Los 'brotes verdes' del 59

El Plan de Estabilización, que cumple 50 años, significó el fin de la autarquía y el comienzo de la modernización de la economía española

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA

NEGOCIOS
Economía
26-07-2009

El 21 de julio de 1959, cuando el Seat 600 se adueñaba de las maltrechas carreteras españolas, la incipiente televisión se colaba en los teleclubes y Franco seguía preocupado por inaugurar pantanos, el Gobierno aprobaba el Decreto Ley de Ordenación Económica, más conocido como el Plan de Estabilización (PE). El 28 del mismo mes lo refrendarían las Cortes. Fue la mayor operación económica abordada en el franquismo, que, además, significaba el fin de la autarquía y el principio de la modernización del país. De golpe, y gracias a aquel programa dinamizador, en el árido campo hispano florecieron miles de brotes verdes que dieron lugar al llamado milagro económico español.

El plan era un conjunto de medidas monetarias, financieras, fiscales y de comercio exterior cuyo objetivo era introducir una nueva política económica, contener la inflación, mejorar el control monetario, liberalizar la importación de mercancías y capitales y evitar la suspensión de pagos a la que se abocaba el país. Se había iniciado en 1957, a partir de un cambio de Gobierno en el que Franco incorporó a ministros ligados al Opus Dei, y contó para su promulgación con la bendición de los organismos internacionales, con los que hubo que negociar durante los dos años de gestación.

En aquellas fechas, España estaba prácticamente en la ruina. Las cartillas de racionamiento, que se habían suprimido en julio de 1952, todavía mellaban en el recuerdo de los españoles como un espanto. La suma de intervencionismo, proteccionismo, aislamiento internacional y la alta burocracia imperante desde el final de la guerra hacían del país un territorio inhóspito. Según un trabajo de la Oficina de Coordinación y Programación Económica (OCPE), existían hasta 999 organismos de intervención. Nada más y nada menos.

En 1956, la inflación, como consecuencia del exceso de oferta monetaria y el dinero barato, se había disparado más del 15% y las heladas habían estropeado la exportación de naranjas. El alza de precios ponía el régimen contra las cuerdas. Para más inri, aquel año el país se había incendiado por varios frentes, con huelgas en la cuenca minera asturiana y las industrias del País Vasco y Cataluña. A ello se unieron las primeras protestas estudiantiles en Madrid, que acabaron con la muerte de un falangista llamado Miguel Álvarez en extrañas circunstancias tras una contramanifestación de sus correligionarios.

Para frenar las protestas, al ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, se le ocurrió un alza salarial entre un 40% y un 60% que provocó un inevitable aumento de la inflación. Además, la balanza de pagos se hundía por la continua depreciación de la peseta y las arcas públicas se vaciaban de forma dramática. Mientras, en el entorno exterior llovía el maná del Plan Marshall, del que España quedó excluida.

El cambio era obligatorio, pese a que Franco y los ministros más acólitos se oponían a cualquier viraje. Entre ellos, el secretario general del Movimiento, José Luis Arrese, que propugnaba una vuelta de tuerca a los principios autárquicos. Pero la presión internacional y esa situación de colapso pudieron más y Franco dio el brazo a torcer. A instancias de Carrero Blanco, asesorado por su secretario general técnico, Laureano López Rodó, el dictador elevó al Gobierno a jóvenes ligados al Opus Dei, como Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio. "Franco entendió que lo cómodo era meter al Opus en el Gobierno, ni falangistas ni monárquicos, que se estaban pegando por la hegemonía", cuenta el catedrático de Historia de la Economía Gabriel Tortella, uno de aquellos estudiantes contestatarios.

La llegada de Ullastres y Navarro a los ministerios de Comercio y Hacienda cambió la forma de ver las cosas. "Creían en la economía de mercado, y eso significaba mirar al exterior por primera vez con voluntad de integración mundial" ,añade Tortella. España se había perdido el Plan Marshall, pero el bloqueo internacional se había relajado por los tratados especiales de 1951 con Estados Unidos y la entrada en la ONU en 1953. La nueva orientación económica, además, supuso el comienzo del acercamiento a otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

"La única manera de salir del marasmo era un plan de estabilización", apunta Luis Perdices, decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense. Navarro y Ullastres se las arreglaron para convencer a Franco de la necesidad de ponerlo en marcha. Según los historiadores, el Caudillo insistía en que había que apretarse el cinturón; pero, ante la tenacidad de los ministros, acabó aceptando y despidiéndose a la gallega con un "hagan ustedes lo que les dé la gana". Los hombres del Opus recibieron el apoyo de otros ministros, como José Solís, que desde Sindicatos empezaba a convertirse en la sonrisa del régimen. Más tarde lo haría el de Exteriores, Antonio María Castiella.

Ullastres y Navarro tuvieron el acierto de nombrar a Manuel Varela Parache y a Juan Antonio Ortiz como secretarios generales técnicos de sus departamentos. "Los dos jugaron un papel clave en el proceso de modernización que llevaría el PE", subraya Luis Ángel Rojo, que fue uno de los técnicos comerciales del Estado recién salidos de la facultad que aglutinó Varela a su alrededor. Además de Rojo, estaban su hermano Félix Varela, José Luis Ugarte, Fernando Fernández de Córdoba y Ángel Madroñero , entre otros, "que querían hacer algo distinto de repartir licencias de exportación", apunta Manuel Varela, que ahora cuenta con 83 años.

Enrique Fuentes Quintana, que no había aceptado ser secretario general técnico para hacerse cargo del Servicio de Estudios de Comercio participó desde la revista Información Comercial Española (ICE), que fue un soporte crucial para difundir las ideas liberalizadoras del PE. "Se dio la circunstancia de que se juntaron muy buenos economistas", apunta Perdices.

La intermediación de Varela fue esencial; pero quizá la figura más sobresaliente, en la que unos y otros coinciden en señalar como padre del plan, fue la de Joan Sardá Dexeus, un liberal catalanista que había asesorado a Josep Tarradellas en 1937 y que había vuelto del exilio en 1956. A él recurrieron los dos ministros del Opus sin importarles su adscripción republicana. Sardá, exiliado después en el Servicio de Estudios del Banco de España, era de la generación de los ministros, "a los que trataba de tú", según Varela. Sardá contó en sus memorias que cuando le llamaron para participar, subrayó su condición antifranquista, pero que le contestaron que lo que importaba era hacer el plan.

Sardá, que, además, conocía a los responsables del FMI por su labor en el Banco de Venezuela, se volcó desde su gabinete con un mensaje claro: "Estamos trabajando para el futuro". "Sardá fue fundamental, le hicieron caso los ministros, cuyo mérito fue crear un equipo neutral alejado del franquismo. Hacíamos economía, lo que se defendía por sí misma", sostiene Varela.

Y se comenzó a ver la luz. Varela resume en tres los pecados capitales de la política autárquica y sus virtudes contrarias: "Contra inflación, estabilización; contra protección, apertura, y contra intervención, liberalización". El diagnóstico estaba hecho; la cirugía, por hacer. El equipo formado para el plan se metió de lleno en el trabajo. El FMI, al que España se incorporaría en 1958, sostuvo que España podía ser un país más si hacía bien los deberes. Una vez incorporada España, Ullastres fue nombrado gobernador de España ante el FMI, mientras Navarro lo sería ante el BM.

Durante la preparación del PE ya empezaron a aplicarse medidas correctoras: se suprimió el sistema de cambios múltiple, se devaluó la peseta en 1957 estableciendo un cambio de 42 pesetas por dólar, se bloquearon los sueldos de los funcionarios y se frenó la oferta crediticia con la elevación de los tipos de interés, iniciándose también una pequeña reforma tributaria con la ampliación de la base imponible.

"¿Qué pasa para que en 1958 podamos entrar en el FMI; en 1959, en el BM, e iniciar la aproximación a la economía mundial que ha durado medio siglo nada menos?", se pregunta Varela. "Primero, que se fue dando cuenta más gente de que el camino español no era el aislacionismo, mientras Europa tenía progresos notables. La cooperación da lugar a integraciones como la CECA en 1951 y la CEE en 1957, que España no vivía. Todos los movimientos internacionales no incluían a España y los alumnos de Económicas nos preguntábamos por qué éramos diferentes. Para el turismo está bien decir que somos diferentes, pero en el resto conviene no ser tan diferente", se responde.

Los organismos internacionales crearon unas misiones encabezadas por el francés Gabriel Ferras, con el que Sardá mantenía una relación muy estrecha desde sus años de exilio. Las reuniones se hacían en el Banco de España o en los cercanos hoteles Suecia y Palace. Varela recuerda también al italiano Ugo Sachetti y Rojo destaca a Bertrand Castoriadis, cuyos informes fueron fundamentales para las bases del PE.

Para Rojo, los contactos con las misiones fueron la mejor enseñanza de economía que pudieron tener. El que posteriormente sería gobernador del Banco de España afirma que lo primero que hizo fue un informe sobre la peseta, "que estaba por los suelos, y con Franco convencido de que era cosa de los masones". Posteriormente, Rojo realizó un informe sobre el funcionamiento de los organismos internacionales a los que se quería incorporar España, y después, otro sobre el comercio liberalizado, para lo que tuvo que trasladarse a Londres. "Era un tostón, pero había que hacerlo", dice. "Se tenía una visión oscura de lo que era aquello", añade.

A finales de 1958, el plan estaba prácticamente terminado. "Sólo quedaban dos cosas: negociar con los organismos internacionales y convencer a Franco", coinciden las fuentes consultadas. Para lo primero se trasladó a Washington una delegación formada por Ullastres, Sardá y Varela, que resolvió el asunto. Lo segundo fue una tarea más complicada, de la que se encargaron los dos ministros. "Tenían que demostrar a Franco que la liberalización del comercio era lo que el país necesitaba primordialmente, además de otras cosas, claro", apunta Rojo. Con más sorna, Sardá decía: "Ahora, lo único que hay que hacer es convencer al único elector". Sardá solía recordar que como nadie se atrevía a proponerle a Franco un cambio de 60 pesetas por dólar, se convino que Ullastres le dijera que 59, a lo que Franco replicó: "¿Por qué 59?, pongan 60, que es más redondo".

A junio de 1959, un mes antes de firmarse el decreto ley, las reservas exteriores sólo alcanzaban los 208 millones de dólares. Es decir, una situación de suspensión de pagos técnica. El PE fue la solución. Se adoptaron nuevas medidas antiinflacionistas, como restricciones del crédito; se fijó el citado cambio de 60 pesetas por dólar, hubo varias devaluaciones de la peseta y se liberalizó el comercio exterior.

Fue un éxito casi inmediato y mayor de lo esperado. Tanto que los diplomáticos no tardaron en querer apuntarse a caballo ganador. "Es un periodo crucial, no sólo es bisagra económica, sino también política", dice Tortella, quien destaca que el comercio exterior no llegaba al 5% de la renta nacional. El país se había puesto a crecer. En 1959, como 50 años después, el PIB decreció; pero la balanza de pagos tuvo superávit, las reservas de divisas se incrementaron, la inflación se redujo al 2,4% en 1960, se incrementó la inversión exterior en España y el turismo comenzó a dispararse. La eclosión de la economía y la apertura de fronteras supuso también la salida masiva de emigrantes.

El PE significó el fin de la etapa autárquica y el comienzo de la segunda parte del franquismo, aunque, pasados unos años, se empezó a torcer porque a Franco no le gustaba mucho tanta liberalización, lo que acarreó gran enfado de los ministros del Opus que habían respaldado la apertura, incide Rojo. Afortunadamente, ya no había tiempo para dar marcha atrás, entre otras cosas, por el deterioro físico del dictador. Algunos críticos quitan importancia al hecho de que fuera el comienzo de la modernización y subrayan que la integración española en la economía y el comercio mundial se financió mediante las inversiones extranjeras y los flujos turísticos y las remesas de los emigrantes.

Visto en perspectiva, los Pactos de la Moncloa y la entrada en la UE y la posterior al euro completaron el proceso de construcción de un país moderno. "Hay que enmarcar los tres acontecimientos en los que los economistas modernizaron la economía, al margen del régimen político", subraya Perdices, que se lamenta de que no haya un consenso de igual magnitud en Educación.

"Había que tomar el camino de los demás. Fue el comienzo de la modernización de las reformas continuas, de una política que debe ir adaptándose constantemente. La economía española, que era claramente subdesarrollada y aislada, pasó a ser de las más potentes y del conjunto", afirma Varela. "Se podía haber ido más deprisa o más despacio, o simplemente no haber ido", apostilla.


http://www.elpais.com/articulo/economia/br...elpnegeco_1/Tes

Democracia, memorias y amnesias

Por Danilo Arbilla
El Independent

El Blog en español del Centro para la Prosperidad Global de The Independent Institute

El Nuevo Herald
26 julio 2009

Madrid

Por si algo le faltaba al show de las ``cumbres iberoamericanas'' , para la próxima, a realizarse en noviembre en Estoril, Portugal, se anuncia la presencia de Teodoro Obiang, quizás hasta acompañado por su hijo Teodorín.

Obiang es desde hace 30 años dictador de Guinea Ecuatorial, y su participación en el evento como observador sería propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Angel Moratinos, según trascendió en la prensa española.

Moratinos, quien acaba de realizar una visita oficial a Guinea, fue de los primeros, junto a Fidel , Chávez, Correa e Insulza, que alzó su airada voz contra el `` quiebre'' de la democracia en Honduras. Convocó a su embajador, y reclamó sanciones para el pequeño país centroamericano.

Guinea Ecuatorial está considerada entre las ocho peores dictaduras del mundo y según las mas reconocidas organizaciones de defensa de los derechos humanos, se trata de uno de los gobiernos más brutales, corruptos e injustos que existen. Obiang llegó al poder tras derrocar hace tres décadas a su tío Francisco Macías. Su hijo, Teodorín, probable sucesor llegado el caso, entre automóviles y otros lujos gastó 45 millones de dólares en dos años, cifra superior a la que el gobierno de su papá le destina a la educación.

Otro dato es que se realizan elecciones periódicas. En las últimas legislativas, hace quince meses, el partido de Obiang --el Partido Democrático (qué menos) de Guinea Ecuatorial-- obtuvo más del 99% de los votos y la oposición sólo un 0.7%. En diciembre próximo Obiang tiene previsto presentarse a la reelección por seis años más. Dice que el pueblo se lo pide.

Seguramente ese ``sometimiento'' a las exigencias democráticas electorales es lo que ha llevado a Moratinos a decir que tiene ``el sentimiento que Guinea es ahora un país diferente, independiente, soberano, moderno, dinámico y próspero que inicia una nueva etapa en el siglo XXI''. Para el canciller español, Obiang está embarcado ``en la construcción de una democracia'', con ``parámetros africanos''. Tan convencido de ello está, que durante la visita al país africano reprochó duramente a una periodista haber hablado en una de sus crónicas de violación de los derechos humanos en Guinea.

Teodoro Obiang ya advirtió que para las elecciones de diciembre, como ha ocurrido hasta ahora, no se aceptara ningún tipo de ``observadores'' y menos supervisión internacional. En Guinea ni hablar de prensa independiente.

Eso sí, Guinea Ecuatorial desborda en petróleo. Como ha dicho Moratinos --el defensor de la democracia hondureña--, alentando a los empresarios y hombres de negocios españoles: Guinea ``ofrece una cartera de oportunidades''.

Y es sabido que este tipo de cosas u oportunidades obnubila a las autoridades españolas. Tanto que les confunde los principios y hasta les provoca sorprendentes amnesias. En estos días en que el tema ``de la memoria histórica'' antifranquista está en el tapete, eso no impidió que el ex ministro de la dictadura Manuel Fraga Iribarne fuera la estrella de la delegación oficial presidida por Moratinos. Es que Fraga, siendo ministro de Franco, fue quien en nombre del gobierno español firmó la independencia de Guinea Ecuatorial, hasta entonces colonia de España.

No se quiso desaprovechar ninguna eventual ventaja comparativa, y en este caso Fraga lo era más allá de cualquier tipo de mal recuerdo. Obiang lo valoró y fue muy expresivo al referirse al veterano político: ``Le agradezco enormemente que haya venido, porque ya puedo ver que está en las últimas''.

uede, entonces, que esa ``joyita'' de la democracia debute en la próxima Cumbre Iberoamericana. Y no sería de extrañar que eso se concrete, sobre todo si se aplican criterios similares a los que utiliza la OEA y su activo secretario general para casos como el del golpe en Honduras, el atropello contra el alcalde de Caracas, la represión contra diputados opositores dispuesta por Correa en Ecuador, las relaciones y ayudas de Chávez a las FARC, las ayudas y financiamiento de las FARC a Correa, las interferencias en los asuntos internos de otros países por parte de Chávez, Correa, Evo y Ortega y la evaluación que se hace del régimen cubano. El presidente de Guinea Ecuatorial podrá así exponer sobre su parámetros democráticos, los cuales seguramente no le han de añadir mucho a los parámetros democráticos de los países del ALBA alumbrados por Fidel y Chávez.


http://independent.typepad.com/elindepende...y-amnesias.html

Del cacao de Guinea a patrono de la FAES regional

El Palau fue la plataforma de Millet para obtener cargos

L. M.
Barcelona

EL PAÍS
28-07-2009

El mundo musical, financiero y empresarial han marcado la vida de Fèlix Millet Tusell. Hijo del que fuera presidente del Banco Popular y mecenas de la cultura catalana, Fèlix Millet Maristany, y sobrino nieto del fundador del Orfeó Català, a Millet Tusell le gustaba la música desde pequeño y a su afición a tocar la guitarra añadió el saxofón, con el que, como aficionado, interpretaba jazz, género por el que siente pasión. Estudió ingeniería técnico agrícola y su padre, presidente, entre otros muchos cargos, de la Compañía Agrícola Industrial de Fernando Poo (Caifer, S. A.) decidió mandarlo a Guinea Ecuatorial para encargarse de las plantaciones de cacao y plátanos de la compañía, y hacerle un hombre.

A su regreso de África, Millet estudió dirección de empresas en IESE y tras licenciarse en 1972 empezó a introducirse en el mundo de los negocios. Fue responsable de la sociedad de inversión inmobiliaria Renta Catalana y su gestión acabó en los tribunales y con él sentado en el banquillo de acusados. Pasó unas semanas en prisión preventiva en la cárcel Modelo de Barcelona, y en 1984 la Audiencia de Barcelona le condenó a dos meses de arresto y a 30.000 euros de multa por un delito de imprudencia que facilitó otro delito de falsedad de la sociedad. Estos antecedentes ya están cancelados.

En el momento de ser condenado, Fèlix Millet era ya presidente del Orfeó Català, cargo que también ocuparon su padre y su abuelo, un industrial algodonero que era el hermano del fundador del Orfeó. Millet accedió al cargo en 1978 y ha permanecido en él por más de 30 años. Al frente del Orfeó y el Palau de la Música inició la renovación de la institución, que no sólo significó su apertura a todo tipo de música al margen de la clásica y conseguir que en 1997 fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, sino también la dinamización de los coros del Orfeó y la clave que garantizaba el futuro del Palau de la Música con la creación, en abril de 1983, del consorcio de administraciones que desde entonces rigen el edificio y han financiado en buena parte sus dos ampliaciones. Para conseguir dinero extraordinario -se lo acabó concediendo José María Aznar- no dudó, pese a definirse nacionalista catalán, en incorporarse en 2003 al patronato del Instituto Cataluña Futuro, sección regional de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).

Como presidente del Orfeó, Millet asumió también la presidencia del comité ejecutivo del consorcio y, a partir de 1990, la de la Fundación del Palau de la Música, creada para organizar programación musical propia.

Su cargo al frente del Palau de la Música y su fundación, a la que están vinculadas multitud de empresas grandes y medianas, ha servido a Millet de plataforma personal y puente para acceder a una veintena de cargos en empresas financieras, de seguros, sanidad y el mundo inmobiliario.


http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ca...728elpcat_7/Tes

DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Decreto-Ley 10/1959 de 21 de Julio de ordenación económica (BOE de 22 de julio de 1959, Num. 174)

Al final de la Guerra de Liberación la economía española tuvo que enfrentarse con el problema de su reconstrucción, que se veía retardada, en aquellos momentos, por la insuficiencia de los recursos y los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia de la contienda.


La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y cerraron gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales lo que motivo una serie de intervenciones económicas al servicio de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción nacional. Sin embargo a través de estas etapas difíciles España ha conocido un desarrollo sin precedentes en su economía.


Gracias a ese rápido proceso, nuestra estructura económica se ha modificado profundamente. Resueltos un sin fin de problemas, hay que enfrentare ahora con otros, derivados tanto del nivel de vida ya alcanzado cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente la de los países de Occidente en cuyas organizaciones económicas está integrada España.


Para ello son imprescindibles unas medidas de adaptación que sin romper la continuidad de nuestro proceso económico, aseguren un crecimiento de la producción respaldada por una política de .ahorro y de ordenación del gasto.



La solución que se pretende dar a aquellos problemas debe hacerse desde un planteamiento global y panorámico de los mismos, de tal modo que ni la apertura de nuestra economía hacia el exterior, ni las medidas de orden interno produzcan efectos secundarios desfavorables.


Por otra parte, es necesario que la nueva ordenación económica este dotada de la debida flexibilidad para que sea susceptible de sufrir los reajustes necesarios y las revisiones oportunas, a medida que lo aconseje la experiencia y lo postulen las circunstancias.


En este aspecto, el Decreto-ley que a continuación se articula establece la liberalización progresiva de la importación de mercancías y paralelamente la de su comercio interior; autoriza la convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas; faculta al gobierno para modificar las tarifas de determinados impuestos, y al Ministerio de Hacienda, para dictar normas acerca del volumen de créditos.



Es indudable que las medidas respectivas de emergencia entrañaban un carácter transitorio. Superadas aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que permita colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones asumidas por España como miembro de pleno derecho de la OECE. La mayor flexibilidad económica que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso que el Estado abdique del derecho y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo economito del país. La nueva etapa de nuestra vida comercial traerá, sin duda consigo una relación adecuada de costes y precios, de acuerdo con las circunstancias reales de la demanda y la producción.



De este modo se espera obtener la estabilidad interna y externa de nuestra economía, el equilibrio de nuestra balanza de pagos, el robustecimiento de la confianza en nuestro signo monetario y, en suma, la normalización de nuestra vida económica.



Por lo expuesto, en uso de la atribución contenida en el artículo trece de la Ley de Cortes y oída la Comisión a que se refiere el articulo décimo de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.



DISPONGO:


Articulo primero.- Las mercancías que, en virtud de las obligaciones asumidas por España como miembro de pleno derecho de la Organización Europea de Cooperación Económica, sean declaradas de libre importación, quedaran igualmente liberalizadas en el interior del país.



Articulo segundo.- Como consecuencia de las liberalizaciones que se acuerden, serán objeto de revisión los Organismos que hasta ahora tenían atribuidas funciones interventoras, quedando facultado el Gobierno para proceder a la modificación, fusión o supresión de los Organismos que así lo requieran, aunque hayan sido creados por Ley, y para dictar las disposiciones pertinentes acerca del personal de dichos Organismos.


Articulo tercero.- El Gobierno propondrá a las Cortes o dictara, en caso de urgencia, las oportunas disposiciones para prevenir y combatir las prácticas monopolísticas y demás actividades contrarias a la normalidad del comercio y a la flexibilidad de la economía.



Articulo cuarto.- Queda derogada la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve sobre “Fondo de Retorno para Cargas Interiores del Estado” y se faculta al Ministerio de Comercio para dictar las normas de derecho transitorio que fueren precisas en orden a la liquidación del citado Fondo de Retorno.



Articulo quinto.- Se autoriza al Gobierno para establecer, a propuesta del Ministerio de Comercio, la convertibilidad de la peseta en los casos y condiciones que estime convenientes y se faculta a los Ministros de Hacienda y de Comercio para dictar las normas complementarias en la esfera de sus respectivas competencias.



Articulo sexto.- Uno. Los españoles residentes en España y las personas jurídicas de nacionalidad española que posean divisas extranjeras, cualquiera que sea su origen o titulo de pertenencia, admitidas a cotización en el mercado de divisas vienen obligadas a venderlas en el mismo.


Dos.- Para las divisas no admitidas a cotización subsistirá el régimen de cesión al Estado a través del Instituto Español de Moneda Extranjera.


Tres.- Las operaciones de compra y venta en el Mercado de divisas se llevaran a cabo a través de las entidades de la Banca oficial o privadas en las que delegue el Instituto Español de Moneda extranjera y de las oficinas de cambio que e establezcan y de acuerdo en todo caso con las normas que oportunamente dicte el Ministerio de Comercio.


Cuatro.- El Instituto español de Moneda Extranjera señalara las divisas admitidas a cotización en el mercado.



Articulo séptimo.- Las personas señaladas en el articulo anterior que, sin haber cumplido las obligaciones impuestas por los artículos primero y tercero de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, en orden a declaración y cesión de divisas extranjeras vendan en el mercado o cedan al Estado en los respectivos casos del articulo anterior sus divisas extranjeras dentro del plazo de seis meses a contar de la publicación del presente Decreto-ley, quedaran exentas de la responsabilidad que determina la legislación sobre Delitos Monetarios y Régimen Tributario, inclusive la referente a la Contribución general sobre la Renta por incrementos no justificados de patrimonio que resulten como consecuencia de las operaciones de conversión de las divisas y su posterior inversión en España sin mas excepción que las responsabilidades monetarias o fiscales que pudieran derivarse de cualquier clase de diligencias ya iniciadas.



Articulo octavo.- Cesan las obligaciones consignadas en los artículos primero, segundo y cuarto de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho sobre declaración de valores, bienes y derechos y deposito necesario del oro amonedado o en pasta, facultándose al gobierno para devolver en las condiciones y momento que estime convenientes, los depósitos constituidos siempre que no lo hayan sido por acuerdo judicial dimanante de actuaciones por delito monetario.


Articulo noveno.- Uno. Las sociedades anónimas españolas que se creen con la autorización del Ministerio de Hacienda y tengan por exclusivo objeto la tenencia de acciones u otros títulos representativos del capital o deudas de sociedades extranjeras quedaran exentas de los impuestos y arbitrios a que se refieren los artículos ciento treinta y cinco de la Ley de Reformas Tributarias de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete y el articulo segundo de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre sociedades de inversión mobiliaria, no siéndoles de aplicación las limitaciones de su articulo tercero.


Dos. Los dividendos percibidos por las acciones de dichas sociedades españolas gozaran de las desgravaciones establecidas en el artículo tercero de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho sobre modificaciones tributarias aunque su cuantía exceda del limite del veinte por ciento señalado en el mismo.


Tres. A propuesta del Ministro de Hacienda, el Gobierno establecerá las condiciones y requisitos a que habrán de sujetarse las sociedades citadas y los supuestos de pérdidas de los beneficios de este Decreto-ley.


Artículo diez.- Se faculta al Ministro de Hacienda:

a) Para establecer el límite máximo de las operaciones activas por descuentos y créditos de los Bancos y Banqueros y para introducir modificaciones en dicho limite.

b.) Para dictar normas conforme a las que un Bancos o Banquero precisara de al previa autorización del Banco de España para incrementar, por encima de la cifra que se le señale, la totalidad o parte de sus operaciones activas sin perjuicio de las facultades que el articulo cuarenta y ocho de la Ley de Ordenación Bancaria confiere a la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones.


El incumplimiento por los Bancos y Banqueros de las obligaciones que se deriven de lo anterior, será sancionado en la forma establecida por el artículo cincuenta y siete de la Ley de Ordenación Bancaria de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.


Artículo once.- El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, determinara la cuantía y forma con arreglo a las cuales el Estado participara en los nuevos precios de los productos petrolíferos y tabacos.

Asimismo, queda facultado el Gobierno para modificar los impuestos que gravan el uso del teléfono, dentro siempre del límite actualmente vigente para el servicio urbano, y para establecer una sobretasa en determinados servicios y tarifas.


Articulo doce.- Se introducen las siguientes modificaciones en el régimen impositivo:

a) A partir del año mil novecientos sesenta quedara definitivamente suprimida, dentro del territorio que constituye el ámbito del Monopolio de Petróleos, la Patente Nacional que grava los vehículos a motor.

b.) El vigente Arancel de Aduanas a la exportación en la Península e Islas Baleares queda modificado en los términos que se especifican en el anexo numero uno a este Decreto-ley.

Los derechos señalados en dicho anexo tendrán carácter transitorio, con vigencia máxima de tres años, y anualmente serán objeto de sucesivas reducciones hasta su total desaparición.

c) Con igual carácter transitorio, las mercancías que se especifican en el anexo numero dos vendrán gravadas, a su salida de las Islas Canarias para el extranjero, con los arbitrios y en los términos que se señalan en el mencionado anexo y serán recaudados por los respectivos Cabildos Insulares.

d) Se establecerán en los aranceles de exportación de las provincias de Fernando Poo y Rió Muni, de forma igualmente transitoria y con sucesivas reducciones anuales, las modificaciones que se señalan en el anexo numero tres.



Artículo Trece.- Se faculta al gobierno para establecer a propuesta de los Ministros de Hacienda y Comercio la constitución obligatoria de un depósito previo en pesetas a las importaciones de mercancías en a forma y condiciones que reglamentariamente se determinen. Asimismo, se le faculta para establecer sobre las mercancías de importación que se señalen, independientemente del arancel de aduanas, los derechos fiscales que correspondan a mercancías similares producidas en España.


Articulo catorce.- Se conceden los créditos extraordinarios que seguidamente se detallan, aplicados a conceptos adicionales del presupuesto en vigor, con la cuantía que también se expresa y con destino a cubrir las necesidades que en cada uno se indican durante los cinco últimos meses del año en curso.

Cincuenta y cinco millones de pesetas a la sección quinta de Obligaciones generales del Estado, “Deuda Publica”; capitulo quinto, “Atenciones financieras”; articulo noveno, “Otras Atenciones”; grupo cuarto, “Diferencias de cambio” con destino a las que se originen entre los cambios cifrados en los distintos conceptos de gastos de las deudas pagaderas en moneda extranjera y los que efectivamente se originen.

Doscientos millones de pesetas a la sección primera “Gastos de los Servicios”; articulo quinto, “Otros gastos ordinarios”; grupo octavo, “Servicios afectos a los distintos Departamentos ministeriales”, para satisfacer las insuficiencias que se presenten en las dotaciones destinadas a satisfacer la prima por pago en pesetas-papel de los conceptos de gastos pagaderos en el extranjero para los que se halle legalmente preestablecida la liquidación en pesetas-oro y en las correspondientes a los demás gastos que no cumpliendo esta condición hayan de hacerse efectivos también en el extranjero, crédito a distribuir, previo informe del Ministerio de Hacienda y acuerdo del Consejo de Ministros.

Quinientos cuarenta y un millones a la sección undécima, “Ministerio de Agricultura”; capitulo cuarto, “Subvenciones auxilios y participaciones en ingresos”; articulo tercero, “A favor de particulares”; grupo primero, “Ministerio, subsecretaria y Servicios generales” para compensar en determinados productos mediante acuerdo del Gobierno las alteraciones en los costos que puedan resultar afectados por el Plan de Estabilización.

Y treinta y nueve millones quinientas mil pesetas a la sección decimocuarta “Ministerio de Información y Turismo”; capitulo cuarto, “Subvenciones, auxilios y participaciones en ingresos”; articulo tercero “A favor de particulares”; grupo primero, “Ministerio, subsecretaria y Servicios generales” para primar el precio del papel prensa y de la pasta para la misma clase de papel.

Estos dos últimos créditos tendrán carácter de “a extinguir” en el plazo máximo de tres años naturales a partir de la fecha de su otorgamiento, por una cifra mínima de la tercera parte de su total importe anual, y su utilización se efectuara mediante acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de los titulares de los Departamentos a que se encuentren afectados.



Artículo quince.- Por los Ministerios competentes se dictaran las disposiciones adecuadas al mas eficaz cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto-ley.



Articulo dieciséis.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en este Decreto-ley que entrara en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO



http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1959/174/A10005-10007.pdf

Obiang….. Obiang….. después…. De… treinta….años…. del… Golpe… de…Libertad…. Son…. Imprescindibles…. unas …..medidas…. de …..adaptación.... y…liberalizacion…….como… hizo ….Francisco…. Franco...........Franco ....... Franco......Franco

Las incertidumbres de la prensa escrita

Los periódicos se preparan para configurar redacciones multimedia. EL PAÍS afronta el reto tecnológico con el desarrollo de nuevos soportes para sus contenidos

MILAGROS PÉREZ OLIVA

EL PAÍS
Opinión
26-07-2009

El periódico de papel no está muerto, puede incluso tener aún larga vida, pero el futuro es sin duda digital. Éste podría ser el resumen de una serie de debates a los que he asistido en las dos últimas semanas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, la Universidad de León y el Colegio de Periodistas de Catalunya. En todos ellos se debatía la crisis de la prensa escrita y las inquietantes incógnitas que se ciernen sobre el futuro del periodismo, una cuestión que preocupa en las redacciones. Como la de muchos otros diarios, la de EL PAÍS se encuentra en estos momentos inmersa en un cambio estratégico, de adaptación a las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, que considero importante que ustedes conozcan. Son cambios organizativos y tecnológicos que abren grandes oportunidades, pero también ciertos riesgos. El más importante de estos cambios es la integración de las dos redacciones, la del diario impreso y la del digital, que durante años no sólo han funcionado por separado, sino que incluso han pertenecido a empresas diferentes dentro del Grupo PRISA. Entre los tecnológicos destaca la búsqueda de nuevas vías de distribución, como el reciente acuerdo alcanzado con la librería electrónica Amazon.com para poder descargar (de momento, sólo en Estados Unidos) el contenido del diario impreso en el lector electrónico Kindle.

Lo que confiere gravedad e incertidumbre a la actual situación de la prensa escrita es la coincidencia de al menos tres crisis que operan de forma simultánea: la crisis económica general, que ha llevado a una caída sin precedentes de los ingresos por publicidad; una crisis de modelo industrial y tecnológico, que obliga a replantear no sólo los formatos del periódico, sino la organización del trabajo periodístico, y una crisis de credibilidad que afecta al periodismo en general y que en los últimos años ha dado lugar a intensos debates como el propiciado en torno al Project for Excellence in Journalism, cuya web les invito a visitar.

El American Press Institute reunió en noviembre pasado a 50 editores de los diarios más importantes de EE UU. Su diagnóstico no podía ser más inquietante: la caída de las ventas y de los ingresos por publicidad, la ruptura que representan Internet y las nuevas tecnologías, y la competencia de nuevos actores, como los agregadores de noticias (Google News y otros), están llevando a la prensa escrita "al borde del precipicio". La evolución de 2009 no ha hecho sino agravar la crisis y muchos grupos de prensa han entrado en pérdidas, aunque la vuelta a los beneficios en el último trimestre del grupo editor de The New York Times hace albergar esperanzas de brotes verdes también en la prensa.

