lo que me decíais, me he dedicado a solucionar problemas en el partido, y ahora lo único que pido es sentido común», subrayó en las comunicaciones, que remitió a altos dirigentes de la dirección de la formación mediante los que contactó a través de mensajes de WhatsApp y, en dos de los casos, recurriendo a terceras personas.





Según ha podido saber EL MUNDO a través de fuentes directas que participaron en estos contactos, los mensajes enviados por Koldo comenzaron a los tres meses de su arresto, fueron reiterados a los seis meses, y se han prolongado hasta fechas recientes en el mismo sentido. La iniciativa del ex asesor ministerial la adoptó tras percatarse de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le había intervenido miles de grabaciones que había realizado durante los últimos años a altos y ex altos cargos socialistas, a empresarios y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que era cuestión de tiempo que salieran a la luz en el marco de la investigación judicial.




No en vano, la UCO ha incorporado a su último informe ocho de estos audios, en los que aparecen conversaciones con el ex secretario de Organización Santos Cerdán y con el propio Ábalos, en los que se aborda el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Este material ha desembocado en la imputación de Cerdán, su expulsión del partido, y la entrada de la Guardia Civil en la sede central de los socialistas en la madrileña calle de Ferraz, situando al PSOE en una de las situación más complicadas de su historia.




En la interlocución con los responsables socialistas Koldo García ha explicado recientemente que había tenido que «ponerse a recoger aceitunas» para poder mantener a su familia y que consideraba una «injusticia» que, mientras tanto, el empresario Víctor de Aldama disfrutara de un alto tren de vida tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción, con viajes en aviones privados y vehículos de alta gama. En los referidos mensajes Koldo aseguró estar dispuesto a aceptar un trabajo «aunque sea picando piedra» y, a cambio, estar dispuesto a contrarrestar las «malas interpretaciones» que pudieran surgir de los informes de la Guardia Civil y de los medios de comunicación a raíz del material intervenido en su domicilio para, de esta manera, «no joder la vida de nadie».




De todos los responsables contactados, al menos uno se vio personalmente con el ex asesor ministerial para escuchar sus súplicas y le explicó con evasivas que no podían hacer mucho más porque «la situación es la que es». Tras la insistencia de Koldo García y después de recibir la callada por respuesta desde el partido, apareció en escena, según aseguran a este diario las mismas fuentes consultadas, la ya ex militante socialista Leire Díez, a la que el partido encargó las labores de fontanería para recabar información sensible de jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban los casos del partido.




El ex asesor de Ábalos llegó a mantener con Díez media decena de conversaciones en las que ésta le sondeó para conocer las pruebas de las que disponía y le ofreció protección en su causa judicial. Las conversaciones entre Díez y Koldo no fructificaron, este último rompió el contacto de manera airada con ella y avisó a la cúpula del partido de que la conocida ya popularmente como la fontanera de Ferraz no era una interlocutora válida. En uno de los últimos mensajes remitidos a la dirección del PSOE hace apenas un par de semanas, Koldo García volvió a la carga en la misma línea: «Mandad a alguien porque van a aparecer otras personas».




Las grabaciones desveladas por la UCO en su último informe acreditan que los mensajes de Koldo a la dirección socialista se remontan incluso a antes de su detención. Así, una de las cintas, fechada el 12 de diciembre de 2023, registra una reunión entre el ex asesor de Ábalos y Santos Cerdán en la que el primero dijo que había mandado «un recado» a los directores de Gabinete de Sánchez para que le llegara directamente al presidente. «Llegó a Óscar López, Antonio Hernando...», aseguró al tener la convicción de que iba a ser detenido.




De hecho, Koldo ha explicado en varias ocasiones que detectó operativos de la Guardia Civil que le seguían y llegó a entrevistarse con altos mandos con los que había colaborado en el pasado en labores antiterroristas para pedirles que no registraran su domicilio en presencia de su hija menor, extremo que finalmente se produjo meses después. A su vez añadió en la grabación analizada ahora por la UCO que había tenido conocimiento de que el presidente, que según él era conocedor de lo que iba a ocurrir, le había tildado de «corrupto» y que le quería «muerto».
El fantasma del Blog
Nombres nuevos, corrupción antigua






Una trama como la descubierta en el PSOE solo puede producirse por factores sistémicos que deben erradicarse






El País
24 JUN 2025 - 05:30 CEST





El escenario que abre la investigación sobre el llamado caso Koldo, aún en sus inicios, es una trama de mordidas a cambio de obra pública que por ahora afecta al Ministerio de Transportes, a la dirección general de Carreteras, el administrador ferroviario Adif, a varias constructoras y a la Secretaría de Organización del PSOE, es decir, el corazón operativo del partido en el Gobierno. A la espera de ver cómo se sustancia judicialmente, el cuadro general del escándalo es demasiado familiar.





Es pertinente preguntarse cómo es posible que se repliquen en lugares tan obvios comportamientos delictivos identificados hace décadas; cómo es posible que no haya mecanismos de prevención que detecten las señales desde el minuto uno y den la alarma. El juez está dilucidando la responsabilidad penal, y al presidente del Gobierno se le exige con razón que dé una respuesta política, pero también es necesario elevar la mirada a un sistema político sin suficientes controles preventivos.




Con cada escándalo, los partidos han ido endureciendo el Código Penal. Pero el poder disuasorio del castigo es claramente insuficiente ante la tentación de enriquecerse. Menos aún cuando una justicia con pocos medios especializados tarda décadas en llegar a emitir sentencia. El caso Koldo demuestra que no hay cortafuegos eficaces para evitar que este esquema se siga reproduciendo a escala estatal, autonómica y local. España no mejora en las clasificaciones internacionales de lucha contra la corrupción, sino que empeora.




Esos controles sistémicos están bien diagnosticados, pero ninguno de los grandes partidos ha considerado una prioridad instaurarlos. Los conceptos son tan sencillos como la transparencia absoluta y en tiempo real de los procesos de contratación; la transparencia también en las agendas de los responsables públicos para conocer cada reunión que tienen y con quién; reducir al mínimo la subjetividad en las adjudicaciones; eliminar focos de arbitrariedad como las adjudicaciones a dedo de contratos pequeños; o dejar el proceso en manos de funcionarios independientes protegidos de los políticos. La regulación de los lobbies o de los conflictos de interés están siempre en la agenda de los partidos, y siempre pendientes. La UE ha señalado que España no tiene una estrategia integral contra la corrupción, ni agencias públicas especializadas. Donde se puede, los controles se reducen, no se aumentan.




La lucha contra la corrupción no puede depender de la valentía de denunciantes, ni esperar a que los corruptos se traicionen entre ellos, como sucede a menudo. Los controles tienen que formar parte de la estructura del sistema. En las semanas y meses de revelaciones y descalificaciones políticas que vienen, el Congreso tiene que encontrar el momento de tener este debate que interpela a todos y nunca conviene a nadie.
El fantasma del Blog
África contada por africanos en decenas de miles de fotografías





Desde 2022, el Centro Dikan de Acra alberga la mayor biblioteca gráfica del continente, con más de 30.000 libros que narran su historia visual






Joost Bastmeijer
Acra (Ghana)
24 JUN 2025 - 05:30 CEST





“Toma la iniciativa”, exclama Paul Ninson desde una pequeña y moderna oficina del barrio de Osu, en Acra. “Eso es lo que significa Dikan en akan, mi idioma”, explica este fotógrafo ghanés. Fue la primera frase que le vino a la cabeza hace algunos años, cuando empezó a buscar un nombre para este proyecto cuyo objetivo era reunir miles de libros de imágenes del continente africano. “Toma la iniciativa, resuelve el problema o cállate la boca. Así es como me educaron mis padres”, agrega.




Hoy, el Centro Dikan, una iniciativa pionera creada con el ánimo de ser un espacio donde confluyen el arte, la fotografía y la educación, es una realidad y se encuentra a pocos metros del lugar de la entrevista de Ninson con este periódico, entre unos arbustos de buganvillas. Según su fundador, el centro, que abrió sus puertas en diciembre de 2022, es la biblioteca fotográfica más grande de África, con más de 30.000 libros que narran la historia visual del continente.




Pero el lugar es también una galería de exposiciones, un lugar donde se proyectan películas y un sitio donde se planean proyectos artísticos y se ofrecen talleres educativos y seminarios relacionados con el fotoperiodismo. Además, en abril, el Centro Dikan lanzó el Instituto Awo, que trabajará para digitalizar y conservar el patrimonio visual africano. Todo eso ha hecho que Ninson y su equipo hayan tenido que alquilar unas oficinas en un edificio cercano para seguir trabajando. “Yo siempre ando buscando nuevos desafíos”, afirma, entre risas.




La exposición fotográfica que recibe actualmente al visitante da buena prueba de esos retos y de los logros de los últimos años: Se titula Common Ground y muestra el trabajo de tres fotoperiodistas formados en Dikan: Abdullahi Abubakar, Writchid Snipes y Joshua Buenortey. “Es una muestra el impacto del compromiso de Dikan con la educación de la próxima generación de narradores”, se felicitan los responsables del centro.




África estaba siendo narrada por forasteros, y la gente local carecía de voz propia

Paul Ninson, fundador del Dikan Center





La idea de crear el Centro Dikan nació durante un viaje de Ninson a Nueva York, donde había ido a estudiar Fotografía. Allí descubrió archivos visuales de África que eran auténticos tesoros. Espacios repletos de libros de fotografía, que incluían también imágenes de autores africanos, cuando él, en su país, poseía tan solo unos pocos libros. “Pensé: ¿cómo es que no existe un archivo así en Ghana? África estaba siendo narrada por forasteros y la gente local carecía de voz propia”, recuerda Ninson, Este fotoperiodista está convencido hasta hoy que para poder resolver los problemas que persisten en Ghana y otros países del continente es indispensable “saber más sobre la historia” y el contexto del lugar donde se vive. Y para ello, la fotografía es un documento esencial.





Un punto de encuentro






Durante la pandemia de coronavirus, Ninson empezó a comprar libros de fotografía baratos y de segunda mano y se puso en contacto con editores que donaron grandes cantidades de libros, que guardaba en su habitación y, más tarde, en trasteros de la ciudad.




Paralelamente, se puso en contacto con Brandon Stanton, un agente de bolsa reconvertido en fotógrafo que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Stanton creó Humans of New York, un proyecto fotográfico documental vinculado a una cuenta de Instagram que gira en torno a la ciudad de Nueva York y a sus habitantes más peculiares. Cuando Stanton inició una campaña de micromecenazgo para lo que más tarde se convertiría en el Centro Dikan, sus más de 13 millones de seguidores donaron en poco tiempo 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros).




Con ese dinero, que luego permitió a Ninson fundar Dikan, se comenzó enviando todos esos libros desde el barrio neoyorquino del Bronx hasta Acra. “El racismo en Estados Unidos es realmente un problema para un hombre negro. Comprendí que no debía quedarme en Nueva York, sino volver a casa y montar algo allí, en el lugar de donde soy”, explica Ninson.




En diciembre de 2022, el Centro Dikan abrió sus puertas. “Primero, nos dedicamos a escuchar a la comunidad artística de Acra”, recuerda Ninson. “Comprendimos que tenía que ser algo más que un archivo o una biblioteca. Así que decidimos hacer también un punto de encuentro, un lugar donde disfrutar del periodismo, de la fotografía y del arte. Para mí, Dikan es una especie de campus al estilo de la Universidad de Nueva York, donde las personas pueden aprender, pero también conocer gente”, se felicita.




¿Cómo crear un ecosistema africano para el arte que no sea una réplica de lo que los países occidentales consideran que es o debería ser el arte?






Al llegar a Dikan, el visitante se topa con una gran entrada pintada de negro y luego, a través de un patio lleno de estudiantes que hojean algunos de los libros de Dikan, se llega a la biblioteca, que alberga las decenas de miles de libros que Ninson consiguió enviar a Ghana. Entre los libros hay cámaras, documentos de identidad y otros objetos relacionados con el famoso fotógrafo ghanés James Barnor, cuyas sus fotografías decoran las paredes del centro.




Dikan ha ido adquiriendo una cierta fama y algunos fotoperiodistas de renombre como Pete Souza, que fue fotógrafo oficial de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, y conocidos editores de fotografía han acudido a Acra para ofrecer charlas sobre el oficio.




Ninson tiene aún muchos sueños por realizar, y quiere que Dikan forme parte del panorama artístico de Ghana. “La comunidad artística se está expandiendo, pero el arte es algo difícilmente accesible. La creación de instituciones artísticas no forma parte de nuestra cultura”, lamenta. “Y eso hace de esta tarea un auténtico reto: ¿cómo crear un ecosistema africano para el arte que no sea una réplica de lo que los países occidentales consideran que es o debería ser el arte?”, se pregunta.




Pero pese a todo los proyectos no le faltan, entre ellos, la creación de una escuela de periodismo. “Me considero un solucionador de problemas y en Acra veo aún muchos problemas que podríamos abordar y resolver, al menos en parte. Y sigo pensando que podemos servirnos de la educación visual para empoderar a la gente”, concluye.
El fantasma del Blog
Los 60 minutos de Ábalos ante el juez del Supremo: del "no estoy en condiciones" a la versión inverosímil






El ex ministro elude colaborar con la justicia pese a los nuevos indicios: niega haber amañado contratos y dice no reconocer su voz en los audios







Ángela Martialay
Manuel Marraco
Madrid
Actualizado Lunes, 23 junio 2025 - 22:52




Respuestas evasivas, inverosímiles y ambivalentes protagonizaron ayer de forma constante la declaración que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos decidió prestar en el Tribunal Supremo. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez comenzó su interrogatorio señalando que «su intención» era «colaborar» con la Justicia, pero acto seguido aseguró estar viviendo «una situación muy tensa» por lo que dijo no poder «establecer un relato coherente» sobre los hechos que se le atribuyen.




A su vez, el ex secretario de Organización del PSOE aseguró que «necesitaba algunos días» más para preparar su comparecencia judicial, para acto seguido añadir que estaba «en disposición» de contestar las preguntas que le formularan el magistrado Leopoldo Puente y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.




Y bajo este maremagnum de afirmaciones contradictorias, Ábalos comenzó a responder en el Supremo sobre amaños de obras públicas, la contratación de su amiga Miss Asturias en una filial de Renfe o el rescate de Air Europa.



El ex ministro sostuvo que le costaba «mucho» reconocerse en las grabaciones que realizó su ex asesor Koldo García, que no era su voz y que creía que las mismas habían sido manipuladas. Ábalos llegó a señalar que le costaba mucho pensar que Koldo había podido grabarle.



Lejos de colaborar con la Justicia, el ex ministro lo negó todo y ello pese a que su letrado había realizado un ofrecimiento a la Fiscalía el pasado jueves. Tal y como informó EL MUNDO, el abogado José Aníbal Álvarez acudió a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para mantener un encuentro con el fiscal jefe, Alejandro Luzón. El abogado de José Luis Ábalos sondeó a Luzón sobre la posibilidad de que su cliente colaborase con la Justicia y se encontró con la respuesta de que la Fiscalía no cierra pactos previos con ningún investigado.




La estrategia de defensa de Ábalos, que días atrás había alimentado la idea de que iba a tirar de la manta por el temor a acabar en prisión, continuó siendo la de negar las evidencias más elementales, como su propia voz. Su negativa a reconocer los hechos delictivos que se le atribuyeron coincidió con el silencio que decidió prestar ayer en sede judicial Koldo García.




51 preguntas





Después de que el instructor Puente le hubiera formulado un total de 51 preguntas, el imputado aseguró que «no se encontraba en condiciones de declarar» porque «le faltaban datos». Durante la comparecencia, de aproximadamente una hora, Ábalos negó cualquier vinculación con la adjudicación irregular de obra pública. Sostuvo que esos posibles amaños no tenían nada que ver con él porque pese a ser el ministro de Transportes «no tenía capacidad de gestión». Afirmó que «nunca» dio una instrucción sobre las mismas y que «nunca se involucró en las licitaciones».




Se le interrogó por los nombramientos en el Ministerio, y en concreto si había intervenido en ellos Santos Cerdán. Dijo que sí le había hecho alguna propuesta, pero como le llegaban de «muchísimas». Quiso mencionar al ex ministro y ex dirigente socialista «Pepiño Blanco», que según explicó le recomendó a Isabel Pardo de Vera, que fue nombrada presidenta de Adif y que está a punto de ser imputada.




El fiscal quiso saber qué habilitaba a Santos para abordar, como reflejan algunas grabaciones, adjudicaciones de Transportes. No tenía por qué, respondió Ábalos, añadiendo que él no podía «dar cuenta de los demás».




El magistrado centró otra parte del interrogatorio en la intervención de Ábalos en el rescate de Air Europa. En concreto, en la elaboración de una nota de prensa y un comunicado de la Sepi que publicitaban que el rescate estaba en camino y que respondían a los intereses de Globalia. Según los investigadores, se elaboraron debido a las gestiones con Koldo y Ábalos del investigado Víctor de Aldama, entonces contratado por la aerolínea de Javier Hidalgo. «¿Encargó usted la nota de prensa?», preguntó el juez. «La decisión de redactar la nota fue del secretario de Estado y la pidió él», desvió Ábalos, apuntando al ex número dos de Transportes, Pedro Saura.




En su turno, el fiscal jefe resaltó que, tras las gestiones, Ábalos disfrutó de unas semanas de vacaciones en un chalé de Marbella que no llegó a pagar. El ex ministro aseguró que pagó su parte en metálico, si bien no hay rastro de que sacara esos miles de euros -al menos 4.000, probablemente 9.000- de sus cuentas.




Las preguntas alcanzaron también a Claudia Montes, una ex Miss Asturias a la que conoció y que acabó contratada en LogiRail, filial de Renfe. Ábalos acotó su relación: la conoció en un acto del partido, se hicieron una foto y luego ella le contactó por Instagram. «Nunca tuve una relación con ella», dijo, asegurando que «jamás» la vio «más allá de la foto».
El fantasma del Blog
El juez Peinado pide al Supremo imputar a Bolaños por malversación y falso testimonio





El magistrado implica al ministro en la supuesta contratación irregular de la asesora de Begoña Gómez y pone sobre la mesa la posibilidad de registrar La Moncloa






J. J. Gálvez
Madrid
24 JUN 2025 - 10:17 CEST





El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez desde hace más de un año, ha solicitado ahora al Tribunal Supremo imputar al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio tras interrogarle como testigo en abril en la causa impulsada contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez ha enviado una exposición razonada al alto tribunal, ya que el representante del Ejecutivo se encuentra aforado. Peinado, responsable de un juzgado de instrucción ordinario de Madrid, no tiene competencias para imputarlo (solo puede hacerlo el Supremo).




En el documento remitido a la máxima instancia judicial, Peinado marca dos frentes contra Bolaños, responsable de las carteras de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Por un lado, el magistrado instructor afirma que “podría”, “en conexión con otras personas no aforadas”, haber incurrido en un delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. El juez lo señala por este fichaje pese a que, durante su declaración como testigo, Bolaños reiteró que no conocía a Álvarez de nada y que no la propuso para el cargo de libre designación.




El segundo delito que le atribuye es el de “falso testimonio”, en base a su propia declaración ante el juez. “[Bolaños] no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio prestado bajo juramento como testigo en su declaración del día 16 de abril del presente año”, le reprocha Peinado.




Este último movimiento de Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, se produce apenas tres meses después de haber abierto esta línea de investigación. El pasado 10 de marzo, el magistrado decidió impulsar una pieza separada dentro del sumario tras tomar declaración a Cristina Álvarez (a la que interrogó como testigo antes de imputarla); y a Alfredo González, quien fuera vicesecretario general de La Moncloa. El instructor quería indagar si se contrató a la asesora de la esposa de Sánchez para ayudarla con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Efectuó múltiples trabajos para [Gómez] sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas”, dice la exposición razonada, apoyándose en dos emails enviados por Álvarez.




La propia Álvarez negó esa tesis y, en una de sus comparecencias ante el instructor, aseguró que su trabajo consiste en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del Ejecutivo. Y añadió que solo le hizo algún favor en sus proyectos por su relación de amistad.



Sin embargo, las sospechas de Peinado escalan hasta uno de los miembros del Gobierno. “Todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas participes en dicho delito”, argumenta el juez para arremeter contra Bolaños, que era secretario general de la Presidencia cuando se nombró a Álvarez en 2018 —puesto que ocupó hasta 2021, cuando adquirió la condición de ministro—.




“[Bolaños] ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los presupuestos generales del Estado”, continúa el documento firmado por Peinado este lunes. Y sigue así con sus recriminaciones: “[El ministro] ha omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía, cuando se le han hecho preguntas como testigo y bajo juramente”. Peinado cree que le dan “evasivas” ante la pregunta de quién la contrató y quién la propuso.




El juez instructor remacha que “existen indicios razonables, sólidos y cualificados para considerar la participación a título de autor del aforado Félix Bolaños de un posible delito de falso testimonio, y a título de coautor de un delito de malversación de caudales públicos”. En la exposición razonada, de 32 páginas y a la que tuvo acceso EL PAÍS, Peinado amenaza con que, ante las “evasivas” del ministro, solo queda ya en este momento de la instrucción ordenar un registro en La Moncloa, “donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento de Cristina Álvarez”. Aunque, de seguido, él mismo se frena y asegura que, “por ahora”, sería una iniciativa desproporcionada.




Respuesta del Gobierno




El movimiento de Peinado ha generado una gran estupefacción en el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo subrayan que no “hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos”: “Es paradójico que el escrito [del magistrado] lo califique de ‘público y notorio’ cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación”.




Es más, el Gobierno acusa a Peinado de tergiversar las palabras de Bolaños para atribuirle un falso testimonio. “Estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó. Y un tribunal superior (la Audiencia de Madrid) rectificó el error. Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo”, afirman fuentes de Presidencia. “El escrito acusa al ministro de falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo. Sin embargo, la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones”, alegan estas mismas fuentes.
El fantasma del Blog
La Fiscalía destapa facturas falsas por 300.000 euros en el transporte escolar de la Junta andaluza en Cádiz





El ministerio público denuncia una malversación de fondos tras la alerta de la Intervención General, que remitió otros tres casos a la Oficina Andaluza Antifraude







Javier Martín-Arroyo
Sevilla
25 JUN 2025 - 05:40 CEST





La Fiscalía de Cádiz ha denunciado esta semana en los juzgados, tras un año y medio de investigación, el menoscabo económico de unos 300.000 euros por facturas falsas y trabajos no prestados en el servicio de transporte escolar gestionado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) del Gobierno autonómico (PP). El ministerio público incrimina a varios empleados de la agencia pública y empresarios por malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil, según fuentes de la Fiscalía.




La investigación surgió tras una denuncia de la Intervención General de la Junta, que en paralelo ha detectado irregularidades contables en el Parque de las Ciencias de Granada. Aunque la Fiscalía no vio delito en la gestión de este museo público, el Gobierno andaluz sí asumió un daño al erario y ahora reclama 120.000 euros a tres exresponsables del museo granadino. En paralelo, la Intervención también ha alertado a la Oficina Andaluza Antifraude tras detectar daños económicos en los controles económico-financieros que peinan las cuentas de estos organismos: la agencia agraria y pesquera Agapa, el Consorcio Fernando de los Ríos y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).




“Se habría contratado por 762.210 euros un servicio que hubiera debido tener un coste de 172.863 euros. De lo contratado, se indica que Marceli y Juanito SL [empresa de autobuses], habría emitido facturas por importe de 544.580 euros, de las que se habrían abonado 455.035 euros”, desgranó el interventor que destapó el caso en febrero de 2024, con 38 contratos menores duplicados entre 2022 y 2023.




