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El Boomeran(g)

El blog de Santiago Roncagliolo

Santiago Roncagliolo


Un dictador de novela

El nombre del ex dictador de Zaire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga significa “el guerrero todopoderoso que va de conquista en conquista y deja fuego a su paso”. Pero también se puede interpretar como “el gallo que pisa a todas las gallinas”. En efecto, Mobutu tenía la costumbre de ejercer del derecho de pernada presidencial con todas las mujeres que encontrase a su paso. Tuvo diecisiete hijos reconocidos. Y sus amantes simultáneas más famosas eran gemelas, porque eso da buena suerte.

El libro de Michaela Wrong Tras los pasos del señor Kurtz –publicado recientemente en España por Intermón- narra esta y otras particularidades del hombre que gobernó el actual Congo durante treinta y siete años combinando la mano de hierro con una espectacular extravagancia. El libro tiene momentos que recuerdan El otoño del patriarca de García Márquez, La fiesta del Chivo de Vargas Llosa o El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, con una diferencia: no es una novela sino una crónica. Todo lo que cuenta es real.

Uno de los capítulos más surrealistas está dedicado a su palacio de Gbadolite, “el Versalles de la jungla”, que medía quince mil metros cuadrados y tenía puertas de malaquita de siete metros de altura. Gbadolite incluía discoteca, piscina olímpica y refugio nuclear, todo forrado en mármol y decorado con arañas de Murano, cristalería de Venecia y tapices de Aubusson. Como estaba en el corazón de la selva, cada adorno debía llevarse en avión especialmente. Solo trasladar el pastel de bodas de su hija costó $65.000. Eso sí, el transporte solía ser rápido, porque el palacio tenía una pista de aterrizaje propia decorada con una pagoda donde a menudo pasaba días el Concorde, que Mobutu le alquilaba a Air France porque no conseguía dormir en los aviones normales.

¿De dónde sacaba tanto dinero el líder de uno de los países más pobres del mundo? De los países ricos. Para EE. UU., Zaire representaba un aliado contra el comunismo. Para Bélgica, era su única ex colonia y, por tanto, una especie de buque insignia de respetabilidad internacional. Y para Francia, un mercado potencial y un enclave francófono en la región. Por presión de estos países, Mobutu recibió $9.300 millones de gobiernos aliados y de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Del año 85 al 94, el promedio anual de ayudas internacionales fue de $542 millones. Y no estamos contando los cuantiosos ingresos por concepto de diamantes, petróleo y sobornos.

Básicamente, todo el dinero era para Mobutu. Todos sus proyectos faraónicos tenían como destinatario principal su bolsillo y el de sus amigos. Su cleptocracia fue tan monumental que el país quebró. Entonces ordenó imprimir billetes, que su gente llevaba rápidamente a cambiar por dólares o francos. Cuando en la capital Kinshasa se descubrió que se estaba emitiendo papel moneda sin respaldo, los burócratas se llevaron aviones enteros de dinero para cambiarlos en ciudades donde aún no se hubiese destapado el pastel. La economía nacional era la peor pesadilla de un administrador, porque su principal problema era precisamente su piedra angular: Mobutu.

Un personaje tan novelesco, por supuesto, merecía un final trágico: Mobutu pasó los últimos años de su gobierno encerrado en la suntuosa cárcel de su palacio. Mientras el país se venía abajo, vivía rodeado de familiares que le exigían constantemente sobres llenos de dinero. Finalmente, cuando la guerrilla empezó a acercarse a la capital, sus generales sobrevaluaron los costos de defensa y se robaron todo el dinero de los pertrechos. Se robaron incluso el sueldo de los soldados, que desertaron en masa sin siquiera combatir. Hasta el último momento, Mobutu recibió informes falsos de asesores que le pedían dinero con la promesa de terminar con la guerrilla. El único informe real era el de sus médicos europeos: cáncer de próstata. No sobrevivió un año a su derrota. Todo su dinero no lo salvó de la muerte, de la soledad y la tristeza.

Como las grandes novelas, la increíble historia de Mobutu grafica los límites de ridículo extremo que alcanza el poder sin cortapisas. Pero como reportaje, quizá su mayor interés radica en mostrar cómo los gobernantes más absurdos e injustos se apoyan en un amplio abanico de cómplices voluntarios o no. De Mobutu –y de Pinochet, y de Pol Pot- fueron responsables una constelación de cínicos que iba desde los más oscuros funcionarios hasta las mayores potencias mundiales.

29/12/06


http://blogs.elboomeran.com/roncagliolo/20...ctador_de_.html

Armas sin fronteras

Primera Parte

Por qué el comercio globalizado requiere controles globales

La globalización ha cambiado el comercio de las armas. Las empresas fabricantes de armas, que operan desde un creciente número de países, obtienen los componentes para esas armas en muchas partes del mundo. Muchas veces montan sus productos en países donde los controles sobre el destino final de éstos son poco estrictos. Así, muy fácilmente, las armas van a parar a manos de quien no debería tenerlas. Cada año, las armas convencionales matan a al menos 300.000 personas, y muchas más mueren, son heridas, sufren abusos, desplazamientos forzados, y lo pierden todo como resultado de la violencia armada. Las crecientes lagunas jurídicas en los controles nacionales demuestran la necesidad de establecer reglas globales para responder a este comercio global. Es hora de apostar por un Tratado Internacional efectivo sobre comercio de armas.

Resumen

"Mi país ha sufrido terriblemente los efectos del comercio descontrolado de armas – y sigue sufriéndolos... Nosotros no fabricamos estas armas pero, a pesar de ello, éstas acaban en nuestro país, socavan nuestra seguridad y tienen unas consecuencias terribles para nuestro desarrollo."
Florella Hazeley, Red de Acción sobre Armas Ligeras de Sierra Leona, el 9 de julio de 2006.

Los gastos militares han aumentado constantemente desde el año 1999 y se prevé que al final del año 2006 superarán los niveles más altos alcanzados durante la Guerra Fría. Es el mayor mercado que jamás ha tenido el comercio global de armas. Al mismo tiempo, el comercio de armas está cada vez más globalizado dado que las armas son ensambladas a partir de componentes fabricados en muchas partes del mundo. Esta situación ha dejado al descubierto grandes lagunas en las actuales normas sobre el comercio de armas que permiten el suministro de armas y sus componentes a destinos sujetos a embargo, a partes que violan el derecho internacional en situaciones de conflicto armado y a los que las utilizan para violar de manera flagrante los derechos humanos.

Este informe muestra cómo los cambios en los modelos de propiedad y producción desde principios de los años 90 han puesto de manifiesto la falta de eficacia de las normas nacionales para impedir que las armas caigan en manos de los perpetradores de abusos. Las armas se montan ahora habitualmente con piezas que provienen de muchas partes del mundo, y ninguna compañía o país asume la responsabilidad de la producción de la totalidad de los diferentes componentes. Las propias compañías se están globalizando cada vez más, descentralizando sus instalaciones de producción, estableciendo filiales extranjeras y otras empresas conjuntas en países que, en ocasiones, tienen poco control sobre el destino final de las armas o sobre el tipo de utilización que se pretende hacer de ellas.

Frente a una industria armamentística globalizada, los gobiernos no pueden confiar sólo en los sistemas tradicionales de control de la exportación, sean nacionales o regionales; el control efectivo de un comercio global de armas requiere nuevas normas internacionales y normativas basadas en el derecho internacional.
Este informe concluye que las normativas existentes están peligrosamente desfasadas y que los Estados deben acordar un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas legalmente vinculante para responder lo más rápidamente posible a la problemática.

El derecho internacional permite un comercio global de armas para la autodefensa nacional legítima y para operaciones de mantenimiento de la paz y el orden. Pero, tal y como muestra este documento, actualmente también proporciona armas a gobiernos conocidos por la utilización inapropiada e ilegal que hacen de las armas contra la población civil, contraviniendo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. De esta manera, la falta de un control adecuado, permite que las armas y municiones que empiezan su trayectoria en el comercio legal de armas acaben cayendo con demasiada facilidad en las manos de grupos armados y de delincuencia organizada.

LOS PRODUCTORES TRADICIONALES DE ARMAS

Los países del G8, cuatro de los cuales son también miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, siguen siendo los distribuidores más importantes de armas y de otro material militar utilizado en los conflictos y en violaciones de derechos humanos en el mundo entero. En el año 2005, los cinco grandes países tradicionalmente exportadores de armas – Alemania , EE. UU., Francia, Reino Unido y Rusia– seguían dominando la venta global de las principales armas convencionales, con una estimación del 82 por ciento del mercado. Excluyendo a China, por falta de datos suficientes sobre sus compañías, 85 de las 100 primeras empresas de armas del mundo en 2003 tenían su sede en el mundo industrializado. Este informe muestra cómo muchas compañías (incluidas Pratt and Whitney de Canadá, Mercedes-Benz de Alemania y BEA Systems de Reino Unido) han estado involucradas en la exportación de sistemas de armamento desde China, Egipto, India y Sudáfrica hacia destinos muy conflictivos como Indonesia, Sudán y Uganda. En estos destinos, las armas o el material militar han sido utilizados para cometer graves abusos. Por ejemplo, vehículos blindados originariamente manufacturados por Land Systems (OMC), una filial sudafricana de la británica BAE Systems, han sido exportados a Uganda e Indonesia a pesar de la preocupación suscitada por el hecho de que en ambos países se hayan utilizado vehículos blindados para cometer o facilitar graves violaciones de los derechos humanos.

No se insinúa que estas compañías estén infringiendo las normas o legislaciones vigentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la exportación no hubiera sido permitida desde el país donde la compañía de control tiene su sede. En efecto, es difícil determinar con exactitud si estas compañías trasladan la producción a otra parte del mundo precisamente para evitar los controles relativamente estrictos sobre la exportación directa desde sus países. La compañía austriaca de fabricación de pistolas Glock prevé establecer instalaciones de producción en Brasil. Allí las exportaciones no estarían sujetas al Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. La cuestión del control debe plantearse para todos los países involucrados en el comercio de armas, y no únicamente para aquéllos que sirven de sede a las compañías globales de armas. Todos los gobiernos tienen el deber de garantizar que las armas y el material de seguridad manufacturado, montado o suministrado por las compañías que están establecidas dentro de su jurisdicción territorial, no servirán para violar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

LOS EXPORTADORES EMERGENTES

Mientras los países industrializados siguen siendo los principales exportadores de armas en el mundo, un creciente número de compañías de países en vías de desarrollo, respaldadas por sus gobiernos, empiezan a ocupar una posición significativa en el mercado global de armas. Si observamos la lista de las 100 primeras compañías de armas, el número de las que tienen su sede en países no considerados previamente como grandes exportadores se ha doblado con creces desde los años 90.
Entre estos exportadores emergentes podemos citar a Israel (con cuatro compañías entre las 100 primeras), India (tres compañías), Corea del Sur (tres compañías) y Brasil, Singapur y Sudáfrica, con una compañía cada uno de ellos. La lista no contiene datos sobre las empresas chinas, pero en general se piensa que hay al menos tres compañías que desempeñan un papel determinante en el mercado global. En estos países, el control de las exportaciones nacionales de armas varía y no contempla siempre criterios explícitos o pautas para la autorización de las transferencias de armas que respondan plenamente a las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional.
En el año 2002, el gobierno indio eliminó su “lista negra” de países considerados demasiado conflictivos como para venderles armas. Como resultado de ello, ha exportado armas a Myanmar (antes Birmania) y Sudán, ambos conocidos por ser países en los que se violan de forma sistemática los derechos humanos, según informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y que actualmente están sujetos a un embargo de armas por parte de la UE y de la ONU, respectivamente.

ESQUIVAR LOS CONTROLES

Estas tendencias dejan atrás a los ya de por sí lentos esfuerzos de algunos gobiernos para controlar la exportación de armas. Desde mediados de los años 90, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Grupo Wassenaar de 40 países productores de armas y las organizaciones subregionales de África Oriental, Occidental y Meridional, han acordado establecer normas para controlar el suministro de armas desde y hacia sus países.
Todas estas normas han sido útiles. Sin embargo, la mayoría de los Estados no las han aplicado sistemáticamente y muchos ni siquiera los han incorporado a su legislación nacional. Entre los países emergentes en la exportación de armas, algunos no se han sumado a estas medidas. Por consiguiente, el mero acuerdo sobre las normas no ha permitido hasta ahora a los Estados ejercer un control eficaz sobre las acciones globales de las compañías que actúan en distintos países mientras tienen su sede en otro.
Tal como muestra el presente documento, los controles actuales no permiten una regulación suficiente de las compras de componentes a escala internacional, de la producción bajo licencia en el exterior y de la producción y exportación de armas por parte de empresas filiales. El sistema es aún más débil por la falta de controles adecuados sobre las actividades de intermediación, financiación y transporte de armas y por la falta de un sistema exhaustivo de seguimiento del uso final de las exportaciones de armas y material de seguridad.

Corea del Sur, China, India, Israel y Sudáfrica tienen claramente legitimidad, como exportadores emergentes, para competir en el mercado global de las armas, tal como lo hacen en otros sectores industriales. Sin embargo, cada Estado tiene el deber de garantizar que sus exportaciones respetan sus obligaciones derivadas del derecho internacional. Es más, sus propios intereses socioeconómicos, políticos y de seguridad llaman a una regulación de sus exportaciones con el fin de no facilitar violaciones de los derechos humanos, dejar de alimentar conflictos y evitar que los recursos para el desarrollo sostenible se desvíen hacia gastos en armamento, que es el riesgo que aparece cuando los Estados adquieren más armas de las que requieren sus necesidades legítimas en materia de seguridad. Los países exportadores, tradicionales o emergentes, pueden estar poco interesados en tener un comportamiento legal y acorde con sus obligaciones en materia de derechos humanos si ven que dejan de ser competitivos por actuar de manera responsable garantizando el respeto del derecho internacional. Por eso, todos los Estados necesitan un “mismo campo de juego”, que sólo se puede conseguir a través de un acuerdo global y vinculante sobre los criterios mínimos para unas transferencias internacionales de armas aceptables.

COSTE HUMANO

El nivel de sufrimiento humano causado por las trasferencias descontroladas de armas exige una acción política decidida por parte de todos los gobiernos del mundo. Un promedio de hasta mil personas mueren cada día como resultado directo de la violencia armada. Muchas más son heridas, despojadas, desplazadas y víctimas de abusos a manos de las fuerzas de seguridad de los Estados, de los grupos armados, de las bandas criminales y de otros individuos armados. Entre un tercio y las tres cuartas partes de las violaciones graves de derechos humanos, y el 85 por ciento de las muertes denunciadas por Amnistía Internacional durante la última década se han cometido mediante el uso de armas pequeñas y ligeras. Un gran número de personas –hombres, mujeres, personas mayores, niños y niñas– han muerto a causa de los efectos indirectos de los conflictos armados: economías en bancarrota, infraestructuras de salud y de seguridad devastadas, enfermedades y hambre.

Por ejemplo, los helicópteros de ataque, los aviones de combate, los misiles aire-tierra, suministrados a Israel principalmente por EE. UU,. que a menudo contienen componentes suministrados por otros países, han sido utilizados en los Territorios Ocupados y han provocado cientos de muertos y miles de heridos, en lo que ha supuesto una evidente violación del derecho internacional humanitario. Paralelamente, los grupos armados palestinos han utilizado cohetes, cinturones de explosivos y otras bombas para matar y herir a cientos de israelíes, y el grupo armado libanés Hezbolá ha lanzado cohetes en las áreas civiles del norte de Israel. El fácil acceso a las armas, especialmente a las armas pequeñas y ligeras, no sólo contribuye a la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario, sino que también aumenta la amenaza que suponen los grupos armados y la delincuencia organizada. Por ejemplo, granadas de mano que llevan la marca de una compañía austriaca y que, según informes, fueron fabricadas bajo licencia, muy probablemente en Pakistán, han sido utilizadas por grupos armados en numerosos ataques en Bangladesh, India y Pakistán, dejando decenas de muertos y cientos de heridos.

Además, el comercio de armas lleva asociados costes enormes de otro tipo. La adquisición de armas por parte de los gobiernos puede exceder las necesidades legítimas para su seguridad, privando a los sectores de la salud y de la educación de una cantidad sustancial de dinero. En el año 2004, el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. estimó que, de manera agregada, los países de Asia, Oriente Medio, América Latina y África gastaron 22,5 mil millones de dólares estadounidenses en armas, un 8 por ciento más que en el año 2003. Esta suma hubiera permitido a dichos países escolarizar a todos los niños y niñas y reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes para el año 2015, respondiendo así a dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las armas por sí solas no crean la violencia, y son muchas las medidas que los gobiernos deben tomar para afrontar las causas de los conflictos. Pero la fácil disponibilidad de las armas contribuye en gran medida a la escalada de miedo, sufrimiento y muertes. El control de las transferencias de armas, por tanto, es un elemento indispensable en los esfuerzos por conseguir un mundo más pacífico.

LA NECESIDAD DE ACCIÓN

Un Tratado sobre el Comercio de Armas basado en el actual derecho internacional humanitario y de los derechos humanos impedirá las transferencias de armas a zonas conflictivas, donde muy probablemente serán utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Contribuirá además a impedir el suministro de armas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los países que las utilizan para cometer graves y continuas violaciones de los derechos humanos, entre otras ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. El Tratado ayudará también a prevenir la violación de los derechos económicos, sociales y culturales básicos y a reducir el desvío de recursos humanos y económicos que podrían ser destinados al desarrollo sostenible y a los esfuerzos para reducir la pobreza. Finalmente, este Tratado permitirá reducir el flujo de armas hacia criminales y terroristas.
Estos dos últimos años, la idea de un Tratado sobre el Comercio de Armas, con principios basados en el derecho internacional, ha conseguido apoyos significativos. La Campaña Armas bajo Control, de ámbito mundial, que ha contado con el apoyo de cientos de organizaciones de la sociedad civil y la participación de más de un millón de personas a través de la petición "Un millón de rostros" ha concienciado a la opinión pública y ha presionado a los parlamentos y gobiernos para establecer un Tratado sobre el Comercio de Armas. Hasta ahora, más de 50 gobiernos han expresado públicamente su apoyo a este tratado y un número mayor se ha mostrado a favor del establecimiento de controles legalmente vinculantes sobre las transferencias de armas.

En octubre de 2006, la reunión del Primer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que trata las cuestiones relacionadas con el control de las armas y el desarme, brindará la oportunidad de iniciar este esfuerzo. En ella, todos los gobiernos deberían acordar un proceso para presentar un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo y legalmente vinculante, que cree unas normas mínimas globales para la transferencia de armas. Su objetivo será impedir las transferencias de armas que podrían ser utilizadas para cometer violaciones graves de los derechos humanos, alimentar conflictos o impedir el desarrollo.

Un grupo de Estados liderados por Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia y Reino Unido ya han redactado un borrador de resolución de Naciones Unidas para empezar este proceso en octubre. Aunque acogemos con satisfacción esta iniciativa, que incide acertadamente en el respeto al derecho internacional, incluidos la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, se echan en falta referencias al derecho internacional de los derechos humanos. Esta laguna debe ser rectificada si se pretende establecer un Tratado efectivo que sirva realmente para salvar un número considerable de vidas.

La sección 1 de este informe describe la globalización del comercio de armas, incluyendo el papel de los exportadores tradicionales y la aparición de nuevos productores y exportadores de armas dignos de consideración. Los casos que se exponen ilustran aspectos de esta industria, en proceso de transformación, y la ineficacia de las actuales leyes para controlarlas.
En las secciones 2, 3 y 4 se ilustran con más detalle los cambios que ha experimentado la industria armamentística y particularmente la integración de componentes que provienen del mundo entero, la concesión de licencia para la producción en el extranjero y la propiedad de filiales productoras de armas.
De la sección 5 hasta la 8 el informe describe, a día de hoy, el coste humano y los esfuerzos de los gobiernos para regular el comercio de las armas, y señala la insuficiencia de las medidas nacionales y regionales. El informe concluye recomendando a los Estados que trabajen para introducir un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que sea legalmente vinculante.

1 Un comercio global

Si el crecimiento actual del gasto militar mundial continúa, a finales de 2006 se habrá superado la cifra máxima alcanzada durante la Guerra Fría. Los gastos militares han aumentado constantemente desde el año 19992 y se estima que el gasto militar global de este año alcanzará la cifra sin precedentes de 1 billón 58.900 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 15 veces el gasto anual en ayuda humanitaria. Esto no se debe sólo al crecimiento de las ventas de armas; el gasto militar incluye otro tipo de costes. Pero en 2005, el gasto global estimado sólo en armas fue un 34 por ciento superior al gasto en 1996.4 La reducción del gasto que siguió a la Guerra Fría hace tiempo que no ha vuelto a darse. El gasto militar global va en aumento y está ampliando el mercado para el comercio de armas global. Este crecimiento no tiene visos de cambiar ya que los principales motivos que lo impulsan –la “guerra contra el terror”, los conflictos en Irak, Afganistán y Oriente Medio, entre otros, y el incremento del gasto militar en los países grandes y en rápido crecimiento llevan camino de continuar.

Parte de este crecimiento del gasto militar se produce en los países que menos pueden permitírselo. Algunos de los países más pobres del mundo, entre los que se encuentran Botsuana, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán y Uganda, doblaron su gasto militar entre 1985 y 2000. En los años 2002 y 2003, los gobiernos de Bangladesh, Nepal y Pakistán se encontraban entre los que invirtieron más en gastos militares que en programas de salud. En algunos países en vías de desarrollo, el elevado gasto militar tiene poca relación con las necesidades reales de defensa. En Angola, por ejemplo, la proporción del PIB dedicada a gastos militares se duplicó con creces durante los dos años posteriores a la guerra de 27 años que concluyó en 2002, llegando al 4,2 por ciento.
Parte de este incremento de los gastos militares se debe al crecimiento en la venta de armas en los países en vías de desarrollo. En el año 2004, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos estimó que de manera agregada, los países de Asia, Oriente Medio, América Latina y África gastaron 22,5 mil millones de dólares estadounidenses en armas, un 8 por ciento más que en 2003 (en el que se estimó una cifra de 20,8 mil millones de dólares estadounidenses). Esta suma hubiera permitido a dichos países escolarizar a todos los niños y niñas y reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes para el año 2015, respondiendo así a dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En general, el comercio internacional de armas, después de experimentar un retroceso en la década de los 90, ha crecido en paralelo al crecimiento del gasto militar total. Entre 2000 y 2004, el valor aproximado de las exportaciones de armas se incrementó desde 35,6 mil millones de dólares estadounidenses a 53,3 mil millones de dólares estadounidenses, en precios constantes de 2003.Esto no incluye la mayor parte del comercio de componentes de armas, en rápida expansión.
Entre 2000 y 2004, según los informes, las 100 principales compañías incrementaron sus ventas nacionales e internacionales de armas convencionales, de 157 mil millones de dólares estadounidenses11 a 268 mil millones de dólares estadounidenses,12 lo que supone un aumento de casi el 60 por ciento. Excluyendo a China, por falta de datos suficientes sobre sus compañías, 85 de las 100 primeras empresas de armas del mundo en 2003 tenían su sede en el mundo industrializado.13 Boeing y Lockheed Martin, compañías con sede en Estados Unidos, encabezaban la lista con unas ventas de armas por valor de 27,5 mil millones de dólares estadounidenses y 26,4 mil millones de dólares estadounidenses respectivamente.

La globalización del comercio de armas

El comercio de armas no sólo es mayor, sino más “globalizado” que nunca, a consecuencia de la transformación continuada y acumulativa de la industria desde, al menos, el comienzo de la década de los 90. Las 100 compañías más importantes ya no se limitan a manufacturar armas. También ensamblan componentes fabricados en todo el mundo. Analizando la expansión global de las armas y del poder militar, un trabajo sobre globalización afirmaba en 1999 que “en muy pocos dominios la globalización ha sido tan amplia, abarcando de manera evidente a todo el globo, ni […] ha sido tan (potencialmente) catastrófica”.
Como ocurre con la producción de muchas otras industrias, en la actualidad muy pocos elementos de equipamiento militar se manufacturan totalmente en un solo país. En su lugar, los componentes se adquieren en todo el mundo, las plantas de producción se establecen en nuevos países, a menudo en vías de desarrollo, los intermediarios en las transacciones y los vendedores proliferan, la tecnología se intercambia y las empresas de armamento producen armas bajo su marca en muchos lugares diferentes.
Cuando las principales compañías occidentales de armas cooperan con socios en otros países, pueden desarrollar y penetrar nuevos mercados, mientras sus socios obtienen acceso a la tecnología más moderna.16 En la Edad Media, hubieron de pasar dos siglos para que la tecnología armamentística más moderna (la pólvora) se extendiese por todo el mundo, desde China a Europa. En el siglo XXI, todo es mucho más rápido.

China

Desde finales de la década de los 70, se calcula que unos 100.000 motores diseñados por la compañía alemana Deutz han sido enviados a China o se han fabricado allí bajo licencia a partir de componentes originales. Uno de los socios comerciales de Deutz en China es la compañía productora de armamento y material industrial Norinco. En virtud del acuerdo con Deutz, Norinco no está autorizada a utilizar motores fabricados a partir de componentes originales Deutz para usos que no sean civiles. Sin embargo, según la información facilitada por Deutz, Norinco ha adquirido capacidad técnica para copiar los motores Deutz, utilizando piezas fabricadas en China en lugar de componentes originales. Este motor de ingeniería inversa, al parecer, se ha instalado en series de vehículos blindados para el transporte de personal de Norinco, fabricados para el mercado nacional y para la exportación. Por ejemplo, el antiguo vehículo Tipo 63 se produjo en grandes cantidades y se exportó a numerosos países, entre ellos Corea del Norte, Irak, República Democrática del Congo y Sudán. Otros vehículos blindados para el transporte de personal de fabricación china, fabricados con motores copiados a Deutz, son el Tipo 85,18 el Tipo 9019 y el nuevo WZ551B.20 En el pasado China ha suministrado vehículos blindados, entre ellos el Tipo 85, al régimen militar de Myanmar.21 Myanmar está sujeto a un embargo de armas por parte de la Unión Europea que impide la venta de todo tipo de armas, incluidos los vehículos blindados para el transporte de personal y otro material que pueda ser utilizado para la represión interna. No obstante, el embargo no cubre los acuerdos de producción bajo licencia, lo que significa que la prohibición se puede sortear fácilmente.

Irán

Según los informes, la Organización de Industrias de Defensa de Irán ha utilizado el diseño del vehículo chino Tipo 90 para fabricar su propia versión, el Boraq, también propulsado por un motor basado en un diseño de Deutz.22 Según la publicación Jane’s Defence Weekly, el Boraq se comercializa en varios países de África y Oriente Medio y “fuentes regionales relacionadas con la defensa indican que al menos un país puede haber recibido ya un envío de varios vehículos Boraq”.

Egipto

La empresa alemana Thyssen Henschel diseñó el Fadh, vehículo blindado egipcio para transporte de personal, y los primeros prototipos se construyeron en Alemania. La empresa egipcia Kader se encargó después de su fabricación en serie y suministró los primeros vehículos de serie al ejército egipcio en 1986. El Fahd es esencialmente un camión Mercedes-Benz provisto de una carrocería blindada. Se han exportado vehículos blindados para el transporte de personal Fahd a Argelia, República Democrática del Congo y Sudán, países donde han sido persistentes y generalizadas las violaciones de derechos humanos. A mediados de 2003, la producción total para los mercados nacional y de exportación se calculaba en alrededor de 1.000 unidades.

Corea del Sur

El vehículo blindado coreano para transporte de personal Barracuda, fabricado por Daewoo (ahora Doosan Infracore Defense), puede incorporar una ametralladora de 7,62 mm o 12,7 mm e hileras de lanzagranadas de humo. También tiene un chasis fabricado por Mercedes-Benz, basado en sus camiones Unimog. En 2005, el semanario Jane’s Defence Weekly informó de que Daewoo había vendido 44 vehículos Barracuda a Indonesia,25 un país al que es muy poco probable que Alemania hubiera permitido la exportación directa de vehículos armados, debido al historial de derechos humanos de las fuerzas armadas indonesias. Durante la Guerra Fría, sólo las superpotencias eran autosuficientes en cuanto a producción de armas; hoy en día, ningún país tiene una industria de armamento autónoma.
En julio de 2006, Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, manifestó que “todos sabemos que ninguno de nosotros puede permitirse ir en solitario en el asunto de la defensa”. Hablaba sobre el acuerdo de 22 miembros de la Unión Europea para sacar a concurso público entre las compañías de sus países su aprovisionamiento de material militar. Incluso Estados Unidos depende del suministro de componentes de todo el mundo y una pequeña, aunque creciente, parte de la industria militar estadounidense es de propiedad extranjera. De hecho, una de las tendencias actuales en el ámbito de las fusiones y adquisiciones mercantiles es que compañías no estadounidenses compren compañías estadounidenses con el fin de garantizar los pedidos militares de Estados Unidos. En 2005, el mayor acuerdo fue el que permitió la adquisición de la compañía US United Defense por la británica BAE Systems, por 4,2 mil millones de dólares estadounidenses.
Las fusiones de compañías dedicadas a la defensa alcanzaron su máximo a mediados de la década de los 90. En 1998, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Gruman se habían convertido en los gigantes del comercio global, y continúan siendo cuatro de las cinco compañías de armas más importantes del mundo. Las ventas y fusiones continúan y, como en otras industrias, dan como resultado compañías de alcance mundial.

Exportadores emergentes

Los países emergentes como exportadores de armas representan aún una pequeña parte del total de la industria, en comparación con los cinco Estados que tradicionalmente han dominado durante años este comercio: Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Estos cinco países juntos sumaban el 82 por ciento de las grandes transferencias de armas convencionales en 2005. Sin embargo, países exportadores como Brasil, Corea del Sur, China, India, Israel, Pakistán, Singapur, Sudáfrica y Turquía están incrementando su importancia en este comercio global de armas. Otros países como Jordania y Malaisia están desarrollando de forma activa sus industrias de defensa y su potencial de exportación.

Desde 1990, en el grupo de las 100 empresas de armas más importantes del mundo, la cifra de compañías con sede en países que antes no eran considerados como grandes exportadores se ha multiplicado por más de dos. En la actualidad, Brasil, Corea del Sur, India, Israel, Singapur, y Sudáfrica cuentan en la actualidad con empresas que se encuentran entre las 100 principales del mundo. Es probable que varias compañías chinas también pudieran figurar en esta lista si hubieran sido incluidas en la investigación. En todos estos países los controles nacionales sobre la exportación de armas varían, y no siempre incluyen directrices o criterios explícitos para autorizar transferencias de armas que reflejen por completo las obligaciones existentes de los Estados en virtud del derecho internacional.

Gran parte de la producción de estos países se destina a la exportación. Por ejemplo, a pesar de que Israel tiene un importante mercado nacional de defensa, dos tercios de su producción armamentística se destina, según informes, a compradores extranjeros. Las cuatro empresas israelíes que figuran entre las 100 más importantes –Israel Aircraft Industries, Elbit, Rafael e Israel Military Industries– deben buscar en el extranjero gran parte de sus beneficios.
La transferencia de tecnología y la capacidad de producción de armas sofisticadas van en aumento. La empresa Eurocopter Group, subsidiaria de EADS (European Aeronautic, Defence and Space Company) se presenta como la mayor fabricante de helicópteros del mundo, con 16 empresas subsidiarias en los cinco continentes y más de 2.500 clientes en 139 países. Eurocopter ha desempeñado un papel fundamental en la transferencia de tecnología y capacidad de producción a cuatro países – Corea del Sur, China, India y Sudáfrica– todos ellos recién llegados al mercado de helicópteros artillados o de ataque.

En el otro extremo del espectro tecnológico, hay unos 92 países que producen armas pequeñas y ligeras. Al menos 14 países fabrican el ubicuo rifle de asalto Kalashnikov, entre ellos, por ejemplo, Corea del Norte y Egipto.34 En junio de 2006, el periódico Financial Times reveló que Rusia había proporcionado 30.000 rifles Kalashnikov a Venezuela, como parte de un acuerdo por valor de 54 millones de dólares estadounidenses, que también permitiría a Venezuela convertirse en el primer productor del hemisferio occidental del rifle más vendido del mundo.
De un modo similar, en la actualidad hay 76 países que fabrican munición para armas pequeñas y el número crece año a año. En mayo de 2006, un estudio realizado en el mercado negro de Bagdad encontró munición fabricada en industrias de siete países diferentes: Bulgaria, China, Hungría, República Checa, Rumania, Rusia y Serbia. En 1998, se informó de que una fábrica en Eldoret, Kenya, producía anualmente un número estimado de 20 millones de balas, después de haber importado maquinaria de producción de Bélgica a finales de los años 90.
Un buen indicador de la creciente globalización de la industria de armamento puede ser la participación de las compañías en las exposiciones internacionales de material de defensa.

Investigadores de la Campaña Armas Bajo Control han analizado la participación en varias ferias internacionales de armas en los últimos años. En Eurosatory 1992, una exposición de defensa celebrada en París, solo había dos empresas expositoras de fuera de Europa, y ambas eran de Oriente Medio. En Eurosatory 2006, el panorama era radicalmente distinto, con 52 compañías expositoras de Oriente Medio y diez compañías de la región de Asia y Oceanía. En IDEX, una exposición anual de material de defensa celebrada en los Emiratos Árabes Unidos, la pauta detectada es similar. Entre 1999 y 2006 la participación de las compañías de Asia y Oceanía se duplicó con creces, y para las empresas del Sureste Asiático, el incremento fue del triple. En DSA 2006, una exposición anual celebrada en Malaisia, se detectó un incremento significativo de empresas de Corea del Sur, India, Malaisia y Turquía frente a años anteriores. Aunque la pretensión de estos países de desarrollar sus industrias y competir con los fabricantes tradicionales es legítima, la mayoría de sus gobiernos todavía no han desarrollado controles efectivos para gestionar sus exportaciones de armas, aunque hacerlo pueda ir en interés de su seguridad nacional

India: ¿Una futura potencia armamentística global?

En 2005, India se había convertido en el décimo país en el mundo en lo que a gastos militares se refiere. También se está preparando para convertirse en un importante productor y exportador de armas, con amplios vínculos con la industria global. La reciente política de defensa india establece que los proveedores de todas las grandes importaciones en materia de defensa deben dirigir parte de los beneficios–normalmente en forma de trabajo o tecnología– a India con el fin de mejorar su potencial técnico y manufacturero. Esto a su vez servirá para incrementar el potencial de India como país exportador. En 2001, India levantó la prohibición sobre la inversión extranjera en su sector de armamento, según el semanario Jane’s Defence Industry, para permitir “transferencias de tecnología muy necesarias”. En la actualidad, la producción de armas convencionales es otro sector en el que India está empezando a ser competitivo a escala global.
En 2002, el ministro de defensa de India, George Fernandes, anunció la eliminación de una “lista negra” de países conflictivos a los que no se podía exportar armas. A partir de 2003, según los informes, India ha exportado armas a Myanmar y Sudán, dos países que, según Naciones Unidas, violan sistemáticamente los derechos humanos y en la actualidad están sometidos a embargos por parte de la UE y la ONU respectivamente. Con este historial, existe el riesgo de que el futuro desarrollo de la fabricación india de artículos militares pueda conducir a la exportación de armas y material de seguridad a destinos donde pueden ser mal utilizados.

La compañía Hindustan Aeronautics (HAL), una de las tres industrias de armamento indias que se cuentan entre las 100 primeras del mundo, fabrica helicópteros Cheetah con licencia de la empresa francesa Aerospatiale. En 2004, la compañía obtuvo licencia de la británica BAE Systems para producir avionesHawk. De un modo similar, Bharat Dynamics, que también se cuenta entre las 100 industrias más importantes, fabrica el misil antitanque Milan y en 2003 firmó un acuerdo con MBDA –empresa licenciadora europea– que, en palabras de Bharat, le permitiría “centrar ahora su atención en el mercado de exportación, especialmente a la región del Sureste Asiático”.
La compañía india Ordnance Factories firmó un acuerdo de empresa conjunta con Israel Military Industries en 2004 para producir proyectiles de alto poder explosivo y granadas en India con el fin de, según un analista de defensa, “conseguir decenas de millones de dólares más en exportaciones a terceros países”. Y en julio de 2006 se informó de que India había presentado una oferta de licitación para establecer en Egipto una fábrica de armas pequeñas de Ordnance Factories que producirá rifles Excalibre bajo licencia.

En 2005, el semanario Jane’s Defence Weekly informó de que Rusia (un país cuyos controles sobre las exportaciones de armas son relativamente débiles) e India habían firmado un acuerdo de empresa conjunta para fabricar y exportar misiles de crucero, con un objetivo de producción anual de hasta 370 misiles al año.
Aunque India fue uno de los primeros países en suspender el suministro de armas a Nepal cuando tuvo lugar la escalada de violencia en ese país a comienzos de 2006, sigue sin aplicar de forma sistemática controles para garantizar que sus exportaciones no sirven para cometer abusos flagrantes contra los derechos humanos en otros países. Pero los controles de India no son los únicos controles de armas que no son perfectos. Los gobiernos de los países de la UE y de Israel tienen un control escaso o nulo sobre el destino final de armas coproducidas en India, lo cual pone de relieve un fallo importante en sus propios sistemas de control de las exportaciones.

2 Componentes procedentes de todo el mundo

Casi ningún arma moderna se fabrica en un único lugar. Ya en 1994, el semanario The Economist informaba de que Estados Unidos no podía poner en el aire un solo misil o aeronave sin la ayuda de tres compañías japonesas (que suministraban la cerámica para proteger los componentes electrónicos de alta tecnología). En 2004, la Fuerza Aérea estadounidense anunció un programa de pruebas de rayón para uso aeroespacial suministrado por proveedores extranjeros; este material se utiliza en los escudos de calor para misiles y en toberas para motores de cohetes. Según ellos, “ya no hay proveedores dentro del país”.
Por un lado, las grandes compañías buscan proveerse allí donde la tecnología es mejor o donde los costes son menores. Por otro, muchos gobiernos ya no están interesados en importar armas terminadas, sino en incorporar tecnología extranjera a las armas que se ensamblan en sus países.

Helicópteros estadounidenses Apache

El helicóptero de ataque AH-64 Apache es fabricado por Boeing en Estados Unidos, y ha sido utilizado ampliamente por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Muchos de los componentes del Apache proceden del extranjero. En palabras de John Schibler, director del departamento de ingeniería de helicópteros Apache en Boeing: “Hay más de seis mil piezas en el helicóptero Apache literalmente fabricadas en todo el mundo”.
El Apache ha sido suministrado a los ejércitos de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Israel, Japón, Kuwait, Países Bajos y Reino Unido. Israel ha utilizado helicópteros Apache en los Territorios Ocupados y en las recientes hostilidades entre la Fuerza de Defensa Israelí y Hezbolá, en varias acciones con víctimas entre la población civil.
Por ejemplo, según la organización Human Rights Watch, “una munición disparada desde un helicóptero Apache israelí alcanzó el vehículo de Zein Zabad, a tan sólo cuarenta metros del hospital Najem, e hirió a las nueve personas que viajaban en su interior”. Según Human Rights Watch, “en el momento del ataque no había indicios de actividad militar de Hezbolá en las inmediaciones del hospital”.
El gobierno de Reino Unido ha declarado que no ha suministrado grandes sistemas de armamento, tales como helicópteros, directamente a Israel, pero fabricantes de armas británicos suministran componentes para los helicópteros Apache, que van desde sistemas de gestión de energía y piezas para el rotor a cascos HMD (vídeo-cascos) para los operadores del helicóptero. Boeing también obtiene componentes para el Apache de Países Bajos e Irlanda, países que, según las directrices del Código de Conducta de la Unión Europea, deberían negarse a exportar todo tipo de armas y sus componentes directamente a Israel. Sin embargo, Israel ha obtenido varios helicópteros Apache con componentes manufacturados en estos países.

Aviones de combate brasileños

En 2004, la compañía brasileña Embraer pasó a engrosar la lista de los 100 mayores productores de armas del mundo. En 2005, Embraer comenzó a suministrar 25 aviones Super Tucano a la Fuerza Aérea de Colombia, donde existe el riesgo de que sean utilizados contra civiles. El Super Tucano está provisto de dos ametralladoras y cuatro puntos duros para armas o combustible.60 En 2003, se informó de que la compañía utiliza más de 13 proveedores extranjeros para fabricar el aparato. Por ejemplo, asientos de eyección de Reino Unido y radios de Alemania. En 2006 se informó de que el aparato destinado a Colombia tendría motores de la canadiense Pratt and Whitney, empresa subsidiaria de la United Technologies Corporation, con base en Estados Unidos. No es probable que Alemania, Canadá y Reino Unido autorizasen actualmente la exportación de un avión de combate completo directamente a Colombia.
Todavía en 2004, preocupaban los bombardeos aéreos de zonas civiles de Colombia como parte de un largo conflicto en el que las fuerzas de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han causado la muerte de civiles.
En muchos otros países también hay compañías que producen armas ensamblando componentes fabricados en todo el mundo. En Ucrania, Kharkiv Morozov monta vehículos blindados para transporte de personal con componentes de Italia y Estados Unidos. En Israel, Bul Transmark e Israel Military Industries han fabricado pistolas con componentes originales de la empresa italiana Tanfoglio. Por su parte, Singapore Technologies Kinetics, en virtud de un acuerdo de empresa conjunta con la turca Otokar, construye vehículos blindados cuyos motores y transmisiones proceden de Estados Unidos. Ésta es hoy en día la práctica habitual de la industria de defensa en todo el mundo.

Componentes de “doble uso” y “disponibles en el mercado”

El suministro de componentes para sistemas de armas es ahora una parte importante del comercio global de armas. Muchos de estos componentes no se usan sólo en sistemas de armamento, sino que pueden utilizarse también en numerosos artículos de uso civil. En algunos países, las exportaciones de productos exclusivamente militares son mínimas en comparación con las exportaciones de “doble uso”. Irlanda, por ejemplo, en 2002 concedió licencias de exportación de productos de “doble uso” por valor de 4,5 mil millones de euros, una cifra más de cien veces superior al monto de sus exportaciones militares con licencia oficial para ese año (sólo 34 millones de euros). Los productos de doble uso plantean grandes dificultades a los encargados de su regulación, pero esas dificultades no son insuperables.
Como lo ha expresado un analista, las tecnologías que están transformando el armamento moderno son con frecuencia las mismas que “revolucionan aspectos de la vida cotidiana, desde la caja registradora del supermercado a las comunicaciones personales”. Las empresas fabricantes de armas y los ejércitos nacionales a menudo toman prestada la tecnología de productos y aplicaciones civiles. En muchos casos utilizan componentes disponibles en el mercado y suministrados por industrias civiles altamente globalizadas. Por ejemplo, los procesadores de señal digital que se utilizan en los últimos reproductores de DVD también pueden encontrarse en los sistemas de guiado y adquisición de blanco de los sistemas de misiles de aviones de combate, y la tecnología de circuitos integrados de microondas utilizada en los misiles Hellfire y en los helicópteros de ataque Apache Longbow también se encuentra en las antenas parabólicas de TV y en los teléfonos móviles. Algunos países tienen en sus controles sobre la exportación cláusulas “escoba” que incluyen todo el material que se dirija a cierto destino y que se aplicarán a estas tecnologías que pueden encontrarse fácilmente en el mercado. Pero con mayor frecuencia ocurre que incluso los componentes de doble uso fabricados específicamente para sistemas de armamento no están sometidos a controles nacionales sobre la exportación, ya que no aparecen en listas específicas de productos para uso militar o de doble uso.