Sin embargo, aunque la crisis económica amainara a corto plazo, la del modelo industrial, vinculada al desafío de los cambios tecnológicos, está lejos de resolverse. La extensión de la cultura de la gratuidad en Internet y los cambios en la forma de percibir y acceder a la información por parte de las nuevas generaciones están conduciendo a una progresiva disminución de las ventas en quiosco, la otra gran fuente de ingresos de la prensa escrita, en todos los países industrializados. La migración de lectores hacia el formato digital no está siendo acompañada por la correspondiente migración de la publicidad. De hecho, las ediciones digitales no serían rentables si tuvieran que producir por sí mismas los contenidos que ahora les proporciona la edición impresa. De manera que en la práctica, el lector que va cada día al quiosco a comprar el diario está subvencionando a los lectores que acceden al diario digital de forma gratuita. ¿Cuánto tiempo continuarán pagando, teniendo en cuenta además que la versión digital, a la que se puede acceder sin coste alguno, es ya más completa y extensa que la impresa?

La combinación de estas crisis está dando lugar a no pocas paradojas. La primera es que, en una sociedad acelerada y permanentemente preocupada por anticipar el futuro, como señala Daniel Innerarity en su libro El futuro y sus enemigos, disponer de información fiable y de calidad es más importante que nunca. Y de hecho circula una gran cantidad de información. Pero mientras la necesidad de información crece, disminuye el número de ciudadanos dispuestos a pagar por ella. Gracias a Internet, los diarios tienen ahora una audiencia más amplia y extendida que nunca, pero grandes dificultades para rentabilizar su trabajo periodístico. De hecho, en estos momentos lo rentabilizan más las empresas tecnológicas que facilitan los nuevos soportes y accesos que las que producen los contenidos. Lo cual no parece sostenible.

Los editores se plantean un cambio de estrategia y sus foros hierven con múltiples y diferentes propuestas. En mayo pasado se dio a conocer, por ejemplo, el Newspaper Economic Action Plan, promovido por el American Press Institute, que plantea distintas estrategias para afrontar las transformaciones y rentabilizar los contenidos online. Algunos importantes diarios se plantean implantar de nuevo un sistema de suscripciones para poder acceder a los contenidos online, mientras otros exploran aplicar algún sistema de micropago.

Pese a las incertidumbres, todos tienen claro que el futuro está en el máximo desarrollo de la edición digital. También EL PAÍS, pues ésta es la que le permite ampliar su audiencia en todo el mundo como nunca hubieran soñado sus fundadores. Los periódicos más innovadores han iniciado ya la transición hacia un nuevo modelo de producción que ha de convertirles en proveedores de contenidos en múltiples soportes (papel, ordenador, teléfono, libro electrónico, televisión, etcétera) y múltiples formas (impresa, en audio, en vídeo). Periódicos como The New York Times, The Guardian o The Washington Post están avanzando en el proceso de integración de sus redacciones por diferentes vías, pero es The Daily Telegraph el que parece haber llegado más lejos en la configuración de una redacción multimedia preparada para ofrecer contenidos en todos los soportes.

También EL PAÍS ha iniciado el camino de la integración. Lydia Aguirre, directora de El País.com, explica el objetivo: "Nos estamos transformando para adaptarnos a la demanda de la sociedad. El reto es que los lectores puedan recibir los contenidos que producimos donde quieran y de la forma que quieran; que puedan recibir las noticias en diferentes soportes según sus necesidades en función del lugar en el que estén y la vía que les resulte más cómoda".

El modelo de redacción multimedia exige cambios importantes. El diario impreso dispone de cierto tiempo para verificar y contrastar las informaciones. El periódico digital incorpora la inmediatez de la radio y la mentalidad de la agencia de noticias. A diferencia del papel, en el soporte digital cabe todo lo que se quiera introducir. Dar la noticia lo más pronto posible se convierte en un imperativo categórico, lo cual puede afectar a la calidad de la información si no se establecen mecanismos de control de calidad ágiles, pero también muy severos para contrarrestar el factor de inseguridad que la prisa representa en periodismo.

Diferentes expertos con los que he coincidido estos días consideran que eso requerirá no sólo reforzar los equipos humanos de las nuevas redacciones, sino situar en los puestos clave de decisión a profesionales de gran veteranía y amplios conocimientos. De modo que los periódicos que, a causa de la crisis económica, se han decantado por prescindir de sus profesionales más veteranos para reducir costes, tal vez los echen de menos muy pronto.

El futuro del periodismo exige cambios, y los lectores tienen mucho que decir al respecto; por eso he querido hacerles partícipes, con esta breve pincelada, del debate en el que están sumidas las redacciones. Les invito a participar. A partir de septiembre, la Defensora dispondrá de un nuevo espacio en la edición digital con el que me propongo intensificar el diálogo entre la redacción y los lectores. Gracias por la ayuda que me han prestado hasta ahora y que disfruten de sus vacaciones.


http://www.elpais.com/articulo/opinion/inc...elpepiopi_5/Tes

El derrocamiento de Macías. La caída del tigre

Donato Ndongo Bidyogo

La Aventura de la Historia
nº 130
agosto 2009

Temiendo ser la siguiente víctima del tirano de Guinea Ecuatorial, su sobrino Teodoro Obiang, el segundo hombre fuerte de la dictadura, lo hizo fusilar tras un golpe del que se cumplen treinta años. Donato Ndongo-Bidyogo detalla la trágica situación de la ex colonia española y los pormenores de la asonada militar.

"Hace tres décadas, el 3 de agosto de 1979, Teodoro Obiang Nguema derrocó a Francisco Macías Nguema y se aupó al poder en Guinea Ecuatorial. Su acción, aplaudida por los guineanos y la comunidad internacional, estuvo plenamente justificada: el país se encontraba en una callejón sin salida, aplastado por la brutal tiranía impuesta por su primer presidente, elegido democráticamente once años atrás, cuando esa nación centroafricana obtuvo su independencia de España, el 12 de octubre de 1968.

La libertad duró cinco meses.


Macías, el más radical de los independentistas guineanos, aconsejado por sus mentores españoles - su principal asesor fue el notario antifranquista Antonio García-Trevijano- adoptó una fraseología "anticolonialista" y una actitud agresiva contra la antigua metrópoli. Tuvo facilidades para ello: la España oficial se hallaba dividida sobre la cuestión guineana, entre las tesis continuistas del vicepresidente, almirante Luís Carrero Blanco, patrocinador a un tiempo del conservador Bonifacio Ondó Edu y del dirigente separatista bubi Edmundo Bosió, y las preferencias del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, que había apostado por le líder nacionalista Atanasio Ndongo Moyón. Ambos perdieron las elecciones frente a Macías.



El nuevo presidente buscó entonces la manera de deshacerse de sus oponentes y vengarse de la manifiesta hostilidad española. Su nacionalismo racista y xenófobo condujo a la expulsión del primer embajador español, Juan Durán Loriga, cuya consecuencia inmediata fue la precipitada repatriación de las tropas y de la casi totalidad de los 8.000 españoles residentes. Pocos días después de la independencia, Ondó Edu se refugió en el vecino Gabón, de donde fue devuelto , siendo encarcelado y asesinado. Tensión que culminó el 5 de marzo de 1969, cuando Atanasio Ndongo, ministro de Asuntos Exteriores, protagonizó un confuso intento de derrocamiento, cuyo fracaso le llevó a la muerte, junto a la plana mayor de su partido. Macías tenía ya los pretextos para instaurar un régimen personalista y una de las tiranías más sanguinarias del siglo XX.

Según todos los cálculos, incluido el de los militares que le depusieron el 3 de agosto de 1979, el "presidente vitalicio" y "único milagro de Guinea Ecuatorial" - se adjudicó más de medio centenar de títulos estrambóticos- dejó un país exhausto: unas 50.000 personas murieron a causa de la inusitada violencia política y otras 10.000 "desparecieron"; al menos 160.000 - un tercio de la población- se refugiaron en el exterior; 5.000 presos políticos abarrotaban las inhumanas cárceles, y 30.000 guineanos realizaban trabajos forzados en el pueblo natal del dictador, Nzangayong, en el distrito de Mongomo, y en las fincas de cacao de la isla de Fernando Poo, rebautizada "Isla Macías Nguema".

Colapso económico.


La economía estaba hundida: las 48.000 toneladas de cacao producidas en 1967 - el cacao guineano era uno de los más cotizados en las bolsas internaciones - se había reducido a 3.000; la producción maderera se redujo de 350.000 toneladas a 25.000, y la de café, de 8.000 a sólo 1.000. Los funcionarios eran obligados a trabajar en las decadentes explotaciones agrícolas y en las contadas obras públicas. El Estado dejó de funcionar. En política exterior, Macías se alineó con el bloque comunista, en especial con la Unión Soviética, Corea del norte, China y Cuba; España, Estados Unidos y demás países occidentales habían roto las relaciones diplomáticas; solo Francia mantenía a su embajador en Malabo.

En 1976, Macías expulsó a los 60.000 braceros nigerianos asentados en el país, la mayoría en la isla, contratados durante la etapa colonial para cubrir las necesidades de mano de obra en las fincas de cacao. Temiendo una invasión de Nigeria como represalia, el presidente se refugió en su poblado: almacenaba en su casa todo el dinero del país, incluidas las reservas de divisas, y realizaba personalmente todos los pagos; allí recibía también a embajadores y visitantes extranjeros. Microestado mísero, aislado y olvidado, el mundo desconocía la existencia de Guinea Ecuatorial y el sufrimiento de sus habitantes. Durante la conferencia constitucional que había preparado la independencia en 1967 y 1968, la España del general Francio había decretado secreto oficial toda información relativa a su excolonia. Aunque hubo un periodo de tolerancia informativa después de la independencia , el fiasco que supuso la descolonización llevó de nuevo a Franco a prohibir toda mención de Guinea Ecuatorial en los medios de comunicación españoles. La medida adoptada en 1971, estaba destinada a proteger a determinados personajes de aquel régimen con intereses coloniales; pero también, debido a las reiteradas amenazas de Macías de tomar represalias contra los pocos españoles que prefirieron seguir en su país. Así se puso de manifiesto cuando en octubre de 1976, el primer Gobierno de Adolfo Suarez levantó la "materia reservada"; Macías amenazó literalmente a los diplomáticos que acudieron a comunicarle la medida, Emilio Pan de Soraluce y Emilio Cassinello - jefe de Protocolo y subdirector general de Asuntos de África, respectivamente- con "echar a las masas incontrolables" contra los residentes españoles. En efecto, el último domingo de octubre de 1976, diez mil guineanos vociferantes se congregaron durante dos horas ante la Embajada de España en Malabo para "protestar" contra el "imperialismo " español.

Espontáneos del régimen.


En noviembre, la revista Cambio 16 señaló a los "dirigentes" del "aparato represor" del régimen e instigadores de la "manifestación": Buenaventura Ochaga Ngomo, jefe de los 2000 milicianos y secretario general del Partido Único Nacional de Trabajadores (PUNT); el "capitán Teodoro Nguema", jefe del Ejército - que calculaba en 1500 efectivos - , formado en España y que se ocupaba predominantemente de la Guardia Nacional"; un denominado "comandante Marcelo", jefe de la guarnición de Luba, y el capitán Salvador, jefe de la de Bata".


Desde que Macías abandonó la capital en 1976, el "hombre fuerte" de la isla era, en efecto, Teodoro Obiang Nguema. Alumno durante dos años en la Academia Militar de Zaragoza, de la que salió como alférez. Obiang fue ascendiendo en la Guardia Nacional gracias a la circunstancia de ser sobrino tribal - no carnal - del presidente, ambos del clan esangui. Algún día se conocerán los detalles de tan fulgurante carrerea militar y política. A principios de 1979, Obiang era el militar de mayor graduación - después de Macías, "general mayor" de las Fuerzas Armadas-, al ostentar el grado de teniente coronel; era, además, viceministro de Defensa - con Macías como titular -, administrador de las fincas estatales - las propiedades arrebatadas a los españoles y después nacionalizadas - y jefe de las cárceles. Nada se movía en la región insular sin su conocimiento y consentimiento. Tan amplios poderes suscitaban los recelos de otros miembros destacados del régimen, que, en aquel reino del caos, sólo podían vivir de la delación.

Muerte en Black Beach.


Ante los reiterados avisos de que Obiang estaba acumulando demasiado poder, Macías empezó a recelar. A principios de año, Obiang viajó a su pueblo, Akoakan, a pocos kilómetros de la ciudad de Mongomo, para las exequias de su padre; está comprobado que Macías le humilló de manera ignominiosa, por lo cual regresó a Malabo resentido y temeroso por su futuro. No era la primera vez: a finales de 1976, Buenaventura Ochaga, Jesús Alfonso Oyono, ministro de Obras Públicas, y el sacerdote José Esono, fueron encarcelados y asesinados en el tétrico penal de Black Beach; según testigos presenciales, al enterarse Macías, se lo recriminó con duraza a Obiang, aunque no tomó ninguna medida. Pero esta vez era distinto: Teonesto, hijo del presidente regresaría en breve de Cuba, donde recibía formación militar, y su padre planeaba otorgarle los cargos ocupados por Obiang.

Éste conocía bien las consecuencias de caer en desgracia, pues el Tigre ni perdonaba ni era compasivo. Enterado de las intenciones del presidente a finales de julio, decidió pasar a la ofensiva. Envió a Libreville (Gabón) a su primera esposa, Constancia Mangue, acompañada de su hijo Teodorín, de su hermano Antonio y de su tío Fructutoso Mba Oñana, ambos militares; aprovechando el vuelo semanal de Iberia, que nunca se interrumpió pesa la la ruptura de relaciones diplomáticas, para enviar a Canarias a su segunda esposa, Celestino Lima, y a su familia. Exploró con suma discreción la posible reacción de algunos países, e inició los preparativos del golpe. Aprovechaba la noche para reunirse con los compañeros de academia aún vivos -la mayoría había muerto-, alguno de ellos presos en Black Beach: Salvador Ela Nseng, Eulogio Oyó Riquesa y Cristiano Seriche Bioco-Malabo.

La toma de Bata.


Planificada la acción, las tropas leales embarcaron hacia Bata - principal ciudad de la zona continental - en el único buque que tenía el país, el Acacio Mañé Ela. Tomada Bata - gracias a Florencio Mayé Ela, comandante de Marina - en la madrugada del 3 de agosto, los conjurados decretaron el toque de queda e hicieron pública por radio la destitución de Macías.

La población acogió la noticia con estupor y alegría apenas contenida. Terminaban onde años de terror. La isla de Bioco - nunca denominadción de la ntigua Fernando Poo - fue "gandas" con facilidad. Las tropas enviadas a Bata se encaminron hcia el interior. Dirigidas por el capitán Oyó Riquesa, ayudado por Seriche, Santiago Bee Ayetebe y félix Mba Nchama, tenían como destino Mongomo, para apresar al presidente depuesto. Éste, enterdo de la sonada, movilizó a sus leales.

Ambos ejércitos, apenas difenenciados por el brazalete rojo de los golpistas, se encontraron en Bindung, a unos 25 kilómetros de Bata. No duró mucho la batalla, pero fue encarnizada. La columna de Obiang tenía más alta la moral, era más numerosa y estaba mejor pertrechada. Los macíasistas ser replegaron hasta Niefang, a 80 kilómetros de Bata, donde se fortificaron, gracias a los chinos: les engañaron haciéndoles creer que Guinea Estaba siendo invadida por un país extranjero. La artillería china destrozó un tanque, muriendo uno de sus ocupantes. Cuando los chinos supieron que se trataba de un asunto interno, cesó su apoyo a Macías. En Niefang, el encontronazo fue violento, con numerosas bajas, cuyo cómputo resulta imposible porque nadie se preocupó de anotar los datos. Pero se sabe que varios civiles fueron fusilados; entre ellos, el alcalde Ndong Mba Owono, que había dado cobijo a Macías durante la refriega; Baca Nsuy, jefe local del PUNT, y Santos Olo, dirigente de las tristemente céleres Juventudes de Macías.


Abandonado por todos.


En la huida hacia Mongomo, el ex presidente iba siendo abandonado; quines cambiaban apresuradamente de bando vaciaban los depósitos de combustible de los vehículos militares. Las autoridades civiles y militares fieles a Macías se rendían y las tropas de Obiang eran recibidas con júbilo por donde pasaban. En Añisok, el delegado del Gobierno, un ex boxeador apodado Antón King, paradigma del sadismo y crueldad de la tiranía que terminaba, murió apedreado por el pueblo enfurecido. Los golpistas ocuparon Mongomo sin resistencia alguna, y llegaron a Nzangayong, la guarida del Tigre, que fue saqueada. Los expedicionarios se apropiaron de todos los fondos depositados en la residencia presidencial, dinero que pronto sería declarado ilegal por el constituido Consejo Militar Supremo. Pero Macías no aparecía. Varios días después una mujer puso a los militares sobre su pista: andaba merodeando por la selva, solo, extraviado, hambriento, desvalido. Cuando fue apresado por el teniente Pedro Motú Mamiaga, de nada le sirvieron los supuestos "poderes mágicos" con los que había aterrorizado a la población durante una década.

Herido levemente en un brazo, el ex presidente fue conducido a Bata y después a Malabo. Sometido a un juicio sumarísimo, fue fusilado el 30 de septiembre de 1979. El mismo día - ironías de la Historia - en que era proclamado presidente electo once años atrás".


http://www.asodegue.org/julio30091.htm

"Hay que buscar una solución a Gibraltar satisfactoria para todos"


MIGUEL GONZÁLEZ

EL PAÍS
España
02-08-2009


Tan satisfecho como fatigado parece Miguel Ángel Moratinos (Madrid, 1951) en el avión de la Fuerza Aérea que le trae de regreso de Brasil la madrugada del pasado viernes. En el último mes, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha abordado tres de los viajes más polémicos en cinco años al frente de la diplomacia española (Guinea Ecuatorial, Gibraltar y Venezuela) con un objetivo común: "romper tabúes y abrir el debate".

Pregunta. Nadie puede negar que ha provocado el debate...

Respuesta. Para que las cosas cambien, deben explicarse y no se explican sin debate. Los logros de estos viajes se reflejan en los acuerdos políticos y económicos, pero también han servido para cambiar dinámicas, discutir, reflexionar y comprender la estrategia del Gobierno.

P. ¿Se ha dejado el ministro muchos pelos en la gatera?

R. Pelos me quedan pocos, pero estoy convencido de haber ganado la apuesta.

P. ¿De verdad podemos fiarnos de Hugo Chávez?

R. No hay que fiarse de una personalidad o un líder político. Hay que generar una trama de intereses que sirva de garantía. Si no hay intereses sólidos, las relaciones pueden entrar en crisis. El colchón de la interdependencia es lo que permite amortiguarlas. Esta fórmula la hemos aplicado con Marruecos y también vale para Venezuela.

P. El PP califica a Chávez de dictador y Human Rights Watch denuncia el acoso a la oposición y a los medios de comunicación.

R. Cada uno puede calificar como quiera, pero es evidente que Chávez ha ganado las elecciones, y no una sino varias, y ha reconocido la derrota cuando ha perdido. En Venezuela hay un sector de medios de comunicación muy crítico con Chávez. Creo que el nivel de libertad de expresión es satisfactorio.

P. Los casi 200 hispano-venezolanos que han visto ocupadas sus fincas han comprobado la falta de seguridad jurídica.

R. Me impresionó mucho la reunión que mantuve en Caracas con algunos de ellos y pude comprobar su grado de inquietud y angustia, pero tenemos que agradecer que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela nos propusiera crear una mesa de diálogo para examinar los expedientes...

P. ¿Se resolverá el problema?

R. Si no hubiera voluntad [de arreglo] no habría un calendario tan riguroso, con reuniones cada 15 días. El propio Chávez nos garantizó que hará lo posible por resolver todos los casos antes de fin de año, aunque es verdad que algunos son más claros y otros más dudosos. Lo que debe acabar es la incertidumbre.

P. ¿Aceptará la petición de que España represente a Venezuela ante Israel?

R. Hemos hecho una primera gestión con Israel y su reacción inicial ha sido positiva. Si asumimos esta responsabilidad, será importante atender los casos consulares y los intereses venezolanos, pero también trabajar para que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países.

P. ¿También entre Venezuela y Colombia?

R. Vamos a hacer todo lo posible. La pasada tarde [por el jueves] hablé con el ministro [de Exteriores de Colombia, Jaime] Bermúdez. Le he informado de nuestras conversaciones en Venezuela. La semana próxima viaja [a Bogotá] la vicepresidenta [Fernández de la Vega]. Nuestro deseo es que los dos países reencuentren la vía del diálogo y la confianza. No es fácil, porque hay mucho resentimiento.

P. España ha encabezado la respuesta de la UE al golpe de Honduras. ¿No ha habido una sobrereacción? ¿No se ha enajenado como posible mediadora?

R. España no ha reaccionado ni más ni menos que Estados Unidos o la OEA. Todo el mundo ha reaccionado igual y de forma coordinada. El golpe militar es muy grave no sólo por Honduras, sino por el precedente para América Latina, si no se repone el orden constitucional.

P ¿Y reconocerá al Gobierno salido de las elecciones hondureñas de noviembre?

R. Yo espero que antes de noviembre el presidente Zelaya regrese y, de forma pactada con todas las fuerzas políticas, se organicen elecciones. Es indudable que, si se celebran elecciones con un Gobierno de facto y sin garantías internacionales, no lo podemos avalar.

P. Con la mano en el corazón, ¿no se arrepiente de esa foto en lo más alto de Gibraltar?

R. En absoluto. Lo importante no son las fotos, sino los logros. Éste era un encuentro del foro tripartito que estaba programado desde hace tiempo y tocaba celebrar en Gibraltar. Fui muy claro en la defensa de la soberanía española y lo hice, alto y fuerte, donde hay que hacerlo: en el propio Gibraltar, en presencia del ministro principal y del secretario del Foreign Office.

P. ¿Qué siente cuando el PP dice que traiciona la dignidad nacional?

R. No quiero dar más trascendencia a las palabras. Todos los grupos políticos, de CiU a Izquierda Unida, han comprendido mi visita. Incluso la comprenden dentro del PP quienes conocen el asunto, como el senador Fraga. Sólo es un sector de ese partido el que se ha abanderado en un nacionalismo trasnochado. La dignidad nacional se pierde con una política que no ha dado resultado en 305 años y ha ido de derrota en derrota diplomática. Lo que hemos hecho es abrir una nueva vía para lograr nuestro objetivo.

P. ¿Sería realista una solución al contencioso de Gibraltar pactada entre Madrid y Londres con los gibraltareños en contra?

R. Yo creo que hay que buscar una solución que dé satisfacción a todos.

P. No parece que los llanitos quieran algún día ser españoles. Viven en el mejor de los mundos.

R. Lo que sabemos seguro es que no quieren vivir aislados tras la verja. Quizá fue en su día una alternativa a probar, pero se ha demostrado un fracaso absoluto y sólo ha servido para crear animadversión hacia España.

P. ¿No ha perdido España legitimidad para protestar cuando haya una visita al Peñón como la que hizo la princesa Ana?

R. Si hay una visita que afecte a la [disputa de la] soberanía, seguiremos expresando nuestra posición.

P. Antes ha citado a Fraga. Su presencia en la visita a Guinea Ecuatorial se interpretó como una reivindicación del pasado colonial.

R. Las críticas me parecieron fuera de lugar. Fraga hizo un esfuerzo físico y político muy importante al ir. Él simbolizaba el final de una etapa que se inició con la independencia. No soy sospechoso de simpatía con el franquismo, pero en política exterior tuvieron algunos aciertos, como cumplir las resoluciones de la ONU sobre descolonización y darle a Guinea una Constitución democrática que se negaba a los propios españoles.

P. Usted ha dicho que el régimen de Obiang no es peor que otros de esa zona de África en materia de corrupción o violaciones de los derechos humanos, pero ése es nuestro régimen africano y nos toca más de cerca...

R. Por eso mismo tenemos una responsabilidad. No podemos seguir haciendo como hasta ahora: apagar la luz y marcharnos. Para que la situación mejore, hay que involucrarse.

P. Y ese interés por Guinea ¿no tendrá que ver con el hecho de que sea rica en petróleo?

R. Hasta ahora, España no se ha beneficiado de sus riquezas... Guinea está ante una disyuntiva: ir a un modelo productivo de hidrocarburos, con un sistema político como el actual, o avanzar en un proceso de modernización. Ésa es la opción y quien no la vea se equivoca. En España hay mala conciencia de colonialista frustrado. Nos duele Guinea porque no lo hicimos bien. Pero la reacción no puede ser la fácil: proclamas de principio que alagan los oídos de la audiencia pero no cambian nada sobre el terreno.


http://www.elpais.com/articulo/espana/Hay/...lpepinac_12/Tes

Corrupción, miseria y petróleo

En 30 años como presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema ha consolidado su régimen dictatorial y dinamitado la oposición. El país está en manos de una élite civil y militar mediocre, corrupta y perversa

PLÁCIDO MICÓ

EL PAÍS
Opinión - 03-08-2009

Este 3 de agosto, el presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema, cumple 30 largos años en el poder, con un balance netamente negativo desde cualquier ángulo desde donde se mire. Y eso a pesar del espectacular crecimiento macroeconómico del país desde hace 15 años, debido a la producción de petróleo y gas. De hecho, los recursos procedentes de la explotación de hidrocarburos han puesto en manos de la familia en el poder ingentes cantidades de dinero que, lejos de beneficiar a la población, han servido para consolidar su régimen dictatorial.

Conviene subrayar que la valoración de los 30 años del poder de Obiang no puede hacerse, como pretenden algunos, comparándolos con los 11 años de su tío Francisco Macías Nguema, primer presidente del país centroafricano tras su independencia de España en 1968. La sangrienta dictadura de Macías fue de un horror, de una crueldad y destrucción indescriptibles, arruinó económicamente al país, administrado como una gran finca, y no construyó la menor institución del Estado digna de ese nombre. De las evidentes diferencias entre la primera dictadura poscolonial y la segunda no puede deducirse que el régimen del sobrino se aleje totalmente de los planteamientos y la práctica política del maciísmo, que muchos de los prohombres del actual régimen añoran. Afortunadamente, el contexto político internacional desde el 3 de agosto de 1979 ha evolucionado en un sentido que ha impedido hasta el momento la recaída en el abismo.

Durante el régimen de Obiang se han ido creando, aunque sólo sea nominalmente, las instituciones políticas de un Estado. El sistema económico, desfalleciente durante los primeros 15 años, en los que dependía básicamente de la cooperación internacional, se ha visto favorecido en los últimos 15 por la explotación de los hidrocarburos -más de 400.000 barriles diarios de petróleo en la actualidad, que constituyen más del 90% del PIB nacional-, que han situado al país como tercer productor del Golfo de Guinea. Para la economía guineana ha sido fundamental la cooperación internacional bilateral -especialmente la española-, así como la multilateral, especialmente desde el ingreso del país en las instituciones regionales África Central UDEAC (hoy CEMAC) y el Banco de Estados de África Central (BEAC). Pero desde el inicio, al tiempo que se creaban instituciones, se las vaciaba de funcionalidad y contenido, para ponerlas al servicio del poder personal y omnímodo del actual presidente y su camarilla. El poder real en Guinea Ecuatorial sigue siendo un poder militar, apenas vestido de civil.

El reconocimiento del multipartidismo en 1992 y la legalización de 13 partidos políticos, además del gubernamental PDGE, supuso un importante cambio, aunque lleno de contradicciones. A esa situación se llegó más por los cambios históricos internacionales y las presiones externas que por las presiones procedentes del descontento popular, que, aunque enorme, era severamente reprimido. Esas reformas políticas suscitaron grandes expectativas de cambio democrático y pacífico, que probablemente alejaron durante muchos años las opciones de cambio violento desde dentro y fuera del régimen, y hasta probablemente la posibilidad de guerra civil. Las instituciones formales del Estado, como el Gobierno, el Parlamento o el Poder Judicial, se hicieron más visibles, así como los partidos políticos de la oposición.

Con el tiempo estos cambios se demostraron más nominales que reales. Y es que tales reformas políticas pusieron de manifiesto la fragilidad del régimen de Obiang, especialmente después de las elecciones municipales de 1995, en las que cuatro partidos de la oposición, liderados por Convergencia para la Democracia Social (CPDS) en una Plataforma de Oposición Conjunta, ganaron 19 de los 27 municipios en liza. Tras el pucherazo de las autoridades, que sólo reconoció a la oposición la victoria en nueve ayuntamientos -el de Malabo entre ellos-, el régimen decidió endurecerse y acabar con unos opositores políticos que fueron calificados -y siguen siéndolo- de "enemigos de la patria". El desarrollo posterior ha consistido en la reimplantación de un sistema de partido único de hecho.

Esto ocurría a la vez que se iniciaba en las aguas de Bioko la explotación de los yacimientos de petróleo por grandes multinacionales americanas como Exxon-Móbil. Desde entonces, estas empresas prestan al régimen todo tipo de apoyo económico y político, mediando prácticas de corrupción a gran escala, organizando lobbies para blanquear la imagen de Obiang y presentando al país como un oasis de democracia y desarrollo, mientras se producen nuevas vueltas de tuerca contra las libertades políticas y los derechos humanos.

De hecho, el Parlamento, que en 1993 llegó a contar con 11 diputados de la oposición de un total de 80, hoy sólo tiene uno de un total de 100. Y de los nueve municipios en manos de la oposición en 1995 se ha pasado al secuestro por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) de la totalidad de los ayuntamientos actualmente existentes, que han pasado de 27 a 30. De los 324 concejales municipales, sólo 13 son de la oposición (CPDS), de los cuales las autoridades retienen las actas de 7 de ellos.

A excepción de CPDS, el resto de los partidos legalizados entre 1992 y 1993 han sido primero dinamitados y luego fagocitados por el PDGE, para formar lo que llaman "la gran coalición". En este tiempo, el Gobierno, hundido en la incompetencia y la corrupción, ha pasado de 30 miembros a más de 60, en un país de poco más de 600.000 habitantes. Los llamados jueces del Poder Judicial son en su mayor parte elementos de la seguridad presidencial. Y en todo este tiempo no se ha legalizado ningún sindicato, colegio profesional o asociación de derechos humanos.

En Guinea Ecuatorial se sigue practicando la tortura. Aunque el nivel de violencia ejercida contra los militantes y dirigentes de la oposición quizás haya disminuido, sustituida en muchos casos por su cooptación a cambio de un fajo de billetes, un puesto de trabajo y un carnet del partido en el poder, que les permita superar la imposibilidad de trabajar en el sector formal de la economía, público o privado.

Por lo que respecta a determinadas infraestructuras en construcción, cada una de ellas acaba costando al erario público cinco veces más de su valor real. Y peor aún: muchas se hacen a costa del sufrimiento de miles de familias cuyas tierras son expropiadas y sus viviendas destruidas por el Estado y los prohombres del régimen, sin indemnización alguna.

El boom petrolero es puro espejismo. Las elevadas cifras del PIB de un Estado no sirven como indicadores de su desarrollo cuando se sabe que el 95% del mismo procede de la explotación de los hidrocarburos y que menos de un 5% de la población acapara más del 90% de la riqueza nacional. No se puede hablar de progreso cuando los Indicadores de Desarrollo Humano han empeorado durante los 15 años de explotación del petróleo. Más del 80% de la población vive sin electricidad y sin acceso al agua potable, en todo el país no hay ni una sola biblioteca, ni pública ni privada, y más del 50% de los ingresos del Estado se pierden en los laberintos de la corrupción, al tiempo que el presidente tilda a los ciudadanos de "holgazanes" con los que no piensa repartir su dinero del petróleo.

La fractura entre pudientes-poderosos y pobres-oprimidos, las injusticias colectivas, la discriminación por razones étnicas y políticas, el fomento de los prejuicios y el odio entre las diferentes regiones del territorio nacional, la perversión de las costumbres y la moral social, así como la formación de una élite civil y militar mediocre, corrupta y perversa, son otros de los legados de los 30 años del actual régimen.

A excepción de la Administración Bush y las petroleras norteamericanas, los amigos de este régimen son los de siempre: China, Cuba, Marruecos, Corea del Norte, el Zimbabue de Mugabe... Sólo se entiende bien con aquellos que desprecian la democracia, explotan a sus poblaciones y violan los derechos humanos. Así que, después de 30 años de desencuentros, la actual política del Gobierno español hacia el régimen de Obiang sólo es viable si España quiere estar en Guinea Ecuatorial como un "simple empresario" o, en el peor de los casos, como un país despreocupado por la situación de miseria, explotación y opresión en la que viven la mayoría de los guineanos.



Plácido Micó es secretario general de Convergencia para la Democracia Social y único diputado de la oposición en el Parlamento guineano


http://www.elpais.com/articulo/opinion/Cor...lpepiopi_12/Tes

Un dilema empresarial español

ABC.es
Martes, 4 de Agosto de 2009
E. VILLAREJO/C. J. ORGAZ
MADRID

Con una fiesta local en la ciudad continental de Evinayong, sin presencia de delegaciones extranjeras y agasajado con la tradicional manifestación de adhesión a su Gobierno, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, celebró ayer los fastos «más económicos» en su trigésimo aniversario en el poder: el «Golpe de Libertad» o caída del dictador anterior, Francisco Macías.

Tras una serie de inauguraciones de infraestructuras, Obiang (67 años) pronunció un discurso marcado por la sensación de seguridad que el régimen ecuatoguineano quiere ofrecer a las empresas extranjeras, que en los últimos años -sobre todo estadounidenses, francesas o chinas- han llegado a la ex colonia española con el «boom» del petróleo, que ha posibilitado un crecimiento económico del país del 11,8% el pasado año. Guinea Ecuatorial es el tercer productor subsahariano de crudo.

«Hay que establecer cambios para conseguir un desarrollo completo», reclamó Obiang al tiempo que pedía defender los supuestos logros de su dictadura: «La situación de crecimiento económico que vive el país está firmemente vinculada a la estabilidad de la nación, pues si queremos el desarrollo del que disfrutamos actualmente tenemos que defender nuestra paz».

Obiang, que será otra vez candidato (y favorito irrefutable) del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) en las próximas presidenciales -en 2010-, también mandó un mensaje a aquellas empresas que quieran sacar tajada del «boom» ecuatoguineano, a las que recomendó «aceptar la mano de obra profesional de la propia nación, y ofrecerles un buen trabajo en las mismas condiciones que a otras personas a las que traen de fuera».

«Llamamiento» de Malabo

Petroleras estadounidenses como Exxon Mobil, Marathon Oil, Chevron; empresas alemanas como EON; francesas como Bouygues, Razel y Sogea Satom; o las italianas General Work y BKP Internacional ya tienen una fuerte presencia en Guinea.

¿Y España? ¿Qué papel tendría que jugar? A esta pregunta responde, vía telefónica, el ministro de Información ecuatoguineano, Jerónimo Osa Osa, quien ve «con preocupación la actitud española» tal y como transmitió el mismo Obiang al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en su última visita oficial a la ex colonia, a la que acudió acompañado de un nutrido grupo empresarial.