El desbarajuste contable afecta a varias rutas de transporte escolar en la provincia gaditana, entre ellas el instituto Fernando Quiñones y el colegio José de la Vega en Chiclana de la Frontera, “prestándose el servicio una única vez, pero abonándose repetidamente a través de los diferentes expedientes con la misma empresa, Marceli y Juanito SL”, detalla el informe. Las pesquisas concluyeron con el despido de un administrador de gestión empleado en la agencia, que había ejecutado traspasos presupuestarios (barrados) sin seguir el procedimiento establecido. Este diario ha intentado recabar la opinión de Marceli y Juanito SL, pero no ha obtenido respuesta.




En paralelo, la Intervención remitió a la Fiscalía de Granada las irregularidades contables detectadas en el Parque de las Ciencias de esa ciudad, pero el ministerio público no apreció delito, según una portavoz del ministerio público. Sin embargo, el órgano fiscalizador de la Junta alertó de que su exdirector gerente Ernesto Páramo cobró dinero sin trabajar durante una época en 2020. Además, tras la pandemia y durante un tiempo prolongado, este directivo no acudió presuntamente a su puesto de trabajo y tampoco se le autorizó el teletrabajo.




Ahora la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reclama en los juzgados a Páramo 50.000 euros cobrados de manera supuestamente indebida. En paralelo, la consejería exige otros 70.000 euros a la ex directora gerente Cristina González, sucesora de Páramo, y al ex director económico del Consorcio público que dirige el museo granadino, Pablo Espinosa. El pasado otoño una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la procedencia del despido del exdirector económico, tras el recurso de este empleado.




La Intervención General denunció una serie de contratos efectuados por el museo, entre los que sobresale uno con la entidad Sede Electrónica SL por un supuesto conflicto de intereses por parte de un técnico del museo. El centro carecía de profesionales cualificados en ciertas áreas, por lo que estos trabajaban mediante contratos menores “perpetuados” en el tiempo, dada la experiencia que iban acumulando. Los contratos señalados, incluidos uno por la atención al público, ronda el millón de euros. Ahora la Junta afirma que actuará al respecto tras recibir informes jurídicos que avalan la reclamación de fondos por irregularidades contables.




“El Parque de las Ciencias era un proyecto artesanal y exitoso de público, pero otra cosa es el control de las cuentas”, resumen fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerdan que el museo aprueba este año por primera vez sus cuentas, después de tenerlas bloqueadas varios ejercicios, lo que permitirá el uso de 800.000 euros retenidos en tesorería.






Tres casos de irregularidades contables






Mientras, la Intervención General ha derivado tres casos de irregularidades contables a la Oficina Andaluza Antifraude por si debiera depurar responsabilidades contra los altos cargos responsables. A finales de 2023 comunicó a dicha oficina un informe remitido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el que denunciaba 27.373 euros percibidos de manera supuestamente indebida por los trabajadores del Consorcio de Mijas entre 2009 y 2021, por considerarlos “infracciones muy graves” en la gestión económica-presupuestaria, según la ley estatal de transparencia 19/2013. La interventora subrayaba los dos directores gerentes del Consorcio malagueño con posibles responsabilidades, de iniciales M. A. T. y V. M. L., que podrían ser destituidos o sancionados.




También remitieron los interventores informes a la Oficina Andaluza Antifraude por la gestión económica del Consorcio Fernando de los Ríos, donde detectó “contrataciones de personal no sometidas a informe de control previo”, considerada una “infracción grave” según la ley.




Por último, hace un año la Intervención alertó a esta oficina antifraude el informe definitivo de control financiero permanente sobre la agencia agraria y pesquera andaluza Agapa, dependiente de la Junta, entre 2019 y 2021. En dicho informe se recopilaba el seguimiento que Agapa había hecho del informe de cumplimiento de 2017, y la agencia había implantado 17 medidas recomendadas por la Intervención, pero había evitado implantar 18 y tenía en proceso de adaptar 21 medidas en abril de 2024. Es decir, un seguimiento de las medidas económico-financieras muy limitado para lograr ajustarse a la ley, especialmente las referidas a los ingresos y al personal.




La Oficina Andaluza Antifraude ha rechazado confirmar si se han derivado sanciones en los tres casos detectados por la Intervención. “La oficina no puede facilitar dato alguno relativo al estado de tramitación de procedimientos concretos”, alega un portavoz, que echa balones fuera y ni siquiera confirma que estén en investigación o concluidos.
El fantasma del Blog
Cerdán firmó un contrato por el que se comprometía a pagar 6.000 euros por el 45% de la empresa navarra clave de la trama





La UCO entrega al Supremo el documento intervenido en casa del empresario Alonso Egurrola






Óscar López-Fonseca y Reyes Rincón
Madrid
24 JUN 2025 - 18:53 CEST




Santos Cerdán, exdiputado y ex secretario de Organización del PSOE, firmó el 1 de junio de 2016 un contrato privado con el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola por el que pactaba pagar 6.000 euros por el 45% de Servinabar 2000 SL, la sociedad navarra a la que la Guardia Civil considera una de las supuestas tapaderas de los inicios de la trama de corrupción en la que están presuntamente implicados tanto el exdirigente socialista como su antecesor en ese cargo y exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. El precio está recogido en la copia del contrato de compraventa que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el registro de la casa del empresario y que ha enviado al Tribunal Supremo.




El documento, que fue localizado dentro de un maletín en el trastero del domicilio del empresario vasco durante el registro del pasado 10 de junio, tiene cuatro páginas, todas ellas firmadas supuestamente por Cerdán y Alonso “como intervinientes”, según detaca el instituto armado en el oficio remitido al magistrado Leopoldo Puente junto al contrato. También recalca que en el mismo aparece “estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar”. La UCO ha remitido el documento después de que el juez le solicitase que lo remitiera “a la mayor brevedad posible” y antes del próximo viernes al Supremo.




El contrato recoge que el exdirigente socialista y el empresario actúan en la compraventa “en su propio nombre y derecho” y detalla que, en el momento de la firma, el empresario era el único accionista de la mercantil y, por tanto, poseedor de sus 3.000 acciones con un valor nominal individual de un euro que componen el capital social. El acuerdo recoge que Alonso declara haber “recibido” el precio pactado por las 1.350 participaciones que supuestamente transmitió al político.




Tanto el exdirigente socialista, en sus declaraciones a los medios, como el empresario, con un comunicado, han negado en los últimos días haber realizado esa compraventa. La Guardia Civil señala en el oficio con el que ha remitido el documento al Supremo que el mismo fue “preceptivamente sellado por la letrada de la Administración de Justicia” del juzgado de Durango que asistió al registro como prueba de su veracidad. Servinabar 2000 fue creada el 4 de septiembre de 2015 por Alonso con el capital mínimo, 3.000 euros, y, según Informa, desde entonces hasta ahora en el registro el empresario ha figurado como único accionista y administrador, a pesar de que el documento ahora conocido apunta a que tan solo 10 meses después de constituirse una parte significativa de sus acciones pasaron supuestamente a ser propiedad de Cerdán.




El hallazgo de este documento ratificó, según la UCO, el presunto vínculo entre Cerdán y Servinabar 2000 SL que señalaban los agentes en el informe que entregaron al juez el 5 de junio y que ha generado un terremoto político que ha puesto al Gobierno y al PSOE contra las cuerdas. La UCO relaciona a esta empresa con el presunto amaño de varios contratos en Navarra en los primeros años de la trama, de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones y con varios flujos de dinero bajo sospecha. En todos ellos, Acciona concurrió en unión temporal de empresa (UTE) con Servinabar 2000 pese a que los agentes consideran que “no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido” que aportó esta última a la ejecución material de ambos proyectos, salvo, precisamente, la supuesta influencia para conseguirlo que daba la presencia de Santos Cerdán y Koldo García.




En el documento policial, entregado al magistrado Leopoldo Puente el pasado 5 de junio, en el que solicitaban los registros de la pasada semana, los investigadores ya afirmaban que Cerdán, pese a no figurar nominalmente en los órganos de gestión de la compañía, tenía “poder de decisión” tanto en esta como en otra sociedad participada por Alonso, la cooperativa Noran, “para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos y teléfonos, e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para él en 2017, cuando se trasladó a la capital tras cesar como parlamentario foral para asumir el puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, meses después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido. Por ello, el magistrado ordenó el registro tanto de la sede de la empresa, situada en Pamplona, como el domicilio en Elorrio (Bizkaia) del empresario vasco.




Tras recibir una copia del contrato entregado por la UCO al juez, fuentes de la defensa de Cerdán han señalado que el documento demuestro que no se trata de una escritura sino de “un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno”. “Se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar”, señalan estas fuentes que recalcan también que el objeto social de la empresa cuando se firmó ese contrato no era el mismo que tiene en la actualidad. Cuando se creó, en 2015, el objeto social de la empresa abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” y la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Años después, cambió al que tiene en la actualidad: “Elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”. Las fuentes de la defensa de Cerdán señalan que el exdirigente socialista “dará las oportunas explicaciones sobre este documento” en su declaración como investigado, prevista para el próximo lunes.





Escrito del PSOE






Por otra parte, el PSOE ha pedido al instructor que se realice un “expurgo” de la cuenta de correo electrónico corporativa de Cerdán, que fue clonada el pasado viernes por la UCO, para que se excluya “todo aquello no relacionado con el objeto de la causa” . En un escrito remitido al juez, el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, advierte de que Cerdán, como secretario de Organización, tenía atribuida la representación legal del PSOE, “con plenas facultades para realizar cualquier contratación en nombre del partido, así como asumir cualquier obligación por cualquier título o forma admitida” por el ordenamiento jurídico, por lo que advierten de que su cuenta de correo tenía “sin duda alguna” contenido relativo al funcionamiento interno, “ajeno al objeto de la causa”, que los socialistas consideran que deben quedar “preservadas”.




El PSOE, según expresa en su escrito, pretende que la labor de expurgo de los correos que no tengan información relevante se haga “bajo control judicial”. Acompañando al escrito, el partido remite al juez el reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde se detallan las competencias del secretario de Organización del partido.

El fantasma del Blog
Normas claras contra los conflictos de intereses





España sigue sin cumplir los estándares internacionales sobre conflictos de interés vigentes desde el año 1998. Una vergüenza democrática que se asienta sobre una legislación demasiado estrecha y con serias lagunas







Miriam González Durántez
Actualizado Miércoles, 25 junio 2025 - 00:04





Desde que comenzó la vorágine sobre los posibles conflictos de interés entre Pedro Sánchez y su esposa han pasado ya un año y dos meses. Durante ese tiempo, tanto el presidente como el líder de la oposición han hablado innumerables veces de la necesidad de regeneración democrática, transparencia y calidad institucional. Pero ninguno de los dos ha hecho nada por corregir los evidentes y preocupantes agujeros de nuestra legislación sobre este tipo de conflictos. Mucho blablablá, pero ni una sola acción.




El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) reabrir la investigación sobre si el presidente incurrió en un conflicto de interés en 2020 al no abstenerse de aprobar el rescate de 475 millones de euros de Air Europa, dadas las relaciones de su esposa con Globalia (matriz de la compañía aérea). La OCI cerró el asunto en su momento sin examinar si había habido un conflicto y ahora el tribunal le ha pedido que entre en el fondo del asunto.




Efectivamente, en marzo de 2024 la OCI determinó que una queja que el PP había presentado al respecto no podía prosperar, sin ni siquiera examinar los hechos. La OCI se basó en un breve informe de la Presidencia del Gobierno que indicaba que el rescate no afectó a los intereses personales de Sánchez ni de su esposa, ni supusieron beneficio o perjuicio alguno a los mismos; y que la esposa del presidente no tenía ninguna relación laboral o profesional que implicase el ejercicio de funciones de «dirección, asesoramiento o administración» en las empresas objeto de las decisiones adoptadas.




Aunque el PP ha interpretado la decisión del Tribunal Superior de Madrid como un triunfo, es difícil que cuando la OCI reexamine el asunto revoque su determinación inicial y confirme que ha existido un conflicto de interés. Y no porque el presidente no haya incurrido en un comportamiento éticamente reprobable. Sino porque la legislación española sobre conflictos de interés es demasiado estrecha y contiene agujeros serios. Aunque la esposa del presidente había obtenido un acuerdo de colaboración de la matriz de la aerolínea de 40.000 euros anuales -el conflicto potencial era claro y la apariencia de conflicto notoria-, ese acuerdo se materializó solo en una pequeña parte a causa del Covid. Pero es que, además, la relación de la esposa del presidente con la empresa no se corresponde con la estrecha tipología de relaciones laborales contemplada en nuestra ley de 2015.




¿Y quiénes son los autores de esa deficiente legislación de conflictos de interés? Pues ahí va lo bueno: esa joyita de ley es del Partido Popular.




En 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (cuando este tenía además mayoría absoluta), el PP aprobó la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, cuyos artículos 11, 12 y 19 cubren los conflictos de interés y establecen la creación de la OCI. Esa ley tiene lagunas, le falta rigor técnico y encima nació vieja porque ni siquiera cumplía los estándares internacionales del momento.




La ley de 2015 presenta tres problemas serios:




En primer lugar, cubre los conflictos de interés reales (los que se producen en el presente o se han producido en el pasado) y los potenciales (que se convertirían en reales si confluyen las circunstancias de hecho), pero no cubre los conflictos aparentes, es decir, los percibidos como tal por la opinión pública aunque no tengan existencia real. La OCDE lleva recomendando que todos sus Estados miembros incluyan los conflictos aparentes en su legislación desde 1998, porque esas apariencias de conflicto «entrañan el riesgo de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas». Es decir, que cuando el PP propuso la ley, la OCDE llevaba 17 años recomendando que se incluyeran esos conflictos aparentes. Pero al PP no le pareció importante cumplir con los estándares internacionales en la materia.




En segundo lugar (y esto es crucial), la ley contiene una definición demasiado limitada de las relaciones laborales o profesionales de familiares que podrían dar lugar a un conflicto de interés. Solo contempla las relaciones laborales o profesionales que impliquen el ejercicio de funciones de «dirección, asesoramiento o administración». Es decir, cualquier función que no sea estrictamente de «dirección, asesoramiento o administración» no está incluida. No hay que ser experto en conflictos de interés para darse cuenta de que esa redacción crea un agujero enorme. Las relaciones laborales mencionadas en la ley tendrían que haber sido solo ejemplos, porque las relaciones laborales de colaboración y sponsoring, por ejemplo, no están cubiertas por la definición. Pero es que además el agujero es creciente, porque la tipología de las relaciones laborales evoluciona con el tiempo.




Y en tercer lugar, la ley no contempla sistemas de prevención de conflictos como existen en otros países. Lo que la sociedad necesita no es solo castigar los conflictos cuando ocurren, sino evitar los conflictos antes de que se produzcan. Para ello necesitaríamos poner en marcha una Oficina de Ética que gestione situaciones como la que se ha producido con la esposa del presidente del Gobierno, asegurándose de que reciben toda la información de sus relaciones profesionales para retirar al presidente de cualquier decisión que tenga que ver con ellas. Son mecanismos sencillos que están perfectamente testados en otros países.




Tanto el Gobierno como la oposición son absolutamente conscientes de todas esas deficiencias de la ley de 2015. Y no solo porque se lo hayamos dicho y repetido desde la sociedad civil, sino porque esa ley ha merecido la reprobación continuada por parte del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y la Comisión Europea debido a las innumerables insuficiencias que presenta. Pero tanto el Gobierno como la oposición llevan años haciendo oídos sordos a esas críticas.




Para complicar aún más las cosas, ahora también tenemos una norma auto-reglamentaria que es el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE) de 2023. Ese sistema, que se ha tardado dos años en aprobar, crea un batiburrillo sobre conflictos impropio de un país como España. Incluye los conflictos aparentes, pero se remite a la Ley 3/2015, que no los incluye, y encima indica incorrectamente que la definición de la ley sí los incluye, lo cual es falso. Es decir, un lío que no soluciona y que seguramente hasta empeore las cosas. Por supuesto, no corrige la definición restrictiva de las relaciones laborales de los familiares. Ni instaura un sistema de prevención de conflictos.




En algún momento sería interesante calcular cuánto tiempo han invertido los presidentes, ministros de varios gobiernos, asesores, consultores, funcionarios, abogados del Estado, diputados, personal del Congreso, etc. en sacar adelante este deficiente sistema de conflictos de interés. Y multiplicar ese tiempo por lo que cada uno cobra de media por hora. Así nos daríamos cuenta del enorme desperdicio de recursos y de dinero en esta materia (y en muchas otras) en España.




Viendo este panorama -y teniendo los conflictos de interés en el foco mediático-, tanto al Gobierno como a la oposición les debería haber faltado tiempo para presentar una propuesta de modificación de esa legislación que la adapte a los estándares internacionales y a las recomendaciones del Consejo de Europa y la Comisión Europea. Pero ninguno de los dos ha movido un solo dedo al respecto.




Tanto Pedro Sánchez como Feijóo se vanaglorian constantemente de su compromiso con la regeneración, la calidad institucional y la democracia. Es una pena que dediquen tanto tiempo a pronunciar discursos vacíos y tan poco a suplir las enormes deficiencias de nuestro sistema. Podrían empezar por firmar el Código Ético de Gobierno de España Mejor, que incluye normas claras sobre conflictos. El hecho de que en 2025 España siga sin cumplir los estándares internacionales sobre conflictos de interés vigentes desde el año 1998 es una vergüenza democrática.




Miriam González Durántez es abogada y fundadora de la plataforma cívica España Mejor
El fantasma del Blog
Los kenianos vuelven a las calles un año después de las mortales protestas fiscales





La policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes que expresaban su ira contra el gobierno por las crecientes dificultades económicas y la falta de rendición de cuentas por los homicidios cometidos en manifestaciones anteriores.






Por Eva Sampson y Abdi Latif Dahir
Reporte desde Nairobi, Kenia
25 de junio de 2025, 7:04 a. m. ET




Miles de manifestantes marcharon por Kenia el miércoles para conmemorar un año desde que las enormes manifestaciones contra un polémico plan fiscal se volvieron mortales y dejaron al descubierto la creciente ira contra el gobierno del presidente William Ruto.




La policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes que ondeaban banderas kenianas y hacían sonar silbatos en el centro de Nairobi, donde los bancos y los negocios estaban cerrados en medio de una fuerte presencia de seguridad. Los agentes también cerraron algunas carreteras principales que conducen al centro de la ciudad y bloquearon las rutas que conducen al Parlamento con alambre de púas. En la ciudad costera de Mombasa, manifestantes con pancartas contra el gobierno se reunieron en el centro de la ciudad, según testigos e imágenes transmitidas por la televisión local.



"Muchos de nosotros estamos siendo asesinados sin razón", dijo Don Cliff Ochieng, un guardia de seguridad de 24 años en Nairobi que dijo que estaba protestando debido a la falta de oportunidades económicas y la brutalidad policial. "Es nuestro derecho manifestarnos", agregó.



El martes, el principal funcionario de la policía de Kenia, Douglas Kanja Kirocho, instó al público en un comunicado a "abstenerse de actos provocativos dirigidos a los agentes de policía en el desempeño de sus funciones".



Las protestas se producen un año después de que decenas de miles de kenianos salieran a las calles para desafiar un proyecto de ley de finanzas propuesto que muchos temían que aumentaría el costo de vida al aumentar los impuestos sobre los bienes y servicios cotidianos. Esas manifestaciones fueron movilizadas en gran medida por kenianos más jóvenes que utilizaron las plataformas de las redes sociales para manifestarse contra los planes.



Cuando los miembros del Parlamento aprobaron el proyecto de ley el 25 de junio del año pasado, los manifestantes se enfrentaron con la policía en Nairobi, y algunos irrumpieron en la legislatura, incendiando brevemente su entrada y obligando a los legisladores a huir.



En ese momento, Ruto llamó a los manifestantes "criminales peligrosos" y "traidores", y desplegó al ejército para ayudar a la policía a reprimir los disturbios.



Más de 60 personas murieron y cientos resultaron heridas, según grupos de derechos humanos. Decenas de personas, entre ellas activistas, trabajadores médicos y personas influyentes en las redes sociales, fueron secuestradas, interrogadas y torturadas, según entrevistas con activistas y abogados de derechos humanos.



La policía keniana ha negado en repetidas ocasiones haber atacado a los manifestantes durante los disturbios de 2024. Ruto ha dicho que todos los secuestrados o desaparecidos han sido devueltos a sus familias.



Un día después de esas protestas, Ruto se retractó de firmar el proyecto de ley, incluso después de haber insistido en que las medidas eran necesarias para revitalizar la asediada economía del país y evitar un impago de la deuda.



Los observadores dicen que la ira persistente combinada con las tensiones latentes sobre la continua falta de rendición de cuentas por la violencia del año pasado, junto con las persistentes dificultades económicas, estaban alimentando las manifestaciones de este año.



El miércoles, muchos manifestantes, algunos de ellos con rosas y fotografías de los que fueron asesinados el año pasado, corearon: "¡Ruto debe irse!".



Los manifestantes "no se sienten escuchados y hay una sensación de que las cosas realmente no han cambiado desde las protestas del año pasado", dijo Meron Elias, analista de África Oriental del International Crisis Group, un grupo sin fines de lucro. "Quieren recordarle al gobierno que este no es un problema que vaya a desaparecer fácilmente", agregó.



Ruto, que fue elegido en 2022 con la promesa de mejorar a los pobres, se enfrenta a una creciente crisis política. Los críticos dicen que no ha cumplido sus promesas, citando el aumento de los impuestos, los escándalos de corrupción en su gobierno, el estilo de vida opulento de sus aliados y una represión cada vez más dura de la disidencia.


Ruto reiteró su apoyo a la policía antes de las últimas protestas. El martes, en un discurso en su residencia oficial en Nairobi ante un grupo que incluía a algunos de sus ministros del gabinete, dijo: "No se puede intimidar a la policía. No se puede usar la fuerza contra la policía, ni insultar o amenazar a la policía. Están amenazando a nuestra nación".


Los manifestantes también regresaron a las calles el miércoles después de que un hombre recibiera un disparo en la cabeza en Nairobi la semana pasada durante una manifestación contra la violencia policial. Esas manifestaciones habían sido impulsadas por la muerte de Albert Ojwang, un bloguero que murió bajo custodia policial después de ser arrestado por un cargo de "publicación falsa".


Los medios de comunicación locales informaron que personas vestidas de civil y armadas habían acompañado a la policía en la represión de las protestas la semana pasada.



Una declaración conjunta emitida el martes por varios gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, criticó el uso de "oficiales vestidos de civil en vehículos sin identificación" y expresó su preocupación por el "uso de 'matones' contratados para infiltrarse o interrumpir reuniones pacíficas".



El miércoles, muchos manifestantes dijeron que solo querían conmemorar a los que murieron el año pasado.


"Los estamos honrando", dijo Joann Nancy, una estudiante de 21 años. "Solo espero que nadie muera".



Eve Sampson es una reportera que cubre noticias internacionales y miembro de la clase 2024-25 Times Fellowship, un programa para periodistas en las primeras etapas de sus carreras.