Land Rovers letales

En mayo de 2005, las fuerzas de seguridad uzbekas dispararon sobre manifestantes y mataron a centenares de personas, entre ellas mujeres y niños, en la ciudad de Andiyán. Las tropas uzbekas utilizaron vehículos Land Rover, equipados con cargadores tipo peine para rifles y otros accesorios militares, para trasladarse a la escena de la matanza el 13 de mayo, y para protegerse tras ellos mientras apuntaban sus armas contra civiles desarmados.
En julio de 2005, un ministro del gobierno británico confirmó que “los Land Rovers en cuestión fueron suministrados por una compañía turca al gobierno turco, que después regaló los vehículos al gobierno uzbeko”. Aproximadamente el 70 por ciento de los componentes de estos Land Rovers militares turcos proceden de la empresa Land Rover con base en Reino Unido (propiedad de Ford desde 2000, y antes, desde 1994, de BMW). Estos componentes no están incluidos en la lista de productos militares o de doble uso, con lo que el gobierno británico no tenía ningún control sobre su exportación y reexportación.

Aún reconociendo el desafío que supone controlar la exportación de productos que no forman parte de las listas de productos de uso militar o de doble uso, es a todas luces inaceptable que el 70 por ciento de un Land Rover militar que ha sido utilizado para cometer graves violaciones de derechos humanos no esté cubierto por los controles de exportación vigentes en el Reino Unido. Por el contrario, productos como cascos militares, paracaídas de carga y neumáticos a prueba de bala están incluidos en la Lista de Productos y Tecnologías de Doble Uso y, por tanto, su exportación requiere licencia. Los controles de la Unión Europea exigen licencia de exportación para los productos incluidos en la lista de control de artículos de doble uso de la UE. Sin embargo, los componentes de doble uso que no aparecen en la lista de control de la UE, pero que se exportan para su incorporación a sistemas de armamento, sólo se controlan si el componente se destina a un sistema de armamento nuclear, químico o biológico, o si el destino final está sujeto a un embargo de armas.76 El Estado de origen de la exportación no tiene ningún control sobre la posterior reexportación de un sistema de armamento que contenga componentes de doble uso, incluidos o no en la lista, suministrados por su país. Sin embargo, un Tratado sobre el Comercio de Armas podría cambiar esta situación.

Armas sin fronteras

Segunda Parte

¿Qué deben hacer los gobiernos?

Componentes del armamento

Todos los componentes destinados a sistemas de armamento y material militar y de seguridad deberían estar sujetos a controles de exportación y reexportación. Todos los Estados que suministran estos componentes deberían garantizar que a lo largo de toda la cadena de suministro se aplican las mismas normas de control sobre la exportación. Ello puede conseguirse acordando un sistema de control con normas comunes de obligado cumplimiento para todas las exportaciones de armas, incluidos sus componentes, basado en el derecho internacional y, definido en un Tratado sobre el Comercio de Armas.

Los gobiernos no deben permitir el suministro de tales componentes sin el conocimiento pleno del sistema de armamento al que van a incorporarse y sin el convencimiento razonable de que su uso y destino final no contribuirán a la comisión de graves violaciones del derecho internacional, incluyendo el derecho humanitario y de los derechos humanos. Para que el sistema sea viable en la práctica, los gobiernos deberían adoptar controles estrictos sobre la exportación que tengan en cuenta la índole del usuario final, su historial de cumplimiento de las normas internacionales y la relevancia de los componentes para el producto final.

Reexportación de los componentes

Además de controlar las exportaciones directas de estos componentes, los gobiernos deberían introducir un sistema de control de la reexportación de los componentes importantes, una vez que han sido incorporados al material militar o de seguridad. Por ejemplo, bajo el sistema actualmente en vigor en Estados Unidos, si el país destinatario de la reexportación está incluido en una lista de países “amigos”, el país reexportador sólo está obligado a notificar al gobierno estadounidense la reexportación en el plazo mínimo de 30 días antes de que se lleve a cabo la transacción. Para el resto de destinos, todas las reexportaciones requieren una licencia adicional de exportación expedida por el gobierno estadounidense.Sin embargo, esta política no garantiza que los países “amigos” no harán un mal uso del sistema, o que no se autorizarán reexportaciones, por motivos políticos, a usuarios conflictivos.

Un sistema de control de esas características debería aplicarse también a los componentes importantes que no aparezcan en listas específicas de tecnologías sensibles pero que, sin embargo, vayan a emplearse en sistemas militares o de seguridad. Por ejemplo, a artículos tales como motores y sistemas de transmisión o a tecnología electrónica o informática para uso en material militar y de seguridad. Los gobiernos ya aplican estos controles ampliamente cuando el exportador o fabricante considera (o debería saber) que probablemente vayan a utilizarse en armas en armas de destrucción masiva. Los Estados miembros de la UE también aceptan estos controles, pero sólo para componentes de material militar o de seguridad cuyo destinatario final esté sometido a embargo.

Fabricación de armas bajo licencia

En los años 30, era una práctica habitual que las compañías concediesen licencias para producir sus armas en otros países industrializados. Por ejemplo, compañías estadounidenses y británicas autorizaban la producción bajo licencia de motores para aeronaves en Japón durante los diez años anteriores a Pearl Harbour – una muestra temprana de la necesidad de una regulación efectiva.
Pero en 1960, aún no llegaban a cinco los grandes sistemas de armamento convencional que se producían bajo licencia en países en vías de desarrollo.79 Desde entonces, la producción bajo licencia ha aumentado rápidamente, primero impulsada por las transferencias de la Guerra Fría a los Estados clientes de la Unión Soviética y Estados Unidos, y luego, en los últimos años, debido a razones de índole comercial. En algunos casos, se ha convertido en una coproducción de hecho, donde la producción o ensamblaje del armamento es resultado de una colaboración.

El nuevo helicóptero de ataque chino

En el pasado, China ha exportado helicópteros militares a varios países, entre ellos Sudán. No se sabe si estos helicópteros en concreto han sido utilizados en ataques contra la población civil sudanesa. Sin embargo, se han documentado varios casos de helicópteros que han matado a civiles en los continuos conflictos que asolan Sudán, en los que han muerto civiles a manos de todas las partes implicadas.

Por ejemplo, el 21 de febrero de 2002 un ataque perpetrado por un helicóptero artillado gubernamental produjo la muerte de 17 civiles, heridas a muchos otros y el desbaratamiento de una operación de distribución de alimentos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. En junio de 2004, helicópteros del gobierno dispararon cohetes sobre poblaciones después de perpetrar ataques en tierra contra civiles.

En 2005, el semanario Jane’s Defence Weekly destacó la asistencia prestada a China por empresas europeas y estadounidenses para desarrollar un nuevo helicóptero de ataque, el Z-10. Según la revista, “China está adquiriendo conocimientos y tecnologías disponibles que se están desviando directamente a un programa militar”. Según dicha publicación, entre las compañías participantes en el programa Z-10 se encuentran la canadiense Pratt and Whitney, que ha suministrado turboejes, y la italobritánica AugustaWestland que, al parecer, ha colaborado en el desarrollo de la pala del rotor, la transmisión y la caja de cambios del Z-10. Según los informes, la empresa estadounidense Lord Corporation suministra componentes para el modelo Z-9, y en 2004 incluyó al Z-10 entre sus programas clientes, con componentes que serían fabricados localmente. La compañía EADS (European Aeronautic Defence and Space), con base en Francia y Alemania, y que ahora es propietaria de la subsidiaria Eurocopter, según los informes, suministró la transmisión del Z-10 en virtud de un acuerdo de desarrollo conjunto.

No se está sugiriendo que estas compañías sigan todas ellas implicadas, o que hayan infringido leyes o normativa alguna. Estos ejemplos ilustran la intención de las empresas extranjeras y la debilidad de las existentes restricciones estadounidenses, canadienses y de la UE sobre las ventas de armas a China, y el fracaso de estos gobiernos para conservar algún control sobre la reexportación del material militar producido en China utilizando componentes y conocimientos de sus países.

Se desconoce a dónde se exportará el Z-10, pero dado que en el pasado China ha exportado helicópteros y otro armamento a destinos tan problemáticos como Sudán, existe el riesgo de que el producto final, con componentes de Estados Unidos y la Unión Europea, sea exportado desde China a destinos o usuarios finales a los que no estaría permitido hacerlo desde la Unión Europea ni desde Estados Unidos. Esta situación pone en evidencia los defectos en los sistemas de control de las exportaciones tanto de la Unión Europea, como de Estados Unidos y de China, y muestra la necesidad de contar con normas globales para controlar el comercio de armas. China no es el único país que suministra armas a Sudán. Según distintas fuentes, compañías de Rusia y Bielorrusia han vendido aeronaves y componentes militares, se han identificado tanques, vehículos y artillería que procedían de Polonia, Rusia y Bioelorrusia, y armas pequeñas y ligeras que proceden de Francia, Irán y Arabia Saudí. Agentes de transferencias de armas de Gran Bretaña e Irlanda también han intentado suministrar aeronaves, vehículos y pistolas.

Cuando las compañías autorizan la producción bajo licencia en el extranjero, las armas y el material militar o de seguridad producidos pueden ser destinados a las fuerzas de seguridad legítimas del país donde se fabrican las armas, o pueden destinarse al mercado de exportación. Sin embargo, prácticamente ningún gobierno ha impuesto controles efectivos sobre los acuerdos de producción bajo licencia. A consecuencia de ello, tienen un control escaso o nulo sobre los niveles de producción o sobre la futura exportación de armas fabricadas en el extranjero bajo licencia de compañías ubicadas en su jurisdicción. El nivel de regulación varía. El gobierno estadounidense tiene cierto control sobre la exportación desde otros países de las armas coproducidas con una empresa estadounidense. El Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por sus siglas en inglés) Reglamento del Tráfico Internacional de Armas de Estados Unidos incluye una cláusula para todos los acuerdos de producción bajo licencia que establece lo siguiente: “No se autorizará ninguna exportación, venta, transferencia u otra disposición del producto a ningún país fuera del territorio en el cual la licencia permite la manufactura o la venta, sin aprobación previa por escrito por parte del gobierno de Estados Unidos […]”.

De un modo similar, en julio de 2006, Rusia autorizó la producción bajo licencia del nuevo rifle AK-103 en Venezuela, pero impuso la condición de que ninguno de los rifles podía ser exportado sin el consentimiento ruso. Sin embargo, no existe ninguna normativa global de obligado cumplimiento que regule la producción de armas bajo licencia, y muchos gobiernos no han introducido un control significativo sobre las exportaciones que ellos mismos no autorizarían.

Cuando las cosas van mal, muchos gobiernos pueden resultar afectados. En 2004, alguien lanzó una granada de mano al embajador británico en Bangladesh cuando visitaba un santuario en ese país. Según informes, la granada de mano era del mismo tipo que las utilizadas en otros ataques de grupos armados en la región. Granadas de mano con la marca de la empresa austriaca Arges y, con toda probabilidad, fabricadas bajo licencia en Pakistán, han sido utilizadas por grupos armados en numerosos atentados en Bangladesh, India y Pakistán, que han dejado decenas de muertos y centenares de heridos. Según el Washington Times, las mismas granadas de mano de diseño europeo y fabricación pakistaní fueron arrojadas al Parlamento indio en 2001, en un atentado perpetrado por radicales armados. Ninguno de los gobiernos implicados tenía un control efectivo sobre el destinatario final de las granadas.

Hasta el momento, pocos gobiernos han demostrado suficiente voluntad política para controlar la producción de armas bajo licencia en todo el mundo. Sin embargo, una regulación efectiva podría contribuir significativamente a salvar vidas. El recuadro siguiente explica cómo podría acometerse tal regulación.

¿Qué deberían hacer los gobiernos?

Todos los acuerdos internacionales de producción de armas bajo licencia de una compañía deberían ser estudiados caso por caso por el gobierno del Estado donde tiene su sede la compañía antes de ser autorizados. No debería expedirse ningún permiso para la producción de armas bajo licencia si existe el riesgo de que las armas producidas en el extranjero puedan ser utilizadas para contravenir las obligaciones de los Estados con arreglo al derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos y el humanitario, o utilizadas de modo contrario a otras normas pertinentes sobre no proliferación, tales como los requisitos para impedir atentados terroristas y la delincuencia violenta u organizada, para evitar el agravamiento de la inseguridad e inestabilidad regionales y para no perjudicar el desarrollo sostenible.

No debería autorizarse ninguna producción bajo licencia sin un acuerdo legalmente vinculante, en cada caso, sobre los límites de la producción y los destinos permitidos para la exportación del producto. Cualquier exportación a otros usuarios finales distintos de los que figuran en el acuerdo original, deberá requerir la autorización previa de la compañía que concede la licencia y de su gobierno. Los contratos de producción bajo licencia deben renovarse periódicamente, de modo que puedan reconsiderare los riesgos de desviación y pueda modificarse, del modo que proceda, el acuerdo de producción bajo licencia. Estos procedimientos deberían ser obligatorios a nivel nacional en virtud de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

Empresas subsidiarias: ¿propiedad sin responsabilidad?

El 20 de febrero de 2006, la BBC y el periódico ugandés The Monitor informaron de que se habían utilizado siete vehículos blindados para dispersar a los partidarios del doctor Kizza Besigye, candidato de la oposición en las elecciones ugandesas, que el presidente Museveni ganó pocos días después. Según los informes, varias personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, cuando los vehículos blindados, pertrechados con ametralladoras, arremetieron contra la multitud.

Según los informes, los mismos vehículos blindados Mamba, o vehículos similares, también fueron desplegados con motivo de una concentración de la oposición en Kampala el 15 de febrero. Los vehículos blindados Mamba habían sido fabricados en Sudáfrica por Land Systems OMC, empresa a la que el gobierno ugandés también había encargado 12 vehículos blindados para el transporte de personal RG-12 en 2005. Según el inspector general de la policía ugandesa, eran para el “activo periodo de las elecciones”.

Desde noviembre de 2004, Land Systems es una empresa subsidiaria de la británica BAE Systems, que posee el 75 por ciento de sus acciones. Antes de esa fecha, Land Systems era ya de propiedad mayoritariamente británica desde 1999, y desde entonces ha suministrado a Uganda un total de 20 vehículos blindados Mamba y RG-31. El informe anual de 2004 del gobierno sudafricano ante el Registro de Armas de Naciones Unidas afirma que también se exportaron vehículos blindados Casspir, originalmente fabricados por BAE Land Systems (OMC), a Indonesia, a pesar de los indicios de que tanto Uganda como Indonesia han utilizado vehículos blindados para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos.

Los controles sudafricanos sobre las exportaciones de armas son relativamente estrictos, y su gobierno tiene el deber de evitar exportar armas a cualquier país donde puedan ser utilizadas en graves violaciones de derechos humanos. Por esta razón se denegaron licencias de exportación a Uganda durante cierto periodo en la década de los 90, aunque posteriormente fueron autorizadas.

Sin embargo, las fuerzas armadas de Uganda parecen tener un historial de abusos que sugiere que el potencial de uso indebido de los vehículos blindados para transporte de personal va más allá de los incidentes previos a las elecciones mencionados anteriormente. En una sentencia de diciembre de 2005, la Corte Internacional de Justicia condenó a las fuerzas armadas de Uganda por “actos de homicidio, tortura y otras formas de trato inhumano contra la población civil congolesa […] adiestramiento de niños y niñas soldados, incitación al conflicto étnico y […] violación de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario” Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado un largo historial de graves violaciones del derecho internacional por parte de las fuerzas ugandesas en la República Democrática del Congo, especialmente en Ituri. Sin embargo, este caso también pone de relieve la insuficiencia de los controles de Reino Unido sobre la producción de armas bajo licencia británica en el extranjero.

En todo este tiempo, el gobierno del Reino Unido no ha permitido ninguna exportación directa de vehículos militares desde el Reino Unido a Uganda. No se está sugiriendo que BAE Systems o los anteriores propietarios británicos supieran necesariamente lo que estaba haciendo su empresa subsidiaria. En la mayoría de las circunstancias, la legislación británica vigente en materia de control de las exportaciones no responsabiliza a las compañías británicas de las acciones de sus empresas subsidiarias.100 En este respecto, las normativas estadounidenses son más estrictas, de modo que cuando componentes de origen estadounidense son incorporados a sistemas de armamento manufacturados por la empresa subsidiaria, la ley somete a las empresas subsidiarias de las compañías estadounidenses a los mismos controles sobre la exportación que se aplican en Estados Unidos.

Lamentablemente, Estados Unidos parece ser el único país del mundo que aplica tales controles. En marzo de 2006, parlamentario Roger Berry, presidente del Comité Cuatripartito de Reino Unido, comité parlamentario que supervisa las exportaciones de armas de Reino Unido, describió esta laguna en la legislación británica como “totalmente inaceptable”. El informe presentado en agosto de 2006 por el Comité Cuatripartito relativo a los controles sobre las exportaciones de armas del Reino Unido recomienda al gobierno británico presentar propuestas para regular “las exportaciones de compañías subsidiarias en el extranjero en las que la empresa matriz británica posea la mayoría de las acciones o sobre las que pueda establecerse la propiedad británica”.
Las empresas subsidiarias en el extranjero, en las que el control sea ejercido por una empresa matriz, deberían estar sujetas a los controles sobre la exportación de armas vigentes en el país de la compañía matriz. Este requisito debería incorporarse a un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, acordado y aplicado por todos los Estados.

Controles nacionales y regionales

Los acuerdos nacionales y regionales sobre control de armas son elementos necesarios de un sistema efectivo para poner fin a las transferencias que contribuyen a causar sufrimiento humano innecesario. Pero hay muchas formas de burlar dichos acuerdos. Es difícil determinar si algunas compañías de armas buscan deliberadamente evitarlos pero, como muestra este informe, a veces ése es el resultado. En 2004 en Sao Paulo, la compañía austriaca Glock registró una nueva empresa subsidiaria, Glock do Brasil. Glock es una de las empresas líderes en el mundo en la fabricación de pistolas, con un volumen de ventas total de 2,5 millones de armas en más de 100 países.En el momento de redactar este informe, el futuro centro de producción de Glock en Brasil sigue esperando la autorización oficial. Si se concede, las exportaciones no estarán sometidas a las directrices del Código de Conducta de la UE que aconsejan a los Estados miembros cuándo denegar licencias para la venta de armas a países en conflicto.

Como se ha explicado en la Sección 1, las principales compañías de armas a escala mundial se mueven por una serie de motivaciones de índole económica: reducir costes, encontrar nuevos mercados y compartir el gasto de desarrollar nuevos productos. Pero, sea cual sea la motivación, la subcontratación global, la producción bajo licencia y la asociación de empresas en participación dificultan a los gobiernos la tarea de controlar el suministro de armas en todo el mundo.

Al mismo tiempo, algunas compañías y países que acaban de empezar a exportar basan, en parte, su ventaja competitiva en la falta de controles estrictos sobre la exportación. Pueden vender en mercados “sucios” vetados por otros gobiernos. La estrategia nacional de Jordania de ampliar su Base Industrial Científica y de Defensa define su misión en estos términos: “garantizar que las tecnologías y productos básicos pueden fabricarse, comercializarse y suministrarse sin estar sometidas a controles externos de producción bajo licencia y exportación”.

Iniciativas para controlar las armas

Sin embargo, simultáneamente a esta expansión de la industria global de armas también se han desarrollado una serie de iniciativas para mejorar el control sobre las exportaciones de armas, aunque, en su mayoría, se trata de instrumentos que no son legalmente vinculantes.
En 1993, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) acordó unos Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales que exigen a los gobiernos que eviten exportaciones que puedan ser utilizadas para perpetrar violaciones de derechos humanos. Luego, en 1996, el grupo multilateral más poderoso de países proveedores de armas, los 40 gobiernos del Arreglo de Wassenaar, acordaron los “Elementos Iniciales” de un régimen para controlar las armas e intercambiar información. Éstos fueron posteriormente modificados para producir los “Propósitos, Directrices y Procedimientos, incluidos los Elementos Iniciales” actualmente adoptados por los Estados participantes, entre las que se incluyen las Directrices de Mejores Prácticas para las Exportaciones de Armas Pequeñas y Ligeras, acordadas en 2002, que también ,especifican el requisito de evitar exportaciones que puedan utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos.107Sin embargo, de los nuevos exportadores mencionados en la Sección 1, sólo Sudáfrica participa en este Arreglo.

En 1998, la Unión Europea, liderada por Reino Unido y Francia, acordó un Código de Conducta en materia de exportación de armas, que de nuevo imponía la condición de no exportar armas cuando exista un “riesgo claro” de represión interna o agresión externa. Ese mismo año, los gobiernos de África Meridional acordaron reforzar sus controles sobre las transferencias de armas, como parte de un Programa de Acción Regional sobre Armas Ligeras y Tráfico Ilícito de Armas más amplio, dentro del proceso que llevó a la creación, en 2001, del Protocolo sobre el control de las Armas de Fuego, las Municiones y otros Materiales Relacionados en la Región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo. Sin embargo, el Protocolo no incorporaba normas del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.

En 1999, 20 gobiernos de la Organización de Estados Americanos aprobaron una Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales. En 2004, los gobiernos del África Oriental y el Cuerno de África acordaron el Protocolo de Nairobi, consistente en criterios que pretenden gobernar la transferencia de armas pequeñas en esa región devastada por la guerra. Las “directrices de mejores prácticas” acordadas en 2005 para este Protocolo contienen disposiciones detalladas relativas a la necesidad de proteger el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como el desarrollo sostenible.

En 2005, los siete gobiernos que forman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) acordaron un Código de Conducta para Transferencias de Armas. En 2006, 15 presidentes de África Occidental firmaron un acuerdo legalmente vinculante para controlar las transferencias de armas pequeñas y ligeras en la región, basado en una suspensión voluntaria de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental vigente desde 1998. Este instrumento regional de control del armamento contiene numerosas disposiciones que podrían utilizarse en un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

Los únicos acuerdos globales legalmente vinculantes que se aplican explícitamente a las transferencias internacionales de armas son el Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las Armas de Fuego (complemento a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de julio de 2000) y los ocasionales embargos de armas del Consejo de Seguridad de la ONU. Ambos tienen sus limitaciones. El ámbito de aplicación del Protocolo relativo a las Armas de Fuego se reduce a las armas pequeñas y ligeras y no se aplica a las transacciones entre Estados. Por tanto, no logra hacer frente a las actuales políticas o prácticas gubernamentales, y no se ocupa explícitamente de la transferencia de armas por parte de los gobiernos a las regiones donde se desarrolla un conflicto armado o donde pueden ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos. Sin embargo, es un acuerdo legalmente vinculante y potencialmente aplicable a escala global. En cuanto a los embargos de armas de la ONU, en ocasiones, son políticamente selectivos y normalmente se aplican cuando ya se ha desencadenado la crisis humanitaria o de derechos humanos relacionada con las armas. Además, la puesta en práctica de estos embargos ha sido deficiente.

En julio de 2006, una conferencia de Naciones Unidas sobre las armas pequeñas y ligeras fracasó a la hora de lograr un acuerdo, a pesar de que la mayoría de los gobiernos, incluidos los de la Unión Europea y muchos de América Latina y África, respaldaban la aplicación de controles más estrictos sobre el comercio internacional de armas pequeñas y ligeras. Debido al proceso de toma de decisiones por consenso de esta conferencia, un reducido número de países, entre los que destacaba Estados Unidos, logró bloquear la conferencia al no permitir la continuación de las reuniones.
En resumen, no faltan iniciativas nacionales y regionales para controlar las transferencias internacionales de armas. La mayoría de estas iniciativas han incluido medidas útiles, pero ninguna de ellas ha dado como resultado mecanismos para controlar con eficacia el suministro de armas y de material de doble uso, de acuerdo con unas normas estrictas que resolverían los problemas que se exponen en este documento. En parte, ello se debe a que son iniciativas de ámbito nacional o regional, incapaces de regular un comercio que es cada vez más global.

Defectos de los controles actuales

La mayoría de las normas anteriores son simplemente acuerdos políticos; no son tratados legalmente vinculantes. La mayor parte son de ámbito regional y sólo aplicables a un número limitado de Estados. Están abiertos a la interpretación de los gobiernos. Desprovistos de fuerza legal, no proporcionan un medio seguro para pedir cuentas a los gobiernos en relación con su aplicación.

En 1998, los cuatro mayores exportadores de armas de la Unión Europea –Alemania, Francia, Italia y Reino Unido– denegaron 127 solicitudes de licencias de exportación entre todos. En 2005, se registraron 217 denegaciones, lo que indica que la puesta en práctica del Código de Conducta es la responsable de que estos gobiernos no autoricen ventas de armas especialmente peligrosas con mayor frecuencia. Sin embargo, los países de la Unión Europea continúan exportando armas a destinos problemáticos donde existe el riesgo de que sean utilizadas de un modo contrario a los criterios incluidos en el Código de la Unión Europea. En 2005, los informes muestran que miembros de la Unión Europea concedieron licencias de exportación de armas a Colombia, China, Etiopía, Eritrea, Indonesia, Israel y Nepal, entre otros destinos. Sin una información más detallada y transparente acerca de la índole de las armas suministradas, la cantidad, a quién fueron vendidas y para qué fin, no es posible concluir si el Código de Conducta de la UE ha logrado poner fin a todas las exportaciones de armas que pueden ser utilizadas para alimentar los conflictos armados, alentar los abusos contra los derechos humanos y agravar la pobreza.

Además, como este informe pone de manifiesto, el Código no ha hecho nada para impedir que compañías europeas exporten su producción a países como Brasil, China o India, entre otros, de donde las armas pueden reexportarse sin que sus controles, relativamente escasos, impidan que estas armas sean utilizadas para cometer abusos graves. Los controles sobre la exportación de estos países no incluyen criterios o directrices que reflejen las responsabilidades de los Estados en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En África Oriental y Occidental, donde los gobiernos han firmado instrumentos legalmente vinculantes, las armas siguen entrando porque los tratados aún no han sido reflejados en la legislación nacional y en su aplicación. Hasta que fue declarada legalmente vinculante, la suspensión de armas pequeñas impuesta en 1998 en África Occidental tuvo poco efecto y no logró impedir que las armas entraran a raudales en los salvajes conflictos de Sierra Leona y Liberia hasta 2002 y posteriormente en Costa de Marfil. Aún está por ver por ver si el nuevo instrumento legal será lo bastante fuerte para que la situación cambie en la región pero, al menos, las normativas pueden tener ahora una base legal común y coherente, que debería ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los parlamentarios, los expertos legales y la sociedad civil a hacer rendir cuentas a los Estados pertinentes.

El Protocolo de Nairobi aún tiene que contribuir a mejorar el control de las armas pequeñas en África Oriental y el Cuerno de África. En 2005 se acordaron algunas Directrices sobre Mejores Prácticas que reflejan las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional pero, en general, hasta el momento no se han aplicado y el comercio de armas en la región continúa alimentando varios conflictos mortíferos. En 2004, mientras la guerra asolaba el sur de Sudán y Darfur, el gobierno sudanés importaba armas en grandes cantidades. El mismo año, Etiopía y Eritrea se encontraban al borde de un nuevo conflicto y la carrera armamentística de estos dos países supuso un gasto de 364 millones de dólares estadounidenses en armas nuevas. No es de extrañar que estos tres países se encuentren entre los 36 Estados que invirtieron más en armamento que en salud o educación. En 2003 sus poblaciones tenían una esperanza media de vida inferior a los 57 años.

Todos estos códigos, protocolos y programas tienen un elemento en común: ninguno de ellos es un tratado global, a excepción del Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las Armas de Fuego, cuyo ámbito de aplicación es muy limitado. Aunque la industria armamentística es ahora más global que nunca, los gobiernos se están quedando atrás, en un mundo de leyes y normativas nacionales basados en un conjunto de vagas normas regionales y globales, plagado de lagunas legales y que, además, se aplica de manera deficiente. Frente a la transformación global experimentada por la industria, los controles gubernamentales ofrecen una imagen del todo anacrónica si se tiene en cuenta la necesidad mundial de mayor seguridad para las personas.

Sin embargo, los gobiernos son conscientes de cómo está cambiando el comercio. El
Departamento de Defensa estadounidense publicó su primer gran estudio sobre cómo reaccionar ante la “globalización de la industria de defensa” en 1999. Pero aunque han transcurrido años –en algunos casos, décadas– desde que los procesos de globalización descritos en ese estudio comenzaron, los Estados aún no han desarrollado normas globales vinculantes para regular el comercio internacional de armas. En 2006, existen tratados globales que regulan el comercio de café, el cacao, la madera, los medicamentos, los seres humanos y las especies amenazadas de fauna y flora. Sin embargo, sigue sin existir un tratado global sobre armas convencionales y sus componentes y municiones.

El impacto sobre los derechos humanos y el desarrollo

Sin el comercio internacional de armas, muchos gobiernos que no tienen su propia industria de armamento no podrían equipar a sus fuerzas armadas y organismos encargados de hacer cumplir la ley, con el objeto de satisfacer sus legítimas necesidades de defensa y de seguridad. Pero, a diferencia de la mayor parte del resto de comercios legítimos, el comercio de armas tiene consecuencias devastadoras si no se controla adecuadamente.

A pesar de la reducción del número de conflictos después del fin de la Guerra Fría, en la actualidad tienen lugar al menos 30 conflictos. El comercio global suministra armas a todos ellos, a pesar de la violación grave y generalizada del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de muchos de los contendientes. Aunque las armas no son la causa de estos conflictos, el suministro constante y el mal uso de armas y municiones fácilmente accesibles alimentan su continuación y los hace más sangrientos. Por ejemplo, aunque en Sri Lanka se fabrican algunas armas, el constante suministro internacional de armas a ambas partes ha prolongado significativamente el conflicto interno del país, que se ha cobrado la vida de unas 65.000 personas.

Se calcula que la cifra anual de muertes causadas por violencia armada oscila entre 280.000 y 378.000. Este cálculo tiene en cuenta las muertes ocurridas fuera de conflictos, como las causadas por el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad estatales, así como homicidios por arma de fuego, suicidios con arma de fuego y disparos accidentales. En los conflictos armados, casi siempre mueren civiles de todos los bandos. Helicópteros, aviones de combate y misiles aire-tierra suministrados a Israel principalmente por Estados Unidos, aunque a menudo con componentes suministrados por otros países, han sido utilizados en los Territorios Ocupados, y han provocado centenares de muertos y miles de heridos, en lo que supone una clara violación del derecho internacional humanitario. Según Amnistía Internacional, muchas de las 190 personas palestinas muertas en 2005 fueron víctimas de “homicidios ilegítimos”, incluidos disparos efectuados de modo temerario y deliberado o ataques en zonas residenciales densamente pobladas. Al mismo tiempo, los grupos armados palestinos han utilizado cohetes, cinturones de explosivos y otras bombas para matar y herir a centenares de israelíes.

Los cálculos sobre el número de personas muertas directamente en conflictos armados varían considerablemente, pero ese número puede representar menos de la mitad de la cifra total de personas muertas a causa de la violencia armada en general. Una enorme cantidad de personas – hombres, mujeres, personas mayores, niños y niñas– muere por los efectos indirectos del conflicto armado. El sufrimiento humano causado por economías en bancarrota, infraestructuras de salud y seguridad destrozadas, enfermedades y hambre es estremecedor. Muchas más personas se convierten en refugiadas o son desplazadas, heridas y despojadas, sufren abusos y pierden la oportunidad de llevar una vida próspera y pacífica en un ambiente seguro.

El comercio global de armamento suministra armas a muchos de los que cometen graves violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación y violencia sexual y desplazamiento forzoso. Las normas de derechos humanos, entre ellas las normas vinculantes de los tratados y del derecho consuetudinario internacional se aplican tanto durante el conflicto armado como durante el tiempo de paz, pero la proliferación y regulación deficiente de las armas contribuye a graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y policiales, las milicias y otros grupos armados en muchos países, tanto antes como después del conflicto. Estas violaciones con frecuencia se producen de un modo generalizado cuando las armas pequeñas pueden obtenerse con facilidad. Los resultados de investigaciones recientes muestran que entre un tercio y tres cuartas partes de todas las violaciones graves de derechos humanos y el 85 por ciento de los homicidios de los que informa Amnistía Internacional se llevan a cabo con armas pequeñas y ligeras. Los hombres, en particular los jóvenes, son en su mayoría quienes las utilizan y quienes mueren por culpa de las armas de fuego.

Pero las víctimas no son sólo los hombres. Un elevado número de mujeres y niñas sufren directa e indirectamente las consecuencias de la violencia armada. Las mujeres, por el mero hecho de serlo, corren un riesgo especial de ser víctimas de ciertos delitos, como la violencia en el hogar y la violación. De Liberia a Camboya, el fácil acceso a las armas pequeñas ha incrementado, según los informes, el número de violaciones. En Puerto Príncipe, Haití, por ejemplo, el elevadísimo número de violaciones está directamente relacionado con la proliferación de armas. “Ésa esa la razón de que haya más violaciones. Porque los hombres tienen armas,” afirma Lucie, una madre de 46 años que fue violada en el distrito de Martissant en agosto de 2005. “Si no tuvieran armas podríamos resistirnos y gritar pidiendo ayuda. Pero cuando tienen armas, nadie nos puede ayudar’.

Tanto los países que exportan como los que importan armas tienen el deber de actuar de modo responsable. Además de las ventas irresponsables que contribuyen a graves violaciones de derechos humanos, la adquisición irresponsable de armas malgasta los recursos de los países pobres cuyos gobiernos deberían otorgar prioridad a la reducción de la pobreza. En 2002, algunos de los países más pobres del mundo invirtieron más en gastos militares que en programas de salud. Una media del 3,7 por ciento frente al 2,4 por ciento de sus productos interiores brutos.

En junio de 2006, 42 gobiernos de países tan diversos como Brasil, Indonesia, Japón, Nigeria o Sudáfrica firmaron la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, en la que decidían “[…] promover la seguridad sostenible y una cultura de la paz adoptando medidas para reducir la violencia armada y su negativo efecto en el desarrollo socioeconómico y humano”. La Declaración resumía lo que sucede cuando el comercio de armas no está sujeto a control: La violencia armada destruye vidas y medios de subsistencia, genera inseguridad, miedo y terror y tiene un efecto profundamente negativo en el desarrollo humano. Ya sea en situaciones de conflicto o delincuencia, impone enormes gastos a los Estados, las comunidades y los individuos. […] cierra colegios, vacía mercados, sobrecarga los servicios de salud, destruye familias, debilita el Estado de derecho e impide que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan […] supone una amenaza permanente para el respeto de los derechos humanos.

Los Estados signatarios decidieron adoptar “[…] medidas adicionales para afrontar eficazmente los problemas derivados de la oferta y la demanda de armas pequeñas y armas ligeras. Ello incluirá […] el fomento de la creación de nuevos instrumentos internacionales, algunos de ellos jurídicamente vinculantes”. Numerosos gobiernos de países en vías de desarrollo como Bangladesh, Costa Rica y Kenia afirman ahora que uno de esos instrumentos sería un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

¿Conseguirán los gobiernos harmonizar su situación con la del comercio de armas?

Los controles sobre las armas pueden funcionar. Hace 10 años, 26.000 personas al año resultaban muertas o heridas por las minas terrestres antipersonal. Como resultado del Tratado de Ottawa de 1997, en 2006 el número de muertes había dejado de crecer y se había reducido hasta situarse quizás en alrededor de 15.000 personas al año. Según el informe de 2006 del Monitor de Minas Terrestres, en 2005 se registraron 7.328 muertes, aunque los investigadores advertían que la cifra real puede duplicar esa cantidad.127 El azote de las minas terrestres antipersonal no ha sido erradicado debido a la gran cantidad de campos de minas terrestres sembrados en el pasado y a que no todos los gobiernos apoyan y aplican el tratado. No obstante, se están produciendo avances y probablemente miles de vidas se han salvado gracias a la prohibición internacional de las minas terrestres.

Una cuarta parte de los gobiernos del mundo no han firmado o ratificado el tratado sobre las minas terrestres; pero pocos han comerciado abiertamente con las minas antipersonal contempladas en el tratado desde que éste fue firmado por primera vez. El número de países que todavía producen minas terrestres antipersonal ha descendido de 50 en 1997 hasta 13 hoy en día. Y en 2005, sólo tres gobiernos y diez grupos rebeldes todavía las usaban.

Hacia un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas

Un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas efectivo no impediría la producción y la transferencia responsable de armas para la defensa, el mantenimiento del orden y la paz y otros propósitos legítimos. De igual modo, no sería un obstáculo para la legítima ambición de varios países de ampliar sus industrias de defensa y sus exportaciones. Por el contrario, proporcionaría un “mismo campo de juego”para que todos los exportadores de armas compitan de una manera responsable, sin proliferación, realizando transferencias de acuerdo con unas normas basadas en las responsabilidades actuales de los Estados con arreglo al derecho internacional pertinente. Si un tratado así fuese aplicado adecuadamente, no se transferirían armas a fuerzas que las utilizan para avivar la guerra, los abusos contra los derechos humanos y la pobreza.

Un tratado sólido y efectivo

Un Tratado sobre el Comercio de Armas tendría que ser sólido. Para ser efectivo, sus normas relativas a las transferencias internacionales de armas deben basarse en los principios del derecho internacional, especialmente en los principios contenidos en el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos.

Debe establecer un conjunto de normas mínimas globales para las transferencias de armas. Debe impedir todas las transferencias de armas que puedan ser utilizadas para violar gravemente la Carta de las Naciones Unidas, los tratados existentes para el control de armas, los embargos de armas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos y las normas de derechos humanos. Estas obligaciones en relación con las transferencias internacionales de armas y municiones –el mínimo necesario para un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo– han sido reunidas en un conjunto de Principios Globales para el Control de las Transferencias de Armas por un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Amnistía internacional, Oxfam e IANSA.

Cuando no se trate de necesidades de seguridad legítimas, el Tratado sobre el Comercio de Armas debe impedir también que se derrochen recursos que podrían invertirse en desarrollo, de manera que produjeran un beneficio mayor. Cuando mínimo, el Tratado podría obligar a los Estados exportadores a evaluar en profundidad el impacto de las transferencias de armas sobre el desarrollo sostenible, utilizando una metodología consensuada y transparente, y forzarlos a negar licencias cuando proceda. La campaña Armas bajo Control ha propuesto un método para que los Estados identifiquen ventas de armas que puedan ser problemáticas.

Como buena parte del derecho internacional, el Tratado podría aplicarse con la máxima eficacia a través de un sistema de vigilancia público basado en informes periódicos por parte de los Estados, en los que éstos darían cuenta de las transferencias de armas realizadas. En caso necesario, se podría recurrir al examen judicial y al resarcimiento legal a través de los procedimientos judiciales nacionales. El Tratado tendría que incorporarse a la legislación nacional de cada Estado que lo ratificase. Los gobiernos estarían obligados a informar periódicamente, de un modo transparente y significativo, a sus asambleas legislativas y a un registro de Naciones Unidas, acerca de sus transferencias internacionales de armas. Los informes deberían incluir sus decisiones sobre concesión de licencias de exportación, importación y tránsito de sistemas de armamento completos, partes de sistemas, componentes, munición, explosivos y productos de doble uso.
Cuando las decisiones violasen los términos del Tratado, deberían poder recurrirse ante los tribunales nacionales y mediante sus procedimientos judiciales. Como sugiere la experiencia con las minas terrestres antipersonal, es probable que hasta los gobiernos que no formaran parte del Tratado se sintieran presionados a aceptar la norma internacional que se habría creado: que las transferencias irresponsables de armas ya no son aceptables.

Los traficantes de armas irresponsables y criminales que están dispuestos a suministrar armas a todas las partes de cualquier conflicto, incluidas aquellas que cometen abusos flagrantes contra los derechos humanos pueden despreciar cualquier Tratado sobre el Comercio de Armas. Pero incluso ellos sentirían sus efectos. La historia de cualquier arma normalmente comienza con su producción y venta legal, pero luego puede ser transferida a los mercados turbios e ilegales. El ciclo vital de un arma generalmente dura varias décadas, de modo que cualquier decisión sobre su transferencia debería basarse en una evaluación de todos los factores de riesgo a lo largo del tiempo. Mucho queda por hacer para mejorar y aplicar las leyes nacionales contra el tráfico ilegal de armas, pero el Tratado sobre el Comercio de Armas reduciría de forma gradual el fondo de armas y municiones deficientemente reguladas del que dependen los traficantes ilegales.

Las únicas personas que tienen interés en que el comercio global de armas siga sin control son las que se benefician de las transferencias irresponsables. El resto, incluidos los ciudadanos de a pie, la mayor parte de los agentes económicos y casi todos los gobiernos, tienen un interés enorme en que se regule de forma responsable y coherente el comercio global de armas. En junio de 2006, el Premio Nobel de Economía indio Amartya Sen, en la actualidad profesor de la Universidad de Harvard, escribió en el International Herald Tribune acerca de los diferentes intereses propios bien entendidos que los gobiernos deberían percibir ahora. El “interés propio bien entendido”

Amartya Sen, 26 de junio de 2006

"Mi propio país, India, tiene una buena razón para utilizar su influencia, cualquiera que ésta sea, especialmente dado el reconocimiento creciente de su importancia en el mundo global. Y ello no sólo porque la reducción de los conflictos armados encaje bien en los objetivos globales defendidos por India en su lucha por la independencia y su búsqueda de una voz en el mundo, sino también porque la propia India padece en gran medida las consecuencias del movimiento ilícito de armas que nutre las insurrecciones locales y los actos terroristas. Aunque en la actualidad China ocupa el séptimo lugar entre los principales países exportadores de armas en el mundo, también tiene un interés en limitar la entrada de armas a su territorio. Los países del G-8 también tienen razones de interés propio bien entendido para hacer lo mismo (a pesar de los beneficios que obtienen de este comercio terrible), dada la creciente amenaza de terrorismo que también les afecta."

Armas sin fronteras

y Tercera Parte

Conclusión

Un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas contribuiría a mejorar enormemente las vidas de las personas que sufren la violencia armada, si se elabora adecuadamente y se pone en práctica de modo efectivo. También es necesario hacer otras muchas cosas, desde reforzar las instituciones que respetan los derechos humanos fundamentales (incluidos los derechos económicos, sociales y culturales) y aplicar iniciativas de resolución de conflictos y mantenimiento de la paz efectivas, hasta facilitar medios de subsistencia a miles de ex combatientes y garantizar el desarrollo en los países y regiones que salen de un conflicto armado. Gran parte depende también del éxito de dos nuevas instituciones de vital importancia, que fueron fundadas en junio de 2006: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Pero en los esfuerzos por aumentar la seguridad y prosperidad de las personas en todo el mundo, el Tratado sobre el Comercio de Armas es indispensable, y deberá formar parte del Estado de derecho y del derecho internacional, y es necesario para garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de todas las personas.