«Hemos hecho un llamamiento a la clase empresarial española. Somos un país viable. ¿Por qué España tiene miedo al riesgo? Nos causa extrañeza la ausencia de España en el desarrollo de Guinea», subraya el ministro.

La inversión española en Guinea Ecuatorial se reduce -según los últimos datos oficiales disponibles de 2007- a tan sólo 6.000 euros. Unión Fenosa, Isolux, Repsol y el constructor Francisco Hernando, «el Pocero», son algunos de los «pioneros» que han decidido emprender la aventura ecuatoguineana.

Para Álvaro Schweinfurth, del departamento de Relaciones Internacionales de la patronal CEOE e integrante de la expedición que encabezó Moratinos, las posibilidades de inversión en Guinea «están aún muy verdes».
Sin embargo, las energéticas Repsol y Gas Natural, a través de Unión Fenosa, sí están mejor posicionadas en el país centroafricano como apuesta de futuo: «Gas Natural está interesada en asegurarse el acceso a nuevos suministros de gas para el mercado español a precios competitivos», afirman fuentes de la compañía, que se ha declarado dispuesta a colaborar con el régimen de Obiang.

Pero, sin duda, el acuerdo comercial que más va a favorecer un acercamiento entre los dos países es la apertura de una ruta aérea Madrid-Malabo de Air Europa. El primer vuelo tendrá lugar el 12 de agosto y las plazas están casi completas. «La mayoría son turistas pero también hay empresarios españoles, sobre todo de la industria maderera», afirman desde Viajes Guinea, la compañía que ha fletado estos vuelos chárter.





http://www.abc.es/20090804/internacional-a...l-20090804.html

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

VALENCIA




Rollo Penal nº 10/2009






A U T O 60/09




Excmo.Sr.Presidente
Don Juan Luis de la Rúa Moreno

Iltmos. Sres. Magistrados
Don Juan Montero Aroca

Don José Francisco Ceres Montés.



Valencia, a uno de agosto de dos mil nueve.

Siendo Ponente el Iltmo Sr. D. José Francisco Ceres Montes

.



ANTECEDENTES DE H E C H O


PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción número Cinco, por auto de fecha cinco de marzo de dos mil nueve dictado en las Diligencias Previas que tramitó con el número 275/08, acordó remitir exposición razonada, con testimonio de lo necesario, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a los efectos de que por la misma se decidiera sobre la asunción de competencia para el conocimiento de determinados hechos de posible significación delictiva que en dicha resolución se relacionaban y en los que podían haber tenido intervención personal D. Francisco Enrique Camps Ortiz, Presidente de la Generalidad Valenciana, D. Ricardo Costa Climent, Diputado de las Cortes Valencianas, ambos aforados ante dicho Tribunal, D. José Víctor Campos Guinot, que desempeñó en su día el cargo de Vicepresidente del Consell de la Generalidad Valenciana, y D. Rafael Betoret Parreño, que desempeñó el cargo de Jefe de Gabinete de la Consellería de Turismo de la Generalidad Valenciana en la fecha en que ocurrieron los hechos.



SEGUNDO.- Por auto de fecha 21 de abril ésta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para el conocimiento de esos hechos consistentes en la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir que en aquel auto del Juzgado Central de Instrucción número Cinco se atribuían tanto a las dos personas aforadas ante la citada Sala como a las otras dos personas no aforadas ante ella; se acordó continuar la tramitación de las actuaciones que constaban en la pieza formada al efecto, mandando registrarlas como Diligencias Previas por delito de cohecho; y se designó Magistrado Instructor con arreglo al turno establecido en las normas de reparto.



TERCERO.- En las Diligencias Previas 2/2009 tramitadas ante ésta Sala Civil y Penal, en fecha 29 de mayo de 2009, por el Iltmo Sr. Magistrado-Instructor de las mismas, se dictó auto, que acordaba lo siguiente:

a) Declarar terminadas las Diligencias Previas,

b.) No haber lugar al sobreseimiento libre y archivo de la causa solicitado por las representaciones procesales de los imputados por existir suficientes indicios racionales para estimar que los hechos que se les imputan pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426 primer inciso del Código Penal, y

c) La continuación de la tramitación del procedimiento con el mismo objeto, por los trámites del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, señalando la fecha del próximo día 15 de julio a las 10, 30 horas para la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.



CUARTO.- En el antecedente de hecho sexto de dicha resolución se consignaba, con el carácter indiciario, propio de la fase de instrucción, los siguientes hechos :



“1. La entidad “Orange Market, S.L.”, domiciliada en Valencia y cuyas participaciones sociales pertenecen a D. Luis de Miguel Pérez (99,96%) y a D. Pablo Crespo Sabaris (0,04%), tiene por objeto la creación y ejecución de campañas de publicidad y la realización de campañas de marqueting y de proyectos de organización. Comenzó su actividad el 10 de noviembre de 2003 y de su gestión en Valencia se ha ocupado D. Álvaro Pérez Alonso, quien fue nombrado administrador único de la misma en 9 de enero de 2006 y presidente en 10 de marzo de 2008 (folio 19, pieza II). Dicha sociedad se ha dedicado a la organización de actos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, actuando como proveedora del mismo. En el ejercicio de esa actividad D. Álvaro Pérez Alonso entabló relación de amistad, entre otras personas, con D. Ricardo Costa Climent (según se reconoció por este último) quien, además de ocupar diferentes cargos en el mencionado partido político, ha desempeñado el de Diputado en las Cortes Valencianas desde la V Legislatura (1995) hasta la actualidad. D. Álvaro Pérez ya era conocido de D. Ricardo Costa desde el año 1996 porque, según dijo este último, aquél intervenía en la organización de numerosos actos del partido por todo el territorio nacional.

Aparte de los encargos que le hiciera el citado partido político (que se encuentra en funciones de gobierno en la Generalidad Valenciana), desde el año 2005 le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto y, en particular, el que anualmente se convocaba con motivo de la instalación del pabellón de la Generalidad Valenciana en la feria FITUR, así como en otras ferias denominadas TVC, Expovacaciones, SITC e INTUR, ascendiendo el importe total de esa variada contratación a la cantidad de 1.748.839,19 € en el año 2005, de 1.174.767,17€ en el año 2006, de 1.325741,44 € en el año 2007, de 1.714.860,26 € en el año 2008 y de 953.172 € hasta mayo de 2009 (folios 433 a 446, en el tomo II de las Diligencias Previas).

“Orange Marquet, S.L.” estaba relacionada con un grupo de sociedades dedicadas a la inversión especulativa y a la prestación de servicios que gestionaba desde Madrid Pablo Crespo Sabaris y que, al parecer, dirigía y controlaba Francisco Correa Sánchez. En la oficina en que Pablo Crespo realizaba sus funciones de gestión, sita en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, tenían también su domicilio social la entidad FCS (iniciales que coinciden con el nombre de Francisco Correa Sánchez) y otras sociedades del grupo de las que el citado Pablo Crespo era administrador, como Special Events, Rial Green, S.L., Pasadena, S.L. o Estudios Vesubio, S.L. (folios 41 a 44 de la Pieza I).

2. Álvaro Pérez Alonso solía frecuentar con Pablo Crespo Sabaris un establecimiento de prendas de vestir de la cadena denominada “Milano”, sito en la misma calle Serrano, número 29 de Madrid, en la que les atendía normalmente su director comercial, D. José Tomás García. Los señores Pérez y Crespo llegaron a convenir con D. José Tomás que las compras que hicieran en dicho establecimiento, bien para sí, bien para otras personas a quienes acompañaran o por cuya indicación se les atendiera, no les fueran cobradas en caja y se anotaran en una cuenta abierta a nombre de Álvaro Pérez, siendo luego saldado el importe de la deuda por Pablo Crespo, a quien se remitía periódicamente una relación de lo debido con indicación de las personas receptoras o destinatarias de las prendas. El pago se hacía por Crespo en varias ocasiones al año, bien en metálico, bien por transferencia o mediante la entrega de cheques librados con cargo a la cuenta de alguna de las sociedades del grupo.

3. En el ámbito de ese acuerdo y siguiendo ese modo de actuar:

A) En el mes de enero del año 2005 (coincidiendo con la feria FITUR) Álvaro Pérez Alonso acompañó a D. Rafael Betoret Parreño, Jefe de Gabinete de la Consellería de Turismo de la Generalidad Valenciana, a la tienda de Milano de la calle Serrano, nº 29 de Madrid, diciéndole a D. José Tomas: “vamos a hacerle una serie de ropa a este señor”. En tal ocasión D. Rafael Betoret encargó tres trajes a medida, un abrigo a medida, otro de confección y dos americanas también a medida (declaración de Tomás y tiquets pendientes de pago nº 184795, por 1.150 € y nº 184856, por 2.399 €, a folio 219 de la pieza I), todo lo cual le fue enviado por el Sr. Tomás a Valencia, siendo satisfecho el importe de esas prendas por Pablo Crespo, según el sistema convenido por este último y por Álvaro con José Tomás, mediante la entrega de un talón de fecha 13 de julio de 2005 librado contra la cuenta corriente de “Orange Market, S.L.” en La Caixa (folios 221 y 223 a 225 de la pieza I; folio 1143, al tomo IV y folios 1457 a 1459, al tomo V). Con la entrega de ese cheque, librado por importe de 24.308,38 €, se saldaba la suma total a que ascendía la deuda mantenida en aquellas fechas con la referida tienda por la adquisición de diferentes prendas de vestir realizada por Álvaro Pérez, por Pablo Crespo y por otras personas a indicación suya (las operaciones de liquidación de cada uno de los tiquets se relacionan en los folios 220 a 225 de la pieza I y se especifican con mayor detalle al folio 1208 del tomo IV de las Diligencias Previas).

B.) En fecha no precisada del año 2005 José Tomás se desplazó, desde Madrid, a la ciudad de Valencia por indicación de Álvaro Pérez, quien le dijo que tenía el propósito de presentarle a determinadas personas relacionadas con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana para que recibiera de ellas los encargos de ropa a medida que éstas le hicieran. Tras concertar una cita por teléfono con D. Ricardo Costa Climent, fueron a visitarle al despacho que el mismo tenía en la sede de aquel partido, en cuyo interior le tomó medidas D. José Tomás, encargándole aquél varias prendas a la vista del muestrario de telas que le fue exhibido. Al día siguiente Álvaro y José Tomás acudieron al despacho oficial de D. Víctor Campos Guinot, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Consell de la Generalidad Valenciana, en cuyas dependencias el Sr. Tomás le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prendas de ropa. En la tarde-noche de ese mismo día, Álvaro Pérez y José Tomás se reunieron en un restaurante con D. Rafael Betoret Parreño, quien también eligió telas del muestrario para que le fueran confeccionadas varias prendas a medida (al Sr. Betoret no le fueron tomadas medidas porque el Sr. Tomás ya disponía de ellas, con motivo de la visita que aquél hizo en su día a la tienda de Madrid).

Existe constancia documental de que los Sres. Costa, Campos y Betoret encargaron al Sr. Tomás, al menos, las siguientes prendas a medida: D. Ricardo Costa, tres trajes, por importe 2.400 € (tiquet pendiente de pago nº 187730, a folio 1213, tomo IV); D. Víctor Campos, tres trajes, dos americanas y cinco pantalones, por importe 4.850 € (tiquet nº 187755, a folio 1214, tomo IV); y D. Rafael Betoret, tres trajes, una americana y un pantalón, por importe de 3.250 € (tiquet nº 187705, a folio 1212, tomo IV). Todas esas prendas, una vez confeccionadas, fueron enviadas a sus destinatarios.

Según manifestó D. José Tomás, la Secretaria del Sr. Costa le llamó por teléfono para preguntarle el importe de lo que éste debía, pero aparte de ese dato y más allá de la mera afirmación de los propios interesados, que dijeron haberle entregado a Álvaro Pérez (algunos en diferentes momentos) el dinero a que ascendía el importe de aquellas prendas de vestir por ellos encargadas, no existe constancia en las actuaciones de que los receptores de esas prendas abonaran su precio directa ni indirectamente al establecimiento vendedor; y sí la hay, en cambio, de que las cantidades que por las mismas se adeudaban fueron satisfechas mediante la entrega de dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market, S.L. en el Banco de Santander, uno por 10.672 € y otro por 16.936 €, ambos de fecha 11 de septiembre de 2006 (folios 236 y 237 de la pieza I), con cuyo importe conjunto se saldaba la suma total a la que ascendía una deuda mayor contraída con Milano por la adquisición de diferentes prendas de vestir realizada por Álvaro Pérez, por Pablo Crespo y por otras personas a indicación suya. Los cheques fueron declarados en la tienda el 15 de septiembre de 2006 (en cuya fecha se canceló en Caja el pago pendiente) e ingresados en una cuenta bancaria de la entidad acreedora el día 20 del mismo mes y año (folio 236, pieza I, folios 1141, 1212 y siguientes del tomo IV y folios 1413 y 1460 a 1462 del Tomo V).

El apunte contable (tiquet de caja) de los pagos que habían quedado pendientes como consecuencia de aquellos encargos aparecen registrados en caja con fechas 24, 26 y 28 de enero de 2006. Hasta el momento del pago de dichos encargos (mediante los reseñados cheques), las cantidades adeudadas por el valor de aquellas prendas fueron incluidas en el inventario de pagos pendientes de la tienda que elaboraba semestralmente la cajera, apareciendo en el listado correspondiente a enero de 2006 sendas anotaciones con la mención de los apellidos de los Sres. Costa y Betoret y la del nombre y apellido de D. Víctor Campos, junto con la indicación del número del tiquet de pago pendiente y de su importe (folios 1194 y 1195, al tomo IV); y se reprodujeron luego en el inventario de agosto de 2006, esta vez sin indicación de nombres y bajo la mención “Comunidad Valenciana”, con igual referencia numérica de tiquet y de importe adeudado (folios 1198 –nota adhesiva- y 1207, al tomo IV).

Las anotaciones con indicaciones de nombre y apellidos en los inventarios semestrales de pagos pendientes se hacían por la cajera del establecimiento a la vista de lo que constaba en la copia de color del resguardo o nota de encargo que quedaba cosida al tiquet pendiente de pago, cuya copia se destruía después de que la deuda fuera saldada.

C) También existe constancia documental de que en marzo del año 2006 se confeccionaron a medida para D. Ricardo Costa Climent, por encargo efectuado en la tienda Milano, tres pantalones, un traje y dos americanas (folios 1656, 1676, 1680, 1682, al tomo IV y 1720 a 1725, al tomo V), cuyo precio se debió liquidar en 15 de septiembre de 2006 mediante la entrega de los dos cheques librados contra la cuenta de “Orange Market, S.L.”, uno por 10.672 € y otro por 16.936 €, a los que anteriormente se ha hecho referencia, los cuales fueron ingresados en la cuenta bancaria de la entidad acreedora el día 20 del mismo mes y año (folios citados supra y folio 2140, al tomo VII). Las facturas emitidas por la empresa que confeccionó esas prendas y en las que consta el nombre de D. Ricardo Costa, obran a folios 2188 a 2190 del tomo VII.

D) En fecha no precisada, a principios del año 2006, D. Francisco Enrique Camps Ortiz (que desempeñaba entonces y sigue desempeñando en la actualidad el cargo de Muy Honorable Presidente de la Generalidad Valenciana) visitó por indicación de D. Álvaro Pérez la tienda de Milano de la calle Serrano, 29 de Madrid, siendo atendido por D. José Tomás García, sin que se llevara en esa ocasión ninguna prenda ni realizara ningún encargo. Quince o veinte días después regresó al establecimiento, eligió telas y encargó, primero, un traje a medida, luego, otro y, algún tiempo después, otros dos (las hojas de confirmación del pedido de esos cuatro trajes por la empresa de sastrería a la que se encargó su confección por la tienda Milano obran a los folios 1560 a 1563 del tomo V). Los cuatro trajes fueron entregados en su momento al Sr. Camps Ortíz y, como no le venían bien, pasado el verano de ese mismo año fueron devueltos por el mismo al Sr. Tomás, quien ya no trabajaba en la tienda de Milano, sino en otro establecimiento, no obstante lo cual dicho señor se ocupó de hacer llegar los trajes a su destino, según se reconoció por él en su declaración.

A principios de ese mismo año (al tiempo del encargo del primer traje al que antes se ha hecho referencia) también se encargaron por D. Francisco Camps tres americanas a medida (tiquet pendiente de pago nº 187706, al folio 1218, tomo IV, y hojas de confirmación del pedido por la empresa de sastrería a los folios 1557 a 1559 del tomo V). En el inventario semestral de pagos pendientes de la expresada tienda de Milano correspondiente a enero de 2006, aparecen dos anotaciones con el apellido Camps (folio 1194 al tomo IV): una se corresponde con el tiquet número 187706, por importe total de 3.300 €, que comprende un traje de 900 € (uno de los que debieron ser devueltos), dos americanas a medida por importe de 1.800 € y otra americana a medida por importe de 600 € (folio 1218, al tomo IV); y la otra anotación se refiere al tiquet número 187729 por dos trajes (también de los que debieron ser devueltos) e importe de 1.400 € (folio 1212, del tomo IV). El apunte contable del pago que quedaba pendiente por aquellos dos tiquets se generó con fecha 24 y 26 de enero de 2006, respectivamente, y se mantuvo hasta su cancelación en el inventario de agosto de 2006, esta vez sin indicación de nombre y bajo la mención “Comunidad Valenciana”, aunque con igual referencia numérica de tiquet y de importe adeudado (folios 1198 –nota adhesiva- y 1207, al tomo IV). El importe del primero de esos tiquets se saldó mediante dos entregas en efectivo, una de 300 € efectuada el día 23 de enero de 2007 y otra de 3000 € efectuada el día 27 de enero de 2007 (folio 1218, al tomo IV); y el segundo, el día 15 de septiembre de 2006, mediante la entrega de los dos talones de fecha 11 de septiembre de 2006 anteriormente referidos (folio 1212 al tomo IV).

E) Según manifestó D. José Tomás en la declaración que prestó ante este magistrado instructor, sobre la primavera de 2006 D. Víctor Campos se presentó en la tienda de la calle Serrano y se llevó un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más (lo que el Sr. Campos negó en su declaración). Un chaqué de confección de esa misma talla aparece reseñado, junto con otras prendas, en el tiquet nº 188986, cuyo apunte contable se generó en 29 de junio de 2006 (folio 1218, al tomo IV), apareciendo detallada la deuda en el inventario de pagos pendientes correspondiente a agosto de 2006, dentro de un epígrafe alusivo a “Comunidad Valenciana” (folio 1207, tomo IV), así como en el inventario de pagos pendientes correspondiente a enero de 2007, esta vez con la mención expresa del apellido Campos y con el mismo número de tiquet (folio 1239 tomo IV). La hoja de confirmación de pedido relativa al pantalón a medida que se reseña en el mencionado tiquet obra al folio 1576 del tomo V. La deuda fue finalmente saldada en metálico, y no por el Sr. Campos, el día 23 de enero de 2007, el mismo día y a la misma hora (exactamente un minuto después) en que se saldó, también en metálico, parte de la deuda que se ha reseñado en el anterior apartado C (folio 1218 del Tomo IV).

4. Después del verano de 2006, cuando D. José Tomás García se fue a trabajar como director de la cadena de establecimientos comerciales denominados “Forever Young”, con locales abiertos en la ciudad de Madrid, lo puso en conocimiento de sus clientes y siguió manteniendo con Álvaro Pérez y con Pablo Crespo la misma relación y el mismo modo de actuar que ya habían utilizado en Milano, consistente en la anotación en una cuenta a nombre de Álvaro Pérez de los encargos de prendas de vestir que le hicieran aquéllos u otras personas que acudieran en su nombre; la remisión periódica a Pablo Crespo de una relación de las cantidades pendientes con indicación de las personas beneficiarias; y el pago por éste último, en varias ocasiones al año, del importe de lo adeudado.

Siguiendo esa pauta de actuación:

A) José Tomás llamó por teléfono a D. Francisco Enrique Camps Ortíz diciéndole que en el nuevo establecimiento “Forever Young” del Paseo de la Castellana tenía trajes a medida de mejor factura que en “Milano”. Como consecuencia de esa llamada D. Francisco Camps le encargó, al menos, un total de cuatro trajes a medida. Tres de ellos fueron anotados en sendas hojas de pedido de sastrería con fecha 14 de noviembre de 2006 (folios 308 a 310, de la pieza I), y el cuarto en otra hoja de pedido con fecha 4 de enero de 2007 (folio 312 de la pieza I). Por los tres primeros trajes se generó en la tienda un recibo de venta pendiente de cobro, con aquella misma fecha y por valor de 2.160 €, con la indicación “CAMPS Nuevo Cliente” (folio 127 de la pieza II), y por el cuarto traje otro recibo de igual clase, con fecha 4 de noviembre de 2006, por valor de 720 €, con la misma indicación (folio 124 de la pieza II). El Sr. Camps Ortíz admitió el encargo de ese número total de trajes a medida, datando su recepción en diferentes fechas. No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad propietaria del establecimiento a requerimiento de este instructor (folios 1289 y 1290 del Tomo IV de las Diligencias Previas) no se corresponde ni con el número de prendas, ni con el género del tejido que aparece en las hojas de encargo, ni con la cualidad de trajes a medida, ni coinciden tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos. Sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por aquella operación de los cuatro trajes se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad “Servimadrid Integral, S.L.” y del modo que luego se dirá, de lo que se dejó justificación contable el día 4 de julio de 2007 mediante la emisión de un tiquet de pago, con expresa referencia al importe del saldo pendiente que se cancelaba y al apellido “Camps” (folio 133 de la pieza II). Las hojas de confirmación del pedido de esos cuatro trajes por parte de la empresa de sastrería que los confeccionó obran a los folios 1565 a 1568 del tomo V, fijándose en ellas como fecha de entrega a la tienda Forever Young los días 8 y 29 de enero de 2007. Junto con esas hojas se ha remitido por la misma empresa de sastrería otra relativa a un quinto traje confeccionado para el mismo cliente con fecha de entrega el 23 de octubre de 2006 (folio 1564 del tomo V). Todas esas prendas se incluyen, con el mismo nombre de cliente, en la facturación remitida por la citada empresa a Forever Young por la confección de esas prendas (folios 1265, 1274, 1276 y 1278 del tomo IV).

B.) Según declaró D. José Tomás:

a) En ese mismo año 2006 Álvaro Pérez le encargó por teléfono la confección de un esmoquin para D. Francisco Camps, que fue enviado a la oficina de Álvaro en Valencia, pero no existe constancia en las actuaciones de la hoja de encargo de sastrería, ni de la hoja de confirmación del pedido, ni de la recepción de dicha prenda por su destinatario.

b.) También declaró dicho señor que el mismo Álvaro Pérez le encargó un frac a medida para él y otro, también a medida, para el Sr. Camps, diciéndole que los necesitaban para un acto protocolario en el Vaticano, siendo confeccionado y entregado el correspondiente a Álvaro, pero como la premura de tiempo no le permitía hacer el otro frac a medida para el Sr. Camps, optó por prestarle uno ya confeccionado que, una vez utilizado por el mismo en aquel acto, le fue devuelto por el expresado señor. Con motivo de ese mismo acto Álvaro le encargó también dos chalecos negros para los fracs, que confeccionó y remitió. El préstamo del frac fue admitido por el Sr. Camps, quien afirmó haberlo devuelto juntamente con el chaleco negro.

c) Declaró igualmente el Sr. Tomás que en la primavera del año 2007 D. Francisco Camps le encargó personalmente dos americanas a medida y algún pantalón, llevándose también en esa ocasión dos pares de zapatos de piel de potro de una reputada marca comercial. No existe constancia en las actuaciones de la hoja de encargo de aquellas prendas de vestir, ni de la hoja de confirmación del pedido por la empresa de sastrería. El Sr. Camps admitió haberse llevado un solo par de zapatos en marzo de 2007 (con ocasión de recoger el tercero de aquellos trajes a medida por él encargados y a los que antes se ha hecho referencia), cuyo precio de 120 o de 130 euros dijo haber pagado en el acto y en efectivo. De los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad propietaria del establecimiento a requerimiento de este instructor (folio 1291 del Tomo IV de las Diligencias Previas), no se desprende la realidad de ese pago en metálico, pues no coinciden dichos documentos ni con la fecha, ni con el precio, ni con la clase de género correspondientes a aquellos zapatos. Su precio, por tanto, debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos.

d) En otoño de 2007 Álvaro Pérez pasó un día por la tienda y se llevó cuatro corbatas de elevado precio diciendo que eran para regalárselas a D. Francisco Camps. Con ese motivo se generó un recibo de venta pendiente de cobro por importe de 438 € (folio 497 de la pieza I) que fue incluido en la cuenta de aquél para que fuera abonado por Pablo Crespo. No se ha acreditado que esas corbatas fueran entregadas al Sr. Camps.

e) También manifestó el Sr. Tomás que en la primavera o verano del año 2008 D. Francisco Camps le encargó otros dos trajes a medida (que se probó en julio estando él de vacaciones), llevándoselos posteriormente junto con otros dos pares de zapatos, cuyo calzado luego devolvió. No existe constancia en las actuaciones de la hoja de encargo de esos trajes, ni de la hoja de confirmación del pedido, ni del recibo de venta pendiente de cobro. El importe de aquellos trajes, según Tomás, fue abonado mediante una transferencia de Orange Market, S.L. realizada el día 15 de octubre de 2008 con la que se abonó una deuda mayor por diversas prendas y por importe total de de 4.040 € (folio 378 de la pieza I y folios 2112 y 2121 y vuelto, al tomo VII).

C) En la primavera del año 2007 D. Ricardo Costa Climent encargó en la misma tienda del establecimiento “Forever Young” del Paseo de la Castellana, de Madrid, varias prendas de vestir a medida que fueron anotadas en sendas hojas de pedido de sastrería con fecha 3 de mayo de 2007 (parte de ellas obran a los folios 287 a 289, de la pieza I). En esa misma hoja de encargo se indica que el Sr. Costa ya tiene ficha abierta y que deben hacerse determinadas rectificaciones con respecto a las medidas del último traje. Según explicó Tomás, al existir esa ficha anterior no se hizo recibo de pago pendiente con la indicación de “nuevo cliente”. En las hojas de confirmación de pedidos extendidas por la empresa de sastrería que confeccionó esas prendas a medida aparecen como encargadas en aquella ocasión a nombre de D. Ricardo Costa, con el número de referencia 54464-11 a 17, las correspondientes a un traje y seis pantalones (folios 1726 al 1732, tomo VI), que fueron efectivamente confeccionados para dicho señor y a su nombre (folios 1952 y 1953, tomo VI), emitiéndose las oportunas facturas por la confección a la empresa la empresa que efectuó el encargo (folios 2191 y 2192, al tomo VII). Siguiendo el modo habitual de actuación, por ese pedido no se generó en la tienda ningún recibo de pago pendiente a nombre del verdadero interesado, el Sr. Costa, sino que el importe de esas prendas se incluyó en la cuenta de Álvaro Pérez y el pago que quedó pendiente se canceló, junto con una deuda de mayor importe, del modo que luego se dirá.

En la primavera del año 2008 el Sr. Costa Climent adquirió en la tienda del mismo establecimiento, sita en la calle Concha Espina, de Madrid, dos pantalones vaqueros de la marca “Seven” que pagó en caja, según dijo él mismo y declaró también en igual sentido el Sr. Tomás García (quien especificó que, de todos, fue este el único caso de pago en caja).

D) Entre finales del año 2006 y principios del 2007 D. Rafael Betoret Parreño encargó en la misma tienda de Forever Young una americana, cinco trajes y un abrigo, todo a medida. Todos esos encargos quedaron anotados en sendas hojas de pedido de sastrería sin expresión de fecha (folios 300 a 306, de la pieza I), uno de cuyos pedidos (el del folio 302) coincide en su número de orden con los pedidos que hizo D. Ricardo Costa en fecha 3 de mayo de 2007 (las hojas de confirmación del pedido por parte de la empresa de sastrería a la que se encargó su confección obran a los folios 1569 a 1575 del tomo V). El importe de todas esas prendas se incluyó en la cuenta de Álvaro y su pago se realizó del modo que seguidamente se dirá.

Las cantidades que quedaron pendientes de pago como consecuencia de las operaciones señaladas en los precedentes apartados A), C) y D) que se tienen por acreditadas, como también se tiene, al menos, la del par de zapatos mencionados de la letra c) del apartado B.), fueron incluidas por José Tomás en la cuenta que tenía convenida con Álvaro Pérez y con Pablo Crespo, y su importe fue satisfecho juntamente con el de una deuda de más elevada cuantía cuya suma total comprendía la que se había generado en aquel periodo de tiempo por la adquisición de diferentes prendas de vestir. Esa deuda se fue cancelando parcial y sucesivamente por Pablo Crespo del siguiente modo:

1) El día 3 de julio de 2007, mediante una transferencia bancaria de 9.497,60 € ordenada con cargo a la cuenta corriente de una sociedad del grupo denominada “Diseño Asimétrico, S.L.” en el banco Bilbao Vizcaya, (folios 512 de la pieza I, 353 de la pieza I, 130 de la pieza II).

2) El día 5 de julio de 2007, mediante la entrega de cinco cheques, por importe total de 16.017,30 €, librados contra la cuenta corriente de la sociedad del grupo “Servimadrid Integral, S.L.” en la entidad Banesto, tres de ellos de fecha 28 de junio (folios 340 y 341, 344 y 346, 357 y 359 de la pieza I), otro de fecha 4 de julio (folios 362 y 364 de la pieza I) y otro de fecha 13 de julio de 2007 (folios367 y 369 de la pieza I y 30 de la pieza II).

3) Finalmente, los días 12 y 24 de julio de 2007, mediante sendas transferencias bancarias, una de 2.590 € y otra de 2.574 €, ordenadas con cargo a la misma cuenta corriente de la citada sociedad “Diseño Asimétrico, S.L.” en el banco Bilbao Vizcaya (folios 512, 315, 331, 335 de la pieza I, y 104 de la pieza II).

Todos esos pagos parciales (que llegaron a hacerse efectivos en la cuenta bancaria de la entidad propietaria de Forever Young, “Castellana Inmuebles y Locales, S.A.”, según resulta de los folios 2112, 2123 a 2133 y 2135, al tomo VII) se fueron anotando de forma manuscrita por el empleado del establecimiento D. Javier García Fernández en la parte inferior de un folio en cuya parte superior figuraba la indicación “A/ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA)” seguida de una lista nominal que incluía los nombres de Francisco Camps, Rafael Betoret, Ricardo Costa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo (folio 512 de la pieza I), junto a cada uno de cuyos nombres se indicaban unas cantidades expresadas en euros.

Ese documento fue hallado en una carpeta de facturas que guardaba José Tomás en una dependencia del establecimiento con motivo de la realización de una auditoría contable que encargó la entidad propietaria del mismo (Castellana Inmuebles y Locales, S.A.) a raíz de los hechos que dieron lugar a las declaraciones del citado Tomás, primero, como testigo y, luego, como imputado, en las actuaciones origen del presente procedimiento. No se ha podido determinar quién fue la persona que hizo materialmente la relación nominal con signos tipográficos en mayúsculas que aparece en la parte superior de dicho documento, pero sí la de quien hizo las anotaciones manuscritas relativas a la cancelación de la deuda imputada a cada una de aquellas personas (el citado Javier García), que las iba realizando a medida que se recibían los instrumentos de pago para saldarla. Esa lista respondía al modo de actuar convenido entre José Tomás, Álvaro Pérez y Pablo Crespo para que este último abonara los pagos pendientes, y parte de su contenido fue remitido por correo electrónico por José Tomás, desde su dirección en “foreveryoung.es”, a la dirección de Pablo Crespo en “fcsgrupo.com” el día 19 de marzo de 2007, a las 11.41 horas, siendo reenviado por este último, desde esa misma dirección, a la de Álvaro Pérez Alonso en “specialevents.es”, a las 20.57 horas del mismo día (folios 1453 y 1454 del tomo V).

5. La persona que realizaba el pago de las prendas del modo antes dicho solicitaba y obtenía la emisión de facturas por conceptos diferentes de los adquiridos, pero por igual importe que el efectivamente satisfecho (así, en folios 329 a 379 de la pieza I), con la presumible finalidad de utilizarlas para justificar aquellos pagos en la contabilidad de las empresas que asumían el cargo. Por esos hechos se formuló una denuncia por D. Eduardo Hinojosa García Puente (representante de Castellana Inmuebles y Locales, S.A.), por posible delito de falsedad documental, que quedó unida a la causa principal de la que dimana este procedimiento (folios 318 y siguientes, pieza I y pieza II, y folios 1036 y 1169 a 1171, al tomo IV).

6. No existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las que parecen haber sido obsequiados D. Francisco Camps Ortíz, D. Ricardo Costa Climent, D. Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño, y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios de cada uno de los concretos organismos de la Administración autonómica valenciana que decidieron su adjudicación a “Orange Market, S.L.” en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus facultades decisorias y presupuestarias. Tampoco existe constancia de que los agasajos hacia aquellas cuatro personas fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación decidida por las citadas autoridades y funcionarios responsables de los referidos organismos, cuyos criterios obedecían, más bien, al conocimiento interno que parecía tenerse en casi todos aquellos servicios y organismos de la existencia de “Orange Market, S.L.” y de Álvaro Pérez, a quienes solían encomendarse las más variadas tareas y encargos”.


QUINTO.- Frente a dicha resolución se interpusieron por los imputados en la misma, respectivamente, distintos recursos de apelación, los cuáles han sido impugnados por las acusaciones, ante ésta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, solicitando el sobreseimiento y archivo del procedimiento, con los razonamientos que, seguidamente, se expondrán:



1º) Recurso interpuesto por el Molt Honorable Sr. Camps.

En el mismo, se solicita la revocación de la resolución recurrida, atendiendo a las razones expuestas mediante escritos de 6 de abril y de 17 de junio de 2009, cuyas razones estima plenamente vigentes, y que se evacuaron al darse vista de las diligencias practicadas, y ello como consecuencia de un análisis del mencionado auto, tanto en relación con dichas pruebas como en función de las sustanciales contradicciones internas del mismo.



En el primer escrito, tras destacar las contradicciones del testigo de cargo D. José Tomas sobre el pago de las prendas, también hacía referencia a que además, los hechos no encajaban típicamente en el artículo 426 del Código Penal, ya que, no se encontraba ningún elemento fáctico que permitiera concluir que los supuestos regalos tuvieran que ver con la condición de autoridad y no con la que ostentaba en el Partido Popular, no existiendo una conexión causal entre la dádiva o regalo y la función de autoridad y en todo caso, estimaba que se excluía la tipicidad por la existencia de usos sociales, derivados de los actos del partido y las buenas relaciones existentes con D. Álvaro Pérez.