Abdi Latif Dahir es el corresponsal para África Oriental de The Times, con sede en Nairobi, Kenia. Cubre una amplia gama de temas, incluyendo geopolítica, negocios, sociedad y artes.
El fantasma del Blog
Quién paga la factura de la corrupción






La ceguera selectiva de los votantes con las corruptelas de los partidos a los que apoyan es hoy mayor que en el pasado, pero los de izquierdas siguen siendo más críticos que los de derechas






Oriol Bartomeus
26 JUN 2025 - 05:30 CEST






La corrupción se ha adueñado otra vez de la conversación pública y, como en ocasiones anteriores, no la va a dejar. El último (o penúltimo) giro del caso Koldo nos sitúa de lleno en un escenario ya conocido, aunque de contornos difusos, puesto que no se sabe hasta dónde va a llegar la mugre que impregna al trío formado por los dos últimos secretarios de organización del PSOE y su asesor para todo. La corrupción ligada a la actividad política ha sido una constante de la España democrática, en todos los niveles de gobierno (local, autonómico y estatal) y en buena parte de los partidos (más en aquellos que han ocupado más plazas de poder).




La corrupción impacta de lleno en los partidos que se ven implicados en ella. O no. O no directamente. En enero de 2013, se hicieron públicos los llamados papeles de Bárcenas. En marzo, la corrupción y el fraude eran considerados uno de los tres principales problemas del país por el 44% de los electores, que aumentó hasta el 64% en noviembre de 2014. A pesar de ello, el PP de Mariano Rajoy ganó las elecciones un año después, aunque con una caída importante en votos y escaños. ¿Quiere esto decir que la corrupción no pasa factura a los partidos que se ven implicados en ella?




Los trabajos científicos son claros al respecto. La corrupción impacta en los partidos, pero con dos salvedades. Una primera es que probablemente su impacto es menor del que quisiéramos, en el sentido de que la implicación en un caso de corrupción no dinamita los partidos, no los borra. Les inflige un correctivo, a veces severo, pero no es una condena de muerte. En segundo lugar, este correctivo a la corrupción no se da siempre y en todos los casos, sino sólo cuando concurren ciertas circunstancias.




En primer lugar, para que la corrupción afecte al apoyo a un partido, su votante debe considerarla como algo especialmente grave, algo que no siempre sucede. En este sentido, la corrupción afecta más a los partidos de izquierda que a los de derecha, puesto que una parte mayor del voto a estos últimos tiende a considerar la corrupción como algo consustancial al ejercicio de la política, de manera que, cuando afloran los casos de corrupción, una parte del voto de la derecha no entiende que deba modificar su elección. Entre los votantes de izquierda, en cambio, el efecto de la corrupción resulta más devastador, puesto que son más entre estos los que consideran que la corrupción no es indisociable de la actividad política, sino todo lo contrario. Para la mayoría del voto de la izquierda la corrupción es literalmente inadmisible, y por ello el impacto de un caso de corrupción tiende a ser mayor en los partidos de este espacio.




Pero más allá de esta diferencia de base entre votantes de izquierda y de derecha, la reacción ante la corrupción depende de diversos factores. Por lo general, los electores no quieren votar a partidos o líderes que estén implicados en casos de corrupción, pero para no hacerlo deben darse una serie de circunstancias. En primer lugar, esos electores deben conocer el caso de supuesta corrupción en la que ha incurrido su partido. Aunque esto parezca obvio, no lo es tanto, pues no sólo se debe conocer el caso, sino que se debe entender como tal; es decir, el elector debe asumir que aquellas informaciones que le llegan realmente apuntan a un aprovechamiento de la posición del partido para fines espurios. Y eso ya no es tan sencillo, puesto que existen cortafuegos cognitivos en la mente de los individuos que les permiten no creer aquellas informaciones que contradicen sus ideas preconcebidas.




En este espacio es donde juegan tanto los partidos como los medios de comunicación cuando estalla un presunto caso de corrupción. Es lo que se ha llamado estos días “perimetrar” del caso. Uno puede asumir que el partido por el que habitualmente vota está implicado en un caso de corrupción, pero al mismo tiempo estar convencido (o querer estar convencido) que dicho caso no afecta al partido como tal sino a algunas figuras, por más relevantes que sean. Si se entiende el caso como circunscrito a unas cuantas personas determinadas (las “manzanas podridas”), el elector no verá la necesidad de cambiar su voto. Si, además, la información que le llega sobre la supuesta corrupción se la sirve un medio que no merezca credibilidad por parte del votante, el impacto de la corrupción sobre este será nulo, o incluso reforzará su elección.




Este tipo de ceguera selectiva es hoy mayor que en el pasado. La segmentación de los entornos comunicativos permite la coexistencia de mundos paralelos que viven en realidades opuestas, alimentadas por medios que se dirigen a públicos muy selectivos, a los cuales nutren con dietas informativas que buscan la retroalimentación de ideas preconcebidas. Uno de sus efectos es la futbolización de la política, la conversión de los electores en hooligans y de la información política en información cuasi futbolística, convirtiendo los programas políticos en un remedo de El Chiringuito de Jugones. El resultado es un elector que ve penalti en cada jugada en el área contraria, pero se muestra incapaz de verlo en el área propia. De aquí que el posible efecto de la corrupción de los propios quede matizado (que no perdonado) y no implique la inmediata retirada del apoyo.




Además de esa ceguera selectiva, el elector que se encuentra con un caso de corrupción en su partido sólo lo castigará si se cumplen dos condiciones. La primera, que exista una alternativa viable en la que recalar el voto, cosa que no siempre ocurre, y aún menos en un escenario de polarización en el que el votante percibe una distancia enorme entre los partidos, casi existencial. Un ejemplo de ello es el escasísimo tránsito que detectan las encuestas entre PP y PSOE respecto a hace 30 años y, en cambio, el intenso trajín en los extremos (especialmente entre el PP y Vox). En segundo lugar, este votante debe considerar que el supuesto caso de corrupción es suficientemente importante como para prescindir de cualquier otro factor. Al fin y al cabo, la decisión electoral no depende de una sola variable, y el elector tiende a jerarquizar los diferentes temas que baraja para tomar su decisión final de votar por un partido determinado. Por ello, los partidos afectados intentan esperar a que amaine el ruido desatado por los escándalos de corrupción antes de llamar a las urnas, del mismo modo que sus rivales aprietan para tener elecciones cuanto antes, precisamente para que el elector sitúe la corrupción en lo alto de los ingredientes que va a mezclar en su coctelera.




Más allá del efecto inmediato que pueda tener sobre determinados partidos, la factura de la corrupción también se paga en diferido. La corrupción actúa como una termita del sistema democrático que va horadando sus cimientos poco a poco, minando la confianza de la ciudadanía en sus representantes y reforzando la idea que “los políticos” son todos iguales y que sólo buscan su interés personal. El 75% del censo electoral así lo cree, según el CIS. Los que más creen eso son los nacidos en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, la generación de la democracia, más que sus padres y madres, los que hicieron la Transición. Algo ha salido mal en la transmisión de los valores, y lo estamos pagando. Y lo vamos a seguir pagando en el futuro.




Oriol Bartomeus es profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona.


El fantasma del Blog
La guerra del Sahel se concentra en sus carreteras






Dos de cada tres ataques de grupos terroristas en África occidental entre 2000 y 2024 tuvieron lugar a menos de un kilómetro de la red viaria






José Naranjo
Dakar (Senegal)
26 JUN 2025 - 05:30 CEST





La región del Sahel, en África occidental, es en la actualidad el epicentro del terrorismo mundial y en 2024 concentró el 51% de las muertes por esta causa, según el Índice Global de Terrorismo. Una investigación científica revela ahora que dos de cada tres incidentes violentos en esta región entre 2000 y 2024 se produjeron a menos de un kilómetro de una carretera, lo cual, para sus autores, muestra claramente que la red viaria se ha convertido en un campo de batalla entre grupos armados y fuerzas de defensa y seguridad. En concreto, un puñado de vías de Malí, Nigeria y Burkina Faso, junto a otras de Camerún y Chad en África Central, son escenario de ataques reiterados y se han convertido en las más peligrosas del continente.




Un artículo, que lleva como título Violencia política e infraestructura de transportes en África Occidental, publicado primero en African Security Review y luego reproducido por The Conversation, muestra de qué manera las carreteras son a la vez objetivo y facilitador de los ataques terroristas y cómo su escasa penetración o el mal estado de muchas de ellas, sin asfaltar o muy deterioradas, sitúa en desventaja a los ejércitos que combaten a los grupos armados. Sus autores, Olivier Walther, profesor asociado de Geografía de la Universidad de Florida; Alexander John Thurston, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Cincinnati, y Steven Radil, profesor asistente de Geociencias de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, coinciden en que estos actores estatales y no estatales compiten de manera feroz por el acceso y uso de las carreteras de la región.




De los 58.000 sucesos violentos investigados por los autores entre 2000 y 2024, el 65% se produjeron a menos de un kilómetro de una carretera y tan solo el 4% a una distancia de más de 10 kilómetros. Debe tenerse en cuenta que África occidental cuenta con una red viaria precaria, con tan solo el 17% de sus 709.000 kilómetros asfaltados, aunque tras este porcentaje se esconden grandes diferencias entre países: en Senegal hay un 37% de carreteras asfaltadas y en Malí, un 7%.




Los números no mejoran con los años. Entre 2000 y 2015 tan solo se reportaron 31 ataques o emboscadas a convoyes en Burkina Faso, Chad, Malí y Níger, mientras que entre 2016 y 2023 fueron 493, aunque la proporción de incidentes violentos cometidos a poca distancia de las carreteras sí disminuyó ligeramente en los últimos años, a medida que los grupos yihadistas se concentraban más en las zonas rurales.




Los autores del estudio señalan algunas de las carreteras donde se han producido más incidentes violentos de África occidental. En Malí, el eje que une Mopti-Sevaré con Gao y las dos que enlazan esta ciudad con la frontera nigerina y con Menaka. En Burkina Faso, todas las vías que unen a Malí con Djibo se han visto seriamente afectadas, mientras que en Nigeria se encuentran los tramos más largos y peligrosos, en concreto todas las vías que conectan Maiduguri, en el Estado de Borno, con Damaturu, Potiskum, Biu y Bama, donde Boko Haram o la Provincia del Estado Islámico de África Occidental son especialmente activos. En África Central, la carretera de circunvalación de 350 kilómetros, que une Bamenda con Kumbo y Wum, en Camerún, ha registrado nada menos que 757 eventos violentos desde 2018 debido al conflicto que enfrenta a los separatistas de Ambazonia con el Gobierno.






De los 58.000 eventos violentos investigados por los autores entre 2000 y 2024, el 65% se produjeron a menos de un kilómetro de una carretera y tan solo el 4% a una distancia de más de 10 kilómetros






“El número total de ataques contra la infraestructura de transporte ha experimentado un aumento considerable desde mediados de la década de 2010, pero la proporción de incidentes perpetrados en las inmediaciones de las carreteras ha disminuido en los últimos años. A medida que los yihadistas se expanden, se producen más incidentes en zonas con mala conexión al sistema de transporte y, por lo tanto, la proporción de incidentes ubicados cerca de las carreteras tiende a disminuir”, asegura por correo electrónico a este periódico Olivier Walther.



“Si bien la violencia se concentra proporcionalmente menos cerca de las carreteras, la proximidad a la infraestructura de transporte sigue siendo clave para explicar la distribución de la violencia en la región. Gran parte de esta aún se produce a una distancia de uno a cuatro kilómetros de una carretera, en particular los artefactos explosivos improvisados, las emboscadas contra convoyes y los secuestros”, precisa Walther, uno de los autores del artículo.




La falta de una red viaria en buenas condiciones y el pobre mantenimiento de la existente juegan en contra de las fuerzas de seguridad. En primer lugar, porque allí donde no hay desarrollo es más fácil que prenda la insurgencia. Tal y como aseguran los autores, “ciudades periféricas como Bardaï, Bilma, Kidal y Tombuctú, donde históricamente se han desarrollado movimientos rebeldes, todavía no están conectadas a la red nacional por carreteras asfaltadas”. Pero también porque la movilidad de las fuerzas de defensa es una parte importante de la contrainsurgencia estatal. “La expansión de las organizaciones yihadistas por África occidental es un ejemplo casi perfecto de guerra revolucionaria en la que la movilidad es clave (…) Los grupos yihadistas utilizan vehículos ligeros y motocicletas para atacar a las fuerzas gubernamentales donde son más vulnerables, evitar batallas prolongadas en la medida de lo posible y aislar a la población civil recalcitrante mediante el establecimiento de bloqueos urbanos”, asegura Walther.





Las fuerzas de contrainsurgencia contemporáneas no han logrado ser tan móviles como los insurgentes

Olivier Walther, coautor del estudio





Frente a esta mejor adaptación al terreno, “las fuerzas de contrainsurgencia contemporáneas no han logrado ser tan móviles como los insurgentes. Para proteger sus efectivos, han construido enormes puestos militares de avanzada, que son muy costosos y están demasiado alejados entre sí para ser relevados, como lo demuestran claramente los ejemplos de Indelimane, e Inates", explica el experto, refiriéndose a dos ataques yihadistas perpetrados en 2019 en Malí y Nigeria, respectivamente. “Los insurgentes no necesitan tomar estas bases a menos que necesiten armas. Pueden circular alrededor de ellas y movilizar a la población civil”, añade.




A juicio de su colega Steven Radil, “la geografía y el clima únicos del Sahel sin duda contribuyen a ello. Es relativamente llano y con escasa vegetación, con suelos arenosos, lo que hace que la movilidad fuera de las carreteras sea menos desafiante que si alguna de estas características fuera diferente”. Para los autores, el desarrollo económico y la seguridad están entrelazados y la red de carreteras juega un rol clave. “Sospecho que los expertos en el Imperio Romano tendrían algo que decir sobre la importancia de las calzadas romanas, tanto para la riqueza de Roma como para su capacidad de proyectar poder en todo el imperio. De manera similar, el esfuerzo por construir el sistema interestatal de los Estados Unidos tuvo en mente tanto la seguridad interna como el desarrollo económico”, concluye Radil.
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Al menos 8 personas mueren en enfrentamientos entre manifestantes y policías en Kenia





Los manifestantes se unieron a las marchas antigubernamentales en todo el país un año después de que enormes manifestaciones contra un polémico plan fiscal dejaran más de 60 muertos.






Por Eva Sampson y Abdi Latif Dahir
Reporte desde Nairobi, Kenia
25 de junio de 2025




Al menos ocho personas murieron y cientos resultaron heridas en Kenia el miércoles, dijeron grupos de derechos humanos, mientras miles de personas se enfrentaban a la policía en medio de protestas en todo el país que dejaron al descubierto la ira contra el gobierno del presidente William Ruto.



La policía disparó munición real, balas de goma y gases lacrimógenos, y roció cañones de agua contra los manifestantes que ondeaban banderas kenianas y hacían sonar silbatos en el centro de Nairobi, donde los bancos y los negocios estaban cerrados en medio de una fuerte presencia de seguridad. Los agentes también cerraron algunas carreteras principales que conducen al centro de la ciudad y bloquearon las rutas que conectan con el Parlamento con alambre de púas.



Las marchas del miércoles marcaron el aniversario de enormes manifestaciones contra un polémico plan fiscal, que terminó el año pasado con más de 60 personas muertas. A raíz de esas protestas, decenas de personas, entre ellas activistas, trabajadores médicos y personas influyentes en las redes sociales, fueron secuestradas, interrogadas y torturadas, según entrevistas con activistas y abogados de derechos humanos.


Las protestas de este año ya han demostrado ser peligrosas. Al menos 400 personas resultaron heridas en las protestas del miércoles, 83 de ellas de gravedad, dijo una alianza de organizaciones de base en un comunicado el miércoles por la noche.


Al menos ocho manifestantes recibieron atención médica por heridas de bala, y entre los heridos había tres policías, dijeron esos grupos.


"Muchos de nosotros estamos siendo asesinados sin razón", dijo Don Cliff Ochieng, un guardia de seguridad de 24 años en Nairobi que dijo que estaba protestando por la falta de oportunidades económicas y la brutalidad policial. "Es nuestro derecho manifestarnos", agregó.



El martes, el principal funcionario de la policía de Kenia, Douglas Kanja Kirocho, instó al público en un comunicado a "abstenerse de actos provocativos dirigidos a los agentes de policía en el desempeño de sus funciones".



El gobierno de Kenia ordenó a todas las estaciones de radio y televisión que cesaran la cobertura en vivo de las protestas, una medida ampliamente criticada por asociaciones de medios y grupos de derechos humanos. Al menos dos emisoras privadas dijeron que las autoridades habían cortado sus señales. También hubo una restricción en la aplicación de mensajería Telegram, según el grupo de vigilancia de Internet NetBlocks.


El miércoles, muchos manifestantes, algunos de ellos con rosas y fotografías de los que fueron asesinados el año pasado, corearon: "¡Ruto debe irse!".


Los manifestantes "no se sienten escuchados, y hay una sensación de que las cosas realmente no han cambiado desde las protestas del año pasado", dijo Meron Elias, analista de África Oriental del International Crisis Group, un grupo sin fines de lucro. "Quieren recordarle al gobierno que este no es un problema que vaya a desaparecer fácilmente", agregó.


El año pasado, decenas de miles de kenianos salieron a las calles para desafiar un proyecto de ley de finanzas que muchos temían que aumentaría el costo de la vida al aumentar los impuestos sobre los bienes y servicios cotidianos. Esas manifestaciones fueron movilizadas en gran medida por kenianos más jóvenes que utilizaron las plataformas de las redes sociales para manifestarse contra los planes.



Cuando los miembros del Parlamento aprobaron el proyecto de ley el 25 de junio del año pasado, los manifestantes se enfrentaron con la policía en Nairobi, y algunos irrumpieron en la legislatura, incendiando brevemente su entrada y obligando a los legisladores a huir.


En ese momento, Ruto llamó a los manifestantes "criminales peligrosos" y "traidores", y desplegó al ejército para ayudar a la policía a reprimir los disturbios.


La policía keniana ha negado en repetidas ocasiones haber atacado a los manifestantes durante los disturbios de 2024. Ruto ha dicho que todos los secuestrados o desaparecidos han sido devueltos a sus familias.


Un día después de esas protestas, Ruto se retractó de firmar el proyecto de ley, incluso después de haber insistido en que las medidas eran necesarias para revitalizar la asediada economía del país y evitar un impago de la deuda.



Los observadores dicen que la ira persistente por la continua falta de rendición de cuentas por la violencia del año pasado, junto con las persistentes dificultades económicas, estaba alimentando las manifestaciones de este año.


Ruto, que fue elegido en 2022 con la promesa de mejorar a los pobres, se enfrenta a una creciente crisis política. Los críticos dicen que no ha cumplido sus promesas, citando el aumento de los impuestos, los escándalos de corrupción en su gobierno, el estilo de vida opulento de sus aliados y una represión cada vez más dura de la disidencia.


Ruto reiteró su apoyo a la policía antes de las últimas protestas. El martes, en un discurso en su residencia oficial en Nairobi ante un grupo que incluía a algunos de sus ministros del gabinete, dijo: "No se puede intimidar a la policía. No se puede usar la fuerza contra la policía, ni insultar o amenazar a la policía. Están amenazando a nuestra nación".



La semana pasada, un hombre recibió un disparo en la cabeza en Nairobi durante una manifestación contra la violencia policial. Esa manifestación y otras habían sido impulsadas por la noticia de la muerte de Albert Ojwang, un bloguero que murió bajo custodia policial después de ser arrestado por un cargo de "publicación falsa".


Los manifestantes y los medios de comunicación locales informaron que personas vestidas de civil y armadas habían acompañado a la policía en la represión de las protestas la semana pasada.


Una declaración conjunta emitida el martes por varios gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, criticó el uso de "oficiales vestidos de civil en vehículos sin identificación" y expresó su preocupación por el "uso de 'matones' contratados para infiltrarse o interrumpir reuniones pacíficas".



El miércoles, muchos manifestantes dijeron que solo querían conmemorar pacíficamente a los que murieron el año pasado.



—¿Nos ves con algún arma? Audrey Bartai, una estudiante de 18 años, dijo. "No. Tenemos derecho a protestar".



Eve Sampson es una reportera que cubre noticias internacionales y miembro de la clase 2024-25 Times Fellowship, un programa para periodistas en las primeras etapas de sus carreras.


Abdi Latif Dahir es el corresponsal para África Oriental de The Times, con sede en Nairobi, Kenia. Cubre una amplia gama de temas, incluyendo geopolítica, negocios, sociedad y artes.
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Entrecanales desliga a Acciona del amaño de contratos y dice que su exjefe en Navarra “tenía autonomía” para introducir a Servinabar





El ejecutivo afirma que las obras investigadas por la UCO “representan un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción”






Javier F. Magariño
Madrid
26 JUN 2025 - 12:50 CEST




El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha intentado descargar esta mañana de responsabilidad a su empresa sobre el presunto amaño de cinco contratos de Adif y la Dirección General de Carreteras, investigados por la UCO dentro del caso Cerdán. El ejecutivo, que ha reconocido un impacto reputacional, pero no en el negocio ni en la cotización de Acciona, ha intervenido en la junta de accionistas de la compañía dedicando varios minutos a desligar a su corporación del relato construido por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el pago de supuestas mordidas a responsables del PSOE. El informe policial reúne, a lo largo de 500 páginas, indicios que se sostienen en grabaciones de llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intervenidos a Koldo García.




El primer ejecutivo de Acciona achaca cualquier posible actividad ilícita a la actuación del exdirectivo Fernando Merino y de la pequeña constructora navarra Servinabar, aliada de Acciona en distintos proyectos. Despedido en abril de 2021, Merino era responsable de Acciona Construcción en La Rioja y Navarra, y su nombre aparece en el informe de la UCO como una de las figuras clave en la presunta trama corrupta que intercambiaba proyectos de obra pública por pagos ilícitos. Entrecanales ha afirmado que, cinco niveles por debajo de la presidencia, Merino tenía autonomía de acción sobre la contratación, pero también ha asegurado taxativamente que no disponía de libre acceso a fondos de Acciona para el pago de supuestas mordidas.




La UCO interpreta que Acciona habría repartido 550.000 euros, y habría dejado pendiente de abono otros 450.000 euros, al triángulo formado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el asesor de este último Koldo García, señalados por la UCO como principales integrantes de la presunta trama corrupta. El responsable jurídico de Acciona, José Julio Figueroa, ha calificado de “presunciones” el contenido del dosier de la Guardia Civil, y ha afirmado ante los medios que la empresa podría personarse en el caso como damnificada.




Sobre el conocido como “triángulo tóxico”, en palabras de la ministra Pilar Alegría, Entrecanales ha dado su palabra de no conocer ni haber mantenido contacto alguno con Santos Cerdán o Koldo García. En cuanto a Ábalos, el empresario ha señalado que “a ese sí le conozco”. José Manuel Entrecanales tuvo una “reunión de cortesía” en el Ministerio de Transportes cuando Ábalos fue nombrado ministro en julio de 2018: “Suelo mantener este tipo de reuniones de forma frecuente con autoridades españolas y extranjeras. Es parte de mi trabajo”. La cita, registrada en los anales del ministerio y que también fue circunscrita por la UCO al ámbito protocolario, sirvió para despachar “sobre generalidades durante un rato”.



Ante la junta de accionistas, Entrecanales ha reafirmado “de forma clara y rotunda el compromiso de Acciona con el más profundo respeto a la legalidad y a la ética empresarial”. El ejecutivo ha relatado cómo “en los últimos días han trascendido informaciones acerca de supuestas irregularidades que involucran, entre otros, a un exempleado de Acciona Construcción [por Fernando Merino] y a una tercera empresa objeto de investigación judicial [por Servinabar]. Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor”.