Es el momento de actuar

Más de 50 gobiernos ya han ofrecido de modo explícito y público su apoyo al Tratado sobre el Comercio de Armas. Ahora es hora de que todos los gobiernos se unan a ese movimiento y comiencen las negociaciones que puedan hacer realidad el Tratado. El comercio de armas globalizado ya lleva una buena ventaja.

En octubre de 2006, en la Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los gobiernos tienen la oportunidad de lanzar un proceso para negociar un Tratado sobre el Comercio de Armas, basado en el pleno respeto del derecho internacional por parte de los gobiernos al decidir autorizar o no algunas transferencias internacionales de armas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el foro global más alto en asuntos de desarme y seguridad. Ya un grupo de Estados liderados por Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia y Reino Unido han anunciado que presentarán una resolución en octubre para iniciar el proceso de desarrollo de un Tratado para el Comercio de Armas. Su proyecto de resolución pide que un Grupo de Expertos Gubernamentales considere el asunto en 2008.

Aunque acogemos con satisfacción esta iniciativa, que incide acertadamente en el respeto al derecho internacional, incluidos la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, se echan en falta referencias al derecho internacional de los derechos humanos. Esta laguna debe ser rectificada si se pretende establecer un Tratado efectivo que sirva realmente para salvar un número considerable de vidas.

Las personas que sufren diariamente los efectos de la violencia armada necesitan un Tratado sobre el Comercio de Armas sólido. Y lo necesitan tan pronto como sea humanamente posible. En todo el mundo, los centenares de miles de miembros de grupos de la sociedad civil que apoyan el llamamiento a favor de un Tratado sobre el Comercio de Armas a través de la campaña Amas bajo Control están esperando a que los gobiernos actúen. Ha llegado el momento de hacerlo.

Apéndice: compilación de principios globales para el control de las transferencias de armas

Los siguientes Principios engloban las obligaciones actuales de los Estados en materia de transferencias internacionales de armas y municiones. Los ha propuesto un grupo muy variado de organizaciones no gubernamentales. En ellos se refleja el contenido de diversos instrumentos internacionales, como tratados internacionales y regionales, declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones multilaterales y regionales y normas concebidas para servir de modelo a las legislaciones nacionales. En algunos se refleja el derecho consuetudinario y de los tratados; en otros, normas incipientes ampliamente aceptadas. La compilación indica las normas generales óptimas que se deberían adoptar para establecer un control efectivo de todas las transferencias internacionales de municiones y armas convencionales. En ellas se reflejan las obligaciones de los Estados según el derecho internacional, al tiempo que se reconoce el derecho de los Estados a la legítima defensa y al mantenimiento del orden de acuerdo con las normas
internacionales.

Principio 1: Responsabilidades de los Estados

Todas las transferencias internacionales de armas y municiones deberán estar sujetas a la autorización de todos los Estados que tengan jurisdicción sobre cualquier parte de la transferencia (incluidas importación, exportación, tránsito, transbordo y corretaje) y deberán ser ejecutadas de acuerdo con leyes y procedimientos nacionales que reflejen, como mínimo, las obligaciones de los Estados de acuerdo con el derecho internacional. La autorización de cada transferencia será concedida, por escrito, por funcionarios públicos designados con este fin, sólo si la transferencia en cuestión se ajusta a los Principios enunciados infra, y no se concederá cuando sea probable que las armas o municiones se desvíen a un receptor distinto del destinatario legal estipulado o se re-exporten con fines contrarios a los objetivos de estos Principios.

Principio 2: Limitaciones expresas

Los Estados no autorizarán transferencias internacionales de armas o municiones que violen sus obligaciones expresas de acuerdo con el derecho internacional.

Estas obligaciones comprenden:

A. Obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo:

a. resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad, tales como las que imponen
embargos de armas;
b. la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza;
c. la prohibición de intervenir en asuntos internos de otro Estado

B. Cualquier otro tratado o decisión por el cual ese Estado esté obligado, incluyendo:

a. decisiones vinculantes, incluyendo embargos, adoptadas por entidades pertinentes
internacionales, multilaterales, regionales y subregionales de las que el Estado forme parte;
b. prohibiciones sobre transferencias de armas que se deriven de tratados particulares en los que el Estado sea Parte, tales como la Convención de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados y sus protocolos, y la Convención de 1997 sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.

C. Principios universalmente aceptados del derecho internacional humanitario, incluyendo:

a. la prohibición del uso de armas de tal índole que causen males superfluos o
sufrimientos innecesarios;
b. la prohibición de armas o municiones que sean incapaces de distinguir entre
combatientes y civiles.

Principio 3: Limitaciones basadas en el uso real o probable

Los Estados no autorizarán transferencias internacionales de armas o municiones cuando éstas vayan a ser usadas para violar el derecho internacional o sea probable que vayan a ser usadas para este fin, incluyendo:

A. violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y normas del derecho consuetudinario relativas al uso de la fuerza;
B. graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos;
C. graves violaciones del derecho internacional humanitario;
D. actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Principio 4: Factores que se deben tener en cuenta

Antes de autorizar una transferencia de armas, los Estados tendrán en cuenta otros factores, como el uso probable de las armas o las municiones, incluyendo el historial del receptor en materia de cumplimiento con los compromisos y la transparencia en el campo de la no proliferación, el control de armas y municiones y el desarme. Los Estados no deben autorizar la transferencia si es probable que ésta:

A. vaya a ser usada para la comisión de actos terroristas o para facilitar dicha comisión;
B. vaya a ser usada para la comisión de crímenes violentos o actos de delincuencia organizada o para facilitar dicha comisión;
C. perjudique la seguridad o la estabilidad regional;
D. perjudique el desarrollo sostenible;
E. suponga prácticas corruptas;
F. contravenga otros compromisos asumidos o decisiones tomadas en el ámbito internacional, regional o subregional o acuerdos suscritos sobre no-proliferación, control de armas y desarme por los Estados exportadores, importadores o de tránsito.

Principio 5: Transparencia

Los Estados remitirán cada año informes nacionales exhaustivos sobre todas sus transferencias internacionales de armas y municiones a un registro internacional, que se encargará de publicar anualmente un exhaustivo informe internacional compilatorio. En estos informes figurarán todas las transferencias internacionales de armas y municiones convencionales, incluidas las armas pequeñas y ligeras.

Principio 6: Controles exhaustivos

Los Estados establecerán normas comunes sobre mecanismos específicos para controlar:

A. todas las importaciones y exportaciones de armas y municiones;
B. las actividades de corretaje de armas y municiones;
C. las transferencias de la capacidad de producción de armas y municiones; y
D. el tránsito y transbordo de armas y municiones.
Los Estados establecerán disposiciones operativas para la vigilancia del cumplimiento de estos Principios, así como procedimientos de revisión destinados a reforzar su aplicación plena.



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http://web.amnesty.org/library/Index/ESLNW...&of=ESL-GNQ

ÁFRICA: EL CLAMOR DE LOS ÚLTIMOS

África parece hoy un continente arrasado por los cuatro jinetes del Apocalipsis: la guerra, el hambre, la peste y la invasión de los bárbaros. Tan cerca de nosotros -sólo nos separan 14 kilómetros de mediterráneo- y sin embargo tan ignorada en las agendas políticas, en los programas de desarrollo económico, en la apertura de nuestras fronteras a gentes, productos y sueños de justicia provenientes de allí. Sólo los cayucos que llegan a nuestras costas y la alarma social que despiertan nos recuerdan que África está ahí y que la situación que soportan los africanos resulta tan insufrible, que algunos de ellos prefieren sucumbir en un naufragio a entregarse a una de las muchas formas de muerte que asolan el continente.

A pesar de los inmensos recursos naturales (petróleo, oro, diamantes, uranio, cobalto wolframio, etc.) que posee y de la juventud de su población, es el continente más asolado por las guerras, con mayor cantidad de países empobrecidos, con el más elevado número de refugiados, con más analfabetos y sometido a la más terrible pandemia de SIDA.

El siglo XIX contempló cómo las potencias europeas, so pretexto de intenciones humanitarias y antiesclavistas, se repartía el continente en la tristemente famosa Conferencia de Berlín (1884-1885). La colonización sentó las bases del presente desolador que vive hoy África. Un continente supeditado a las necesidades económicas de los países colonizadores y a sus intereses geoestratégicos. Los procesos de descolonización e independencia tras la segunda guerra mundial no supusieron una quiebra importante de esa supeditación. La formación de los nuevos Estados respondía a la división realizada por las potencias coloniales y las élites políticas sólo se aseguraron la lealtad de las poblaciones por medio de redes clientelares y un modelo despótico de gobierno, que dependía para su sostenimiento de la complicidad de las antiguas metrópolis.

Durante la guerra fría Washington y Moscú convirtieron los diferentes actores africanos en meros títeres de su enfrentamiento, alimentando prolongados conflictos bélicos y contribuyendo a reforzar las estructuras de los Estados neopatrimoniales (redes clientelares). Sin embargo, el final de la guerra fría no trajo consigo una recuperación de caminos democráticos para la solución de los grandes problemas que afectaban a las poblaciones. Más bien se produjo un colapso de los estados poscoloniales y la proliferación de nuevos conflictos armados. Desde el "boom" de las independencias en los años 60 no ha habido un solo año de paz en todo el continente africano. A esto ha contribuido el carácter exógeno de las instituciones políticas y administrativas (fronteras, solapamiento de burocracia estatal y las estructuras tribales), la dependencias respecto a los intereses económicos y políticos de las metrópolis, el personalismo y patrimonialismo de las élites africanas, su vinculación especial con determinadas líneas étnicas, regionales o religiosas, la desintegración de los Estados tras la cancelación de las aportaciones de los actores de la guerra fría y muchas otras causas.

En casi todos los conflictos bélicos nos encontramos con una pluralidad de actores: no sólo fuerzas regulares y grupos paramilitares, gobiernos y señores de la guerra, sino también mercenarios, bandas criminales y ejércitos privados, traficantes de armas, empresas transnacionales con intereses en la zona, organizaciones internacionales y organizaciones humanitarias. Lo que está claro es que la mayoría de las víctimas procede de la población civil (desplazamientos masivos, crisis alimentarías, asesinatos en masa y genocidios). Una de las armas más importantes en estos conflictos bélicos es la propia violación de los derechos humanos, que se ha convertido en un objetivo directamente perseguido.

Frente a la imagen más extendida por los medios de comunicación, en la que los conflictos armados africanos son presentados como conflictos étnicos y tribales, salvajes e irracionales, es necesario atender a la crisis de los Estados poscoloniales tras el final de la guerra fría, que supuso para las élites africanas la pérdida de las fuentes de financiación que permitían el mantenimiento de sus redes clientelares y sus modelos despóticos de gobierno. Ahora se buscan esas fuentes en el tráfico de armas, el control de las materias primas o de la ayuda humanitaria. Los conflictos bélicos poseen pues una perversa racionalidad, tanto para los actores internacionales (gobiernos occidentales, empresas transnacionales, economía criminal del tráfico de armas, comercio de diamantes, etc.), como para élites locales. Para entender dichos conflictos es necesario analizar el funcionamiento de las redes criminales internacionales y su imbricación con la economía legal.

Sin embargo, el arma que más mata en África es, sin duda, el SIDA. Basta comparar las cifras de víctimas mortales de la guerra (300.000 en 2004) con las del SIDA (3 mill. ese mismo año). Se calcula que entre el 60 y el 75% (entre 25 y 34 mill.) de los infectados por el virus en el mundo viven en África. En muchos países la esperanza de vida se ha reducido a 40 años. Y aquí los más afectados son las mujeres y los niños. Cerca de 600.000 niños seropositivos nacen cada año en África (90% del total mundial) y 11 mill. han quedado huérfanos. Se trata de un genocidio silencioso al que cooperan la escasa voluntad política de las grandes potencias mundiales, los intereses comerciales y económicos de las grandes empresas farmacéuticas y las dificultades casi insalvables de los programas de prevención y sensibilización.

La sociedad global de la información

Por Armand Mattelart
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Un mundo sin muros

Horizontalidad, transparencia, fluidez, flexibilidad, autonomía de los actores, civismo: este prêt-à-penser* que se ha tejido en torno al paradigma, definitivamente central, de la empresa en cuanto propietaria del criterio de iniciativa y de rendimiento, se apoya, él también, en la creencia en el poder de las tecnologías informacionales (también llamadas tecnologías de la coordinación) para trastornar de cabo a rabo las relaciones sociales. El credo de la empresa-red, de fronteras porosas y difíciles de abarcar, enumera los nuevos valores gerenciales destacando el contraste con la figura opresiva del modo de organización cerrado, compartimentado y escalafonado del régimen fordista.

La estabilidad de las formas de organización y dirección jerárquica y la perennidad de la localización geográfica del poder se esfuman ante el imperativo de la adaptabilidad constante y la tendencia a deslocalizarlo todo. El poder se hace proteiforme y entra en una metamorfosis permanente.

Integración y ubicuidad son palabras claves. La trasgresión de las fronteras es su corolario, ya sean físicas o funcionales. Lo local, lo nacional y lo global encajan. Se piensa en la concepción, la producción y la comercialización de forma sincrónica. El continente y el contenido, el hardware y el software, se abrazan. Este racimo fusional tiene su neolengua: glocalize, neologismo acuñado por los directores japoneses para referirse a la circularidad local/global; intermestic, inventado por los futurólogos norteamericanos para expresar la disipación de la línea de separación entre el espacio internacional y el espacio interior (domestic); «coproductor» o «prosumidor», que consagra al usuario como miembro de pleno derecho en el proceso de producción.

La noción de red es el nuevo proteo. La empresa-red se convierte en símbolo del fin de la contradicción entre trabajo y capital que ha condicionado la era industrial. Según la tesis del sociólogo Manuel Castells, sólo permanecen en liza los trabajadores en red erigidos en clase dirigente, por ser portadores del «espíritu del informacionalismo». Se vacía así al cibermundo de sus agentes sociales y el proceso de trabajo sólo se ve a través de la relación técnica. Aunque, quiérase o no, el modo de desarrollo informacional sigue «siendo elaborado por, y puesto al servicio de, un conjunto de relaciones de propiedad con fines de acumulación, y no a la inversa» (Garnham, 2000, pág. 70).

La otra cara de la moneda. En el seno de la empresa: la presión sobre el asalariado sometido a prueba por un proyecto gerencial que debe llevar a cabo; el «formateo» de ese mismo asalariado gracias al perfeccionamiento de los métodos con vistas a conocer su personalidad y evaluar su capacidad de adaptación a determinados requisitos; la perpetuación de los procedimientos de organización industrial que imponen sus ritmos y se extienden a los oficios de los servicios, enfrentados a una fuerte competencia; la explotación de las obreras de las cadenas de montaje de la industria electrónica en las zonas francas, etc. Fuera de la empresa: el modelo gerencial que sirve de norma a la nueva «sociedad de control». Un control a corto plazo, de rotación rápida, pero continua e ilimitada, sucesora de los mecanismos de coacción de las sociedades disciplinarias (Deleuze, 1990; Deleuze y Guattari, 1991). Mecanismos represivos que, para los excluidos del sistema tecno-global, siguen siendo el horizonte de todos los días.

Un mundo sin leyes

La razón gerencial es la «versión técnica de lo político» (Legendre, 1997). La libertad de expresión ciudadana se ve obligada a cederle la mano a la «libertad de expresión comercial», es decir a dejar paso a la penetración de la market mentality en todos los intersticios del espacio público. Así se naturalizan la noción neopopulista de global democratic marketplace y, con ella, los tópicos sobre la libertad de palabra y de elección del individuo. Un individuo en ingravidez social. La definición de la «diversidad cultural» se transmuta en pluralidad de ofertas de servicio a consumidores de libre albedrío. Es el vocabulario utilizado en los informes Bangemann, por ejemplo. Los argumentos del lobby de las industrias de la información contra la Directiva europea sobre protección de datos individuales son del mismo jaez. «Las restricciones en nombre de la protección de la vida privada no deben permitir que se impida el ejercicio del derecho a los negocios (legitimate business) por medios electrónicos tanto en el interior como en el exterior de las fronteras» (Eurobit y otros, 1995).

La libertad de comunicación no debe sufrir entredicho alguno. Las reservas que cabe expresar en relación con esta concepción de la libertad pronto serán tachadas por los grupos de presión de intentos de restauración de la censura. Sólo la sanción ejercida por el consumidor en el mercado de la libre oferte debe regir la circulación de los flujos culturales e informacionales. El principio de autorregulación deslegitima así cualquier tentativa de formulación de políticas públicas, nacionales y regionales en esta materia. No encuentran clemencia ni los interrogantes sobre el papel que ha de jugar el Estado en la organización de los sistemas de información y comunicación con el fin de preservar las vías de la expresión ciudadana de las lógicas de la segregación frente al mercado y a la técnica, ni aquellos que se refieren a la función de las organizaciones de la sociedad civil como factor de presión decisivo para exigir de la autoridad pública este arbitraje. El mundo se metamorfosea en «comunidades de consumo» (consumption communities). El término de comunidad, desde luego, jamás ha sido utilizado de forma tan indiferente y hueca.

El Estado mínimo

«El siglo XX no ha sido más que un paréntesis estatal [...] Respondemos a la pregunta de la pobreza diciendo que, cuanto más libremente funciona una economía, cuantos más empleos crea, mejor remunera a sus asalariados y menos pobres crea [...] La intervención del Estado sólo es necesaria en los ámbitos del ejército, de la policía y de la justicia. Todo lo demás puede gestionarlo el sector privado. Para mí, está claro que la nueva economía está en línea con este proyecto de libertad». Es lo que piensa un responsable del Cato Institute, think tank en la órbita de la corriente libertaria, el más radical dentro de la familia neoliberal. Doctrina única sobre las redes: la aplicación del derecho comercial común ( Boaz, D., «Entretien», Le Monde. Cahier économie, 25 de enero de 2000)

Otro testimonio: el del presidente de ATT que no duda en dar lecciones a los delegados gubernamentales ante la conferencia Telecom 99, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra: «La revolución global de las comunicaciones puede ser la primera revolución en la historia en la que no hay perdedores [...] Su motor son las fuerzas de la competición y de la tecnología. Una nueva tecnología genera una nueva competición. Y una nueva competición genera a su vez una nueva tecnología. Así es como trabaja cualquier mercado libre. En el mercado de las comunicaciones, la industria es la que debe proporcionar la tecnología y la competición. La política pública, por su parte, debe crear el entorno que permita que el motor funcione sin tirones, un entorno en el que la nueva tecnología y la nueva competición puedan entrar en el mercado sin ninguna obstrucción [...] Una vez creado el entorno para la competición, los reguladores deben dar pruebas de control de sí mismos y mantener las manos fuera del motor. Es preciso, pues, que cambie la perspectiva de la regulación».


Más concreto en sus esfuerzos de lobbying, el think tank conservador Progress and Freedom Foundation ha propuesto en su informe La revolución de las telecomunicaciones: una oportunidad para Estados Unidos que la propiedad del espectro electromagnético deje de considerarse como un «bien común» gestionado por las autoridades públicas y se convierta en propiedad privada. Los titulares de licencias de emisión se convertirían así en propietarios de su porción de frecuencias que serían libres de utilizar, desarrollar y vender según sus estrategias comerciales, y el resto del espectro pasaría a ese nuevo ámbito de «propiedad privada electrónica». De tal modo que los órganos de regulación públicos resultarían obsoletos. El argumento: estimular usos de frecuencias más innovadores, mediante el juego de la mano invisible de la oferta y la demanda. Esta filosofía de autorregulación que se pone en manos de los intercambios en el mercado no deja de recordar la que prevalece en el nivel de la protección del medio ambiente en el que los agentes privados se intercambian los derechos a contaminar. (Amstrong, M., «Technology and Public Policy. The Global Communications Revolution», Address delivered as the Public Policy Keynote, Telecom 99, Ginebra, 11 de octubre de 1999)

El archipiélago de las resistencias: el tecnoapartheid

Junto con la transparencia, el igualitarismo es uno de los temas manejados por las tecnoutopías. La creencia en una nueva edad ateniense de la democracia alimenta la esperanza de salir de la espiral de la pobreza. Sin embargo, la principal enseñanza que suministra la historia es que, en el transcurso de la construcción de la economía-mundo, las formas sociales que han adoptado las redes no han dejado de ahondar las distancias entre las economías, las sociedades, las culturas repartidas según la línea de separación del desarrollo (Braudel, 1979; Wallerstein, 1990). Las evidencias que empiezan a acumularse obligan a relativizar el despegue de las profecías sobre el poder de las herramientas reticulares para conmover las jerarquías y hacer que retrocedan las lógicas de segregación.

En su conferencia general celebrada en octubre de 2001, la UNESCO ha llegado a plantear el problema en el plano de las exigencias de una «infoética» y a considerar las disparidades existentes ante las nuevas tecnologías como el punto de partida de sus recomendaciones sobre «la promoción y uso del multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio» sin los cuales el «proceso de globalización económica sería culturalmente empobrecedor, no equitativo e injusto» (UNESCO, 2001). Ha recordado, en esa misma ocasión, que «la educación básica y la alfabetización son prerrequisitos para el acceso universal al ciberespacio». Idénticas preocupaciones sobre la desigualdad han decidido a la institución internacional a organizar, conjuntamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una «cumbre mundial sobre la sociedad de la información», en el año 2003, en Ginebra, para discutir acerca de la necesidad de «regulación global», en relación con el carácter de «bien público global» que deberían tener la información y el conocimiento, como parte esencial de una esfera pública. En su Informe Mundial sobre el desarrollo humano para el año 1999," el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había llamado la atención sobre la creciente marginalización informacional de una mayoría de países y, en el interior de cada país (cualquiera que sea el continente), la existencia de la línea de separación entre los info-ricos y los info-pobres, la fractura digital, o digital divide, (PNUD, 1999). «El internauta tipo –según podía leerse- es un hombre menor de treinta y cinco años, titulado superior, que dispone de elevados ingresos, vive en ciudad y habla inglés». En África del Sur, sin embargo bien dotada en comparación con el resto del continente, numerosos hospitales y las tres cuartas partes de los establecimientos escolares carecen de líneas telefónicas. Más sencillamente, podría añadirse el hecho de que, cuando están titilando las promesas de infopistas, ¡multitud de países o regiones del planeta están desprovistos de una red nacional de carreteras medianamente digna y más de seiscientos mil pueblos carecen de electricidad! De las trece mil aldeas del campo senegalés, apenas tres mil cuentan con líneas telefónicas y cerca del 65% de la población todavía es analfabeta. Por no hablar del hecho de que, hoy en día, igual que en el siglo XIX en que Londres fue lugar de paso obligado para las redes transcontinentales del sistema mundial de cables submarinos, los Estados Unidos se han convertido en la encrucijada por la que han de transitar necesariamente los internautas de los países menos favorecidos para conectarse entre sí. Los más pobres pagan por los más ricos. Cuando un norteamericano envía un correo electrónico a un africano, el africano es el que paga. Mientras que la tarifa promedio de conexión por veinte horas de un norteamericano o de un finlandés se situaba, en el 2001, en los treinta dólares, superaba ampliamente los cien dólares en los países escasamente conectados.

La situación de la India dice mucho sobre la complejidad del sistema tecnoglobal de dos velocidades. Este país es el segundo exportador de software, después de los Estados Unidos, y el primer exportador de informáticos. Pero con más de mil millones de habitantes, de los que la mitad es analfabeta, en el año 2001 no disponía más que de veintiséis millones de líneas telefónicas y la tasa de penetración de Internet no llegaba al 0,2%. Dos indicios proyectan luz sobre el problema añadido de la fuga de cerebros. Una cuarta parte de las empresas informáticas creadas en Silicon Valley desde 1980 están dirigidas por indios o por chinos. Y en el año 2000 los Estados Unidos han modificado su ley sobre inmigración para facilitar la entrada de los informáticos extranjeros que les hacen falta. Los países de la tríada concentran entre ellos solos el 85% de la investigación científica, ya sea de origen privado o público: Japón y los dragones (18,6%), Europa occidental (28%), América del Norte (37,9%). Igual de inquietante, los países no industrializados que deciden deliberadamente iniciar la forzada andadura hacía la era de la información, adoptan una estrategia no sólo elitista sino también autoritaria. Es el caso de la pequeña isla Mauricio que ha tomado como modelo a Singapur para salir de la dependencia de los talleres de producción textil de las sociedades transnacionales deslocalizadas. En el otro extremo, está China popular que espera alcanzar al Primer Mundo creando zonas económicas especiales, verdaderos guetos francos, y apoyándose en un sistema piramidal de enseñanza superior. Las universidades están rigurosa y jerárquicamente clasificadas y el 15% de los bachilleres que ingresan son seleccionados en función de sus calificaciones. La estrategia de expansión comercial de Internet coexiste con la implantación de filtros que bloquean los, sitios considerados como indeseables y con la obligación que tienen los usuarios de registrarse ante la administración.

La aplicación del potencial de la mutación informacional al modelo económico de la globalización salvaje convierte las distancias en apartheid. La era digital procede a un nuevo diseño de la fisonomía de los territorios. Centros-fortalezas, verdaderos enclaves a imagen y semejanza de las ciudades privadas norteamericanas (new company towns) y empresas en las que los asalariados viven aislados en espacios planificados, encerrados entre cuatro paredes en medio de la panoplia de sistemas de videovigilancia y conectados por, red, a la inversa del inmenso no man's land info-pobre-excluido. Los urbanistas no ocultan sus temores de que este esquema pudiera trasplantarse a la ciudad desmaterializada del futuro: un hipercentro virtual, una «metaciudad», que sólo existe por la urbanización de las telecomunicaciones y que se está gestando en el proyecto de infopistas. Un centro que no está en ningún lugar y en todas partes a la vez, al que se accede gracias a las nuevas tecnologías, y una gran periferia desconectada (Virilio, 1996).

¿Hacia una sociedad civil global?

El acontecimiento global del tránsito al año 2000 debía ser el fallo de los ordenadores. La historia no lo decidió así. A finales de noviembre-principios de diciembre de 1999, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las asociaciones de consumidores se han movilizado masivamente en Seattle, en pleno corazón de Estados Unidos, contra las derivas y peligros de un mundo «todo mercado», con motivo de la tercera conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Una reunión en la cumbre cuyo objetivo era el de inaugurar un nuevo ciclo de negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo sobre servicios (General Agreement on Trade in Services - GATS) que haría extensiva la ley del librecambio a sectores a los que cabe considerar como «bienes públicos», tales como la cultura, la sanidad, la educación y el medio ambiente. La propia legitimidad del sistema de las grandes instituciones financieras y comerciales multilaterales cuya función es la de regentar el proceso de mundialización ha quedado maltrecha. Su antidemocrático modo de operar y la sobrerrepresentación de los países ricos han sido estigmatizados. Menos espectacular pero no menos significativa, en abril de 1998, la acción concertada, escalonada a lo largo de tres años, de más de seiscientas organizaciones en unos setenta países, que a golpe de correos electrónicos y de sitios web había logrado interrumpir las negociaciones lanzadas por la OCDE a propósito del Acuerdo Multilateral (AMI) sobre la liberalización desaforada de las inversiones.

El efecto Seattle es tal que desde entonces no hay cumbre relacionada con los «problemas globales» que no sea objeto de protestas: Davos, Washington, Bangkok, Okinawa... Reunidos en julio de 2000 en esta ciudad japonesa, y en presencia del gotha de la informática, los miembros del G8 han firmado una «Carta sobre la sociedad global de la información» en la que reiteran su voluntad de defender la propiedad intelectual y luchar contra el pirateo de programas, continuar con la liberalización de las telecomunicaciones, promover normas comunes y proteger al consumidor. Incluso se ha constituido una «fuerza operacional» compuesta por expertos para proponer soluciones a la «fractura mundial en el ámbito de la información y el conocimiento». La respuesta de la calle no tardaría. El colectivo Jubilee 2000 quemó un ordenador portátil delante del centro de conferencias. Una forma de denunciar la hipocresía que suponía proclamar una Carta llena de buenas intenciones, en la que se propone facilitar el acceso a Internet a los países pobres, y en cambio permanecer evasivo respecto del problema de la disminución de la ayuda pública al desarrollo, que ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos cincuenta años, y sobre el de la condonación de la deuda que, para ciertos países, absorbe más de la mitad de su presupuesto anual. Detalle chusco: el subcomandante Marcos se comunica con las redes de resistencia al nuevo liberalismo ¡mediante un ordenador de las mismas características!

Durante la cumbre de Génova, en julio de 2001, los miembros del G8 han dado un nuevo impulso al proyecto aprobado en Okinawa y han respaldado un «plan de acción sobre la manera con que los e-gobiernos podrían reforzar la democracia y el estado de derecho». Este generoso anhelo contrasta, no obstante, con la extremada violencia de que hacen gala las fuerzas del orden en la represión de las manifestaciones pacíficas del movimientro antiglobalización en protesta por el intervencionismo, cada vez más evidente, de los países ricos en la gestión de los asuntos del planeta. El esquema de actuación propuesto por el mencionado «directorio del mundo» para yugular la fractura digital es, en cierto modo, un tubo de ensayo para la elaboración de una nueva gobernancia mundial que asocia el sector público con el sector privado (empresas, fundaciones filantrópicas). Los miembros del G8, en efecto, no ocultan que tienen la intención de retirarse de los canales tradicionales y burocráticos de las agencias de las Naciones Unidas y pregonan abiertamente su voluntad de conjugar eficacia e implicación del sector privado. Puede observarse el mismo esquema de colaboración en el lanzamiento, en esta misma cumbre de Génova, del «Fondo Mundial de la Salud», entre cuyos donantes figura, de forma destacada, la fundación del amo de Microsoft.

En vista de la notoriedad y los resultados de las cibermovilizaciones desencadenadas por los actores sociales a escala mundial, las confesiones más diversas del espectro político no han tardado en pregonar el advenimiento de una «sociedad civil global». La expresión incluso ha colonizado el lenguaje de la diplomacia y la estrategia militar. Como atestigua el giro acuñado por la prestigiosa revista Foreign Affairs: «electronically networked global civil society». Las manipulaciones de las que es objeto la noción invitan, no obstante, a la circunspección, máxime teniendo en cuenta que la noción en sí de «sociedad civil» está lastrada por una larga historia trufada de ambigüedades.

Tal extrapolación suele hacer caso omiso de la complejidad de las reconfiguraciones que afectan al Estado-nación en su articulación con la sociedad civil nacional, confrontados ambos con las lógicas de la mundialización. Hace todavía más agobiante una negativa a replantearse la mediación estatal fuera del prêt-à penser del fin del Estado-nación. Quiérase o no, el territorio del Estado-nación sigue siendo el marco histórico y funcional del ejercicio democrático, el lugar de definición del contrato social. Está muy lejos, pues, de haber alcanzado el grado de obsolescencia que le atribuyen los cruzados de la desterritorialización mediante redes interpuestas. Se necesita la miopía de los tecnolibertarios para prestar ayuda a este populismo globalitario que se prevale de la representación simplista de un Estado abstracto y maléfico, opuesto a la de una sociedad civil idealizada, espacio liberado de los intercambios entre individuos plenamente soberanos. A despecho de todos los discursos sobre la relativización del lugar que ocupan los Estados-naciones, las negociaciones de Estado a Estado siguen siendo un paso obligado para imponer una relación de fuerza contra las derivas del ultraliberalismo. Una de las tareas de la sociedad civil organizada es también la de actuar para que el Estado no se desprenda, por propia iniciativa, de su función reguladora.

El atractivo que ejercen las proezas de la red técnica corre parejo con la idea de obsolescencia de las formas anteriores de resistencia social y con otra que induce una lectura errónea de la genealogía específica de las redes sociales contemporáneas de alcance planetario. Del mismo modo que los artesanos de la «revolución en los asuntos militares» barren del mapa estratégico del globo los conflictos de la «era agraria» o de la «era industrial», el enfoque tecnicista predispone a hacer tabla rasa de las modalidades de la reivindicación, características de la llamada era preinformacional. Sin embargo, en la protesta contemporánea ante el proyecto de orden tecnoglobal, las formas de resistencia experimentadas se entremezclan con las inéditas tal y como, de hecho, lo hacen las formas de explotación y opresión por su parte. Los movimientos campesinos, con orígenes y formas de lucha ancladas en lugares muy concretos -desde los campesinos sin tierra de Brasil hasta los campesinos franceses que protestan por la «comida basura» son una de las expresiones, entre otras, del paciente trabajo de reformulación de modos de resistencia emprendido hacia finales de los años setenta a lo largo y ancho del mundo, por múltiples organizaciones ciudadanas, tanto a escala local y nacional como internacional. Y, hay que tener la honestidad de añadir, ¡con intereses y reivindicaciones no siempre ni necesariamente conciliables! La verdadera novedad es que los sindicatos, asociaciones y otros movimientos sociales que emprendían luchas que creían aisladas han empezado a tomar conciencia de que juntos constituían un archipiélago planetario de resistencias. La nueva visión alcanzada mediante la participación de una red mundial solidaria aumenta el poder de negociación a escala local.

El efecto de demostración de las experiencias de los unos influye en la práctica de los otros. Ésta es una de la principales aportaciones del primer Foro Social Mundial, organizado en Porto Alegre (Brasil) a finales del mes de enero de 2001. El objetivo de este acontecimiento, réplica del Foro Económico de los altos responsables globales en Davos (Suiza), era el de superar la fase de las quejas para iniciar la de la reflexión con vistas a la formulación de propuestas alternativas al modelo de mundialización ultraliberal. La contrapartida de la proliferación de los intercambios es que los organizadores han optado por no emitir conclusiones finales.

A estas resistencias y luchas fragmentadas les queda sin duda un largo camino por recorrer antes de llegar a una convergencia estratégica que tenga peso en las decisiones colectivas. A fortiori, en las que conciernen a la arquitectura de la llamada sociedad global de la información. Una cuestión estructural eminentemente política que, de manera paradójica, no siempre ocupa el lugar que debiera corresponderle en el orden del día de la reflexión que emana de las organizaciones ciudadanas guiadas por el nuevo «sentimiento de la humanidad». Una expresión acuñada por los revolucionarios de 1789 para significar el ideal que impulsa la marcha incesante de las sociedades particulares hacia formas superiores de integración en una comunidad universal.

En estos tiempos en que el miedo impregna los modos de gobernar, conviene extremar la vigilancia ciudadana; porque desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los Estados ha reforzado sus dispositivos de seguridad en nombre de los imperativos de la lucha antiterrorista. «Cuando se tacha a la gente que hace preguntas, pide explicaciones o, incluso, emite críticas, de faltar al patriotismo, eso resulta peligroso». Las intromisiones, arbitrarias o legales, en las libertades colectivas e individuales, entrañan el riesgo, en efecto, de reprimir el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a manifestar su desacuerdo respecto de las lógicas segregadoras del sistema mundial en gestación.

Las siete vidas del colonialismo

MIGUEL BAYÓN

BABELIA - 10-12-2005

En la larga trayectoria del historiador francés Marc Ferro (1924), hoy director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, siempre ha pesado de modo determinante su etapa de docente en Argelia. Ahí supo de las brutalidades cometidas por las fuerzas armadas francesas y ató cabos sobre un tema, el colonialismo, que en lo académico puede ser ceñido, etiquetado y envasado en mil formatos, pero que en la sociedad se resiste a morir y, aliado con factores como la globalización o la pujanza de religiones y nacionalismos, y sobre todo del terrorismo, tiene cuerda para rato.

Ferro ha coordinado a una veintena de estudiosos para abordar la historia del colonialismo lo más poliédricamente posible. El plan de la obra no desdeña un desarrollo cronológico del tema, pero sobre todo intenta situar diversas facetas, tales como la práctica del exterminio (que toca las matanzas de indios caribeños y norteamericanos, pero también de los aborígenes de Australia); la trata y la esclavitud (en clave africana, y asimismo del sur de Estados Unidos); dominaciones y resistencias (en América, Asia y África, con referencias no sólo a los imperios español y portugués, sino al sistema penal francés en Guayana, a la desdichadísima suerte del Haití que fue pionero en la revuelta anticolonialista, y también al Raj británico, a la Indochina francesa, el peso ruso en el Cáucaso o el tan olvidado en Occidente imperialismo japonés). El caso africano se completa con enfoques no por minoritarios en las bibliografías menos horrorosos, tal como la dominación árabe en Zanzíbar, el apartheid surafricano, y el relato de cuanto ha hecho de Argelia un país asomado al abismo. Otro capítulo se centra en las mujeres bajo el colonialismo. Y asimismo se presta atención a la variedad de discursos ligados al anticolonialismo, con interesantes anexos al contexto como el recordatorio de películas como Pépé le Moko o La batalla de Argel. Desde luego, a lo largo de las páginas el lector hallará múltiples referencias a Argelia, comprensibles por las vivencias del propio Ferro, pero nunca oportunistas.

Se ha conseguido un libro tan voluminoso como ágil. Los autores no incurren en la mera narración blindada de fechas o estadísticas, pero tampoco faltan datos y el aparato bibliográfico busca no vencer por aplastamiento. Lo más polémico es el recurso a la teoría y a las representaciones porque se pisa terreno minado por la multiplicidad y el color desde el que se mira: pero resulta un aspecto cuya oportunidad y cuyo considerable tamaño en el libro queda fuera de duda, a la vista de los resultados, es decir, de los horizontes que al lector se le abren. La introducción, del propio Ferro, sitúa la investigación desde el enunciado: "El colonialismo, reverso de la colonización". Ferro, pertinentemente, cree que al lector hay que presentarle, sin tapujos, la dialéctica entre herencia y confrontación que constituye la huella de un enorme periodo histórico cuya senda, nos guste o no, aún seguimos pisando.


MIGUEL BAYÓN
BABELIA - 10-12-2005

EL LIBRO NEGRO DEL COLONIALISMO. Siglos XVI al XXI: del exterminio al arrepentimiento
Marc Ferro (director)
Traducción de Carlo Caranci
La Esfera de los Libros

Madrid, 2005
1.051 páginas. 39 euros

“Vistos desde una distancia suficiente, los coches en que viajamos y que, lo sabemos muy bien, nosotros mismos construimos se ven como si fueran, dicho en palabras de Heisenberg, “una parte tan indivisible de nosotros como la concha del caracol es de su ocupante”. Todo nuestro orgullo por lo que podemos hacer desaparecerá en una especie de mutación de la raza humana; el conjunto de la tecnología observado desde ese lugar, en realidad ya no se ve como el resultado de un esfuerzo humano consciente para extender los poderes materiales del hombre, sino más bien como un proceso biológico a gran escala.” (Arendt, 1996: 239)

“Hasta qué punto la acción y el pensar pueden sostenerse desde la actividad científica es ciertamente una cuestión de matices, porque si bien es cierto que los científicos y su actuar han resultado ser de gran resonancia pública y de gran significación política, sin embargo, carecen –en su propia actividad como científicos no como ciudadanos– de la posibilidad de proporcionar significado a la acción. Ello se debe a que actúan en la naturaleza desde el “punto de vista del universo” y no “en la trama de las relaciones humanas”. (Arendt, 1993: 348)


LA FILOSOFA QUE ESTABA EN EL SECRETO

Manuel Cruz

Probablemente de la obra de Hannah Arendt se pueda predicar aquella frase de René Char que ella gustaba tanto de citar: "A nuestra herencia no la precede ningún testamento". Quizá a la autora le cumpla el tópico elogio según el cual su figura no cesa de crecer, va tomando -conforme pasa el tiempo y se suceden los lectores- una mayor importancia en el debate de ideas. Pero, aunque así fuera, se mantendría como un asunto abierto la cuestión del signo global de su propuesta, la del valor que cabe atribuir al conjunto de sus aportaciones, la del sentido, en fin, de todo lo que pensó.

Reconozco mi sobresalto -fronterizo al estupor- cuando, algunos meses atrás, me tropecé con la afirmación de Slovan Žižek según la cual el prestigio de que goza últimamente Hannah Arendt es "el signo más claro de la derrota de la izquierda". Según su interpretación, sería la inspiración arendtiana la que estaría detrás de la operación de una presunta factoría Arendt consistente en intentar imponer la idea, manifiestamente reductivista, de que política y democracia liberal son una misma cosa. Lo de menos es que el filósofo esloveno se alzara frente a esto con la bandera de la radicalidad (sobre todo porque lo hacía reivindicando el legado de Stalin). Mucho más importante que eso es lo que tiene su valoración de auténtico indicio de la manera en que ha ido evolucionando la imagen de la figura de Arendt en los últimos decenios.

En cierto sentido, me atrevería a decir que estaba al caer una valoración así. Arendt llevaba bastante siendo casi el paradigma -por no decir el modelo- de lo políticamente correcto en estos tiempos. En algún sitio recuerdo haber leído hace no mucho que las propuestas arendtianas se adecuan en exceso al nuevo sentido común emergente. Ellas contendrían, según esta interpretación, la dosis justa de feminismo, de radicalismo, de crítica al totalitarismo, de marginalidad o de progresismo, para proporcionar a los lectores de hoy el eclecticismo necesario para sobrevivir en el complejo mundo que nos ha tocado en suerte.

Pero está claro que una interpretación de semejante tenor informa más del intérprete que de la interpretada. En ocasiones tan solemnes como ésta, en la que, a un siglo del nacimiento de la autora, parece obligada la reconsideración de conjunto de toda su obra, acaso resultara de utilidad darle la vuelta a la famosa frase de Picasso, "yo no busco, encuentro", y plantear la cuestión, no de lo que creemos haber encontrado en Arendt, sino de lo que andábamos buscando en sus textos, de los motivos que nos han llevado a reparar en lo que dijo, desatendiendo a tantos otros contemporáneos suyos. No creo que esta otra cuestión tenga una respuesta fácil u obvia.

Eso sí, el enfoque propuesto permite dejar de lado discusiones que, bajo esta luz, tendrían menos interés. Como, por ejemplo, la propiciada por algunos pensadores, extremadamente críticos con las propuestas arendtianas. De hecho, bastante antes de que irrumpiera en escena el inefable Žižek, personajes tan ilustres como Ernst Gellner, Eric Voegelin, Stuart Hampshire, Robert Nisbet, Eric Hobsbawm o el mismísimo Isaiah Berlin habían planteado a dichas propuestas reproches de muy variado tipo, incluido el de que ninguna de ellas aportaba nada realmente nuevo en el plano de la teoría. La reticencia -muy reiterada después en el ámbito académico- tiene un cierto fundamento, a qué negarlo. Sin embargo, una doble puntualización se impone al respecto. La primera es que del hecho de que las respuestas formuladas por Arendt puedan parecer en más de un caso insuficientes, inadecuadas o poco novedosas no se desprende en modo alguno que las preguntas a las que ella pretendía responder no fueran pertinentes. Como tampoco se sigue de tales valoraciones negativas una impugnación del conjunto del proyecto de la autora de La vida del espíritu. Sentado lo cual, la pregunta por nosotros mismos en cuanto herederos-sin-testamento de su obra puede ser puesta ya en primer plano. Al hacerlo, algo llama la atención. Se han vuelto a leer, obteniendo ahora el favor del público, trabajos que tanto en el momento de su publicación como unos cuantos años después o bien no llamaron la atención o bien fueron denostados atribuyéndoles la condición de exponentes claros de la naturaleza conservadora del pensamiento arendtiano. Sus reflexiones sobre la autoridad, la cultura, la conquista del espacio, la educación, la tradición o la responsabilidad colectiva (por no mencionar sus aportaciones más publicitadas sobre la banalidad del mal, el republicanismo, la violencia o el totalitarismo) reaparecen en nuestros días cargadas de perspicacia y buen sentido. Como si dijeran ahora cosas que antes no decían o, tal vez mejor, como si ahora estuviéramos en condiciones de entender a qué se referían.