Con carácter subsidiario, estimaba que el archivo procedía por deber acordarse la nulidad de las actuaciones (artículo 238.1 y 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y ello, porque por parte del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se había venido sucesivamente prorrogando el secreto de las actuaciones, desde el 5 de septiembre de 2008, faltando la prórroga del correspondiente al 4 de diciembre, siendo en consecuencia nulas las actuaciones. Como segundo motivo de nulidad entendía que se había afectado al derecho a un procedimiento con las debidas garantías en relación con el derecho al Juez predeterminado por la Ley porque el indicado Juzgado Central de Instrucción, ante la aparición en las actuaciones de un posible aforado, como el recurrente, debió remitir el procedimiento o la parte que afectara al aforado, a ésta Sala Civil y Penal como Tribunal competente. A su vez subsidiariamente a la anterior nulidad, entendía que las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Instructor a partir del auto de inhibición de 5 de marzo de 2009, también resultaban nulas, por infracción del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación no sólo con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, sino también con el derecho a las garantías del procedimiento y a la tutela judicial efectiva.



Seguidamente, en su escrito de 17 de junio de 2009, ratificaba su escrito de 6 de abril e insistía, en que no existían indicios bastantes para acreditar los hechos inicialmente atribuidos, entendiendo que en términos acusatorios no resultaban típicos. Y así, insistía en las contradicciones del Sr. Tomas, y en la ausencia de cualquier pago por terceros. Seguidamente añadía, que de las diligencias practicadas, no podía desprenderse que el Sr. Camps comprara prenda alguna en Milano, sino que simplemente encargó determinados trabajes que fueron devueltos. Y respecto de las adquisiciones realizadas en la tienda Forever Young, se ratificaba que se compró y abonó lo adquirido en el acto por el Sr. Camps, explicando las razones del pago en metálico, realizando distintas consideraciones sobre las diligencias probatorias practicadas.



Y en lo que constituye su alegación tercera, que es donde específicamente, se sostienen directamente los argumentos tendentes a la revocación de la resolución recurrida, muchos de ellos reiterativos de los anteriores, entendía que no existía una prueba en términos mínimamente aceptables en Derecho para entender que terceros hayan pagado prenda alguna al Sr. Camps, recordando el valor de la presunción de inocencia, el valor de la declaración de los coimputados y la exigencia de prueba de cargo bastante, no pudiendo sanarse la carencia de prueba de cargo con la falta de credibilidad que el Tribunal otorga a la prueba de descargo.



Los argumentos esenciales sostenidos por dicha representación procesal tendentes a estimar no acreditados los hechos relativos a la adquisición y regalo de los trajes por terceros, pueden, resumirse, en los siguientes:



1) En cuestionar la valoración judicial realizada de la declaración del testigo D. José Tomás, y ello, tanto por sus contradicciones, y por concurrir en dicho testigo una situación procesal anómala e irregular, al haber declarado como testigo, cuando está imputado por falsedad documental en las diligencias seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y sin embargo D. Álvaro Pérez, en igual situación declara con las garantías de imputado.

2) Por las contradicciones internas sustanciales de la resolución recurrida, y ello, porque descarta buen número de las prendas supuestamente adquiridas por el Sr. Camps a las que se refirió el Sr. Tomás cuando cambió de versión, así como porque se dan por pagadas por terceros prendas que se reconoce en el propio auto como no adquiridas por el Sr. Camps, no guardando una correlación de las cantidades que se dicen pagadas con la supuesta compra en concreto y siempre integrándose en pagos globales, y cuya integración tiene lugar por razón de lo que afirma el Sr. Tomás o por instrucciones que se dice que éste daba. Analizando las supuestas compras en los dos establecimientos comerciales, indica:



a) Por lo que se refiere a las supuestas compras en Milano, niega que visitara el establecimiento a principios del año 2006, porque no lo hizo antes de la primavera o verano de dicho año, en que se encargaron los cuatro trajes. Recordaba que los trajes encargados fueron todos devueltos, no siendo posible entender que se adquirieron los trajes cuando se reconoce que se devolvieron. Igualmente, negaba que fuera posible la adquisición de las tres americanas.



b.) Por lo que se refiere al establecimiento comercial “Forever Young”, destacaba que llamaba la atención que se atribuyan a compras del Sr. Camps pagos y recibos realizados con anterioridad a la hipotética compra (se indica en el auto que un traje con hoja de pedido el 4 de enero del 2007 genera un recibo de venta el 4 de noviembre de 2006, lo que es imposible), que se identifique el concepto “Camps Nuevo Cliente” con el Sr. Camps pese al contundente informe de Forever Young del Sr. Hinojosa y Sra Vázquez, que no cuadre la cifra asignada al Sr. Camps con las prendas compradas en el conocido documento 71, folio 513, por la cuantía de 5.393, 50 euros, cuando los cuatro trajes suman 2880 euros, lo que demostraba que se trataba de una inclusión voluntaria, pues toda la documental se enmarcaba en las construcciones del Sr. Tomas que decidía a quién atribuir, para justificarlos, los diversos pagos, sin control alguno, englobándolos en compras ya abonadas o supuestas.



3) Que no se traían a colación elementos de la investigación de evidente descargo para los imputados, como el informe pericial del Sr. Genjor, y se evita toda consideración sobre el contenido de la diligencia de la Sra Secretaria Judicial del 20 de junio de 2009 en la sede social de la empresa Castellana de Inmuebles y Locales y sobre el informe de 3 de julio de 2009. Finalmente, respecto de la selección de una cadena de conversaciones telefónicas, hacía referencia a la ausencia de intervención de las partes en la selección lo que constituye una quiebra elemental del derecho de las partes, olvidándose de la habida entre el Sr. Pérez y el Sr.Correa, haciendo referencia posteriormente a la imposibilidad de que si las conversaciones comienzan el 20 de enero de 2009, pueda transcribirse una conversación entre los Sres Crespo y Herrero.



Por tanto, solicitaba el sobreseimiento libre del procedimiento (artículo 637.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y con carácter subsidiario, a efectos dialécticos, el sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito (artículo 637.2 de la Ley procesal penal), ya que entendía, que aún siendo ciertos los hechos, no podían integrar el delito del artículo 426 del Código Penal, reiterando su escrito de 6 de abril, entendiendo que desde la perspectiva del interés jurídico protegido, que no existía la menor afección al mismo ni su puesta en peligro por la conducta descrita en la resolución recurrida no pudiendo hablarse de la necesaria antijuridicidad material, adentrándose en el peligroso campo de las valoraciones incompatibles con el principio de legalidad.



Recordaba, que conforme a la jurisprudencia, debe concurrir la necesaria conexión causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor, no siendo esa relación lineal sino en razón a las posibles actuaciones que pueda llevar a cabo dicho cargo, siendo necesario probar que sólo por la especial posición y poder que el cargo público desempeñado le otorga, le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito, sin que la resolución recurrida discierna sobre supuestos regalos típicos y su relación con el correcto, imparcial y objetivo desarrollo de las funciones del Sr. Camps, acreditando la testifical lo contrario, ya que, si los regalos fueran ciertos ninguna eficacia tuvieron para las adjudicaciones contractuales, como declararon los miembros de las Mesas de Contratación. Insistía, en la no intervención del Sr. Camps en adjudicación alguna, siendo un medio absolutamente inidóneo el supuesto regalo en si mismo si se hubiera pretendido alguna finalidad por quien hiciera el regalo.



Igualmente indicaba, que no analiza la resolución recurrida, hipótesis alternativas a la condición de Presidente de la Generalitat Valenciana, pues algún conocimiento tenía que haber en atención a las funciones realizadas con relación en actos y campañas del Partido Popular.



2) Recurso de apelación formulado por el Ilustre Señor Diputado de las Cortes Valencianas D. Ricardo Costa Climent.



Solicita la revocación de la resolución recurrida para que se acuerde el sobreseimiento libre y archivo.



Sostenía que el Instructor centraba la hipotética relación del Sr. Costa con la empresa Orange Market SL y el Sr. Pérez por el cargo que el recurrente ocupaba en el seno del Partido Popular Valenciano, y ello, con independencia de que fuera, o no, Diputado en las Cortes Valencianas, lo que evidencia la inexistencia de la conexión entre la entrega de la supuesta dádiva con el cargo de Diputado.



Cuestionaba la declaración del Sr. Tomás, y que las hojas de encargo fueran encargadas por el recurrente. Respecto de las compras realizadas, indicaba: a) Que en el establecimiento de Milano, únicamente encargó un solo traje, que no se hizo a su satisfacción, que se efectuaron los correspondientes arreglos, motivo por el cuál se confeccionó un nuevo traje, y que dada la precariedad del trabajo, nunca se pudo poner, siendo éste el único pedido realizado. Añadía, que dicho encargo fue pagado, como viene a desprenderse de la declaración del Sr. Tomás, que reconoció que la secretaria del recurrente preguntó por el pago y se le indicó que se lo abonara al Sr. Pérez, b.) Respecto de las adquisiciones de Forever, entendía que no se podían inferir de la prueba practicada, no siendo las supuestas hojas de encargo, las encargadas por el mismo, ya que no se corresponden con sus medidas, no pudiéndose afirmar que fuera cliente de dicho establecimiento.



Igualmente, insistía en que aún admitiendo la entrega de la dádiva, a efectos dialécticos, la finalidad no podía provenir por la condición de Diputado a las Cortes Valencianas sino por su cargo dentro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (particular), dada la relación que la empresa Orange Market SL mantenía con dicho partido, condición que estaría al margen del Derecho Penal. Destacaba la necesidad de la concurrencia de un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor, “en consideración a su función”. Concluía que no había aceptado las dádivas, que no existía una conexión causal entre éstas y su condición de Diputado y que nunca ha disfrutado de ningún cargo en la Generalitat Valenciana. Finalmente, indicaba que no resultaba procedente mantener el status de imputado respecto del Sr. Costa.



3) Recurso formulado por el Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot.



En relación a los hechos imputados por la resolución recurrida, se solicita el sobreseimiento libre del artículo 637.1 en relación con el 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque estima concurre una inexistencia de “indicios racionales de haberse perpetrado el hecho”, a saber, regalos recibidos por autoridad en consideración a su función. Subsidiariamente, solicita el sobreseimiento provisional del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no resultar “debidamente justificada la perpetración del delito.



Las discrepancias fácticas de esta parte recurrente, se refieren, tanto a la realidad, fecha y detalles de las prendas encargadas, y en particular, por atribuir un segundo encargo, sobre la primavera de 2006, que no reconoce, constituyendo núcleo del recurso, como así indica, que la entrega de dichas prendas no constituía un regalo sino que fueron abonadas por el Sr. Campos al Sr. Pérez, y luego éste se lo abonó a Milano, estimando que aunque no exista una constancia documental, sí puede inferirse por vías indirectas (afirmación de los Sres Campos y Pérez, verosimilitud de tal afirmación al existir circunstancias personales de amistad y que explicaría la ausencia de cualquier recibo, o por el reconocimiento del Sr. Tomás de que recibió llamadas de la secretaria del Sr. Campos interesándose por el pago).



Entiende que existen serias sospechas sobre la autenticidad del contenido de los tiquets de caja que se atribuyen al recurrente en los inventarios semestrales. Así, respecto de la primera adquisición de prendas de vestir realizadas por el Sr. Campos, y procedentes del establecimiento Milano, se indica que consistieron en tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por importe de 4850 euros (evidenciada por el tique nº 187755, obrante en las actuaciones), pese a lo cuál sostiene que el contenido de dicho tiquet no puede ser cierto, porque la fecha que incorpora es del 28 de enero, que era la del encargo o a lo sumo uno o dos días posteriores, y en cambio el Sr. Tomás declaró que la toma de medidas tuvo lugar sobre mayo o junio de 2005. E igualmente, cuestiona la segunda adquisición por dichos razonamientos.



Sostiene, como núcleo del recurso, que las prendas no fueron un regalo sino que fueron compradas abonándoselas el recurrente al Sr. Pérez, lo que estima verosímil dada la amistad entre ellos



4) Recurso formulado por D. Rafael Betoret Parreño



Cuestiona el recurrente, en modo similar a anteriores recursos, el que la resolución recurrida se haya basado para dar por acreditados los hechos, en la cambiante declaración testifical del Sr. Tomás, y en haber otorgado fiabilidad a la documentación contable generada, tanto por Milano como y Forever Young, que contenía serias irregularidades.



Indica la parte recurrente, que la resolución recurrida estima que el Sr. Betoret adquirió y no pagó en el establecimiento de Milano, tres trajes a medida, un abrigo a medida y otro de confección, y dos americanas a medida, por importe de 3549 euros (compra realizada en enero de 2005), y otra de tres trajes, una americana y un pantalón por un precio conjunto de 3250 euros encargados al Sr. Tomás en una visita de éste a Valencia (compra realizada en fecha indeterminada del año 2005). Y respecto del establecimiento de Forever Young, a finales del año 2006 o principios de 2007, una americana, cinco trajes y un abrigo, por un precio que no especifica. El recurrente, reconoce haber comprado en la tienda de Milano tres trajes, una americana y un pantalón (finales de 2006), por los que pagó al Sr. Pérez 2000 euros, y en Forever, cuatro trajes a medida por un precio de 4000 euros que entregó también a la indicada persona, no reconociendo, la compra de otros cuatro trajes más, tres abrigos, y tres americanas en el período de entre 2005 a 2007.



En relación a la segunda compra encargada al Sr. Tomás en Valencia, y procedente del establecimiento de Milano, se indica que la constituyen tres trajes, una americana y un pantalón por importe de 3250 euros, que debe estimarse acreditado, en ésta fase procesal, habida cuenta que el Instructor basa sus conclusiones en el tiquet (nº 187705), además de las declaraciones citadas. Igualmente manifiesta que abonó al Sr. Pérez 2000 euros en el mes de julio de 2006, para hacerlo coincidir con la paga extra, realizando las dos disposiciones bancarias que señala el día 4 de julio por importes de 1500 y 500 euros



Respecto de la tercera compra, que, conforme a los hechos de la resolución recurrida, tuvo lugar ya en el establecimiento Forever Young, entre finales del año 2006 y principios de 2007, y relativas a una americana, cinco trajes y un abrigo a medida, por importe que no se indica, la parte recurrente reconoce que estuvo en el citado establecimiento en enero de 2007, y que hizo un encargo de prendas de vestir, pero no reconoce que sean las que refleja la resolución recurrida, ya que, su adquisición se limitó a cuatro trajes, por un importe conjunto de 4000 euros que abonó al Sr. Pérez mediante un pago aplazado durante el año 2007 de la forma que reseña, y mediante disposiciones de efectivo (27 de abril 500 euros; 20 de junio 2000 euros, 24 de octubre 1980 euros, de los que 1500 euros destinó a dicho pago).



Desde el punto de vista jurídico sostiene que el Sr. Betoret, que era Director de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, con la que estaba vinculado por una relación laboral, no es funcionario público a efectos del artículo 24 del Código Penal, habida cuenta que la naturaleza de la actividad que desempeñaba en relación con las ferias de turismo en las que la Comunidad Valenciana instaló pabellones no supone ejercicio de funciones públicas.



Añade, que en todo caso, los hechos no tenían encaje en el artículo 426 primer inciso del Código Penal. Invoca la interpretación restrictiva del tipo propia del Derecho Penal, y la interpretación que debe realizarse respecto la expresión “en consideración a su función” contenida en el precepto. Así alega, que ni en las fechas en que sucedieron los hechos ni con posterioridad, el Sr. Betoret ha tenido respecto de Orange Market u otras sociedades de su grupo, ni respecto de sus gestores, relación alguna por razón de sus competencias como Jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo que pudiera suponer para aquellas sociedades o para sus gestores una ventaja de futuro derivada del desarrollo en su trabajo en la Agencia, siendo ajeno a los procedimientos administrativos que culminaron con la adjudicación a Orange Market de determinados concursos, estimando que la resolución recurrida otorga al vocablo “función”, que utiliza el tipo una desmesurada extensión, equiparándolo a la simple ostentación por parte del autor de un título que le permita calificarlo simplemente de funcionario a efectos penales, aún cuando, por razón de sus competencias, se encuentre absolutamente desvinculado del particular obsequiante, por lo que en la resolución recurrida se anuda la responsabilidad a la simple condición de funcionario y convierte en indicio (la ausencia de cualquier otra razón), en lo que precisamente, debería haber considerado como contraindicio.



SEXTO.- Frente a dicha resolución, por el Ministerio Fiscal, se interpuso recurso de apelación, que es impugnado por las defensas y al que se adhiere la acusación popular, previo recurso de reforma, que el Instructor desestimó por Auto de 14 de julio de 2009. El objeto del recurso del Ministerio Fiscal es extender los hechos inicialmente imputados, y relativos a la figura del delito de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal, a los que pudieran derivarse del cohecho activo (art. 423 del Código Penal), es decir, respecto de los particulares que han obsequiado a dichas autoridades y funcionarios públicos, de forma, que pudieran analizarse y, en su caso, enjuiciarse, las referidas conductas bilaterales en un mismo procedimiento.



En consecuencia, el Ministerio Fiscal, tras unas previas consideraciones sobre que el recurso adecuado debía ser el de queja dada la supletoriedad del procedimiento ordinario, solicitaba la revocación de la resolución impugnada, acordando que la comparecencia a celebrar en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado lo sea también respecto de Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez en relación con los hechos contenidos en la resolución recurrida.



El Ministerio Fiscal, en su recurso, sostenía la tipicidad de la conducta de los particulares en el artículo 423 del Código Penal, negada por tres de las cuatro defensas, es decir, el denominado cohecho activo impropio, citando al respecto diversas sentencias del Tribunal Supremo (STS 11 de mayo de 1994, 7 de noviembre de 1997, y 13 de enero de 1998), por lo que, entendía que se trataba de un criterio consolidado sin que, estimaba, que pudiera verse afectado por una única sentencia contraria (STS 8 de junio de 2006), indicando que el carácter bilateral de éste tipo de cohecho es asumido en el Auto de ésta Sala de 21 de abril de 2009.



En consecuencia, entiende el Fiscal que determinada la tipicidad de los hechos imputados a particulares, que en esencia son los mismos, dichas conductas debían enjuiciarse en éste procedimiento, dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como particulares donantes de los regalos, y las autoridades y funcionarios perceptores de los mismos, por lo que, su enjuiciamiento conjunto resultaba ineludible, pudiendo dar lo contrario a pronunciamientos contradictorios.



SEPTIMO.- Por el procurador D. Juan Antonio Ruiz Martin, en representación de D. Ángel Luna González, D. Joaquín Puig Ferrer, Dña Carmen Ninet Peña y Dña Cristina Moreno Fernández, todos ellos Diputados del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas, personados en el concepto de acusación popular, se interpone recurso de apelación contra el Auto de 16 de julio de 2009, que desestimó el de reforma previamente interpuesto contra el Auto de 6 de julio anteriormente indicado, al que se adhiere en parte el Ministerio Fiscal, e impugnan las defensas.



Solicitaba solicitar la continuación de las Diligencias Previas, y la práctica de diversas diligencias: requerimientos documentales de aportación de diversos expedientes de contratación entre la Generalitat Valenciana y las empresas Orange Market, S. L., Easy Concert, S. L., Down Tow, S. L., remisión de la contabilidad de diversas sociedades obrantes en las Diligencias 1/2009 tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declaración como imputados de Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, Cándido Herrero Martínez, Felisa Isabel Jordan, y José Luis Izquierdo López, así como diversa prueba testifical. Y todo ello por entender que la decisión de conversión del procedimiento a Jurado, resulta cuanto menos precipitada, porque aún está por determinar con la precisión exigida los hechos punibles y la identificación de las personas a las que se les imputen, tal y como se ha venido sosteniendo en diversos recursos de reforma y de apelación interpuestos por dicha parte contra la denegación de diligencias de investigación, entre las que se encontraban la solicitud de la comparecencia en calidad de imputados, entre otros, de Francisco Correa, Pablo Crespo y Cándido Pérez, entendiendo que de admitirse tal práctica de diligencias podría variar la calificación, y sobre todo, la concurrencia de otros delitos que excluyeran la competencia del Tribunal del Jurado.



Estimaba que las diligencias solicitadas tenían como pretensión acreditar el tipo de cohecho, ya que, aunque la doctrina ha sostenido que aún cuando el artículo 426 del Código Penal parece excluir el cohecho activo, sin embargo le es también de aplicación la variable del artículo 423 del mismo texto legal, requiriendo esta proteica valoración jurídica, el examen de los expedientes de contratación por los que los imputados por razón de su cargo hayan tenido contacto con las empresas adjudicatarias, máxime si para la jurisprudencia es un indicio relevante, aún cuando se circunscribiera la calificación al artículo 426 del texto penal anteriormente citado, criterio que se apunta en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2009.



Entendía que las limitaciones competenciales asignadas en el Auto de esta Sala de 21 de abril de 2009 han impedido el examen de la concurrencia de otras conductas delictivas que, de comprobarse, excluirían la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, siendo ésta en realidad la cuestión de fondo que se sustancia en el recurso, junto con la apelación pendiente de elevar a la Sala, y que en definitiva trata de que a la luz de las diligencias practicadas la Sala varíe su competencia.



OCTAVO.- Tras tenerse por interpuestos y admitido los indicados recursos de apelación, mediante providencia del Magistrado-Instructor se dio traslado a las demás partes por plazo común de cinco días para que pudieran alegar cuanto estimaran conveniente, presentando los escritos de adhesión e impugnación anteriormente indicados.



NOVENO.- Por providencia del Iltmo Sr. Magistrado-Instructor de fecha 27 de julio de 2009, tras haber transcurrido el plazo legalmente establecido para la impugnación de los recursos de apelación de los imputados contra el auto de fecha 6 de julio del presente, así como el relativo a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal contra el auto de 14 de julio resolutorio del de reforma contra el citado de 6 de julio, y el relativo al de apelación interpuesto por la acusación popular contra el auto de 16 de julio, resolutorio también del de reforma contra el citado auto de 6 de julio, acordaba elevar las actuaciones originales a esta Sala Civil y Penal para la decisión del mismo.



DECIMO.- Por providencia de esta Sala de fecha 27 de los corrientes, se acordó turnar la Ponencia para la resolución de los recursos de apelación interpuestos anteriormente indicados, según las normas de reparto de esta Sala, correspondiendo su designación al Iltmo Sr. Magistrado D. José Francisco Ceres Montés, que formará Sala con el Excmo Sr. Presidente D. Juan Luis de la Rúa Moreno y con el Iltmo Sr. D. Juan Montero Aroca.



UNDECIMO.- Dado que el plazo para el dictado de la presente resolución se iniciaba el 28 de julio, y finalizaba el 1 de septiembre, dada la inhabilidad del 1 de agosto, por auto de ésta Sala de fecha 30 de los corrientes, para no interrumpir la continuación de la deliberación, redacción y notificación de la presente resolución, se acordó habilitar los días 1, 2 y 3 de agosto del presente.





RAZONAMIENTOS JURIDICOS



PRIMERO.- La resolución recurrida es el Auto del Iltmo. Sr. Magistrado-Instructor, de fecha 6 de julio de 2009, Auto en el que acordó, en el ámbito que es propio del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una vez practicadas las diligencias que se han considerado esenciales, por un lado, el fin de la fase de instrucción y, por otro, desestimar el sobreseimiento libre con archivo de la causa, y ello frente a lo solicitado por los imputados, autoridades y funcionarios públicos a los que se refieren los antecedentes de la presente resolución. En el Auto se estima que concurren suficientes indicios racionales de responsabilidad criminal hacia los imputados por un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal, y en consecuencia, ordenó continuar el procedimiento por los trámites establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.



Contra esa resolución se interponen por los cuatro dichos imputados y de forma directa, otros tantos recursos de apelación, solicitando esencialmente, y como denominador común a los mismos, el sobreseimiento libre con archivo, primero, por no estar acreditados los hechos imputados y, después y subsidiariamente, porque los hechos no son constitutivos de delito. Es decir, se pide el sobreseimiento con fundamento en los números primero y segundo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por ese orden.



Además de dicha petición respecto del sobreseimiento, en el recurso interpuesto por el Sr. Camps, si bien referencialmente, se hace una remisión a un escrito de alegaciones anterior, el de 6 de abril de 2009, que contiene una solicitud de nulidad de actuaciones, que ya había sido desestimado por el Instructor (Auto de 4 de mayo de 2009).



A su vez las partes acusadoras, pública y popular, interponen contra dicha resolución de 6 de julio de 2009, tras haberse desestimado previamente el de reforma, otros dos recursos de apelación. En el del Ministerio Fiscal se pide una ampliación del objeto procesal al cohecho activo, dada la que estima íntima conexión con el cohecho pasivo imputado en la resolución recurrida, de forma tal que solicita que se revoque la resolución recurrida acordando celebrar la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, no únicamente respecto de las autoridades y funcionarios públicos imputados por el delito de cohecho pasivo impropio, sino también respecto a Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez, presuntos donantes de los obsequios recibidos y, en consecuencia, posibles autores del delito de cohecho activo.



Por parte de la acusación popular personada en las actuaciones se solicita la revocación de la resolución recurrida, pidiendo la continuación del procedimiento por el trámite de Diligencias Previas, por estimar precipitada la decisión de transformación a procedimiento de la Ley del Jurado, por estar aún por determinar con la precisión exigida tanto los hechos punibles como la identificación de las personas a las que se les imputan, para acabar solicitando la práctica de distintas diligencias de investigación.



Razones de método y de estricta lógica procesal, aconsejan: 1) Resolver en una misma resolución la pluralidad de recursos de apelación interpuestos por las distintas partes personadas, imputadas y acusadoras, habida cuenta de que se trata de la misma resolución recurrida, y 2) Proceder inicialmente a la resolución del particular contenido en el recurso del Sr. Camps, relativo a una posible nulidad de las actuaciones, cuyo pronunciamiento por parte de ésta Sala, debe ser ineludiblemente previo al análisis de la procedencia de los demás recursos de apelación formulados.



A su vez, resuelta, como lo será en sentido desestimatorio la referida petición de nulidad, se resolverán, con arreglo a la citada lógica procesal, en primer lugar, los recursos de las partes acusadoras, en tanto en cuanto postulan de una u otra forma una posible ampliación del objeto procesal, cuya previa decisión constituye un prius para poder valorar ulteriormente, y conforme a lo que se resuelva al respecto, la procedencia del sobreseimiento solicitado por partes imputadas.



SEGUNDO.- Por tanto, antes del análisis de los distintos recursos de apelación indicados en el anterior fundamento jurídico, debe procederse, a analizar la alegación, siquiera referencial y por mera remisión a escritos anteriores, que efectúa la representación del Sr. Camps, en la que se solicita la declaración de nulidad de determinadas actuaciones. La preferencia en esta cuestión se deriva de que la estimación de la misma afectaría a la regularidad del procedimiento y, en consecuencia, haría innecesario el análisis de los demás recursos interpuestos.



Dicha nulidad venía planteada, aunque con carácter subsidiario, en un escrito de esa parte, el de 6 de abril de 2009, al que alude genéricamente la representación del Sr. Camps en este recurso de apelación, cuando pasa a reproducir en su integridad dicho escrito, sosteniendo: “por estar plenamente vigentes en su fundamentación tras la instrucción practicada”, si bien, es de insistir, no contiene una autónoma, expresa y concreta referencia al planteamiento de la nulidad, fuera de dicha mención indirecta, ni tampoco la contiene en el suplico del escrito del recurso de apelación, limitado a solicitar el sobreseimiento libre de las actuaciones al amparo de lo previsto en el artículo 637, 1.º y 637, 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante ello, aún pudiendo dudarse de si en realidad mantiene o no dicha petición de nulidad, la Sala se pronunciará, aunque sea someramente, sobre la misma a la vista de los antecedentes procesales existentes.



En el citado escrito de 6 de abril se consideraba que procedía el archivo del procedimiento al deber acordarse la nulidad de las actuaciones (art. 238, 1º y 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y ello, porque por parte del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, se había venido sucesivamente prorrogando el secreto de las actuaciones, desde el 5 de septiembre de 2008, por sendos autos de idéntico contenido, no constando la resolución que acordara la prórroga correspondiente al mes de diciembre, por lo que la causa había estado secreta sin deber estarlo desde el 4 de diciembre de 2008 hasta la fecha, siendo los autos posteriores al 4 de noviembre de 2008 prórrogas de una resolución sin constancia en los autos, y en consecuencia nulas las actuaciones que han tenido lugar en estas fechas por infracción del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con quiebra del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a la defensa (art. 24 de la Constitución).



Igualmente, como segundo motivo de la nulidad, entendía que se había afectado al derecho a un procedimiento con las debidas garantías en relación con el derecho al juez predeterminado por la Ley (art. 24 de la norma suprema indicada), porque el indicado Juzgado Central de Instrucción, ante la aparición en las actuaciones de un posible aforado, como el recurrente, debió remitir el procedimiento, o la parte que afectara al aforado, a ésta Sala de lo Civil y Penal como tribunal competente, conociéndose ya desde el 6 de noviembre de 2007, la referencia y aparición del Sr. Camps en las actuaciones, por lo que el indicado Juzgado debió inhibirse ante ésta Sala, no existiendo necesidad de una instrucción conjunta inicial para provocar una conexión inexistente con los hechos, siendo esa supuesta conexión irreal, dando lugar a la sustracción de la competencia al Tribunal competente, dando lugar a la nulidad de las actuaciones respecto de lo instruido por dicho Juzgado.

A su vez, subsidiariamente a la anterior nulidad, entendía que las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Instructor a partir del Auto de inhibición de 5 de marzo de 2009, también resultaban nulas, por infracción del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación no sólo con el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, sino también con el derecho a las garantías del procedimiento y a la tutela judicial efectiva.



Dicha solicitud de nulidad, que se insiste, no se formula de modo expreso en éste recurso de apelación, en todo caso debe ser desestimada por ésta Sala, habida cuenta de desconocerse si en realidad se está o no de nuevo formulando, máxime cuando no figura en el suplico ni se desprende del mismo, además de que fue resuelta en sentido desestimatorio por el Instructor en el Auto de 4 de mayo de 2009, sin que conste haya sido recurrida, al menos en apelación en su adecuado momento procesal ante ésta Sala, por lo que, en consecuencia, fue consentida y firme.



En todo caso, diremos, que dicha resolución, con cita de copiosa doctrina jurisprudencial, desestima la invocada nulidad al no existir constancia del Auto de prórroga del secreto sumarial del día 4 de diciembre de 2008, porque aún no apareciendo unido a la actuaciones el documento en que se plasmaba la resolución judicial indicada correspondiente al mes de diciembre de 2008, sí aparecía dictada en el sistema informático (quedaba registrado automáticamente con el número de acontecimiento 61 de aquél procedimiento), por lo que existía un acto que fue registrado en soporte informático aunque no quedara reflejado en un documento en papel. De este modo, no se duda de la existencia del “acto” aunque no apareciera plasmado en un “acta” en forma escrita (partiendo de la distinción entre el acto jurídico, como declaración de voluntad, que existió sin duda, y la plasmación documental y en papel).



Igualmente, además de precisar con el pertinente detalle fáctico, que la incoación de las Diligencias judiciales tuvo lugar el día 6 de agosto de 2008, y que existía una relación de conexidad indudable entre las indicadas diligencias y aquéllas a las que fueron incorporadas, al referirse a supuestas dádivas que al parecer se realizaban por los sujetos imputados en dichas Diligencias Previas y al modo cómo éstos disimulaban su actuación mediante la petición de facturas por conceptos distintos de las operaciones verdaderamente realizadas, entendía, que la no remisión anterior del procedimiento a ésta Sala, pese a encontrarse imputada una persona aforada, no entrañaba, en el supuesto, vulneración ninguna del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, porque es constante doctrina jurisprudencial, que expresamente se citaba como la STS 15 de octubre de 2004 y el ATS de 27 de enero de 1998, que cuando se imputen actuaciones criminales a varias personas y alguna de ellas tenga el carácter de aforado, además de deber individualizarse la conducta concreta respecto de dicho aforado, ha de indicarse la concurrencia de “algún indicio o principio de prueba suficiente” que pueda servir de apoyo a tal imputación, lo que exige una previa actividad jurisdiccional para su debida averiguación y constancia.



Es más, podemos añadir, que el Tribunal Supremo, siguiendo dicha constante doctrina, en su Auto de 7 de abril de 2009 (núm. de recurso 20121/2009) inadmitió la querella interpuesta contra el Iltmo. Sr. Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que conoció de las mencionadas Diligencias Previas 275/2008, precisamente siguiendo similares criterios a los del Auto de 4 de mayo del 2009 dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor de ésta Sala.



Finalmente el Instructor desestimaba la petición de nulidad basada en haberse practicado ulteriores diligencias pese a haber dictado el Auto de 5 de marzo de 2009, entre ellas la declaración del Sr. Tomás el día 13 de marzo de dicho año, porque se habían acordado en una resolución anterior, si bien se aplazó debido a la incomparecencia de alguna de las personas que debían declarar el día y hora inicialmente señalados a tal efecto, además de que el Juzgado Central de Instrucción no podía dictar un genuino Auto de inhibición, dadas las concretas condiciones procesales y de superior rango del órgano judicial que debía efectuar la declaración sobre su propia competencia debiendo elevar la pertinente exposición razonada, por lo que mientras no se efectuara esa declaración dicho Juzgado debía proseguir en la actividad instructora llevando a cabo las pertinentes diligencias, a excepción de las que afectaran directamente a la persona aforada, añadiendo que en cualquier caso podían reproducirse la práctica de dichas diligencias, ante el órgano que resulte definitivamente competente.



La Sala, en consecuencia, ante el no expreso planteamiento en el recurso de dicha nulidad, en que con anterioridad la misma fue desestimada por el Instructor, y no fue recurrida, y porque son plenamente ajustadas a Derecho las consideraciones jurídicas reseñadas por el Instructor en la indicada resolución, desestima expresamente la misma.



TERCERO.- De conformidad con lo anteriormente indicado, procede en primer lugar, analizar los recursos de las partes acusadoras, en tanto en cuanto, singularmente el interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhiere la acusación popular, de ser estimado, implicaría una ampliación del objeto procesal.



a) El objeto del recurso del Fiscal



Lo que el Fiscal pretende es extender los hechos inicialmente imputados, y relativos a la figura del delito de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal, a los que pudieran derivarse del cohecho activo (art. 423 del Código Penal), es decir, respecto de los particulares que han obsequiado a dichas autoridades y funcionarios públicos, de forma que pudieran analizarse y, en su caso, enjuiciarse, las referidas conductas bilaterales en un mismo procedimiento.



Con el indicado planteamiento se interpuso por el Ministerio Fiscal previo recurso de reforma, que el Instructor desestimó por Auto de 14 de julio de 2009, con fundamento en no indicarse norma alguna que se considere infringida en el Auto de 6 de julio de 2009, en que no se solicita la revocación de ninguno de los pronunciamientos que en el mismo se contienen y en que se trataba de una ampliación del objeto del proceso, cuando la Sala de lo Civil y Penal ya había delimitado, al admitir su competencia, el objeto de ese proceso a las conductas del cohecho pasivo impropio, conociendo de las conductas sobre las que se postula la ampliación otro órgano jurisdiccional, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, por tanto, dentro del objeto más amplio de otro proceso en curso.