Libertad para atraer socios





En seis pasos, el que también es primer accionista del grupo de infraestructuras ha señalado que “los hechos se relacionan directamente con la conducta de un exempleado de una filial del grupo –Acciona Construcción– que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares". En segundo lugar, ha explicado que Merino, nombre al que no se ha referido en ningún momento de forma explícita en la junta, pero sí ante los medios, “actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos cuyo volumen agregado, sin restar importancia a su cuantía, representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción”. Entrecanales ha estimado que la obra pública en España representa un 3% del negocio del grupo.




El directivo Merino “habría introducido una empresa externa [por Servinabar], ahora bajo investigación, en el ecosistema de más de 30.000 empresas colaboradoras de Acciona”, ha dicho Entrecanales. Y a renglón seguido, ha recordado a los accionistas que ya se ha producido el despido del responsable del negocio de construcción en España, Justo Vicente Pelegrini, “en la medida en que tales hechos pudieran revelar una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección y supervisión”. También ha subrayado que está en curso una investigación interna “para determinar si, y en su caso, cómo, los controles previstos en nuestras políticas y procedimientos pudieran haber sido incumplidos o eludidos”.




Acciona ha iniciado los trámites legales para la “definitiva terminación de los contratos con la empresa en cuestión [Servinabar], objeto de investigación, por incumplimiento de nuestros estándares normativos y de conducta”.





Colaboración con la justicia






Toda la culpa, de haberla, sería de un jefe que actuaba con máxima autonomía, según la versión de José Manuel Entrecanales, que ha argumentado que el funcionamiento de grandes empresas se basa en los sistemas de control y en la confianza: “No podemos poner un vigilante detrás de cada directivo”, ha llegado a decir en un encuentro con la prensa.





Minutos antes, ante los inversores de Acciona, se comprometió a “proteger la integridad de nuestra organización y, por supuesto, colaborar con las autoridades en lo que sea necesario”. La UCO requirió días atrás la documentación sobre los cinco contratos en cuestión y el contenido del correo electrónico de Fernando Merino. Y Acciona, según el jefe del departamento jurídico, cumplió de inmediato. La empresa no ha llegado a ser registrada por la unidad policial que es ordenada en este caso por el Tribunal Supremo.




Las adjudicaciones que aparecen en la investigación son el soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia (158,8 millones de importe de adjudicación); la ejecución de la plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera (121,2 millones de euros); la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja (92,4 millones); obras en el puente sevillano del Centenario (102,8 millones) y la ejecución de la integración del ferrocarril en Sant Felui de Llobregat (62 millones). El abogado de la casa, José Julio Figueroa, ha recordado que ninguna de esas adjudicaciones fue impugnada por la competencia y que los concursos fueron acorde con la Ley de Contratos del Sector Público. También se ha referido a que la composición de las mesas de contratación, con abogados e interventores del Estado, hacen prácticamente imposible cualquier tipo de amaño.




Acciona cuenta con 66.000 empleados y más de 30.000 empresas asociadas, con las que trabaja en 40 países. La dirección sostiene que en todos esos mercados actúa “conforme a los más altos estándares de cumplimiento normativo y sometemos nuestras actividades y nuestras alianzas a estrictos mecanismos de control y de auditoría internos y externos”, ha sostenido Entrecanales. También da por sentado que todos sus trabajadores y colaboradores “conocen y entienden nuestras normas y mecanismos de control y si se constataran incumplimientos individuales de las mismas o la elusión de controles, adoptaremos las medidas oportunas con toda contundencia posible”.




La resistencia de la cotización de Acciona al supuesto caso de corrupción aflorado por la Guardia Civil se ha convertido en una sentencia definitiva a favor para la alta dirección de Acciona. “Creemos que no sufriremos un impacto negativo. La acción ha subido un poquito desde que se dio el problema, y el juicio más comprometido para nosotros es el de los inversores que depositan su dinero. Acciona tiene más inversores que compran que los que venden”, ha celebrado el presidente Entrecanales.
El fantasma del Blog
«Somos prostitutas intelectuales encargadas de destruir la verdad»





En un discurso de despedida tan deslumbrante como incómodo, Swinton levantó el velo sobre lo que pocos se atreven a admitir en voz alta: el papel del periodista, según él, ya no es buscar la verdad, sino distorsionarla.

Antes de pronunciar uno de los discursos más inquietantes jamás pronunciados sobre el periodismo, John Swinton era una figura respetada en el panorama mediático estadounidense del siglo XIX.


Nacido en 1829 en Escocia, emigró a los Estados Unidos a una edad muy temprana y se estableció en Nueva York. Inicialmente tipógrafo, ascendió en el mundo de la prensa gracias a su talento para la escritura y su compromiso social. Se convirtió en redactor jefe del prestigioso New York Times, antes de colaborar con otros grandes periódicos como el New York Sun.


Fue al final de su carrera, durante un banquete de despedida, cuando pronunció este famoso discurso, amargo y lúcido, denunciando los compromisos de la prensa con los poderes del dinero.









CITA


Discurso del periodista John Swinton, en el banquete del gremio de prensa en New York, año 1.880





“No existe lo que se llama prensa independiente, a menos que se trate de un periódico de una pequeña villa rural. Vosotros lo sabéis y yo lo sé. No hay ni uno solo entre vosotros que ose expresar por escrito su honrada opinión, pero, si lo hiciera, sabéis perfectamente que vuestro escrito no sería nunca publicado.


Me pagan 150 dólares semanales para que no publique mi honrada opinión en el periódico en el cual he trabajado tantos años. Muchos, entre vosotros, reciben salarios parecidos por un trabajo similar… y si uno cualquiera de vosotros estuviera lo suficientemente chiflado para escribir su honrada opinión se encontraría en medio de la calle buscando un empleo cualquiera, exceptuando el de periodista.


El trabajo de periodista de Nueva York consiste en destruir la verdad, mentir claramente, pervertir, envilecer, arrojarse a los pies de Mammón, vender su propia raza y su patria para asegurarse el pan cotidiano.


Vosotros lo sabéis, y yo lo sé; así pues ¿a qué viene esa locura de brindar a la salud de una prensa independiente?.


Somos las herramientas y los lacayos de unos hombres extraordinariamente ricos que permanecen entre bastidores. Somos unos polichinelas; ellos tiran de los hilos y nosotros bailamos al son que ellos quieren.


Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas, son propiedad de otros hombres. Nosotros somos unos prostitutos intelectuales”.



John Swinton, redactor jefe del New York Times.








David Rockefeller, fundador de la Comisión Trilateral y hablando ante ella en junio de 1991, validó las palabras de John Swinton:





CITA
Agradecemos al Washington Post, The New York Times, la revista Time y otras publicaciones importantes cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han cumplido sus promesas de discreción durante casi 40 años. Nos habría sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado expuestos a la atención de la publicidad durante esos años. Pero el mundo ahora es más sofisticado y está listo para avanzar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros globales es sin duda preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados .
El fantasma del Blog
La sangría económica de Mame Cheikh para traer a sus “veintitantos” hijos de Senegal






El consulado español en Dakar le pide someterse a pruebas de ADN que le obligan a desembolsar 1.000 euros por cada uno de sus descendientes







Mikel Ormazabal
Bilbao
27 JUN 2025 - 05:30 CEST





A Mame Cheikh Niang Mbaye no le salen las cuentas, le está costando un potosí reencontrarse con sus hijos. Este senegalés de 64 años, residente en Bilbao desde 1986, hasta hace poco vendedor de sábanas a cielo abierto, un superviviente en toda regla, se declara el padre de 24 hijos (viven 22 de ellos) y dice estar sufriendo un calvario económico cada vez que se propone tramitar la llegada a España de uno de sus descendientes. Tramitar el derecho de reagrupación familiar le supone un gasto que ronda los 1.000 euros para cada uno de sus hijos. Dice que cuenta con los certificados de nacimiento y la nacionalidad española de todos ellos en regla, pero cada vez que solicita el pasaporte para traerlos a Bilbao, el Consulado español en Dakar le exige someterse a una prueba de ADN para certificar la paternidad. Su bolsillo ya no da más de sí y su paciencia, tampoco. “Mis hijos son ciudadanos españoles, tienen la nacionalidad. ¿Si tienen sospechas de que no son mis hijos, por qué les han concedido la nacionalidad?”, se queja Mame Cheikh, que ha puesto su caso en manos de un abogado.




¿Cuántos hijos tienes, Mame? “Veintitantos”, responde a bote pronto. Ha sido padre de 24 hijos (dos fallecieron), engendrados por cuatro mujeres diferentes que en la actualidad viven en una casa común en Touba (la ciudad santa por excelencia de los musulmanes en Senegal). La mayor nació en 1983 y la hija menor solo tiene cinco años de edad. Mame Cheikh es musulmán y llegó a España en 1986. Ese año tomó un avión en Marruecos que le trajo a Bilbao tras hacer escala en Portugal. “Eran otros tiempos”, rememora. En 2000 consiguió la ciudadanía española. Se ha ganado la vida vendiendo sábanas por las localidades de la costa vizcaína. Ahora no trabaja y percibe el salario mínimo vital, una prestación social que el Gobierno central ha transferido recientemente al Ejecutivo vasco.




Durante todo estos años, Mame Cheikh ha acudido regularmente a su país de origen y dejado su semilla en cada estancia: ocho hijos con una mujer, otros ocho con otra, cinco con una tercera y una hija con la cuarta esposa. Su deseo ahora es “traer aquí” a la prole, dice en una conversación en el despacho de su abogado en Bilbao, “para darles una vida mejor”. Seis de ellos ya viven “aquí” y, afirma, “se han integrado muy bien”. Quiere reagrupar al resto (los más jóvenes), pero la burocracia administrativa está jugando en su contra: “Tengo el certificado de nacionalidad española de mis hijos, pero me exigen pruebas de ADN por cada hijo. Me obligan a contratar a un traductor. Mis hijos se tienen que desplazar casi 200 kilómetros desde Touba hasta el consulado en Dakar… Es una ruina. Traer un hijo a España me cuesta unos 1.000 euros”, se queja.




Sistemáticamente, cada vez que Mame solicita un pasaporte ordinario para alguno de sus hijos, el Consulado General de España en Dakar le responde con un escrito en el que le pide que se someta a un análisis de ADN “por estimar que existen dudas fundadas sobre la identidad de la persona que se pretende documentar” y por la “dudosa autenticidad y fiabilidad de los documentos del Registro Civil senegalés correspondiente a la inscripción de nacimiento del solicitante”. Las muestras genéticas tomadas por el laboratorio, dice el consulado en su carta, se conservan durante un año y después son “destruidas”. Mame suele hacerse la prueba de ADN en un centro homologado de Zaragoza, el más cercano a su domicilio en Bilbao.




El letrado Javier Galparsoro, profesor de Derecho de Asilo y Extranjería y presidente de Zehar Errefuxiatuekin (ONG de ayuda a los refugiados), opina que “es jurídicamente inaudito que las autoridades españolas en Senegal pongan en duda la paternidad y la nacionalidad española de sus hijos, que cuentan con certificados emitidos por el Registro Civil”. El consulado en el país africano exige las pruebas de ADN para validar la autenticidad del parentesco porque desconfía de los documentos registrales que se expiden en Senegal: “Esto no es normal. Lo lógico es que me pidan los análisis antes de concederles la nacionalidad a mis hijos”, comenta Mame Cheikh.




“Yo soy una buena persona, no quiero engañar a nadie. No tengo miedo a hacerme las pruebas de ADN para demostrar la paternidad. Sé que son mis hijos. Lo que me fastidia es hacer tanto papeleo y tener que gastar tanto dinero para estar con mis hijos en España”, añade. Mame Cheikh, que ya tiene cinco nietos (uno de ellos residente en Bizkaia), ha tramitado recientemente la venida a España de dos de sus hijas menores de edad, nacidas en 2007 y 2008, respectivamente, que tienen concedida en ambos casos la nacionalidad española. La petición se cursó en septiembre de 2004 y ya abonó entonces los 490 euros que le cobra el laboratorio donde se somete a las pruebas de ADN. Además, tiene que pagar 160 euros por el traductor, costear los viajes… “Me van a arruinar”, dice enfadado porque, más de medio año después, aún no ha conseguido los pasaportes para ellas. Una de estas está pendiente de recibir los permisos del consulado para “trasladarse [a España] y ser atendida en un hospital de unos problemas en las piernas”.




“Esto solo pasa con Senegal”, protesta Galparsoro, “porque no ocurre con ciudadanos de Mali, Ghana o Camerún”. “Si tienen sospechas de que no son sus hijos, ¿por qué el Registro Civil les ha concedido la nacionalidad española?“, apostilla. La sombra de la falsificación de documentos oficiales en Senegal está a la orden del día, lo que ha llevado al consulado español en aquel país a extremar las condiciones para expedir los permisos de reagrupación familiar: “Es posible que haya fraudes, no lo sé”, reconoce Mame Cheikh, “pero pagamos justos por pecadores y nos tratan a todos igual”. El Defensor del Pueblo español admite que recibe “numerosas quejas” en relación con la demora en la concesión de los certificados de nacimiento y en la concesión de visados, en algunos casos con una espera “inasumible de más de dos años” por la escasez de recursos humanos que sufre aquel consulado para tramitar todas las peticiones.




El abogado Galparsoro no encuentra una explicación a la situación que vive su cliente senegalés: “Yo no conozco un caso igual. Mame Cheikh tiene 22 hijos y por cada traslado tiene que gastar 1.000 euros. Es una cantidad económica a la que no puede hacer frente. Si sus hijos tienen reconocida la nacionalidad española, ¿por qué motivo le obligan a este hombre a hacerse una prueba de ADN por cada hijo y desembolsar todo este dineral?”.
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Chivite permitió a la UTE de Cerdán incumplir una parte decisiva para lograr la adjudicación: desdoblamiento de quita y pon





Servinabar y Acciona se llevaron el concurso ante otras seis ofertas porque se valoró decisivamente que no cortarían la carretera, pero luego la cortaron. El propio presidente de la mesa de adjudicación dio su visto bueno y el Ejecutivo jamás les pidió cuentas







Quico Alsedo
Pamplona
Actualizado Jueves, 26 junio 2025 - 22:47





El Gobierno navarro de María Chivite no sólo adjudicó en 2023 con evidentes deficiencias y presunto trato de favor, denunciados por tres funcionarios miembros de la mesa, el megacontrato del túnel de 76 millones de euros del túnel de Belate a la empresa del ex líder del PSOE Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL. También permitió que la firma, llave según la UCO para conseguir el contrato, al que se presentó junto a Acciona, incumpliera en 2024, en la ejecución, una de las condiciones principales que le permitieron ganar la obra, la más cuantiosa en la región en 15 años.




Lo hizo todo el mismo funcionario, presidente de la mesa y director de Nuevas Infraestructuras, Jesús Polo, cuyo puesto fue asegurado con tres insólitas adendas legislativas en leyes presupuestarias que impidieron su obligada jubilación: en 2023 tenía ya 73 años y debía llevar varios retirado., pero se le mantuvo, según fuentes del departamento consultadas por EL MUNDO, "para esto, y él lo admitía". El jefe de Polo era el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta, electricista de profesión y quien, para cerrar el círculo, antes había tenido a Acciona como cliente en su empresa, Lauburu.




Polo, que en otra de las flagrantes irregularidades del proceso puntuó el último y, sabiendo las calificaciones de los otros siete miembros, desniveló la votación para que ganaran Servinabar y Acciona, valoró antes positivamente un detalle vendido muy específicamente por la UTE (Unión Temporal de Empresas) en su oferta, y que sólo ella ofrecía: durante la obra, la carretera sería cortada «puntualmente», sólo lo necesario.




Era un tema clave, afectar lo menos posible a los ciudadanos en un punto por el que cada día pasan 8.000 vehículos, y ese punto fuerte fue, según fuentes del concurso consultadas por este diario, "determinante" para las puntuaciones finales.




¿Qué hicieron Servinabar y Acciona en cuanto ganaron el contrato con ese punto decisivo a favor ante sus seis oponentes, ayudadas también ambas por un informe del Ministerio de Transportes que apareció a última hora -nadie sabe muy bien a estas alturas cómo- para acreditar, dos meses fuera de plazo, la solvencia técnica de las empresas a la hora enfrentar una obra del calado de Belate? En efecto, lo primero que hicieron fue cortar el túnel un par de meses.




¿Quién lo validó, no solicitó indemnización a lo público -como se suele hacer-, y ni se planteó que el concurso había sido adulterado, al valorarse decisivamente ese aspecto y ganar la UTE de Cerdán por menos de dos puntos sobre 50 a otra firma local, Mariezcurrena? El departamento de Nuevas Infraestructuras dirigido por Polo, con el tío de Chivite por encima.




Lo que cuadra con las sospechas expuestas por la Unidad Central Operativa (UCO) en su informe sobre Cerdán: Servinabar 2000 SL, que nunca ha llegado a tener más de 10 empleados, sería el abrelatasque, gracias a los contactos políticos -sobre todo en el entorno abertzale- de su administrador, Antxon Alonso, y la presencia en la sombra de Santos Cerdán, que en 2016 le compró a aquel el 45% de la firma, conseguiría los contratos para que los ejecutara Acciona.




Miembros de la mesa no sólo denunciaron después las irregularidades en la adjudicación de Belate primero con sus votos particulares, y luego ante la oficina anticorrupción navarra -y el mismísimo secretario fue enviado al ostracismo, a trabajar a una nave, antes de denunciar internamente y ser repuesto en su ubicación-. También han manifestado a EL MUNDO varias fuentes de la propia mesa de Belate que «al menos cinco de los ocho habíamos escuchado, por distintas vías, que ese contrato se lo tenían que llevar Acciona y Servinabar».




Un contrato que hasta la intervención de la UCO y saberse que estaba detrás Cerdán, el hombre tras el presidente Pedro Sanchez, ya había provocado fuertes cruces declarativos en el parlamento regional y atención de la prensa local, con el Diario de Navarra a la cabeza, y ahora está siendo investigado junto con otros cinco contratos otorgados a Servinabar por el propio Ejecutivo de Chivite, muy tocado por una severa sombra de corrupción y por la omnímoda presencia de Cerdán en el Partido Socialista de Navarra de los últimos 15 años.




Como presidente de la mesa, Jesús Polo puntuó en otoño de 2023 con un 10, la máxima nota posible, a la UTE de Servinabar y Acciona en «Desvíos provisionales propuestos y su afección al tráfico». La mayoría de Polo en la mesa dijo sobre esa oferta: «Muy buena descripción de los desvíos provisionales. Los han diseñado con la premisa de mantener el tráfico rodado por la calzada de la N-121-A sin cortes de tráfico ni desvíos por la carretera N-1210. Se valora positivamente el mantenimiento del tráfico de la NA-121-A salvo en momentos puntuales».




Meses después, sin embargo, cuando la empresa de Cerdán ya le había ganado a Mariezcurrena el contrato de 76 millones por 46,22 puntos sobre 44,85, la UTE, junto con la dirección de obra -externalizada, otro de los puntos que critican quienes denuncian posible amaño-, emitía un informe expresando «la necesidad de cerrar de manera permanente los túneles mientras dure el desmonte».




Ni Nuevas Infraestructuras ni su paraguas más grande, Cohesión Territorial, pusieron un pero. Luego la Guardia Civil se puso a trabajar, emergieron los lazos de Cerdán, padre político de Chivite, con Servinabar, el número 2 de la presidenta dimitió hace una semana porque su mujer había trabajado en Servinabar... Y ahora todos los ojos están en la obra de Belate, quizás el gran pelotazo del hombre que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
El fantasma del Blog
En internet y en la vida real, Trump ofrece una ventana a su psique





Antes, otros países necesitaban espías para discernir el pensamiento de los presidentes estadounidenses. Ahora solo necesitan una cuenta de Truth Social.








Por Tyler Pager
Reportando desde La Haya
25 de junio de 2025





El martes, durante tres horas, el presidente Donald Trump reprendió a Israel e Irán con comentarios cargados de improperios en el jardín sur de la Casa Blanca. Dijo a los periodistas que acababa de reprender al primer ministro de Israel y compartió en las redes sociales una captura de pantalla de un mensaje privado del secretario general de la OTAN.




La mayoría de los presidentes afrontan las crisis internacionales en privado; como mucho, publican una declaración cuidadosamente elaborada.




Ese nunca ha sido el estilo de Trump. Con este presidente, el mundo entero tiene una visión de sus pensamientos, quejas y caprichos de un modo que a menudo recuerda al de un milénial enganchado permanentemente a internet. Sus publicaciones llegan a cualquier hora del día y de la noche —muchas autocomplacientes, unas triviales, otras enfadadas— y sus apariciones en la vida real a veces reflejan su personalidad en internet.



Todas son ventanas a su psique, un tesoro de información sobre las intenciones, estados de ánimo y vulnerabilidades del comandante en jefe.



Para los asesores de Trump, su arraigada propensión a compartir lo convierte en el “presidente más transparente y accesible” de la historia de Estados Unidos.



“Una de las muchas razones por las que el presidente fue reelegido es su transparencia y su actitud de contar las cosas como son”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Es reconfortante para el pueblo estadounidense tener un presidente que siempre dice lo que piensa y deja que el país sepa exactamente cuál es su postura”.



Ya sea impulsivo, astuto o una combinación de ambos, su franqueza tiene ventajas, desde unir a su base hasta mantener a raya a sus oponentes o simplemente dominar la atención pública.



Pero también hay complicaciones. De manera inadvertida, puede desencadenar crisis diplomáticas, dejar a sus ayudantes y aliados fuera de sintonía con sus mensajes y, como ha ocurrido con sus reflexiones abiertas de las dos últimas semanas sobre bombardear Irán, convertir sus publicaciones y declaraciones públicas en una amenaza para la seguridad operativa.



Durante más de una semana, Trump coqueteó públicamente con la idea de bombardear Irán, con lo que ofreció a la opinión pública la rara oportunidad de ver a un presidente al debatirse en tiempo real con una acción militar de envergadura.



“Tal vez lo haga, tal vez no”, dijo en un momento dado.



Al final, los bombarderos B-2 y los cazas estadounidenses entraron y salieron de Irán sin que se disparara un tiro contra ellos. Pero cuando Trump ordenó los ataques, según las autoridades, los iraníes ya habían trasladado el material de sus instalaciones nucleares y las reservas de uranio enriquecido del país siguen sin aparecer públicamente. Un informe preliminar clasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos concluyó que los ataques solo retrasaron unos meses el programa nuclear iraní.



La disposición de Trump a compartir sus ideas sobre cualquier tema en casi cualquier momento también ha facilitado las cosas a los gobiernos extranjeros, que invierten inmensos recursos en intentar comprender lo que piensa y quiere el presidente estadounidense. Hoy en día, todo lo que realmente necesitan es una cuenta de Truth Social y una suscripción a las noticias por cable.



“Con Nixon, había que esperar a que salieran las cintas de la Casa Blanca para saber lo que pensaba realmente”, dijo Gary J. Bass, profesor de política de la Universidad de Princeton y autor de The Blood Telegram, sobre Nixon. “Nixon podía estar lleno de rabia en privado, pero contenerse en público. Ahora, con Trump, hay tantas cosas que dice en voz alta en público o que publica en las redes sociales”.



Pese a eso, lo que el presidente dice un día puede no ser su mensaje más tarde. La afición del presidente a cambiar de opinión hace que sea especialmente difícil para los ayudantes que intentan mantenerse alineados con su mensaje. Tras los ataques estadounidenses a Irán, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio dijeron en sendas entrevistas que Estados Unidos no tenía ningún interés en orquestar un cambio de gobierno en Irán.


Unas horas más tarde, el presidente intervino y pareció abierto a esa posibilidad.