La tentación de extraer, a partir de semejante experiencia de lectura, conclusiones del tipo el tiempo le ha dado la razón o similares es, ciertamente, grande: de pronto, alguien que estuvo a punto de pasar desapercibida en la historia de la filosofía emerge ante nuestros ojos como la filósofa que estaba en el secreto. Pero ver las cosas de esta forma implicaría una grave distorsión de perspectiva. Porque se trata, en el fondo, de un elogio desmesurado que busca ocultar, tras su aparente generosidad, el error o la incapacidad propias. Que el tiempo pueda haberle dado la razón o no es, en cierto sentido, lo de menos. Arendt no acertó siempre, qué duda cabe (mucho se ha escrito, por ejemplo, sobre sus derrotadas apuestas por el sistema de consejos implantado en Rusia tras la Revolución del 17, en España durante la Guerra Civil o en Hungría en 1956). No es así cómo se mide el valor de una filosofía. Con el desacierto hay que contar siempre, porque una historia en la que siempre se acertara sería una historia privada de libertad -regida por un confortable destino, por una afortunada fatalidad, pero perfectamente inhumana-. Sin embargo, a menudo parece que olvidamos tamaña obviedad, y continuamos argumentando como si se pudiera contar con algún tipo de progreso, avance o mejora, y nos sorprendemos al darnos cuenta de que quizá pasamos de largo ante algo que, ahora, al echar la vista atrás, nos parece importante, y nos preguntamos cómo pudo ser que tomáramos el camino equivocado... Vanas preocupaciones que únicamente sirven para mostrar las limitaciones de nuestra mirada. No son nuestros errores los que han hecho buena a Arendt (como tampoco han rebajado la importancia de los suyos), sino su acreditada capacidad para seguir pensando mientras, a su alrededor, tantos iban abandonando la tarea, cuando se extendía como una mancha de aceite el convencimiento de haber llegado a la tierra prometida de las creencias definitivas y las convicciones inapelables.

Con otras palabras, para estar a la altura de Hannah Arendt no basta con apostillar, al supuesto elogio de que estaba en el secreto, el comentario capcioso "¡Ah!, pero ¿hay secreto?". Se impone ser, en efecto, más radical, pero en el ámbito que verdaderamente corresponde, esto es, en materia de pensamiento. Se impone atreverse con una duda de fondo. Tal vez una de las peores cosas que le sucede a la filosofía (¿o se trata únicamente de un problema de filósofos?) es que le concede demasiada importancia a tener razón.


Manuel Cruz es catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona (El País, 13/12/2006).


http://www.monvir.net/Pensadores.%20Escrit...nnah_arendt.htm

¿Qué ocurre con la oposición política en África?

En el último año 2004 se realizaron en el continente africano elecciones generales en diez países. Estos fueron, Botswana (30 de octubre), Camerún (11 de octubre), Ghana (7 de diciembre), Madagascar (16 de diciembre), Malawi (20 de mayo), Mozambique (1-2 de diciembre, 2004), Namibia (15-16 de noviembre), Somalia (octubre de 2004), Sudáfrica (14 de abril) y Túnez (24 de octubre).


KHANYSSA MABYEKA | 16 05 2005

En general, los procesos electorales en los diferentes países se han caracterizado por la amplia tranquilidad y seguridad, por una creciente abstención de los electores y por la derrota de los partidos de la oposición. En los nueve países los partidos en el gobierno han permanecido en el poder y en algunos casos los partidos de la oposición decrecieron en términos de números de votos recaudados en relación a las anteriores elecciones.

Con este artículo pretendo analizar qué factores han influido en el bajo desempeño de los partidos de la oposición en los procesos electorales en el viejo continente en el año 2004. Pretendo explicar el fracaso de los partidos de la oposición en las elecciones generales realizadas en África desde la perspectiva de los recursos económicos disponibles; de la estructura propia de los partidos políticos y desde la relación con el electorado y los ciudadanos. No obstante, este análisis no incluirá el proceso electoral de Somalia, porque ocurrió fuera del país, en Kenya (el vencedor, Abdullahi Yusuf Ahmed, no ha estado en Somalia desde 1995), puesto que gran parte del país sigue controlado por señores de la guerra y sólo los somalíes de Kenya han podido participar del proceso y, también porque la ausencia de un gobierno central en Somalia no permite generalizar la relación entre partidos en el poder y partidos de la oposición.

Disponibilidad de recursos económicos

Aunque África está dotada de recursos (naturales, humanos y técnicos) la rentabilización de estos recursos es en la mayoría de los casos hecha de tal forma que los principales beneficiarios de los mismos acaban siendo los que tienen acceso directo a los círculos de toma de decisiones políticas, compuestos por miembros de la elite política y económica de los países. Esta situación permite a los que detentan el poder político utilizar esta situación de privilegio a su favor, pues pueden crear leyes y políticas que refuercen su posición en el contexto socio-político y económico local y global.

El acceso a los recursos económicos es un aspecto importante en el funcionamiento, desarrollo y proyección de los partidos políticos. En la mayoría de los casos son los partidos en el gobierno quienes tienen mayor acceso y control de los recursos económicos disponibles, lo que les permite:

- Empezar a hacer sus campañas electorales mucho antes del tiempo previsto previo a las elecciones, como ocurrió en Mozambique donde Armando Guebuza, vencedor de las últimas elecciones presidenciales empezó su campaña en el año 2002 como secretario general del partido en el poder (FRELIMO).

- Hacer una campaña electoral más amplia y con mayor difusión, al poder invertir tanto en el material necesario como en los medios para difundir sus mensajes.

- Comprar o corromper líderes de partidos de la oposición, que se comprometan a ignorar las actuaciones del partido en el poder, o a no hacer ninguna campaña electoral o aún hacer una campaña sin contenido.Las fuentes de financiamiento de los partidos políticos pueden ser varias. No obstante las principales fuentes económicas de los partidos africanos son:

- Financiamiento privado de fuera o dentro del país, normalmente de empresas. Instituciones o grupos de personas interesadas en el programa político del partido en causa o que consideran que pueden tener mayor influencia sobre las políticas de esos partidos. En el ámbito privado también son fuentes de financiamiento los familiares de los políticos, los propios líderes y ex líderes políticos de los mismos partidos.

- Financiamiento público. Algunos países, sobre todo los que acaban de salir de un conflicto armado, donde los grupos de la guerrilla se convierten en partidos políticos, suelen financiar por período determinado al partido o los partidos de la oposición con fondos públicos.

¿Que es lo que ha ocurrido en los diferentes procesos electorales de 2004?

Debilidad económica de la mayoría de los partidos: gran parte de los partidos de la oposición que se han presentado a las elecciones se han encontrado en una situación de insuficiencia de fondos para realizar sus campañas electorales. Esta situación no es relativa solamente a la participación en procesos electorales, sino que refleja una situación general de estas organizaciones.

Restricciones de acceso al financiamiento externo: la situación de falta de fondos propios para hacer las campañas electorales de algunos partidos se ha podido superar con financiamiento externo que han podido recibir de otros países. Lo que a pesar de que les condiciona en sus proyectos políticos ya que tienen que responder a algunas exigencias de sus donantes, les ha permitido participar en los procesos electorales y en algunos casos influenciar para que los demás partidos mejorasen sus proyectos y propuestas. No obstante, en algunos de estos países, tanto por fuerza de la legislación electoral vigente como por decretos creados al momento, se ha prohibido el apoyo financiero externo a los partidos de la oposición. Este es el caso de Namibia, donde el saliente presidente Sam Nujoma prohibió la obtención de fondos externos a los partidos de la oposición, mientras su partido recibía cerca de US$ 1 millón por parte de negocios privados. Esta situación ha colocado a los partidos de la oposición en situación de desventaja frente al partido en el poder que ha aprovechado esta situación en su beneficio y para perjudicar a sus oponentes.

No ha habido una inversión pública para promover el crecimiento y participación de los partidos de la oposición: Teniendo en cuenta lo dicho arriba, la debilidad económica es tal que sin una acción del gobierno concreta para potenciar los demás partidos de la oposición, estos seguirán teniendo los resultados que han tenido en las últimas elecciones. Si este es el camino que los países africanos han optado por seguir, la financiación con fondos públicos a los distintos partidos políticos, utilizando criterios de selección adecuados que sería necesario definir, podría ser una vía para potenciar una presencia y participación relevante de los partidos políticos en la solución de los problemas de los países. En ninguno de los países donde se celebraron elecciones el pasado año se ha dado un apoyo por parte del gobierno respectivo para potenciar los partidos políticos.

En algunos países como Mozambique esta situación se verificó en los años posteriores a la guerra (finalizada en 1992) y actualmente, aunque el principal partido de la oposición sigue recibiendo fondos del gobierno, estos no son propiamente para el proceso electoral sino para su funcionamiento.

No obstante, si el continente realmente quiere promover procesos democráticos donde los pueblos puedan elegir entre diferentes propuestas políticas y donde se pueda permitir una rotatividad política, habrá que inyectar recursos económicos para la promoción, capacitación y empoderamiento de los partidos de la oposición. Pero si el objetivo de los actuales regímenes es el de seguir potenciando su permanencia en el poder a cualquier coste, bajo el nombre de la democracia, una de cuyas formas de manifestación es la realización de elecciones periódicas, la actual situación es la perfecta para conseguir este fin.

La falta de políticas internas adecuadas para promover el crecimiento de los partidos de la oposición también lleva a que éstos, por conseguir los fondos que necesitan, acaben comprometiéndose con personas, países e instituciones que les financian y cuyos intereses no aportan nada de positivo para el continente africano en general al mantener las actuales relaciones de desigualdad y de explotación del Sur por los países del Norte.

La estructura de los partidos políticos

Los mayores partidos políticos de los nueve países mencionados, antes de convertirse en partidos políticos eran movimientos ‘revolucionarios’ que luchaban por un ideal que se resumía en la independencia política y económica de sus respectivos países de los imperialistas europeos. Y, la mayoría de los partidos de la oposición se han originado a partir de grupos y guerrillas que luchaban contra el gobierno en el poder, o han sido creados por los disidentes de los partidos hegemónicos.

Por diferentes motivos que no voy a analizar en esta reflexión, los partidos del primer grupo son en general los más organizados tanto en su estructura organizativa (jerarquías, procedimientos, políticas) como en términos de acceso y gestión de recursos materiales, económicos y humanos. Esta situación les otorga más posibilidades de llegar a través de sus mensajes y/o símbolos a los electores; inspiran cierta confianza como organización.

La mayoría de los partidos de la oposición, aún tienen algunas dificultades en este sentido. Algunos partidos de la oposición en Sudáfrica por ejemplo, no han tenido estructuras claras de partido que permitieran a la gente a comprender cómo funciona la estructura. Otros no tenían ni lideres, ni proyectos políticos de gobierno ni de sociedad claros y creíbles ni al principio ni al final de sus campañas electorales (Mozambique, Suráfrica...), lo que ha dejado a aquellos electores que habían perdido fe en el gobierno sin alternativa política. Algunos partidos incluso se han limitado a ser puramente reaccionarios, contestando y criticando las posiciones asumidas por los partidos en el poder, pero sin proponer alternativas ni soluciones innovadoras.

Es verdad que no todos los partidos de la oposición de los países en cuestión se encuentran en alguna o todas las situaciones mencionadas anteriormente, éstos serían los casos de Ghana y Botswana, donde ya tienen una cierta tradición de bipartidismo y quizás la derrota de los partidos de la oposición no la podríamos analizar desde estos parámetros.

La situación de capacidad de determinar las condiciones del proceso electoral de los partidos en el poder, aunque no sea una situación relacionada con la estructura de los partidos de la oposición, ha influenciado en la actuación de éstos que no han tenido poder para defender sus intereses. Por ejemplo, algunos gobiernos han prohibido los manifiestos de los partidos de la oposición o han determinado incluso pequeños detalles de las campañas electorales, como es el caso de Túnez donde el gobierno había decidido el tamaño de los pósteres electorales y se consideraba legitimado para sacarlos si no eran de su agrado.

Relación con el electorado y los ciudadanos

Está cada vez más claro que las elites gobernantes africanas cada vez necesitan menos de una población local que las legitime. La legitimación externa, por los gobiernos externos e instituciones internacionales, la ayuda al desarrollo, el control de los recursos naturales y de la fuerza militar, les permite perfectamente gobernar para ellos mismos bajo el nombre de la democracia.

No obstante a la hora de las elecciones, estos grupos gastan enormes cantidades de dinero haciendo campaña, lo que les lleva a tener que establecer una relación, puntual, con los electores, a través de sus comicios, fórums, debates públicos, etc. Existen los militantes y simpatizantes de los partidos políticos que aunque no estén de acuerdo con algunas posiciones y decisiones asumidas por los miembros de su partido en el gobierno siguen creyendo que es el mejor para gobernar. Como pasó con muchos simpatizantes del ANC (African National Congress) en Sudáfrica que aunque discrepaban con la posición del gobierno sobre algunas cuestiones como la causa del Sida y el acceso a retrovirales, o la política del Black Empowerment, seguían creyendo que éste era el mejor partido para gobernar la nueva Sudáfrica.

También la forma en la que el partido en el poder ha podido redistribuir los recursos públicos que gestiona entre, sobre todo, la clase media tanto de funcionarios públicos como de empresarios, influye mucho en el apoyo que recaba en las elecciones. La implementación de las políticas de ajuste estructural han significado un golpe duro para las prácticas redistributivas informales de los gobiernos, los cuales al tener que cortar el sustento a algunos miembros de la sociedad han perdido apoyo de éstos. En este sentido la lealtad de los colaboradores ha estado bastante asociada a la distribución de recursos existentes. Aunque teniendo que disminuir los recursos, los que ostentan el poder, se siguen beneficiando de esta situación porque pueden ejercer mejor esta función de redistribución, aunque desigual, dentro de la sociedad.

Por lo tanto, la relación que los partidos políticos establecen con su electorado durante los procesos electorales suele estar relacionada con una mayor distribución de recursos existentes, sea a través de distribución de bienes materiales concretos o de construcción y/o rehabilitación de infraestructuras claves.

Esta relación también se determina por la flaqueza de los partidos políticos (sobre todo los de la oposición) en términos de trabajo de base en las comunidades, lo que no les permite ser vistos como una alternativa política viable. Algunos partidos solo aparecen en vísperas de las elecciones, no sólo como recién creados, sino también como partidos ya existentes que durante toda la legislatura cesante habían estado adormecidos y a los cuales sólo se les oye durante la campaña electoral.

La fragmentación de los partidos de la oposición también ha jugado en contra suya, pues han tenido que repartirse a electores no simpatizantes de los partidos en el poder. Por ejemplo, en Camerún había más de 12 candidatos a la presidencia.

Otro aspecto interesante es que los altos niveles de abstención en algunos de los países donde se realizaron elecciones en 2004 indican entre otras cosas la irrelevancia de estos procesos para los ciudadanos.

Con el empobrecimiento económico de la mayor parte de la población de los países, las prioridades de las personas han cambiado y al no poder relacionar claramente procesos electorales con reducción de la pobreza y empoderamiento político y cultural, estos procesos han dejado de ser una prioridad para la mayoría de los ciudadanos. Esta situación conduce a que la mayoría de los electores no participe en los procesos electorales y que al final participen los que realmente se benefician del actual sistema y están interesados en mantenerlo.

Conclusión

Si los africanos hemos decidido organizarnos en procesos políticos democráticos con base en el multipartidismo, tenemos que afrontar las causas que hacen que los procesos electorales y de democratización sean más simbólicos que reales y útiles. En caso contrario, esta tendencia de “derrota” de los partidos políticos de la oposición en los procesos electorales seguirá, y perderemos la oportunidad de recrear la práctica de la alternancia en los círculos de poder político.


http://www.eisa.org.za/


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http://africanelections.tripod.com/gn.html

Pablo Méndez

Sociólogo

Sabemos, por sentido común, pero también por los expertos de diferentes disciplinas, que, al ritmo que avanzamos, el equilibrio del planeta no se sostiene: el discurso del desarrollo sostenible no pasa de ser más que un discurso hueco, enunciado vacío de contenido en boca de los mantenedores de un sistema de producción (y reproducción) cada vez más voraz que, como en el caso del mito de Saturno, acaba devorando a sus propias criaturas. Y no porque las capacidades o potencialidades no estén ahí o no se den, sino porque los intereses no caminan por esos derroteros. La FAO nos advierte de que, a día de hoy, y con el ritmo de producción alcanzado, estamos en disposición de alimentar a 12 mil millones de personas, lo que es lo mismo, el doble de la población del planeta. Sin embargo, la 'nueva' división del mundo, lejos de las ideologías (tal y como hasta ahora se venían entendiendo), se establece entre anoréxicos y bulímicos, entre sedientos e insaciables, entre un tercer mundo que se muere de hambre (y sed) y un primer mundo que se mata de gordo.

Paradójicamente, cuanto más aumenta la capacidad productiva en el mundo -a la par que la seguridad de las cosechas transgénicas, los avances tecnológicos, la rapidez en los transportes y comunicaciones, así como los precios de todo ello-, en una relación inversamente proporcional se incrementa la pauperización de la población mundial. Empobrecimiento que ya no sólo afecta a los clásicos países del África subsahariana o América latina, sino que cada vez más acecha a las sociedades del opulento primer mundo que cabalga desbocado hacia la polarización social y las grandes bolsas de pobreza. A modo de discurso balsámico, y como queriendo disfrazar lo que se presenta como tendencia inapelable, se esboza la citada idea del desarrollo sostenible. Y más democracia(s). Esto es, la actual política estadounidense: 'a más democracias, más mercados, ergo más riqueza'. Pero, ¿para quién? O mejor, ¿para cuántos? ¿Hasta qué punto esta ecuación resulta verosímil?

Desde el punto de vista de la producción, hoy día se sigue operando en los mismos términos de extractividad que desde la década de 1970 se empezaron a reconocer -desde un punto de vista técnico y científico- como insostenibles, que los recursos del planeta eran limitados: el petróleo, la pesca, la fertilidad del terreno, la frondosidad de los bosques. Por primera vez empezamos a darnos cuenta de que la capacidad de regeneración de los recursos es inferior al de su explotación y, por tanto, se plantea la necesidad de buscar formas alternativas al crecimiento, tal y como lo veníamos concibiendo. Pero tres décadas más tarde, es como si todavía estuviéramos en fase de iniciar ese mismo debate, cuando los presagios han pasado a ser sucesos, hechos actuales, cadenas de acontecimientos que, una vez iniciados, no se pueden parar (tal vez transformar). Lo que inicialmente fue una propuesta de futuro -desarrollo sostenible- hoy se presenta como un disfraz retórico para la articulación de programas políticos que nadie lee ni cree; uno de esos conceptos que, por políticamente correctos, se han convertido en inexcusables del discurso electoral, tal vez maquillado con una placa solar para la urbanización de lujo en un litoral agotado, que no se sostiene.

El discurso medioambiental ha sido usurpado por la clase política, e incluso empresarial, despojándolo del elemento científico y reivindicativo que tenía hasta poco tiempo, para convertirlo en pura dialéctica de partidos, al amparo de esos oscuros intereses que se conjugan en el terreno de la vida política, especialmente cuando van de la mano del Círculo Mercantil. El ejemplo más reciente lo tenemos en España con la Guerra del Agua -la futura madre de todas las guerras-, donde la divergencia de feudos electorales y empresariales se (nos) presenta disfrazada como una dialéctica entre posiciones divergentes para lo que sería la mejor gestión de un recurso escaso.

Precisamente esta 'unión de hecho' -más allá de consideraciones jurídicas- entre Estado y Mercado constituye el verdadero desafío del presente artículo. Especialmente para intentar mostrar las consecuencias que dicha relación implica para la vida en nuestras sociedades y cómo el sometimiento de éstas a los criterios mercantiles no está generando sino una 'inflación' democrática que, a corto plazo -si no ya mismo-, se mostrará como del todo insostenible. Es decir, la pregunta que subyace, y que se pretende responder, es hasta qué punto la democracia, tal y como la hemos entendido o se nos ha explicado, en su sentido 'singular', es capaz de sostener los embates de un sistema de producción y reproducción del capital que no encuentra límites legales, éticos o de cualquier otro tipo para la obtención y el incremento del beneficio, auténtico motor de una nueva humanidad que, sin embargo y como en épocas pasadas, nos vuelve a confiar la felicidad a una época por venir, en un más allá eterno que debería proporcionar la gloria de un mercado insaciable.

Más democracia o más democracias

Resulta obvio que en el mundo de la empresa, la producción masiva (oferta) de un producto dado permite el abaratamiento de sus costes y, en lógica consecuencia, también del precio con el que sale al mercado; siempre y cuando la demanda no supere a la oferta en cuestión. Al margen de los cuestionamientos o matizaciones que se pueden hacer a la realidad de este principio, o ley de la oferta / demanda, lo daremos por válido. Pero también resulta válido afirmar que, más veces que menos, dicho aumento de la producción y reducción de costes suele correr parejo con un descenso en la calidad del producto, por cuanto se introducen variables como la rapidez de producción y distribución, abaratamiento de los materiales, fácil sustitución del producto defectuoso, prácticas comerciales agresivas como el 'dumping' (tirar los precios para anular a la competencia) y otras prácticas menos lícitas como el relajo en la observancia de las normas de calidad, tanto de las relaciones laborales como del producto en cuestión. De alguna manera, y aunque esto no suponga una relación lógica ni inevitable a priori, lo cierto es que podemos afirmar que la masificación produce pérdida de calidad, de energía vital, por decirlo de manera metafórica. Y esto lo saben bien las elites de todos los tiempos, huyendo rápido de los gustos y prácticas masivas, populares diríamos.

Sin embargo, cuando esta lógica productivista y maximizadora se transporta al mundo de la política, de la gobernabilidad y de la organización del bien común de una sociedad considerada democrática, la situación se antoja complicada. Y es que, por una parte, tenemos la tendencia al citado relajo en la observancia de los criterios de calidad dentro de las sociedades democráticas, basadas en una paulatina desaparición del Estado de lo que constituye la vida pública, cada vez más ponderada por criterios mercantiles; y, por otro lado, nos encontramos con una nueva política exterior estadounidense, basada en la implantación, o tal vez imposición, de sistemas democráticos, especialmente en todos aquellos países que puedan generar ventaja desde el punto de vista de la apertura de mercados internacionales y el aprovechamiento de recursos naturales que los regímenes (dictatoriales) antes implantados ya no posibilitan. Desde este punto de vista, la premisa de partida en lo que representa la tendencia actual es que, por un lado, no se abunda en la idea cualitativa -política- de 'más democracia', sino en la idea cuantitativa -mercantil- de 'más democracias'.

«La democracia ha dejado de ser una conquista difícil de alcanzar», nos dice Vicente Verdú en El estilo del mundo (2003: 91). Premisa que nos da idea, precisamente, de la citada ley de la oferta-demanda en el ámbito de las ideas políticas. Ya no se requiere esfuerzo, algo que ha devenido obsceno en el mundo del capitalismo: todo el mundo es igual en todo, en cualquier circunstancia, produciendo una falsa idea de igualdad, pues ésta se realiza a la baja. Es decir, puesto que todo tiene que ser igualado, resulta más fácil hacer que lo de arriba baje y no lo opuesto, esto es, que lo de abajo suba: «Lo mismo un burro que un gran profesor», cantaba Santos Discépolo, hacia 1935, y no porque el burro sea ilustrado. Falacia basada en la distorsión del concepto de Igualdad -uno de los tres pilares de la trinidad democrática moderna-, derivada ahora hacia una doctrina del 'igualacionismo'. Una trasgresión de la metáfora -Igualdad-, donde se toma a ésta de forma literal, sin dejar cabida para un más allá (meta forein) que aporta el pensamiento abstracto (Sartori 1998).

Obviamente, esta tendencia no es baladí: sólo las democracias se han vuelto espacio idóneos para la expansión de nuevos mercados y consumidores, así como para el proceso de 'deslocalización' de las grandes empresas que buscan países con costes de producción reducidos en la larga marcha hacia la maximización de los beneficios comerciales. Ya quedó atrás la necesidad de viejas dictaduras que garantizaran la posibilidad de desvalijar el país, extrayendo todas sus riquezas naturales, a cambio de casi nada que no fueran los propios beneficios del dictador y sus coristas. Además, a medio o largo plazo, los dictadores se han mostrado gentes de poca confianza para sus patrocinadores, pues acaban queriendo más y más… Ahora se trata de 'fidelizar' al cliente: son las nuevas tácticas del mercado. Si cuidas bien al cliente, te garantizas su continuidad como consumidor; y si fidelizado se convierte en sinónimo de hipotecado, el vínculo será eterno. A fin de cuentas, lo que pretende el (nuevo) capitalismo es establecer vínculos, no importa la naturaleza de los mismos, siempre y cuando parezcan afectivos. Como dice el experto en marketing, Daryl Travis, «el objetivo de cualquier negocio es crear un consumidor y satisfacerle» (Cf. en Verdú 2003: 130).

De esta manera, el objetivo de las 'viejas democracias' será el de crear nuevas democracias fidelizadas desde su propia fundación.; los casos más recientes podrían ser los de Afganistán e Irak. ¿Qué mandarín no estaría agradecido con quien le ha proporcionado un mandarinato? El actual presidente del democrático Afganistán, Hamid Karzai, compañero de andanzas comerciales de George W. Bush, podría decir mucho al respecto. Esa es la política exterior de EEUU después del 11-S: imponer la democracia en el mundo. Poco importa cuales sean los fundamentos democráticos del país en cuestión, siempre y cuando a los ciudadanos se les deje ser 'libres' una vez cada cuatro años. ¿Quién duda de la democracia nicaragüense una vez caído el sandinismo? ¿Qué decir de Haití? Pero tienen elecciones. Poco importa los mecanismos que hagan falta para llegar ahí: financiar la guerra civil, secuestrar al presidente electo, todo con tal de fidelizar 'jóvenes' democracias que ayuden a obtener nuevos réditos. La democracia ha dejado de ser un ethos para convertirse en technos, pura mecánica adaptada a la autoreproducción de un orden de cosas que, al ritmo que vamos, corre el riesgo de quedar reducido a puro régimen de libertades básicas.

Sin embargo, vemos cómo el aumento en el número de estas jóvenes democracias, lejos de contribuir a la democratización global, ayudan a reducir el nivel de vida y libertades exigibles a cualquier democracia hasta hace poco tiempo. Recientemente, cuando la policía londinense abatió a tiros a un súbdito brasileño, sospechoso de participar en los atentados de julio en la capital británica, y reconocida la política de 'tirar a matar' (Shoot to kill) por parte de la policía metropolitana, se llegó a justificar sobre la base de que países como Sri Lanka también hacían uso de la misma. ¡Toda una eminencia de la democracia mundial, Sri Lanka, sirve como excusa para que unos policías descerrajen once tiros en la cabeza de Menezes y pase como si nada! Podríamos citar igualmente todas las libertades que se han restringido, especialmente en Estados Unidos -pero no sólo-, con la excusa del terrorismo de Al-Qaeda y el 11-S. Vivimos una época caracterizada por la reducción de costes, no sólo económicos, sino también políticos, éticos, culturales… Y en este sentido, el valor circulante debe depreciarse para continuar existiendo pues, de lo contrario, la manzana podrida acabaría con la apetitosa. Un principio que, en términos financieros y económicos, no es nuevo y se conoce como Ley de Gresham: «Principio según el cual, cuando una unidad monetaria depreciada está en circulación simultáneamente con otras monedas cuyo valor no se ha depreciado en relación con el de un metal precioso, las monedas no depreciadas tenderán a desaparecer» (Encarta 2005): la moneda falsa desplaza a la moneda buena. En términos mucho más cotidianos, es como el alumnado que debe adaptar su ritmo al de los más 'lentos', pues no sería correcto que hubiera diferentes 'calidades' en un mismo entorno académico.

En resumen: en este punto de la historia podemos decir que somos más, pero ¿podemos decir que somos mejores?

Frente a este aumento -cuantitativo- en el número de democracias a nivel global, podemos observar la citada pérdida de energía vital en las viejas democracias. Paulatinamente, lo social ha ido cediendo terreno ante la macroeconomía, esa especie de satélite panóptico que gira en torno a nosotros y que va sentando las bases de una convivencia utilitaria, mercantilista: el propio Bentham, precursor del panóptico, está considerado igualmente el creador de la doctrina del Utilitarismo. La sociedad burguesa de clases medias tiende a una proletarización de cuello blanco, polaridad social basada en la insidiosa pérdida de poder adquisitivo general, junto a un sospechoso aumento en el número de millonarios. Ya no sólo las tradicionales clases bajas, asociadas con la descualificación profesional, lo siguen siendo, sino que el universitario y el técnico cualificado también caminan en la misma dirección: a estos denomino 'proletarios de cuello blanco'.

Esta des-socialización se hace notar, igual o fundamentalmente, en lo que siempre se ha considerado el núcleo de lo social: la familia y su proceso de pauperización, económico y moral. Si la familia moderna se ha caracterizado por la expulsión del padre del hogar, quedando reducido a mero sustentador económico, la familia actual ha expulsado a todos sus miembros, reduciendo el concepto de hogar a mero hábitat. Donde antes uno (cabeza de familia) se bastaba para mantener a varios miembros, ahora dos (nóminas) sobreviven en forma de Sociedad Limitada. En este sentido, las nuevas uniones -de hecho y derecho- son todas de conveniencia: sin un partenaire no hay salida. Y como tal Sociedad, un juzgado puede declarar la quiebra técnica de la pareja, como si de cualquier otra empresa se tratara. Así fue recientemente en Barcelona. Es decir, si bien lo social representó en la modernidad la indistinción entre público y privado (Arendt 1998), dando lugar a lo íntimo, la nueva familia se ha constituido en una nueva forma de relación mercantil: ¿bienes gananciales?, ¿separación de bienes?, ¿ventajas fiscales? La llamada 'prensa rosa' o 'prensa del corazón' es su mejor escaparate, donde el modelo (para lo social) que vende implica la invasión de la vida pública por parte de asuntos privados (Sánchez Ferlosio 2003). La venta de la intimidad como estilo de vida, una máquina de hacer dinero. ¡Toda una trasgresión! Y sin pasar por Hacienda, que ya no somos todos.

Sociedad de la turbulencia

Decía el sociólogo norirlandés Bill Rolston que el conflicto de Irlanda del Norte es un problema de definiciones. Algo que puede parecer obvio pero que, mal que nos pese, va mucho más allá de la supuesta obviedad y complica (o simplifica, según) nuestro día a día. Por ejemplo, Giovanni Sartori le dedica a esta cuestión de las definiciones, en relación con la democracia, el primer capítulo de su libro Qué es la democracia (2003). Pero no se trata aquí tanto de cuestiones de modelo, desde el punto de vista de la politología, sin pretender reducir su trascendencia. Hablamos aquí de definición en tanto que capacidad para imponer -esto es, hacer valer uno su autoridad- lo que llamaremos una 'verdad oficial', como opuesta a una 'verdad real', no concebida de manera ontológica sino socialmente consensuada. Y la democracia (neoliberal) actual, estrechamente ligada o sometida a las grandes corporaciones económicas de corte transnacional, viene interviniendo, desde los aparatos gubernamentales, en la creación de una brecha entre oficialidad y realidad, entre gobernantes y gobernados, entre política y sociedad, entre el deber ser y el ser -por decirlo en términos de Max Weber-. Una brecha que se basa en definiciones sobre lo que nuestra vida debe ser y sobre cómo la debemos entender, hasta el punto de trastocar las definiciones que han guiado nuestra comprensión del mundo democrático, al menos desde el siglo XVIII, en pos del beneficio de unos pocos, sin eliminar necesariamente los conceptos que estructuraban la democracia entendida como el mejor sistema (conocido) para garantizar el bien de muchos. En definitiva, que si bien los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad siguen siendo enarbolados por cualquier político o partido que se precie -aunque cada vez se recurra a más giros expresivos para evitarlos-, nadie duda de que los mismos han perdido toda su vigencia en cuanto a praxis política.

Frente a la Libertad del aspirar (a lo mejor), la seguridad del conformarse (precariedad); frente a la universalidad de la Igualdad de derechos y la ecuanimidad, profundización en las arbitrariedades distributivas e iniquidades cuasi estamentales; frente a la Fraternidad y solidaridad del anhelo común, regreso al paternalismo despótico de una imperante basada en el clásico 'lo tomas o lo dejas', como si la opción fuera factible. En definitiva, el nuevo ethos imperante nos devuelve a épocas pre-revolucionarias -hacia una re-feudalización del mundo (Ziegler 2005)-, para convertirnos en sociedades y ciudadanos dependientes, adictos podríamos decir, donde nuestra libertad queda suspendida hasta el pago de una eterna deuda, en lo que denominaré como escatología mercantil: 'Mañana, cadáveres, gozareis', repetía siempre Jesús Ibáñez para referirse a ese futuro perfecto en el que nuestra felicidad se vería realizada en la gloria del consumo: ¿Cristianismo de mercado?

Parece evidente que la vida se entenderá en función del color del cristal con el que se mire, en función de las lentes que uno se ponga para analizar la realidad. No se podrá evitar la descalificación por derrotista, agorero, oscuro, o cualesquiera otros adjetivos que traten de evitar otra perspectiva que la del acomodado-feliz-de-su-posición. Para estos últimos, existen hoy sofisticados dispositivos estadísticos y financieros capaces de encubrir una situación que a nadie conviene mostrar. La economía, lejos de ser un medio para facilitar la realización de una vida virtuosa, de vidas buenas, en el sentido más clásico de la expresión, ha pasado a convertirse en una entelequia: no sólo por el sentido irónico que esta palabra adquiere en el uso cotidiano como 'cosa irreal', mera abstracción sin fundamento, sino en su sentido filosófico de acción con un fin propio y que tiende a la perfección del mismo. Así, la economía resulta, hoy en día, casi perfecta, ateniéndonos al fin propio de la misma: generar riqueza y ahorrar costes. Puesto que la economía se encuentra, en términos efectivos, en manos privadas, el beneficio será particular, con un beneficio público cada vez más residual; sólo el ahorro de costes tiene un alcance público. ¿Dónde queda entonces el elemento central de las democracias de mercado, esto es, la distribución de la riqueza nacional entre los nacionales?

Paulatina polarización social y decaimiento de las clases medias, con un progresivo aumento en el número de pobres y millonarios al mismo tiempo; creciente precariedad laboral auspiciada por el criterio de competitividad de las empresas como aval para su existencia; desaparición del sistema público basado en las políticas europeas de liberalización de la economía como supuesto garante de una mayor proyección económica; aumento de la concertación (público-privado) para mejor racionalización del gasto público a expensas del propio público y su servicio; institucionalización de la exclusión social como topos cada vez más concurrido: menores, inmigrantes, parados, mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, pensionistas, ancianos; acelerado deterioro del medio ambiente -con sus consecuencias sociales, económicas y culturales-, en gran parte ligado a intereses particulares que todos tenemos que asumir como si fueran propios (claro que ahora la destrucción se realiza desde el modelo de la sostenibilidad del desarrollo). La lista resulta interminable, su alcance planetario y los ciclos cada vez más rápidos. ¿Podemos seguir hablando, entonces, de una Sociedad del Riesgo? (Beck 1998; Méndez 2002)

Creo que llegado el caso sería oportuno dar un paso más y hablar de la Sociedad de la Turbulencia: es decir, cuando la proximidad del daño se ha verificado o actualizado, cuando el peligro se materializa, entonces desaparece el riesgo y entramos en el ojo del huracán. El riesgo era la precariedad de los diques que protegían a Nueva Orleáns, pero cuando Katrina los derribó a su antojo e inundó la ciudad, el riesgo desapareció para convertirse en cosa turbia, alborotada, la turbulencia. En este mismo sentido, la precariedad laboral no es un riesgo o una contingencia próxima a ocurrir, sino que está aquí, real y palpable. Como concreto es el cambio climático, la des-inversión en lo público, el aumento de la exclusión social (frente a la creciente exclusividad social de los más poderosos), el genocidio africano, la pérdida de valor de lo democrático en cuanto que sujeto a lo económico (la norma de la casa frente a la ley de la civitas). En definitiva, lejos de su cometido distributivo, en sentido cualitativo, la democracia de mercado se dedica a la distribución en sentido cuantitativo, esto es, a fiscalizar en tanto que «criticar y traer a juicio las acciones u obras de otro» (DRAE), a la contabilidad, esto es, la «aptitud de las cosas para poder reducirlas a cuenta o cálculo» (DRAE). En eso nos hemos convertido en tanto que ciudadanos de sociedades turbulentas, pura cuenta y razón de los daños ocasionados por los derechos de los ciudadanos sobre las cuentas de las empresas. Por eso el Katrina, y cuantos fenómenos se le parezcan, será el nuevo símbolo de nuestra era turbulenta: turbia, confusa, alborotada, perturbada.

Las democracias de la ira

"Pero, ¿hasta dónde llega? ¿A quién le podemos disparar? A este paso me muero antes de poder matar al que me está matando a mí de hambre.

No sé. Quizá no hay nadie a quien disparar. A lo mejor no se trata en absoluto de hombres. Como usted ha dicho, puede que la propiedad tenga la culpa […]

Tengo que reflexionar -respondió el arrendatario-. Todos tenemos que reflexionar. Tiene que haber un modo de poner fin a esto. No es como una tormenta o un terremoto. Esto es algo malo hecho por los hombres y te juro que eso es algo que podemos cambiar."

Este fragmento de Las Uvas de la Ira, de John Steinbeck (1939/1997), refleja a la perfección la desesperanza ante lo que Hannah Arendt (1998) denominó el 'gobierno de nadie', en alusión al moderno estilo de gobierno: todo es el 'aparato', el 'sistema', el 'estado', entes abstractos que nunca encuentran personificación alguna cuando de rendir cuentas se refiere. Nadie es responsable de nada, nadie es capaz de dar respuesta: te remiten a alguno de esos entes que justifican lo que sólo una persona o un grupo de personas ha creado, gestionado, propiciado o ejecutado. Como en la época del nazismo, nadie es responsable de nada, porque en última instancia todos cumplen órdenes o se limitan a realizar su trabajo. Lejos de la naturalización de los procesos, como algunos pretenden, tendremos que aceptar que la globalización es «una creación política» (Pierre Bourdieu, cf. en Verdú 2003: 26), humana, y no un fenómeno atmosférico.

El 'gobierno de nadie' -sobre la base de esa entelequia que es la soberanía popular-, sirve como subterfugio en el que amparar la ausencia de un sujeto consecuente con la acción de gobierno; supone la disolución de la idea de responsabilidad, esto es, la capacidad o disposición por parte del representante (político) para dar una respuesta al representado. Lo cual se evidencia en la incomunicación patente entre gobernantes y gobernados, esa distancia abisal que ha colocado a la clase política en una especie de Olimpo desde el cual ejercer un control total, pero sin repercusión alguna sobre la acción propia. Ni tan siquiera los procesos electorales sirven de base para cambio sustantivo alguno: una vez transformada la libertad en seguridad, los electores se vuelven clientes cautivos que optan por la mejor manera de sobrellevar su condena. Quién me bajará los impuestos, las hipotecas, me subirá el sueldo, me dará más ayudas y devolverá más dinero en la declaración de la renta. El estado mercantil nos convierte a todos en propietarios, como si fuéramos accionistas de España S.A., con lo que se limita nuestra existencia comunitaria a la satisfacción del beneficio propio, particular, deshaciendo toda posibilidad de crear una verdadera civitas: «Porque el ser propietario te deja congelado para siempre en el 'yo' y te separa para siempre del 'nosotros'» (Steinbeck 1939/1997). Claro que los gobiernos siempre encuentran chivos expiatorios, o explicatorios, para hablar sobre la desmembración de la nación sin tener que referirse a su propia acción.

Sin embargo, una vez convertidos en propietarios -con la parte alícuota de Estado en posesión-, el ciudadano se convierte en un igual de forma proporcional, en función de cuál sea su participación en la empresa nacional. Y, por tanto, sus derechos caminan en igual forma proporcional. Un ejemplo cotidiano claro es el de la vivienda, donde comprar desgrava y alquilar no. Pero a la hora de la verdad, el pequeño propietario, esto es, el ciudadano de a pie, no cumple los mismos requisitos para beneficiarse de los derechos como lo hace el gran propietario: como dijo un presidente norteamericano en la década de 1920, «lo que está bien para la General Motors, está bien para los Estados Unidos». Poco después llegó el crack. ¿Y quién se ocupó de los estadounidenses? Seguro que no fue la GM. Y es que, cuando llegan los problemas, emerge la auténtica esencia de las democracias modernas: el ninguneo.

Cada vez es más común la queja de soledad cuando un ciudadano se enfrenta a un problema que incumbe a la administración. Este pasado verano de 2005, con el incendio de Guadalajara, los vecinos se quejaban de que, durante las primeras 24 horas, habían estado solos, desatendidos, hasta que la notició adquirió ciertas proporciones que afectaban a la credibilidad de los administradores públicos. Igual pasó en Nueva Orleáns con el Huracán Katrina: efecto demoledor el del fenómeno atmosférico, para la población y para una administración negligente y despótica que no vio el posible alcance de su despropósito. O en Alemania, con la crisis que les aqueja, con el paro y las pérdidas de derechos sociales. Como en Francia y Holanda ante las respectivas negativas al Tratado de Constitución europea: los políticos por un lado, la ciudadanía por otro.

En todo esto, el ciudadano se siente solo, desamparado, discriminado, airado. Los sociólogos y analistas políticos tienen que recurrir a explicaciones cada vez más inverosímiles sobre los resultados electorales o la participación política de los ciudadanos. Los políticos tienen que hacer mayores esfuerzos demagógicos y propagandísticos para restañar su pérdida de popularidad. Los partidos políticos requieren de mayores partidas presupuestarias para convencer a votantes cada vez más apáticos, descreídos. Emerge la turbulencia social, la crispación política, los dirigentes dejan de ser personas de crédito -piedra angular del humanismo que marca la modernidad (Marín 1997) -. Y en eso se equivocaba Steinbeck (véase la cita inicial): esto sí es como una tormenta o un terremoto. Porque la catástrofe se ha convertido en el mascarón de proa de nuestras sociedades: el 11-S tal vez fue el comienzo y, a partir de ahí, todo es a lo grande. Las grandes miserias y las grandes fortunas, las grandes hambrunas y las grandes obesidades, las grandes sequías y las grandes riadas, los grandes atentados y los grandes fenómenos atmosféricos (tsunamis, huracanes, terremotos, etc.). El riesgo nos queda atrás, representó el final del siglo pasado, del milenio. Pero el cambio de milenio, efectivo en septiembre de 2001, está marcado por la materialización del peligro estimado.