El Ministerio Fiscal, como consecuencia de esa pretendida ampliación del objeto procesal, lo que al respecto interesa en el suplico de éste recurso de apelación es la revocación de la resolución impugnada, acordando que la comparecencia a celebrar en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado lo sea también respecto de Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez en relación con los hechos contenidos en la resolución recurrida



b.) La inaplicación del recurso de queja



De modo previo se realizan por el Fiscal distintas consideraciones tendentes a sostener que el recurso que debiera proceder es el de queja, y todo ello por la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista en el artículo 24.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y del régimen de recursos establecidos en aquélla.



Sostiene que dicha supletoriedad debe referirse a las normas del proceso llamado ordinario, esto es, el que se tramita en la forma de sumario, en tanto en cuanto se sostiene que es el establecido legalmente como procedimiento común frente al resto de procedimientos, configurándose el recurso de queja como el ordinario, ya que el de apelación únicamente procede en los casos determinados en la ley (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y en el articulado de la Ley del Jurado, solamente se dispone la procedencia del recurso de apelación contra concretas resoluciones. No obstante, estima que, dada la referencia expresa que la resolución impugnada realiza al recurso de apelación, y que la resolución de ambos recursos corresponde a ésta Sala, así como por la mayor brevedad del plazo para la interposición del recurso de apelación (art. 213 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), interpone éste último recurso.



En primer lugar debe indicarse, en relación con la cuestión suscitada de cuál es el recurso, apelación o queja, realmente aplicable contra la resolución recurrida, que la misma ha devenido en gran parte intrascendente desde el momento en que el propio Ministerio Fiscal, expresa que, pese a su postura, finalmente recurre en apelación.



En todo caso, y sin perjuicio de estimar que no es una cuestión tan pacífica la de qué concreto recurso sería el procedente a consecuencia de la aplicación de la indicada supletoriedad, tal y como señalan parte de los impugnantes, es lo cierto que la resolución recurrida se dicta en el marco de unas Diligencias Previas dentro del Procedimiento Abreviado y, aunque dicha resolución acuerda su transformación a procedimiento de la Ley del Jurado, la misma, como lo demuestran los recursos interpuestos, no es firme. En consecuencia, y sin perjuicio de que no produzca la suspensión del procedimiento, a los efectos de ser impugnada, los recursos que se planteen contra la misma han de ser los establecidos en el procedimiento donde se adopta, esto es, en las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado, y de ahí, la acertada información de recursos proporcionada por el Instructor en la resolución recurrida (artículo 766 y 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).



c) El fondo del recurso



Ya aludimos a que, respecto del fondo, el Ministerio Fiscal sostenía que la continuación del procedimiento por los trámites ante el Tribunal del Jurado debía realizarse citando a la comparecencia del artículo 25 de su ley reguladora a Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez, sosteniendo, frente al criterio del Instructor, que se trataba de una verdadera impugnación, y no de una petición tendente a la ampliación del objeto del proceso, ya que, los hechos se refieren a los regalos efectuados a los cuatro imputados en ésta causa, y abarcan tanto la entrega por parte de los particulares como la recepción de las dádivas por parte de las autoridades y funcionarios públicos, de modo que lo que se interesa es una ampliación subjetiva de los sujetos imputados, pero no de los hechos investigados, sin que las previas resoluciones dictadas por ésta Sala en el presente procedimiento impidan de forma definitiva la imputación interesada (Autos de 21 de abril y 19 de junio de 2009).



A su vez funda la tipicidad de la conducta de los particulares en el artículo 423 del Código Penal, negada por tres de las cuatro defensas, es decir, el denominado cohecho activo impropio, citando al respecto diversas sentencias del Tribunal Supremo (STS 11 de mayo de 1994, 7 de noviembre de 1997 y 13 de enero de 1998), por lo que, entendía que se trataba de un criterio consolidado sin que -decía- pudiera verse afectado por una única sentencia contraria (STS 8 de junio de 2006), indicando que el carácter bilateral de éste tipo de cohecho es asumido en el Auto de ésta Sala de 21 de abril de 2009, citando el párrafo que indica: “la Sala no se pronuncia, por el momento, sobre la competencia acerca de las conductas bilaterales atribuibles a particulares que, en su caso, debieran ser también objeto de enjuiciamiento en un mismo proceso, sin perjuicio de lo que deba acordarse en su momento y caso por lo que resulte del curso del las actuaciones”.



En consecuencia, entiende el Fiscal que determinada la tipicidad de los hechos imputados a particulares, que en esencia son los mismos, dichas conductas debían enjuiciarse en éste procedimiento, dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como particulares donantes de los regalos y las autoridades y funcionarios perceptores de los mismos, por lo que su enjuiciamiento conjunto resultaba ineludible, pudiendo dar lugar la solución contraria a pronunciamientos contradictorios, citando al respecto el Auto del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2009, así como se aludía a que dicho criterio es el que ha sostenido el Ministerio Fiscal en éste procedimiento desde el primer escrito remitido a esta Sala.



d) La inadecuación del recurso



El Ministerio Fiscal, conforme a su suplico, en puridad, como con acierto sostiene el Instructor, no cuestiona los pronunciamientos específicos y propios de la resolución recurrida, dado el ámbito en que es dictada (art. 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), ya que, no cuestiona que existan indicios racionales de criminalidad contra los imputados por el delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal, descartando, en consecuencia, el sobreseimiento interesado por las defensas, ni tampoco la decisión de acordar la transformación al procedimiento de la Ley del Jurado, sino que lo que solicita, mediante los razonamientos sobre la ampliación subjetiva interesada, es que la celebración de la comparecencia del artículo 25 de dicha Ley se celebre también con los presuntos donantes de las dádivas percibidas por los imputados (expresamente se indica en su segundo párrafo del apartado segundo de su escrito: “El pronunciamiento recurrido por el Fiscal se refería precisamente a ésta citación…”).



Dicha petición, que no era el objeto principal y genuino de la resolución recurrida, pudiera haberla planteado, en su caso, en el propio procedimiento de la Ley del Jurado, naturalmente con carácter previo a dicho acto, dado que se trata ya de una decisión adoptada en otro procedimiento (en el propio de la Ley del Jurado). Es más, la resolución recurrida, pudo limitarse a acordar dicha transformación, además de los otros pronunciamientos más sustanciales decididos para, dentro ya del procedimiento de la Ley del Jurado, acordar mediante providencia la citación para dicha la comparecencia (recordemos que el Ministerio Fiscal expresa que recurre dicha “citación”). La mera convocatoria a la comparecencia del artículo 25 de la Ley del Jurado no forma parte, genuinamente, de una resolución judicial propia del objeto del artículo 779 anteriormente indicado, si bien, que por aconsejables razones de economía procesal, pueda interesar acordarla en el mismo, acompañando a los pronunciamientos, estos sí verdaderamente específicos de dicha decisión.



e) Las antecedentes procesales



No obstante lo anterior, procederemos a responder a las alegaciones realizadas por el Ministerio público. El Instructor compendia, en la resolución recurrida, las vicisitudes originarias de éste procedimiento, recordando su incoación por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional por unos hechos complejos, con un entramado de sociedades que tenían su origen y vínculo de unión entre sí en la actividad ilícita desarrollada por los responsables de la mismas y dirigido, al parecer, desde Madrid por Francisco Correa, para lograr, entre otras cosas, la adjudicación de contratos públicos por entidades pertenecientes a las distintas administraciones públicas, en varios lugares del territorio nacional, encontrándose implicados en la práctica de obsequiar con posibles dádivas a algunas autoridades y funcionarios, el citado Sr. Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, a quienes, al parecer, además de otros delitos, se les imputa en el proceso principal origen de las diligencias, un delito de cohecho, probablemente en régimen de continuidad delictiva. Finalmente, ésta Sala, recibida que fue la pertinente Exposición Razonada, aceptó la competencia respecto de los imputados en éste procedimiento por un delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal, tras considerar escindibles la parte afectante a los imputados de los demás, y todo ello por haber presuntamente aceptado regalos en forma de prendas de vestir por parte de dichos imputados, continuando la causa principal su normal tramitación respecto de todos los demás hechos.



Constan en las actuaciones informes del Ministerio Fiscal en los que estimó que determinados hechos del procedimiento, que podemos denominar principal, eran, en principio, “escindibles” del resto de las actuaciones, y por ello solicitó que se remitiera testimonio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que aceptara el conocimiento de los mismos (informes de 18, 23 y 3 de marzo, que son reflejados y recordados en el de 14 de abril), y éstos hechos considerados escindibles eran los propios del delito de cohecho pasivo impropio, inclusive limitados a los dos imputados aforados ante éste Tribunal. Indicaba así en dicho informe que los hechos escindibles serían “…los atribuidos a Francisco Campos Ortiz y Ricardo Costa, que consisten en la recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados en la presente causa. Regalos que, en el estado actual de la causa, no aparecen relacionados con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa”.



Además, ante el pronunciamiento del Juzgado Central de Instrucción de plantear que la competencia de ésta Sala pudiera extenderse no únicamente a los dos imputados aforados (Sres. Camps y Costa), sino también respecto de los Sres. Campos y Betoret, el propio Ministerio Fiscal interpuso recurso de reforma contra el Auto del indicado Juzgado Central de 5 de marzo, e inclusive de apelación, sin que ésta Sala tenga conocimiento del resultado de éste último. En dichos recursos se reiteraba en el indicado informe y se insistía en la investigación separada de las personas no aforadas indicadas; literalmente: “…la investigación de los hechos atribuidos a las dos personas no aforadas mencionadas en el Auto de 5 de marzo de 2009 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 debe realizarse con el conjunto de la causa. Ello con el objeto de determinar la posible relación de las eventuales dádivas percibidas con la actividad de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa y, en concreto, con las sociedades Orange Market S. L. y Orange Factory, S. L., domiciliadas en Valencia”.



Finalmente, y a modo conclusivo, se decía en el apartado quinto del informe de 14 de abril antes citado: “…los hechos que el Fiscal considera deben ser investigados por el TSJ de Valencia son exclusivamente los atribuidos a Francisco Camps Ortiz y Ricardo Costa. Dichos hechos consisten en la recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten vinculados a una concreta actividad del entorno del Francisco Correa…”.

Por tanto, aunque es cierto, y no puede ser de otro modo, que dichos informes venían referidos al estado inicial del procedimiento y sin perjuicio de lo que ulteriormente resultara en la instrucción, y esa es la razón del fundamento jurídico tercero del Auto de ésta Sala de 21 de abril de 2009 por el que se asumía y delimitaba la competencia y al que se refiere la parte recurrente y que además iba más allá de dicho informe al asumir la competencia respecto de los no aforados, también lo es que no consta qué alteración cualitativa no conocida entonces haya tenido lugar para posibilitar la inclusión en éste procedimiento del delito de cohecho activo que pudiera haberse cometido por los particulares, cuando se sostenía incluso que los imputados no aforados a éste Tribunal debían quedar sometidos al proceso “principal. Pero es que, además, el enjuiciamiento de las conductas de los particulares en éste procedimiento podría colisionar con el objeto del proceso más amplio del que conoce la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid e, incluso, podría romper la continuidad delictiva que, en su caso, podría atribuirse a los mismos.



En éste sentido son de citar las resoluciones dictadas por ésta Sala, en anteriores recursos de apelación interpuestos, si bien por la acusación popular, de fecha 19 de junio y más reciente de 21 de julio, en donde se reafirma el ámbito competencial de ésta Sala, previamente establecido en nuestro Auto de 21 de abril del presente que asumió la competencia, y a ellos nos remitimos en aras de la brevedad.



f) La improcedencia de la llamada ampliación subjetiva



Resultan sin duda sugestivos los argumentos de algunas de las partes impugnantes en relación con la posible atipicidad del delito de cohecho activo que pudieran haber cometido los particulares (art. 423 del Código Penal) como reverso de la conducta de la aceptación de dádivas por los funcionarios públicos (art. 426 de dicha norma), con argumentos relativos a la distinta ubicación que en el Código Penal actual tiene el precepto frente al derogado. Se trata de que pudiera considerarse que el artículo 423 debe ceñirse a las conductas relacionadas con las de los delitos de cohecho pasivo propio anteriores en su numeración a dicho precepto, ya que a diferencia del anterior Código, donde su homólogo, ex artículo 391, aparecía al final y detrás en todo caso del delito de cohecho pasivo impropio al que también podría comprender (art. 390), pero ésta Sala, estima que dicha cuestión trasciende de la eminentemente procesal planteada de ampliación del objeto y, en todo caso de los sujetos activos del delito.



No obstante, sí hemos de indicar, a los efectos de la cuestión planteada, que la doctrina de la unilateralidad del delito de cohecho está ampliamente admitida jurisprudencialmente, y dicha unilateralidad abunda en la posibilidad de su enjuiciamiento autónomo. Así la STS 8 de junio de 2006, que cita las SSTS 2215/1993, de 7 de octubre, y 692/1997 de 7 de noviembre, indica, que tanto el artículo 425 como el artículo 426 del Código Penal tipifican conductas consideradas como cohecho pasivo impropio, que no ostentan la condición del delito necesariamente bilateral, y no se extiende al cohecho activo paralelo, llegando a afirmar que la conducta del donante puede no ser punible, salvo que pueda encuadrarse en el tipo del artículo 423 del Código Penal, reflejándose en dicha sentencia de 8 de junio de 2006, que incluso el Ministerio Fiscal retiró la acusación en relación a los particulares (en el caso, procuradores involucrados en la acción delictiva del recurrente). Al respecto, cabe añadir también la STS 378/1995.


Además de dicha resolución, la citada unilateralidad no se recoge únicamente en la sentencia últimamente indicada, sino que expresamente se menciona en otras recientes resoluciones, que tienen un carácter definitivo del procedimiento. Así en el ATS de 2 de febrero de 2009 (recurso 20296/08) y en la STS 102/2009, de 3 de febrero, se destaca dicha unilateralidad: “…la doctrina mayoritaria actual sostiene, y esta parece la construcción más acorde con la tipificación del Código penal, la naturaleza unilateral del delito de cohecho (…) si se descubre la existencia del pacto, dará lugar a dos tipificaciones distintas, la del particular y la del funcionario, bastando que el particular ofrezca la dádiva y que el funcionario la acepte para que cada uno de ellos responda por su respectiva tipicidad (…) Consecuencia de esta construcción es que el delito de cohecho no requiere la existencia de un pacto, bastando para la tipicidad el acto unilateral de cada uno de los hipotéticos sujetos activos de las respectivas incriminaciones contenidas en el delito de cohecho…”.



Igualmente en la STS 1096/2006, de 16 de noviembre, referida al delito de cohecho pasivo propio se dice: “… La dinámica de la conducta típica pone de manifiesto que el cohecho pasivo propio, es un delito unilateral, de mera actividad que se consuma con la mera solicitud, con la mera manifestación exterior de la actitud personal del sujeto, no siendo necesaria la producción de resultado material externo alguno para la consumación, esto es la aceptación de la solicitud en el abono de la dádiva, en la realización del acto injusto ofrecido o solicitado como contraprestación, SS. 776/2001 de 8.5, 1114/2000 de 12.6”.



En conclusión, procede la desestimación del recurso interpuesto.



CUARTO.- Por la representación de la acusación popular se interpone recurso de apelación contra el Auto de 16 de julio de 2009, que desestimó el de reforma previamente interpuesto contra el Auto de 6 de julio anteriormente indicado, al que se adhiere en parte el Ministerio Fiscal.



a) El objeto del recurso



En consonancia con anteriores recursos de dicha parte, se pretende ahora seguir solicitado la continuación de las Diligencias Previas y la práctica de diversas diligencias: requerimientos documentales de aportación de diversos expedientes de contratación entre la Generalitat Valenciana y las empresas Orange Market, S. L., Easy Concert, S. L., Down Tow, S. L., remisión de la contabilidad de diversas sociedades obrantes en las Diligencias 1/2009 tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declaración como imputados de Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, Cándido Herrero Martínez, Felisa Isabel Jordan, y José Luis Izquierdo López, así como diversos actos de investigación de naturaleza testifical.



Y todo ello por entender que la decisión de conversión del procedimiento a Jurado resulta cuanto menos precipitada, porque aún están por determinar con la precisión exigida los hechos punibles y la identificación de las personas a las que se les imputen, tal y como se ha venido sosteniendo en diversos recursos de reforma y de apelación interpuestos por dicha parte contra la denegación de diligencias de investigación, entre las que se encontraban la solicitud de la comparecencia en calidad de imputados, entre otros, de Francisco Correa, Pablo Crespo y Cándido Pérez, entendiendo que de admitirse tal práctica de diligencias podría variar la calificación y, sobre todo, la concurrencia de otros delitos que excluyeran la competencia del Tribunal del Jurado.



Estima la parte que las diligencias solicitadas tenían como fundamento acreditar el tipo de cohecho, ya que, aunque la doctrina ha sostenido que aún cuando el artículo 426 del Código Penal parece excluir el cohecho activo, sin embargo le es también de aplicación la variable del artículo 423 del mismo texto legal, requiriendo esta proteica valoración jurídica el examen de los expedientes de contratación por los que los imputados por razón de su cargo hayan tenido contacto con las empresas adjudicatarias, máxime si para la jurisprudencia es un indicio relevante, aún cuando se circunscribiera la calificación al artículo 426 del texto penal anteriormente citado, criterio que se apunta en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2009.



Entendía que las limitaciones competenciales asignadas en el Auto de esta Sala de 21 de abril de 2009 han impedido el examen de la concurrencia de otras conductas delictivas que, de comprobarse, excluirían la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, siendo ésta en realidad la cuestión de fondo que se sustancia en el recurso y que en definitiva trata de que a la luz de las diligencias practicadas la Sala varíe su competencia, bien porque modifique el ámbito de la investigación en relación con las irregularidades de las adjudicaciones conforme a lo informado por la Sindicatura de Cuentas, y demás indicios que concurren sin entrar en conflicto con la investigación que se lleva a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, toda vez que allí se investigan tales irregularidades desde la vertiente de las distintas actuaciones delictivas del Grupo Correa y aquí de la incidencia en cuanto a la calificación jurídica del tipo de cohecho aplicable, o en su defecto, si se estimase que existe tal conflicto, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana promueva conflicto de jurisdicción mediante la declinatoria de competencia.



b.) El contenido de la desestimación de la reforma



El Instructor desestimó el recurso de reforma interpuesto porque las peticiones formuladas por la parte recurrente se oponen a la previsión contenida en el artículo 309 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, ya que, si resulta la existencia de un hecho punible que sea imputable a persona determinada y su enjuiciamiento viene atribuido al Tribunal del Jurado, debe procederse a la incoación de dicho procedimiento, sin que la continuación de la tramitación de la causa con arreglo a ese procedimiento legalmente establecido suponga restricción ninguna en cuanto a las posibilidades de actuación de las partes en defensa de sus respectivas posturas procesales.



Y respecto de la petición de las diligencias que se interesaban la decisión fue denegatoria por coincidir en gran parte con las interesadas en el escrito de querella y con las pedidas posteriormente en otro escrito de fecha 19 de junio, siendo denegadas motivadamente en el Auto de 29 de mayo pasado y confirmado por Auto de ésta Sala de 19 de junio, y en el de 22 de junio, el cuál cabe añadir que fue confirmado por Auto de ésta Sala de 21 de julio del presente. En consecuencia, entendía que, permaneciendo idénticas las circunstancias de hecho, se ha de estar necesariamente a lo decidido al respecto en aquellas resoluciones, no pudiendo ser materia de éste procedimiento el control de la regularidad de los actos administrativos realizados por la Administración, sino sólo la determinación de los elementos fácticos que conforman el hecho punible que dio lugar a la formación de la causa (supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir por parte de determinadas personas que ostentaban la condición de autoridad o funcionario público).



c) Las resoluciones anteriores



La Sala debe confirmar el razonado criterio del Instructor, basado a su vez, en anteriores resoluciones dictadas por el mismo y por ésta Sala, resoluciones que ya que han sido reseñadas, reiterándonos, en lo que sea aplicable, en lo previamente manifestado respecto del recurso interpuesto por el Ministerio Público. En el recurso no viene a discreparse de los pronunciamientos genuinos y propios de la resolución recurrida, a saber: descartar el sobreseimiento y ordenar la continuación de las diligencias por existir indicios racionales de la comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, y éste es el objeto del proceso, conforme al Auto firme de 21 de abril de 2009. Tampoco cabe cuestionar el haberse dictado ese Auto por entenderlo precipitado, en cuanto a la transformación de procedimiento de la Ley del Jurado, ya que, como muy bien señala el Instructor, existen preceptos que obligan a dicha trasformación e, incluso, se crea un específico recurso de queja para que no se retrase dicha transformación (art. 309 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pudiendo en dicho procedimiento solicitarse y, en su caso, acordarse, las diligencias que se estimen pertinentes a su objeto por el Instructor. En éste sentido el Ministerio Fiscal impugnó la solicitud de improcedencia de incoar el procedimiento de la Ley del Jurado. Por lo demás, la aparición hipotética de nuevos delitos no deja de ser una contingencia por ahora sin base, y siempre sería posible la adaptación procedimental a dicha contingencia, si ésta tuviera lugar.



Además debemos recordar, como hace el Instructor, que la pretensión de variación del objeto procesal, sin una alteración de los hechos tenidos en cuenta en la delimitación competencial en su día asumida, y la práctica de las múltiples diligencias que solicita la parte recurrente, prácticamente coincidentes con las que de nuevo reitera, ha sido en su mayor parte objeto de otros distintos recursos de dicha parte, desestimados por ésta Sala, y a los que cabe remitirse, sin perjuicio de las siguientes sumarias referencias.



Así, en el Auto de ésta Sala de 19 de junio de 2009, se desestimaba el recurso interpuesto por dicha parte contra el Auto del Instructor de 29 de mayo de 2009 que, admitiendo la personación de la acusación popular, no accedía a la práctica de diligencias solicitadas, por no guardar relación con el objeto de la causa. Allí el argumento sostenido por la acusación popular era que habían variado las circunstancias por no tenerse conocimiento de si la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había asumido la investigación de los hechos provenientes del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 y que, en todo caso, no era excluyente, así como la posibilidad de revisión de la declaración competencial realizada por ésta Sala, y la relación de conexidad con éste procedimiento.



Dicho recurso fue desestimado por las siguientes razones: 1) Que el Auto de delimitación competencial de ésta Sala de 21 de abril de 2009 por unos hechos, que podrían integrar la figura del cohecho pasivo impropio, era firme, 2) Que la mera incorporación de un querellante a un proceso en tramitación no permitía, sin más, una retroacción de las actuaciones, ni un reexamen de resoluciones ya dictadas por el Instructor o por ésta misma Sala, sin constatarse una alteración o mutación sustancial de los elementos fácticos tenidos en cuenta en su día al dictar las resoluciones anteriores a tal personación (la personación se produce in statu et termini), 3) Que la competencia asumida por ésta Sala no tiene por base una competencia penal general sino que tiene por base el aforamiento de dos de los imputados y la intensa conexión con la dinámica comitiva de otras dos personas la cual no tenía el mismo grado de relación, implicación e intensidad con la que proponía el recurrente, y 4) Que los hechos y las conductas que se estime necesario investigar deben serlo en el ámbito de la pieza principal del proceso tramitado actualmente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que se comunicó la decisión de ésta Sala, por lo que no puede invocarse la creencia por parte del Tribunal de Madrid de que el de Valencia conozca de los hechos cuya ampliación pretende el recurrente.



A su vez, en el más reciente Auto de ésta Sala de 21 de julio de 2009 se desestimó el recurso interpuesto por la acusación popular contra un anterior Auto del Instructor (de 1 de julio) que desestimaba el de reforma contra un anterior Auto (de 22 de junio) que denegaba la práctica de diligencias muy similares a las solicitadas en el nuevo recurso, y dicho recurso es expresamente aludido y en cierto modo vinculado en el motivo primero de su recurso. En el anterior recurso se cuestionaba el alcance del objeto del presente proceso, no centrándose su argumentación en meras consideraciones propias de cada una de las diligencias de investigación solicitadas sino que se hacía una argumentación genérica sobre la ampliación del objeto del proceso y se solicitaba que la Sala se cuestionara la revisión sobre el ámbito de su competencia y del proceso mismo.



La Sala, previas las precisiones fácticas y jurídicas en relación con la competencia especial por razón de aforamiento y no general de ésta Sala, de que las Diligencias Previas no nacían de una querella interpuesta por la acusación popular, la necesidad de variación sustancial en los hechos para revisar anteriores resoluciones judiciales dictadas en la Instrucción, la previa desestimación por la Sala por Auto de 19 de junio de otro anterior y similar recurso de la acusación popular, de la imposibilidad de variar en un recurso de apelación el objeto sobre el que se recurrió o sobre lo que versó la solicitud al Instructor y la decisión de éste, desestimó el recurso por : 1) No existir hechos nuevos que lleven a decidir de modo distinto lo ya decidido, ya que se insiste en lo ya desestimado, sin que se estime que ahora pueda ser pertinente y útil no aludiendo la parte recurrente a nuevos hechos, 2) Que nada añade respecto de la pertinencia de las declaraciones que se interesaban, 3) Que las diligencias no se atienen a lo que ha sido delimitado como objeto del proceso, siendo impertinentes, entendiendo que el contenido de los expedientes de contratación no alteraría la calificación jurídica de las conductas que integran el objeto del proceso, 4) Que no deben admitirse actos de investigación que atiendan a personas distintas de las en este proceso consideradas imputadas, si no se indica la utilidad de su declaración y se añade que están imputadas en otro proceso, y 5) Que no deben tomarse en consideración los argumentos que lo que persiguen es negar la delimitación del objeto del proceso previamente establecida.



d) La desestimación del recurso



Y todas éstas razones, y las demás contenidas en las resoluciones judiciales indicadas, cabe reproducirlas en el presente, ya que se vienen a solicitar prácticamente las mismas diligencias, reiteradamente denegadas (únicamente, salvo error u omisión, varía el status en que se solicita la declaración de algunas personas, ahora como imputados y en la que dio lugar al Auto de 21 de julio de 2009 se solicitaba en calidad de testigos, así como en la 7.ª y relativa a la petición de cooperación judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para conocer si entre la investigación que se sigue en sus Diligencias Previas se encuentra la regularidad o irregularidad de los expedientes de contratación de la administración valenciana con Orange Market, S. L.), que deben denegarse por los mismos razonamientos ya mencionados en relación al concreto objeto del proceso que se tramita en éste Tribunal y relativo al delito de cohecho pasivo impropio, y que como recordamos a propósito del recurso del Ministerio Fiscal, se estimó, en su día, escindible, sin que exista variación cualitativa para alterar dicha consideración.



Como recalcó el Instructor, el objeto del presente proceso no es el control de la regularidad de los actos administrativos realizados por la Administración, sino la supuesta aceptación de regalos, en forma de prendas de vestir, por parte de determinadas autoridades y funcionarios públicos. Inclusive, el propio Ministerio Fiscal, que se adhiere parcialmente al recurso, considera, al menos por el momento, que no procede practicar el requerimiento a la Consellería de Presidencia para que remita los expedientes de contratación a que se refiere la acusación popular, porque entiende que las posibles irregularidades cometidas en la contratación referida son objeto de las Diligencias Previas 1/09 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A su vez, debemos recordar, en consonancia con lo resuelto respecto del recurso del Ministerio Fiscal que, sin entrar en cuestión de la tipicidad del cohecho activo reverso del pasivo impropio, la posibilidad de enjuiciamiento autónomo de éste último delito, y que constituye el objeto del presente proceso, está establecida jurisprudencialmente.



En consecuencia el recurso, y su adhesión parcial por el Ministerio Fiscal, deben ser desestimados, estimándose respecto de la adhesión, ceñida a la denegación de la diligencia de la incorporación a la causa de la contabilidad de las entidades Orange Market, S. L., Diseño Asimétrico, S. L., Orange Factory, S. L. y Servimadrid Integral, S.L, y la documentación intervenida en el registro de la sede de Orange Market, S. L., habida cuenta que constituiría la ampliación del objeto de éste proceso, cuando el Tribunal de Madrid conoce del mismo, reiterándonos en lo ya manifestado, contenido a su vez en el Auto de ésta Sala de 21 de julio, viniendo a reconocer el propio Ministerio Fiscal el carácter “general en cuanto amplias” de la citada diligencia, si bien entiende que se refiere a lo que es objeto de éste procedimiento y sin que ésta Sala deba atender, en un recurso de apelación en el que se revisa la adecuación jurídica de una concreta resolución, a lo ocurrido posteriormente en la comparecencia prevenida en la Ley del Jurado, sin que, por todo ello, deba entrarse sobre la “forma” en que pueda hacerse efectiva la entrada de tal documentación en el presente procedimiento.



QUINTO.- Por las representaciones procesales de los imputados en éste procedimiento (la del Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique Camps Ortiz, del Ilustre Señor Diputado de las Cortes Valencianas D. Ricardo Costa Climent, ambos aforados a éste Tribunal, así como las otras dos personas también imputadas no aforadas ante el mismo, Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño), se interponen los anunciados cuatro recursos de apelación ante esta Sala de lo Civil y Penal. En todos ellos se pide el sobreseimiento libre del procedimiento, petición que les fue denegada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Instructor en el Auto de 6 de julio de 2009, por el que se acordaba, como dijimos, por un lado, declarar terminadas las Diligencias Previas y, por otro, no haber lugar al sobreseimiento libre con archivo de la causa solicitado. Esta denegación se hace en el Auto recurrido por estimar el Instructor que existen suficientes indicios racionales para estimar que los hechos que se les imputan pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426 primer inciso del Código Penal.



Conviene, antes de nada, dejar constancia de los elementos esenciales de este procedimiento necesarios para entender este recurso y su resolución, partiendo de que el mismo se incoó por Auto de fecha 21 de abril de 2009 de ésta Sala de lo Civil y Penal, que se declaró competente para el conocimiento de los hechos, tras recibir la Exposición Razonada proveniente del Juzgado Central de Instrucción número 5, que fue el que conoció inicialmente de los hechos.



a) Los hechos básicos.



Éstos hechos, de acuerdo con las distintas resoluciones judiciales dictadas, y en particular la recurrida, se refieren, de modo esencial, a que las personas imputadas, habrían efectuado, al parecer, varios encargos de determinadas prendas de vestir por diferentes cuantías en dos establecimientos abiertos al público de la ciudad de Madrid (Milano y Forever), a los que acudieron por indicación del Sr. Pérez Alonso (administrador de una sociedad, Orange Market, S. L., que concurría a los concursos para la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, obteniendo esa adjudicación), y habrían recibido y aceptado, en territorio de ésta Comunidad, dichas prendas sin pagar su importe.



Ese importe, según lo convenido entre el encargado de dichos establecimientos Sr. Tomás García y el Sr. Álvaro Pérez, se iba anotando en una cuenta abierta en dichos establecimientos a nombre de éste último, siendo saldado posteriormente la deuda, no por los imputados, sino por D. Pablo Crespo, si bien a través de sociedades controladas por el mismo, como Diseño Asimétrico, S. L. o Servimadrid Integral, S. L., lo que se hacía periódicamente, en alguna ocasión con dinero en efectivo pero normalmente tanto mediante el libramiento de cheques como por la realización de transferencias bancarias, de modo que liquidaban de forma global las cantidades pendientes de pago.



b.) La resolución recurrida



El Auto del Magistrado-Instructor, como se indicó, estima, en el ámbito propio del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de las diligencias de investigación practicadas no era posible llegar a la conclusión de que los hechos que motivaron la incoación de las presentes actuaciones no hayan existido, entendiendo que la verosimilitud inicial alcanzaba un alto grado de probabilidad.



Las diligencias practicadas, que permiten la conclusión alcanzada por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor, consisten en las declaraciones testificales del Sr. Tomás García, y la de la cajera del establecimiento comercial Milano de Madrid, así como distinta prueba documental practicada: tiques de caja del citado establecimiento, los inventarios semestrales de pagos pendientes que se realizaban por la cajera del indicado establecimiento, los tiques generados para la cancelación de los pagos pendientes, las hojas de encargo de sastrería cumplimentadas en el establecimiento Forever Young y remitidas a la empresa que confeccionaba los trajes (Satstgor), los recibos de pagos pendientes que eran generados por ese mismo establecimiento Forever Young, las hojas de confirmación de los pedidos expedidas por la indicada empresa de sastrería y la facturación emitida por la misma, y los instrumentos de pago de las deudas generadas).



A lo que debe añadirse también: 1) la cadena de conversaciones telefónicas mantenidas entre los Sres. Tomás García, Crespo Safaris, Delgado, Pérez Alonso y el Sr. Costa Climent, que denotaba una patente preocupación por lo ocurrido, tratando de buscar una salida a la situación creada, y 2) el conocimiento evidenciado de las diligencias (y, en particular de los correos electrónicos internos), más o menos extendido, por parte de los empleados del establecimiento “Milano” acerca de ésta manera de suministrar prendas de vestir a determinadas personas de relevancia política relacionada con la Comunidad Valenciana.



A su vez, la resolución recurrida, tras descartar en el inciso final del fundamento jurídico segundo, que la finalidad perseguida con dichos obsequios fuera lograr un concreto acto, y en particular la adjudicación de contratos que se celebraban con los diversos organismos de la Administración de la Generalitat Valenciana, detalla, en el indicado fundamento jurídico, la tipificación de los hechos como constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio, previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal, al tratarse los imputados de personas que tenían a la fecha de los hechos la condición de autoridad (Sres. Camps, Costa y Campos) o de funcionario público (Sr. Betoret), conforme al concepto establecido en el artículo 24 del Código Penal, mereciendo las prendas de vestir con las que fueron obsequiados la conceptuación de dádiva, y sin que exista ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas y a la función pública que los mismos desempeñaban la que pueda explicar dichos obsequios.



Igualmente explica que dichos obsequios, por la peculiaridad de su objeto, su reiteración y valor, no podían ser amparados en el marco de la adecuación social, por entender que pudiera tratarse de atenciones de cortesía o mero reconocimiento que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles. Y que el precio, aunque pudiera estimarse escaso en comparación con la magnitud de la función desempeñada por dichas personas, no era excluyente del desvalor de la acción, de modo que si se pretendiera realizar un juicio de valor sobre la antijuridicidad de dichas conductas, ello implicaría la “relativización misma de los valores sociales que las normas jurídicas tratan de preservar y una degradación de los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas”. Y en cuanto a su finalidad, no era otra que la de “lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquéllas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”.



c) Ámbito de los recursos



Del contenido de esa resolución importa destacar dos aspectos, pues son determinantes del ámbito en el que debe moverse esta resolución al pronunciarse sobre los siguientes recursos:



1) El Magistrado-Instructor deja claramente establecido que no se está en modo alguno ante el supuesto segundo del artículo 426, de modo la autoridad o el funcionario no admitió la dádiva o regalo que le fue ofrecido para la consecución de un acto no prohibido legalmente.



Dado que contra este extremo concreto del Auto no existe recurso alguno que lo impugne de modo directo, la Sala tiene que partir del mismo a la hora de hacer todas sus consideraciones.