“No es políticamente correcto utilizar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní es incapaz de VOLVER A HACER A IRÁN GRANDIOSOS DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”, escribió en Truth Social.



Trump no ve con buenos ojos a los asesores que discrepan con él de forma pública, aunque sea sin querer. Por eso, para muchos de ellos es más fácil no hablar públicamente sobre las políticas o la visión del mundo del presidente.



Este fenómeno no es nuevo para para Trump. Durante su primer mandato, el presidente publicaba obsesivamente en Twitter, ahora llamado X: anunciaba decisiones políticas, despedía ayudantes y atacaba a sus oponentes. Reformó radicalmente la forma en que los presidentes se comunican con el mundo, y obligó a cualquier persona interesada en la política estadounidense a configurar notificaciones automáticas cada vez que el presidente publica.



El martes, las primeras alertas llegaron por la mañana temprano, porque el presidente se levantó con mucho que decir. Publicó su primer mensaje en las redes sociales antes de las 6 a. m., una advertencia urgente a Israel: “NO LANCEN ESAS BOMBAS. SI LO HACEN SERÁ UNA VIOLACIÓN GRAVE”.



A continuación, salió de la Casa Blanca y se descargó ante los periodistas tanto contra Israel como contra Irán, cuando parecía que su frágil alto al fuego podía venirse abajo.



Incluso después de hablar con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y asegurar al mundo —a través de su plataforma en las redes sociales— que la tregua estaba intacta, Trump no había terminado de hablar. Así que se dirigió a la cabina de prensa situada en la parte trasera del Air Force One mientras volaba a Europa para asistir a una cumbre de la OTAN y respondió a más preguntas de los periodistas.



A continuación, Trump publicó más de dos decenas de publicaciones en las redes sociales en el transcurso de su vuelo de seis horas y veinte minutos a los Países Bajos. Compartió una captura de pantalla del mensaje adulador que recibió de Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Volvió a publicar varios mensajes de personas que decían que merecía el Premio Nobel de la Paz, un galardón al que aspira desde hace tiempo, y atacó a los demócratas con apodos burlones.



Tras aterrizar, cenó con sus colegas dirigentes de la alianza de la OTAN. Ellos también esperan la última publicación en las redes sociales para saber qué hará a continuación.


Tyler Pager
es corresponsal del Times en la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Donald Trump y su gobierno.




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Nuevas tecnologías antiguas






Gran parte del éxito popular de Hitler y de su partido se debía a los sistemas de amplificación a gran escala del sonido





Antonio Muñoz Molina
23 NOV 2024 - 05:00 CET





Hace años, leyendo, para variar, una historia de la República de Weimar, me enteré de que una gran parte del éxito popular de Hitler y de su partido se debía a un avance tecnológico reciente, aunque menor en apariencia: los sistemas de amplificación a gran escala del sonido. Uno ve las inmensidades de gente bramando en respuesta a los bramidos bestiales de su líder, que gesticula y ruge delante de un micrófono, y no cae en la cuenta de que sin potentísimos sistemas de megafonía esa voz no tendría ningún efecto, ni los himnos resonarían tan poderosamente en las dimensiones de un gran estadio. Hemos visto imágenes de líderes gritando en los balcones, delante de multitudes congregadas en las plazas, pero antes del perfeccionamiento de la megafonía esos oradores incendiarios se desgañitaban en vano, porque a unos metros de distancia nadie podía oír lo que decían. Sin altavoces muy potentes, ¿quién iba a enterarse de nada? La temible euforia de una masa de cien mil personas respondiendo al unísono a la oratoria de un demagogo genocida o a un crescendo de marchas militares no llegaría a sus extremos de sumisión y delirio si no fuera por el poder aplastante de una tecnología del sonido.





Eran también los primeros pasos del cine sonoro, y la época en que estallaba la venta de aparatos de radio y gramófonos en los domicilios privados. Técnicas innovadoras de impresión y procesos industriales muy perfeccionados mutiplicaban la presencia y el impacto de la publicidad, la cartelería política, los periódicos y las revistas ilustradas, con tipografías, diseños gráficos y montajes de fotos que tal vez no han sido nunca superados. La democracia liberal, el reformismo socialdemócrata, eran cosas rancias y anticuadas en los primeros años treinta. Lo moderno, lo cool, lo joven, lo guay, era ser nazi, o ser comunista. A diferencia de los carcamales de la democracia burguesa, los políticos del porvenir abrazaban sin miedo las nuevas tecnologías. En otra de esas historias de Weimar que me empeño en leer, aun sabiendo lo mal que acaban, me enteré de que Hitler usó por primera vez la megafonía en un acto público de masas en 1928. Sus discursos se grababan en discos de pizarra y eran hits de ventas. También fue Hitler el primer candidato que viajó en avión de una ciudad a otra durante una campaña electoral, multiplicando así el número de actos en los que participaba, a veces varios en un mismo día. Los fotógrafos y los cámaras de cine lo retrataban con su moderna gabardina y un gorro de piloto, bajando enérgicamente de su aeroplano de último diseño antes de que la hélice se hubiera detenido. Donald Trump apareciéndose a sus fieles desde la escalerilla de un avión no ha inventado nada.




Toda esta estrategia que ahora llamaríamos de comunicación la ideó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda y Educación Popular desde enero de 1933. Sabios juristas alemanes viajaban al Sur de Estados Unidos para estudiar las normas de segregación racial y pureza de sangre que les inspiraron sus propias leyes contra los judíos. También fue de Estados Unidos de donde Joseph Goebbels aprendió los principios y técnicas de la manipulación mental: si la radio, el cine, la megafonía, podían usarse tan persuasivamente para vender toda clase de productos, adornándolos con las baratas fantasías y los eslóganes simples y machacones de la publicidad, exactamente lo mismo podía hacerse con los mensajes políticos, y hasta con el espectáculo completo de la realidad.





Hay un fervor extremo bien compatible con el cinismo. Joseph Goebbels era un fanático que se estremecía hasta las lágrimas, hasta casi el orgasmo, en presencia de Hitler, pero también era un cínico dotado de esa indiferencia hacia la verdad que caracterizada a los publicitarios y a los expertos en la extrañamente llamada comunicación política, todos ellos suscritos ahora a la palabrería de lo que ellos denominan, sin escrúpulo alguno, y sin respeto al oficio antiguo de contar, storytelling: el relato, decían hasta hace nada; la narrativa, dicen ahora, que suena mejor porque es un calco del inglés, narrative, falso amigo que no significa narrativa, sino narración. De Goebbels quedan fotos y secuencias de noticiarios, pero el retrato más exacto se lo hizo con palabras nuestro Manuel Chaves Nogales, que tuvo la desagradable oportunidad de entrevistarlo en Berlín, casi recién llegado al poder, en mayo de 1933: “Es un tipo ridículo, grotesco; con su gabardinita y su pata torcida (…). Es de esa estirpe dura de los sectarios, de los hombres votados a un ideal con el cual fusilan a su padre si se le pone por delante”.





Me acuerdo ahora del Gobbels de Chaves Nogales porque he visto una película alemana sobre él que está a punto de llegar a los cines, El ministro de propaganda, de Joachim A. Lang. En la película, no sin imprudencia, se alternan imágenes documentales con la recreación de los hechos: en un momento dado vemos a los actores que interpretan a Hitler y a Goebbels, y más en segundo plano a otras eminencias nazis; a continuación, en blanco y negro, con una fotografía ya degradada por el tiempo, vemos las caras verdaderas, y entonces toda tentativa de verosimilitud es inútil. A estas alturas, por mucho esfuerzo que pongamos todos, en un actor caracterizado como Hitler no podemos ver nada más que a un actor malamente disfrazado de Hitler (quizás la única excepción prodigiosa fue Bruno Ganz en El hundimiento). La dificultad con Goebbels sería menor porque su imagen es menos familiar. El actor que lo interpreta, Robert Stadlober, se esfuerza agotadoramente en imitar los gestos, la voz, las arengas públicas y las palabras privadas de Goebbels, muy bien documentadas gracias al testimonio de los diarios que siguió escribiendo hasta el final, con una especie de vanidad póstuma. Pero la sastrería, la peluquería, el maquillaje, la ambientación fracasan con todo su virtuosismo frente a lo irreductible de la realidad. A este Goebbels en color le brilla la cara de salud y su uniforme está siempre nuevo y planchado y aunque afecta una cierta cojera irradia buena forma física: el Goebbels verdadero tiene la cara chupada como de ansiedad, de rencor secreto y de insomnio, como de no haberse afeitado después de una mala noche, y es encogido y desmedrado, irrisorio por comparación con los uniformados escultóricos que muchas veces lo escoltan. Qué se le va a hacer: a veces unas palabras verdaderas y bien elegidas de un periodista que no aspiraba a hacer literatura pueden ser más eficaces que toda la opulencia de una producción cinematográfica.




Pero habrá que evitar esa tendencia a la autocomplacencia ilustrada o progresista que parece acentuarse cuanto más deprimentes son nuestras expectativas y más falta nos haría el sentido crítico. Quienes triunfan ahora, cien años después de la invención de la megafonía, no son, somos, los discípulos de Chaves Nogales, o de George Orwell, con nuestro empeño de observar y comprender, sino los omnipotentes herederos de Joseph Goebbels, maestros en el dominio de capacidades tecnológicas infinitamente más poderosas e invasoras que todas las conocidas o incluso imaginadas en su tiempo. Robert Paxton, el gran historiador de la Francia de Pétain, está convencido, a sus noventa y tantos años, de que el mundo regresa al fascismo. El general John Kelly, que fue asesor de Trump, lo llama, con laconismo terminante, un fascista. Yo creo que esas especulaciones semánticas no van a ninguna parte. Sabemos lo que las tecnologías de la mentira y de la destrucción masiva facilitaron hace un siglo, y vemos lo que están haciendo ahora, y lo que pueden hacer, en el alma de las personas y en la realidad pública del mundo. El nombre que habrá que dar a todo esto aún no lo sabemos.




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Nada más fácil






Los autócratas ejercen una seducción infalible. Trump no es Hitler ni Mussolini, aunque no creo que sea mucho menos peligroso para el mundo







Antonio Muñoz Molina
28 JUN 2025 - 05:30 CEST





Si en el futuro no llegan a perderse el interés por la historia ni el pensamiento crítico, quizás será un motivo de asombro la facilidad con que las generaciones que ahora viven se rindieron al despotismo y a la irracionalidad. Será un desconcierto parecido al que nos viene provocando a muchos de nosotros la capitulación de los ciudadanos y las instituciones alemanas en los pocos meses que siguieron al nombramiento de Hitler como canciller en la república de Weimar, en un Gobierno en el que los nazis ni siquiera eran mayoría. Menos recordada fuera de Italia, aunque no menos chocante, fue la pasividad con que el Parlamento, la clase política burguesa, la monarquía y la Santa Sede, se rindieron ante la Marcha sobre Roma de Mussolini y sus camisas negras, un despliegue como de coro de ópera que carecía de la marcialidad y el empuje sugeridos por su título. Gracias a las tecnologías de la mentira de masas, que estaban viviendo su primera edad de oro gracias al cine y a la publicidad, a Mussolini y los suyos se les vio caminar hacia Roma con una determinación de legionarios del Imperio, con botas militares y pantalones inflados de caballería, con pechos fortalecidos por la gimnasia y el canto de los himnos. En realidad, Mussolini hizo gran parte del viaje en coche cama, mientras sus esbirros se dedicaban a asaltar casas del pueblo y redacciones de periódicos y a asesinar sindicalistas y militantes de izquierda. Incluso en la Rusia de 1917, la épica de la toma revolucionaria del poder, el asalto a los cielos que todavía invoca entre nosotros algún desnortado con vanidades leninistas, fue sobre todo un invento retrospectivo de las películas de Eisenstein. Lo único que derribaron por las armas los bolcheviques fue una débil tentativa de democracia parlamentaria en la que los resultados de las primeras —y las últimas— elecciones libres les otorgaban una representación muy limitada.





Salvo que haya una invasión militar abrumadora, un Estado no lo derriba nadie: se rinde, se disuelve, se debilita y corrompe a sí mismo. En París, en la primavera de 1940, a Manuel Chaves Nogales lo desconcertaba día tras día el modo en que un país en apariencia tan solvente como la Francia de la Tercera República se precipitaba en el derrotismo y se desgarraba en enconos políticos incluso antes de que empezara la invasión alemana. Cuatro veranos antes, en Madrid, Chaves Nogales había sido testigo de cómo el heroísmo popular y el arrojo de los voluntarios de las Brigadas Internacionales habían contenido a las puertas mismas de la ciudad el asalto de las tropas de Franco. Cuando los alemanes entraron en París, en junio de 1940, nadie les ofreció la menor resistencia, y los guardias de tráfico ayudaron a facilitar el paso de los Panzers. Un Estado imponente se derrumbó en la confusión y en la huida. Uno de los ejércitos mejor equipados del mundo se disolvió en una sucesión de batallas perdidas sin lucha, en grandes masas de soldados desorientados y cautivos.





En enero de 1933, en Alemania, había partidos de centro y de izquierda muy arraigados, con millones de militantes y de votantes, y combativos sindicatos de clase, y hasta milicias armadas, comunistas y socialdemócratas. Y había también cuerpos administrativos y jurídicos que protegían el imperio de la ley, universidades de gran tradición humanista y científica, instituciones culturales que preservaban y difundían un patrimonio incomparable en la literatura, las artes y la música. Bastó una represión mínima y muy selectiva para que la judicatura, la Administración pública, los medios, las instituciones culturales, la ciudadanía, se sometieran primero con mansedumbre y luego con entusiasmo a un poder bestial que jamás disimuló la crueldad con que expulsaba o aniquilaba a sus víctimas: izquierdistas, judíos, artistas “degenerados”, homosexuales, gitanos. Durante años se dio por sentado que la maquinaria represora de la Gestapo era tan poderosa que hacía invisible cualquier disidencia. Cuando por fin se abrieron sus archivos, se descubrió que en realidad no tenía muchos agentes, y que sus fuentes principales de información eran las denuncias de ciudadanos con afán colaboracionista. Tampoco la cultura fue un antídoto contra la barbarie. Uno tiene la imagen del nazi bruto y callejero, el gamberro lumpen que tira al suelo de una patada a un judío viejo. Lo cierto es que en las SS había un número muy considerable de doctorados universitarios.





Hay un triste impulso de bajeza en la condición humana que muchas veces le hace admirar la brutalidad y ponerse de su parte en vez de resistirla o enfrentarse a ella. Donald Trump lleva meses saltándose las leyes de su país y toda normativa internacional que se le ponga por delante, pero cuando ataca a los jueces que no se someten a su capricho no hay una protesta masiva de la judicatura, y cuando ordena que los agentes de inmigración con la cara tapada detengan a la gente por la calle y la arrastren a coches sin identificar, para llevarlos a lugares de detención en los que desaparecen sin rastro, no hay policías que se nieguen a cumplir esa tarea infame y fuera de la ley. Tampoco hay congresistas ni senadores republicanos que protesten cuando este fantoche beodo de sí mismo usurpa el derecho exclusivo del Congreso a declarar la guerra; y ni siquiera los congresistas y senadores demócratas levantan un escándalo que estuviera a la altura de esta usurpación.





Los autócratas ejercen una seducción infalible. Hitler y Mussolini tuvieron mucho prestigio en la clase dirigente británica y en el Partido Conservador, que para congraciarse con ellos le entregaron Checoslovaquia y sabotearon cualquier ayuda a la República española. Trump no es Hitler ni Mussolini, aunque no creo que en este momento sea mucho menos peligroso para el mundo: pero la bajeza de lacayo con que el secretario general de la OTAN le ríe las gracias y le halaga su monstruosa vanidad es un espectáculo denigrante para cualquier europeo, y también una prueba de esa facilidad con que es posible acomodarse a la sumisión. Ver a Pedro Sánchez solo, en una esquina de la foto, con esos pómulos huesudos que tiene ahora, y el cuello enflaquecido y tenso emergiendo del cuello de una camisa que le está cada vez más ancho, es toda una advertencia sobre el peligro de quedarse apartado en momentos de unanimidades y adhesiones con el líder supremo, al que se obedece no por miedo, ni por cobardía, sino por el gusto de obedecer, y de no quedarse atrás en la sumisión colectiva, en el ritual de los selfis jubilosos, la risa exagerada ante las bromas del gran caudillo del imperio, el líder del mundo libre, que puede igual ensalzarlos que humillarlos: que hiciera público el bochornoso mensaje privado que le envió el secretario Rutte es una de esas bromas que los autócratas y los capos mafiosos se complacen en gastarles a sus subordinados más incondicionales.





En 1941, ya en el exilio, Bertolt Brecht escribió una farsa, La resistible ascensión de Arturo Ui, en la que los dirigentes nazis eran representados como gánsteres de los mercados y los mataderos de Chicago. Ahora la historia se da la vuelta, y la parodia se exagera más allá de la imaginación de Brecht, porque en trono del mundo se sienta un aspirante a autócrata que en sí mismo es una parodia de los mobsters de los barrios exteriores de Nueva York de los años ochenta, un imitador, en los abrigos enormes, la extravagancia capilar, la obsesión mediática, del difunto John Gotti, que salía en las portadas de los tabloides sensacionalistas con tanta frecuencia como Trump. El acento, el tono, con que Trump dice “They don’t know what the fuck they’re doing” son idénticos a los de aquellos mafiosos. Pero sus amenazas son bastante más letales, y sus comparsas en Estados Unidos y en Europa, todavía más serviles.



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Con el fallo de la Corte Suprema, se desvanece otro control sobre el poder de Trump





La corte ató las manos de los jueces en un momento en que el Congreso ha sido intimidado y las restricciones internas del poder ejecutivo han sido arrolladas.






Por Charlie Salvaje
Charlie Savage ha estado escribiendo sobre el poder presidencial y la política legal durante más de dos décadas. Reportó desde Washington.
28 de junio de 2025
Actualizado a las 9:02 a.m. ET




El fallo de la Corte Suprema que prohíbe a los jueces bloquear rápidamente las acciones del gobierno, incluso cuando pueden ser ilegales, es otra forma en que los controles sobre la autoridad ejecutiva se han erosionado a medida que el presidente Trump presiona para acumular más poder.



La decisión del viernes, por una votación de 6 a 3, podría permitir que la orden ejecutiva de Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento entre en vigor en algunas partes del país, a pesar de que todos los tribunales que han examinado la directiva la han declarado inconstitucional. Eso significa que a algunos bebés nacidos de inmigrantes indocumentados o visitantes extranjeros sin tarjetas de residencia se les podría negar la documentación que afirma la ciudadanía, como los números de Seguro Social.





Pero la disminución de la autoridad judicial como contrapeso potencial a los ejercicios del poder presidencial tiene implicaciones mucho más allá de la cuestión de la ciudadanía. La Corte Suprema está atando efectivamente las manos de los jueces de los tribunales inferiores en un momento en que están tratando de responder a un géiser constante de órdenes y políticas agresivas del poder ejecutivo.






La capacidad de los tribunales de distrito para bloquear rápidamente las acciones de la administración Trump para que no se apliquen en primer lugar ha actuado como un raro control efectivo sobre su presidencia de segundo mandato. Pero, en general, el ritmo del proceso judicial es lento y ha tenido dificultades para mantenerse al día. Las acciones que ya tuvieron lugar cuando un tribunal las declaró ilegales, como el cierre de una agencia o el envío de migrantes a una prisión extranjera sin el debido proceso, pueden ser difíciles de deshacer.



Históricamente, el poder presidencial pasa por altibajos, con implicaciones fundamentales para el funcionamiento del sistema de controles y equilibrios que define la democracia al estilo estadounidense.



Pero, en general, ha estado en un camino ascendente desde mediados del siglo XX. El crecimiento del estado administrativo dentro del poder ejecutivo, y los grandes ejércitos permanentes que quedaron en su lugar cuando la Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría, inauguraron lo que el historiador Arthur Schlesinger Jr. acuñó como la "presidencia imperial".



El poder presidencial decayó en la década de 1970, en el período que abarcó el escándalo Watergate y el final de la guerra de Vietnam, y los tribunales demostraron estar dispuestos a fallar en contra de la presidencia, como cuando la Corte Suprema obligó al presidente Richard M. Nixon a entregar sus cintas de la Oficina Oval. Los miembros de ambos partidos trabajaron juntos para promulgar leyes que imponían límites nuevos o restablecidos al ejercicio del poder ejecutivo.




Pero la época actual es muy diferente. El poder presidencial comenzó a crecer de nuevo en la era Reagan y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y ahora Trump, rechazando las normas de autocontrol, ha presionado para eliminar los controles a su autoridad y acabar con los focos de independencia dentro del gobierno, mientras que rara vez encuentra resistencia de una Corte Suprema que reformó y un Congreso controlado por un partido esclavo suyo.





La decisión de la mayoría conservadora de la Corte Suprema se produce en un momento en que otras limitaciones al poder de Trump también se han erosionado. El gobierno ha eludido los controles internos del poder ejecutivo, incluido el despido de inspectores generales y la marginación de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que tradicionalmente establecía barreras para las políticas propuestas y las órdenes ejecutivas.



Y el Congreso, bajo el control de los compañeros republicanos de Trump, ha hecho poco para defender su papel constitucional contra sus invasiones. Esto incluye el desmantelamiento unilateral de agencias que el Congreso había dicho que existirían como una cuestión de ley, el despido de funcionarios públicos en desafío a los límites legales y la negativa a gastar los fondos que los legisladores habían autorizado y asignado.





La semana pasada, cuando Trump bombardeó unilateralmente sitios nucleares iraníes sin obtener autorización previa del Congreso ni hacer ninguna afirmación de una amenaza inminente, un republicano, el representante Thomas Massie de Kentucky, dio un paso al frente para calificar la medida como inconstitucional ya que el Congreso tiene el poder de declarar la guerra.




Trump reaccionó ferozmente, declarando que respaldaría a un rival en las primarias para poner fin a la carrera política de Massie, una clara advertencia para cualquier otro republicano que considere objetar sus acciones. La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, dijo recientemente a sus electores que "todos tenemos miedo" de Trump.



Pero si bien el beneficiario inmediato del fallo de la Corte Suprema es Trump, la decisión también promete liberar a sus sucesores de lo que ha sido una tendencia creciente de intervención de los tribunales de distrito en la formulación de políticas presidenciales.



En el caso de la ciudadanía, los jueces despojaron a los jueces de los tribunales de distrito de la autoridad para emitir las llamadas medidas cautelares universales, una herramienta que los tribunales inferiores han utilizado para bloquear las acciones del gobierno que consideran probablemente ilegales para que no entren en vigor en todo el país a medida que se desarrollan los desafíos legales contra ellas.



La frecuencia de este tipo de órdenes ha aumentado drásticamente en los últimos años, lo que ha atormentado a los presidentes de ambos partidos. En el futuro, dijeron los jueces, los tribunales inferiores solo pueden otorgar medidas cautelares a los demandantes específicos que han presentado demandas.



Eso significa que la administración Trump puede comenzar a hacer cumplir la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump en los 28 estados que no la han impugnado, a menos que los padres individuales tengan los medios y las agallas para presentar sus propias demandas.



Queda por ver el alcance total de la sentencia, dado que no entrará en vigor hasta dentro de 30 días. Es posible que los demandantes y los jueces de los tribunales inferiores amplíen el uso de las demandas colectivas como un camino diferente a las órdenes con efecto nacional. Tal opción, escribió la jueza Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria, sería adecuada siempre y cuando obedezcan los límites procesales para los casos de demandas colectivas.