¿Y cuál ha sido la respuesta de Occidente? El suicidio democrático, la aniquilación de nuestras sociedades tal y como las habíamos concebido y conocido. Podremos hablar barbaridades sobre civilizaciones enemigas, sobre el terrorismo internacional, sobre el 'Otro' como peligro. Pero las decisiones importantes se toman aquí dentro, en nuestros países democráticos, en nuestra superior civilización, en nuestro Occidente liberal. Aquí se limitan los derechos civiles, se tira a matar, se detiene en Guantánamo y se negocia la reconstrucción de los países previamente asolados por guerras más que sospechosas; se costea con dinero público los negocios privados (de reconstrucción), al abrigo de ejércitos nacionales, reclutados en zonas deprimidas porque las empresas se han deslocalizado para ser más eficaces. Y, como en tiempos pre-revolucionarios, feudales, un ejército de pobres defiende los intereses de una casta de intocables.

Y entonces volvemos a la cita inicial de Steinbeck: todos tenemos que reflexionar… Sí, pero ¿hay un modo de poner fin a esto?, ¿podemos cambiarlo? Desde mi perspectiva, los conflictos no tienen solución (Méndez 2004). En todo caso, tendremos que recurrir a la teoría física del cambio, donde el 2º principio de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma; todo objeto, por tanto, está sujeto a la lógica de la entropía, la pérdida de energía, el caos: la ira de los dioses y la de los ciudadanos. Esto mismo se atisba en nuestras sociedades turbulentas, lo que nos lleva a pensar -aún a riesgo de parecer catastrofista- que, por esta senda, «vamos camino de nada» (por utilizar la expresión de J.A. Labordeta) y el futuro de la democracia se muestra insostenible.

Referencias bibliográficas


Arendt, Hannah (1998) La condición humana. Barcelona: Paidós.
Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós.

Lipovetsky, Gilles & Roux, Elyette (2004) El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Barcelona: Anagrama.

Marín, Higinio (1997) La invención de lo humano.

Méndez, Pablo (2004) Irlanda del Norte. Historias de guerra y paz. Buenos Aires: Libros en Red. (2002) Sobre el concepto de riesgo. En Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Nº 5 (Enero-Junio). http://www.ucm.es/info/eurotheo/nomadas/5/pmendez.htm

Sánchez Ferlosio, Rafael (2003) Non Olet. Barcelona: Destino.

Sartori, Giovanni (2003) ¿Qué es la democracia? Madrid: Taurus. (1998) Homo Videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.

Verdú, Vicente (2003) El estilo del mundo: la vida en el capitalismo de ficción. Barcelona: Anagrama

Ziegler, Jean (2005) L'empire de la honte. Paris: Fayard

Según el sociólogo Jean Ziegler (2005), el % de la población mundial vive en países considerados 'tercer mundo' y el 40% de la población mundial vive con menos de 2 dólares al día (PNUD 2005).

Véase para la concepción de la democracia, en sentido singular o plural, Sartori (2005). En este caso, nos referiremos a la democracia pura y simple, casi en sentido esencialista, de tradición liberal.

Aunque quizá el término 'más' no sea el idóneo para expresar una idea de cualidad, utilizo la expresión que se ha hecho políticamente habitual para referirse al sentido cualitativo que aquí se quiere aportar.

Hamid Karzai fue, durante años, asesor de la compañía petrolífera estadounidense Unocal. Fue, a su vez, el encargado de negociar con los talibanes el paso de un gaseoducto por territorio afgano; el resultado fue negativo para los intereses comerciales de los Estados Unidos. El resto, ya lo saben.

Sobre la idea de Jeremy Bentham, donde nadie puede ver al vigilante, pero él nos observa a todos.

En breve: lo que es útil es bueno; el valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de sus resultados.

Decir Estado sería mucho, pues Estado - como Hacienda- somos todos (sic) los que lo integramos y no sólo sus aparatos y/o aquellos que los dirigen. En este sentido, la responsabilidad de su dirección la pongo en los gobiernos, en línea con la tradición anglosajona.

En el derecho romano, addictus era el ciudadano que, habiendo contraído una deuda, perdía la condición de hombre libre hasta haberla saldado.

Véase al respecto Jean Ziegler (2005).

Como ejemplo, el IPC o Índice de Precios al Consumo es la mejor arma para, mes a mes, distribuir la culpa entre los ciudadanos por la inflación nacional y el encarecimiento de los productos. Como si el comprador fuera culpable de la subida de tarifas. El 'pollo' con el que soñaba Carpanta, que fue símbolo del desarrollismo español de los años 50 y 60, es ahora el símbolo de la culpabilidad del ciudadano por la subida del IPC.

Véase el auge en el mercado y consumo del lujo (Lipovetsky 2004; Verdú 2003)

EL HAMBRE COMO ARMA DE GUERRA

En ocasiones todavía se piensa que el hambre es fruto de la superpoblación, de una mala gestión política, de la escasez de alimentos, de unas infraestructuras insuficientes o de un desastre ecológico. Hoy el hambre no es un hecho fortuito. Es un arma empleada conscientemente por algunos gobiernos para eliminar grupos molestos de población dentro de su propio país.

¿EL HAMBRE, UN ARMA DE GUERRA?

Texto: Mariló Hidalgo

Sí. Se trata de una fórmula muy eficaz y económica empleada por los señores de la guerra para eliminar a poblaciones molestas dentro de su propio territorio -minorías étnicas, disidentes, independentistas-. Esta fórmula ha tenido gran acogida en diferentes lugares del mundo debido a su rentabilidad. No exige gastos de armamento y en poco tiempo -y de manera silenciosa- se pueden exterminar miles de vidas. ¿Cómo? Quemando cosechas, impidiendo nuevas siembras, forzando desplazamientos de población con violencia y amenazas, etc. Al final se consigue el objetivo: miles de personas habrán muerto por falta de alimento. Principalmente, mujeres y niños.

¿QUIENES SON ESOS SEÑORES DE LA GUERRA?

Actúan de la misma forma porque todos buscan lo mismo: poder. Decidieron en un momento dado dejar a un lado los conflictos con los pueblos limítrofes, para declarar la guerra a su propia gente. Con ello consiguen muchos más beneficios ya que esta última opción trae aparejada la ayuda humanitaria: dinero, alimentos y la mejor tribuna para lanzar su mensaje al mundo, aprovechando los medios de comunicación desplazados hasta el lugar del conflicto.

¿QUE FORMULAS EMPLEAN?

Hay tres sistemas que vienen resultando infalibles.

1) La fórmula clásica ha sido empleada con éxito en Sudán y Myanmar (Birmania). Hace unos años la Comunidad Europea envió a Sudán decenas de toneladas de mijo para forraje junto con 233.000 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria para combatir la penuria causada por la guerra civil. Ese mismo año, en el país que estaba gobernado por un grupo islámico, se recogieron abundantes cosechas que permitió incluso exportar a Libia. Mientras, la minoría cristiana del Sur del país moría de hambre. Los nubios -minoría étnica sudanesa- también han sido expulsados de sus tierras, y conducidos a campos de "paz" o de concentración donde esperan la muerte. El caso de Birmania es muy parecido. El país recibe ayudas pero no las hacen llegar a sus minorías étnicas, que han tenido que abandonar sus territorios. La gente muere de hambre por los caminos.

2) La segunda fórmula utiliza la exhibición como reclamo, y aquí Sadam Hussein ha sido todo un pionero. Se trata de sacar partido al embargo impuesto por Naciones Unidas. Por un lado el dirigente irakí pide al mundo el levantamiento del embargo y por otro se niega a aplicar medidas que podrían atenuar la grave situación que vive su pueblo. Es más, Sadam ha quemado cosechas y creado un clima de terror entre la población civil, que huye del medio rural hacia ciudades que hoy son auténticas ratoneras porque no llegan los alimentos y la población allí está hacinada. Cuando tiene toda esta dramática escenografía organizada, convoca a la prensa de todo el mundo para que puedan dar fe de todo lo que allí ocurre.

3) La tercera fórmula la provocan los gobiernos incompetentes, aquellos que están cegados por su propia ideología. El informe de Acción contra el Hambre señala como ejemplos el caso del comunismo de Corea del Norte y el fundamentalismo islámico que en Afganistán ha dejado sin fuente de ingresos a miles de hogares por el mero hecho de que el cabeza de familia es una mujer.

¿Y LAS CATASTROFES CLIMATICAS?

Claro que provocan hambre entre la población, pero demasiadas veces han servido para justificar muchas barbaries producidas por la mano del hombre. En ese sentido "El Niño" se ha convertido en la coartada perfecta. Ha sido el culpable de los incendios que asolan Indonesia, ha roto el oleoducto de Ecuador, ha producido terremotos en Honduras, hasta ha llegado a afectar a las fresas de Huelva. Las Ong's que se conocen el terreno porque están allí trabajando, han denunciado el abusivo recurso de El Niño como factor explicativo de los trastornos del planeta.

¿NO HAY QUIEN PARE ESTO? ¿QUE OPINA EL RESTO DEL MUNDO?

"En las relaciones internacionales -señala José María Mendiluce- se sigue utilizando un doble lenguaje. Por un lado se habla de derechos humanos, pero por otro se sostiene a dictadores porque nos interesan por razones políticas o económicas. Se sigue cooperando con esos dictadores que se embolsan gran parte de los recursos dedicados a la cooperación y se les permiten que actúen dentro de su territorio como les venga en gana respaldándose en el principio de soberanía nacional. A nivel internacional no se prevén las crisis antes de que se produzcan: no es rentable prevenir, es mejor sacarse la foto posterior con el niño reventado o con un avión de ayuda humanitaria para los supervivientes del genocidio. Cuando la mediación no ha funcionado -continúa Mendiluce- entra en el juego la ayuda humanitaria, la gran trampa. Porque es utilizada en muchas ocasiones como sustituto de la política, cuando es precisamente ésta quien debería evitar las guerras y llevar a cabo una cooperación seria y honesta, que promoviese los derechos humanos".

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GUÍA DE HAMBRUNAS

Texto: Elena F. Vispo

"El arroz es un arma bélica".

Estas palabras de Ahmad Tejan Kabbah, presidente de Sierra Leona, describen la ideología que se esconde detrás de las hambrunas. En Sierra Leona, por ejemplo, se despliega gran parte de la gama de posibles aplicaciones del hambre como herramienta de poder. Es uno más de los muchos casos actuales de hambrunas evitables: en Liberia la población eligió "democráticamente" a Charles Taylor, el principal causante del hambre, por miedo a que se reanude la guerra civil; en Somalia, donde la intervención americana constituyó un fracaso con cierta influencia en la actuación aliada en Kosovo, a los efectos de la guerra civil se añadió una sequía desastrosa; en Brasil ningún plan contra la sequía ha conseguido superar la oposición de los dirigentes, ya que los desastres naturales atraen ayuda humanitaria y convierten a los miles de personas sin hogar en mano de obra barata... La lista puede seguir y seguir: Ruanda, Níger, Corea del Norte, la ex-Birmania, etc. Las razones de las hambrunas pueden ser diversas, pero casi todas buscan afianzar o crear una situación de poder.

Si el hambre siempre es estremecedora, lo es aún más sabiendo que es evitable. El caso de Sudán apela a la conciencia mundial: es el país más grande de Africa y sufre la mayor guerra civil de la historia. Una guerra intermitente de más de cuarenta años, que no ha parado en los últimos quince. En ese tiempo han muerto un millón y medio de sudaneses y la cosa va a más: según UNICEF, aproximadamente el 60% de los niños en Sudán sufren de desnutrición. A pesar de que la tregua de junio del año pasado supuso un pequeño alivio, la guerra en Sudán es un ejemplo perfecto de cómo la población es manipulada por intereses políticos. El pueblo sudanés ha sido condenado al hambre por sus dirigentes, para que la ayuda humanitaria financie la guerra religiosa entre Norte y Sur.

Las ONGs y los medios de comunicación suelen tener un papel importante: las primeras, como fuente de ingresos; los segundos, como medio para atraer la ayuda humanitaria y como acceso a la difusión internacional. Es decir, propaganda.

En Irak la búsqueda de promoción se acelera hasta el extremo más dramático. El embargo ordenado por Estados Unidos disminuyó claramente el acceso de la población a los recursos, pero esta escasez ha sido deliberadamente agravada por el propio gobierno iraquí. Sadam Hussein tiene una fortuna personal que se cuenta entre las mayores del mundo, a la vez que es considerado como un mártir por la población civil, al oponerse al monopolio norteamericano. Este sentimiento contrasta con el hecho de que el gobierno iraquí empeora la situación hasta que roza los límites de lo inaceptable, y es entonces cuando se llama a los medios de comunicación. Los periodistas cumplen con su parte de transmitir la dramática situación al público y, de paso, la propaganda gubernamental se cuela en la noticias, apareciendo Estados Unidos como el responsable último. Ese es el reclamo para la ayuda humanitaria internacional, que luego se desvía para financiar los ejércitos y la maquinaria bélica. El hambre también tiene su marketing.

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RELACIONES IMPOSIBLES

Texto: Marta Iglesias

En una hambruna entran en juego muchos factores que van más allá de la comida. Desde los gobiernos de los países afectados hasta los países del llamado Primer Mundo que los hacen dependientes, en medio se mueven una serie de personajes. Las ONGs cobran cada vez más protagonismo, y los periodistas se convierten en estrellas de una guerra que no es la suya. En esta historia cada uno tiene su parte oscura, y no todos se atreven a hablar. Los únicos que no dicen nada son los pueblos que se esconden detrás de las estadísticas. Novecientos millones de personas pasan hambre en el planeta y no hemos encontrado la declaración de ninguna.


¿LAS ONGS TIENEN UN LÍMITE?

Cuando una ONG llega a un país tiene que colaborar con las autoridades locales. Ellas le permitirán moverse, ofrecer la ayuda necesaria, y le protegerán ante posibles peligros. El problema viene cuando deben pagar el precio de esta protección. Muchas ONGs denuncian el desvío de las ayudas para los intereses gubernamentales, y no pocas se han retirado de zonas donde la ayuda era vital. Por su parte, los gobiernos de los países afectados parecen felices con la situación. La ayuda humanitaria resulta muy rentable y bastante fácil de manipular: al que no le guste, que se vaya.

En su libro Geopolítica del Hambre, Acción contra el Hambre se ha dedicado a analizar y denunciar los casos más relevantes de hambrunas por causas políticas, en muchos de los cuales se han visto implicados. Eva Valdés, Responsable de Comunicación: "Cuando Acción contra el Hambre se dispone a trabajar en un país, se inician una serie de conversaciones con las autoridades y son ellas quienes deciden darte la autorización o no. Por supuesto siempre te tienes que adaptar a la normativa en curso pero eso no implica que tengas que modificar tus objetivos, la decisión última de cómo y de qué manera se quiere trabajar la fija la organización. Aún así, siempre pueden surgir problemas como fue el caso del sur de Sudán, donde estábamos desarrollando un programa de asistencia nutricional y el nivel nutricional de los niños no mejoraba. Propusimos llevar a cabo una encuesta para detectar el fallo y nos encontramos con la negativa de las autoridades que temían que descubriésemos que parte de esa comida estaba siendo desviada hacia el ejército. El resultado fue nuestra expulsión del país. Las negociaciones fueron complicadas, pero meses después pudimos volver a entrar asegurándonos antes el control sobre el abastecimiento".

José María Mendiluce, eurodiputado, fue uno de los principales responsables de la modernización y optimización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En su libro "Con rabia y esperanzas", habla de la actuación del ACNUR en la guerra de Bosnia. "¿Sabía yo que parte de la comida que se distribuía iba a parar a los soldados de todos los ejércitos? No; no lo sabía. Pero habría sido un imbécil si no lo supusiera. Pero mientras la OTAN se decidía a parar la guerra, preferí niños vivos y soldados alimentados, que niños muertos y soldados alimentados... por otros. Porque los soldados siempre comen. Como las armas siempre llegan".

¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS PAÍSES MÁS RICOS?

Felipe Sahagún es periodista y analista político, y ofrece siempre una explicación global a los hechos: "Los países desarrollados tienen una responsabilidad fundamental en la mayor parte de estas hambrunas, por muchos factores. Muchas veces las ayudas de Occidente destruyen la infraestructura agrícola de los países que reciben esas ayudas, sin que se pretenda que sea así. A esos países se les envía ayuda agrícola masiva en respuesta a una hambruna, pero entonces los precios de la producción local caen al suelo y los agricultores no pueden seguir produciendo. Al año siguiente la producción cae a cero y al no recibir nuevas ayudas masivas se repite la hambruna. Si a esto añadimos las guerras civiles, las sequías, los desplazamientos masivos de refugiados como consecuencia de conflictos o de catástrofes naturales o humanas... A estos problemas cuyo origen puede encontrarse en buena medida en los países más ricos hay que superponer, añadir o sumar la responsabilidades de los propios dirigentes de estos países".

¿QUIÉN NOS LO CUENTA? EL "EFECTO CNN"

"Está pasando, lo estás viendo". La publicidad de la CNN se hace eco de esa necesidad de la urgencia. Lo que cuenta, cada vez más es la imagen y estar en el momento en que se produce. Las cadenas de noticias emiten las veinticuatro horas, ¿cuándo tenemos tiempo de pararnos a pensar?

José María Mendiluce cuenta en "Con rabia y esperanzas" como asistió en Nicaragua al reencuentro entre una madre repatriada y su hijo, cuando ambos daban por muerto al otro. Cuenta también como una reportera les hizo separarse y repetir la escena porque la cámara había perdido la toma. ¿Hasta donde llega la manipulación de la información? "Los medios tienden cada vez más a coproducir las crisis(...) Si hay cámara, hay noticia. Si hay noticia, hay que ser noticia; se te tiene que ver en la noticia".

Gervasio Sánchez. Reportero gráfico de guerra. Ha cubierto los conflictos más importantes de los últimos años. Contesta a la pregunta recién llegado de la frontera con Kosovo. "Está claro que en cualquier conflicto o crisis humanitaria hay un intento de transmitir información que muchas veces es simplemente propaganda. Eso lo hace desde un dictador como Sadam Husseim o Milosevic, hasta un amante de las libertades públicas como es el portavoz de Javier Solana en Bruselas. Estos días hay una rueda de prensa diaria en Bruselas donde se transmite lo que se quiere transmitir. Pasó en la Guerra del Golfo, que fue la mentira mediática más importante de la historia, donde los periodistas fuimos manipulados descaradamente. Un problema grave es que la mayoría de los periodistas no nos planteamos con mucho rigor nuestro trabajo. También es verdad que en estas ruedas de prensa hay preguntas durísimas, brutales, pero ellos dan una respuesta banal y no pasa nada."

Una mirada lúcida al mundo global

Juan José Bremer


Un nuevo equilibrio mundial

Carlos Fuentes

Alguna vez, un presidente de México (no diré cuál) me confió que entre todos los informes diplomáticos recibidos en la Cancillería, él sólo leía los del embajador Juan José Bremer. Esto en nada disminuye la necesidad y eficacia, a corto y a largo plazo, de los informes que un jefe de misión diplomática está obligado a rendir a su Gobierno. La oportunidad a veces, la perspectiva otras, la historia siempre, cifran el destino de la correspondencia diplomática, una palabra griega que significa “papeles doblados” y que, en su encarnación moderna durante el Renacimiento, dio curso al arte de distinguir entre falsos y auténticos documentos.


Distinguir lo falso de lo auténtico. En términos absolutos, tal cosa no es nunca posible. El novelista sabe que su arte consiste en darle verdad a la ficción. El político, a veces, ofrece la ficción como verdad. El diplomático está obligado a presentar lo que sus ojos ven y su pensamiento analiza, consciente de que sus informes —sus papales— le trascienden a fin de orientar políticas de Estado. Es esta última la cualidad que distingue la mirada diplomática de Juan José Bremer en su libro El fin de la guerra fría y el salvaje mundo nuevo.


No son comunes las memorias diplomáticas en México y, en general, en el área luso e hispanoparlante. El mundo anglosajón, en cambio, posee una larga tradición memorialista, seguido de los mundos galo y germánico. Bremer, hombre de vasta cultura, asume con naturalidad estas tradiciones (sobre todo la germánica) a fin de enriquecer nuestra visión, a veces parroquial, a veces polémica o ideológica, del mundo que nos ha tocado vivir, del fin de la Segunda Guerra Mundial a la edad de la globalización, es decir, las décadas que van entre 1945 y el presente.


Activo jefe de misión a partir de 1982, sucesivamente embajador de México en Suecia, la Unión Soviética, la República Federal Alemana, España, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, Bremer es dueño de una experiencia transatlántica jamás divorciada, como lo demuestra este libro, de su personal representatividad mexicana y, por extensión, iberoamericana. El colapso de la Unión Soviética, la unificación alemana, la comunidad europea y la relación atlántica son los grandes rubros de este libro. Cada capítulo se ve enriquecido por la mirada histórica hacia los mundos referidos, con énfasis especial (rara en este tipo de obra) en el componente cultural de las acciones políticas y diplomáticas.


Recuerdo haber visitado con Bremer la ciudad alemana de Aachen, que es también la ciudad francesa de Aix-la-Chapelle y, para nosotros, Aquisgrán, para entender que esta diversidad nominativa era tan sólo una prueba del carácter europeo de la antigua capital de Carlomagno, el primer unificador del espacio europeo post-romano, el Imperio de Occidente. Quiero ubicar a Bremer en este espacio iniciático de la Europa moderna porque siento que desde allí, desde la antigua capital carolingia, es de donde Bremer dirige la mirada tanto al oriente eslavo como al occidente transatlántico a fin de encontrar un equilibrio que trasciende los fáciles maniqueísmos, tan dañinos, entre ideologías.

Ello le permite al autor analizar los componentes culturales de Rusia y de los Estados Unidos con la perspectiva histórica de un Tocqueville puesto al día. El mundo ruso, imbuido de una idea mesiánica de su destino histórico (la Tercera Roma) lo asignó a la unidad inseparable de la Iglesia y el Estado (el césaropapismo) que Lenin y Stalin convirtieron en unidad del Partido y del Estado. Disímil en todo a la experiencia rusa, los Estados Unidos comparten con ella, sin embargo, la convicción de que su destino es excepcional, tal y como lo enunció Herman Melville: “Somos el pueblo elegido, el Israel de nuestro tiempo. Nosotros llevamos el arca de las libertades al mundo”.


Los destinos nacionales de Rusia y los Estados Unidos, que ya para Tocqueville trascendían los límites tradicionales del Estado-Nación convirtiéndolos en entidades continentales, culminaron, en nuestro tiempo, en el prolongado conflicto de la guerra fría, que Moscú perdió porque “se desvinculó de la dinámica de la historia”. Esto es una paradoja extraordinaria, toda vez que el régimen soviético decía inspirarse en el materialismo histórico de Marx. En realidad, la tradición césaropapista desplazó a la dialéctica marxista y los Estados Unidos, “el pueblo elegido”, ganó la guerra fría, no en virtud de una fatalidad ideológica, sino gracias a que quebró económicamente al raquítico sistema soviético en las dos áreas determinantes de la postmodernidad (que es, al final de cuentas, la modernidad que vivimos). La brecha entre los dos grandes sistemas no se dirimió en el área ideológica o nacionalista, sino, estrictamente, en la zona internacional de la tecnología y la comunicación, los dos signos definitorios de la “nueva” modernidad.


Bremer, con justeza, no ve en el fin de la guerra fría un triunfo de los Estados Unidos de América sino una etapa unilateralista fugaz que cederá, con suerte, su sitio a un internacionalismo basado en la cooperación y fundado en derecho. Que este objetivo no es fácil de alcanzar, el autor lo sabe y lo dice. Que es el desiderátum de la lógica, el objetivo del quehacer mundial, lo demuestra -—con luces y sombras— la experiencia europea que Bremer, tácitamente, explica como contrapunto equilibrado a los extremos ruso y norteamericano.


La luz de la Europa actual nace de la oscuridad de un pasado de conflictos nacionales sangrientos. Los padres de la nueva Europa —Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monet— querían dejar atrás el pasado bélico poniendo en pie un modelo comunitario a fin de demostrar prácticamente que “la tradición histórica puede ser superada” y que “la política del poder y el uso de la fuerza pueden ser sustituidos por la negociación política y la creatividad institucional”.


Cabe recordar, como lo hace Bremer, que el éxito europeo no es sólo un antídoto contra los males del pasado, sino que aprovecha, sobre todo, los logros positivos del mismo: los movimientos obreros, la tradición social cristiana, el socialismo de estirpe social-demócrata, y la resistencia misma —de España a Polonia— a los regímenes totalitarios. Pero el autor insiste, con justeza, que el proceso de integración en Europa es un proceso creativo más que reactivo.


Al iniciarse el milenio (para parafrasear al eurodiputado español Enrique Barón) Europa tiene el PIB más alto del mundo, los beneficios sociales más extendidos, las áreas de competencia y cooperación mejor definidas.


Hay nubes en el horizonte europeo y Bremer no las olvida. Como en otras partes del planeta, el fin de la guerra fría y su oposición entre dos grandes bloques antagónicos abrió las ventanas a un cielo distinto —la globalidad— y los sótanos a una caverna olvidada —la localidad—. A la par con la extensión de la red de relaciones comunitarias y mundiales, Europa vio el resurgimiento de viejos espectros nacionalistas, étnicos, religiosos. Bremer hace notar que, sin embargo, estos conflictos enfrentan a la región con la nación, pero no la región con la comunidad (Cataluña es un ejemplo). O sea: mientras que los Estados nacionales transitan hacia la globalización económica, informativa y tecnológica, los factores raza, religión y región operan en contra.

El conflicto entre regiones y nacionalidades se ha extendido a la pugna entre sociedad laica y sociedad creyente, entre necesidad productiva y trabajo migratorio y entre éste y añejos prejuicios xenofóficos. ¿Se contentará Europa con reaccionar ante estos fenómenos? ¿O será capaz de crear jurídica, política y culturalmente el orden que los trascienda? La respuesta nos concierne a todos, ya que la globalización se ha esmerado en que circulen las cosas, pero ha descuidado la circulación de los trabajadores. El fenómeno es global y muy agudo en la América del Norte. El libro de Bremer puede ayudarnos a pensar el estatuto del trabajo migratorio como un asunto mundial, digno de acuerdos no sólo bilaterales sino multilaterales y nunca unilaterales.


Bremer no elude ni los peligros ni las oportunidades que este conjunto de factores le proponen a nuestro mundo. “Crear un orden internacional fundado en un sistema de responsabilidad colectiva”, sentando las bases de un sistema “adaptado a la complejidad de nuestro tiempo” o vivir “bajo la conducción de un directorio colegiado y exclusivo que administre la globalización y le dé seguridad a su manera”.


A todos —ciudadanos, sociedades, Estados— nos concierne que la primera sea la opción que concilie el interés nacional con la salud internacional.

México, D.F.

mazzucato@ideasypalabras.com.mx


http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9...&f=20061206


Lo que es la globalización, El País Plus, ja,ja,ja, ja

.................La oportunidad a veces, la perspectiva otras, la historia siempre, cifran el destino de la correspondencia diplomática, una palabra griega que significa “papeles doblados” y que, en su encarnación moderna durante el Renacimiento, dio curso al arte de distinguir entre falsos y auténticos documentos………….

……………los Estados Unidos comparten con ella, sin embargo, la convicción de que su destino es excepcional, tal y como lo enunció Herman Melville: “Somos el pueblo elegido, el Israel de nuestro tiempo. Nosotros llevamos el arca de las libertades al mundo”…….

………….¿Se contentará Europa con reaccionar ante estos fenómenos? ¿O será capaz de crear jurídica, política y culturalmente el orden que los trascienda? La respuesta nos concierne a todos, ya que la globalización se ha esmerado en que circulen las cosas………….



http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9...&f=20061206


http://www.elpais.com/articulo/opinion/nue...lpepiopi_11/Tes


la globalización se ha esmerado en que circulen las cosas………..mira que ha cambiado el mundo, y todavía hay personas que no se han dado cuenta.

Carlos Frade, Attac (Barcelona)

Le Monde Diplomatique en español, Septiembre de 2002



LA NUEVA NATURALEZA DE LA GUERRA EN EL CAPITALISMO GLOBAL

Entre los siglos XVII y comienzos de XX, la guerra era esencialmente un asunto entre Estados soberanos en igualdad de derechos. Como muestra K. Schmitt en su magistral obra El nomos de la Tierra, el Derecho de Gentes europeo consiguió, superando las guerras civiles y de religión que asolaron Europa, acotar la guerra en Europa al desviar la cuestión de la justicia de la guerra desde la justicia material de la causa justa hacia la justicia formal de cómo y por quién se libra la guerra, y rechazar completamente toda discriminación moral entre los contendientes. Gracias a esto, el enemigo era reconocido por las partes beligerantes como iustus hostis (esto es, como enemigo justo en el sentido, no de ‘bueno’, sino de igual y, en tanto que igual, apropiado) y distinguido tajantemente del rebelde, el criminal y el pirata. Además, la guerra carecía de carácter penal y punitivo, y se limitaba a una cuestión militar dilucidada entre los ejércitos estatalmente organizados de los contendientes en escenarios de guerra concretos que finalizaba mediante la concertación de tratados de paz que incluían el intercambio de prisioneros y cláusulas de amnistía. Por último, la neutralidad se convirtió en una auténtica institución del Derecho de Gentes.

Uno no puede menos que asombrarse, a tenor de las guerras actuales, de la extraordinaria muestra de sabiduría y realismo del Derecho de Gentes europeo. En efecto, la guerra de hoy, cuyo ejemplo paradigmático es la “guerra contra el terrorismo” del Presidente norteamericano y sus seguidores, niega punto por punto cada una de las limitaciones consagradas por el Derecho de Gentes. Sus características fundamentales podrían resumirse en los siguientes aspectos:

- La criminalización y la deshumanización total del enemigo, al que, como ser criminal e inhumano que es, no sólo hay que derrotar sino aniquilar completamente.

- La transformación de la guerra en una guerra escatológica (la última!) contra el mal que no cesará hasta haber extirpado éste de la faz de la tierra.

- La consideración de todo el planeta como el ámbito propio de esa guerra y, en consecuencia, la desaparición de todo escenario particular que delimite un espacio concreto como escenario de guerra.

- La imposibilidad no sólo de concertar la paz, sino de ser neutral, pues la neutralidad es considerada como símbolo de guerra o de alineamiento con el enemigo, y por tanto con el mal.

Estas características no son fruto de la casualidad, pues constituyen una forma de guerra coherente con el capitalismo global como forma de dominación. Se trata de un tipo de guerra que ha ido tomando cuerpo históricamente a partir del siglo XIX, en paralelo con el desarrollo del capitalismo moderno y de los EUA como Estado capitalista hegemónico, pero que sólo se ha manifestado en toda su extensión con la caída del muro de Berlín, que encumbra el poder norteamericano a un nivel prácticamente incontestado, y todavía más, si cabe, después del 11-S.

¿Cómo es posible que la guerra se haya convertido justamente en aquello que el Derecho de Gentes europeo trataba de evitar, esto es, en una guerra de aniquilación en la que cada vez es más difícil distinguir, dado su ámbito global y su carácter permanente, entre situación de guerra y situación de paz? ¿Y cómo explicar el hecho, todavía más llamativo si cabe, de que esta forma de guerra esté asociada precisamente con las ideas de ‘humanidad’ y ‘paz universal’ en nombre de las cuales se ha condenado la guerra como acto criminal e inhumano y se ha llegado a proclamar su abolición? Éstas son, en nuestra opinión, dos cuestiones de la mayor importancia que ni los análisis de la prensa ni los estudios más especializados parecen siquiera plantearse. Para tratar de responder a estas preguntas es necesario remitirse, en primer lugar, a la forma de dominación específicamente capitalista, pero también, en segundo lugar, a la difusión y promoción del capitalismo, desde sus inicios mismos, en conexión directa con las ideas de paz y relaciones pacíficas entre los pueblos, y en contraposición a la violencia y la guerra.

Según muestra Schmitt, el Derecho de Gentes europeo era, sobre todo, una ordenación del espacio de la tierra de carácter inter-estatal y centrada en Europa que distinguía entre un espacio estatal europeo con sus fronteras político-territoriales, y el espacio ‘libre’ o abierto (es decir, sujeto a ocupación y anexión por los europeos) de los pueblos no cristianos. En contraposición a esta forma de dominación esencialmente política y centrada en la anexión territorial de los espacios no europeos, el capitalismo supone una forma de dominación económica, ya presente en el Derecho de Gentes europeo, que mantiene los criterios político-territoriales de ordenación del mundo pero lo hace subordinándolos a criterios relacionados con una esfera de la actividad humana, la económica, que no sólo se ha separado de la esfera política sino que ha adquirido la primacía absoluta como esfera que encarna lo deseable e incluso el bien mismo.

La forma de dominación capitalista, plenamente desplegada por el capitalismo global, no consiste, por tanto, en la anexión territorial de los Estados subordinados al modo del imperialismo colonial europeo, sino en incluir a éstos en el ámbito geopolítico de los Estados dominantes. Es lo que los EUA, que fueron los primeros en poner en práctica de manera efectiva esta forma de dominación con la Doctrina Monroe de 1823, denominan zonas de special interests (intereses especiales); éstas, que inicialmente se ceñían al continente americano (conocido en la doctrina Monroe como ‘hemisferio Occidental’) como ámbito espacial erigido al margen y en oposición al ordenamiento europeo, se extendieron más tarde a otras partes del mundo hasta abarcar todo el planeta con la doctrina Stimson de 1932. Nada tiene de extraño, según este modo tan peculiar de ordenar el espacio de la Tierra, que la caída del muro de Berlín precipite en Occidente las estrategias políticas y militares, esto es, de guerra, propias de la dominación de tipo capitalista. Para los EUA no es nada nuevo, y todo lo que tienen que hacer en el terreno militar son reajustes y redistribuciones de fuerzas, incluyendo la asignación de nuevas funciones militares y policiales a la OTAN y la ampliación de su ámbito de actuación; mientras tanto, los Estados europeos occidentales y la propia UE se han apresurado a diseñar, a imitación de los EUA y siempre dentro de los límites marcados por éstos, nuevos programas militares, incluyendo la creación de una Fuerza Europea de Intervención Rápida, para cuidar de sus respectivos special interests en el mundo.

Así pues, el capitalismo global no modifica el estatuto territorial formal de los Estados subordinados, cuyos espacios de soberanía territorial siguen siendo reconocidos. Sin embargo, ese reconocimiento afecta únicamente a la delimitación exterior de las áreas territoriales con sus fronteras lineales, no al contenido social y económico de la integridad territorial. En efecto, el contenido material, la sustancia de la soberanía es definida por los Estados dominantes. Se revela así un aspecto esencial de la forma de dominación capitalista en lo que respecta a la ordenación político-territorial del mundo y que consiste, según la certera caracterización de Schmitt, en transformar la soberanía territorial “en un espacio vacío para procesos socioeconómicos”. Estos procesos vienen definidos por el estándar o modelo capitalista liberal, que conlleva un orden político y, sobre todo, un orden económico concreto a los que deben ajustarse los Estados subordinados. El orden político se basa en el régimen constitucional y formalmente democrático, y el orden económico en la propiedad privada y la economía ‘libre’ (que quiere decir ‘no estatal’). El primero es prescindible, pero no así el segundo. De ahí que el régimen político de los Estados subordinados no tenga mayor importancia siempre que se respete ese orden económico; y aunque el orden constitucional y formalmente democrático siempre sea recomendable, en realidad cualquier otro régimen es aceptable, incluyendo los más dictatoriales y sanguinarios, como muestran, entre otros muchos, los casos de Chile e Indonesia.

Ahora bien, al lado de la ordenación del espacio de la tierra conforme a fronteras político-estatales, y en verdad por encima de esta ordenación, desde el siglo XIX se extiende, penetrándolo todo, el ámbito de una economía ‘libre’, esto es, no estatal, que se entiende como una economía mundial. Esto representa un modo de ordenación que ya no concierne a las fronteras territoriales sino a una esfera de la actividad humana, la económica, que ha adquirido la primacía absoluta con respecto a todas las otras, a las que subordina. Tal ordenación del mundo fundada en la economía lleva implícita la superación de las fronteras político-estatales y, de este modo, de lo político mismo (y así, supuestamente, como veremos más adelante, de la violencia y la guerra). Mientras que superar lo político es obviamente imposible (excepto si los seres humanos se convierten en dioses o en animales), en la práctica las fronteras político-estatales son penetradas, pero no superadas (después de todo el Estado debe realizar al menos las funciones policiales de mantenimiento del orden interno), al someter las relaciones entre Estados al modelo, consustancial al capitalismo, de un comercio mundial y un mercado mundial ‘libres’. Es así cómo los Estados dominantes consiguen atravesar, mediante sus empresas y grupos económicos, y supuestamente de forma pacífica, las fronteras político-estatales. En todo caso, los Estados dominantes se reservan el derecho de intervención para asegurar que todo esté conforme a sus special interests.

Estamos así ante una forma aparentemente indirecta, supuestamente no política, de ejercer la dominación, que se complementa con el control político ejercido mediante intervenciones en las áreas de special interests, es decir, en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento en el caso de los EUA. La finalidad o el objeto de esta forma de dominación capitalista es el control, la regulación, la mercantilización y la administración de la fertilidad de la tierra y de la especie humana – es decir, lo que M. Foucault denominó “biopoder” y que se ejerce sobre todas las formas de vida y no sólo sobre la vida humana: desde los recursos naturales, incluyendo la materia orgánica y los procesos microbiológicos, y sus vías de circulación y transporte, hasta los recursos humanos y su movilización continua como fuerza de trabajo, tanto en forma de cuerpos individuales cuanto como grupos de población. Es este biopoder que ahora, gracias a la industria científica biotecnológica, el capitalismo global ha desplegado en toda su amplitud e intensidad lo que constituye el fundamento mismo del modo de dominación capitalista.

Lo más extraordinario de esta forma de dominación es que está asociada a la paz y a la libertad, pues se supone que la forma económica de ejercerla es intrínsecamente pacífica, mientras que las intervenciones se realizan precisamente para preservar la paz y la libertad. Dicho de otro modo: el embargo, la suspensión del crédito, la prioridad del pago de la deuda externa ante las necesidades de la población, la imposición de planes de ajuste estructural, las sanciones económicas, el dumping y demás métodos económicos típicos de un imperialismo capitalista global como el de los EUA son esencialmente ‘pacíficos’. Las intervenciones, por su parte, esto es, la presencia mediante bases militares, la conspiración para derrocar un gobierno o un régimen, los bombardeos disuasorios, la creación de zonas de exclusión, etc., se hacen para preservar la paz y la seguridad del mundo, en defensa de la libertad y en nombre de la civilización y la humanidad misma.

En realidad esta asociación directa entre el capitalismo y los valores de paz y libertad no es nueva en absoluto. Hirschman ha mostrado en un breve pero valiosísimo estudio cómo desde finales del siglo xvi las formas capitalistas fueron promocionadas y difundidas mediante toda una serie de discursos que contraponen el comercio a la violencia, a la guerra y a la barbarie, y que ensalzaban el supuesto carácter pacífico y los efectos civilizadores de las relaciones puramente comerciales y económicas. Estos discursos a favor de las formas capitalistas llegaron a adquirir, en paralelo con el desarrollo del capitalismo, una gran consistencia hasta constituir un auténtico logopoder, esto es, un poder sobre el lenguaje y el significado de las palabras, que ha sido y sigue siendo el fundamento de la hegemonía cultural del capitalismo. Aunque no podemos detenernos aquí en este complejo proceso, sí conviene decir que gracias a este poder de apropiarse, manipular y gestionar los símbolos y los significados, se fue construyendo una visión del mundo afín al capitalismo conforme a la cual la expansión de éste aparecía tan estrechamente asociada a las ideas de paz, civilización, humanidad, democracia y progreso que cualquier dificultad en su avance tendía a ser relegada a los reinos de la barbarie, la anarquía y las tinieblas – reinos cuya manifestación concreta el imaginario social no tenía ni tiene dificultades en identificar con las sociedades contemporáneas ‘primitivas’ o ‘tercermundistas’, o bien con la edad media y el feudalismo. La utopía de la paz mundial que finalmente traería el capitalismo, así como la quimera (política) liberal de superación de lo político eran piezas clave de estos dispositivos de logopoder. En su nombre no sólo se condena la guerra, sino que se proclama su abolición y se denigra a la política, a la que se identifica con la guerra por
oposición a la ‘pacífica’ economía. Nada tiene de extraño, en este contexto ideológico, que los adversarios dejen de llamarse enemigos y se criminalizen como perturbadores de la paz, extremistas y seres irracionales que, no por casualidad, suelen coincidir con los pobres y los inmigrantes, así como con los Estados ricos en recursos energéticos que ofrecen resistencia.


La culminación de este proceso, que señala el nacimiento del capitalismo moderno en el ámbito de los valores, estriba en la consideración de la economía misma como lo moralmente bueno y, en consecuencia, como lo que dicta la norma a seguir. En efecto, como ha mostrado brillantemente Dumont, lo económico se separa de la esfera moral igual que antes lo había hecho de la esfera política, pero en este caso no lo hace subordinando la esfera moral, sino asumiendo en sí mismo un carácter normativo propio. Así es cómo el crecimiento económico y las relaciones de tipo capitalista en general pasan a ser la encarnación misma del bien. En este contexto, la criminalización del adversario como la encarnación del mal se produce con toda naturalidad. El imperio soviético era ‘el imperio del mal’; y aunque después de su caída hubo proclamaciones un tanto precipitadas del fin de la historia, es decir, del fin de los enemigos, lo cierto es que éstos, después de algunas dudas (narcotraficantes, Estados canallas), pronto tuvieron un nombre: terroristas, no importa si son individuos, grupos o Estados. Tal es el destino de los que intenten sustraerse a los devastadores efectos de los métodos ‘pacíficos’ y ‘buenos’ del imperialismo capitalista: ser tratados como criminales y objeto de intervenciones, porque la guerra se condena, pero las sanciones, las expediciones de castigo, las zonas de exclusión, las misiones de pacificación, los bombardeos preventivos y demás formas de guerra que matan, aterrorizan y devastan masivamente las poblaciones civiles y sus entornos de vida, serán cada vez más necesarias para mantener el capitalismo global.

Naturalmente, serán guerras ‘justas’, pero ahora en el sentido más burdo de la justicia material, es decir, de los buenos contra los malos, como han dejado claro esos sesenta intelectuales, teólogos y políticos norteamericanos en su manifiesto – o, más bien, encíclica, como lo denominó el escritor y ensayista hispano-italiano Sánchez Ferlosio: “Nonnumquam opus est”, la tituló – a favor de la guerra. El valor del manifiesto estriba en que continua la tradición norteamericana respecto a la guerra, pues los EUA reivindican para sus guerras la idea de guerra justa desde, al menos, la primera guerra mundial; pero no se trata, como se nos quiere hacer creer, de una vuelta a las doctrinas cristianas medievales, sino de un efecto de la criminalización del enemigo. Por otra parte, la defensa de la paz y la libertad serán los objetivos de esas guerras. Tampoco esto viene de ahora; conviene recordar cómo entraron los EUA en la primera guerra mundial: el Presidente Wilson, después de haber proclamado formalmente la neutralidad de su país en 1914, y después de haber sido reelegido en 1916 bajo el lema ‘he kept us out of war’, declaró en 1917 que ‘la paz’ y ‘la libertad del mundo’ justificaban la entrada en una guerra europea. La misma evolución desde la neutralidad a la entrada efectiva en guerra por similares motivos se produjo en la segunda guerra mundial con Roosevelt. En verdad el dilema norteamericano entre aislacionismo e intervencionismo a escala mundial que, según los analistas, se repite constantemente desde la doctrina Monroe de 1823, no es tal. No hay tal dilema; lo que hay, como hemos explicado anteriormente, es dominación económica (aislacionismo) e intervenciones militares que se producen cuando y dondequiera que alguien trate de substraerse o entorpezca la dominación económica.