2) De la misma manera el Magistrado Instructor se centra en el inciso primero del dicho artículo 426, el que se refiere a que es delito el que la autoridad o funcionario admitiere dádiva o regalo que le fuere ofrecido “en consideración a su función”.



También aquí debe estarse a este concreto extremo tal y como lo ha delimitado el Magistrado Instructor, pues el mismo seguidamente afirma que no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir y los concretos actos de contratación realizados por distintos órganos de la Administración autonómica. Esta consideración tampoco ha sido objeto de recurso, y aún puede decirse que en el escrito de interposición del recurso de apelación de la acusación popular se llega a decir que “ciertamente estos datos a nivel indiciario no son aún suficientes para incorporarlos al acerbo fáctico para concluir una relación causal entre los regalos y las contrataciones”, aunque luego se refiera a la denegación de otros actos de investigación.



d) El contenido de los recursos



En los cuatro recursos de apelación interpuestos por los imputados se pretende el sobreseimiento libre de las actuaciones al entender que las prendas de vestir que estiman que adquirieron no fueron un regalo u obsequio, sino una compra adquirida mediante pago por los propios imputados, ya ese pago lo realice directamente el mismo interesado (caso del Sr. Camps) o se haga por medio de un tercero al que se le abonó a su vez el importe (caso de los Sres. Costa, Betoret, y Campos), si bien en varios de los recursos se cuestiona la condición misma de autoridad o de funcionario público exigida por el artículo 426 del Código Penal.



De esta manera el Sr. Camps entiende que no existe ningún elemento fáctico que permita concluir que los supuestos regalos tengan que ver con la condición de autoridad y no con la que ostenta en el Partido Popular; el Sr. Costa entiende que la finalidad de la entrega no podía provenir de la condición de Diputado a las Cortes Valencianas, sino por su cargo dentro del Partido Popular y, en consecuencia, en su condición de particular al margen del Derecho Penal; y caso del Sr. Betoret que estima que no es funcionario público a efectos penales por que la naturaleza de la actividad desempeñada por el mismo, en relación con las ferias de turismo en las que se instaló pabellones, no supone el ejercicio de funciones públicas.



No obstante, respecto de dichas peticiones concordes de sobreseimiento libre, no todas confluyen en la misma clase de sobreseimiento, sino que se formulan respecto de diversos apartados del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en ocasiones de forma subsidiaria, siendo su naturaleza distinta:



1.º) El recurso interpuesto por el Sr. Camps lo es al amparo de lo previsto en el artículo 637, 1.º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formulándose de forma subsidiara. Además, debe indicarse, que sin perjuicio de realizar en su alegación tercera específicas referencias a la resolución recurrida, se reiteran también sus escritos anteriores de 6 de abril y 17 de junio de 2009, en los que, además de solicitarse el sobreseimiento, se solicitó en el primero de ellos, de forma subsidiaria la nulidad de las actuaciones, la cual ya fue resuelta en anterior fundamento jurídico.



2.º) La petición del Sr. Betoret se refiere al sobreseimiento libre y archivo del núm. 2 del artículo 637 en relación con el 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,



3.º) La del Sr. Campos al sobreseimiento del núm. 1 del artículo 637 en relación con el 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien, subsidiariamente solicita el sobreseimiento provisional del artículo 641.1 de la Ley procesal penal por no resultar “debidamente justificada la perpetración del delito”.



4.º) Y por el Sr. Costa se solicitó el sobreseimiento libre y archivo.



SEXTO.- Debemos comenzar pues, por analizar los distintos recursos formulados por los imputados, en los que citando el artículo 637, 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa”), cuestionan los hechos que, con el carácter indiciario propio de la fase de instrucción, ha estimado el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor que se desprenden de las diligencias practicadas, y ello porque de estimarse que los hechos no han quedado debidamente acreditados sobraría cualquier otra consideración o pronunciamiento sobre los aspectos genuinamente jurídicos a los que se refieren los recursos.



Los recurrentes, conforme al indicado precepto, cuestionan que en realidad haya existiera un regalo o una dádiva, como elemento integrador del tipo del delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal del que son imputados. Por el contrario, sostienen que o bien pagaron directamente y en metálico las adquisiciones de prendas de vestir (postura del Sr. Camps), o que el pago se realizó a D. Álvaro Pérez (postura del resto de los recurrentes), no reconociéndose por los mismos la adquisición de todas las prendas contenidas en la relación fáctica de la resolución recurrida.



a) Síntesis de los hechos



Los hechos imputados, si bien modo indiciario, como es lógico en esta fase procesal, aparecen recogidos en el apartado sexto de los antecedentes de hecho de la resolución recurrida, en el que vienen a detallarse, pormenorizadamente, las distintas adquisiciones de prendas de vestir, singularmente trajes, indiciariamente realizadas por cada uno de los imputados, que tenían en dichas fechas, y algunos actualmente desempeñan, relevantes cargos en la en el Gobierno de la Generalitat o en las Cortes Valencianas, adquisiciones que se realizaron en los establecimientos de Milano y Forever Young de Madrid, en distintas fechas a partir de los años 2005, 2006 y 2007. Previamente a dichas adquisiciones D. Álvaro Pérez y D. Pablo Crespo, de una parte, y el director comercial de dichos establecimientos D. José Tomás García, por otra, habrían convenido en que no se les cobrara a dichas personas cantidad alguna por las citadas adquisiciones, las cuáles serían abonadas posteriormente, mediante distintos pagos globales periódicos, por sociedades vinculadas y controladas por D. Pablo Crespo (Diseño Asimétrico, S. L. y Servimadrid Integral, S. L.).



A su vez se indicaba que D. Pablo Crespo Sabaris tiene participaciones en la entidad Orange Market, S. L. gestionada en Valencia por el citado Sr. Pérez que fue nombrado administrador único y presidente de dicha sociedad, la cual ha venido dedicándose a la organización de actos para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, se añadía, que desde el año 2005 a dicha sociedad le habían sido adjudicados numerosos contratos por diferentes organismos de la Administración de la Generalitat Valenciana, en particular la instalación del pabellón de la feria FITUR, si bien, concluye la resolución recurrida, que no existen constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las que pudieran haber sido obsequiados y los concretos actos de contratación realizados con organismos de la Administración autonómica valenciana que decidieron tal adjudicación.



b.) El momento procesal y la naturaleza simplemente indiciaria.



Ésta Sala, como consideración general a la hora de resolver los recursos interpuestos por el motivo indicado, debe señalar que no puede dejar de valorar y tener en consideración la concreta fase procesal en la que se produce la resolución recurrida, es decir, como expresamente se recalca en la misma, se produce en el ámbito del artículo 779 de la Ley procesal penal, es decir, cuando el Instructor estima que se han practicado las diligencias pertinentes que permiten ya el dictado de una de las decisiones alternativas a que se refiere dicho precepto, clausurando en definitiva la primera fase o de instrucción del proceso penal y, en concreto, estimando que no concurren los presupuestos para el sobreseimiento que era solicitado por los imputados.



Además, integrando dicho precepto con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, con el artículo 73.3, b.) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con los artículos 780.3º y 309 bis de la indicada Ley procesal penal, al tiempo de declarar terminada la fase de investigación propia de las Diligencias Previas, acuerda no sobreseer libremente, por existir indicios racionales de criminalidad contra los imputados por un delito de cohecho pasivo impropio (art. 426, primer inciso del Código Penal), acordando, en consecuencia, la continuación de la tramitación del procedimiento, si bien por los cauces procesales del procedimiento de las causas ante el Tribunal del Jurado en el ámbito de éste Tribunal Superior, dado que dicho delito forma parte de la competencia objetiva del indicado Tribunal.



Es decir, no nos encontramos ante una declaración de hechos probados de una sentencia, y ni siquiera ante una apertura de juicio oral, sino ante la terminación de la fase procesal inicial de investigación, en la que se descarta que, en dicho momento procesal, proceda el sobreseimiento, acordando la continuación del procedimiento, si bien por los trámites prevenidos en la indicada Ley del Jurado, permitiendo a las partes solicitar y al Instructor acordar, en su caso, la práctica de las distintas diligencias que prevé su ley reguladora, en la cual se vuelven a establecer distintos hitos procesales para analizar, de nuevo, la procedencia o no del sobreseimiento, o la continuación del procedimiento, a la vista de las nuevas diligencias que, en su caso, se acuerde practicar.



Las consideraciones siguientes, por tanto, no implican, un pronunciamiento de la Sala sobre lo que por la misma se considera o no acreditado, sino que está simplemente ante la revisión de la valoración probatoria realizada por el Instructor.



c) El ámbito de la revisión por la Sala.



En el momento procesal en el que nos encontramos, donde la resultancia fáctica no constituye, ni mucho menos, una certeza (en lo que es posible en un proceso), sino que se está ante unos indicios que se caracterizan por su provisionalidad, ésta Sala, revisando la resolución del Magistrado Instructor, estima que la estructura esencial del discurso valorativo del resultado de los actos de investigación que se efectúa por el mismo no puede calificarse de irracional, carente de toda lógica, o manifiestamente contraria al resultado de esos actos.



Se está diciendo, pues, que aunque en ésta fase procesal no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos, caso de las sostenidas por las partes imputadas, máxime si entre los resultados de los actos de investigación pueden apreciarse claras contradicciones y aún pudiera estimarse que existen irregularidades en la documentación comercial y contable de las empresas, es lo cierto que, atendida las plurales fuentes de la investigación de que se nutre la resolución recurrida y su plural motivación respecto de los indicios que estima provisionalmente acreditados (fundamento jurídico primero) y que comprenden desde declaraciones testificales (se citan la de D. José Tomás y la de la cajera de Milano) y variados documentos (tiquets de caja de la tienda Milano, inventarios semestrales de pagos pendientes realizados por la cajera de Milano, tiquets generados para la cancelación de los pagos pendientes, hojas de encargo de sastrería cumplimentadas en el establecimiento Forever Young y remitidas a la empresa que confeccionaba los trajes Satstgor, recibos de pagos pendientes que eran generados por ese establecimiento Forever Young, hojas de confirmación de los pedidos expedidas por la citada empresa de sastrería que confeccionaba los trajes y la facturación emitida por la misma, instrumentos de pago de las deudas generadas y que realizaba un tercero), así como diversos indicios que posibilitan ciertas conclusiones provisionales (derivadas del contenido de la cadena de intervenciones telefónicas realizadas y el conocimiento más o menos extendido de los empleados de Milano acerca de la manera de suministrar prendas de vestir a personas de relevancia política relacionadas con la Comunidad Valencia), las conclusiones fácticas provisionales a las que llega el Auto recurrido responden a cánones de la racionalidad.



La Sala no ha realizado actos de investigación, es decir, no ha perseguido el conocimiento de unos hechos inicialmente desconocidos para ella, no ha partido de hipótesis y perseguido su demostración. Más aún, la Sala no ha tenido conocimiento directo de los hechos, ni de los actos de investigación. La Sala está cumpliendo su función revisora de la base fáctica del Auto recurrido sólo a los efectos de resolver los recursos interpuestos en los que se insta la revocación del Auto recurrido en el extremo de que se deniega el sobreseimiento libre en atención a que, según los recurrentes, no existen indicios racionales de haber perpetrado los hechos que han dado lugar a la formación de la causa. Los actos de investigación los ha realizado el Magistrado Instructor y ahora por la Sala se trata simplemente de comprobar si en el Auto recurrido, y en relación a los hechos, se han respetado los criterios de exclusión de la arbitrariedad, de adecuación a la racionalidad, de coherencia interna, de no reducción al absurdo.



Con la limitación revisora fáctica indicada, y analizando más concretamente, los recursos interpuestos, cuestionan estos, en especial el interpuesto por el Sr. Camps y el Sr. Betoret, la especial valoración judicial concedida a la declaración del testigo D. José Tomás por las contradicciones esenciales que presenta con anteriores declaraciones del mismo prestadas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 y ante la Policía Judicial, haciendo especial hincapié la representación del Sr. Camps en la anómala situación procesal del testigo pues declaró cuando se encuentra imputado en un proceso por falsedad de las facturas y demás elementos contables de los establecimientos en que trabajó como Director Comercial, cuestionando de tal forma, parte de la prueba documental en que dicho testigo intervino o que ordenó a empleados suyos que realizaran. A su vez, en ambos recursos, se cuestiona la relevancia otorgada a parte de la prueba documental mercantil o contable de las empresas, en tanto en cuento, tuvo participación en la originación de la misma el citado Sr. Tomás.





SEPTIMO.- Seguidamente y con arreglo a los parámetros indicados, procederemos a analizar las consideraciones fácticas de los distintos recursos y tendentes todas ellas a estimar que los hechos imputados no están acreditados, particularmente porque las distintas adquisiciones de prendas de vestir que admiten fueron abonadas por los mismos.



A) En relación con el recurso interpuesto por el Sr. Camps.



1) Consideración general sobre la prueba testifical.



En principio, debemos indicar, de forma genérica respecto de la prueba testifical, que los comportamientos de los testigos y las variaciones que se produzcan en sus declaraciones, máxime si son sustanciales, poco justificadas o cercanas cronológicamente consideradas, no contribuyen, precisamente, a dotar de la mayor solidez y credibilidad a sus declaraciones (véase el interés del Legislador por que se aclaren esas contradicciones en el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)



En relación con el citado testigo D. José Tomás García, puede llamar la atención, como en algunos pasajes de sus distintas declaraciones, se sostengan versiones sustancialmente diversas en algunos de los múltiples aspectos sobre los que ha sido preguntado, en particular sobre si el Sr. Camps le pagó o no directamente al citado testigo algunos de los trajes adquiridos (en concreto, declaró ante el Iltmo Sr. Instructor del Juzgado Central de Instrucción, como obra al folio 202, en relación con adquisiciones de dos trajes en el establecimiento Forever Young, “…Ya esa vez le conseguí entregar los dos trajes y los pagó. Y ya está y bueno…”; o cuando ante la pregunta de si el sistema de pagos al Presidente Camps era el mismo a través de Álvaro, manifiesta : “No, en eh, las dos veces esas que estuvo pagó él. Esas pagó él. La única vez que él no me ha pagado…”, obrante al folio siguiente), y en cambio, en su declaración ante el Iltmo Sr. Instructor de esta causa, posteriormente, declara tajantemente que los citados cuatro trajes de Forever y el esmoquin los liquida Pablo Crespo).



Pero el Instructor que ha practicado una exhaustiva declaración a dicho testigo, justifica la valoración que concede al mismo, porque estima que gran parte de ellas, coinciden con otras diligencias de carácter documental a las que, indica, que principalmente se ha atenido, es decir, que ha sometido a un análisis crítico y comparativo dicha prueba testifical, y justifica las posibles imprecisiones en que haya podido incurrir en ciertos extremos por la dificultad de recordar con precisión los hechos dado el tiempo transcurrido, y detalla que dicho testigo ha expuesto “con igual actitud tanto lo que era favorable como lo que resultaba desfavorable para las personas a las que se refería”, y en éste sentido, ha de recordarse, en relación a las adquisiciones del recurrente, que reconoció que devolvió cuatro trajes de Milano, y en cuanto al Sr. Costa como, expresamente declaró, que su secretaria reiteradamente le llamó preguntándole por el precio de las prendas adquiridas en Milano.



También ha de recordarse, y ello incide en la labor crítica que del citado acto de investigación ha realizado el Instructor, que cuando ha estimado no corroborados por otras diligencias, o ha estimado no verosímiles ciertas afirmaciones del Sr. Tomás, las ha excluido de su consideración como acreditados (véase, las exclusiones que de diversas prendas se realiza en el antecedente de hecho sexto, apartado cuarto, letra b.) bajó el título “Según declaró D. José Tomas,”). El que el testigo esté imputado en otro procedimiento penal por la realización de unas facturas que puedan estimarse falsas, es un dato que conoce y ha valorado el Instructor, sin que por dicha razón pueda dejar de valorarse dicho testimonio, máxime si el Instructor busca su corroboración con otras diligencias. Y respecto, a la consideración de su comparecencia como testigo y no imputado, es de tener en cuenta, que en el presente proceso, su intervención dado el objeto del mismo, no puede ser otra consideración que la de testigo, condición que en principio puede beneficiar más a las partes imputadas por la obligación de veracidad que conlleva, y sin perjuicio de que pueda ser parte pasiva de otros procesos penales con otro objeto distinto, sin que las alegaciones que al respecto se realizan en el recurso, puedan implicar una alteración de la valoración llevada a cabo por el Instructor.



2) En relación con las adquisiciones de prendas de vestir realizadas en el establecimiento de Milano.



Específicamente en el recurso de apelación del Sr. Camps, en relación a las supuestas compras realizadas por el mismo en Milano, niega la visita al centro a principios de 2006, y alega que los cuatro trajes encargados fueron devueltos, por lo que nunca los adquirió, no entendiendo que se consigne que fueran pagados.



Examinada la resolución recurrida, la misma describe dicha devolución de los trajes, y si bien refleja cómo se abonaron los mismos, en unión de otras prendas, ello no tiene mayor trascendencia en la resolución recurrida a pesar de existir una cierta contradicción interna en misma, la cuál trata de describir cuál era la mecánica de pago global de las distintas prendas compradas, sin que desde luego, quepa dar por constatada la adquisición final de las mismas, pudiendo explicarse su pago, porque cuando la devolución se produce se realiza directamente al Sr. Tomás, que además ya no trabaja en Milano sino en Forever, y en dicho ínterin, pudo olvidarse por quien correspondiera cancelar el tique pendiente de pago, dada la operativa genérica de cuadrar los pagos periódicamente (así, el Sr. Tomas, explica, que como existió un error al realizar el encargo y él ya no estaba en la tienda de Milano, les llamó, y les dijo que “no lo facturasen”, reclamarlo a fábrica, ha sido un error, y que “no se van a pagar”, como consta a partir del minuto 32:02 del primer disco de grabación).



Y respecto de las tres americanas a medida, el Instructor se basa en el tiquet pendiente de pago (nº 187706), y hojas de confirmación del pedido de la empresa de sastrería, por lo que resulta razonable la conclusión del Instructor sobre su adquisición. El Instructor reseña, que también tuvo en cuenta la declaración de Dª Elena Victoria Rodríguez García, cajera del establecimiento, que realizó el inventario de pagos a cuenta que le solicitaba el Departamento de Auditoria Interna, relacionando las operaciones no saldadas con los tiquets correspondientes, lo cuál da racionalidad a las conclusiones del mismo, sin perjuicio de que se invoque la existencia de una posible confusión en los apellidos conforme a la diligencia de la Sra Secretaria de 10 de junio de 2009.



3) En relación con las adquisiciones realizadas en el establecimiento de Forever Young.



En el recurso se menciona que cuando se hace referencia al cuarto traje se indica la imposibilidad de fechas reflejadas en la resultancia fáctica (se consigna como hoja de pedido de sastrería la fecha de 4 de enero de 2007 y el recibo de venta pendiente de cobro lleva, extrañamente una fecha anterior, en concreto la de 4 de noviembre de 2006). Dicha circunstancia, no tiene mayor alcance, dados los múltiples documentos manejados, pudiendo tratarse de un error. No obstante, examinadas las diligencias documentales a dichos efectos, la hoja de pedido de sastrería citada por el Instructor (folio 312 de la pieza I pudiera corresponderse con otro recibo de venta de 4 de julio de 2007 (folio 133) que refleja las dos facturas con dichos importes.



También se cuestiona en el recurso, que bajo el concepto “Camps Nuevo Cliente”, que implicaba que se generara en la tienda un recibo de venta pendiente de cobro de 14 de noviembre de 2006, se identifique con el recurrente, pese al informe de Forever Young de 3 de julio de 2009. Al respecto, lo relevante para el Instructor, como se ha reiterado, ha sido la secuencia de diligencias documentales en unión de otras diligencias (recibo, el abono de los cuatro trajes englobados en otras operaciones con cargo a cheques librados por Servimadrid Integral SL, la justificación contable que quedó el día 4 de julio de 2007 mediante la emisión de un tiquet de pago con expresa referencia al importe del saldo pendiente que se cancelaba y al apellido “Camps”), así como de otro lado, la no constancia de su abono en caja y en metálico en el momento de recogida de los trajes, deducido de que no se corresponda la relación y el contenido de los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad propietaria, y que no se corresponde con las prendas adquiridas ni con sus fechas, todo lo cual, cubre los parámetros de la racionalidad indicada.



5) Consideraciones sobre las diligencias de descargo invocadas en el recurso.



En el informe de Forever Young de fecha 3 de julio, a que se refiere el recurso, se hacen referencias a las dudas de a quien pudiera pertenecer los encargos pendientes de cobro bajo el concepto “Camps Nuevo Cliente”, por coincidir con el apellido de otro cliente, pero es de insistir, la valoración de las diligencias corresponde al Instructor, que se apoya en otra prueba documental, y en una no irrazonable inferencia.



Igualmente, cuestiona la valoración que pueda concederse al documento 71, y en concreto, se indica por los recurrentes, que la cifra asignada en el citado documento por la cuantía de 5393,50 euros no cuadra con pago concreto alguno, ni con concretas prendas compradas, (folio 513 de la Pieza de Aforados), estimando que los cuatro trajes suman 2880 euros, y aún sumando un quinto traje “aparecido”, no alcanza dicha cifra, negando, en consecuencia, validez de prueba alguna al indicado documento ni a su correlativo correo electrónico, que se enmarca en las construcciones del Sr. Tomás, que seguía su propia dinámica en relación con terceros, decidiendo personalmente en qué contexto atribuir los pagos, cheques o transferencias ordenando sin control alguno los pagos, englobando en tales pagos compras ya abonadas, cuestionando, por tanto, la conclusión de que los pagos tuvieran lugar por transferencias bancarias de 9497,60 euros de Diseño Asimétrico, cantidad que no tenía que ver con la atribuida en dicho documento ni la atribuible, según el auto, a los trajes, e igual conclusión realizaba respecto de los cheques de Servimadrid Integral SL por importe de 16017,30 euros, concluyendo que existe una manifiesta falta de fiabilidad de la prueba documental. Finalmente indicaba, que la suma de los importes de los trajes atribuidos al recurrente Sr. Camps (2160, 720: 2880) no coincidía con el importe exacto de los cheques (2845,50, 5203, 2660, 4348,75 y 960), ni con la indicada transferencia.



Constituye, una cierta dificultad, la dinámica y forma de pago global de las prendas, para poder lograr descifrar a posteriori a qué concretas operaciones de compra se refieren los pagos realizados de forma global y semestral, máxime si se indica que se han detectado variadas irregularidades en la llevanza de la documentación mercantil en el establecimiento Forever Young, pero como se indicará, ello no impide, cuestionar sólidamente, las conclusiones probatorias del Instructor.



Así, en el informe denominado de “revisión de las facturas sustitutivas de los tiques de venta”, realizado por Cenyval Asesores, y ratificado por el Sr. Censor, refleja múltiples incidencias en el periodo de noviembre de 2006 a diciembre de 2008 en el establecimiento de Forever Young, como la no llevanza por las facturas de una numeración correlativa de acuerdo a la fecha de emisión, facturas que no llevan grapado o no hacen referencia al tique de venta origen de las mismas, falta de firma de la factura, no llevanza de un archivo con todas las facturas, falta de información a la persona que lleva la contabilidad de la existencia de las facturas emitidas, o sustitución de la descripción de los artículos vendidos por otros que no forman parte del negocio indicando como posible finalidad su tratamiento como gasto deducible en el impuesto de sociedades. Se indica, además, en dicho informe que dentro de la carpetas de las facturas falsas localizadas se ha encontrado un documento, probablemente un fax dirigido a D. Pablo Crespo, desglosando cantidades a seis señores distintos por compras a Forever, y que aunque se han verificado los cobros de acuerdo a las anotaciones no figura ningún tique de venta a nombre del Sr. Camps, Costa, ni figuran dados de alta como clientes, y añade que existe una transferencia de 36.000 euros de fecha 22 de julio de 2008, que cancela diversas compras (hasta 34589 euros), existiendo un exceso de 1411 euros que se canceló y aplicó a otros clientes.



A éste respecto el Instructor indica, que aunque no se ha podido determinar quién fue la persona que hizo materialmente la relación nominal con signos tipográficos en mayúsculas de la parte superior, sí ha tenido en cuenta que se conoce quién realizó las anotaciones manuscritas relativas a la cancelación de la deuda imputada a cada una de aquéllas personas (D. Javier García) que las iba realizando a medida que se recibían los instrumentos de pago para saldarla, correspondiendo dicha lista al modo convenido de actuar entre los Sres Tomás, Pérez y Crespo, evidenciado por un correo electrónico, al modo descrito en la resultancia fáctica. Igualmente, D. Arturo Cenjor, autor de dicho informe, a preguntas del Instructor, aclaró, que dichas facturas aunque no obedecían al concepto, disfrazando el objeto de venta principalmente con finalidad de deducción fiscal, sí obedecían a algún objeto cierto, correspondiendo el pago realizado a tiquets de venta que respondía a operaciones reales, y respecto del documento nº 71, que aunque no puede saberse si las personas nominalmente mencionadas en el mismo eran deudores, sí podía conocerse que los instrumentos de pago que aparecían respondían a pagos realizados coincidentes con su total.



Por todo ello, cabe concluir en la racionalidad de las inferencias del Instructor.



Y respecto de las alegaciones relativas a que queda suficientemente probada la imposibilidad de poder dar por acreditado, siquiera indiciariamente, el pago por terceros de prendas realmente adquiridas por el mismo, citando también el artículo 87 del Código de Comercio, de presunción al contado del pago de las compras en establecimiento, ya se dijo, que aunque en la presente fase procesal ninguna versión es totalmente descartable, dichas alegaciones, no desvirtúan por todo lo indicado, la racionalidad de las conclusiones del Instructor, además de que se trata de una mera presunción iuris tantum..



Finalmente, respecto de las alegaciones sobre la valoración otorgada por el Instructor a la cadena de conversaciones, que como un indicio más se señala en la resolución recurrida, no consta que se haya cuestionado con anterioridad la selección realizada por el Instructor, que ha intentado preservar del conocimiento público conversaciones del ámbito estrictamente privado, ciñéndose a las que pudieran tener relación con los hechos, y aunque es cierto que no mencione todas las conversaciones, las que cita se refieren a valorar la reacción de algunas personas cuando conocen que pueda abrirse una investigación sobre los hechos, lo que puede tener trascendencia. En definitiva, se trata de otro dato indiciario más, sin una significación autónoma, sino unida al resto de diligencias practicadas.



En conclusión, el motivo del recurso, pretendiendo el sobreseimiento por el número 1º del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a no estar acreditados los hechos en los términos indicados, debe ser desestimado, sin perjuicio de que como se ha indicado, no cabe descartar de forma absoluta otras versiones.



B.) En relación al recurso formulado por el Sr Costa.



Si bien en dicho recurso, no se cita expresamente el sobreseimiento del nº 1º del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y viene centrado esencialmente, en aspectos de más contenido jurídico, también se contienen algunas referencias relevantes a aspectos fácticos en el segundo de sus motivos.



1) Sobre la primera adquisición en el establecimiento de Milano.



Se manifiesta que el Sr. Costa y el propio Sr. Tomás, únicamente hacen referencia a que el recurrente encargó un solo traje, que no se hizo a su satisfacción, que se efectuaron los correspondientes arreglos, motivo por el cuál se confeccionó un nuevo traje, y que dada la precariedad del trabajo, nunca se pudo poner, siendo éste el único pedido realizado. Estima, que se viene a reconocer que la secretaria del Sr. Costa preguntó por su importe al Sr. Tomás, siendo éste quien le indicó que entregaran el dinero al Sr. Pérez, lo que denota la verosimilitud de la afirmación del recurrente que realizó el pago al Sr. Pérez.



Las adquisiciones referentes a ésta primera compra se refieren a tres trajes por importe de 2.400 euros. La resolución recurrida refleja, a consecuencia del testimonio del Sr. Tomas, que dicha secretaria le preguntó por el precio, constando en dicho testimonio, cómo la secretaria del Sr. Costa, llamada Ana, reiteradamente le telefoneó preguntándole por el precio de las prendas adquiridas en Milano, y que éste le dijo a la tercera llamada, previa indicación de Álvaro Pérez, que se las pagaran a éste último, el cuál a su vez, le dijo que le diera las gracias por haber recibido el dinero, y que estuviera en la cuenta de que él ya se lo pagaría (declaración del Sr. Tomás a preguntas del Instructor, y en particular a preguntas del Sr. Letrado del Sr. Costa Sr. Casanueva, obrantes al tercer disco, a partir del minuto 3:15 segundos).



Por todo ello, se ha de entender, partiendo de la misma resolución recurrida, que debe darse verosimilitud de la versión del Sr. Costa de haber pagado éstas prendas a través del Sr. Pérez, dada la racionalidad de tal inferencia.



2) Sobre las posteriores adquisiciones.



La resolución recurrida refleja como adquiridos por el Sr. Costa en marzo de 2006, tres pantalones, un traje y dos americanas, cuyo precio se liquidó el 15 de septiembre de 2006, mediante la entrega de dos cheques, y englobados en un importe de cuantía superior, y librados contra la cuenta de Orange Market SL. También constan reflejadas en dicha resolución, si bien referidas a adquisiciones en el establecimiento Forever Young, en la primavera del año 2007, por parte del Sr. Costa de un traje y de seis pantalones confeccionados para el mismo, y que siguiendo la mecánica habitual, se incluyeron en la cuenta de Álvaro Pérez, pagándose su importe junto con una deuda de mayor importe.



Respecto de dichas adquisiciones la racionalidad de las conclusiones del Instructor, avaladas por las plurales diligencias documentales que indica, deben afirmarse, máxime cuando no consta que las llamadas de la secretaria del Sr. Costa, anteriormente mencionadas, se refieran también a estas ulteriores ventas, que además tuvieron lugar con posterioridad, y el propio testigo Sr. Tomás concretó que las llamadas se referían a las primeras compras. Y en relación a la alegación de no correspondencia de las medidas del Sr Costa, y que se contienen en las hojas de encargo de las empresas Milano y Forever Young, en relación con las que estima el sastre habitual del Sr. Costa (Sr. Sanchéz Rincón Puebla), son alegaciones que pudieron realizarse anteriormente, y no desvirtúan las conclusiones del Instructor.



En consecuencia, el motivo del recurso, relativo a la no acreditación de los hechos imputados, debe desestimarse, salvo en lo relativo al pago por el Sr. Costa de la primera adquisición realizada en Milano, que debe ser estimado.



C) En relación al recurso formulado por el Sr Campos.



En relación a los hechos imputados por la resolución recurrida, se solicita el sobreseimiento libre del artículo 637.1 en relación con el 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque estima concurre una inexistencia de “indicios racionales de haberse perpetrado el hecho”, a saber, regalos recibidos por autoridad en consideración a su función.



Las discrepancias fácticas de esta parte recurrente, se refieren tanto a la realidad, fecha y detalles de las prendas encargadas, y en particular, por atribuir un segundo encargo, sobre la primavera de 2006 que no reconoce, constituyendo núcleo del recurso, como así indica, que la entrega de dichas prendas no constituía un regalo sino que fueron abonadas por el Sr. Campos a través del Sr. Pérez.



Procediendo someramente al análisis de las mismas, diremos



1) En relación con la primera adquisición en el establecimiento de Milano.



Se manifiesta que consistieron en tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por importe de 4850 euros (evidenciada por el tique nº 187755, obrante en las actuaciones). De las alegaciones contenidas al respecto en el recurso, se desprende que en puridad no se cuestiona ésta primera adquisición, sino el segundo encargo pese a lo cuál sostiene que el contenido de dicho tique no puede ser cierto, porque la fecha que incorpora es del 28 de enero, que era la del encargo o a lo sumo uno o dos días posteriores, y en cambio el Sr. Tomás declaró que la toma de medidas tuvo lugar sobre mayo o junio de 2005.



Dado que en realidad el recurrente no viene a cuestionar su existencia, sino su fecha, y el tique de caja, y dado que el Instructor, como venimos diciendo, se ha atenido a diligencias documentales corroboradas con las correspondientes testificales, (en concreto también a la de la cajera Sra Rodríguez, que ratificó el inventario de pagos a cuenta que le solicitaba el Departamento de Auditoria interna) valorando críticamente las mismas, se ha de concluir en la racionalidad de su inferencia, sin que, al menos en la actual fase procesal, pueda concluirse que el indicado tique sea inauténtico.



2) Sobre la segunda adquisición en el establecimiento de Milano.



Respecto de la segunda adquisición, que es la que realmente cuestiona, ésta de acuerdo a la resultancia fáctica de la resolución recurrida, se produjo en la primavera de 2006, en el propio establecimiento de Milano, consistiendo en un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más. Se indica que dicha deuda fue saldada en metálico, el día 23 de enero de 2007, que fue el día en que se saldó también, de la forma indicada, parte de otra deuda.



Como tantas veces venimos manifestando, dado el plural acervo probatorio documental (se refleja el tiquet, el apunte contable, el inventario de pagos pendientes) indicado con que ha contado el Instructor, unida a la declaración del Sr. Tomas, y la cajera Sra Rodríguez, no cabe estimar irracional la conclusión del Instructor.



Y respecto de la afirmación, de que en todo caso dichas adquisiciones no constituyen un regalo, la misma sin poder descartarse de forma absoluta, no pueden estimarse acreditadas, y ello por la ausencia de prueba documental de dicho pago, hecho reconocido por el recurrente, y porque aunque es cierto que el Sr. Tomás en su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción, aludió a que fueron las secretarias de los Sres Costa y Campos, las que le llamaron para preguntarle lo que se le debía, enfatizó especialmente en la del Sr. Costa, declarando ante el Instructor de éste procedimiento, que aunque dijo anteriormente también la secretaria del Sr. Campos, no recordaba que le llamara, si bien, sí recordaba, incluso por su nombre, que reiteradamente lo hizo la del Sr. Costa.



El motivo de impugnación relativo a la falta de acreditación de los hechos imputados al Sr. Campos, debe en consecuencia ser desestimado.





D) En relación al recurso formulado por el Sr. Betoret.



Cuestiona el recurrente, en modo similar a anteriores recursos, el que la resolución recurrida se haya basado para dar por acreditados los hechos, en la cambiante declaración testifical del Sr. Tomás, y en haber otorgado fiabilidad a la documentación contable generada, tanto por Milano como y Forever Young, que contenía serias irregularidades, así como en el valor otorgado al documento nº 71, debiendo estar en lo que sea aplicable a lo ya manifestado.



1) Adquisiciones en Milano.



De las prendas de vestir que la resolución recurrida estima que fueron adquiridas por el recurrente procedentes de la tienda de Milano (tres trajes a medida, dos abrigos y dos americanas a medida, por importe de 3549 euros, compra realizada en enero de 2005, y otra segunda de tres trajes, una americana y un pantalón por un precio conjunto de 3250 euros) se reconoce haber comprado los trajes, una americana y un pantalón (finales de 2006), por los que pagó al Sr. Pérez 2000 euros.