Sin embargo, en opiniones concurrentes, otros dos miembros clave del bloque conservador, los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr., advirtieron a los jueces de los tribunales inferiores que no reduzcan los estándares para usar medios alternativos para emitir órdenes radicales en un esfuerzo por eludir el fallo.



El juez Alito escribió que "los tribunales de distrito no deben ver la decisión de hoy como una invitación a certificar clases a nivel nacional sin un cumplimiento escrupuloso de los rigores" de las reglas legales. El juez Thomas agregó que si los jueces no "prestan atención cuidadosamente a la orientación de este tribunal" y actúan dentro de los límites, "este tribunal seguirá estando 'obligado' a intervenir".



En un movimiento inusual que señaló una oposición inusualmente intensa, la jueza Sonia Sotomayor leyó en voz alta un resumen de su opinión disidente desde el estrado el viernes. Al calificar el fallo como un grave ataque al sistema legal estadounidense, dijo que pone en peligro los derechos constitucionales de todos los que no son parte de las demandas que los defienden.



"Hoy, la amenaza es a la ciudadanía por nacimiento", escribió. "Mañana, una administración diferente puede tratar de confiscar armas de fuego de ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que las personas de ciertas religiones se reúnan para adorar. La mayoría sostiene que, en ausencia de litigios engorrosos de acción colectiva, los tribunales no pueden prohibir completamente incluso tales políticas claramente ilegales a menos que hacerlo sea necesario para brindar a las partes formales un alivio completo".



La jueza Sotomayor también dijo que la administración no pidió detener por completo las múltiples medidas cautelares contra su orden porque sabía que la directiva era evidentemente ilegal, y acusó a la mayoría de seguirle el juego a esa broma abierta. Ella, al igual que los otros dos jueces que se unieron a su disidencia, es designada por los demócratas.



Los seis jueces que votaron para poner fin a las medidas cautelares universales fueron nombrados por los republicanos, incluidos tres que Trump instaló en el tribunal en su primer mandato. La misma supermayoría ha gobernado de maneras que han aumentado su poder en otras vías.



El año pasado, el bloque le otorgó a Trump inmunidad presunta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales como presidente. El fallo, del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., afirmó que los presidentes tienen inmunidad absoluta para cualquier cosa que hagan con el Departamento de Justicia y su supervisión del poder federal de aplicación de la ley.



Envalentonado, Trump este año se ha basado en su enfoque de su primer mandato, cuando presionó informalmente a los fiscales para que investigaran a sus enemigos políticos. Ha emitido órdenes formales para examinar a personas específicas que no le agradan, rompiendo la norma posterior a Watergate de un caso del Departamento de Justicia independiente del control político de la Casa Blanca.



La supermayoría también ha bendecido la táctica de Trump al despedir a miembros demócratas de comisiones de agencias independientes antes de que terminaran sus mandatos. Los jueces conservadores han dejado en claro que están preparados para revocar un precedente de larga data que permite al Congreso establecer agencias especializadas que serán administradas por paneles cuyos miembros no pueden ser despedidos arbitrariamente por los presidentes.



En una concurrencia separada, la jueza Ketanji Brown Jackson ofreció una visión de realpolitik. La exégesis de la mayoría sobre los poderes que el Congreso entendía que otorgaba a los tribunales inferiores cuando los creó en 1789 fue una cortina de humo de "jerga legal" que adormece la mente, escribió, oscureciendo la cuestión de si un tribunal puede ordenar al poder ejecutivo que cumpla con la ley.



"En una república constitucional como la nuestra, un tribunal federal tiene el poder de ordenar al ejecutivo que cumpla con la ley, y debe hacerlo", escribió antes de dar una nota de advertencia.



"Todos, desde el presidente hacia abajo, están obligados por la ley", agregó. "Por deber y naturaleza, los tribunales federales dicen cuál es la ley (si hay una disputa genuina), y requieren que aquellos que están sujetos a la ley ajusten su comportamiento a lo que la ley requiere. Esta es la esencia del Estado de Derecho".



Pero el juez Barrett la acusó de olvidar que los tribunales también deben obedecer los límites legales.



"El juez Jackson condena a un ejecutivo imperial mientras abraza un poder judicial imperial", escribió el juez Barrett. "Nadie discute que el ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Pero el poder judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacer cumplir esta obligación, de hecho, a veces la ley prohíbe que el poder judicial lo haga".



Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política legal para The Times.



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El intolerable fallo de la Corte Suprema






27 de junio de 2025
Por David Firestone
Escritor de Opinión



¿Qué pueden hacer inmediatamente los tribunales federales individuales cuando el presidente emite una orden flagrantemente inconstitucional? La Corte Suprema dio su respuesta el viernes por la mañana: No mucho.



En un asombroso acto de deferencia hacia el poder ejecutivo, la Corte Suprema esencialmente dijo que los jueces de distrito no pueden impedir que una orden presidencial ilegal entre en vigor en todo el país. Un juez puede impedir que una orden afecte a un demandante o estado determinado, si uno tiene los medios para presentar una demanda. Pero si no hay una demanda en el estado vecino, el presidente puede salirse con la suya con prácticamente lo que quiera.



La orden ejecutiva en cuestión en este caso fue emitida por el presidente Trump en su primer día de regreso al cargo, privando de la ciudadanía a los bebés nacidos en los Estados Unidos de padres indocumentados o incluso residentes temporales, y es tan inconstitucional como parece, violando la clara redacción de la 14ª Enmienda. Tres jueces federales, respaldados por tres tribunales de apelaciones, ya han dictaminado que es ilegal poner fin a la ciudadanía por nacimiento.



Pero eso no les importó a los seis jueces conservadores de la Corte Suprema, quienes dijeron que los tribunales inferiores se habían excedido en su poder. La jueza Amy Coney Barrett, quien escribió la opinión mayoritaria, dijo que el poder judicial no tiene "autoridad ilimitada para hacer cumplir" la obligación del ejecutivo de seguir la ley, porque hacerlo crearía un "poder judicial imperial".



Pero si los tribunales no pueden detener la actividad ilegal en la Casa Blanca a nivel nacional, ¿de qué sirven? Ese fue el punto que señalaron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson en dos de las disidencias más fervientes de los últimos tiempos. Ambos estaban claramente incrédulos de que la mayoría estuviera dispuesta a dar un paso atrás y permitir que Trump socavara un principio fundamental de ciudadanía vigente durante 157 años. Sotomayor, junto con Jackson y la jueza Elena Kagan, dijo que el gobierno de Trump sabe que no puede ganar una decisión de que su orden es constitucional, por lo que está jugando un juego tortuoso: aplicar la orden a la mayor cantidad posible de personas que no presentan una demanda. "Vergonzosamente", escribió, "este tribunal le sigue el juego".



Aquellos que no tienen recursos para demandar, escribió Jackson en una disidencia separada, son desproporcionadamente "los pobres, los incultos y los impopulares", por lo que estarán sujetos a los caprichos de Trump. "Esta es otra grieta en los cimientos del estado de derecho", escribió, "que requiere igualdad y justicia en su aplicación". Crea dos zonas, dijo: una donde prevalece el estado de derecho, y una "zona de anarquía" donde "todas las apuestas están canceladas". Y eso es un anatema para la universalidad de la ley que imaginaron los autores de la Constitución. (La opinión mayoritaria no dejó de lado la posibilidad de demandas colectivas, pero pueden ser difíciles y costosas de montar. También se podría permitir a los estados exigir medidas cautelares a nivel nacional, aunque ese proceso no quedó claro).



El tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la orden de Trump, pero no tenía por qué hacerlo. En cambio, por defecto, creó lo que, en 30 días, cuando se supone que la orden entrará en vigor, sería una situación intolerable en la que algunos bebés nacidos de padres indocumentados en Estados Unidos son ciudadanos legales, y otros no. Y las ramificaciones del trascendental abandono del estado de derecho universal por parte de la Corte van mucho más allá de eso; Trump realizó de inmediato una conferencia de prensa en la que dijo que la opinión permitiría muchas de sus otras políticas que han sido suspendidas. Como escribió Sotomayor: "Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la corte".




David Firestone fue miembro de la junta editorial del New York Times y fue reportero y editor de la oficina de Washington y de las secciones Metropolitana y Nacional.



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Caen los contrapesos en EE UU





El Tribunal Supremo amplía aún más el poder de Trump al desactivar la capacidad de los jueces para frenar sus decretos





El País
29 JUN 2025 - 05:30 CEST





El proyecto del extremismo republicano para desmantelar metódicamente los contrapesos constitucionales en Estados Unidos se anotó este viernes una victoria que otorga al presidente Donald Trump un poder del que no ha disfrutado ninguno de sus predecesores en tiempos de paz. En una decisión dividida por afinidades ideológicas, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo falló que los jueces federales no pueden bloquear cautelarmente la aplicación en todo el país de los decretos ejecutivos de la Casa Blanca. La decisión afecta a un decreto abiertamente inconstitucional: anular el derecho a la nacionalidad norteamericana por nacer en territorio de EE UU. Pero el nuevo principio constitucional decidido por el Supremo se extenderá a toda la agenda extremista de la actual Administración. En su habitual lenguaje orwelliano, un Trump eufórico calificó el fallo de “victoria monumental de la Constitución, la separación de poderes y el imperio de la ley”.




Entre el centenar de decretos que Trump firmó en sus primeros días en el cargo estaba la eliminación, con una simple firma presidencial, del derecho de ciudadanía por nacimiento, un principio establecido por la Enmienda 14 de la Constitución tras la guerra civil americana y que es indisociable de la construcción histórica de ese país a través de oleadas de inmigración. Acabar con esta provisión constitucional, que otorga la nacionalidad automática a todos los nacidos en EE UU, es una obsesión del extremismo nativista del Partido Republicano. El decreto fue denunciado y bloqueado cautelarmente por tres jueces federales, lo que impedía su aplicación práctica en todo el país. Uno de ellos escribió que era el caso de inconstitucionalidad más claro que había visto en cuatro décadas de carrera.




La estrategia del Gobierno de Trump ha sido cuestionar ante el Tribunal Supremo, último intérprete de la Constitución, la autoridad de la justicia federal para dictar medidas cautelares en todo el territorio de EE UU. Hay unos 700 jueces federales (nombrados por el presidente y confirmados por el Senado), cuya jurisdicción es independiente de la estatal o local, y que se ocupan de casos constitucionales o en los que el Gobierno federal es parte. Sus decisiones se entendían, hasta el viernes, como de nivel federal, es decir, que afectan a todo el país. Al menos 17 decretos presidenciales, la mayoría orientados a despojar de derechos a los inmigrantes, han sido bloqueados cautelarmente por jueces federales.




Al dar la razón a la Casa Blanca, el Supremo ha derribado una de las herramientas más poderosas que tenían los ciudadanos norteamericanos para desafiar el poder presidencial y que han padecido todos los presidentes, demócratas y republicanos. A partir de ahora, la decisión de un juez federal solo afecta al demandante. Es decir, aquellos que no tengan capacidad para demandar al Gobierno están desprotegidos ante cualquier abuso inconstitucional que se le ocurra a Trump, y a todos los presidentes después de él.




La arquitectura constitucional de Estados Unidos está diseñada deliberadamente para que el Ejecutivo sea el más restringido de los tres poderes del Estado. Ya no se puede decir que sea así. La decisión de la supermayoría conservadora del Supremo (con tres magistrados nombrados por el propio Trump) es la culminación de un largo proceso de erosión de los contrapesos a la presidencia. Esta victoria de Trump no es sobre sus críticos, sino sobre la separación de poderes tal como se conocía hasta ahora en EE UU.
El fantasma del Blog
Surge una nueva línea del frente mientras los yihadistas observan la costa occidental de África




Los insurgentes se están expandiendo desde la región del Sahel de África Occidental hacia las naciones costeras del Atlántico, como Costa de Marfil, creando nuevos focos de terrorismo y desplazando a millones de personas.







Por Elián Peltier
Publicado el 16 de junio de 2025
Actualizado el 17 de junio de 2025




En un mercado de Tougbo, una pequeña ciudad en el norte de Costa de Marfil, el olor a pescado seco y masa frita llenaba el aire. Los niños corrían alrededor de los bulliciosos puestos donde las mujeres vendían el maíz y la yuca que habían llevado sobre sus cabezas durante kilómetros en el campo. Los ancianos musulmanes observaban a las multitudes en la arenosa calle principal, mientras que los fieles cristianos salían de la iglesia después de la misa dominical.



Sin embargo, el bullicio ocultaba una amenaza insidiosa.



Aproximadamente la mitad de las muertes por terrorismo en todo el mundo en 2023 se registraron en el Sahel, la región árida de África Occidental conocida por sus tribus seminómadas y sus antiguas rutas comerciales. Envalentonados por su éxito en las naciones sin salida al mar de Burkina Faso, Mali y Níger, los insurgentes afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico se están moviendo hacia el sur, hacia el Atlántico y hacia naciones costeras como Costa de Marfil.



Funcionarios africanos y occidentales temen que el avance desestabilice aún más a África Occidental en un momento en que Estados Unidos y sus aliados europeos han reducido su presencia aquí, y la administración Trump ha centrado su atención en una caótica política de deportación y prohibición de viajes que no incluye a ninguna nación del Sahel.



A medida que los insurgentes avanzan hacia el Atlántico, crecen los temores de que una zona con una de las poblaciones más jóvenes del mundo y altos niveles de pobreza pronto caiga bajo el dominio yihadista.



"Uno de los nuevos objetivos de los terroristas es acceder a las costas de África Occidental. Si aseguran el acceso a la costa, pueden financiar sus operaciones a través del contrabando, la trata de personas y el comercio de armas", dijo el mes pasado el general Michael E. Langley, jefe del Comando África de Estados Unidos. "Esto no solo pone en riesgo a las naciones africanas, sino que también aumenta la posibilidad de que las amenazas lleguen a las costas de Estados Unidos".



La rama de Al Qaeda que opera en África Occidental es ahora una de las franquicias más poderosas del grupo, y los militantes del Estado Islámico han protagonizado tantos ataques en la región recientemente que Vladimir Voronkov, el principal funcionario antiterrorista de las Naciones Unidas, ha advertido que "un vasto territorio que se extiende desde el norte de Nigeria hasta Malí podría caer bajo su control efectivo".



El otoño pasado, The New York Times pasó semanas documentando el movimiento de los yihadistas hacia el sur. A un lado de esta nueva línea del frente están las tres naciones sin salida al mar, todas las cuales están gobernadas por juntas militares e incluyen vastas franjas de territorio que ya están bajo control yihadista. Por el otro lado están las naciones costeras de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, que están tratando de mantener alejados a los insurgentes.



Esas naciones costeras han colaborado con los gobiernos occidentales durante años. Pero a medida que la administración Trump desmantela décadas de política exterior, incluida la eliminación de decenas de millones de dólares en asistencia de seguridad de Estados Unidos, los aliados africanos desconfían cada vez más de los esfuerzos antiterroristas de Washington en el continente.



"Costa de Marfil es un ejemplo de estabilidad en la región, pero el candado puede romperse", dijo Lassina Diarra, investigadora de la Academia Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en Costa de Marfil.




Los yihadistas se mueven libremente





Después de que las tropas francesas y estadounidenses fueran expulsadas de las naciones del Sahel lideradas por juntas, países como Costa de Marfil se convirtieron en el foco de la nueva estrategia de contención de Occidente.



El año pasado, Estados Unidos proporcionó a Costa de Marfil 65 millones de dólares para apoyar la lucha contra el terrorismo y la seguridad fronteriza. Alrededor de 50 militares y contratistas estadounidenses están desplegados aquí, según el Comando África de Estados Unidos. El general Langley se reunió con altos funcionarios militares y gubernamentales aquí a principios de este año en medio de rumores de que Estados Unidos planea construir una base de aviones no tripulados en el país.


Pero el apoyo continuo sigue siendo incierto.



Un programa de 20 millones de dólares financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que identificó los primeros signos de extremismo fue cancelado en enero, después de que el presidente Trump anunciara la congelación de toda la ayuda exterior de Estados Unidos.



Tougbo se encuentra en la primera línea de la lucha de Costa de Marfil contra los insurgentes. Los soldados montan guardia en puestos fortificados a la entrada y salida de la ciudad. Burkina Faso está a pocos kilómetros de distancia.



A pesar de la presencia del ejército, los yihadistas se mueven libremente, dijeron lugareños y funcionarios de seguridad. "Están entre nosotros", dijo un médico que trabaja cerca de la frontera, quien como la mayoría de los lugareños en el área habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.



"Los vemos", agregó.


Los insurgentes compran suministros en el mercado o a través de jóvenes en busca de dinero rápido. Visten ropa de civil y no portan armas abiertamente. Pero atraen a los jóvenes con ofertas lucrativas para hacer negocios a cambio de silencio.


"Es debido a la falta de empleos que nuestros hijos se unen a esta basura", dijo Kadidja Barry, líder comunitaria en Doropo, un centro cerca de la frontera. Semana tras semana, las mujeres locales vienen y se sientan en sillas de plástico debajo de su imponente árbol de mango mientras Barry les advierte sobre la amenaza que se cierne sobre su ciudad.


"'Mantengan a sus hijos alejados de los yihadistas'", les dice. "'Son una mafia'".


Los insurgentes afiliados a Al Qaeda reclutan principalmente a hombres fulani, el grupo étnico al que pertenece Barry. Su reclutamiento ha intensificado la discriminación contra la comunidad fulani en Costa de Marfil, que ha visto una gran afluencia de refugiados fulani de Burkina Faso.


"Debemos protegerlos, debemos enviarlos a la escuela", dijo Barry sobre los jóvenes de su comunidad. "Pero en algunas zonas, algunos de los jóvenes se ven casi obligados a unirse a estos grupos".


Por la noche, los insurgentes se cuelan en los centros de salud de Costa de Marfil en busca de tratamiento para las heridas sufridas durante los combates en Burkina Faso, según trabajadores médicos. También se han trasladado al cercano Parque Nacional de Comoé, un extenso bosque que ahora está fuera de los límites debido a la violencia.


Los secuestros y el robo de ganado también han aumentado.


"Lo que solíamos ver en Burkina Faso, ahora lo vemos aquí", dijo Iréné, un propietario de ganado que perdió decenas de cabezas de ganado el año pasado. Cuando su empleado cruzó a Burkina Faso en busca de los animales desaparecidos, dijo Iréné, fue mantenido como rehén durante semanas por hombres que decían ser yihadistas.





'Errores y transgresiones'





Costa de Marfil ha erigido puestos militares, ha intensificado la recopilación de inteligencia y ha desplegado tropas terrestres a lo largo de su frontera en un esfuerzo por mantener a raya a los insurgentes.



Según algunas versiones, estos métodos están funcionando.


Un oficial militar de alto rango, que habló bajo condición de anonimato para discutir abiertamente la seguridad nacional del país, reconoció que el ejército había subestimado previamente la amenaza. "Ahora, los estamos exprimiendo", dijo el oficial. "Pero también sabemos que las poblaciones nos dicen 'Hola' cuando patrullamos, pero luego hacen negocios con los yihadistas".


En la aldea de Bolè, decenas de hombres armados que se autodenominan "combatientes del islam" tomaron como rehenes a los residentes una noche durante el mes de Ramadán de 2021, según víctimas y testigos. Los insurgentes ordenaron a los aldeanos que dejaran de informar al ejército de su presencia o se enfrentarían a consecuencias mortales.


Pero después de que los insurgentes se fueron, los líderes locales llamaron a los militares de todos modos, y los soldados han permanecido apostados cerca de la aldea desde entonces.



Otra ciudad fronteriza, Kafolo, sufrió dos ataques mortales contra soldados en 2020 y 2021. El ejército erigió una nueva base allí en 2023 y Kafolo no ha visto otro ataque.


"Con las fuerzas de seguridad, el miedo ha desaparecido", dijo Lamissa Traoré, una líder juvenil en Kafolo.


El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, la organización paraguas que incluye a la franquicia local de Al Qaeda y es conocida por su acrónimo árabe, JNIM, ha tratado de presentar una cara más amable a los lugareños en algunas partes del Sahel. Ha prometido proteger a los residentes de los funcionarios gubernamentales corruptos que, según ellos, son responsables de la pobreza de la región.


Sin embargo, las muertes atribuidas a la organización en 2023 estuvieron en su nivel más alto desde 2017, cuando se fundó el grupo, según el Índice Global de Terrorismo.


En respuesta a las preguntas de The Times, el emir de la rama de Al Qaeda que opera en África Occidental dijo que su grupo estaba "formalmente activo" en Costa de Marfil y otras naciones costeras.


"Si lo desean, pueden dejar la situación como está", dijo Abu Yusuf Ubaydah al-Annabi, el emir, sobre los gobiernos locales. "O tal vez empeore".



Cuando se le preguntó sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por el grupo, al-Annabi dijo que los insurgentes habían cometido "algunos errores y transgresiones". Pero, añadió, "la única persona que nunca se equivoca es la que no trabaja".





"Una bomba de tiempo"






El enfoque de Costa de Marfil para mantener alejados a los yihadistas ha sido aclamado por los analistas de seguridad por su combinación de esfuerzos militares y desarrollo económico.


Organizaciones internacionales sin fines de lucro han ayudado a renovar represas para irrigar granjas para cientos de aldeanos. El gobierno ha construido carreteras a lo largo de la frontera, ha proporcionado electricidad en zonas remotas y ha capacitado a más de 50.000 jóvenes marfileños en agricultura, soldadura y mecánica.


Pero muchos jóvenes marfileños dicen que no ven ningún beneficio. El ministro de Juventud, Mamadou Touré, citó la pobreza como el principal impulsor del reclutamiento para los grupos extremistas. Más de tres cuartas partes de la población de Costa de Marfil tiene menos de 35 años. La mayoría está buscando trabajo.


"O damos respuestas innovadoras y satisfactorias al desempleo, o seguirá siendo una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento", dijo Touré.


El ministerio juvenil patrocina un programa de capacitación laboral, pero algunos aprendices aún carecen de empleos remunerados después de seis meses de capacitación. Dos ex aprendices en un garaje en Korhogo, la ciudad más grande del norte de Costa de Marfil, dijeron que su jefe les daba jabón gratis los fines de semana como compensación.


"Se está capacitando a los jóvenes, pero después de eso, ¿qué?", dijo Abdoulaye Bamba, un líder juvenil en la ciudad fronteriza de Ouangolodougou. "Entonces vienen los terroristas y les ofrecen una motocicleta nueva".


"Un día explotará", dijo, refiriéndose a la incursión de los insurgentes en Costa de Marfil. "Y los políticos no podrán decir que no les advertimos".



Alassane Coulibaly y Hermann Sié contribuyeron con este reportaje.

Elian Peltier
es el corresponsal de The Times en África Occidental, con sede en Dakar, Senegal.

El fantasma del Blog
¿Por qué estaban ahí Koldo, Ábalos y Cerdán?





Las primarias solo son un buen mecanismo para combatir la selección adversa en los partidos si van acompañadas de contrapesos dentro de la estructura






Ignacio Urquizu
27 JUN 2025 - 05:30 CEST





Este mes de julio se cumplen 22 años de la publicación en este periódico del artículo: La selección adversa en los partidos. Lo firmábamos Belén Barreiro, Sandra León, María Fernández Mellizo-Soto y yo. Releer aquellas líneas nos devuelve a la actualidad. En él nos preguntábamos cómo era posible que dos personas como Tamayo y Sáez hubiesen acabado en las listas electorales del PSOE. Nos hacíamos eco de una idea entonces extendida: “El PSOE ni cuenta con todos los que podría contar ni todos con los que cuenta producen excesiva confianza”. Como solución a este problema optábamos por las primarias como mecanismo de funcionamiento interno. La idea era dar la suficiente libertad al líder con el objetivo que pudiese seleccionar a los mejores. Decíamos entonces: “Una de las claves para solucionar este problema de selección adversa en los partidos es que el líder, una vez arriba, no se sienta hipotecado”.