Tampoco la ‘unilateralidad’, de la que hoy tanto se habla, se opone a una supuesta multilateralidad, pues los EUA siempre han actuado unilateralmente: hoy se oponen al Tribunal Penal Internacional (TPI) lo mismo que después de la primera guerra mundial se opusieron a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Penal , y sólo subscribirán el Estatuto de Roma de 1998 que crea el TPI si se introduce alguna cláusula que en la práctica signifique el reconocimiento por el TPI de la singularidad norteamericana. No debería sorprender el hecho de que en estos últimos años se hayan estado dedicando a desmantelar la arquitectura internacional de seguridad surgida de la guerra fría, ni que descabecen los equipos de dirección de las organizaciones multilaterales que, respetando los estatutos por los que se rigen, se niegan a plegarse a las consignas de Washington; tal es el caso del director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), que han conseguido destituir.

A cambio, los EUA normalizan el estado de excepción en el mundo: internamente, mediante el recorte de derechos fundamentales de sus ciudadanos, algo que los Estados asociados se han apresurado a imitar, y, externamente, mediante la creación de auténticos limbos jurídicos acordes con la doctrina de las ‘intervenciones’; así, los capturados en la guerra en Afganistán no son tratados como prisioneros de guerra, que es lo que corresponde según la Convención de Ginebra, sino como terroristas. En realidad, la distinción entre interno y externo ha perdido prácticamente su sentido desde el momento en que la policía se militariza y el ejército actúa policialmente en una guerra que se ha convertido en una acción policial.

Nada de esto debería sorprender; después de todo, controlar, organizar y gestionar el mundo es lo que corresponde hacer, según sus propios criterios, al imperio capitalista global. Y dado que la economía representa, como hemos visto, el bien y el progreso de la humanidad, la guerra para mantener y ampliar el poder económico se convierte necesariamente y con ayuda del logopoder en una cruzada que divide el mundo en dos bandos (“o con nosotros, o con los terroristas”) y en la última guerra, pues sólo cesará cuando se haya acabado con el mal.

ORDEN ANÁRQUICO Y PROYECTO LIBERAL DE SOCIEDAD GLOBAL EN EL PENSAMIENTO DE RAYMOND ARON

Oscar Godoy

El autor revisa las ideas de Raymond Aron, filósofo, sociólogo y cuentista social francés, acerca de la anarquía violenta del sistema de relaciones internacionales contemporáneas. Aron, según el autor, no solamente pensó que en esa anarquía existía un orden "real", impuesto por el "tabú atómico", sino también la posibilidad de crear un nuevo orden, supra-estatal y pacífico, sobre el supuesto de una profundización de la democracia pluralista. Aron, para llegar a esa conclusión, hizo una aguda crítica de los proyectos racionalistas para establecer una sociedad planetaria; proyectos que emergen de un optimismo desmesurado en las posibilidades de anticipar y planificar el porvenir del hombre. Las ideas de Aron, señala el autor, se inscriben en la misma tendencia liberal caracterizada por F. A. Hayek y L. von Mises, entre otros.

Introducción

La obra de Raymond Aron, recientemente fallecido, testimonia un persistente interés por el porvenir de la sociedad contemporánea. Desde temprana edad esta preocupación, intelectual y política, estuvo enlazada con una cierta visión de la historia, cuyos caracteres fundamentales nuestro autor quiso analizar y describir, en sucesivos asedios, a lo largo de cincuenta años. Con la excepción de su Introduction a la philosophie de l'histoire, cuyo contenido parcialmente fenomenológico arranca de una experiencia académica, sus escritos sobre este tema fueron provocados —y quizás allí radiquen sus posibles flaquezas— por la polémica entablada alrededor del destino de Occidente y los nuevos horizontes que se avizoran para la constitución de una sociedad planetaria.

Aron fue un hombre de paradojas. Su producción intelectual trasunta esa suave ironía que es propia de los espíritus escépticos. Sin embargo, su escepticismo siempre guardó un límite, que no podía trasgredirse a riesgo de invadir ese dominio, reservado y prodigioso, constituido por la esencia del hombre, su personalidad y las libertades reales que posibilitan su despliegue y plenitud. La paradoja, en Aron, es un modo de apartarse y hacer la crítica de la opinión ilustrada prevaleciente en la Francia de la post-guerra. Aron buscó siempre el contraste, contra la corriente, entre las astucias de la inteligencia parisina y la realidad de un mundo inasible para las pretensiones deterministas de la razón. De ahí su marginalidad, simbolizada en la insolente frase que corría por el París de los años 50:

"mejor equivocarse con Sartre, que tener la razón con Aron".

Tengo la impresión de que el tema que intento desarrollar expresa una paradoja típicamente aroniana: la gran empresa de la humanidad es construir el porvenir, un porvenir incierto e incognoscible. Probablemente, a más de alguien le parezca que en esta aserción no hay paradoja alguna. No ha pensado así gran parte de la "intelligentsia" occidental moderna y contemporánea, para la cual el mundo se encamina, siguiendo un riguroso determinismo, hacia un nuevo y promisor estadio, ya previsto y al alcance de la razón. Aron se constituyó en piedra de escándalo cuando expuso esa triunfante ilusión a su devastador espíritu crítico, especialmente agudo para escrutar las incoherencias no ya de sus antagonistas, sino de los sistemas ideológicos que les servía de manto protector. Aron se sirvió de la idea de "estado de naturaleza", ampliamente difundida a partir del siglo XVII, para describir una situación similar, pero ahora real, en la esfera de las relaciones entre las naciones.

Esta tesis, sobre el "orden anárquico" internacional, es el marco concebido por Aron para proponer un proyecto liberal de sociedad global. A partir suyo, además, nuestro autor establece las bases de una opción para la acción política a nivel de la sociedad contemporánea. Por ello, como se verá, la referencia a la reflexión de Aron sobre la historia es ineludible. Creo que esos son los temas mayores del presente ensayo.

El Orden Anárquico

El "estado de naturaleza", a diferencia del "estado social", o simplemente de la situación del hombre en sociedad, "excluye una autoridad suprema, un tribunal encargado de dar veredictos, una policía autorizada para hacerlos cumplir; en consecuencia, cada hombre es responsable de su propia seguridad, libre en sus decisiones, incluyendo la decisión de tomar las armas". Esta idea puede imputarse tanto a Hobbes como a Locke, olvidando matices; pero éste es un asunto que a Aron no le preocupa, porque su interés está focalizado en la distinción entre ambos estados, más allá de la perversidad o bondad del hombre natural diseñado por los dos filósofos ingleses.
Para Aron es mucho más relevante poder concebir, en términos condicionales, un estado de anarquía "si" no existiese un principio (arjé) soberano, cuyo imperio sobre los individuos garantice un orden social. Poco importa si cada cual, en esa hipotética condición, se comporte como lobo de su prójimo (Hobbes), o siga impulsos naturales de justicia (Locke), sino el hecho de que, en ausencia de una autoridad superior, los individuos deben velar por su seguridad y conservación con sus propias fuerzas.

A) Anarquía del Sistema Internacional

Aron aplica la idea de "estado de naturaleza" para interpretar las relaciones entre las naciones. Toma como punto de partida el protagonismo de los estados nacionales en el escenario internacional. Los estados (cuyo número puede contabilizarse por la nómina de miembros de las Naciones Unidas) son los actores de las relaciones ya nombradas, que, por lo mismo, son más bien inter-estatales. Ellas, a pesar del derecho internacional y de las Naciones Unidas y otros organismos regionales, no se rigen por un "principio" único de autoridad; cada cual decide sus propios destinos, siguiendo una conducta semejante a la del hombre en "estado de naturaleza".

La argumentación hobbesiana y lockeana apunta a la legitimación de una "transferencia" de poder. En efecto, se trata de traspasar el poder o fuerza de cada cual (individual) para concentrarlo en un solo ente, que puede llamarse soberano, sociedad o pueblo, y que entraña la constitución de un "principio" único de orden, cuya función es el bien de la comunidad. No debe olvidarse, asimismo, que las monarquías europeas destruyeron el orden feudal, con el propósito de realizar la "unidad nacional".

Este proceso produjo, de "facto", una gran concentración del poder en el estado. Mejor aún, allí se inició una acumulación que no parece haber terminado, como lo demuestran las experiencias totalitarias de nuestro siglo. Este fenómeno no sólo exigió el monopolio de la fuerza para mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos, sino también para la defensa de la nación misma. Sin embargo, apunta Aron, esa fuerza no sólo ha servido esos intereses, también ha sido un instrumento para la conquista, la expansión territorial y la servidumbre de unos pueblos sobre otros. En la realidad. los estados actúan dentro de los límites permitidos por su propio poder y el de los demás, dándole a la guerra un carácter endémico.

No puede comprenderse el actual sistema internacional sin considerar a la guerra como parte integrante del mismo. Nos dice Aron: "las condiciones de la organización política de la humanidad, constantes a través de toda la historia, bastan para explicar la precariedad de la paz y la frecuencia de las guerras''. Nuestro autor sostiene que aquello acontece justamente porque no se ha producido una "transferencia" de poder similar al descrito más arriba. El sistema internacional no ha traspasado las fronteras del "estado de naturaleza". El primado de la violencia es prueba suficiente, cree Aron, para demostrar su afirmación: "El orden Ínter-estatal ha sido siempre anárquico y oligárquico; anárquico debido a la ausencia de un monopolio legítimo de la violencia, y oligárquico (o jerárquico) en el sentido de que, sin una sociedad civil, los derechos dependen ampliamente de la fuerza".

Los estados soberanos, únicos actores válidos y relevantes del sistema internacional, ¿admitirán algún día la necesidad de realizar una transferencia de poder semejante a aquella que funda su propio y actual poder? Aron no cree que esto pueda acontecer en un futuro inmediato. En sus escritos de los años sesenta deja entrever un cierto optimismo, motivado por las primeras realizaciones de las Comunidades Europeas. Pero la verdad es que Aron no confiaba en los mecanismos institucionales que podían emerger del actual estado de cosas. Concuerda con Lord Russel, que concedía un menguado plazo para elegir entre un estado mundial o la aniquilación de la humanidad, pero no creía que se diesen las condiciones adecuadas para optar entre uno de los dos términos de tan trascendental dilema.

Para Aron, la transición desde "varias" soberanías a una sola no es hoy realizable. Ese cambio, cuando acaezca, será "una mutación de la historia misma y no una mutación dentro de la historia". Si llega a ocurrir, el "paso" de las soberanías nacionales a un estado mundial diferirá "esencialmente" de la transición del estado (o ciudad estado) al imperio. En el contexto del devenir histórico actual, los nacionalismos definen la conducta básica de los estados. Con el término "nacionalismo",Aron quiere significar "la voluntad de colectividades políticamente organizadas, establecidas en un territorio y sometidas a un estado, de mantener frente a otras colectividades similares una libertad teórica total o, al menos, semejante a la de las otras". Esta voluntad es el obstáculo mayor a la constitución de un estado mundial (pero, como se verá más adelante, es un obstáculo válido y legítimo mientras se den ciertas condiciones, aún presentes en la realidad).

Si, como supone Aron, la historia hoy se nutre de la acción inter-estatal, desde ella sólo puede emerger un estado mundial bajo la forma de imperio. O sea, en un contexto Ínter-estatal es aceptable la hipótesis de un estado-nación con vocación universal y con el poder adecuado para someter al mundo bajo una autoridad global. En este caso, solamente se proseguiría la dialéctica del proceso histórico en curso, que aún mantiene al sistema internacional en "estado de naturaleza".

El estado mundial surgido de ese proceso no podría ser sino un imperio, producto de la conquista y la dominación del mundo por un estado-nación con un destino universal manifiesto. Muchos estiman que la ciencia, la tecnología y la economía contemporánea han producido una mutación histórica esencial. Aron disiente. Acepta el hecho de que sus efectos son "planetarios", y permiten decir que la sociedad se ha "globalizado". Sin embargo, ese fenómeno, que ha estimulado la imaginación de tanto analista social, no se ha reflejado en un cambio substancial de la conducta de los estados, ni hacia su propio interior ni menos en el ámbito de sus relaciones con el resto de la comunidad internacional. Y aun cuando los hombres se han aproximado, cuestionando fronteras y diferencias, los "estadistas se aferran a la soberanía". En definitiva, los "estados actúan en el escenario histórico como individuos que se niegan a someterse a un señor y no saben cómo someterse a una ley común".

En las actuales circunstancias, un Estado mundial bajo la forma de Imperio, no solamente tendría que crearse por la fuerza, además habría de preservar su existencia por el mismo medio: sólo podría sobrevivir mediante el monopolio efectivo de la violencia. Se puede especular y aceptar que un estado imperio, por el mero transcurso del tiempo, legitime su autoridad por el ejercicio sostenido del poder. Así, a fin de cuentas, los ex estados nacionales terminarían por transferirle una cuota importante de su antigua autonomía, independencia y soberanía. Aron rechaza esta hipótesis. No sólo en el plano moral, porque recusa los medios que habrían de usarse, o sea, la violencia, la fuerza, la coacción, etc. También porque cree que el papel protagónico de la historia del porvenir "no" le debe corresponder al estado nacional, ni menos a su maximalismo, el imperio universal.

En síntesis, para Aron, el "imperio'' no es sino la extensión, a todo el orbe, de la dominación de un Estado nacional con vocación universal. La realización de la idea de Imperio supone que un Estado (o bloque) "ha eliminado del mundo a sus rivales y estabilizado su victoria al integrar a los vencidos dentro de orden garantizado por el monopolio de la violencia". Aron agrega gravemente, "en nuestra época, esta hipótesis equivale a la derrota o a la capitulación de los occidentales".

Orden del Sistema Internacional

El orden internacional es anárquico, en el sentido ya descrito. Pero, postula Aron, también es o tiene un orden. La anarquía está referida, como lo señala la palabra misma ("a", sin; "arjé", principio), a la carencia de una ley constitucional única para regir a la sociedad global. Algunas personas pueden entender que cuando Aron afirma que en esa anarquía existe un "cierto" orden, se está refiriendo a la existencia del derecho internacional. No es así, ciertamente no desconoce la vigencia de una institucionalidad jurídica internacional, e incluso le ha dedicado innumerables páginas de su obra (véase: Paz y Guerra entre las Naciones, especialmente el capítulo XXIII de la cuarta parte). Pero, en definitiva, el politólogo francés postula la "anterioridad" de ciertos "hechos reales" a la práctica de un endeble andamiaje jurídico internacional. Siempre consistente con su visión realista del "ordo mundis" imperante, nuestro autor postula que ese orden descansa sobre la facticidad de la concentración de poder termonuclear en Estados Unidos y la Unión Soviética.

Aron es un crítico acervo de las deficiencias del derecho internacional —no desconoce sus logros, pero los reduce a avances en el interior de la política de poder de los estados— y le asigna una función ordenadora sustantiva al "hecho nuclear". Piensa que este hecho le propone, efectivamente, al hombre contemporáneo, el límite infranqueable de su propia violencia; en efecto, hoy día existe la posibilidad real de que la humanidad se autodestruya. La toma de conciencia de este "factum" es extremadamente intensa y potente, porque pone en entredicho la legitimidad de la política de poder de los estados y, en consecuencia, a todo el edificio jurídico internacional construido alrededor suyo. Si el hombre no poseyese el arma atómica, ¿no es acaso verosímil que las grandes potencias hubiesen dirimido sus conflictos en una tercera ronda bélica, con armas convencionales, claro está? Aron se plantea esa hipótesis, y cree que, a pesar de los millones de muertos y del costo fabuloso implicado en esta aventura, Occidente no se habría privado de ella. La cercanía de un holocausto global ha actuado como freno. Las dos superpotencias —duopolistas nucleares— "advirtieron que su interés común era no dejarse involucrar en una guerra de aniquilación; o sea, entendieron que nada de lo que estaba en juego en sus conflictos valía la pena de una guerra termonuclear".

El arma nuclear ha difuminado la distinción entre la guerra y la paz. Hoy, dice Aron, "la paz es belicosa", porque siendo posible solamente un uso limitado de la fuerza militar, el mundo mantiene una guerra convencional permanente. Hobbes pensó que una de las razones que inducen al hombre a alejarse del "estado de naturaleza" es el miedo (miedo al otro, miedo recíproco), al cual define como "la nuda aprehensión y previsión de un mal futuro". Vencer al miedo es destruir al otro, a aquel que puede causarme mal, o bien, y por una superior consideración de la razón, crear por mutuo consentimiento un orden pacífico. Aron parece creer que el miedo a un conflicto terminal puede ser el inicio de una conversión de la humanidad a un estado universal. En todo caso, sin duda alguna, sostiene que ese miedo es un principio de orden en la anarquía vigente en las relaciones interestatales.

La diseminación nuclear —que no afecta, por el momento, al duopolio atómico— no viene sino a reforzar la argumentación anterior, al poner en evidencia la proximidad de una escalada suicida. En el fondo, tal proliferación contribuye a configurar en el espíritu del hombre un nuevo "tabú", el "tabú nuclear". La tendencia de la humanidad es a la conservación de su propia existencia; sobre este impulso primario reposa la intangibilidad de ese tabú. El "orden anárquico", en síntesis, nos deja en el umbral de una opción trascendental para el porvenir de la humanidad. El desafío consiste en transitar hacia una nueva historia, dentro de la cual se constituya una "sociedad civil planetaria", un estado mundial no imperial.

Historia, Porvenir y Política

La historia, según Aron, nos dice muy poco sobre el futuro. Su mirada más lúcida esta vuelta hacia el pasado. Apenas si acepta que hay historia "magistra vitae" (maestra de la vida), pero no hay ciclos que se repitan, ni leyes conocidas que le den una articulación meta-histórica al tiempo. A pesar de todo lo anterior, la historia "sitúa" el presente, y con ello abre un espacio de acción política eficaz. La "praxis" política se realiza "desde" ciertos datos, cuyo conocimiento es la condición necesaria para excederlos y sobreexcederlos, en el proceso de creación del futuro. La reflexión de Aron sobre la historia siempre culmina en un llamado a "hacer" un futuro incierto, indeterminado e incognoscible. Supone a la historia como la nuda realidad social en estado de cambio (su carácter de proceso), y desde allí elabora, por lo menos, tres argumentos. Por una parte, distingue entre el conocimiento científico de ese proceso y su "toma de conciencia" por los individuos y la sociedad. Por otra, hace una crítica, profunda y extensa, a eso que se ha denominado el "sentido" de la historia (incluso dedica gran parte de su obra al análisis de distintas "visiones" de la historia; aquí, por razones obvias, no corresponde descender a ese nivel de especificidad). Ninguna de estas vías, como veremos enseguida, ilumina suficientemente el futuro en cuanto tal, como algunos pretenden; iluminan sí, al presente y al pasado, o sea, al momento inmediatamente precedente al futuro.

Cuando Aron se explaya sobre el conocimiento histórico, distingue entre "espíritu objetivado" y "espíritu objetivo". Llama "espíritu objetivado" a todas las realidades (cosas de la naturaleza) intervenidas por el hombre: "libros impresos, piedras talladas, telas pintadas"; y reserva el término "espíritu objetivo" para designar a las representaciones colectivas, a las expresiones "jurídicas, filosóficas, religiosas, etc." de una sociedad. Es posible, en consecuencia, un doble conocimiento del pasado: uno que recaería "sobre el espíritu inscrito en la materia y otro sobre la conciencia de una persona y un grupo, accesible a través de objetivaciones". Si dejamos a un lado la estructura interna de estas dos vías epistemológicas, y nos atenemos a sus resultados, concluimos que solamente podemos, conseguir una recreación parcial y fragmentaria del pasado. Ambas resultan inermes para darnos conocimientos causales sobre los eventos históricos y establecer leyes universalmente válidas para el tiempo, y aplicables, en suma, al porvenir. Aron acepta que el historiador, cuando practica su saber, sobrepasa ese carácter múltiple y atomizado, propio del "espíritu objetivo", y puede llegar a aprehender una cierta unidad y continuidad del devenir histórico. Pero, en definitiva, lo que descubre es "la identidad formal de la razón" del sujeto histórico, que no es sino el hombre. No es poco. Pero, como comprenderá el lector, es insuficiente para aquellos que aspiran a descubrir "leyes" o "regularidades" que nos den la clave de "todo" tiempo histórico. La "identidad formal de la razón" es el solo parámetro, hito, que permite explicar "las contradicciones entre los modelos de vida y los "ethos"; proposiciones que mantienen a la vez la unidad y la realidad de la historia".

Por otra parte, como vimos, Aron habla de la "toma de conciencia" de la historia. Este modo de aprehender el proceso histórico difiere del conocimiento, al cual se dedica el párrafo anterior, porque a través suyo solamente se nos entrega un "reconocimiento" espontáneo del pasado histórico, y no una "reconstitución" científica del mismo. Decimos que un individuo, un grupo o una sociedad tienen "conciencia histórica" cuando poseen el pasado, "reconociéndolo como propio". Gracias a ella, nos dice Aron, las colectividades saben lo que "significan para ella humanidad, civilización, nación, el pasado, el porvenir, los cambios a que se hallan sujeta, a través del tiempo, las obras y las ciudades".Pero, además, esa conciencia también comporta la percepción, más o menos clara, de una pertenencia a una pluralidad de culturas y de épocas. Pluralismo sorprendente, pero real. Piénsese en el término "cultura occidental" y podrá advertirse que ella connota "varias" culturas (griega, romana, judía, cristiana) y distintas épocas (lo cual permite a los historiadores disputar sobre el mejor modo de dividirla y delimitar sus períodos).

La "conciencia histórica" de la sociedad occidental, que es la nuestra, además de hacernos patente la pertenencia a un "todo" cuyas fuentes, generatrices y nutricias, son plurales, también nos revela otro factor, que conviene mencionar. Aron sostiene que el hombre occidental ha vivido, y difundido en el planeta, la "dialéctica entre la tradición y la libertad". La conciencia de esta dialéctica se expresa en el juego, establecido por la civilización occidental, entre el pasado, asumido como tal (tradición), y la voluntad práctica de liberarse e ir más allá del mismo (libertad). De esta voluntad surge el modo occidental de conocer al pasado, que, en un sentido negativo, consiste en no haberlo fijado, sacralizándolo en fórmulas rituales e inmutables. Allí encuentra también su origen la creación de la ciencia y la tecnología, tal cual la ha diseminado el Occidente por todo el mundo. Me parece que Aron, con estas reflexiones, desea dramatizar el impulso occidental por transformar y humanizar la realidad, justamente por intermedio del saber.

Finalmente, a Aron también le preocupa, y mucho, el tema del "sentido" de la historia. "Sentido", en este contexto, puede significar, y significa así para muchos, una manera de prever el futuro humano, conociendo de antemano la forma, que determinados actores, le darán a la realidad social. En esta perspectiva, si se utiliza el "sentido de la historia" para mirar hacia el pasado, se dirá que tales eventos se explican porque realizaron un "fin", el cual "aparece retrospectivamente como el objetivo al cual tendían, consciente o inconscientemente, los actores de este drama secular".Aron no considera epistemológicamente posible encontrar un "sentido" a la historia. Siempre la capacidad previsora será parcial y relativa. Si bien la ciencia histórica establece nexos causales, ellos son insuficientes, porque son "entre hechos aislados, desgajados de su contexto, no entre unidades globales". Y agrega, "en materia de historia los vínculos causales que se llegan a establecer entre hechos aislados son la mayor parte de las veces inciertos, equívocos, por múltiples razones: porque los hechos se hallan imperfectamente definidos, porque las series no son nunca enteramente aislables, porque fenómenos exteriores pueden modificar, desviar o paralizar el curso previsto de los acontecimientos". La obra de Aron es pródiga en la aplicación de esta crítica a la posibilidad de descubrir un "sentido" a la historia; creo que sus trabajos sobre el marxismo, como teoría sobre el porvenir de la sociedad post-capitalista, son una buena muestra de su intensa preocupación por este tópico.

Quizá la significación aroniana más aceptable del "sentido de la historia" se desprenda de la dialéctica entre la tradición y la libertad. En efecto, nos dice, "querer que la historia tenga un sentido es invitar al hombre a dominar su naturaleza y a hacer razonable el orden de la vida en común". Tal afirmación nos reenvía al tema central de este ensayo.

El Proyecto Liberal de Sociedad Global

No hay, en suma, determinismo histórico, y, por otra parte, el mundo Ínter-estatal se encuentra en "estado de naturaleza". Aron, ya lo vimos, sostiene que la constitución de un imperio no puede reflejar a la esencia del hombre. No sólo porque esa salida implica el uso de la fuerza y la violencia, sino por algo más profundo: ese proyecto político es irrealizable porque la misma violencia ha reconocido unos límites intangibles (tabú atómico), y la fuerza convencional no es capaz de someter a la humanidad. Además, ese proyecto vano surge de una historicidad en crisis, aquella que protagonizan agonalmente los estados. El gran desafío es salir hacia una nueva historicidad, cuyo quicio no puede ser otro sino el modo occidental de transformar el mundo, fundado en la libertad. Mientras la voluntad política del hombre occidental no se mueva en esa dirección, el horizonte seguirá enclaustrado en opciones vacías o monstruosas, tales como "mejor rojo que muerto" y otras semejantes.

Después de todo lo expuesto, ¿qué ocurre con Estados Unidos? La pregunta es pertinente, y Aron se ha preocupado con singular latitud del país del Norte, especialmente en su libro Lo République impériale. Les Etats-Unis dans le monde (1945-1972). Sus estudios demuestran que esta nación ha venido a salir de su tradicional "aislacionismo" —cuidadosamente analizado en el siglo XIX por Alexis de Tocqueville— solamente en la década de los cuarenta. Esta salida, para cumplir pesadas tareas anexas a su enorme poderío económico y militar, es coyuntural. Aron estimaba en los años sesenta que Estados Unidos había iniciado un repliegue sobre sí mismo. La balanza política, sostenía en aquel entonces, lo inclina o a ausentarse del escenario internacional o, al menos, a invitar a sus aliados a asumir mayores responsabilidades, en sus esferas de influencia natural. Tal repliegue es una demostración clara de una carencia de vocación imperial. Pareciera que Estados Unidos está ansioso por terminar con una tarea limitada, aunque importante para Occidente, que Kennan, citado por Aron, resume así: la "contención del comunismo", empresa que debe durar hasta "el día en que el poder soviético resulte quebrado por sus contradicciones y suavizado por el desgaste del tiempo". Aron expresa su pensamiento en el siguiente texto, que prefiero reproducir integralmente, a pesar de su extensión:

"ninguna fórmula surgida de la experiencia histórica —ni las zonas de influencia ni el equilibrio de poderes— se aplica tal como la conocemos al sistema en que el Presidente Nixon va a insertar a la república estadounidense, pues la doble fragmentación, horizontal (o geográfica: la de los subsistemas recortados en el mapamundi) y vertical (la de las relaciones militares, políticas, comerciales e ideológicas), más la jungla de los monstruos fríos, la formación de un sistema económico transnacional, el contraste entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de la mayoría, el cuestionamiento que los ricos hacen del camino que los ha llevado a la riqueza y sus desilusiones, mientras que los pobres no renuncian a seguir análogo camino, está creando un mundo de complejidad sin precedentes. Los Estados Unidos no ejercerán ya sino una influencia reducida en comparación con la que han ejercido en los últimos 25 años. . "

El optimismo de Aron es, otra vez, paradojal. En realidad, en la trama tejida por la anarquía de las relaciones internacionales y la consciencia del hombre de que su constitutiva violencia tiene un techo, aquel de su extinción, Estados Unidos tiene una función principal.

Ella es difícil de conceptualizar, quizá por su ambigüedad. En efecto, este país es uno de los duopolistas nucleares, y, en consecuencia, representa una de las dos fuentes que potencialmente pueden aniquilar a la humanidad. Pero, también, en su voluntad no imperial y en la vitalidad de su democracia, ¿no hay acaso algo que rescatar para una sociedad global pacífica? La acción política asume en el planteo de Aron una dimensión fundamental. La historia reposa sobre opciones y acciones humanas, o sea, sobre la libertad. Y, a su vez, el pasado histórico enmarca a la libertad y, por ende, a la "praxis" política por lo menos en tres sentidos:

A) jamás se retorna sobre lo ya adquirido (se restablece a la monarquía, pero no a los derechos feudales);
el futuro es incierto, y no siendo enteramente previsible es también un desafío al riesgo;
C) cada época impone condiciones a la creación política, y hoy, nos dice Aron, es menester "lucidez y fe, creer en una voluntad histórica sin creer ni en los mitos ni en las masas. Psicológicamente, humanamente, ningún grupo y ningún partido podría, en el orden moral, reivindicar un privilegio o una superioridad".

El proyecto liberal aroniano, cuya meta es un orden planetario pacífico, montado a partir de un principio único, supone la aceptación voluntaria, por parte de la humanidad, de someterse a "las exigencias de la administración racional en lo que respecta a los problemas que afectan claramente a toda la humanidad", como, por ejemplo, en todo lo que incumbe al medio ambiente. Sobre la economía y el progreso de las naciones, Aron sostiene que los problemas deberán afrontarse, según su alcance, "a diferentes niveles, global, continental, nacional o regional, por diferentes autoridades que cooperan entre sí y con competencia para hacerlo". Este proyecto exige la realización de cuatro condiciones, que se enuncian a continuación:

1) Las soberanías nacionales deben transferir una parte de su poder político a una autoridad planetaria. Esta debe gobernar por medio de leyes ecuménicas, que, a su vez, contemplen mecanismos de control y balance de toda la estructura de poder.

2) Las culturas deben disociarse de la "praxis política", con el propósito de descargar de contenido nacionalista a esta última. Las culturas han de convertirse en un asunto privado, como ocurre parcialmente en Estados Unidos, y no en el País Vasco, por ejemplo.

3) Las desigualdades económicas que hoy separan al norte del sur, o a los países industrializados del Tercer Mundo, deben desaparecer.

4) La nueva sociedad debe asegurar, a través de organizaciones político-sociales, que las ideologías con pretensiones de universalidad no accedan a las estructuras de gobierno.

En suma, nos dice Aron, "tendrían que quedar resueltos los eternos problemas de la política y la economía, del poder legítimo y la abundancia". Como vemos, lo que Aron nos propone es un "proyecto político liberal" para crear una sociedad global pacífica.

Esa es su opción, a la que nos invita a plegarnos. Pero, nueva paradoja, mientras esa "agenda" no sea factible, el liberalismo mantiene vigente una "non agenda", que consiste en sostener que "mientras tanto" la humanidad ha de mantenerse bajo el alero del "orden anárquico" existente. Ese orden, cuyo umbral es el "tabú atómico", contradice a la agenda que acabamos de enunciar. Implica una sociedad internacional dividida "por la aspiración a la independencia nacional; debido a la desigualdad del desarrollo, debido a la prevalencia de un nacionalismo esencialmente particularista; y debido a las tensiones creadas por ideologías que sus seguidores tienen por universales". En estas condiciones no es posible acabar con la pluralidad de Estados, ello equivaldría "a poner fin, en el plano político, a cierto tipo de historia, a adoptar una solución técnica". En este texto hay que enfatizar la última parte de la frase, porque la primera forma parte de la agenda aroniana (positivamente dicho: pasar a otro nivel de la historia). El conflicto surge cuando se estima que las condiciones señaladas son realizables a través de una "solución técnica". Este es el punto crucial de la tesis de Aron, porque tal solución no existe. Su intención es romper con la tentación o la ilusión del "progreso", al modo como lo entendió el racionalismo del siglo XVII y lo sostiene el marxismo contemporáneo.

Desea llamar nuestra atención para advertirnos que no hay recursos científicos y técnicos capaces de resolver, por sí solos, complejos problemas como el racismo, la aspiración de las naciones a la independencia total, o la asociación "cultura-forma política". La dialéctica de la universalidad, que parece mover los hilos de los avances del saber, no es sino otra astucia más de la razón. En realidad, nos dice Aron, ese saber nos puede procurar materiales "para realizar actos cuya configuración y cuyos resultados impredecibles son, en última instancia, irracionales, pese a la racionalidad parcial por la que cada uno se afana".

Este círculo se cierra en la provisoriedad. Las ideas de Aron expuestas en Democratie et totalitarisme y Playdoyer pour l`Europe decadente, por ejemplo, nos señalan que Occidente tiene el deber de profundizar sus sistemas democráticos pluralistas, pues en ese proceso puede abrirse paso la espontánea construcción de las condiciones requeridas para una nueva sociedad global. El pensamiento aroniano, en definitiva, nos plantea la alternativa entre los proyectos de sociedad global, creados por las ilusiones de la razón, y, aquel del otro que habrá de surgir de la espontaneidad de la libertad.

El comercio justo asoma en la empresa

Compañías y organismos públicos han regalado estas Navidades unas 20.000 cestas solidarias

J. A. AUNIÓN - Madrid

EL PAÍS - Sociedad

03-01-2007

Chocolate, café, vino, galletas, mermelada... Durante las últimas semanas, miles de personas han abierto la cesta de navidad que le dio su empresa y su contenido, aparentemente, era como el de tantas otras. Pero en el fondo de la caja, una tarjeta les explicaba que no era así. Los corazones de palmito llegaban de un grupo de agricultores de Costa Rica. El arroz, de Mali... Y todos los artículos tenían en común que los trabajadores de los países pobres que los habían elaborado cobraron un sueldo digno y que se respetó el medio ambiente en el proceso. Eran artículos de comercio justo.
Más de 20.000 cestas navideñas han sido este año de comercio justo o contenían algunos de sus productos. Empresas e instituciones públicas miran cada vez más a este sector que fomenta la solidaridad internacional. Las campañas de Navidad, aunque el sector cada vez se va estabilizando más el resto del año, suponen entre el 40% y el 60% de los ingresos de todo el curso para el comercio justo, que en 2005 fueron casi 15 millones de euros, el doble que en 2000, con un crecimiento anual del 16%.

Y cada vez tienen más peso en esa campaña navideña las compañías y el sector público. "Lo venimos notando desde hace tres o cuatro años", asegura Mónica Aparicio, de Setem Madrid, organización que hizo la mitad de sus ventas en 2005 a grandes clientes (empresas e instituciones). Además de las cestas, Setem ha vendido a las empresas unas 12.000 postales navideñas hechas con tintes naturales en las montañas de Nepal.

Aunque no hay datos homogéneos de lo que representan para el comercio justo las ventas a empresas y organismos públicos, y con toda seguridad dentro del global sólo supone un porcentaje pequeño, el hecho es que las organizaciones que se han lanzado a la caza de este nicho han obtenido frutos. En el caso de Intermón Oxfam España, una de las primeras asociaciones del sector -la mayoría son ONG o cooperativas- que empezó a buscar clientes entre las compañías, el aumento de esta parte de las ventas ha sido del 150% en los últimos dos años, pasando de suponer el 5% de sus ventas en 2000 al 13,25% en 2005. En 2005 vendieron 1,4 millones de euros a empresas e instituciones, dos tercios de ellos en Navidad.

Adif, Securitas Direct, American Express y hasta 100 compañías han regalado sus productos. También lo ha hecho estas ultimas semanas el Ayuntamiento de Barcelona: 500 cajas con chocolate, incienso o barritas de muesli para "diversas instituciones y otros ayuntamientos", explica el consistorio.

En los últimos años ha experimentado un gran auge entre las empresas el concepto de responsabilidad social corporativa: la contribución activa y voluntaria de éstas a la mejora social, económica y ambiental. Presionadas por los consumidores y la sociedad en general, la mitad de las compañías ya tenían el año pasado un programa concreto para este campo. El aumento del comercio justo entre ellas se debe en gran medida a responsabilidad social, admiten en el sector.

Sin embargo, Josep García, director comercial de una de las principales importadoras de estos productos, Alternativa 3, cree que el proceso avanza lentamente: "Hoy todavía funciona mucho porque haya alguna persona sensibilizada dentro del equipo directivo", asegura. De cualquier modo, el año pasado fue el primero que esta organización lanzó productos especialmente dirigidos a las compañías. El resultado fue un aumento de las ventas de cestas navideñas del 200% en un año, 1.500 cestas completas vendidas estas navidades (a unos 30 euros cada una) y productos para otras 5.000.

Alrededor de 15.000 cestas ha vendido otra de las grandes importadoras, Ideas, que ofrece además servicios de asesoramiento sobre economía responsable. Y a las instituciones les ofrece asesoramiento sobre compra pública ética, es decir, para introducir criterios de comercio justo en todas las compras que hagan los organismos públicos. Ideas tiene entre sus clientes "una docena" de administraciones: la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha, entre otras. "La compra pública supone el 28% del PIB nacional, así que existe un potencial enorme", asegura Carola Reintjes, presidenta de Ideas.

En este sentido, el comercio justo también está experimentando un gran crecimiento en las máquinas expendedoras de café o bollos. El proyecto Buen café, puesto en marcha por Setem, certifica que 635 máquinas de empresas y centros públicos (ayuntamientos o universidades, entre otros) ofrecen café solidario. Los fines y medios del comercio justo, así como el contacto con las organizaciones y los puntos de venta se pueden consultar en la página web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo:

www.e-comerciojusto.org/es/.

LAS INTENCIONES SOSPECHOSAS. OTRA MIRADA SOBRE LOS CONFLICTOS AL SUR DEL SAHARA

José Carlos Sendín Gutiérrez


Itziar Ruiz-Giménez Arrieta.
Las buenas intenciones: Intervención humanitaria en África.
Madrid. Icaria. 2003.

El nuevo libro de Itziar Ruiz-Giménez es un sugerente análisis de los conflictos contemporáneos al sur del Sáhara. El alegato a favor de un tratamiento no estereotipado o prejuicioso de las realidades africanas, es profundamente moderno y actual, al tiempo que hunde sus raíces argumentales y explicativas en problemáticas ya clásicas de la ciencia política y las relaciones internacionales. La naturaleza del encuentro entre Occidente y los otros, la conformación de los estados africanos heredados de la colonización, o el problema de la soberanía y sus transformaciones constituyen el armazón del análisis que presenta Itziar Ruiz-Giménez, dejando entrever claras señales de una investigación de años, traducida en su tesis doctoral, y de la que este libro ofrece una síntesis sustanciosa y de lectura magnética.

Y es que rara vez en el panorama de la literatura contemporánea en habla hispana tenemos los lectores una ocasión como la que ofrece este libro, para asomarnos a unas realidades tan complejas y de tal diversidad, al tiempo que tan deformadas y simplificadas, La ocasión la presta el análisis de la intervención humanitaria en África, así como las narrativas que están detrás de las causas y dinámicas de los conflictos africanos. Muchas de estas narrativas esconden motivaciones poco o nada humanitarias, al tiempo que sinceras pretensiones de interpretación. Los casos concretos -Somalia, Ruanda y Liberia- sirven para fijar la vista sobre las experiencias concretas y no pararse en generalizaciones sobre el continente que la autora pretende evitar.

Desafío a la visión mediática

La temática es tan contemporánea que uno podría asomarse a las pantallas de los televisores o a los titulares de la prensa y podría comprobar por sí mismo muchas de las tesis que Itziar R-G desgrana en este trabajo. La autora nos conduce a través de las diferentes fases de euforia, reconfiguración y enfriamiento por las que ha atravesado el intervencionismo humanitario. Euforia con la que empezó la acción humanitaria, como la principal respuesta de la comunidad internacional a los conflictos internos a principios de los años 90; reconfiguración, por las transformaciones y adaptaciones que sufrió la intervención; y, finalmente, enfriamiento, cuando se comprueba que la intervención tiene un saldo negativo para la comunidad internacional, (ese concepto tan útil como impreciso). La autora apunta una cuarta fase posterior al enfriamiento que parecería estar protagonizada por el humanitarismo militar, en forma de una diplomacia humanitaria coercitiva.

Sin embargo, estas fases están inscritas en procesos menos actuales, pero bien marcados en la historia de Occidente, que es donde la autora ancla su análisis. De esta forma, se podría hablar de cambios en la superficie con continuidades en el fondo. Es decir, la intervención humanitaria correspondería con los cambios en la superficie, mientras que el viejo hilo civilizatorio enhebrado por Occidente estaría en el fondo explicativo. Así, el altruismo agresivo desplegado en la conquista de América, la sagrada misión civilizatoria europea de finales del s. XIX y la diplomacia humanitaria coercitiva representarían las diversas formas en que Occidente ha expresado su manera de entender y enfrentar a los otros. Las justificaciones están servidas: la intervención humanitaria se formula en el s. XIX como uno de los títulos de la guerra justa contra las denominadas sociedades semicivilizadas.

Occidente como civilizador supremo

En esta misma necesidad por justificar la intervención se percibe la especial dificultad de Occidente para comprender lo diferente. Esta es ya una larga historia en donde podemos percibir el rastro de las ideas de Hegel, cuando afirmaba que las naciones sólo existen cuando hay estados y éstos sólo son si tienen historia; por ello, los pueblos sin historia no existen. Las sociedades africanas estarían incluidas en este privilegiado ramillete de pueblos sin historia, y no por otra razón merecen el tratamiento de incivilizados susceptibles de la intervención por parte de los poseedores de la civilización.

Pero la civilización aportada por Occidente en los tres casos analizados por la autora es todo menos humanitaria. Es de agradecer el riguroso tratamiento documental con que aparecen cada una de las crisis analizadas, pues va a contracorriente de la mayoría de los mensajes recibidos por el espectador/lector en España, en los que predomina la visión rápida, espectacular y a vuelapluma, que condiciona el tratamiento mediático actual. Tanto la crisis liberiana, como la somalí y, finalmente, la ruandesa, vienen precedidas de una contextualización histórica que ayuda a situar no sólo en el espacio y el tiempo los conflictos respectivos, sino que aportan interesantes claves para penetrar en la complejidad de enfrentamientos a menudo presentados de manera superficial.

Nuevas luces sobre lo ocurrido en Liberia, Somalia y Ruanda

En el tratamiento de las tres crisis citadas, la autora emplea herramientas apropiadas para realizar un análisis tan complejo. Parte de elementos explicativos tanto internos a las propias sociedades; externos, en lo que se refiere a la influencia de países limítrofes (regionalización) y de fuera del continente (internacionalización), así como de los elementos supranacionales, en especial, el papel de Naciones Unidas en cada una de las crisis. Este esquema permite, tanto para el lector avezado en estos temas como para los que se acerquen por primera vez, observar el panorama desde las diferentes perspectivas que están implicadas. Sorprende en todas las crisis analizadas el controvertido, al tiempo que fundamental papel que desempeña Naciones Unidas, a veces, actor mediocre por su lentitud y bajo perfil en los conflictos; otras, protagonista decisivo. En cualquier caso, la autora parecería querer apuntar a la importancia de los actores supranacionales y a la necesidad de reconfigurar y revisar el papel que debe jugar Naciones Unidas en situaciones tan complejas, en un contexto internacional tan cambiante.