Como venimos diciendo no cabe sino concluir en la racionalidad de las conclusiones del Instructor, al basarse en diligencias documentales (tiques pendientes de pago nº 184795, por importe de 1150 euros, y el nº 184856 por 2399 euros, más el pago global mediante talón), en unión de la testifical indicada, y dicho discurso racional no pierde su valor porque en respuesta a requerimiento judicial la entidad Cortefiel, propietaria de Milano, no encontrara el listado de enero de 2005, ni se haya aportado documento de empresa de transporte que verifique la entrega.

En relación a la segunda compra (y relativa a tres trajes, una americana y un pantalón por importe de 3250 euros), que debe estimarse racional las conclusiones del Instructor que se fundamentan el tiquet (nº 187705), además de las declaraciones citadas, siendo racional que no estimara acreditado el Instructor el pago que se indica mediante dos disposiciones bancarias (el día 4 de julio por importes de 1500 y 500 euros), al no invocarse y acreditarse documentalmente que dichas disposiciones bancarias tuvieran como destinatario directo al Sr. Pérez.



2) Adquisiciones en Forever.



Respecto de éstas adquisiciones (una americana, cinco trajes y un abrigo) se reconocen la de cuatro trajes a medida por un precio de 4000 euros, con la misma forma de pago, debe concluirse la racionalidad de las inferencias del Instructor amparadas en las diligencias documentales (hojas de pedido de sastrería, hojas de confirmación del pedido), sin que el que se haya aportado el tiquet de venta al que se refiere el recurso por sólo cuatro trajes, anule los citados razonamientos del Instructor, al poder existir distintos encargos. También resulta razonable que el Instructor no acepte la forma de pago invocada mediante su abono al Sr. Pérez, conforme a los razonamientos indicados respecto de la anterior compra.



Por todo ello, el motivo del recurso relativo a la falta de acreditación de los hechos consignados en la resolución recurrida, debe ser desestimado.



OCTAVO.- Desestimados los recursos formulados por los imputados en relación a los aspectos fácticos contenidos en la resolución recurrida, en los términos antes expuestos, procederemos, de igual modo analizar, también de forma conjunta y sin perjuicio de los necesarios matices para cada parte, los recursos interpuestos por los cuatro imputados en relación con los aspectos jurídicos de la resolución recurrida que expresamente cuestionan.



En primer lugar, algunos de los recursos interpuestos cuestionan directamente la concurrencia del carácter de funcionario público o autoridad en el sujeto activo del delito, concurrencia resulta imprescindible para poder aplicar el delito de cohecho imputado (caso del recurso del Sr. Betoret), y algunos otros aluden a que la finalidad de la dádiva, que insisten en que tampoco admiten su existencia, no procedería, en su caso, por la condición de autoridad, sino de los cargos ocupados en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (caso del recurso del Sr. Costa, conteniendo ciertas alusiones en similar sentido en el interpuesto por el Sr. Camps, y también en el del Sr. Betoret).



Posteriormente los recursos interpuestos vienen a sostener que los hechos no tienen encaje en el delito de cohecho imputado (art. 426, inciso primero del Código Penal), negando que la dádiva entregada, aún admitiendo su existencia a los meros efectos dialécticos y con carácter subsidiario, fuera concedida “en consideración a la función” que desempeñan las autoridades y funcionarios imputados.



a) Recurso del Sr. Camps



Se insiste en que, desde la perspectiva del interés jurídico protegido, no existe la menor afección del mismo, ni su lesión o puesta en peligro por la conducta descrita en la resolución recurrida, por lo que no puede hablarse de la necesaria antijuridicidad material para poder considerar como delictiva una conducta. Niega la concurrencia de la necesaria conexión causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor, que es exigida por la jurisprudencia, siendo necesario probar que “solo por la especial posición y poder que el cargo público desempeñado le otorga, le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito”, sin que nada se argumente en relación a supuestos regalos típicos y su relación con el correcto, imparcial y objetivo desarrollo de las funciones públicas del Sr. Camps, máxime si las adjudicaciones de contratos se realizaron con objetividad e imparcialidad, según declararon los miembros de las Mesas intervinientes, no teniendo ninguna eficacia los regalos, si fueran ciertos, dado que la función del recurrente ninguna intervención tenía o pudo tener en todo ello, alegando finalmente, que nada se analiza sobre hipótesis alternativas a la condición de Presidente de la Generalitat Valenciana, dadas las funciones en relación con actos y campañas del Partido Popular.



Finalmente añade que, de ser ciertas las ínfimas dádivas carecen de la necesaria idoneidad objetiva para afectar a la función del recurrente, sin que quepa acudir a valoraciones ético-sociales excluyendo el necesario juicio de proporcionalidad y el establecimiento de la aludida relación causal y excluyendo un auténtico juicio sobre la antijuridicidad de la conducta, adentrándose en el peligroso campo de las valoraciones incompatibles con el principio de legalidad penal. Desde el punto de vista de la culpabilidad, estima que se desprende la buena fe del recurrente, dadas las llamadas al Sr. Tomás preguntándole por lo que sucedía. Igualmente, en escritos anteriores, a los que se remite, también hacía referencia, conforme a lo reseñado en los antecedentes de hecho de la presente, que la adecuación social del regalo, excluiría la tipicidad.



b.) Recurso del Sr. Costa



Se sostiene, igualmente, la inexistencia del delito del artículo 426 del Código Penal imputado, por no concurrir el necesario enlace causal entre la supuesta dádiva y el carácter público del receptor, y ello, porque la finalidad de la entrega no podía provenir por la condición de Diputado a las Cortes Valenciana del Sr. Costa, sino que dicha motivación, únicamente, tendría sentido por la condición del cargo que ha venido ocupando dentro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, dada la relación que la empresa Orange Market, S. L. mantenía con el partido Popular de ésta Comunidad en la ejecución de actos, eventos y campañas que venía realizando para el mismo, situación que dada la condición de particular y la relación de Derecho privado que la preside estaría al margen del Derecho Penal, máxime si el Sr. Costa nunca ha disfrutado de ningún cargo en la Generalitat Valenciana, careciendo de responsabilidad alguna en la Administración Pública, siendo Diputado en las Cortes, y Vicesecretario y actualmente Secretario General del Partido Popular de ésta Comunidad, siendo dichos cargos de dirección por los que, hipotéticamente y siguiendo la teoría del Instructor, D. Álvaro Pérez podría “contar con la gratitud o favor” del Sr. Costa, circunscribiéndose la dirección o gerencia de un Partido Política al ámbito del Derecho Privado, por lo que, los hechos carecen de trascendencia penal.



c) Recurso del Sr. Betoret



En el recurso interpuesto por el Sr. Betoret, se alega la interpretación restrictiva del tipo propia del Derecho Penal, y la interpretación que debe realizarse respecto la expresión “en consideración a su función” contenida en el tipo. Así alega, que ni en las fechas en que sucedieron los hechos ni con posterioridad, el Sr. Betoret ha tenido respecto de Orange Market u otras sociedades de su grupo, ni respecto de sus gestores, relación alguna por razón de sus competencias como Jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo que pudiera suponer para aquellas sociedades o para sus gestores una ventaja de futuro derivada del desarrollo en su trabajo en la Agencia, siendo ajeno a los procedimientos administrativos que culminaron con la adjudicación a Orange Market de determinados concursos, estimando que la resolución recurrida otorga al vocablo “función”, que utiliza el tipo una desmesurada extensión, equiparándolo a la simple ostentación por parte del autor de un título que le permita calificarlo simplemente de funcionario a efectos penales, aún cuando, por razón de sus competencias, se encuentre absolutamente desvinculado del particular obsequiante.. Sostiene que en la resolución recurrida se anuda la responsabilidad a la simple condición de funcionario y convierte en indicio (la ausencia de cualquier otra razón), en lo que precisamente, debería haber considerado como “contraindicio”.



Finalmente añade que la objetivación del tipo que realiza la resolución recurrida, conculcando el principio pro reo, que en modo alguno es ajeno a la instrucción de una causa penal, pues atribuye la causa de concesión de los inexistentes regalos a la cualidad de funcionario o de autoridad de los imputados y no a la de su condición de dirigentes, miembros destacados o simpatizantes del Partido Popular.



d) El recurso del Sr. Campos



Se adhiere a los recursos anteriores, si bien luego añade algunas consideraciones preferentemente fácticas y relativas de modo especial a su caso concreto, ya analizadas.



NOVENO.- Debe procederse por la Sala, en primer lugar a analizar, si los hechos son constitutivos del delito del artículo 426 (inciso primero), primer inciso, así como los elementos constitutivos de dicho delito.



Pues bien, el artículo 426 del Código Penal, regulador del denominado doctrinal y jurisprudencialmente delito de cohecho pasivo impropio, tipifica como delito: “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”, imponiéndole la pena de multa de tres a seis meses.



El bien jurídico protegido en todos los delitos de cohecho es el correcto funcionamiento de la Administración Pública, y el principio de imparcialidad que debe guiar su actuación, y específicamente para la modalidad delictiva del cohecho pasivo impropio, se identifica con la preservación de la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones, en un Estado de Derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley (Auto del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2007, que, a su vez, cita la STS de 16 de marzo de 1998, y en parecido sentido la STS 361/1998, 16 de marzo).



Conforme a la jurisprudencia dicha modalidad constituye la figura de la concusión o cohecho pasivo, en cuanto el funcionario no se presta a realizar por dádiva o presente un acto irregular, delictivo o simplemente impropio de su función, sino que acepta regalos que le son ofrecidos, bien en atención a la función que desempeñada, bien para conseguir la ejecución de un acto debido (y, por ende, justo) que no tiene por qué ser remunerados por los particulares (STS 30/1994, de 31 de enero).



La doctrina jurisprudencial (por ejemplo ATS 1 de junio de 2007 y STS 13 de junio de 2008) viene exigiendo la necesaria concurrencia, respecto de los dos supuestos de este artículo 426, de una serie de elementos para la comisión de éste tipo delictivo:

1.º) La cualidad en el sujeto activo de la condición de autoridad o funcionario público, y el ejercicio de funciones públicas por parte del mismo.

2.º) La aceptación por éste de dádivas o regalos, y

3.º) Una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y la función de la autoridad o el funcionario. La finalidad del regalo o dádiva ha de ser “en consideración a su función”.



Igualmente se viene señalando doctrinal y jurisprudencialmente (STS 13 de junio de 2008) que existen supuestos en que la conducta puede no ser típica, como en el caso de que venga a ser generalmente admitida por los usos sociales. Así, existen supuestos en los que no resulta fácil la delimitación de la relevancia típica de determinadas acciones, pues la existencia de módulos sociales generalmente admitidos en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la normalidad de las relaciones personales, obliga a un esfuerzo para discernir cuándo determinados obsequios adquieren carácter típico y cuando pueden inscribirse en el marco de la adecuación social.



Y para la delimitación antedicha suele acudirse a los principios de insignificancia y de adecuación social, como principios excluyentes de la tipicidad del hecho y, en consecuencia, entender excluidos del delito de cohecho aquéllas entregas que por su insignificante cuantía o moderación, no sean objetivamente adecuadas para motivar al funcionario a actuar, o que vengan amparadas por los usos sociales, principios que se han ido desarrollando cada vez más en la moderna ciencia penal, singularmente en Alemania, y que también van siendo cada vez más tenidos en consideración por el Tribunal Supremo español (sentencia anteriormente citada de 13 de junio de 2008, y Auto de dicho Alto Tribunal de 2 de junio de 2008, si bien, éste último en relación con otro delito distinto, el del artículo 441 del Código Penal).



Algunos ordenamientos jurídicos establecen una exención de punibilidad cuando la autoridad competente en el marco de su respectiva competencia, ha autorizado previamente al funcionario a la aceptación de una ventaja no exigida por él (Código Penal alemán, en su art. 331.3 StGB).



DÉCIMO.- Aspecto común a la mayoría de los recursos en su vertiente de impugnar la calificación jurídico penal realizada por el Instructor, viene a constituirla la invocada inexistencia de una relación de causalidad, si bien, en el recurso del Sr. Betoret, singularmente se cuestiona, destacadamente también, el carácter de funcionario público en el mismo a los efectos penales, por lo que, de estimarse dicha alegación, se haría innecesaria entrar a analizar, respecto del mismo, la concurrencia de los demás elementos del tipo.



A) La condición de funcionario público del Sr. Betoret



Comenzando por el análisis de dicha cuestión, por la representación procesal del Sr. Betoret se indica que a la fecha de los hechos ostentaba el cargo de Director de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo con la que le vinculaba una relación laboral, y al respecto se sostiene en el recurso que la naturaleza de la actividad realizada por el mismo, respecto de las ferias de turismo en las que la Comunidad Valenciana instaló pabellones, no suponía el ejercicio de funciones públicas, por lo que, consiguientemente, no cabe ahora conceptuarlo como funcionario público a los efectos del artículo 426 del Código Penal. De ello se derivaría que en su conducta es atípica, es decir, no incluida en la norma penal. Sostiene que las concretas funciones realizadas por el mismo, que no participó en las mesas de contratación, ni en la emisión de informes técnicos, no atendían a competencia e influencia en materia de contratación de proveedores de servicios, pus las funciones sí ejercitadas –dice- no implicaban ni el ejercicio de potestades ni de funciones administrativas, con lo que concluye que no puede considerársele funcionario público.



El concepto de funcionario público a efectos penales, como reconoce la parte recurrente y recogido en el artículo 24.2 del Código Penal, es mucho más amplio que el que establece el Derecho Administrativo, y así, se considera por penalmente funcionario a todo aquél que por disposición inmediata de la Ley, o por elección, o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas. Por tanto, la cualidad de funcionario a efectos penales no puede subordinarse, ni hacerse depender, de su vinculación o calificación administrativa, ni de las definiciones contenidas en las normas reguladoras de su relación con la Administración Pública, sino que ha de atender a lo dispuesto en el Código Penal, que únicamente hace depender tal cualidad del hecho concreto y real de que una persona se halle participando, más o menos permanente o temporalmente, habiendo sido designado para ello, en el ejercicio de tales “funciones públicas” (STS 8 de mayo de 1992, y 27 de marzo de 1982, entre otras), llegándose a incluir en tal concepto los denominados “funcionarios de hecho”, es decir, aquéllos que desempañan una función pública, aunque no reúnen todas las calificaciones o legitimaciones requeridas (STS 30 de septiembre de 1992) o los interinos y sustitutos (SSTS 9 de octubre de 1991, y de 20 de mayo de 1993).



Bajo éstos parámetros ha de considerarse funcionario público, a efectos penales, al Sr. Betoret, que ostentaba el cargo de Director de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, entidad que es de Derecho Público e incardinada en la Generalitat Valenciana, y ello con independencia de que le vinculara con tal entidad una relación laboral y no funcionarial, porque es indudable que las actividades de promoción del turismo, máxime desde una perspectiva de un ente de Derecho Público al que estaba vinculado, implican el ejercicio de una función pública, entendida como aquélla que tiende a satisfacer un objetivo de interés general para los ciudadanos, cuál es el caso. Las concretas funciones del cargo desempeñadas no obstaculizarían las anteriores conclusiones, además de que las funciones que describe el recurrente (apoyo a la Secretaría de la Agencia, comprobación de las condiciones en que iban a celebrarse los concursos, verificación de los stands, y otras funciones generales) forman parte o coadyuvan al cumplimiento de la función pública anteriormente indicada, sin que se precise para reunir la condición de funcionario a efectos penales tener capacidad presupuestaria sobre fondos públicos, ni una capacidad de mando especial.



Dicha consideración no puede ser obviada porque la específica relación contractual que unía al recurrente con la Agencia Valenciana de Turismo fuera de naturaleza laboral, pues lo primordial es que participaba del ejercicio de funciones públicas, que tal función era desarrollada por un ente público y sujeta a Derecho Público. Por otra parte dicha actividad era realizada habiendo sido nombrado por la autoridad competente, como lo es los órganos propios de la indicada Agencia Valenciana, que acordaron o concertaron dicho contrato laboral, ya que el precepto penal meramente exige que se haya producido un nombramiento por autoridad competente, sin especificar qué tipo de concreta modalidad contractual o relación jurídico pública haya de concurrir.



B.) La relación de causalidad



No cuestionándose la potencialidad de que la entrega de prendas de vestir pueda considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio, hemos de analizar la concurrencia del cuestionado elemento causal, de la necesaria concurrencia de la relación de causalidad entre la aceptación de la dádiva por la autoridad o funcionario público, y que la finalidad de la misma sea “en consideración a la función” desempeñada por éste último. Ya vimos en el razonamiento anterior que esa relación de causalidad es, según la jurisprudencia, elemento determinante del tipo.



a) La situación del Sr. Costa



Entrando a analizar en concreto la concurrencia de dicha relación de causalidad, cabe concluir que la misma no puede ser afirmada respecto del recurrente Sr. Costa, y ello porque, con independencia de lo que se señalará respecto de los demás recurrentes, en el caso concreto del Sr. Costa concurren dos circunstancias que excluyen la tipicidad:



1.ª) El Sr. Costa no ha desempeñado cargo alguno dentro del esquema de organización del gobierno de la Generalidad Valenciana. Ha sido desde 1995 miembro de las Cortes Valencianas.



Este simple hecho pone de manifiesto que si ha de existir relación de causalidad entre la dádiva y la función y ésta segunda es la función legislativa, habría que llegar a relacionar el participar en la redacción de las leyes con la razón de ser de la dádiva. No se desconoce que en determinados países se admite la existencia de grupos de personas influyentes, organizados para presionar en favor de determinados intereses y que lo hacen al mayor rango, al legislativo, de modo que pretenden conformar el sentido de las leyes nuevas o en el modificar las ya existentes.



Queda fuera de toda consideración práctica que el regalo se hiciera al Sr. Costa en tanto que diputado en las Cortes Valencianas, pues ello exigiría, nada menos que, en atención a lo concreto, se entendiera como factible que el Sr. Costa pudiera conseguir aunar las voluntades suficientes para aprobar una ley, que es la función que todo Diputado tiene en el Parlamento, y que ésta pudiera, de alguna forma beneficiar, aún siendo justa, al donante o a las sociedades vinculadas al mismo. Esta es una hipótesis extravagante, tanto que no se ha planteado ni contemplado en realidad las actuaciones.



La acusación popular, en su impugnación al recurso, alude a que el Sr. Costa no habría recibido regalos por parte del Grupo Correa de no haber sido miembro del legislativo valenciano, puesto que es desde ese cargo, desde el “cual puede influir en las adjudicaciones atribuidas a la entidad Orange Market SL”, y ello lo deriva porque dicha entidad ha suscrito contratos con la administración valenciana, que no con el Partido Popular (o también)…”. Sin embargo, no indica que la contratación le corresponda al Parlamento, sino que le corresponde al gobierno, por lo que si el Sr. Costa no formaba parte de él, y no consta que expresamente haya influido para lograr dichas contrataciones, mal puede hablarse de relación de causalidad. La alegación del impugnante, de que de ésta forma “esta en posición de influir o esperar que tenga influencia en tal sentido” implican una indeterminación tal, que en unión de lo ya indicado, hace improsperable la insistencia en la concurrencia de la relación de causalidad.



2.ª) El Sr. Costa sí ha sido y es, bien vicesecretario general, bien secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana



Si excluimos la referencia de la dádiva con la función de diputado en las Cortes Valencianas, queda abierta otra posibilidad mucho más razonable, derivada de las funciones del Sr. Costa en el Partido Popular. Es hecho admitido que la empresa Orange Market, S. L. y su dirigente el Sr. Pérez tenían una relación comercial con el Partido Popular que al parecer le llevó a organizar actos importantes para dicho partido político y en esa relación tiene más sentido que las dádivas pudieran atender al agasajo de los dirigentes del Partido. No debe olvidarse que el Sr. Tomás García acudió a tomar medidas al Sr. Costa en la sede de las oficinas del Partido en Valencia, y que quien se interesó por el precio de las prendas, llamando por teléfono al Sr. Costa varias veces, fue la secretaria del Sr. Costa en esas oficinas.



La relación de causalidad debe buscar, por tanto, no la relación entre la dádiva y la función pública de diputado en las Cortes Valencianas, sino entre la dádiva y la situación relevante del Sr. Costa en el Partido Popular. El artículo 426, primer inciso, no tipifica la dádiva hecha a personas no autoridades ni funcionarios, de modo que la conducta del Sr. Costa queda fuera de la aplicación de esa norma. En este sentido, cuando el Ministerio Fiscal preguntaba al imputado por la relación entre la contratación y su partido político, el Instructor, vino a declarar impertinente la pregunta (“…no es necesario que conteste respecto a la contratación de su partido. En definitiva está sometido a derecho privado”).



b.) La situación de los demás imputados



Excluida la relación de causalidad en relación al Sr. Costa, analizaremos si concurre o no en los demás recurrentes.



1.º) El punto de partida



En el Auto de fecha 5 de marzo de 2009 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, por el que acordaba remitir a ésta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la Exposición razonada, a los efectos de una posible asunción de competencia, se venía a relacionar las adquisiciones de prendas por las indicadas autoridades y funcionarios con la concurrencia de la empresa Orange Market, S. L. a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo.



Desde ese punto de partida debe advertirse que en el Auto del Magistrado Instructor de 6 de julio de 2009, que es la resolución recurrida y a la que debe atender la Sala, se hacían estas dos afirmaciones (en el subapartado sexto del también apartado sexto de la relación fáctica): 1) No existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir, con las que parecen haber sido obsequiados los imputados, y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios de cada uno de los concretos organismos de la Administración autonómica valenciana que decidieron su adjudicación a Orange Market, S. L. en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus facultades decisorias y presupuestarias, y 2) Tampoco existe constancia de que tales agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación decidida por las citadas autoridades y funcionarios responsables de los referidos organismos, y no por los imputados.



La Sala debe partir de estas afirmaciones a la hora de decidir sobre la concurrencia o no de la relación de causalidad. Esta vinculación directa entre la dádiva y contratación aparece también en el escrito de interposición del recurso de apelación de la acusación popular, al folio 5º párrafo tercero de su escrito, se dice: “Ciertamente esos datos a nivel indiciario no son aun suficientes para incorporarlos al acervo fáctico con la suficiente consistencia parta concluir una relación causal entre los regalos y las contrataciones” (aunque luego sigue refiriéndose a la denegación de diligencias de investigación). Igualmente, por dicha parte, al impugnar el recurso del Sr. Costa, al folio 2º indica, “…que es desde ese cargo, desde el cual puede influir en las adjudicaciones atribuidas a la entidad Orange Market SL”.



2.º) La constatación de las circunstancias del caso



Además de lo anterior debe dejarse constancia de toda una serie de circunstancias que afectan al examen de la relación de causalidad, es decir a la posible relación de causalidad entre la entrega de la dádiva y que ésta tuviera por finalidad la consideración a la función que desempeñaban las indicadas autoridades y funcionarios públicos:



1) El ámbito de las funciones desempeñadas por las autoridades y funcionarios públicos imputados en el presente procedimiento, como se reconoce en la resolución recurrida, no tiene por objeto la aprobación y adjudicación de los concretos actos de contratación que le fueron adjudicados a la sociedad Orange Market, S. L.



2) Se afirma en la resolución recurrida que las adjudicaciones de organización de actos públicos fue decidida por las autoridades y funcionarios responsables de los organismos competentes, no por los aquí imputados.



3) Con independencia de las discusiones doctrinales tendentes a diferenciar las dos modalidades del delito de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal (especialmente después de la reforma del Código Penal en el año 1991, en texto que ha sido asumido en el Código Penal vigente de 1995), puede afirmarse que la primera modalidad ha quedado referida a actos propios de “su función”, y en consecuencia, a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.



Se trata de que la necesidad de una valoración in concreto de la relación de causalidad ya no es únicamente tributaria de la segunda modalidad del artículo 426 del Código Penal, sino también de la primera. Precisamente por ello la necesidad de tener en cuenta la “función” ejercitada por la autoridad o el funcionario fue expresamente remarcada por el legislador con la modificación introducida por la Ley Orgánica 9/1991. En efecto, con anterioridad a la regulación actual del Código Penal, la modalidad delictiva del cohecho pasivo impropio aparecía regulada en el artículo 390 del anterior texto punitivo, que a su vez, fue objeto de modificación por la citada Ley Orgánica 9/1991, para además de añadir a la admisión de regalo, prevista inicialmente, la de la dádiva, se recalcó expresamente la finalidad que debía guiar al donante, y así se modificaron las expresiones anteriores de “en consideración a su oficio o para la consecución de un acto justo que no deba ser retribuido”, por las de “en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.



4) La indicada acentuación de la “función” a desempeñar por la autoridad o funcionario, en la primera modalidad del artículo 426 del texto punitivo, viene a implicar que la entrega y aceptación de la dádiva, se realiza porque se encuentra dentro de las competencias y potestades de la autoridad o funcionario la concesión u otorgamiento de contratos u otros actos o, al menos, que aún no estándolo, dicha autoridad o funcionario haya procurado que el funcionario a quién sí compete, conceda al donante alguna clase de ventaja, que no fuera injusta, lo cual, como vimos no se ha acreditado. Función, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, entre otras acepciones, significa, tarea que corresponde realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas. Y “en consideración”, es una expresión, que máxime recalcada con la preposición “en”, denota una idea finalista concreta respecto de la causa de la dádiva, idea finalista que aparece en otros preceptos distintos del Código Penal (“en perjuicio de”, en el artículo 257.1 del Código Penal, entre otros).



5) Entendemos por todo ello, que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza “en consideración a su función”, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público.



Ya indicamos, que la finalidad de la reforma legislativa realizada en el año 1991, precisamente, abundaba en la necesidad de realzar y recalcar una relación concreta con la “función“ ejercida. En éste sentido, la resolución recurrida (fundamento jurídico segundo apartado c), no aprecia que exista ninguna especial razón que justifique el obsequio, pues indica: “…ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas y a la función pública que los mismos desempeñaban, que permita explicar por qué motivo Álvaro Pérez o las sociedades a las que el mismo estaba vinculado tuvieran que obsequiarles de aquél modo”. Es decir, que se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación (fundamento jurídico segundo in fine).



Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.



6) Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad. Por ello, el Tribunal Supremo, en supuestos de falta de concurrencia in concreto del elemento causal, viene incluso inadmitiendo la correspondiente querella, precisamente por la ausencia de tal requisito estructural. Así en el ATS núm. 7784/07, de 1 de junio de 2007 (recurso 20637/06, en causa especial, confirmado por el ATS núm. 12929/07 de 27 de septiembre de 2007 indica que a éste respecto no valen genéricas referencias o suposiciones y en concreto: “…la genérica referencia a unos supuestos asuntos que pudieren encontrarse sometidos al conocimiento del órgano que preside la querellada y en los que se ventilarían intereses y derechos propios de la aseguradora no colma las exigencias del delito imputado…”.



En similar sentido, el Auto de sobreseimiento dictado en fase de instrucción por la Iltma. Sra. Instructora de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de mayo de 2009, no estimando in concreto la necesaria relación de causalidad entre la aceptación de la invitación a un viaje y el cargo o condición de la autoridad imputada. También en cierto sentido en la STS de 3 de febrero de 2009 (núm. 923/09) se hace referencia a que no concurre en el hecho probado la finalidad para la que se entregó el dinero. La STS de 13 de junio de 2008 hace referencia expresa a la condición de guardias civiles de los acusados, considerando su actuación en concreto, en relación al no abono de diversas consumiciones y diversos encuentros sexuales en un club de alterne, algunas de cuyas visitas se producían en ocasiones con motivo de su función. La STS 2115/1993, de 7 de octubre, hacía referencia a la necesidad de considerar qué cualidades definen el correspondiente oficio, y la relación entre los regalos y las actuaciones que puede desempeñar el funcionario. En la STS 378/1995, de 10 de marzo, se hace referencia a ésta relación, al indicar que el hecho probado “… describe un regalo y que se realizó tan sólo en consideración al cargo para evitar que por informes del acusado se suprimieran los nuevos cursos de formación del INEM”.



La STS 102/2009, de 3 de febrero, descarta la tipificación interesada por no concurrir “…en el hecho probado la realización de la finalidad para la que se entrega el dinero, tratándose de un contrato de préstamo incumplido en orden a la devolución, sin que medie la realización de un acto propio del cargo, o recompensa del ya realizado, o que haya sido entregado en consideración a su función”. En igual sentido, sobre la relación concreta con la función, el ATS 2 de febrero de 2009 (recurso 20296/2008), o la STS núm. 709/1994, de 28 de marzo: “…La nota característica de todas las infracciones que el CP dedica al delito de cohecho, es la de que la persona sobornada, o cuya corrupción se pretende, además de ser funcionario público, realice los actos que de él se soliciten en el ejercicio de los deberes de su cargo como propios e inherentes a las funciones que desempeñan…”.



7) Dicha posición puede, igualmente, considerarse presente en el ámbito doctrinal, pues viene relacionándose la expresión “en consideración a su función” con que los obsequios deben ser entregados en atención al puesto que dentro de la organización administrativa ocupa la autoridad o funcionario, y consiguientes competencias que del mismo se derivan.



En éste sentido, en relación con las características del acto del cargo, en el delito de cohecho pasivo propio, cuya doctrina general pudiera entenderse trasladable al impropio, se indica que la dádiva no se ofrece o se entrega para comprar el favor general del funcionario, sino por un acto concreto, aunque no sea preciso que el acto esté determinado al detalle, sino que esté lo suficientemente individualizado para que objetivamente se pueda saber que la solicitud de la dádiva es contraprestación a un acto concreto.



Igualmente, se describe, en algunos preceptos similares sobre cohecho pasivo impropio del Derecho Comparado (art. 331.1 StGB del Código Penal Alemán, que dentro del cohecho pasivo, especifica que la recepción de una ventaja debe serlo “para el desempeño de su función”).



C) Conclusión.



La falta de concurrencia de la relación de causalidad cabe apreciarla respecto de todos los imputados, inclusive en el Sr. Betoret, al que prima facie la concurrencia de la misma pudiera presentarse, aparentemente, como relativamente más factible que en los restantes, dado el cargo que desempeñaba de Vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, ente público de la Generalitat, y con la que se hicieron diversas contrataciones con la entidad Orange Market SL. Pero ello, debe ser descartado, porque aún valorando que sus funciones concretas no estaban directamente relacionadas con la aprobación de las adjudicación de las contrataciones, ni con la participación en la mesa de contratación, se podría plantear como posible que de alguna forma, aún excediéndose de dichas funciones, pudiera haber influido o participado de algún modo en las mismas, tal como aduce la acusación popular, pero dado que ello es descartado expresamente en la resolución recurrida, la ausencia de la relación de causalidad debe también ser mantenida respecto del mismo.



En consecuencia, dada la ausencia del requisito de la necesaria relación de causalidad, que es de insistir es un requisito estructural del tipo penal, procede la estimación parcial de los recursos interpuestos, en el sentido de considerar que los hechos imputados, no son constitutivos del delito imputado de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal, y todo ello respecto de todos los recurrentes imputados, ya que, además del Sr. Costa ya excluido anteriormente de la aplicación del tipo, los restantes no tenían por objeto de su cargo o función, conforme a lo anteriormente manifestado, ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, S. L., no constando tampoco actuación alguna favorecedora de la misma, ni, en todo caso, que tales obsequios lo fueran por agradecimiento.



La representación de la acusación popular, hace referencia, respecto del Sr. Camps, a que no puede olvidarse las millonarias adjudicaciones realizadas a la empresa Orange Market SL por las distintas Consellerias del Gobierno de la Generalitat que preside el mismo. Pero aparte de la falta de competencia de dicho relevante cargo con las contrataciones, y la ausencia de relación directa entre las mismas, se ha de recordar que los hechos delimitados como objeto del presente proceso, como se dijo al resolver anteriores recursos, no se identifican con la existencia de una “irregular contratación”, sino que las entregas de las dádivas tuvieran una relación causal con tales contrataciones; es más debe tratarse de adjudicaciones justas o correctas, ya que, si se tratara de un acto irregular, transcenderíamos del artículo 426 a otra figura del cohecho (artículo 420 si el acto es injusto), con mutación de los hechos que son objeto del debate procesal.



La asunción de competencia por ésta Sala, no implicaba la asunción ni de una clara antijuridicidad material en las conductas ni de una clara existencia de una relación causal, sino meramente que los indicios que se indicaban en la exposición razonada, cumplían los parámetros para el inicio de una investigación judicial en éste Tribunal, y recordemos, que entre esos indicios figuraban presentes la relación entre la dádiva y la contratación, que el Instructor, tras la pertinente investigación ha descartado. Inclusive, como se dijo, la misma acusación popular, en su recurso de apelación, aunque postula la práctica de más actos de investigación, manifiesta que los datos a nivel indiciario no eran aún suficientes para incorporarlos al acervo fáctico con la suficiente consistencia para concluir una relación causal entre los regalos y las contrataciones.



Y todo ello sin olvidar que también existe una relación entre la indicada sociedad y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, a la fecha de los hechos, y a la que expresamente se refiere la resolución recurrida, respecto de alguno de los recurrentes (además del Sr. Costa, el Sr. Camps era el Presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a la fecha de los hechos), y si bien cabe considerar, en particular respecto del Sr. Camps (ya se dijo que sí respecto del Sr. Costa) que no elimina su carácter de posible sujeto activo del delito pues también se reúne la condición de Presidente de la Generalitat que puede absorber a aquélla, si difumina, aún más si cabe, la conclusión de que la realización de los obsequios tenga por causa, y exclusivamente, “la consideración a la función” realizada por las autoridades y funcionarios públicos en quienes concurre tal condición.



Por tanto, como dijimos, al no constatarse tan siquiera un mínimo de puesta en peligro para el bien jurídico, procede la declaración de sobreseimiento libre, en tanto en cuanto los hechos no son constitutivos de ninguna de las modalidades del delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal (artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), lo que debe extenderse al Sr. Campos, que si bien ha centrado su recurso, más que en aspectos jurídicos del delito imputado en la inexistencia de los hechos, por haber existido pago y no obsequio en la adquisición de las prendas de vestir, deben extenderse al mismo, necesariamente, el sobreseimiento al ser idéntica la imputación esencial de los hechos, sin que la Sala, dada dicha estimación parcial de los recursos, estime deba realizar el pronunciamiento a que se refiere la representación procesal del Sr. Camps en el primer otrosí de su recurso.



UNDECIMO.- En la fase procesal en la que se encuentra la instrucción, ordena la ley que el Magistrado Instructor debe decidir entre seguir el procedimiento adelante o sobreseer; y pudiera ser conveniente dejar aquí constancia de lo siguiente.



a) En el derecho español, y como es sobradamente conocido, el avance del proceso va exigiendo que se hagan “juicios” sobre la naturaleza jurídica de los hechos, de manera que no se continúe con el desarrollo del proceso cuando aparece, ya en esta fase, que los hechos no son constitutivos de delito.



La instrucción penal tiene entre sus objetivos el determinar si existen o no los elementos necesarios para que se vaya avanzando en el proceso, puesto que se considera legalmente que la continuación del mismo, y de modo especial el verdadero enjuiciamiento que se abre con el juicio oral, sólo debe ser sufrido por el imputado cuando concurran elementos suficientes para ello.