Debemos reconocer que como científicos sociales nos ha sucedido algo que no siempre ocurre: que una propuesta se acabe llevando a la práctica. Durante estos años, las principales formaciones políticas han asumido las primarias como un mecanismo de funcionamiento interno. Pero a la vista de lo sucedido estas semanas, el problema de selección adversa no ha desaparecido. Es decir, el interrogante sigue siendo pertinente: ¿por qué Koldo, Ábalos y Cerdán estaban ahí? ¿Cómo es posible que lleguen a la dirección de un partido personas que tienen un código moral despreciable?




Para responder a estas preguntas, no podemos engañarnos. Lo que ha fallado en el actual escándalo de corrupción no es nuestra democracia. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial la Unidad Central Operativa (UCO), y el poder judicial han cumplido con su papel vigilante. El error se ha producido en los controles internos del PSOE.




También sería una equivocación circunscribir este problema al Partido Socialista. No hay más que repasar la historia más reciente del Partido Popular para encontrar personajes involucrados en escándalos. Si queremos regenerar nuestra vida pública, hay que comenzar a repensar cómo funcionan los partidos. De hecho, sería bueno que el Partido Popular explicara en su congreso qué piensa hacer desde su organización para que no se repitan casos como la Gürtel, la Púnica o la Kitchen.




Volviendo al artículo que publicamos en este periódico hace 22 años, la duda sería: ¿por qué las primarias no fueron la solución? En primer lugar, no es cierto que esta forma de selección de líderes genere liderazgos sin ataduras. Nadie gana unas primarias por sí mismo, sino que necesita un mínimo de organización y una estructura territorial. Y es aquí donde nacen las hipotecas que no vimos en su momento.




En segundo lugar, las primarias tienen debilidades que no son ajenas a la misma democracia: el abuso del poder. Si los líderes no tienen contrapesos, las organizaciones políticas se acaban jibarizando, reduciéndose a un ejército de fieles con escasa capacidad de autocrítica. Es por ello que en democracia tan importante es la participación como la pluralidad. Es decir, tan importante es que los ganadores asuman la dirección del partido como que los perdedores no sean perseguidos y expulsados de la vida interna de la organización. Se hacen necesarios órganos de representación que reproduzcan la pluralidad del partido. Es difícil que las críticas emerjan, cuando los que tienen pensamiento propio han sido apartados.




Por lo tanto, las primarias solo serán un buen mecanismo para combatir la selección adversa en los partidos si se ven acompañadas de contrapesos dentro de la estructura. Esto implica que los órganos de representación cumplan realmente su función y no se reduzcan sólo a los más afines. Si la pluralidad es sustituida por la uniformidad, no solo se pierde dinamismo y viveza, sino que además la democracia interna se resiente y los mecanismos de control interno dejan de funcionar. Si el único criterio de selección a la hora de prosperar en un partido es la lealtad mal entendida al líder, la organización se acabará llenando de personas que entraron en política por razones equivocadas.




En definitiva, la política es en estos momentos una actividad que expulsa a mucho de su talento, tritura a personas bienintencionadas y, en ocasiones, promociona a individuos con códigos de conducta despreciables. Los máximos responsables de que esto suceda son los partidos políticos. Si no cambian su funcionamiento interno, estaremos condenados a tener un caso Koldo o un caso Púnica cada cierto tiempo. Por ello, para regenerar nuestra vida política, se hacen necesarios cambios en los partidos. Es cierto que alguno puede tener la tentación de eliminar la participación de la militancia y devolvernos a modelos del pasado. Pero en ningún sitio está escrito que los líderes y los cuadros se equivoquen menos que los afiliados. De hecho, por esa lealtad mal entendida, en los últimos años hemos visto como las propuestas de la militancia a la hora de elaborar las listas electorales son cambiadas por la dirección con el objetivo de poner solo a los más afines. Y es en este comportamiento donde la pluralidad y el control interno se resienten, puesto que se promociona a personas no por su valía o por su apoyo interno, sino únicamente por su cercanía al líder, algo que está muy alejado del ideal de una democracia.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y exdiputado del PSOE.


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La selección adversa en los partidos








04 JUL 2003 - 00:00 CEST





El concepto de representación política recoge dos definiciones de lo que debe ser un buen representante. Por un lado, el concepto elitista de representación sugiere que un representante es realmente bueno cuando, en muchas de sus características, es mejor que los ciudadanos a los que representa. Es en la calidad excepcional del político, en su honradez, inteligencia o formación, en donde reside la buena representación. El que es mejor es capaz de hacer lo mejor para los otros. Por otro lado, la representación descriptiva exige que los representantes sean iguales a los representados. Los políticos deben ser un espejo fiel de lo que es la sociedad. Únicamente el que es igual es capaz de hacer lo adecuado para los ciudadanos a los que representa.





En nuestro país se tiene a veces la impresión de que ninguno de estos dos conceptos de representación refleja las características de nuestra clase política. La distancia entre representantes y representados parece haberse acrecentado en la dirección contraria a la deseada. Los españoles son ahora mejores ciudadanos de lo que eran hace 20 años, pero nuestros representantes, o parte de ellos, parecen haber ido a peor. La percepción de que no tenemos los políticos que queremos o merecemos, sino peores, ha estado implícita en los análisis que se han hecho de las elecciones del 25 de mayo, especialmente para dar cuenta de los resultados obtenidos por el PSOE. En distintos medios de comunicación se ha dicho que, en términos generales, los socialistas no convencen. Se ha sugerido que el PSOE ni cuenta con todos los que podría contar ni todos con los que cuenta producen excesiva confianza. Dicho de otro modo, hay gente valiosa que podría estar y no está, mientras que algunos de los que están no deberían estar. Tamayo y Sáez representan, obviamente, el ejemplo extremo de lo que no debe ser un político. En sabiduría, inteligencia y honradez están a años luz de la idea que uno tiene de un buen representante.




La presencia de malos políticos no es casual, sino que responde a un problema de selección adversa en los partidos. En teoría económica se habla de selección adversa cuando los peores son los únicos que se ofrecen para participar en un mercado. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las agencias matrimoniales. Únicamente los menos atractivos del mercado de solteros demandan los servicios de estas organizaciones. En los partidos políticos el problema de selección adversa se manifiesta en que aquellos que se ofrecen para ocupar cargos políticos no son siempre los más valiosos.




Simplificando la realidad, en la selección de cargos políticos pueden distinguirse dos grupos de personas potencialmente elegibles. Por un lado están aquellos que trabajan exclusivamente para la organización. Son los políticos profesionales. Estos individuos han invertido mucho tiempo en la vida interna del partido, lo que en ocasiones dificulta el desarrollo de una carrera profesional externa a la formación política. Por otro lado están los individuos con una profesión ajena a la organización, en ocasiones muy valiosos, y con un compromiso político similar al de los burócratas del partido. Podrían denominarse los externos.




La existencia de estos dos grupos suele crear tensión en los partidos. Por una parte, los políticos profesionales se sienten amenazados por la entrada en la organización de los externos. Sin embargo, son los primeros los que disponen del tiempo, el conocimiento de la realidad política y los contactos internos para colocarse de forma más efectiva en el proceso de selección. Y, lo que es más importante, poseen unos incentivos mucho mayores para permanecer dentro de la organización. Para el político profesional, la dedicación exclusiva al partido dificulta la vuelta al mercado laboral. Por eso, a medida que pasa el tiempo la opción de mantener el cargo político se torna cada vez más valiosa frente al resto de alternativas ocupacionales. Incluso aparece el riesgo de que el creciente interés por permanecer en la política confluya con el de la propia supervivencia económica. Por otra parte, los externos se sienten poco atraídos por la idea de hacer vida de partido y participar en estructuras y debates en ocasiones anacrónicos. Además, el tiempo y el esfuerzo invertidos pueden erosionar su proyección profesional y hacerles perder las cualidades que como externos son capaces de aportar al partido. Asimismo, perciben el rechazo de los burócratas. Por todo ello, es muy frecuente que personas muy valiosas de entre los externos carezcan de incentivos para acercarse a los partidos. Aquellos que podrían mejorar la calidad de la representación política se resisten a ocupar cargos políticos. Desde el punto de vista de los objetivos de la organización, la ausencia de externos es nociva. Los partidos acaban compitiendo en peores condiciones en las elecciones, y cuentan con equipos menos valiosos.




El fenómeno de la selección adversa puede verse reforzado en mayor o menor medida por las estructuras organizativas internas. Una estructura descentralizada se caracteriza por la existencia de varios centros de poder político. Bajo estas circunstancias, garantizar la estabilidad del partido requiere un equilibrio entre los distintos centros de poder. Por ello, la constitución de un nuevo órgano de dirección viene a menudo precedida de una negociación. El apoyo al líder y a su equipo es moneda de cambio para el reparto de cuotas de poder entre los diferentes grupos. El resultado es que algunos de los representantes de las distintas familias figuran en puestos de responsabilidad no por su demostrada inteligencia, sabiduría u honradez, sino porque es el precio a pagar por el apoyo prestado. Como consecuencia, el partido acaba promocionando a individuos que, a pesar de que contribuyen a garantizar la estabilidad del partido a través del equilibrio de poderes, representan un coste excesivo en términos de valía política. El partido se convierte en una organización todavía menos atractiva para los externos.




Una de las claves para solucionar este problema de selección adversa en los partidos es que el líder, una vez arriba, no se sienta hipotecado. Es posible que la libertad del líder para elegir su equipo se agrande en dos extremos opuestos de modelos de organización. En los partidos en los que es el propio líder el que decide su sucesión, la capacidad para seleccionar a los mejores suele ser mayor, aunque conlleva la supresión de la democracia interna. Éste es el modelo al que se aproxima el Partido Popular. En el otro extremo se encuentra un modelo de partido en el que los afiliados (e incluso también los simpatizantes) eligen directamente al líder. En este caso, el líder logra su libertad por deberle algo a muchos, sin que sea posible averiguar a quién le debe qué.




El modelo intermedio es el que prevalece actualmente en el PSOE. Este modelo perpetúa el problema de la selección adversa porque carece de las virtudes de cada uno de los modelos anteriores. El líder no es lo suficientemente autoritario como para imponer su decisión sin someterla a un intercambio de poder ni tampoco posee la libertad de elección que le otorgaría haber sido elegido directamente por los militantes (y simpatizantes). En consecuencia, está obligado a admitir en su equipo a algunos de los representantes de los grupos de poder que median entre la dirección del partido y los militantes. Por ello, si el PSOE quiere configurar un equipo con el que pueda llegar al Gobierno, debe revisar una estructura organizativa que no sólo permite la promoción de individuos cuyo interés personal se antepone al del proyecto político, sino que dificulta el acceso a puestos de responsabilidad de personas valiosas.



(*) Firman conjuntamente este artículo los politólogos Belén Barreiro, María Fernández Mellizo-Soto, Sandra León e Ignacio Urquizu.

El fantasma del Blog
El día que Cerdán encontró a Antxon: 'Milagro Ciudad de Vacaciones', el 'pelotazo' que no fue pero unió a los dos investigados






Un proyecto urbanístico imposible en su pueblo natal unió a un edil de 37 años llamado Santos Cerdán con Joseba Antxon Alonso, el empresario de Servinabar, vinculado al mundo 'abertzale': un recorrido por su decurso vital juntos desde el pueblo







Quico Alsedo
Milagro (Navarra)
Actualizado Viernes, 27 junio 2025 - 22:49






Es mediodía y casca un sol de justicia (la J mayúscula llegará más tarde) sobre el río Aragón a su paso por Milagro. Todo es quietud, verdor y naturaleza a la ribera del pueblo, casi en la frontera con La Rioja y a millones de kilómetros del mundanal ruido.




Parece imposible imaginar este manso y vacío soto abrigado de chopos, que forman balcones hacia el agua y cuyas copas apuntan al perfil del pueblo allá arriba en la montaña, transmutado en un modesto Marina D'Or a la navarra.




Y mucho menos pensar que fuera justo aquí, al lado del agua, en unos terrenos claramente inundables que el ladrillazo soñó con fagocitar, donde nació la amistad que amenaza con provocar 20 años después todo un cambio de Gobierno en España.




Pero así fue: aquí, en definitiva, conoció en 2006 un anónimo concejal de pueblo de 37 años, llegado muy tarde a la política desde su puesto de jefe de línea en la envasadora vegetal Bonduelle, a un empresario guipuzcoano ya entonces bastante revolvín y con excelentes contactos en la política: del mismo pueblo que Otegi y con buenos amigos en el PNV (y donde fuera necesario).




Sí, así fue: aquí Santi Cerdán conoció a Antxon Alonso.




«Al principio no había feeling, podríamos decir», desliza un ex concejal de la localidad, apuntando a la evidente paradoja posterior: 10 años después, en 2016, Cerdán firmaba con Alonso un contrato para comprarle en secreto el 45% de Servinabar, y empezar ambos a pillar obra pública navarra como campeones.




Y casi otra década más tarde ese documento sería la muerte política de Cerdán, que de seguro siguió un camino increíble desde este pueblón de 3.600 habitantes, con mucha población inmigrante, dedicado a los vegetales y la cereza, hasta La Moncloa... Y ahora de vuelta al pueblo.




«El proyecto llegó de un día para otro, y Cerdán se opuso, porque parecía que lo traíamos nosotros, los de UPN, pero no era así», dice a EL MUNDO un ex edil de Unión del Pueblo Navarro, que gobernaba Milagro aquel 2006. «Este Antxon apareció por aquí sin más, y no nos pareció mal considerar al menos la idea».




La idea, la clásica ida de olla de la época del ladrillazo en todo su esplendor: construir en la vega bajo del pueblo, junto al río, nada menos que 1.300 viviendas, un lago, un museo temático sobre Navarra (!), zona deportiva, área comercial y de ocio... Vamos, que faltaba el parque de atracciones.




«Sí, parece una locura, pero así eran aquellos tiempos, y hay que recordar que mucho en toda España se quedó colgado, pero mucho otro llevó bienestar y trabajo a la gente», argumenta el ex político hoy, cuando, precisamente, el negocio vuelve a calentarse como el palo de un churrero.




Desde el PSOE navarro lo admiten: es en ese momento, 2006, cuando ambos se conocen, y de entrada Cerdán se opone al proyecto/delirio, que recibe informe inicial favorable del Gobierno foral, y llega a viajar «a una feria de construcción de Bilbao, pero sólo en maqueta, no llevamos más, porque proyecto nunca llegó a haber, sólo preguntas por su viabilidad».




De ese momento, en 2007, hay foto de Cerdán en Bilbao junto a la maqueta de marras, «porque entonces ya, vete tú a saber por qué, él había pasado de rechazar el proyecto a apoyarlo». Al principio Santi había argumentado que no se podía pasar así como así de 3.000 habitantes a 10.000, ni meterle al pueblo 60 hectáreas más, cuando además ya había 490 viviendas nuevas en construcción -en una de las cuales ha terminado viviendo él, en la zona de los Almendros-.




Pero «de un día para otro», dicen en UPN, Cerdán, que era edil desde 1999 (se afilió ese año, con 30, un caso atípico: pese a ser hijo y nieto de militantes socialistas, no se había apuntado siquiera a las Juventudes) cambió de idea.




De quien no hay imagen en el trance bilbaino es de Joseba Antxon Alonso, un maestro en estas lides: 20 años después, no hay manera de conseguir una foto pública -sólo la de su DNI en el informe de la UCO- del empresario. Que se tomaba cañas hasta hace poco con la ex presidenta Uxue Barkos. Que en tiempos de Cerdán en el parlamento regional intercedió para que algún periódico navarro no le arreara tan fuerte al PSN. Y que, se comenta en Pamplona, bien pudo ayudar al político años después a negociar con Bildu e incluso con Junts (por medio del PNV) para montar la mayoría de Gobierno en Madrid tras el sudoku electoral de 2023, cruzando Cerdán hacia el nacionalismo excluyente igual que hizo para que los de Otegi se abstuvieran y gobernara Chivite, su hija política, en Navarra.




Pero volvamos a Milagro. Y al momento en que, pocos meses después de Bilbao, Milagro Ciudad de Vacaciones (de verdad se llamaba así) fenece. «El Gobierno foral dijo que los terrenos eran inundables, llegó la explosión de la burbuja y nadie quiso pelear por ello... Aunque todavía fue uno de los temas de las elecciones locales de 2007», sigue esta fuente de UPN. Las elecciones en las que, según dos ex ediles, Santos Cerdán mostraría «su verdadera cara».




«Santi era el candidato a alcalde y le hizo una campaña completamente inmoral a Esteban Garijo, que venía de gobernar y que sacó entonces una mayoría abrumadora: aquí siempre nos habíamos repartido los concejales UPN y PSN, y aquella vez les ganamos 7 a 4, porque a Santi se le fue de las manos».




Cerdán, según no sólo rivales políticos, hizo una campaña personal durísima contra Garijo e incluso denunció agresiones supuestamente vinculadas al proyecto Marina D'Or. Los socialistas llegaron a buzonear una nota simple de una sociedad de Garijo -que ha declinado hablar con este diario- con varios familiares, «algo que en absoluto era irregular y le había hecho su gestor». El alcalde acabó denunciando también en Tafalla a su opositor y los milagreros (se dice así) en todo caso tomaron partido claro ante tanto fango, mandando a Cerdán al rincón de pensar.




La vida sigue y Santos, ya en torno a los 40 años, continúa liderando la oposición en Milagro, siempre con su apariencia campechana, pero «serio y no tan llano» para otros -todas las fuentes de este reportaje piden anonimato: «Este es un pueblo muy pequeño y nos vemos la cara todo el rato», dicen incluso sus adversarios, alguno de los cuales se declara «muy dañado por aquellos años» y proclama: «No le deseo mal a nadie, pero el tiempo pone a cada cual en su lugar»-.




En 2011 pierde de nuevo ante la candidata de UPN, Yolanda Ibáñez, y comienza a ramonear políticamente hacia Pamplona, a 56 kilómetros.




Es allí donde una fuente del Partido Socialista Navarro le ubica «en torno a 2013» con Joseba Antxon Alonso, «que ya era un personaje bastante conocido en algunos círculos de la ciudad». Además de provenir del entorno del PNV, el empresario que sería luego «guipuchi», «gui» o apenas «g» en los mensajes entre Cerdán y Koldo García -por su origen guipuzcoano- tenía (y tiene), según diversas fuentes, un superamigo que valía oro en la Pamplona de aquella época: el director del Diario de Noticias, Joseba Santamaría.




«Aquellos primeros pasos de Cerdán en Pamplona la verdad es que los vimos como una cosa bastante exótica», dice una ex edil de UPN en la localidad: «Era el típico que no había salido nunca del pueblo». No es extraño que se juntara con Koldo García, que venía de vigilar obras y había aparecido por el PSN en Pamplona hacia 2010 «diciendo que quería montar agrupación en Huarte, donde no teníamos», dice una persona que ostentó responsabilidades en el PSN.




Koldo consiguó acta de edil por Huarte, una población pegada a Pamplona, en 2011, y en esa época se le empieza a ver junto a Cerdán y, de vez en cuando, también con Antxon.



«Koldo era un tío dispuesto a ayudar siempre, aunque algún jaleo provocó, como cuando le dio una chapadica a un chaval cuando España ganó el Mundial de 2010», lo que le valió una condena por lesiones.



El verdadero punto de inflexión llega en 2014. El entonces líder del PSN, Roberto Jiménez, pierde la confianza de Madrid y el congreso entroniza a María Chivite, que proviene de Cintruénigo, pueblo cercano a Milagro, y a quien lanza Pedro Sánchez, que acaba de ganarle las primerias a Eduardo Madina en Madrid. Habla una persona que en ese momento dejó de ostentar responsabilidades en el PSOE navarro: «Cerdán, además de compañero de militancia y de responsabilidades políticas, había sido buen amigo mío, y no sólo eso. Teníamos una relación familiar, nuestras familias se veían, le presenté a mis amigos y él a mí a los suyos, era afectuoso. Pero llegó Chivite, dejé de tener responsabilidades y, sin que pasara absolutamente nada entre nosotros, la persona que yo conocía desapareció. Pasó a tratarme de otra manera. Mira, aquí en Navarra, incluso en Pamplona, somos gente muy llana, nadie hace cosas raras. Si tienes un amigo, lo tienes. No sé, igual suena inocente, pero me sorprendió», termina esta fuente. Que no obstante rechaza «hacer sangre: todo esto que está saliendo me parece inimaginable, pero ese contrato [para comprar el 45% de Servinabar], por muy privado que sea, ahí está. Eso no lo levanta nadie, ni aunque la Justicia le exonere».




Cerdán consigue acta de diputado regional ese 2014, y «en el pueblo nos llegaba que en el grupo socialista regional le llamaban algo así como 'El Becario'», dice uno de los ex ediles de UPN. Como siempre, infravalorado: en la política y parece que también en otras lides. Santi apuesta desde ese momento por Sánchez y en 2016, cuando la antigua guardia del PSOE consigue prácticamente matarle políticamente, redobla su apuesta.





Ahí, en 2016, se produce la famosa gira del Peugeot que pasa, cómo no, por Milagro, para hacer noche en la casa familiar de los Cerdán, en la muy humilde calle San Miguel número 16 (el padre conductor de autobús de línea, la madre ama de casa, él mismo hizo una FP de Electrónica Industrial) antes de un mitin en Aldeanueva de Ebro, a 10 kilómetros. Cerdán, Ábalos y Koldo, casi los únicos báculos de Sánchez en ese momento. ¿Olfato, apuesta loca? «De loco nada», explica la anterior fuente del PSN. «Él sintió claramente que las bases estaban con Sánchez, date cuenta de que incluso estando en el parlamento foral subía y bajaba todos los días a Milagro. Vivía en la calle, la escuchaba».




Lo demás, en fin, el lector ya lo ha leído: auge y caída del político de pueblo. Quien, cuando llegó a Madrid como secretario de Organización en 2021, tras caer su amigo Ábalos, extrañó a todos con un pisazo impagable con su sueldo. Y que pudo comprar una casa que tuneó modestamente en la zona nueva de Milagro. Cuyo nombre, por cierto, proviene del latín miraculum, atalaya. Lo que nos permite, menos mal, terminar observando de nuevo el río. Lejos del mundanal ruido.

El fantasma del Blog
Sanciones por narcolavado, intervenciones inéditas y fentanilo: la semana en la que Estados Unidos puso contra las cuerdas a la banca mexicana






Fitch y HR Rating rebajan las calificaciones de los tres bancos señalados por el Departamento del Tesoro, mientras los clientes comienzan a deslindarse de estos






Karina Suárez
México
28 JUN 2025 - 11:30 CEST





Estados Unidos escala su afrenta con México por el tráfico de drogas y ha provocado un seísmo en el sistema financiero mexicano. El Gobierno de Donald Trump tiene en el punto de mira a los bancos Intercam y CIBanco y a la casa de bolsa Vector por su presunta participación en el blanqueo de capitales de los principales carteles del narcotráfico del país. La granada lanzada por el Departamento del Tesoro al sistema financiero abre un nuevo frente en la relación entre México y EE UU. Las indagatorias del Departamento del Tesoro dan cuenta de transferencias millonarias para el presunto pago a proveedores de fentanilo, reuniones de ejecutivos bancarios con capos del narco y el pago de sobornos. Del lado mexicano, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha criticado la investigación estadounidense al asegurar que solo se sustenta en dichos. Las sanciones, no obstante, han abierto una grieta de hondo calado en la banca. Este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente a las tres firmas señaladas, para proteger a los clientes, ahorradores e inversionistas.