En coherencia con las ideas expuestas al inicio, la autora sostiene que la forma en que se cuenta las guerras civiles africanas no es inocente, sino un aspecto esencial de cómo Occidente transforma el conocimiento en poder. Esto no significa que estas explicaciones, -narrativas, en palabras de la autora- sean falsas o incorrectas, pero cada una de ellas selecciona ciertos aspectos de la realidad y oculta otros, distorsionando su visión, con el fin de legitimar determinadas acciones políticas o inacciones.

Las narrativas como telón de fondo de los conflictos africanos

Las narrativas a las que nuestra autora hace alusión son tres, que corresponden a diferentes momentos en la interpretación de los conflictos, de acuerdo a la evolución del discurso de los actores que "observan" la realidad, desde su respectiva agenda e intereses. La primera de ellas es el "nuevo barbarismo" y respondería al esquema explicativo de los conflictos como expresión de enfrentamiento entre tribus salvajes africanas. En esta narrativa irían incluidas todo tipo de demostraciones de la degeneración de la violencia humana. Esta narrativa estaría detrás de la parálisis de Naciones Unidas ante los avisos previos sobre la inminencia del genocidio ruandés. El nuevo barbarismo sirvió para argumentar que en Ruanda se dirimían odios ancestrales entre etnias opuestas, (eso sí, con excesiva crueldad, y sin mencionar nunca la palabra genocidio, pues de lo contrario habría que haber intervenido), pero ante lo cual la comunidad internacional no podía hacer nada.

No nos deja de sorprender el hecho de que no se aplicara este mismo tratamiento de salvaje y bárbaro a las disciplinadas tropas serbias, cuando violaban de forma sistemática a un número aún no concretado -entre 70.000 y 300.000- mujeres bosnias entre 1992 y 1993. Esto ha ocurrido hace muy pocos años y en el corazón de la muy civilizada Europa.

Agotada la anterior narrativa, apareció la que se refería al subdesarrollo para explicar de los conflictos africanos. La pobreza creciente estaría detrás de la mayoría de los conflictos. A pesar de su poder explicativo demostrado en las crisis mencionadas, la autora destaca su incapacidad para desvelar las causas inmediatas de los conflictos, que hacen que países igualmente pobres sufran conflictos mientras otros conviven en paz.

Por último, la narrativa de la economía política de la guerra dirá que las guerras no son producto de la irracionalidad étnica -nuevo barbarismo-, ni efecto exclusivo del subdesarrollo, "sino respuestas de determinadas elites políticas y económicas a su desigual integración en la economía mundial". Esta narrativa profundiza en diversos factores que configuran el estado africano actual, su crisis de legitimidad, producida por diferentes causas: la pérdida de posición africana en la relación de intercambio por efecto de la caída de los precios de las materias primas; los Planes de Ajuste Estructural, que desmantelaron las mínimas infraestructuras públicas, así como el final de la guerra fría y los consiguientes cambios en las alianzas estratégicas de muchos países africanos. Todo ello condujo a la pérdida de las principales fuentes de financiación del estado neopatrimonial africano y a la necesidad de las elites africanas de buscar nuevas vías para nutrir a sus redes clientelares, con el fin de permanecer instaladas en el poder. Así, muchos estados africanos emprendieron el camino de la democratización; otros, la economía de la guerra, que se materializa en el control de los recursos naturales, el tráfico de armas u otras variantes de la ilegalidad.

Esta última narrativa nos sitúa en el final de este apasionante e inusual viaje por los conflictos africanos. A pesar de que, como se decía al comienzo, la intervención humanitaria se perfilaba como uno de los argumentos de la guerra justa, para intervenir en otros estados, ocuparlos e incluso recolonizarlos, nuestra autora sospecha que la arena internacional es un espacio de conflictos morales, que se producen en entornos normativos concretos. Y el nuevo estándar civilizatorio y su diplomacia coercitiva parecen estar todavía sujetos, como no podría ser de otra forma, a contradicciones propias de las diferentes lógicas, intereses e identidades de los actores.

Es difícil no estar de acuerdo con una de las afirmaciones de Itziar Ruiz-Giménez, cuando se refiere a las causas de los conflictos analizados, -el tema que nos ha mantenido magnetizados-. En todos los conflictos hay responsabilidad de actores locales, regionales e internacionales. Pero, sin olvidar las responsabilidades de Occidente en mucho de lo que ocurrió y ocurre en África, los propios africanos son y serán los sujetos de su propia historia.

La quiebra del África oficial

Gran parte de la teoría contemporánea de la democracia se limita a caracterizarla como un régimen político. En el caso de África, esta restricción refleja, y refuerza, una concepción general de lo que la política, específicamente la política democrática, trata. El corolario de esta visión es la expulsión sin paliativos de la democracia y, en general, la política, de cualquier relación activa frente a la injusticia social.

M’BAH ABOGO

30 06 2005

Esa reducción de la capacidad creadora de la democracia es producto, entre otras cosas, de una deficiencia conceptual de la democracia liberal: juzgar la democracia como la democracia del elector. Los límites de la política, de la democracia y del Estado han sido reducidos en la historia reciente de África.

Desde el pistoletazo de salida de la segunda ola democrática en África que supuso la Cumbre de La Baule de 1990, la agenda política africana ha incluido, con más o menos frivolidad, las cuestiones referentes al fortalecimiento democrático, la crisis de la política, las reformas del Estado, las reformas estructurales de la economía y el impacto de la globalización en la región. Sin embargo, aunque se han abordado aspectos sustantivos de estas cuestiones, el debate ha marginado otros que, a la luz de lo que tenemos hoy, deberían haber estado en el epicentro de la discusión.

La democracia fue observada esencialmente en su dimensión electoral; la política vista a través de la crisis generada por las monocracias, las estructuras nepotísticas, la corrupción galopante, etc. La problemática del Estado se centró en la cuestión de los equilibrios fiscales, la modernización burocrática y la disminución de su interferencia en la economía; la economía tuvo como tema casi excluyente la cuestión de sus equilibrios y las reformas estructurales supuestamente necesarias para lograrlos. Esos debates eran, en su momento, imprescindibles.

Ahora no hay duda alguna de que fueron insuficientes. Después de más de una década de democratización, el debate que hoy podemos hacer es globalmente decepcionante o negativo: el uso de las trabas y de la violencia para acceder al poder o aferrarse a él, y las consiguientes guerras civiles declaradas o latentes, siguen constituyendo unas prácticas cotidianas. El proceso de democratización en África, salvo en algunos casos contados en los que se han producido alternativas y alternancias, como podrían ser los casos de Zambia, Mali, Níger, Malawi o Ghana, ha sido falsificado.

La quiebra del África oficial supone el agotamiento del repunte de legitimidad a favor del Estado generado por los procesos de democratización monitorizados por la elite africana y las comunidades de donantes o, lo que es lo mismo, la confirmación de la absurdidad de la proyección imaginaria de la elite africana en contubernio con las comunidades de donantes. Asistimos, una vez más, a la huida en tromba de la población africana del mundo de la política, o sea, de sus instituciones y contenidos, a la desconexión de las masas del aparato estatal limitando las relaciones con éste a lo estrictamente necesario para conseguir la obtención de un documento oficial o a estafarlo.

Procesos de democratización falsificados

De entre los factores que han determinado espacial y temporalmente el discurso democrático en África destacan, a nivel internacional, el fin de la Guerra Fría, el vacío político mundial causado por la implosión del bloque soviético, la actitud beligerante de las instituciones financieras internacionales, etc; y, a nivel interno, el descontento popular por causa del proceso de miserabilización en el que estaban inmersos varios estados africanos a tenor de la religiosa aplicación de los planes de ajuste estructural en los ochenta y a la torpeza económica de la clase dirigente.

Durante casi cuatro décadas, el discurso político africano se había vertebrado en torno a tres ejes fundamentales: la rehabilitación de la cultura africana, la liberación del imperialismo y el desarrollo o la modernización. Ante la bancarrota económica de los estados africanos y la insalvable brecha entre la soberanía negativa y la soberanía positiva, los principios y pautas de comportamiento que constituían el entramado que sustentaba a los estados poscoloniales sufrieron una transformación discursiva radical: de las retóricas reinvidicativas se pasó a poner énfasis en los valores liberales. Los estados africanos se insertaron en el marco internacional de la posguerra fría arrastrando los handicaps de la devaluación geoestratégica, la crisis económica y la crisis política. Los estados africanos debilitados y empobrecidos, y sin apenas margen de maniobra, aceptaron el programa internacional que se les ofrecía.

Este programa presentaba distintas formulaciones y matizaciones pero básicamente se puede resumir en tres aspectos fundamentales: democratización, entendida como la celebración de elecciones libres y limpias, y derechos humanos; buena gobernabilidad, en el sentido como lo entienden las agencias financieras de Breton-Woods, o sea, ausencia de corrupción, transparencia en la gestión del Gobierno, etc; y liberalización de la economía, lo que implicaba profundizar en los ajustes estructurales que ya se venían aplicando en la década de los ochenta.

En la mayoría de los casos se culpabilizó a los gobernantes de la crisis africana y, por culpa de los rezagos de la doctrina del hombre fuerte y el temor a las consecuencias de un giro radical en la cultura política africana, se les convirtió en los agentes de superación de la crisis. Los monitores de los procesos de democratización hicieron, de esta manera, gala de un desconocimiento o conocimiento, profundo (depende de la lectura que hagamos) de la naturaleza del papel que ha venido jugando el estado poscolonial africano. Casi quince años después de la conferencia de la Francofonía de La Baule, empezamos a estar en posición de dilucidar el alcance y el significado de estas reconfiguraciones de lo político que supusieron los procesos de democratización.

En una radiografía política de África, lo que más llama la atención es el hecho de que no se haya producido una renovación de la clase política africana tras los procesos de democratización, lo que ha desembocado en la profundización del abismo entre la elite política y la mayoría de la población. Muchos barones de los antiguos partidos únicos, como puede ser en los casos de Gabón, Camerún o Guinea Ecuatorial, están en el Gobierno o dirigen los principales partidos de oposición.

Por lo tanto asistimos a arreglos poco ortodoxos con graves consecuencias en los mecanismos electorales: la práctica de aferrarse al poder mediante fraudes electorales o elaboración de leyes electorales ad hoc, como puede ser el caso de Gabón, el retorno al poder por la vía no democrática, tal y como sucedió en el Congo Brazaville, el retorno al poder por la vía democrática de autócratas, como es el caso de Kerekou en Benin, etc. E incluso, los líderes que la comunidad internacional se apresura en considerar como una nueva generación de dirigentes, tales pudieran ser los casos de Zenawi, de Etiopía, o Museveni, de Uganda, forman parte de la antigua clase política en la que participaron como jefe sindicalista o guerrilleros y su sistema de gobierno no se desmarca mucho del de sus predecesores.

En todas partes en África asistimos a la reproducción de la clase gobernante o de los mismos actores, autoritarios reformistas y demócratas ambiguos o no transparentes, todos convertidos en nomenclaturas e incapaces de responder a los desafíos económicos y sociales planteados a sus pueblos ante la vigorosa expansión de la civilización del mercado. Una vez más, el África oficial, el de las independencias y de la democratización, el de las instituciones sin contenidos, tiene que reabrir una nueva cuenta de fracasos, tanto en los aspectos económicos como en los políticos. Fracaso económico: África representa menos del 2 por ciento del producto bruto global, el equivalente al PIB de Bélgica o de las quince grandes fortunas del planeta... Fracaso político: el continente sigue con su cohorte de dramas humanitarios.

¿Por qué las transiciones democráticas han fracasado a la hora de destruir a la vieja guardia política africana? El análisis político clásico sostiene que las crisis sociales conducen a cambios significativos dentro de la elite gobernante. Los cambios políticos fundamentales o los fracasos políticos son refrendados por un relevo radical de los que administran el poder.

La experiencia africana está libre de ese enunciado y más bien apunta hacia los argumentos de Schumpeter o Laswell acerca de la flexibilidad de las elites y su capacidad de adaptación. Bajo la espuma de las actuales elecciones multipartidistas se oculta una sorprendente perdurabilidad de la cúpula. O dicho de otra manera, en los últimos quince años se ha cumplido con creces el enunciado que sostiene que toda conversión cultural es recreación.

La pregunta es atrevida, ¿acabarían los africanos con esa clase dirigente si pudieran? ¿Y si eso es así, cómo es posible que algunos dictadores sobradamente desacreditados hayan legitimado su gobierno en las urnas? Entender los mecanismos de reproducción de la clase gobernante y las estrategias de supervivencia de la población es un paso insoslayable a la hora de aprehender las dimensiones sociales de esta quiebra y sus implicaciones para los africanos. La concepción alimentaria de la democracia desvía a muchos africanos de la democracia real, la pobreza en la que se desenvuelve la vida del africano medio hace que sean víctimas de manipulaciones en manos de los políticos gobernantes que, en muchas ocasiones, tienen en su haber el tesoro público y echan mano de éste para comprar voluntades y aferrarse al poder.

Más que una ruptura con el pasado, los procesos de transición democráticos de los noventa parecen haber seguido una lógica de complementariedad con el pasado despótico. La aparición de un espacio político proporcionado por los procesos de democratización ha facilitado la cristalización de la clase dominante. Con un personal dirigente que tiende a estabilizarse y un número limitado de esquemas de acción, la elite mantiene su espacio por medio de la coerción y totaliza la estructura estatal gracias al férreo control sobre las estructuras económicas y financieras y al monopolio de las conexiones internacionales.

Se están afianzando problemáticas legítimas que delimitan lo pensable políticamente, se están creando repertorios, se están fijando géneros discursivos... en definitiva, se están cerrando todas las vías de acceso a través de las que la subpolítica podría impregnar a la política.

Durante casi cuatro décadas la dinámica molecular de la asimilación de las elites ha ido concretando progresivamente una amplia alianza entre los distintos segmentos regionales, políticos, económicos y culturales de la elite social. La matriz de esta congregación, en buena parte, está en el aparato colonial. Los dispositivos de reproducción y conclusión de esta alianza hegemónica presentan trayectorias disímiles pero, en general, puede afirmarse que la estabilidad de esta alianza ha estado siempre en función de la situación económica, de sus propias contradicciones internas derivadas de la exacerbación de las luchas de influencia, la agudización de los apetitos individuales o el rebrote de la cuestión étnica, como puede ser el caso de Congo Brazaville o Camerún, o clánica, como podría ser el caso de Guinea Ecuatorial. Las dinámicas de la divergencia y la de la asimilación siempre han coexistido...

Los lugares de esta sedimentación de la elite van desde la sociedad civil hasta la sociedad política, y los procedimientos van desde la endogamia social, o incluso étnica, hasta la cooptación política. La ética de la unidad, o lo que es lo mismo, la lógica de inclusión, no de exclusión, o sea, la idea de que los opositores sean amalgamados, en vez de eliminados, ha sido siempre el principal impulso de esta clase dominante cuya capacidad de cooptar a la contra-elite y decapitar socialmente a la disidencia auténtica es espantosamente asombrosa.

¿Cómo afecta la existencia de esa clase dominante a la calidad y la sustentabilidad de la democracia en África? Para responder a esta pregunta debemos partir de la constatación de que la crisis de la democracia en África es un corolario de la crisis del Estado, un Estado políticamente liberticida y económicamente improductivo. Los estados africanos demandan una reconstrucción integral para que tanto sus capacidades institucionales, administrativas y de gobierno puedan fortalecerse. Deben subsanar las legalidades truncadas, recuperar legitimidad junto con sus funciones de soberanía pues existen en muchas partes una clara desconexión ciudadana del estado en lo político, lo económico y lo social.

Con los Estados actuales es totalmente inconcebible una democracia viable para África. Muchos africanos identifican el Estado con la elite, una elite que, ya sea por sus complejos de inferioridad, por su pereza mental, por las hipotecas adquiridas frente a los poderes mundiales y/o por su devaluación moral es incapaz de canalizar las energías utópicas hacia una meta tan apremiante como es la erradicación de la pobreza y mucho menos de producir una simbología colectiva fuerte y creíble para suscitar una movilización popular auténtica.

Conclusión

Después de quince años de democratización en África podemos hablar de regímenes democráticos (Mozambique, Mali, Senegal, Ghana, Nigeria, Sudáfrica o Benin), democracias interrumpidas (Burundi, Congo-Brazaville o Guinea Conakry), regímenes autoritarios o semi-autoritarios (Zimbabwe, Uganda, Gabón, Guinea Ecuatorial o Yibuti) y Estados fallidos o amenazados de desaparición (Angola, Rwanda, República democrática de Congo o Sudán). Lo conquistado, refiriéndome a los países democráticos o en los que ha habido una tibia descompresión autoritaria, no está asegurado.

La preservación de la democracia y su expansión no son hechos espontáneos. Son construcciones voluntarias, formuladas en proyectos, modeladas por liderazgos e investidas del poder que proviene del apoyo popular. Requieren partidos políticos que construyan opciones sustantivas, un Estado con poder para ejecutarlas y una sociedad capaz de participar en una construcción que exceda los reclamos sectoriales. Una política que omite los problemas centrales, vacía de contenido las opciones ciudadanas; un Estado sin poder transforma el mandato electoral en una expresión de voluntades sin consecuencias; y una sociedad sin participación activa lleva, tarde o temprano, a una peligrosa autonomía del poder.

África, merced a la aparente fortaleza que están adquiriendo las instituciones interafricanas, se aleja paulatinamente del riesgo de las guerras civiles, pero surgen otros peligros: la democracia, que tiene que cohabitar con escandalosos niveles de paro y una pobreza lacerante, pierde vitalidad; se la prefiere en lugar de a las dictaduras pero nadie confía en su capacidad para mejorar las condiciones de vida; los partidos políticos están en el nivel más bajo de la estima pública; el Estado se serkaliza progresivamente, es decir, es mirado, la mayoría de las veces, con recelo.

El ímpetu democrático que caracterizó a la década de los noventa se ha agotado. La población se lamenta, malvive, cae presa de sueños de potencia fantasmagórica pero no hay un objetivo capaz de condensar sus anhelos. Si la democracia pierde relevancia. ¿Cómo se resolverán las tensiones entre la expansión democrática y la economía, entre la libertad y la búsqueda de la igualdad, entre crecimiento y pobreza, entre las demandas de la población y las reformas económicas que no paran de exigir ajustes y sacrificios?

Estos son dilemas cuya solución es compleja y no podrán ser resueltos si no se sitúan en el centro del debate público y de las opciones que ofrecen los partidos políticos. Esto, de momento, no se ha hecho en ningún país africano. Las proyecciones de los Objetivos del Milenio, según el Informe sobre el desarrollo humano de 2004, indican que no sólo África no alcanzará los objetivos sino que la calidad de vida de los africanos de aquí al 2015 se degradará aún más. La quiebra del África oficial es una realidad, es necesario repensar el destino de África con un formato más amplio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

AKE, Claude; 1996, Democracy and Development in Africa, The Brooklings Institution, Washington, D.C.

BAYART, Jean François; 1999, El estado en África. La política del vientre. Bellaterra.

CHABAL, P-DALOZ, J.P; 2001, Africa camina, Bellatera, Barcelona.

MBEMEBE, Achile; 2001, On the postcolony, University of California Press, L.A.

JAAR Alfredo; 2004; Emergencia; edit. Musac.

PEÑAS, F.J (ed.); 2000, África en el sistema internacional, Catarata, Madrid.

KABUNDA BADI, Mbuyi; 2004; La democracia en África: Entre la recuperación de la tradición y la integración en la economía mundial. (Congrés Internacional d’Estudis Africans)

KABUNDA BADI, MBUYI (edit.); 2002, África subsahariana ante el nuevo milenio, Pirámide, Madrid.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO, PNUD 2004

FREEDOM OF THE PRESS, 2005.
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M’Bah Abogo es licenciado en Economía, máster en Gobernalidad y Desarrollo Humano y especialista en Filosofía Política. Éste es el texto de una conferencia que el autor pronunció en la Escuela de Voluntariado de Madrid durante la semana temática "Conoce el Mundo: África" (23-26 mayo de 2005).

Los conflictos armados del África subsahariana contemporánea
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta

Pueblos

Sin duda, una de las imágenes más populares del África subsahariana es la de sus conflictos armados. Protagonistas cuasi absolutos de las noticias que nos llegan de un continente que sigue siendo un gran desconocido para nosotros. Noticias siempre parciales que no suelen contarnos otros aspectos y dinámicas de la realidad africana de signo más positivo.

Poco sabemos, en efecto, de la enorme creatividad y dinamismo de las sociedades africanas, de sus diversos experimentos de convivencia multiétnica y multicultural, de su solidaridad y hospitalidad. También desconocemos los avatares de la actual ola democratizadora que ha afectado, en mayor o menor medida, a más de 36 estados africanos; o de la suerte que han corrido países como Mozambique o Etiopía cuando han salido de largas guerras civiles. ¿ Cuántas noticias llegan, por ejemplo, de Sudáfrica y su intento de desmantelar de forma pacífica el régimen del apartheid?. A veces, estos lugares sólo reaparecen en nuestros televisores cuando ocurren nuevas inundaciones, nuevas guerras, nuevas catástrofes o epidemias.


Las guerras constituyen, por tanto, la visión dominante que tenemos de África. No cabe duda de que nos habla de una realidad del continente. Así, países como Angola, Burundi, el Chad, Congo Brazaville, Liberia, la República Democrática del Congo (antes Zaire) Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudan, se han visto sacudidos por cruentas guerras civiles. Algunas han visto, incluso, derrumbarse sus instituciones estatales. Otros como el Chad, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria o Uganda se han visto afectados por conflictos violentos de menor intensidad. Conflictos que sin duda tienen un coste terrible para las sociedades africanas en términos de vidas humanas, destrucción de infraestructuras costes económicos, etc.


Los discursos


A pesar de las noticias que recibimos, nuestro conocimiento sobre las causas y dinámicas de los conflictos africanos es muy escaso. Se limita además a ciertos tipos de análisis en los que abundan los estereotipos y las simplicaciones. De esta forma se distorsiona la realidad, se seleccionan algunos aspectos de la misma y se ocultan otros, por ejemplo, determinadas responsabilidades de africanos y otros actores externos. Y con ello, de forma consciente o inconsciente, se legitiman determinadas acciones políticas. Por ello creo que es importante reflexionar, aunque sea brevemente, sobre los discursos que nos llegan sobre el fenómeno de los conflictos bélicos africanos.

Como señala Mark Duffield, se puede hablar de tres diferentes narrativas sobre las guerras civiles africanas y sus causas: el nuevo barbarismo, el subdesarrollo como causa del conflicto y la económica política de la guerra.


a) El "nuevo barbarismo" define las guerras africanas como "nihilistas", anárquicas, salvajes, irracionales. En ellas distintas facciones movidas por odios étnicos ancestrales, se dedican a saquear y destruir, como el caballo de Atila, cuanto encuentran a su paso. Ésta es la visión predominante de los medios de comunicación y de muchos políticos occidentales. Y también de algunos académicos como Kaplan, Mbembe o Samuel Huntington cuyo controvertido "choque de civilizaciones" no es más "que un conflicto tribal a gran escala". ¡ Cuantas veces se han descrito los conflictos de Ruanda, Somalia, Liberia, Sierra Leona, como luchas étnico-tribales!.


Los análisis de las guerras africanas centrados en la etnicidad son sumamente discutibles. Y lo son porque, en mi opinión, están vinculados y construidos desde un discurso racial y de determinismo biocultural. Dicho discurso ya no se adorna de antiguos ropajes coloniales que jerarquizaban a las sociedades (las razas) en civilizadas o salvajes. Más bien, al contrario, acepta la realidad del pluralismo cultural. Y admite, a regañadientes, que una cultura no es esencialmente mejor que otra. Sin embargo considera que son diferentes y, lo que es más importante, que dicha diferencia es la causa del conflicto, el antagonismo y la violencia.


En efecto, el "nuevo barbarismo" tiende a naturalizar las identidades étnicas entendiéndolas como primarias, innatas e irracionales cuando, en mi opinión, son construidas social e históricamente. Por otra parte, este discurso explica los conflictos y la violencia por la mera existencia de diferentes e irreductibles identidades étnicas, religiosas o culturales. Ello oscurece el carácter dinámico, multifacético e interactivo de las identidades étnicas, así como la capacidad de muchos grupos étnico-culturales de convivir pacíficamente en gran parte de África y del mundo. Y, sobre todo, esconde la actuación y responsabilidad de diferentes actores y grupos sociales (africanos e internacionales) que, en su lucha por el poder y los recursos, instrumentalizan las identidades etnoculturales para movilizar a la población.


A pesar de ello, su mensaje simplificador produce una poderosa narrativa que extiende y refuerza el tópico del Africa salvaje y bárbara. También sustenta, como señala Duffield, a quienes en Occidente defienden políticas como el cierre de fronteras a la inmigración, la crisis del asilo e, incluso, la reducción de la ayuda al desarrollo.


Una segunda corriente de análisis considera que la causa de los conflictos bélicos africanos es el Subdesarrollo. Así se defiende que éstos se deben a la pobreza creciente, al deterioro medioambiental y al supuesto crecimiento "incontrolado" de la población (¿en un continente con grandes espacios deshabitados?). También se alude, como origen de la violencia, al aumento de la exclusión social y la marginalidad, a la corrupción de las elites y al militarismo de las sociedades africanas. Mientras unos inciden en los factores internos, otros (los menos) resaltan las condiciones estructurales (la dependencia exterior, la deuda externa, la marginalidad de África en la economía mundial, etc). Comparten, no obstante, la idea de que la modernización, la urbanización, la alfabetización y las mejores condiciones de vida producen menores posibilidades de conflicto.

Esta presunción de que el subdesarrollo representa un riesgo más elevado de irrupción de un conflicto armado, domina el discurso de los círculos de la Cooperación al Desarrollo. De esta forma se replantea "la seguridad en términos de que el subdesarrollo es peligroso y, a través de su radicalización, se reinventa el papel del desarrollo". Y así se encuentran nuevas legitimaciones (la del desarrollo como prevención de los conflictos) para un discurso, el de la Cooperación, que estaba perdiendo "fuelle" tras cuatro décadas de fracasos y de fatiga de los donantes.


No cabe duda de que esta narrativa tiene su parte de verdad. La escasez de recursos agudiza el conflicto inherente a cualquier relación de poder y dominación como la existente en las sociedades africanas (y en cualquier otro lugar del mundo). Sin embargo, tiene un poder explicativo limitado y esconde más que desvela los factores que desencadenan los conflictos. ¿ Cómo se explica por ejemplo, que muchos países pobres sean relativamente estables y que otros, más ricos e industrializados como los Balcanes, se hayan visto sumergidos en conflictos violentos?. Parece necesario incorporar, por tanto, otros factores para entender las causas de los conflictos africanos.

Al mismo tiempo, este tipo de discurso produce un olvido (quizás consciente) de la cara oscura del desarrollo: en el pasado el nazismo, Hiroshima o Nagasaki; en la actualidad, la violencia contra las mujeres o el aumento del racismo y la xenofobia en la mayoría de las sociedades desarrolladas.


c) En los últimos años ha surgido otra corriente explicativa de los conflictos africanos, la literatura de la "economía política de la guerra". Desde esta perspectiva, las guerras civiles africanas no son, como defiende el "nuevo barbarismo", producto de irracionalidades étnicas. Tampoco se las considera un producto exclusivo del Subdesarrollo. Se defiende, más bien, que las guerras africanas son la respuesta de ciertas elites políticas y económicas a su desigual integración en la economía mundial.

Este discurso centra el análisis en la crisis de legitimidad que sufrió el Estado postcolonial africano a finales de la década de los ochenta. Diversos factores fueron los causantes, entre otros, la caída del precio de las materias primas, los Planes de Ajuste Estructural y el final de la Guerra Fría. Estos factores habrían provocado la reducción de las principales fuentes de financiación del Estado neopatrimonial, aquéllas con las que las elites africanas nutrían sus redes clientelares y mantenían el estatus quo y la represión. De esta forma, el Estado poscolonial perdía su utilidad y legitimidad para algunas elites que se dedicaron a buscar nuevas fuentes de autoridad, privilegios y beneficios materiales. Para ello, algunos emprendían procesos de democratización. Otros las encontraban en la economía de la guerra: en el control de los recursos naturales, el tráfico de armas, u otras actividades económicas ilegales.


En efecto, la literatura de la "economía política de la guerra" ha estudiado con cierta profundidad los flujos económicos que se producen en las denominadas guerras por recursos (resource war). Así se estima que, en Angola, la UNITA (del hace poco asesinado Savimbi) consiguió, gracias al comercio de diamantes, más de 4.2 billones de dólares ente 1992 y 2001. El comercio de esta piedra preciosa aportó también grandes beneficios en Sierra Leona tanto a los señores de la guerra liberianos como a los rebeldes del RUF. Se calcula que obtuvieron, a lo largo de los noventa, entre 25 y 125 millones de dólares anuales. La denuncia de estas dinámicas trascendió el mundo académico. Llego a los medios y sirvió, en parte, para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenase un embargo internacional, en gran medida ineficaz, sobre el comercio de diamantes de Sierra Leona.


Otro ejemplo paradigmático es la guerra de la República Democrática del Congo en la que se han visto involucrados más de siete países africanos. En los últimos tiempos muchas voces se han alzado para denunciar el saqueo que están sufriendo los recursos naturales de este inmenso y rico país: diamantes, oro, cobalto, cobre, madera, café. Y en especial, del cobalto, mineral (de escaso valor hasta hace poco) que al parecer se ha convertido en un elemento imprescindible para la elaboración de los teléfonos móviles que han florecido por todo el mundo.


En este sentido se pronunciaba hace pocas semanas el Panel de Expertos creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para estudiar "la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo". Su estudio concluye que la explotación ilegal del país sigue, a pesar del actual proceso de paz, fundamentalmente en manos de tres grandes redes político-económicas. Por un lado, está la red de intereses políticos, militares y comerciales del Gobierno congoleño y del de Zimbabwe; por otro la controlada por el Gobierno de Ruanda y una tercera red protegida por Uganda. Además se denuncia como, obligadas por el acuerdo de retirada de las tropas extranjeras, las tres redes han adoptado nuevas estrategias (entrenar a milicias locales, disfrazar a soldados ruandeses de congoleños, etc.) para mantener el control de esos recursos, una vez sus tropas hayan salido del país. Asimismo, el informe incluía una lista de 85 compañías internacionales conectadas en dichas redes y que, por tanto, han contribuido de alguna manera a la prolongación del conflicto y al "saqueo" de los recursos naturales del continente africano.


En definitiva, esta narrativa ha sacado a la luz el lugar que ocupa el continente africano en la otra cara de la economía mundial, aquélla que remite a las redes internacionales criminales. Redes que vinculan a los señores de la guerra africanos con los "narcos" colombianos, las mafias rusas, los talibanes de Afganistán o las bandas criminales de las ciudades estadounidenses. Y en la cual, no sólo operan "los malos" del mundo, sino también importantes compañías internacionales aparentemente respetables.


No cabe duda de que la literatura de la economía política de la guerra ha permitido visualizar la responsabilidad de determinados actores, africanos e internacionales, en el surgimiento y prolongación de las guerras africanas. También nos ha mostrado como las elites africanas han instrumentalizado políticamente el desorden en su propio beneficio. Así, los señores de la guerra han dejado de parecer seres irracionales y salvajes movidos por odios atávicos y han pasado a ser considerados actores racionales funcionando con una lógica "moderna" y neoliberal: la de obtener el máximo beneficio económico posible al mínimo coste.


Sin embargo, es necesario subrayar que este tipo de análisis se sostiene desde un punto de vista negativo que percibe a las elites africanas como criminales que saquean su país. Valoración que no reciben otras políticas neoliberales (al menos desde posiciones oficiales) tendentes a maximizar los beneficios de algunos sin tener en cuenta los costes sociales que acarrean. Y que olvida el papel que en el pasado jugó la guerra o las actividades criminales (piratería, colonización) en la construcción de los Estados y en el desarrollo de las sociedades europeas. Lo cual no quiere decir que África tenga que llevar (o incluso esté llevando) el mismo camino.


Otra importante crítica que se le puede hacer a la literatura de la "economía política de la guerra" es que se centra en las dinámicas económicas. No analizan, sin embargo, como la comercialización de la guerra y la violencia han servido para que las elites africanas hayan recreado nuevas y viejas clientelas políticas en el interior de las sociedades africanas. Tampoco se paran a estudiar como amplios sectores de las sociedades africanas interactúan, a través de estrategias de acomodación o resistencia, con los señores de la guerra. Se descubriría así que algunos grupos los consideran legítimos en función de si redistribuyen de forma clientelar los beneficios obtenidos. Y que ello explica, junto a la represión y coacción, la capacidad de algunos señores de la guerra de controlar amplias zonas de territorio durante largo tiempo, Así, ocurre, por ejemplo, no sólo con empresarios o comerciantes sino también con amplios sectores de la juventud (sobre todo urbana) que encuentran en las facciones en lucha un medio de subsistencia e incluso de ascenso social (con excepción de los niños soldados que no optan voluntariamente). Otros grupos, por el contrario, establecen estrategias de resistencia y forman redes de solidaridad y apoyo para paliar los efectos devastadores del conflicto. Es el caso de muchos grupos de mujeres, de profesionales, de muchas autoridades llamadas "tradicionales", etc. Actores que parecen siempre ser convidados de piedra de su propia historia.


Ésa es la imagen tópica que recibimos de las poblaciones africanas, víctimas indefensas, inactivas. Imagen tópica y falsa que ha tenido efectos perversos en muchas de las operaciones humanitarias de la posguerra fría. En efecto, en los grandes desembarcos humanitarios de la década pasada, nos olvidamos de las sociedades africanas. Por ejemplo, en Somalia o Liberia, Naciones Unidas y la Comunidad Internacional se dedicaron reiteradamente a negociar con los señores de la guerra. Marginaron así tantas y tantas iniciativas locales que buscaban (e incluso en Somaliland consiguieron) la paz. El estereotipo que muchos internacionales llevaban sobre el africano, bien él de un salvaje o él de un niño que necesita tutela, contribuyó sin duda alguna a ello.

Cambios necesarios


Hora es, pues, de incorporar a cualquier análisis de los conflictos africanos a las sociedades africanas. Éstas como cualquier otra, no son pasivas, ante cualquier contexto socio- político se posicionan, se mueven, se acomodan, en especial cuando algo les afecta estrechamente como es el caso de un conflicto armado. Desde el primer momento de una crisis, la gente se pone en marcha, unos se posicionan de un lado u otro, se suman a una facción armada; otros crean redes para proteger a las víctimas. Otra cosa son los mecanismos o recursos que dispongan para ello. Pero casi nunca se quedan pasivos, esperando que alguien venga desde fuera a salvarlos.


Hora es también de que la cobertura mediática de cualquier catástrofe africana deje de mostrarnos siempre a un soldado blanco salvando a una niña en un árbol en las inundaciones de Mozambique. Y que empiece a mostrarnos a los propios africanos dirigiendo la columna humana que cruza un río. Sólo así dejaremos de ver a las poblaciones africanos como sujetos pasivos, necesitados de tutela y empezaremos a aceptarlas como sujetos activos y protagonistas directos de la Historia, de su historia.


Itziar-Ruiz-Giménez Arrieta es profesora de Relaciones Internacionales y miembro Grupo de Estudios Africanos UAM.
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1 DUFFIELD, M., 2001: Global Governance and the New Wars. TheMmerging of Development and Security.Londres: Zeb Books.

2 HUNTINGTON. S., 1997: The Clash of Civilizations and the remarking of World Order, Nueva York: Simon and Schuster. pág 207

3 DUFFIELD, M., 2001: op. cit. pág 118.

4Carta del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi A. Annan dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad de 15 de octubre 2002, S/2002/146.

5 CHABAL, P & DALOZ, 1999: África camina. El desorden como instrumento político. Barcelona: Bellaterra

El drama africano

por Carlos Berzosa

Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Kofi Annan, en su discurso de despedida ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidió que África no caiga en el olvido cuando deje el cargo a final del año. Espero que sea cierto, pues el drama africano tiene dos caras. Por un lado, es una región que cada vez se encuentra más marginada en el escenario de la economía mundial, pero, por otro lado, el problema de África es que los países ricos la han utilizado para beneficiarse de sus recursos sin que se plantearan, en ningún caso, acciones globales con planes de actuación capaces de favorecer políticas de desarrollo. África es una sociedad a la deriva que padece guerras, y la mayor parte de sus poblaciones sufren hambrunas, carencias de los bienes más básicos y privaciones de todo tipo.

Los graves problemas de este continente no son de ahora, sino que tienen su historia. Resulta, no obstante, cada vez más corriente hoy en día tratar de negar esa historia y pretender convencernos de que la gravedad de la situación obedece al mal hacer de los propios africanos, que no son capaces de establecer las condiciones propicias para favorecer el desarrollo económico, tal como han hecho otras áreas que se encontraban subdesarrolladas hasta relativamente hace poco tiempo. Sin negar responsabilidades internas, que siempre, y en todos los casos, hay que considerar, no es menos cierto que su historia se ha encontrado vinculada a los países que la han codiciado. Como dice, con acierto, Jean Francois Vallart en el libro El estado en África: "La resistencia a reconocer las sociedades africanas como sociedades históricas y políticas propiamente dichas tiene que ver con su sometimiento por Occidente, desde la trata esclavista hasta la colonización".

Un periodista y analista tan agudo como Kapuscinski, y sin lugar a dudas uno de los mejores conocedores de la realidad africana de hoy, también dice en su obra El mundo de hoy: "África quedó repartida en los años ochenta del siglo XIX, y ya en los sesenta del siglo XX estalla la independencia. El colonialismo, por lo tanto, duró unos setenta años. Los historiadores coinciden en afirmar que el comercio de esclavos, que duró más de trescientos años, fue una degradación mucho mayor para África que el colonialismo. El proceso de despojar a África de sus gentes empezó en el siglo XVI y no se detuvo hasta principios del XIX. Este proceso no sólo disminuyó la ya de por sí escasa población del continente, sino que también provocó su estancamiento económico. África no pudo desarrollarse porque le fueron arrebatados sus habitantes más sanos y jóvenes".

Los efectos perniciosos de la colonización se pueden encontrar en la magnífica obra del historiador Henri L. Wesseling Divide y vencerás y, como señala el propio autor, la historia que describe en este libro es sólo una parte de una historia mucho mayor, la del sometimiento y explotación de Africa. De modo, que, analizado este pasado, tiene razón René Dumont cuando en su libro Democracia para África nos dice: "Para concluir, recordemos el motivo fundamental de este libro. La quiebra económica y política de África es una vergüenza para Francia, Europa y el mundo desarrollado". Al tiempo que nos recuerda, entre otras cosas, que los suelos se degradan, los bosques desaparecen, y el sobrepastoreo transforma las estepas semiáridas en desiertos. Y la demografía en aumento, con la pobreza que genera, dificulta cada vez más la protección del medio, pero la hacen también cada vez más necesaria, más urgente. A su vez, la mayoría de los créditos agrícolas se han dirigido a la construcción de grandes presas, a menudo prematuras, o a proyectos mal adaptados e impuestos desde arriba. Por su parte, toda la industrialización de África se ha malogrado por haber sido impulsada desde fuera por los proveedores de bienes de equipo, lo cual ha cerrado el paso a las tecnologías mejor adaptadas.

La tragedia que hoy en día vive África, y que impulsa a muchos de sus habitantes a huir arriesgando sus pequeños ahorros y la vida, es resultado de un proceso histórico que condiciona el presente, el cual con la creciente globalización la excluye, pero que tampoco la olvida, pues sigue siendo víctima de condiciones de dependencia impuestas por las grandes multinacionales, los créditos financieros, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Globalización, territorios y mandos

Primera parte

Rhina Roux

"El viejo nomos se hunde sin duda y con él todo un sistema de medidas, normas y proporciones tradicionales. Pero lo venidero no es por ello, sin embargo, simple caos ni pura nada reñidos con toda regla. Incluso en la acerba lucha de nuevas y antiguas fuerzas creánse módulos ajustados y sensatas proporciones. También aquí hay dioses y fuerzas, grande es su medida." Carl Schmitt.


Una nueva configuración del mundo ha resultado del proceso de restructuración del capital desplegado en el último cuarto del siglo XX. La caída del muro de Berlín (1989), el derrumbe de la Unión Soviética (1991), el Tratado de Maastricht (1992), la entrada en vigor del NAFTA (1994) y el surgimiento de la OMC (1995) fueron acontecimientos que simbolizaron el fin de una época. La nueva revolución tecnológica en los terrenos de la informática, la microelectrónica y la ingeniería genética; la interconexión mundial de los circuitos financieros y la desregulación de los movimientos del capital; las corrientes migratorias y las crisis financieras son algunos de los fenómenos en que se revela el nuevo estado del mundo.

Los cambios, reales y profundos, no significan un triunfo del libre mercado ni que la economía, repentinamente, se haya mundializado. El capital ha sido siempre, desde su nacimiento, un proceso mundial: no sólo por su tendencia a incorporar a todo el globo terráqueo, sino porque desde su constitución -hace más de cinco siglos- ha estado fundado en la interconexión de actividades humanas más allá de las fronteras territoriales (aunque a veces esas actividades se realizaran bajo la forma de relaciones de dependencia personal, como en la encomienda, la mita o las plantaciones agrícolas de América durante el siglo XVI).

La globalización no significa la mundialización del capital, sino su despliegue en una figura a la vez más desarrollada y más fetichizada: el capital financiero. No se trata de una fracción del capital entre otras, ni de un capital "especulativo" en oposición a un capital productivo o industrial. Se trata del capital en su figura a la vez suprema e impersonal. En ésta se difumina cualquier síntoma que exprese la esencia del capital como una forma de vinculación social y como un proceso creado y recreado en las acciones humanas, exacerbándose su aparición como un poder autónomo, omnímodo e impersonal de las cosas sobre las personas. En esta figura el dinero -forma autonomizada del valor- pareciera sustraerse al control humano y adquirir vida propia. El capital pareciera incrementarse por sí mismo y desde sí mismo, como si se desvaneciera el único origen posible de la ganancia: la apropiación de trabajo vivo. (1)

Mientras tanto y más allá de la superficie, se realiza aquello que define al capital en su forma financiera: el comando del capital-como-dinero sobre todas las otras figuras del capital; su penetración y apoderamiento de industrias, naturaleza, bienes y servicios; la confiscación privada de la riqueza pública; un frenético proceso de concentración y centralización de capitales; el despojo de bienes y servicios públicos y una reconquista de espacios (marítimos, aéreos y territoriales).
Esta nueva configuración del capital global -y, con él, de todo el orbe- no es producto espontáneo del mercado ni una consecuencia fatal del desarrollo tecnológico. Es resultado de una estrategia política dirigida a reconstituir una relación de mando. Se abrió por ello con una gran ofensiva contra los trabajadores y los sindicatos: reorganizando los procesos de trabajo, destruyendo mecanismos de control obrero sobre los procesos productivos, desmantelando contratos colectivos de trabajo y arrasando con derechos y conquistas laborales arrancados a lo largo del siglo XX: reglamentación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, contratación colectiva, organización sindical y derecho al bienestar material, estatalmente garantizado.