La continuación del proceso y, sobre todo, el juicio oral, sólo debe ser realizado cuando razonablemente se haya llegado a la constatación por un tercero ajeno a las partes, es decir, por un tribunal, no de que va a obtenerse una sentencia condenatoria, lo que es obvio que no cabe, pero sí de que, en lo que ahora importa, el hecho puede ser delictivo. La decisión relativa a la continuación del procedimiento debe tomarse en momentos determinados, como es el supuesto del artículo 779.



b.) Desde lo anterior puede entenderse como el Auto del Magistrado-Instructor de 6 de julio, que es el recurrido, significa en la instrucción que el Magistrado ha entendido que procede la continuación del proceso, mientras que las partes recurrentes, imputadas en las actuaciones, lo que piden por medio de sus recursos es que no continúe el procedimiento.



Se trata, pues, de que al final de la instrucción, en este caso, al final de las Diligencias Previas, el Magistrado Instructor tiene que dictar una resolución en la que debe optar, básicamente en lo que ahora nos importa, entre: 1) Estimar que el hecho, existiendo a nivel de indicio, no es constitutivo de delito, caso en el que sobreseerá, y 2) En sentido contrario, considerar que existen indicios suficientes para estimar que el hecho investigado, aparte de que ocurrió, pudiera ser constitutivo delito, caso en el que ordenará seguir el procedimiento por sus trámites.



Pues bien, el Magistrado Instructor ha considerado que los hechos que describe en su Auto, y que se presentan de modo indiciario, pueden ser constitutivos y por ello ordena la continuación del procedimiento. Las partes imputadas, en el uso de su derecho, discrepan de esa decisión y por medio de este recurso piden a la Sala que revise si los hechos, con todas las matizaciones y correcciones que hemos visto antes, son o no constitutivos de delito. Al final resulta que la decisión sobre la naturaleza jurídica de los hechos corresponde a esta Sala, la cual debe decidir si es necesario que el procedimiento siga adelante o si debe terminar aquí por medio del sobreseimiento.



Con la decisión de sobreseimiento libre adoptada por ésta Sala a causa de la ausencia de la necesaria relación de causalidad, ésta Sala no se está anticipando a cuestiones o juicios de valor discutibles o dudosos que pudieran entenderse más propios de una fase procesal más avanzada, singularmente la del juicio oral, sino que se trata, de que a la vista y partiendo de que la misma resolución recurrida concluye que no existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos que decidieron la contratación a la empresa Orange Market, y de que no hay constancia de que los agasajos fuera la causa determinante de esa concreta adjudicación, lo que se ha acreditado, es que falta todo tipo de relación de causalidad, ya que es de insistir, no se indica únicamente que los imputados no tuvieran competencia para autorizar dicha contratación, sino que los funcionarios competentes que sí la tenían actuaron para otorgar dichas adjudicaciones por otras motivaciones ajenas a las dádivas.



El sobreseimiento y archivo, y por tanto en la actual fase procesal en que nos encontramos, ha sido también acordado, por el Tribunal Supremo, en otros supuestos, ante la ausencia de la necesaria relación de causalidad, que debe considerarse, conforme a su propia doctrina, un requisito estructural del delito imputado (ATS 1 de junio de 2007, ATS de 27 de septiembre de 2007, además de los citados). Si la relación de causalidad entre la dádiva y la función desempeñada por las autoridades o funcionarios públicos, no se ha acreditado tras la fase de instrucción, y así se refleja en la resolución recurrida, y la misma constituye un requisito consustancial al tipo, estimamos, que debe resolverse, en consecuencia, en el presente momento procesal.



El Ministerio Fiscal, al impugnar el recurso, alude que estando pendientes de practicar aún diligencias que pudieran ser relevantes para la calificación y prueba de los hechos, sería prematuro pronunciarse sobre un archivo definitivo de los mismos. Pero ha de indicarse, que si el ministerio público pensaba que era prematura la clausura de la instrucción, pudo recurrir dicha resolución por dicho fundamento, y sin embargo, el recurso interpuesto se refiere a otras cuestiones, ya suficientemente analizadas en el fundamento jurídico tercero, y en todo caso, si el Instructor ha podido dar por clausurada la fase de instrucción, decantándose tras las diligencias practicadas, por el dictado de una de las alternativas del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no parece posible, que el procedimiento pueda continuar, máxime cuando en el ámbito propio del citado precepto el Instructor, tras una escrupulosa y adecuada instrucción, ha llegado a la conclusión contraria de inexistencia de la relación de causalidad..



La estimación del recurso, debe serlo de forma parcial, al no haber prosperado el pronunciamiento solicitado en primer lugar, y por ende principal, de sobreseimiento por no existir indicios de haberse perpetrado el hecho a que se refiere el presente procedimiento (artículo 637.1 de la indicada Ley procesal penal).



DUODECIMO.- Respecto de los recursos interpuestos por las partes imputadas recurrentes, dada su estimación parcial, procede sobre las costas su declaración de oficio, no procediendo especial imposición a ninguna de las partes. Respecto de las originadas por el recurso de la acusación popular, dada su desestimación y en virtud del principio del vencimiento, se imponen a dicha parte recurrente, y sin especial imposición de las generadas por el recurso del Ministerio Fiscal, dada su especial posición de parte objetiva y necesaria en el proceso penal (arts. 239, 240 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).



DECIMOTERCERO.- Dado que en la presente resolución, se acuerda, al resolver un recurso de apelación, revocando la resolución recurrida, el sobreseimiento libre, por entenderse que los hechos sumariales no son constitutivos de delito, que se trata de un proceso, que por razón de aforamiento, correspondería conocer al Tribunal del Jurado en el ámbito de esta Sala de lo Civil y Penal en única instancia, y que el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor, imputó, por los mismos, a las autoridades y funcionarios indicados en la presente resolución, Auto que aunque transformaba el procedimiento al de la Ley del Jurado, contenía una clara imputación a personas concretas, descartando expresamente el sobreseimiento, con descripción de hechos y figura delictiva imputada, y por tanto, similar al de transformación a procedimiento abreviado (si bien que dada la naturaleza de delito corresponda la tramitación del procedimiento establecido en la Ley del Jurado), que de no ser por la naturaleza del delito sería el que se habría dictado (se dice en el ámbito del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de conformidad con lo dispuesto en el art. 848 de la indicada Ley procesal penal, la doctrina del Tribunal Supremo, (STS 14 de enero de 2004, 3 de julio de 2001, 3 de mayo de 1999), y lo acordado en el Acuerdo no Jurisdiccional de dicho Alto Tribunal de 9 de febrero de 2005, sobre los autos que dictados en procedimiento abreviado son recurribles en casación, contra la presente resolución, cabra interponer recurso de casación, sí bien, únicamente por infracción de ley, conforme al artículo 848 de dicha ley procesal.



Dicho Acuerdo no Jurisdiccional especifica como requisitos para que pueda acceder a casación un Auto dictado en el procedimiento abreviado, los siguientes: 1) Debe tratarse de sobreseimiento libre; 2) Que haya recaído imputación judicial equivalente a procesamiento, entendiendo por tal, aquella resolución, en que se describa el hecho, se consigne el derecho aplicable, y se indiquen las personas responsables; 3) El Auto se haya dictado en procedimiento, cuya sentencia sea recurrible en casación.



Y por lo que se refiere al tercer requisito ha de valorarse en concreto (ATS de 19 de diciembre de 2007, Auto 2312/07), es decir valorar si en el procedimiento concretamente seguido en el caso en el que ha sido dictada la resolución en estudio albergase la posibilidad de ulterior recurso de casación frente a la sentencia que, en su lugar, hubiera podido recaer en su seno, a lo que cabe dar una respuesta afirmativa, habida cuenta, que pese a la penalidad a imponer en la figura delictiva del artículo 426 del Código Penal, por razón de deber de enjuiciarse ante el Tribunal del Jurado en el ámbito de éste Tribunal Superior, la sentencia que pudiera dictarse tendría acceso al recurso de casación (artículo 847 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y, además, en todo caso, la tendría también, si se tratara del procedimiento abreviado el adecuado, ya que, también la sentencia se dictaría por razón de aforamiento ante ésta Sala en única instancia, artículo 847.1.a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).



En todo caso, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a los recursos legalmente establecidos, motivaría la interpretación más favorable como se hace en la presente.



Naturalmente, la posibilidad de interponer recurso de casación por haberse acordado el sobreseimiento libre, queda limitada a dicho pronunciamiento, y no a las desestimaciones realizadas respecto de los recursos de las acusaciones, popular y pública, contra las cuales, legalmente, no procede dicho recurso de casación.



Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,



LA SALA DECIDE:



1.º) Desestimar la petición de nulidad de actuaciones formulada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Pilar Palop Folgado, en representación del Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique Camps Ortiz.



2.º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Juan Antonio Ruiz Martin, en representación de D. Ángel Luna González, D. Joaquín Puig Ferrer, Dña. Carmen Ninet Peña y Dña. Cristina Moreno Fernández, todos ellos Diputados del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas, personados en el concepto de acusación popular, al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal y que es impugnado por las defensas, contra el Auto de fecha 6 de julio de 2009, dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor en las Diligencias Previas 2/2009 tramitadas ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, con imposición del pago de las costas del citado recurso de apelación a dicha parte acusadora popular.



3.º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la acusación popular e impugnaron las defensas, contra el citado Auto de fecha 6 de julio de 2009, dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor en las Diligencias Previas 2/2009 tramitadas ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, sin especial imposición del pago de las costas generadas por el citado recurso de apelación.



4.º) Desestimar los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de los imputados en este procedimiento (la del Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique Camps Ortiz, del Ilustre Señor Diputado de las Cortes Valencianas D. Ricardo Costa Climent, ambos aforados a éste Tribunal, así como las otras dos personas también imputadas no aforadas ante el mismo, Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot, y D. Rafael Betoret Parreño), respecto de la solicitud principal de sobreseimiento libre interesada al amparo del apartado primero del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.



5.º) Estimar dichos recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de los imputados en este procedimiento (la del Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique Camps Ortiz, del Ilustre Señor Diputado de las Cortes Valencianas D. Ricardo Costa Climent, ambos aforados a éste Tribunal, así como las otras dos personas también imputadas no aforadas ante el mismo, Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot, y D. Rafael Betoret Parreño), en lo relativo a su petición subsidiaria, y en consecuencia, se acuerda el sobreseimiento libre de todos ellos por no ser los hechos constitutivos de delito, de conformidad con el apartado segundo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin especial imposición de costas a ninguna de las partes recurrentes.



6.º) Librar testimonio de la presente resolución para su remisión a las Diligencias Previas 2/09, y al Procedimiento ante el Tribunal del Jurado 1/2009.



Notifíquese al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, instruyéndoles de que respecto del pronunciamiento de sobreseimiento libre realizado en la presente resolución al estimarse en parte los recursos interpuestos por las partes imputadas, puede interponerse recurso de casación dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente y cumpliendo las prescripciones señaladas en los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que proceda recurso alguno respecto de las desestimaciones de los recursos interpuestos por las acusaciones.



Llévese certificación de la presente al Rollo.



Así lo disponemos, mandamos y firmamos.







Doy fe.





Voto particular que formula el Magistrado Juan Montero Aroca



La discrepancia con la mayoría de la Sala que se expresa en este voto particular no afecta a los pronunciamientos de la parte dispositiva del Auto que se enumeran con los ordinales primero a cuarto. La discrepancia se centra en el ordinal quinto y, dentro del mismo, solamente en la estimación de los recursos, con el consiguiente sobreseimiento, de los Sres. Camps, Campos y Betoret; por tanto, tampoco se discrepa de la estimación del recurso, con el sobreseimiento, del Sr. Costa.



En los términos dichos la discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las dudas de este Magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el Auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal.



En el tramite en que se encuentra el proceso la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser.



Pues bien, este Magistrado no está convencido de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana), pero no parece a este Magistrado que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el Auto se dice y respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret.



Según el parecer de quien formula este voto particular esa falta de convencimiento le debe llevar a discrepar de la mayoría de la Sala, de lo que deja constancia por medio de este voto particular.

En Valencia y a uno de agosto de dos mil nueve.





Fdo. Juan Montero Aroca



Ante mí, doy fe.

Impuestos y corrupción

Los partidos tienen que hacer algo más que crisparse. O delimitan las circunstancias en las que un sospechoso puede ser investigado o crean excepciones para los políticos.

JOAQUÍN PRIETO

DOMINGO
23-08-2009

María Dolores de Cospedal tenía nueve años el día en que murió Franco. Una suerte para ella, pero la número dos del principal partido de la oposición debería compensar, con mejores informes, la lógica escasez de vivencias sobre el régimen anterior a la Constitución. Comparar el comportamiento de la policía y los servicios secretos del dictador con el Estado policiaco en que, según ella, vivimos bajo Zapatero no merece más respuesta que una carcajada.

Y sin embargo, parte de la clase política ha dedicado las vacaciones a destriparse, a cuenta de tales comentarios y de otros posteriores de Rajoy, presentando al Gobierno como un inquisidor. Todo esto cuando se acumulan los imputados en investigaciones por presuntos delitos (a los que llamaremos genéricamente corrupción), que han provocado la renuncia del tesorero nacional del PP, grandes salpicaduras entre personas destacadas de este partido en Madrid y un caso Camps pendiente de recurso ante el Supremo.

Es una pena confundir el culo con las témporas. Porque el incidente veraniego oculta una seria cuestión pendiente: quién debe garantizar la limpieza en la financiación de la política. Desde hace años se incrementa la sensación de descontrol, y esto supone una descompensación grave respecto a uno de los monopolios que se arroga el poder democrático, que es la recaudación de tributos y su inspección y sanción.

A partir de los gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González, en este país se consolidó la exigencia del pago de impuestos. Los partidos principales vienen alternándose en la dirección de los vastos aparatos que fiscalizan a los ciudadanos: actualmente, el partido socialista controla el del Estado, y el Partido Popular, los de Madrid y la Comunidad Valenciana. A nadie le gusta pagar impuestos ni que le pidan explicaciones, como tampoco las sanciones de tráfico, pero un país desarrollado no puede prescindir de aquéllos ni de éstas. La generalización de los impuestos es una de las modernizaciones aportadas por la democracia y, en este punto, España sí ha logrado converger con la normalidad europea.

Sin embargo, se ha avanzado poco en el camino de garantizar la responsabilidad del político frente al contribuyente. Una democracia joven tenía la oportunidad de asentar la transparencia en la financiación de la política y de ser intransigente con los que se corrompen, pero los partidos no han demostrado demasiado interés. Los gobiernos socialistas de los años noventa trataron de minimizar el impacto de la corrupción que afectaba a sus filas, cuando el PP, precisamente, les presionaba con dureza por ello. Después empezaron a menudear los casos sospechosos en municipios. En fin, la revelación del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, dando por hecho que sus adversarios de CiU habían cobrado por obras o concesiones ("ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%") sigue siendo asombrosa por su total falta de consecuencias, más de cuatro años después de esgrimida.

La opacidad facilita las sospechas. El partido en el poder es responsable de mantener en la policía una cultura de mínimo daño a la dignidad de las personas cuando procede a detenciones o registros, y de preocuparse por cortar los abusos. Lo que no resulta decente es que la élite proteste sólo por sus conmilitones; entonces caen en la cuenta de la facilidad con que se esposa a cualquier sospechoso, de lo mal que se vive en cárceles superpobladas, de lo lenta que funciona la justicia, de la inseguridad en cuanto al secreto de las comunicaciones. ¿Pretenden que no se les fiscalice? Los españoles tienen la impresión de que hay pocos sobornos a jueces y policías, pero está mucho más extendida la idea de la captación de políticos a cargo de intereses privados, según la última encuesta de Transparencia Internacional, una entidad especializada en el combate contra la corrupción.

Conocemos mal cómo se paga la política en España. Pero sí sabemos que el erario público contribuye fuertemente a ello, argumento bastante para exigir muchas más explicaciones, y no sólo al PP, desde luego. Tampoco vale con atribuir propiedades taumatúrgicas a los resultados electorales, como si taparan de un plumazo todos los casos sospechosos o en fase de investigación: ninguna de las campañas recientes se han centrado en la corrupción, en todo caso han girado sobre el victimismo (¿no era Rita Barberá la que prometía a Francisco Camps "convertir en votos" la persecución sufrida?).

El poder democrático tiene que hacer algo más que crisparse. O bien delimita cuidadosamente las circunstancias en las que cualquier sospechoso pueda ser detenido, esposado, investigado o espiado -que sería muy conveniente-; o quizá alguien intente crear una excepción para los políticos. Altos cargos y parlamentarios ya disponen de un trato preferente a la hora de ser juzgados (el "aforamiento"). Descubrir y probar las sospechas de corrupción precisa de criterios firmes y de aparatos de investigación como los que se ocupan de los demás sospechosos.

Lo que no se puede endosar es la táctica del ventilador y de la mierda para todos. Se ve claramente en el cómputo de los casos de corrupción: tú tienes treinta, yo sólo una decena; a ti te han condenado a equis fulanos, a mí sólo a dos pelagatos; tú me espías, yo te digo que eso no me lo dices en los tribunales... Menos mal que el público de este espectáculo, los contribuyentes, anda todavía distraído por las playas.


http://www.elpais.com/articulo/reportajes/...elpdmgrep_7/Tes

¿Por qué hay tanta corrupción en España?

La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones

VÍCTOR LAPUENTE GINÉ

EL PAÍS
Opinión
27-03-2009

Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?

Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.

Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?

Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.

Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.

¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.

Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.

Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.

Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?


Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).


http://www.elpais.com/articulo/opinion/hay...lpepiopi_12/Tes

Derechos humanos frente a la corrupción


JESÚS LÓPZ-MEDEL

EL PAÍS
Opinión
23-08-2009


España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.

Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".

En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.

Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.

Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.

Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.

Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".

Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.

No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...

Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.


http://www.elpais.com/articulo/opinion/Der...lpepiopi_5/Tes/

El Gran Torino de Gabón

Es posible que la presidencia del país africano no la hereden los hijos de Omar Bongo Odimba. Europa debe implicarse para que con las elecciones del próximo 30 de agosto se cierre un ciclo de corrupción de 42 años

ANTONIO ROLDÁN MONÉS

EL PAÍS
Opinión
25-08-2009

Como en la obra maestra de Clint Eastwood, es posible que el Gran Torino del recientemente fallecido Omar Bongo Odimba, la propia presidencia de la República, no sea para sus hijos. Con la muerte del presidente del Gabón en Barcelona después de 42 años en el poder, se abre una perspectiva histórica para la transición democrática del país que puede servir de modelo para el resto del África Subsahariana. El cambio es necesario, pero existe el riesgo de que el régimen establecido manipule el proceso electoral a su favor. Por ello, Europa debe estar allí para garantizar la transparencia de las próximas elecciones y evitar que se repitan las oportunidades perdidas de Togo o Costa de Marfil.

El sábado del 6 de junio los matitis, los barrios populares de Libreville, capital de la República de Gabón, hervían de alegría tras la histórica victoria por tres a cero de los panteras del Gabón sobre el equipo de Togo, en el torneo de clasificación para el campeonato mundial de futbol de Suráfrica 2010. Libreville bebía vino de palma en las terrazas de los maquis y la ciudad se acostaba al amanecer. Sin embargo, para entonces el septuagenario presidente de la República de Gabón, Omar Bongo Odimba, el jefe de Estado en activo con más años en el poder del mundo (con el permiso de Fidel) y el último representante de la Franceafrique, había ya probablemente fallecido.

Durante siete días y siete noches, sobre la formidable explanada de mármol italiano frente al monumental Palacio de la Presidencia, pasearon los pies descalzos de decenas de miles de gaboneses para rendirle el último homenaje a su "patrón". Entre los llantos bailados en círculo de las mujeres Batéké, se escuchaban los tambores de la región de Haute-Ogooué, donde nació Bongo. Como improvisadas elegías, las letras, evocaban la vida del "padre" y le acompañaban en su partida al otro mundo, al de los espíritus.

Así, bañado en masas y acompañado por la presencia de viejos amigos, como Jacques Chirac, ex presidente de la República Francesa, o Alain Bauer, antiguo Gran Maestro de la obediencia masónica del Gran Oriente de Francia, y diversos jefes de estado internacionales, el 16 de junio se le daba el último adiós al que fuera, en palabras de Nicolás Sarkozy, "un amigo de Francia".

Como escribe Bechir Ben Yahmed en la revista Jeune Afrique, "el gran mérito" de Bongo fue el de preservar el país en paz durante 42 años en un entorno devastado por las guerras. Sin embargo, la historia de Bongo es más bien la de alguien que en palabras del Economist "no hizo distinción alguna entre el Gabón y su propiedad privada". No es de extrañar que una de sus máximas conocidas fuera "yo prefiero la paz a la justicia" -¡como si se trataran de dos conceptos excluyentes!-.

Gabón es un país dotado de condiciones privilegiadas para el desarrollo, por lo que ha sido comparado en numerosas ocasiones con un emirato. Con poco más de un millón de habitantes, 3,2 mil millones de barriles en reservas de petróleo y riquísimo en preciados minerales como el oro o el magnesio, el potencial ofrecido por la ruleta natural al Gabón no ha sido utilizado para modernizar el país. Tampoco han servido los 2,6 millones de dólares de ayuda que han ido directamente a llenar los bolsillos de una clase pública a la que el intelectual Gabonés Adrien Ivunga llama el "caciquismo funcionarial".

A medida que las cuentas corrientes de la vieja nomenclatura se han ido ensanchando, también lo han hecho los índices de desigualdad económica. Hoy, a pesar de tener un PIB cuatro veces superior al de la mayoría de los países del África Subsahariana, conserva unos niveles de escolarización y un servicio de salud pública equivalente a los de los países más pobres del mundo.

La economía del país depende en más de un 50 % del petróleo y por tanto fluctúa como lo hace su precio. En cambio, Bongo tiene asegurados 130 millones de dólares en sus cuentas personales en el Citibank de Nueva York o los 33 apartamentos, hoteles privados y numerosas villas de su familia en Niza o París que el diario Le Monde publicó en 2008 en su lista de Biens mal acquis.

El nepotismo político de Bongo, a pesar de ser oficialmente una democracia multipartidista desde 1993, ha consistido en una especie de melange de amiguismos, favores familiares y equilibrismos políticos para conservar el poder: el Ministro de Defensa es su propio hijo, Alí Bongo Ondimba; su hija Pascaline es la jefa del gabinete de Presidencia; su yerno, Paul Toungui, es el Ministro de Asuntos Exteriores... y así ad nauseam. Algunos líderes rivales como Pierre Mamboundou o Paul Mba Abessole, hoy Vice-primer Ministro, han terminado formando parte del Gobierno, en otra demostración de la destreza política de Bongo para librarse de sus competidores a cambio de dinero y pequeños espacios de poder.

El mundo de la información, impregnado de censuras y controles, es quizás el más opaco y recalcitrante de los poderes. Todo pasa por los filtros de la temible Agencia Nacional de Comunicación, controlada por Lacire Olva Gonyi Tout, el antiguo secretario personal del presidente (y ex amante de su hija, con la que tiene un hijo). Ename Desire, director del semanal gabonés Echos Du Nord, que estuvo once días en huelga de hambre contra la censura de su periódico en 2006, me informa de que los semanarios independientes Mgamga y Ezombolo han sido suspendidos recientemente por escribir sobre la eventual sucesión del presidente.

La sucesión es ahora la palabra caliente. Superando el pánico inicial y por medio de dos mujeres, los gaboneses han logrado dar el primer paso hacia la transición pacífica. La Presidenta de la Corte Constitucional, Marie-Madeleine Mborantsuo (madre de dos hijos del recién fallecido presidente), respetando lo indicado por el artículo 13 de la Constitución, nombraba nueva Presidenta en funciones a Rose Francine Rogombé, Presidenta del Senado. Ésta ha convocado elecciones generales el próximo 30 de agosto.

Como era de esperar, el partido del Gobierno, el PDG, ha elegido como candidato de "consenso" al poco carismático Alí Bongo, hijo del fallecido presidente. En el partido han emergido divisiones internas y el ex primer ministro Jean Eyeghe Ndong, y dos ex ministros se han presentado como independientes, entre otros 23 candidatos. Existe el riesgo de que en caso de no ganar, Alí Bongo, que tiene el control del ejército y la policía, intente tomar el poder por otros medios.

No obstante, hay que tener en cuenta que el Gobierno controla la Comisión Electoral Nacional Autónoma y Permanente (CENAP). Miembros de la oposición han declarado en numerosas ocasiones que las listas electorales están manipuladas a favor del Gobierno. Los resultados electorales con victorias con más del 99% del voto popular en diversas ocasiones, parecen darles la razón. Teniendo en cuenta la poca población del país, diversas fuentes indican la viabilidad de aplicar la biometría y esclarecer un censo que parece amañado.

Los ojos de la juventud africana miran ahora con esperanza a Gabón. Existe una puerta abierta para una generación que merece tener una oportunidad para elegir su propio destino. Europa no puede darles la espalda. Está en juego su (ya debilitada) credibilidad ante los africanos. Además, como comentaba Eva Joly, una diputada ecologista francesa, "Francia tiene una gran deuda con Gabón, por haber mantenido en el poder durante todos estos años a Omar Bongo".

Por ello, Europa debe limitar su intervencionismo -hasta ahora proporcional a sus intereses económicos, que son muchos en el caso de Francia- a garantizar la transparencia democrática en las próximas elecciones legislativas. Gabón puede representar "el milagro" de la transición pacífica hacia la democracia en África. Esperemos que no corra la sangre, para que, como en Gran Torino, los que lo merecen puedan tener un futuro en libertad



Antonio Roldán Monés es asesor económico en el Parlamento Europeo.



http://www.elpais.com/articulo/opinion/Gra...lpepiopi_13/Tes

¿Que hace Iñigo de Barrón, Premio Schroders de Periodismo Financiero y Antonio Pérez Yuste director de la EUIT de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid en una expedicion como esta? Misterio.
Esto va a ser algo de la universidad.

Este es el unico fallo en este foro ya que las "altas instancias" de la upm estan al corriente de esta expedicion; Antonio Pérez Yuste es director de la EUIT de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad es que el que ha hecho esto lo ha hecho muy bien. Yo no pillo la razon por la que han montado este tinglao.

http://www.upm.es/directorio/GabiRector.html

Mbañé, territorio libre guineano-español, y el 11-M

Antonio Muñoz Ballesta

El Catoblepas
número 25
marzo 2004
página 11

Las pretensiones de Francia por el petróleo ecuatoguineano, explotado por Estados Unidos y España, pueden no ser ajenas al 11-M

¿Tiene algo que ver el criminal atentado de Madrid el pasado 11-M y el conflicto por el petróleo en Guinea Ecuatorial?

El dictador Teodoro Obiang Nguema es mantenido por unas fuerzas armadas «marroquíes» actuando como una «guardia pretoriana».{1} Y, según los últimos datos de la línea de investigación del «terrorismo islámico» sobre los atentados del 11-M, el grupo de la red terrorista Al Kaeda procedía de Marruecos. Se corre el grave error, por ello, de decir que Marruecos esté relacionado con el terrorismo islámico. Pero si analizamos minuciosamente el conflicto en Guinea Ecuatorial y las buenas relaciones de Marruecos y EEUU, y las cada vez mejores relaciones entre España y Marruecos, después del asunto del islote Perejil, debemos concluir que no podemos ni debemos buscar responsabilidades en Marruecos, sino en los delincuentes terroristas del fanatismo islámico.



Ahora, más que nunca, la relación de España con los marroquíes y con Marruecos debe mejorar y no empeorar, porque estamos juntos en la defensa de valores comunes contra el extremismo fundamentalista islámico. El gobierno marroquí no está relacionado, obviamente, con los atentados del 11-M en Madrid, ni, obviamente, tampoco el francés, pero ¿puede que el grupo de Al Kaeda, en su estrategia, tenga una línea de actuaciones «geopolíticas», y maquiavélicas, para impedir que EEUU y España aumenten su acceso al petróleo del Golfo de Guinea Ecuatorial, intentando que empeoren las relaciones entre España-Marruecos, y España-Francia{2}, o entre EEUU-Marruecos{3}?

Establecer esta relación, obviamente, es una hipótesis; pero, quizás, no se encuentre entre las calificadas de «ciencia ficción», si tenemos en cuenta que en política, y más en el terrorismo globalizado, «prever lo peor» resulta ser, muchas veces, la hipótesis más cierta.

Pero ¿qué ocurre en Guinea Ecuatorial? ¿Qué esconde el islote Mbañé?

El territorio más emblemático del conflicto entre Gabón y Guinea Ecuatorial es el islote Mbañé.

Mbañé es un islote de 30 hectáreas al sur de la Isla de Corisco. La zona es rica en inmensas cantidades de petróleo. Es el nuevo Kuwait.{4} Desde 1995{5} es una de las zonas más disputadas entre USA y Europa, o mejor dicho, entre las grandes empresas del petróleo que se asocian, respectivamente, a los EEUU y a Europa.

¿Optó Aznar por ir a las Azores para poder «recuperar» esta rica zona de Guinea Ecuatorial para los intereses de España y/o Repsol-Ipf? Ocurre aquí como en los verdaderos temas que «gobiernan» la Historia del Mundo, a saber, que las verdaderas razones permanecen ocultas hasta cincuenta años más tarde.

Está situada, Mbañé, entre los países de Guinea Ecuatorial –a la que pertenece legítimamente{6}– y Gabón (a la que pertenece de hecho hoy en día), en el Golfo centroafricano de Guinea Ecuatorial.

España y EEUU «apoyan» y «defienden» a Guinea Ecuatorial (pero no se puede saber exactamente si el apoyo y defensa es hacia el gobierno legal o hacia el de Severo Moto, en el exilio en España, o más exactamente, hacia sus empresas petroleras).

Francia a Gabón, pero también Francia mantiene buenas relaciones con Marruecos (y con España), como se sabe.

Las empresas privadas petroleras en conflicto son las compañías estadounidenses Mobil Oil y UMC (del lado de España y Guinea Ecuatorial) y la compañía Total-Fina-Elf (del lado de Francia y Gabón –también la empresa inglesa Tullo Oil explota Kiarsseny, zona de Gabón limítrofe con Guinea Ecuatorial–).{7}

Hace un año (el 13 de marzo de 2003), Gabón realizó una nueva «invasión» del Islote Mbañe, encabezada por Alí Bongo –hijo del presidente gabonés Omar Bongo–.

Gabón codiciaba el territorio español de estas islas desde su independencia en 1960. España (cuando Guinea Ecuatorial era España) sufrió intentos de robo de estas islas (por parte del colonialismo francés y posteriormente de Gabón) hasta el mismo año en el que se concede la independencia a Guinea Ecuatorial (1968). El más importante es el de 1955, cuando Francia sustituyó la bandera española por la tricolor republicana, alegando ser una medida de seguridad para la navegación.

La ocupación ilegal gabonesa de Mbañe esconde el interés económico y monopolista de adueñarse de toda la plataforma continental del «Kuwait del África Central».

La situación conflictiva, que puede producir una lamentable guerra entre ambos países, se intenta solucionar mediante una Comisión de Fronteras{8} entre los mencionados Estados centroafricanos y la mediación de la ONU. En cambio la guerra parecería más evidente si el Imperio USA y España se enfrentan directamente con Francia y Marruecos (con Europa).

Pero a nadie interesa las guerra en la zona. La paz es la mejor solución para el desarrollo de la actividad empresarial de la extracción y transporte del petróleo.

Y así, según nos cuenta Max Liniger-Goumaz, el viceprimer ministro gabonés, Antoine Mboumou Miyakou, propuso –recientemente– la explotación conjunta de Mbañe a su homólogo ecuatoguineano, Jeremías Ondó Ngomo.{9}

Los antecedentes históricos y jurídicos dan la razón, en este contencioso, a las pretensiones guineanas (y con ello a España y a Repsol) sobre el petróleo de Mbañe.{10}

Pero la Historia política y económica reciente de Guinea Ecuatorial ha consistido –recordemos– en un enfrentamiento absurdo con España{11}, sin dejar de mostrar momentos confusos de relación ¿amistosa?

El Imperio generador español tuvo la excepción a su tradición «generadora» en estas islas y territorio africano (hasta 1995, y aún ahora, Guinea Ecuatorial es uno de los países más pobres y subdesarrollados del Mundo). Ello pudo deberse a que la adquisición del territorio guineano fue establecido en el siglo XVIII procedente de Portugal, y no como una continuación de la Reconquista española, como, en definitiva, fueron los Virreinatos de las Américas, y la inexistencia de una «sociedad» civil y económica desde la expulsión de los españoles desde la independencia y gobierno de Macías.

Pero esta historia puede solucionarse hoy en día. Nuestro próximo presidente Rodríguez Zapatero puede y debe mejorar las relaciones con nuestros hermanos del Reino de Marruecos y de la República de Francia estableciendo de una vez por todas y pacíficamente un Acuerdo entre todas las empresas y países implicados respecto a la explotación del petróleo en el Golfo de Guinea Ecuatorial, sin dejarse llevar por la, presumible, «fobia» a todo lo marroquí o musulmán que el 11-M supondrá en España. ¿Qué modelo social y económico podría dar buenos resultados en dicha zona? Establecer la figura política del «territorio libre», propiedad privada de las empresas petroleras, que, a su vez, contraten y cumplan la realización de programas de regeneración económica, social y cultural en el resto del territorio de la República de Guinea Ecuatorial y Gabón, puede ser una solución adecuada (en principio), teniendo en presente que la implantación de los modelos políticos tradicionales del «Estado moderno» europeo se ha mostrado ineficaz en casi todos los «estados» del África Central. Con esta posible solución los grandes beneficiados serían todas las partes en conflicto, incluido Francia, Marruecos, EEUU, y España, y especialmente los Bubi y resto de la población centroafricana.

El nuevo orden internacional ha permitido, hace unas semanas –gobernando el ahora presidente en funciones Aznar–, el envío del buque «Patiño» y la fragata «Canarias» de la Armada Española a Guinea Ecuatorial; posteriormente se le dio orden de regresar, pero la tripulación ya estaba vacunada... ¿para qué se enviaron?{12} ¿por qué se le dio la contraorden?

Y es más, Severo Moto, presidente del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, ha sido acusado de intentar varios golpes de estado (o rebeliones, según se mire) para derrocar a Teodoro Obiang Nguema y a sus fuerzas armadas marroquíes. El pasado día 8 de marzo el avión en el que se encontraban los militares para tal actuación en Guinea Ecuatorial, tiene que aterrizar en Zimbabwe procedente de Sudáfrica, y es «descubierto» el «nuevo» plan.

En resumen: Es preciso un Acuerdo entre todas las partes, estatales y privadas, y abandonar todo horizonte de guerras y golpes de Estado. Mbañe y toda la zona del Golfo de Guinea Ecuatorial puede ser territorio libre y de riqueza incalculable para sus propietarios y para el mundo entero si aplicamos una «nueva política» que de forma realista cuente, con luz y taquígrafos, con las empresas privadas no monopolistas.





http://www.nodulo.org/ec/2004/n025p11.htm