El Gobierno de Trump fue tajante al afirmar que CIBanco, Intercam y Vector eran piezas clave y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. Estas sanciones son las primeras acciones del Departamento del Tesoro bajo la ley contra el fentanilo, que otorgan a la Administración de Trump facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con esta droga y otros opioides sintéticos. Aunque EE UU pregonó que las sanciones se daban bajo una sólida relación con México, la presidenta Sheinbaum ha negado cualquier colaboración binacional, por el contrario, reprochó que, pese a la petición de su gobierno para conocer más detalles de los casos, el Departamento del Tesoro no compartió dichas pruebas.




Aunque el Gobierno de México insiste en que el sistema financiero se encuentra en sólidas condiciones, las sanciones del Departamento del Tesoro son un certero golpe al sistema financiero. Aunque las entidades bajo sospecha han negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico, los estragos al interior se han comenzado a notar: la casa de bolsa Vector anunció este viernes el cierre de su negocio de divisas. “Esta medida no afecta en modo alguno la continuidad de nuestras operaciones, ni compromete la integridad de los recursos de nuestros clientes”, aseguró la entidad financiera, propiedad del empresario Alfonso Romo, antiguo asesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vector añadió que el resto de sus líneas de negocio siguen activas y la liquidez de la compañía está garantizada.




No obstante, la incertidumbre planea y las principales agencias calificadoras ya han comenzado a rebajar los grados de inversión de los bancos en el punto de mira. La agencia S&P Global Ratings bajó las calificaciones crediticias de CIBanco tras considerar que el banco se encuentra en una situación muy vulnerable dadas las consecuencias tras el anuncio de FinCen —el brazo de inteligencia financiera del Tesoro estadounidense— las cuales podrían debilitar su fondeo y liquidez. “Existe el riesgo de que el banco no pueda acceder a transferencias de fondos con instituciones estadounidenses y posiblemente tampoco a fondos locales, lo cual limitaría la sostenibilidad de esta línea de negocio en los siguientes 12 meses”, refirió.




Fitch Ratings también bajó las calificaciones crediticias de Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco y de Vector Casa de Bolsa y las colocó en observación negativa, reflejando el impacto negativo inminente sobre los perfiles de negocio y financieros de las entidades ante el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE UU respecto a potenciales debilidades en materia de prevención de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. En esta misma línea, la agencia HR Ratings recortó las calificaciones de los bancos CIBanco e Intercam. Frente a esta delicada situación algunos de los clientes de dichos bancos ya han comenzado a moverse. Por ejemplo, los fideicomisos de inversión en bienes raíces Fibra Inn y Terrafina dieron a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores que desvincularon a CIBanco como su fiduciario.




Los estragos para el sistema financiero mexicano aún están por llegar, pese a los llamados a la calma de Hacienda y de la Asociación de Bancos de México, quienes insisten en minimizar el peso de estas entidades, que reúnen unos 22.000 millones de dólares en activos, así como en enaltecer la solidez y resiliencia de la banca del país. A pesar de que México y los bancos del país han reforzado sus medidas y regulaciones contra lavado, los expertos reconocen que aún falta integrar este marco regulatorio en todo el espectro del sistema financiero, por lo que existen mecanismos e incentivos dentro de las finanzas internacionales para facilitar el surgimiento de estos flujos ilícitos.




Rogelio Madrueño, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Seguridad, Estrategia e Integración, explica que existe evidencia de centros especializados sobre el creciente peso de los flujos financieros ilícitos, entre los que se ubica el lavado de dinero, los cuales se estiman con un valor superior al 5% del PIB de México. “EE UU cuenta con una estructura ad hoc al interior de su departamento del Tesoro enfocada exclusivamente a detectar esas prácticas ilícitas y esta nación cuenta con información privilegiada y de primera mano a partir de detenciones a actores estratégicos vinculados a estas operaciones ilícitas”, menciona.




El experto advierte de que se deben enmarcar las acciones de EE UU como parte de una reconfiguración estratégica para enfrentar a su principal rival global: China, y utilizar en consecuencia todos los instrumentos geoeconómicos de su política exterior para alcanzar objetivos estratégicos. “En este marco, existían ya alertas tempranas de una segunda ola de presiones en el ámbito del lavado de dinero, con una orientación marcadamente política al gobierno de México. En suma, hay un mercado real, y es potencialmente cierto. Sin embargo, no es un problema exclusivo de México, sino regional y, en cualquier caso, está siendo utilizado como herramienta de presión política”, concluye.




De los mediáticos decomisos de fentanilo a desarticular las finanzas de los cárteles mexicanos. Estados Unidos ha escalado su narrativa de combate al tráfico de drogas al exigir al Gobierno no solo más seguridad en las fronteras, sino, ahora, una vigilancia puntual a los 52 bancos que integran en el sistema. Sin embargo, el daño está hecho. En este momento, más de un banco está revisando sus propios protocolos de seguridad antilavado, mientras las autoridades de México intentan dar un mensaje de calma y resiliencia.



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El Cartel de Sinaloa hackeó al FBI para asesinar a sus informantes en México






Un pirata informático al servicio del Chapo Guzmán accedió a un dispositivo de la agencia federal y a las cámaras de vigilancia de la capital para rastrear a sus oficiales y testigos




Andrés Rodríguez
México
28 JUN 2025 - 02:35 CEST





El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado este viernes que un hacker al servicio del Cartel de Sinaloa pudo obtener la información de un teléfono de un agente del Buró Federal de Investigación (FBI) y acceder al sistema de videovigilancia de Ciudad de México para rastrear y asesinar a informantes de esta agencia en 2018.




El informe señala que el hacker trabajaba para un cartel “a cargo del Chapo”, una clara referencia al Cartel de Sinaloa y a su exlíder Joaquín Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017. El documento indica que el pirata informático identificó a un agregado adjunto del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la capital mexicana y pudo obtener de su dispositivo el registro de llamadas realizadas y recibidas, así como los datos de geolocalización. Asimismo, da a conocer que este individuo utilizó el sistema de cámaras de Ciudad de México para seguir al funcionario por la ciudad e identificar a las personas con las que se reunió.




El reporte también revela que la organización criminal utilizó esa información para intimidar y, en algunos casos, asesinar a posibles fuentes o testigos que colaboraban con la agencia federal. El documento no revela la identidad del presunto hacker, del agregado ni las víctimas.




El incidente ha sido revelado en una auditoría del inspector General del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos del FBI para mitigar los efectos de la “vigilancia técnica ubicua”, un término utilizado para describir la proliferación global de cámaras y el floreciente comercio de grandes cantidades de datos de comunicaciones, viajes y ubicación.




De acuerdo con información de agencias, ni el Departamento de Estado ni el de Justicia han respondido a preguntas o emitido ningún mensaje. El FBI y uno de los abogados del Chapo Guzmán tampoco han comentado sobre los hechos. El informe señala que los recientes avances tecnológicos “han hecho más fácil que nunca que las naciones menos sofisticadas y las empresas criminales identifiquen y exploten las vulnerabilidades en la economía global de la vigilancia”. El mismo documento señala que el FBI tenía un plan estratégico en desarrollo para mitigar dichas vulnerabilidades e hizo varias recomendaciones, incluyendo mayor capacitación para el personal de la agencia.




Apenas este martes, Matthew W. Allen, agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ha revelado que miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización a la que Estados Unidos ha definido como la “mayor amenaza criminal de drogas”, han espiado y vigilado en Washington a oficiales de su agencia durante el juicio contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito, el hijo del líder del cartel, Nemesio Oseguera El Mencho.




Allen ha contado cómo el grupo criminal tomó represalias contra familiares de informantes en casos relacionados con el CJNG. El agente especial de la DEA aseguró que tienen pruebas de que miembros del cartel vigilan a agentes de la unidad antinarcóticos en territorio estadounidense y que algunas de esas operaciones ocurrieron en paralelo al juicio del Menchito.

El fantasma del Blog
¿Qué hace la izquierda ante la corrupción?






Se dice que la malversación de fondos públicos es algo inevitable, que es una manifestación de la condición humana. Pero no es cierto, sostiene la filósofa Victoria Camps. Se puede prevenir. Y la inoperancia de los gobiernos progresistas para hacer reformas eficaces en este campo ha sido notable






Victoria Camps
29 JUN 2025 - 05:30 CEST




Tiene razón la diputada del PP, Cuca Gamarra, cuando dice que la corrupción que está afectando al PSOE no es la labor de “tres lobos solitarios” ni de “tres manzanas podridas”, pero se equivoca cuando añade que de lo que se trata es de “la corrupción sistémica del sanchismo”. Pues, efectivamente, estamos ante una corrupción sistémica, endémica, no sólo personal, pero no del sanchismo, sino de los dos grandes partidos que se han ido alternando en el Gobierno de España desde la Transición. Desde Filesa hasta Gürtel, los casos de corrupción más sonados han tenido como causa irregularidades en la adjudicación de contratos públicos con el objetivo de sanear la financiación de los partidos y, de paso, si no en todos los casos, en muchos de ellos, de engordar el patrimonio de quienes movían los hilos de las contrataciones. Que en este último episodio, la trama no llegue a salpicar al PSOE no es óbice para constatar una tendencia en la contratación de obra pública que está pidiendo a gritos una revisión profunda. Una revisión que ni el PSOE ni el PP han tenido la valentía de abordar en ninguno de sus mandatos.




Es cierto que la reacción de la derecha y la de la izquierda diverge en algo importante cuando la malversación se hace evidente. La derecha niega los hechos; la izquierda, en tiempos también los negaba, pero ahora se avergüenza de lo ocurrido entre los suyos, lo confiesa y pide perdón. No es una diferencia despreciable, se agradece el pronto reconocimiento, pero esa buena disposición por sí sola no incluye un propósito creíble con vistas a un futuro con más garantías de limpieza. Los casos de corrupción se han venido sucediendo sin que ningún Gobierno se haya propuesto en serio erradicar la lacra. Ha habido cambios legislativos dirigidos sobre todo a castigar y, menos, a prevenir la corrupción, pero siempre insuficientes, lo cual quizá signifique que no es la legislación lo que flaquea, sino la voluntad de tenerla en cuenta y aplicarla como se debe o de atacar de verdad y por medios más eficaces costumbres corruptas. Parece indiscutible que los controles fallan, pese a la complejidad de los procedimientos de contratación y a las muchas manos que intervienen en el mismo con el objetivo de asegurar la imparcialidad. Este mismo periódico se preguntaba hace unos días “cómo es posible que se repliquen en lugares tan obvios comportamientos delictivos identificados hace décadas; cómo es posible que no haya mecanismos de prevención que detecten las señales desde el minuto uno y den la alarma”. Ante ese escándalo tan familiar, ¿quién va a creer que una auditoría más —la propuesta de Sánchez— será suficiente para darle la vuelta a un sistema de contratación que se desvía por naturaleza?





Como votante socialista de toda la vida me entristece profundamente constatar un ejemplo más de la inoperancia o incapacidad de los gobiernos de izquierda para llevar a cabo reformas que no sean puro maquillaje. La corrupción es un lastre de las democracias en muchos países, y España no se encuentra en el mejor lugar. Transparencia Internacional lleva tiempo advirtiendo que la contratación pública en España es especialmente vulnerable a la corrupción y ha indicado las razones de que así sea. Lo ha hecho también el Tribunal de Cuentas insistiendo en la necesidad de reducir los gastos de los partidos políticos y controlar las donaciones privadas. Por su parte, la Comisión Europea ha observado riesgos tanto en la legislación contractual como en los controles y en la financiación de los partidos políticos. Un solo dato, aportado por Eldiario.es, lo dice todo: en términos absolutos, los contratos a grandes empresas sumaban en 2024 un 75,94% frente a los contratos a pequeñas y medianas empresas que sumaban un 24,06%. ¿Igualdad de oportunidades? ¿Imparcialidad en la adjudicación? ¿Interés general? ¿Quién acaba beneficiándose del gasto público? Hace algo más de 10 años, se aprobó la ley de transparencia, un paso importante en la garantía del derecho de acceso a la información pública sobre las actividades de los altos cargos. De nada ha servido para que pudiéramos ver indicios, a través de los flamantes portales de Transparencia, de los trapicheos de Santos Cerdán y sus secuaces mientras han ostentado sendos cargos públicos.




Damos por hecho que la ciudadanía ha dejado de confiar en la política, por causa de la corrupción, y por tantas otras causas que no hace falta mencionar. Lo lamentable no es sólo que se haya llegado al grado de hastío y desafección en que estamos, sino que se acepte como algo que no tiene solución ni conocida ni posible. La corrupción es inevitable, se dice, una manifestación de la condición humana, una muestra de la debilidad de la voluntad que ha existido siempre y es inútil combatir. Lo peor es que tal convicción se confirma en lo poco que acaba influyendo en las decisiones de los electores. Aquí y en todas partes. En Portugal, hace unos meses, el primer ministro del Gobierno, Luis Montenegro, cayó por un escándalo sobre sus negocios familiares. Convocó elecciones y ha vuelto a ser elegido con los mismos votos. Esta postura indolente no sólo carece de justificación política y ética, si se considera que el objetivo del buen gobierno es corregir y prevenir las infracciones de la ley y del buen hacer, sino que la desmienten instituciones y países que se han tomado en serio la consigna de “tolerancia cero” ante cualquier forma de corrupción. Lo afirma con rotundidad Joseph Stiglitz, en su reciente Camino de libertad (Taurus, 2025): “Es posible crear instituciones públicas con controles y equilibrios que impidan los abusos que tanto teme la derecha. Algunos países lo han conseguido. Y existe un círculo virtuoso. En los países donde han sabido crear gobiernos fiables, la confianza es mayor y la función pública atrae a mejores personas”.




Crear círculos virtuosos es una idea que desarrollan Daron Acemoglu y James Robinson en su célebre estudio Por qué fracasan las naciones. Pues es importante reformar las organizaciones, pero, al mismo tiempo, hay que influir en quienes trabajan en ellas para que los principios con los que comulgan se traduzcan en comportamientos coherentes con sus creencias. De la misma manera que los círculos viciosos emponzoñan las organizaciones y crean un ambiente malsano que lo estropea todo, los círculos virtuosos contagian las buenas prácticas a quienes se encuentran en ellos. Hay que escuchar las palabras de Montesquieu en las Cartas persas: “El mayor daño que hace un ministro sin probidad no es servir a su príncipe y arruinar a su pueblo; es el mal ejemplo que da”.




El presidente del Gobierno resistirá probablemente este envite; sabemos que es ducho en el arte de la resiliencia. En su auxilio, no dejan de llegar malas noticias que desvían la atención mediática hacia asuntos más perentorios y que capitaliza a su favor, como el pacto para no gastar el 5% en la defensa de Occidente. Sánchez es hábil, pero la habilidad de un político no es suficiente para recuperar la confianza en una política de progreso que siempre es juzgada con más sospechas que la política liberal. La connivencia con las grandes corporaciones adjudicatarias de contratos públicos es una mala costumbre que no se corrige sólo con el Código Penal, que no siempre acaba castigando a los culpables y, cuando lo hace, lo hace demasiado tarde. Hacen falta medidas preventivas para atajar la enfermedad antes de que se produzca.




Hacen falta medidas preventivas que otorguen credibilidad a la democracia, no cabe duda, pero también medidas que le devuelvan la credibilidad al socialismo. Ambos objetivos tienen que ver sobre todo con la ética, con la integridad moral que consiste en evitar la doblez y los vicios que ponen en cuestión la validez de lo que uno representa. La socialdemocracia nació con el objetivo de corregir los desmanes del capitalismo con métodos democráticos. Para lo cual era preciso discrepar del principio de Mandeville según el cual es legítimo ceder al egoísmo y a los vicios privados porque incentivan la economía mientras la honradez la estanca. Puede ser cierto, pero moralmente no vale. No vale porque el fin no justifica los medios y porque la falta de honradez no puede ser un atributo de alguien que se presenta como socialista, es decir, alguien que se supone que trabaja no para ponerse al servicio de los agentes de la corrupción que suelen ser empresarios poderosos, sino para favorecer a los más débiles, para fomentar la imparcialidad y la equidad.




Con la corrupción ocurre algo similar a lo que ocurre con la prostitución. Se le da una importancia secundaria porque se parte del supuesto de que la práctica no desaparecerá por mucho que nos empeñemos en eliminarla, por la sencilla razón de que siempre ha existido. Cierto, pero ese razonamiento un tanto burdo no exime de la obligación de seguir luchando. El fuste de la humanidad es torcido, sentenció Kant, pero el filósofo no dejó de pensar en los criterios básicos de la moralidad, uno de los cuales es precisamente el de la publicidad, que dice que todo lo que se pretende mantener en secreto y se resiste a ser publicado es injusto.




Victoria Camps (Barcelona, 1941) es filósofa especializada en ética y política. Es autora de libros como Elogio de la duda (2016) y Tiempo de cuidados (2021), ambos en Arpa.

El fantasma del Blog
Ruanda y el Congo firman tratado de paz mediado por Estados Unidos





El presidente Trump se atribuye el mérito del resultado. La pregunta principal ahora es cómo se implementará el tratado, ya que los combates aún hacen estragos en el este del Congo.





Por Edward Wong, Zolan Kanno-Youngs y Ruth Maclean
Edward Wong y Zolan Kanno-Youngs reportaron desde Washington, y Ruth Maclean desde Dakar, Senegal.
27 de junio de 2025




Los principales diplomáticos de Ruanda y la República Democrática del Congo firmaron el viernes un acuerdo de paz en Washington para tratar de poner fin a una devastadora guerra en el este del Congo que ha provocado miles de muertes y desplazado a cientos de miles de personas desde que estallaron los combates este año.



"Estamos aquí hoy para celebrar un triunfo glorioso", dijo el presidente Trump junto a los dos funcionarios y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien anteriormente organizó una ceremonia de firma en la sede del Departamento de Estado. "Es mucho tiempo de espera".



Los dos países comenzaron a trabajar en los borradores del acuerdo hace dos meses, y Trump se ha jactado del papel de su administración como mediador, aunque los combates en el este del Congo han continuado. Trump dijo a finales de mayo que Massad Boulos, asesor principal del Departamento de Estado para África y suegro de Tiffany Trump, había ayudado a resolver la guerra.



El gobierno de Qatar también ayudó a negociar el acuerdo.



Trump aprovechó el esfuerzo para presentarse como un pacificador global, incluso cuando ha tratado de distanciarse de otros conflictos que alguna vez prometió terminar rápidamente, como la guerra en Ucrania. El viernes, mientras presidía el evento con los diplomáticos africanos en la Casa Blanca, promovió su alto el fuego negociado entre Israel e Irán, y los esfuerzos para que la OTAN acepte su demanda de aumentar el gasto militar.



El tono festivo de Trump fue un giro brusco de su retórica habitual sobre África y el Congo. Trump ha dicho en repetidas ocasiones, sin pruebas, que el Congo está vaciando sus cárceles y enviando a personas violentas a la frontera con Estados Unidos. Su administración también está considerando ampliar su prohibición de viaje para incluir al país.



Pero el viernes, Trump sonrió mientras los líderes visitantes elogiaban los esfuerzos diplomáticos de su administración.



La ministra de Relaciones Exteriores del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, calificó el acuerdo de paz como "un hito notable". Pero también le suplicó a Trump que "se mantenga comprometido, que se mantenga a bordo".



"Necesitamos que Estados Unidos se asegure de que este acuerdo se mantenga y que nos hagan responsables", dijo Wagner.



Más temprano en el día, Trump indicó que el acuerdo permitiría a Estados Unidos obtener acceso a minerales críticos en el Congo.



El Congo es el principal proveedor de cobalto del mundo, y las empresas chinas son las mayores mineras y compradoras.



El ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, dijo que las naciones ahora deben concentrarse en llevar a cabo "lo que hemos firmado para abrir esta nueva era".



"En el pasado hemos firmado muchos acuerdos que no se implementaron", agregó.



Pero aún no estaba claro cómo las naciones pondrían en vigor el acuerdo de paz, y si ambas partes, Estados Unidos y otras naciones lo aplicarían.



"Tenemos sanciones muy severas, financieras y de otro tipo", dijo Trump cuando se le preguntó qué pasaría si una de las partes violara el acuerdo.



Un conflicto mortal en la región de los Grandes Lagos, en el este del Congo, se ha desarrollado durante más de tres décadas, desde que comenzó un genocidio y una guerra civil en Ruanda en 1994. Entre otras cosas, el conflicto involucra a personas de los dos grupos étnicos que lucharon en Ruanda, los hutus y los tutsis. La violencia ha aumentado y disminuido a lo largo del tiempo, y en los últimos años las autoridades congoleñas han acusado a Ruanda de dar ayuda material a una poderosa milicia, el M23, que invadió el Congo en 2021.



Las autoridades ruandesas dijeron que los hutus que viven en el este del Congo y que han sido responsables del genocidio de los tutsis hace décadas siguen siendo una amenaza y deben ser tratados.



Sobre el terreno, la guerra no muestra signos de llegar a su fin.




Y aunque la administración Trump ha sido elogiada por asumir un papel de liderazgo en el intento de resolver uno de los conflictos más mortíferos y de mayor duración del mundo, el acuerdo se considera en gran medida como solo una pieza de lo que tendrá que ser un esfuerzo mucho más amplio.



El acuerdo deja fuera a muchos de los principales protagonistas del conflicto. Entre ellos se encuentra el M23, pero también Uganda y Burundi, que al igual que Ruanda tienen tropas en el este del Congo.



El M23 ocupa grandes extensiones de las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde está en proceso de establecer administraciones paralelas. Un primer borrador del acuerdo negociado por Washington, visto por The New York Times, partía de la suposición de que las conversaciones de paz separadas entre el Congo y el M23, organizadas por Qatar, ya habían resultado en un acuerdo y en la renuncia del M23 al poder. Pero esto aún no ha sucedido.



"Parece que el acuerdo con Estados Unidos dejará en gran medida toda la cuestión del M23 sin abordar", dijo Liam Karr, líder del equipo de África en el Proyecto de Amenazas Críticas del American Enterprise Institute. Dejar el tema a las conversaciones de Qatar, agregó, era "un riesgo bastante grande, porque si no se abordan las preguntas sobre el control del territorio del M23, su eventual integración y su estatus como parte legal, continuarán luchando contra el gobierno de la República Democrática del Congo y los grupos aliados".



Los críticos también dicen que el acuerdo comparte la riqueza del Congo con su invasor, sin justicia por los crímenes del pasado y sin garantías contra futuras agresiones.



"Esto es triste, porque realmente creo que Estados Unidos puede hacerlo mejor, realmente puede ayudar a construir una paz duradera", dijo el Dr. Denis Mukwege, un crítico abierto del acuerdo y un cirujano ginecológico que ganó el Premio Nobel de la Paz 2018 por su trabajo con las muchas sobrevivientes de violación en el Congo.




Edward Wong informa sobre asuntos globales, política exterior de Estados Unidos y el Departamento de Estado para The Times.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de The Times en la Casa Blanca y cubre al presidente Trump y su administración.

Ruth Maclean es la jefa de la oficina de África Occidental de The Times, que cubre 25 países, incluidos Nigeria, Congo, los países de la región del Sahel y África Central.

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