Fue en esa confrontación en la que se insertó el ciclo de luchas, resistencias y derrotas sindicales que caracterizó en todo el mundo a la década de los ochenta: desde la imposición del Plan Laboral por la dictadura militar chilena (1979)(2) hasta la destrucción de las conquistas laborales de los telefonistas y petroleros mexicanos (1989) (3), pasando por la derrota de la huelga y el despido de más de veinte mil trabajadores de la FIAT de Turín (1980), las concesiones de la UAW (el gran sindicato de la industria automotriz estadounidense) en sus negociaciones contractuales, el fracaso de la huelga de los trabajadores alemanes de la IG Metall (1984) y la derrota de la huelga de los mineros en Inglaterra (1984-85)(4).

Anunciada en las revueltas estudiantiles de 1968, en el quiebre del sistema financiero mundial vigente en la segunda posguerra, y en la derrota del ejército estadounidense en Vietnam (1972), la crisis mundial del capital -expresada en la crisis del dólar en 1971 y en el estallido de la recesión generalizada en 1974- cerró la larga fase de expansión de la segunda posguerra imponiéndole al capital el imperativo de emprender su restructuración.

En el terreno de las ideas ese proceso se anunció en la crítica del Welfare State, en el cuestionamiento de la teoría keynesiana y en la identificación de la "crisis fiscal" del Estado con la existencia de las instituciones de seguridad social.
Su primera formulación data de 1975 y está expuesta en el informe a la Comisión Trilateral sobre la «gobernabilidad de las democracias», uno de los primeros diagnósticos -hecho desde una mirada conservadora- de la crisis del orden social con la que empezó a manifestarse el agotamiento del modelo de acumulación de la segunda posguerra (5). "La insatisfacción y la falta de confianza en el funcionamiento de las instituciones del gobierno democrático, se han extendido en los países Trilaterales", señalaba aquel diagnóstico:

En el pasado, los hombres han encontrado sus propósitos en la religión, en el nacionalismo y en la ideología. Pero ahora ni la iglesia, ni el Estado ni la clase, orientan la lealtad de los hombres [..] Hemos presenciado la disipación de la religión, el marchitarse del nacionalismo y la declinación, si no el fin, de la ideología [..] En esta situación, la maquinaria de la democracia sigue operando, pero la habilidad de los hombres para operarla, para adoptar decisiones, tiende a deteriorarse(6).

El documento utilizaba la expresión «democracia anómica» para referirse a la erosión de las instituciones políticas que habían sostenido la integración y estabilidad políticas en los países industrializados durante la segunda posguerra. Entre las "disfunciones" de la democracia -a la que se identificaba con el Estado de Bienestar- los autores incluían la pérdida de legitimidad de la autoridad, la "sobrecarga del gobierno", la crisis de los sistemas de partidos y una tendencia hacia lo que se consideró una "declinación relativamente sustancial del poder económico y militar de Estados Unidos".
Parte de ese diagnóstico consistió en el establecimiento de una conexión directa entre la satisfacción de demandas sociales y la crisis fiscal del Estado, que sería pocos años después uno de los argumentos centrales del discurso ideológico neoliberal en su crítica del Welfare State:

En años recientes, en los países Trilaterales hemos visto la expansión de las demandas al gobierno por parte de los individuos y grupos [..] El resultado es una "sobrecarga" en el gobierno y la expansión de su papel en la economía y la sociedad [..] Frente a las reclamaciones de grupos de interés, de los sindicatos y de los beneficiarios de la generosidad del gobierno, resulta difícil, si no imposible, que los gobiernos democráticos reduzcan sus gastos, aumenten los impuestos y controlen precios y salarios. En este sentido, la inflación es la enfermedad económica de las democracias.
En sus conclusiones, el informe a la Trilateral recomendaba la adopción de programas gubernamentales contra la pobreza que garantizaran "una base mínima de subsistencia" a los gobernados; la revisión del costo, la matrícula y los programas de estudio de las instituciones de educación superior y una reorganización de las relaciones laborales que incluyera la implementación de una "nueva cultura laboral". En el terreno político, el informe sugería el "fortalecimiento de las instituciones de liderazgo político", la "revigorización de los partidos políticos" y una refuncionalización de las instituciones y procedimientos de la democracia liberal como mecanismos de re-integración política de la sociedad (7).

La restructuración del capital no se reduce a un proceso económico. No significa únicamente cambios en las dimensiones material, productiva o tecnológica de la sociedad. En tanto el capital es una forma de existencia y reproducción de la vida humana, su restructuración significa una reconfiguración de todo el entramado social: una re-constitución de las formas, materiales y simbólicas, de interacción entre los seres humanos.

La emprendida en la segunda mitad de la década de los setenta transitó por todas las dimensiones de la vida social -pública y privada- remodelando vínculos, subjetividades, certezas y valores. Se desplegó desde la fábrica hasta el Estado, desde el mercado hasta las instituciones políticas y desde las relaciones más íntimas hasta la geopolítica mundial. Comprendió no sólo innovaciones tecnológicas y una reorganización del mundo productivo y laboral. Implicó también una recomposición de la vida estatal, la redefinición del sentido y los fines del trabajo intelectual, la difusión de una nueva moralidad, la reordenación global del espacio y del orden político mundial.

Presentándose vertiginosamente -a veces de manera violenta y concentrada y otras casi imperceptiblemente- esa restructuración pasó por la desarticulación de los pactos corporativos que habían garantizado la estabilidad y legitimidad durante el siglo XX, por el desmantelamiento de los sistemas estatales de seguridad social, por la reorganización del sistema educativo y por una conversión cultural orientada a reemplazar los valores propios del mundo keynesiano -justicia distributiva, organización colectiva y seguridad material- con nuevos valores vinculados con la eficiencia productiva, la astucia, la competencia, el rendimiento y el éxito individual.

Arrasando con formas de socialidad consideradas "tradicionales" o "arcaicas" y con los acuerdos políticos en que se habían sostenido la estabilidad y legitimidad, esa reconfiguración conmocionó todas las dimensiones de la vida humana, destruyendo o alterando las reglas, certidumbres y equilibrios del siglo XX

Globalización, territorios y mandos

II PARTE

Rhina Roux*

El mundo que se destruye, el mundo que emerge

La época de revueltas y revoluciones abierta con la revolución agraria mexicana de 1910 y continuada en el periodo de entreguerras con las revoluciones bolchevique y alemana, la organización de consejos obreros, la guerra civil española y las luchas de liberación nacional , contuvo la plena realización del capital financiero durante el siglo XX. El capital, cuya forma financiera había madurado ya en el último cuarto del siglo XIX -la belle époque del capital-, debió adecuarse ante las rupturas; ante las provenientes de la insubordinación, pero también ante las que, bajo la forma de guerras mundiales y crisis económicas, provocaba en su caótico despliegue.

Lord Keynes, quien había participado como representante británico en las conversaciones de Versalles al terminar la primera guerra mundial -y quien participaría después en las negociaciones de Bretton Woods- había sido uno de los primeros intelectuales liberales en comprender aquel tiempo convulsionado del mundo: "los devotos del capitalismo", escribía en 1926 anunciando "el final del laissez-faire", "son a menudo indebidamente conservadores, y rechazan las reformas de su técnica, que podrían realmente reforzarlo y conservarlo, por miedo de que puedan resultar ser los primeros pasos hacia fuera del propio capitalismo"(.

La apertura de la esfera estatal a intereses materiales de las clases sociales (incluidas las subalternas), la planificación estatal de las economías nacionales y el Welfare State fueron expresiones de la gran recomposición política que debió efectuarse para mantener la reproducción estable del capital global.

El capital no fue trascendido, pero debió subordinarse a acuerdos políticos para seguir existiendo. Requirió reconocer derechos sociales junto a los derechos individuales conquistados previamente por el liberalismo; incorporar las relaciones salariales y contractuales -propias del mundo mercantil de los intereses privados- en la constitución política del Estado; conceder mecanismos de control obrero sobre los procesos productivos, mantener el crecimiento de la curva salarial, aceptar la existencia de sindicatos nacionales de industria y la negociación colectiva sobre la compra y uso de la fuerza de trabajo; establecer, con los Acuerdos de Bretton Woods, un mecanismo mundial de regulación monetaria y financiera.

Fundada en una derrota histórica de los trabajadores, expresada no sólo en caída salarial y crecimiento del desempleo y subempleo, sino en la anulación de derechos sociales, en la embestida contra el Welfare State, en la ruptura de los pactos corporativos, en la destrucción de contratos colectivos, en la privatización de bienes y servicios públicos y en la desaparición de formas de socialidad no-capitalista -como el ejido mexicano- una nueva configuración del capital se fue abriendo paso.

Ésta, que aún no termina de remozar el mundo cuando ya genera nuevas convulsiones, contiene figuras de otras épocas, a las que trasciende bajo formas nuevas o más desarrolladas. La globalización no es la simple reedición del "imperialismo" clásico estudiado por Lenin o Hilferding. Tampoco una actualización del "capitalismo tardío" analizado -desde distintas perspectivas- por Herbert Marcuse o Ernest Mandel. Ocho rasgos caracterizan -hasta ahora- a este nuevo modo de existencia del capital en el mundo:

1. internacionalización de los procesos productivos, es decir, la fragmentación espacial de los procesos de trabajo, cuyas fases se sitúan en distintos territorios nacionales. El "auto mundial" y el crecimiento de las maquiladoras fueron una expresión temprana de este proceso de desterritorialización y des-localización que caracteriza a la fábrica contemporánea (9);

2. universalización de la socialidad abstracta mercantil-capitalista y subsunción de todas las capacidades y actividades humanas en el proceso de valorización de valor;

3. profundización e intensificación del proceso de concentración y centralización mundial de capitales (10).

4. concentración mundial de las inversiones y los intercambios en los países de la llamada "triada" (Estados Unidos, Japón y Europa) y desconexión de países y regiones enteras del planeta de los circuitos de inversión e intercambio (11).

5. desregulación financiera: ruptura del sistema mundial de regulación financiera y monetaria establecido en los Acuerdos de Bretton Woods (1944) y libre desplazamiento mundial de capitales;

6. cuarta revolución tecnológica: desarrollo de la informática y de la microelectrónica que no sólo revolucionan el terreno de las comunicaciones, sino que implican mutaciones en el ámbito del trabajo y la destrucción de barreras espacio-temporales para la movilidad mundial de capitales;

7. reconquista de espacios que se habían parcialmente sustraído o que habían condicionado la operación de la valorización de valor en su territorio;

8. abandono del orden geopolítico de la segunda posguerra (y de su forma doctrinaria: el discurso de la "guerra fría") y redefinición del ordenamiento político mundial, de sus unidades constitutivas (los Estados) y de sus relaciones internas.

En su dimensión política, la globalización supone profundas transformaciones. La movilidad de capitales a través de las fronteras territoriales, el quiebre del sistema mundial de regulación financiera, la vulnerabilidad de los Estados nacionales ante los movimientos monetarios y financieros y los procesos de integración económica regional implican la aparición de fenómenos difícilmente caracterizables con las categorías políticas construidas alrededor del Estado nacional o teniendo como referente la organización política del mundo de los siglos XIX o XX. De alguna manera, como señala Vallespín, el nuevo estado del mundo requiere un reajuste categorial y, si no re-inventar nada, sí re-comprender todo (12).

El capital y sus formas políticas

Modos de ordenación de la convivencia humana, de unificación de los seres humanos en comunidad política y de gobierno y administración de los asuntos públicos han existido en la historia -desde un cierto nivel civilizatorio- bajo distintas formas: desde los grandes Estados que acompañaron a las civilizaciones egipcia y mesoamericana hasta el Estado-nación moderno, pasando por la polis antigua, la república imperial romana o las ciudades-estado del renacimiento. Pero tres fueron los atributos del «Estado» como forma histórica de la unidad política: el control de su espacio territorial, la unicidad y exclusividad de un mando político dentro de un territorio (soberanía) y el monopolio del uso de la violencia legítima (13).

En contraste con otras formas políticas, el Estado moderno extendió el principio de ciudadanía igualando jurídicamente a los individuos como miembros de la comunidad estatal; pero al mismo tiempo sustrajo a la comunidad la decisión última sobre los asuntos de la vida pública, transfiriéndola a una autoridad colocada por encima de ella como mando único y supremo al que se debería obediencia: el poder soberano estatal. Era a este movimiento de transferencia que nutre la relación estatal al que se refería Hobbes cuando describía, en el siglo XVII, el hipotético pacto que habría dado origen al Leviatán, aquel dios mortal creado por los propios hombres para la conservación de su vida y su seguridad:
El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas [..] es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, pueden reducir sus voluntades a una voluntad [..] en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en latín, CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran LEVIATAN, o más bien (hablando con más reverencia), de aquel dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa (14).

Fue esta configuración peculiar de la comunidad política moderna la expresada en la figura del ciudadano como "súbdito libre" de la que hablaba Bodin: el miembro de la ciudad que, siendo cabeza de familia y señor en su casa, se convertía en "súbdito libre dependiente de la soberanía de otro" al transitar de la esfera privada a la vida pública(15).
Sin embargo, junto al Estado, el Imperio ha sido también una de las formas políticas con las que se ha desplegado el capital desde su nacimiento. Forma política que ha acompañado a las civilizaciones desde tiempos antiguos, el Imperio ha sido también la forma política en que se ha corpoeizado la unidad del capital como sistema mundial: no entendido como dominio de un país sobre otros, sino el Imperio como representación política unitaria del complejo de procesos implicado en la apropiación y dominación sobre el trabajo vivo en todo el globo terráqueo.

El capital se gestó hace más de cinco siglos sirviéndose de las tierras, los recursos naturales y el trabajo de América Latina. El descubrimiento y conquista de América fueron un momento constitutivo esencial -y fundante- de la génesis del capital y de su despliegue simultáneo -por primera vez en la historia de la humanidad- como un sistema con tendencia planetaria (abarcador, en su primera fase expansiva, de las costas de África, las islas Canarias, Asia y América)(16). No fue casual que la primera formulación de un derecho inter-estatal, el «derecho de gentes» europeo, se hubiera producido como resultado del llamado "descubrimiento": respondió a la necesidad, como interpretó Carl Schmitt, de lograr un acuerdo intraeuropeo para una nueva ordenación global del espacio establecida desde y para Europa:

Tan pronto como se había perfilado la forma de la tierra como un globo verdadero [..] surgió inmediatamente un problema totalmente nuevo y hasta entonces inimaginable: el de una ordenación del espacio de todo el globo terrestre de acuerdo con el Derecho de Gentes. La nueva imagen global del espacio exigía una nueva ordenación global del espacio [..] Cuando apareció verdaderamente, en el año 1492, un "Nuevo Mundo", todas las concepciones tradicionales tanto del centro como de la edad de la tierra hubieron de modificar su estructura. Los soberanos y las naciones de Europa veían surgir ahora a su lado un inmenso espacio no europeo desconocido hasta entonces. Pero lo esencial y decisivo para los siglos posteriores fue el hecho de que el Nuevo Mundo no apareciera como un nuevo enemigo, sino como un espacio libre, como un campo libre para la ocupación y expansión europea [..] ahora se iniciaba la disputa europea en torno a este Nuevo Mundo, de la que surgiría una nueva ordenación del espacio con nuevas divisiones de la tierra (17).

Un único circuito enlazó en adelante a las encomiendas, mitas y enclaves mineros y agrícolas de América con los centros manufactureros y financieros de Europa: Amberes, Flandes, Génova y Hamburgo, pasando por la intermediación de España, encargada de organizar y centralizar política y administrativamente la transferencia de trabajo y de metales del nuevo al viejo continente (18).

La nueva ordenación espacial global inaugurada en 1492 trasladó el centro de los intercambios comerciales de la zona mediterránea dominada hasta entonces por el mundo árabe hacia el Atlántico, convirtiendo a Europa en el centro de un nuevo sistema mundial administrado imperialmente. La monarquía española, descrita por Campanella como la «monarquía universal» cuyo esplendor oscurecía todo lo demás, "no de otra manera que el sol a las restantes estrellas", fue el vértice de esa nueva economía-mundo internamente polarizada y políticamente organizada bajo la forma de Imperio (con la sanción espiritual de las bulas papales, Amberes sirviéndole como bolsa de valores y las casas de capitalistas mercantiles modernos del sur de Alemania, como los Fugger, como banqueros) (19).
El surgimiento de un subsistema regional (europeo) de Estados a fines del siglo XV y durante el XVI, fue uno de los fenómenos constitutivos del proceso de conformación del capital como sistema mundial. Al tiempo que la ordenación político-administrativa del nuevo sistema global adoptaba una forma imperial, su centro regional se desdoblaba internamente en nuevas entidades territorial y políticamente delimitadas: los Estados-nacionales.

El proceso pasó por la fragmentación de la res publica christiana, ese otro Imperio cristianizado articulado en Europa durante los diez siglos anteriores bajo la doble autoridad del Emperador y el Papa. Esa Europa vivió en las últimas décadas del siglo XV y durante todo el XVI el tiempo -conflictivo- de formación de los Estados nacionales bajo la forma de monarquías absolutas: el tiempo de la delimitación de fronteras territoriales, de centralización del mando, de concentración del uso de la violencia, de nacimiento de los ejércitos modernos, de organización de una administración pública y de la creación de un cuerpo especial de funcionarios encargados de la representación frente a otros Estados (embajadores y diplomáticos). Pero también el tiempo de las unificaciones monetarias y de la organización de nuevos sistemas de recaudación fiscal en los confines territoriales de los nuevos Estados.

En la reproducción mundial de la dominación sobre el trabajo vivo, el Estado-nación sería el vínculo que, fragmentando la comunidad universal de los productores, cohesionaría a dominadores y dominados en unidades políticas territorialmente delimitadas. De ahí el carácter intrínsecamente contradictorio del capital: a la vez que sistema mundial de dominación sobre el trabajo, un sistema internamente fragmentado en Estados-naciones (20).

Ciertamente, el Imperio "fracasó" como forma material, empírica, de unidad política. Después de la experiencia de la monarquía imperial española, la modernidad capitalista no volvería a experimentar el establecimiento de una monarquía mundial con aquellas dimensiones territoriales. Pero el Imperio adoptó otras figuras, informales, de existencia. Esa fue la experiencia del llamado "imperialismo económico", nombre dado a la hegemonía política mundial de la monarquía británica durante los siglos XVIII y XIX. Esa hegemonía, expresada todavía en la incorporación al Estado británico de territorios externos organizados como colonias, se sostendría -a diferencia del imperio español- no en el intento de organización político-administrativa de todo el orbe (de suyo una empresa enorme y costosa), sino en la supremacía incuestionable de la marina británica, en la inundación del mercado mundial por las manufacturas inglesas, en la fragmentación política del continente europeo -desgarrado entre proyectos imperiales, revoluciones e intentos de restauración monárquica- y en la irradiación del liberalismo como patrón cultural mundial (21).

El Imperio fue también la forma de ordenación política del capital global surgida de la segunda guerra mundial, con la emergencia de Estados Unidos como la gran potencia resultante de la economía de guerra -y conservada después en lo que Mandel llamó la "economía armamentista permanente". La de la segunda posguerra fue la época de la irrupción del Estado norteamericano como poder hegemónico mundial y como vértice de un sistema imperial cuyo mando se sostuvo en un entramado institucional militar, jurídico y financiero garante de la reproducción del capital global: el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la OTAN, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (22).

En esa larga historia de configuraciones políticas imperiales que ha acompañado al capital desde su nacimiento, los pueblos subordinados han adoptado distintos status jurídicos y políticos, definidos por su ubicación en el mercado mundial y por su relación con los Estados hegemónicos. Han sido reinos, como lo fueron durante tres siglos el de la Nueva España o el de Perú en el tiempo de la monarquía imperial española. Han sido colonias, es decir, extensiones territoriales de otros Estados, política y administrativamente gobernados por la autoridad del Estado central, como en el caso de la India subordinada a Inglaterra hasta 1948 o el de Argel bajo el dominio político de Francia hasta 1962. Y han sido también protectorados: una figura del orden jurídico internacional referida a aquella condición de las entidades políticas en las que el gobierno interior corresponde a las autoridades nativas, mientras que las relaciones externas y las cuestiones de defensa y seguridad están a cargo de otro Estado. En algunos casos, conservando formalmente su condición jurídica de Estados soberanos, algunos Estados funcionaron en la práctica como Estados dirigidos, en un fenómeno que algunas corrientes de pensamiento trataron de caracterizar con el término "neocolonialismo". Así sucedió en los modernos tratados de intervención (como los firmados por Estados Unidos con Cuba y Panamá en 1903), cuyo rasgo característico -en contraste con el vínculo colonial- fue la renuncia del Estado controlador a la anexión territorial del Estado dirigido (23).

Por lo demás, las unidades constitutivas del sistema global, los Estados nacionales, no aparecieron simultáneamente ni estableciendo entre ellos relaciones simétricas. La historia del moderno sistema mundial, como mostró Wallerstein en su monumental obra, ha sido en realidad una triple historia en la que se entrelazan simultánea y contradictoriamente i) la construcción de una economía-mundo; ii) una historia de centramientos y descentramientos, de disputas entre Estados por la hegemonía mundial y iii) una historia, violenta y accidentada, de difusión mundial de la forma estatal-nacional: desde su surgimiento en la Europa del siglo XVI, hasta su generalización en el siglo XX con los procesos de liberación nacional en Asia y África, pasando por la construcción de los Estados nacionales en Latinoamérica durante el siglo XIX.
La reconfiguración del Estado

Las transformaciones políticas que acompañan a la globalización operan en varios niveles. La nueva configuración del capital global supone, por un lado, modificaciones en esa forma histórica de la unidad política que ha acompañado a la socialidad moderna desde su nacimiento: el Estado-nación soberano, territorialmente delimitado, formado y difundido por el mundo entre los siglos XVI y XX. La globalización está acompañada, además, de procesos de integración regional que no son sólo resultado del movimiento del mercado, sino que están políticamente orientados y que implican -como en el caso del proyecto de integración hemisférica dirigido por Estados Unidos- alteraciones en la forma estatal-nacional. La globalización implica, además, una nueva ordenación política mundial que redefine los modos de inclusión -o exclusión- de los Estados en los circuitos productivos, mercantiles y dinerarios del capital global.

Una nueva forma del Estado, que reemplaza al Estado corporativo vigente a lo largo del siglo XX, está contenida en la globalización. Este proceso de reconfiguración estatal no alude a los cambios del personal que dirige los asuntos del Estado ni a la dimensión de los aparatos gubernativos o administrativos. La reconfiguración del Estado refiere a la modificación de las reglas y principios que, en un orden estatal-nacional, regulan sus relaciones internas y los vínculos con otros Estados. Este nivel del cambio político alude a la transformación de las formas de socialidad y del imaginario colectivo en que descansa una comunidad estatal; al modo de integración política de los individuos; a los principios y prácticas de los que se nutre la legitimidad, así como a la corporeización de todo ese entramado relacional en un ordenamiento institucional (24). Se trata, para decirlo con Hirsch, de "un nuevo tipo de Estado capitalista":

Se acabaron los tiempos en que las grandes empresas se apoyaban sobre todo en fuerza de trabajo, mercados e infraestructuras nacionales y su prosperidad era sinónimo de crecimiento, empleo y bienestar al interior de las fronteras de los Estados nacionales [..] El desarrollo del capitalismo se caracteriza efectivamente por un proceso contradictorio de globalización y regionalización, tendiente a disolver los espacios económicos existentes y que modifica decisivamente las funciones estatales y las estructuras y procesos políticos de los Estados nacionales. Dicho de manera burda, la política estatal va concentrándose de manera creciente en generar al capital, que actúa con mayor flexibilidad, condiciones de valorización más favorables compitiendo con otros Estados. Precisamente esto es lo que colisiona, y cada vez más, con las condiciones de un desarrollo socioeconómico equilibrado y democrático al interior de las sociedades.En este sentido se puede hablar de la conformación de un nuevo tipo de Estado capitalista: el "Estado nacional de competencia" (25).

La restructuración del capital implica la configuración de una nueva comunidad estatal fundada en la difusión de la socialidad abstracta mercantil-capitalista y organizada -en el plano de las instituciones políticas- de acuerdo con las instituciones y procedimientos de la democracia liberal.
Formulada como tránsito del Estado "keynesiano" al Estado "neoliberal" o como pasaje del «Estado de seguridad» al «Estado nacional de competencia», la configuración estatal propia de la globalización supone la desarticulación del Estado corporativo, es decir, de una forma estatal basada en el reconocimiento e inclusión de derechos materiales de las clases sociales -incluidas las subalternas- en la constitución política del Estado.

En sus variantes fascista o "democrática" e independientemente de los regímenes políticos, esa fue la forma de estructuración del Estado durante el siglo XX. El ordenamiento jurídico surgido de la revolución mexicana (1917), la constitución alemana de Weimar (1919), los regímenes corporativos del fascismo italiano o alemán, los llamados "populismos" latinoamericanos y el arreglo corporativo contenido en el New Deal de Roosevelt, fueron distintas variantes de esa remodelación corporativa del Estado iniciada en el periodo entre las dos guerras mundiales. Su forma institucionalizada en la segunda posguerra fue el llamado Welfare State, basado en el reconocimiento estatal del derecho al bienestar material, en la negociación colectiva de las condiciones laborales y en el discurso de la "conciliación de intereses" (26) .

El orden estatal que la globalización está destruyendo requirió reconocer las relaciones mercantiles -incluidas las salariales y contractuales- como parte constitutiva de su esfera política. En eso consistió la magia del Estado corporativo: en el reconocimiento e incorporación del mercado en el ámbito de lo público-estatal, conservando los intereses particulares y conciliándolos como momentos del proceso político de unificación de la sociedad. El Estado de Derecho democrático-liberal, conformado sólo por ciudadanos abstractos, dejó el paso en el periodo de entreguerras a una configuración estatal fundada en el reconocimiento e inclusión de las clases sociales como parte de la constitución política. Ese fue el secreto de la estabilidad y legitimidad del Estado corporativo (también llamado fordista o keynesiano) a lo largo del siglo XX.

La reconfiguración estatal que acompaña a la globalización no significa solamente la privatización de bienes y servicios públicos o el redimensionamiento de los aparatos de la administración pública. Esa reconfiguración descansa en transformaciones en la socialidad, en la moralidad y en la politicidad colectivas.

La nueva forma del capital global sustituye al Estado corporativo por una forma de estructuración del Estado sostenida en la universalización de la socialidad mercantil capitalista. La desregulación de las relaciones laborales, el debilitamiento de las organizaciones sociales, los nuevos patrones de contratación individual y el crecimiento del trabajo informal son fenómenos que acompañan a la nueva forma estatal. Esta remodelación del Estado transita por la destrucción de identidades y formas de organización colectiva -como los grandes sindicatos industriales de la época fordista- y por la fragmentación e individualización de la vida social. En contraste con el Estado corporativo, recreado en patrones de organización y negociación colectiva, la nueva configuración estatal busca sostenerse en la difusión de la socialidad mercantil capitalista, haciendo del valor de cambio el único nexo social.

Esa difusión, que supone arrasar con formas de interacción humana consideradas "tradicionales" o "arcaicas", está implicando la ruptura de los acuerdos y equilibrios en que se sostuvieron la estabilidad y legitimidad del orden social durante el siglo XX. El desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y la privatización de bienes y servicios públicos forman parte de esa embestida. A ella corresponde la sustitución del reconocimiento estatal de derechos, por políticas asistenciales selectivamente dirigidas.

El proceso, que significa una modificación en las formas de interacción social y en las subjetividades supone, en el terreno del imaginario y la moralidad colectivas, el reemplazo de los valores keynesianos de justicia distributiva, bienestar material y conciliación de intereses por una nueva moralidad basada en la difusión del individualismo, la cultura del éxito personal y la internalización de una conducta competitiva, basada en el rendimiento individual. El tránsito a una nueva configuración estatal supone, por lo demás, una nueva politicidad: la desarticulación de una politicidad corporativa y su sustitución por una politicidad segmentada y reducida a los espacios electorales. Se trata del reemplazo de una forma de intervención en los asuntos públicos recreada desde el reconocimiento de derechos y la negociación de intereses, por una politicidad orientada a la participación individual en procesos electorales cuya forma y contenidos -a diferencia de las confrontaciones político-programáticas de la república liberal del siglo XIX- están dirigidos por la mercadotecnia y la publicidad.

Ese proceso, materializado en lo que en el discurso ideológico de Samuel Huntington fue llamado la "tercera ola democratizadora", es el que atravesó el mundo en el último cuarto del siglo XX: la tendencia hacia la sustitución de regímenes genéricamente llamados "autoritarios" (dictaduras civiles, militares o regímenes presidenciales) por regímenes basados en elecciones, competencia entre partidos políticos y posibilidades de alternancia (27).
La reconfiguración estatal que acompaña a la globalización implica el restablecimiento de las instituciones y procedimientos de la democracia liberal: parlamentos, elecciones y alternancia de los partidos en el sistema administrativo-gubernativo del Estado (que no en la titularidad del poder soberano). Pero, paradójicamente, el nuevo ordenamiento democrático-liberal se acompaña también de un socavamiento en la capacidad de intervención, decisión y control de los ciudadanos en los escenarios de la política. La movilidad del capital financiero a través de las fronteras territoriales y los procesos de integración económica regional se traducen en una pérdida de control estatal del espacio económico nacional y en un socavamiento de la soberanía: de la capacidad estatal de imponer las reglas de ordenación de la convivencia dentro de un territorio.

En contraste con una política estatal orientada a la reconciliación de intereses -y sostenida para ello en el control estatal de las economías nacionales-, la burocracia política de la nueva configuración estatal busca lograr una mejor inserción del espacio económico nacional en el mercado mundial, volviéndose éste un elemento central para fundamentar la legitimidad -e inamovilidad- de las políticas estatales. Así, a diferencia del Estado corporativo -o "Estado de seguridad"- en el llamado Estado nacional de competencia:

la política estatal va concentrándose de manera creciente en generar al capital, que actúa con mayor flexibilidad, condiciones de valorización más favorables compitiendo con otros Estados [..] La capacidad competitiva en el mercado global depende cada vez menos de los factores de costos solamente -es decir, de la fuerza de trabajo barata, baja renta inmobiliaria o materias primas a precios favorables- sino cada vez más, de la posibilidad de lograr altos avances en la productividad con base en una racionalización sistémica [..] se trata de sistemas de provisión de energía y transportes, infraestructuras sociales y administrativas, fuerza de trabajo especialmente calificada, además de las correspondientes condiciones habitacionales y de vida acordes, empresas de logística y servicios, recursos científicos y tecnológicos, condiciones de mercado, escalas de valores socioculturales y pautas de conducta, estabilidad política, posibilidades de acceso a recursos ecológicos, medidas de apoyo administrativo y subvenciones (28).
La nueva configuración estatal intenta sustituir la vieja legitimidad corporativa con una nueva legitimidad basada en elecciones, alternancia y competencia entre partidos. Y sin embargo el nuevo poder del capital financiero, que destruye a su paso las soberanías estatales y socava el control estatal de las economías nacionales, produce un vaciamiento de las instituciones democráticas restauradas.

Vivenciada como si se asistiera a un "declive" de la política o a su transformación en un espectáculo, a ese vaciamiento de las instituciones estatales corresponde también una metamorfosis en los partidos políticos y la emergencia de un océano de organizaciones no gubernamentales (ONG'S) de todo tipo: el abandono de los viejos partidos de masas, ideológicamente conformados, la conversión de los aparatos partidarios en vehículos de distribución de cargos y en maquinarias electorales sostenidas en estrategias mediáticas y la orientación de partidos y asociaciones civiles hacia la obtención de financiamiento público.

Globalización, territorios y mandos

Parte III y citas

Rhina Roux*

La reordenación política mundial: Grobraum, Estados e Imperio

La restructuración del capital no sólo significa una reconfiguración mundial del Estado. Ese proceso, que desmontó los pactos corporativos al tiempo que restablecía las instituciones de la democracia representativa liberal, está acompañado de una reconfiguración del orden geopolítico mundial que redefine la inclusión -o exclusión- de los Estados en los procesos de incorporación territorial, de apropiación de plustrabajo y de intercambio mercantil que caracterizan a la nueva forma del capital.

De hecho, la restructuración borró en diez años el mapa geopolítico de la segunda posguerra, imponiendo un nuevo ordenamiento político mundial, una redefinición de fronteras territoriales y de las relaciones entre Estados.
El colapso de la Unión Soviética (1991) no sólo implicó el fin del orden mundial construido en Yalta y Postdam (y de su forma doctrinaria: el discurso de la "guerra fría"). Significó también una redefinición de fronteras territoriales, la aparición de nuevos Estados y el desmembramiento de otros. Entre los saldos de la desintegración soviética está la escisión territorial y política de algunas de sus antiguas repúblicas: la independencia de Ucrania (1991) y la emergencia de un nuevo bloque de Estados independientes en la región del Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmesnistán, Azerbaiyán, Armenia y Georgia que, junto a Afganistán, forman lo que hoy se conoce como los "Balcanes euroasiáticos"). Aquel colapso, anunciado en la caída del muro de Berlín, implicó también la disgregación de Yugoslavia y el desencadenamiento de conflictos por la autonomía política en el centro de Europa (Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo).

La restructuración transita por una reordenación global del espacio. Como aquella primera ordenación global del espacio con que se inauguró la modernidad capitalista, la contenida en la globalización está también acompañada de un discurso imperial en el que la ocupación de territorios y el despojo se anuncian como parte de un proceso civilizatorio: como el triunfo del libre mercado o de la "sociedad abierta"; como el fin de la historia y de los meta-relatos o como una cruzada civilizatoria en nombre de la "justicia infinita" o la "libertad duradera".

Esta reordenación global del espacio transita por la recuperación de territorios que se habían sustraído o que habían condicionado la operación de la valorización de valor, como el inmenso espacio territorial que comprendía la Unión Soviética, el ocupado por los regímenes del llamado "socialismo real" de Europa centro-oriental o el representado en las tierras ejidales arrancadas por la revolución agraria mexicana.

Supone, además, una nueva ordenación política del espacio que traspasa las fronteras estatales, tendiendo a integrar a los Estados en grandes zonas económicas. Es ese el proceso materializado en los proyectos de integración regional:

i) anunciado en los Tratados de Maastricht (1992) el proceso de integración europea -con Alemania como potencia regional-, que contempla la creación de un mercado único europeo: libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales e, incluso la unificación monetaria (el euro) (29);

ii) la conformación de un nuevo bloque articulado en torno a los países de la Cuenca del Pacífico (Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, 1989) (30);

iii) el representado en el arranque del proyecto de integración hemisférica comandado por Estados Unidos: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), preparado con el anuncio de una Enterprise for the Americas (junio de 1990), materializado en el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA, 1994) y cuyo objetivo estratégico es la creación de una zona continental de libre tránsito de mercancías y capitales.

Se trata de procesos políticos de integración económica y cooperación militar que traspasan las fronteras territoriales de los Estados y que están orientados a la regulación regional de las inversiones de capital, de los intercambios de mercancías, de apropiación de recursos naturales, de las condiciones salariales y laborales y de los movimientos migratorios de fuerza de trabajo.

Hoy presenciamos aquello que Carl Schmitt vislumbraba, en los años treinta del siglo XX, como una tendencia hacia el Grobraum: el «gran espacio». Una nueva forma de ordenación política entendida no como la desaparición del Estado y su reemplazo por una nueva -e impensable- unidad política mundial (Estado mundial), sino como el abandono de la idea del Estado como principio ordenador del territorio y su sustitución por un nuevo principio de configuración política del espacio. Se trata de aquello que el teórico alemán, reflexionando en medio del trastocamiento provocado por las dos guerras mundiales, del declive de la hegemonía europea y teniendo como referente el modelo proyectado en la Doctrina Monroe, visualizaba como el "fin de la época de la estatalidad". En otras palabras, el declive del Estado como forma de la unidad política y como titular de "el más extraordinario de todos los monopolios", esto es, del monopolio de la decisión política: la facultad de establecer las normas de ordenación de la convivencia dentro de su territorio y la facultad de definir la relación amigo-enemigo, hacia dentro y hacia fuera (31).

Las fronteras estatales no desaparecen, como tampoco desaparece aquel atributo que definió a la forma estatal moderna desde su nacimiento: el monopolio del uso de la violencia legítima dentro de su territorio. Y sin embargo, la globalización supone la pérdida de otras facultades estatales, todavía vigentes en el Estado keynesiano del siglo XX, como el control de las economías nacionales, la regulación de los movimientos del dinero y el control de los circuitos financieros. El Estado corporativo, que sostenía el reconocimiento y conciliación de intereses en el control estatal de las economías nacionales y en la planificación estatal de las actividades productivas, implicó la conservación del Estado como forma de la unidad política.

La alteración de la forma estatal-nacional (que no significa la desaparición de fronteras ni de los aparatos de gobierno y administración nacionales) se realiza en las coordenadas de la globalización bajo la forma de una cesión de atributos: como pérdida del control estatal del espacio económico nacional y como socavamiento de la soberanía, esto es, de ese atributo característico del Estado consistente en la existencia de un mando único, exclusivo y supremo dentro de un territorio y en el reconocimiento de esa exclusividad en sus relaciones con otros Estados.

Socavado por el capital, y por la penetración de su lógica y de su mando a través de las fronteras territoriales, se trata de la erosión de ese rasgo propiamente estatal que para los teóricos del Estado moderno se nutría de la renuncia al uso privado de la violencia y del derecho de los individuos a gobernarse a sí mismos, a cambio de protección y seguridad. Un rasgo constitutivo de la forma-estatal sin el cual no es posible la relación política de mando-obediencia entre gobernantes y gobernados, fundada necesariamente en su reconocimiento recíproco y que transita por la legitimidad.

Es en estas coordenadas en las que aparece un conjunto de fenómenos que han sido interpretados como síntoma de un "declive de la política". La inmutabilidad de las políticas estatales, incólumes a pesar de la alternancia de distintos partidos en la dirección de los aparatos estatales; el desdibujamiento programático de los partidos políticos y la pérdida de control estatal de los procesos económicos nacionales provocan esa sensación de inefectividad de la acción política dentro de las fronteras estatales señalada desde diversas corrientes de pensamiento. Se trata de nuevos fenómenos que han generado, en el terreno de las ideas, la propia redefinición de lo político, abriendo una reflexión de fondo que da cuenta -en sí misma- del nuevo tiempo del mundo (32).

El complejo de procesos en que se recrea la nueva figura del capital adquiere unidad política, por último, bajo la forma del Imperio: un mando político global que traspasa las fronteras territoriales y que encarna, necesariamente, en la hegemonía mundial (política, militar y cultural) de un Estado sobre todos los demás (33).

Proveniente del latín imperium: «orden» o «mandato», ese fue el significado preciso del término en la historia del pensamiento político desde su origen en la república imperial romana: el de un dominio político territorial ampliado fundado en la supremacía militar y en la capacidad de irradiar universalmente su campo cultural. Ese fue también el significado dado por Dante Alighieri cuando, al comenzar el siglo XIV y escribiendo en medio de la respublica christiana, hablaba de la «monarquía universalis»: "aquel principado único que está sobre todos los demás en el tiempo o en las cosas medidas por el tiempo" (34). Y fue también el significado atribuido al Imperio en las Siete Partidas, un conjunto de leyes recopilado entre 1252 y 1369 para codificar las relaciones de mando dentro del Imperio cristianizado: la supremacía de la autoridad imperial, a diferencia de la de reyes y príncipes, no admitía poder superior alguno, fuera de la autoridad papal en los asuntos espirituales. La unicidad de ese poder era uno de sus rasgos característicos: Dios había convenido en que sólo uno fuera el Emperador, para "quitar el desacuerdo entre las gentes", lo que no podría hacerse "si fuesen muchos los emperadores" (35) .

La nueva e indisputada hegemonía política y militar mundial de Estados Unidos es la expresión corpórea, materializada, de esa configuración política imperial que acompaña a la globalización. Desaparecida la Unión Soviética y, con ella, el equilibrio mundial de fuerzas característico de la segunda posguerra, es esa nueva hegemonía mundial la descrita por Brzezinski (ex consejero de seguridad nacional de la presidencia de Estados Unidos) desde 1997:

La supremacía estadounidense ha producido un nuevo orden internacional que no sólo duplica sino que también institucionaliza en el exterior muchas de las características del propio sistema estadounidense. Sus características básicas incluyen:

• un sistema de seguridad colectiva que incluye mandos y fuerzas integrados (OTAN, el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón, etc.);

• cooperación económica regional (APEC, TLC e instituciones especializadas de cooperación global: Banco Mundial, FMI, OMC);

• procedimientos que hacen hincapié en la toma de decisiones por consenso, aunque dominada por Estados Unidos;
• una preferencia por la participación democrática dentro de las alianzas clave;

• una rudimentaria estructura constitucional y jurídica global (que va desde el Tribunal Internacional de Justicia al tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra en Bosnia).

La mayor parte de este sistema surgió durante la guerra fría como consecuencia de los esfuerzos estadounidenses para contener a su rival global, la Unión Soviética. Fue construido, por lo tanto, con el propósito de ser aplicado en el nivel global, no bien ese rival desfalleciera y los Estados Unidos se convirtieran en la primera y única potencia global [..] En la actualidad, esta hegemonía global estadounidense sin precedentes no tiene rival (36).

Variante nacional del modelo mundial fordista, la desaparición de ese muro de contención que significaba la Unión Soviética desbrozó el camino para la afirmación del nuevo poder imperial de Estados Unidos. Colapsada no por una derrota militar, sino por el movimiento mundial del dinero, mercancías, capitales, inversiones e innovaciones tecnológicas -y por la petrificación en el terreno de las ideas y del pensamiento-, la desaparición de la Unión Soviética fue uno de los primeros síntomas del proceso de re-constitución política del mundo que acompaña a la globalización. Es esa nueva configuración imperial, encargada de garantizar política y militarmente la incorporación de territorios, la apropiación de plustrabajo y el despojo de riquezas naturales para la valorización de valor, la anunciada en la guerra del Golfo Pérsico (1991) y afirmada en la intervención militar en Afganistán (2001). La subordinación de Gran Bretaña, de los países miembros de la OTAN y del Consejo de Seguridad de la ONU a la política militar estadounidense en Afganistán dan cuenta de esta supremacía imperial. «Justicia infinita» o «libertad duradera» son los términos en que se plantea la «guerra justa» del nuevo milenio: una guerra destinada a reordenar políticamente el espacio mundial para incorporar vida, riquezas naturales, actividades y saberes a la valorización de valor.

Ello no significa la desaparición de los Estados nacionales. El capital no puede prescindir de la forma-Estado como no puede hacerlo respecto de su propio desdoblamiento en diversas figuras: capital industrial, bancario o agrario, en competencia una con otras. No puede hacerlo, además, porque las condiciones jurídicas, salariales y culturales para la valorización de valor son impuestas nacionalmente. Y no puede hacerlo, sobre todo, porque requiere del cumplimiento de una función que no le puede otorgar el mercado: el monopolio del uso de la violencia legítima.

Desplegada políticamente bajo la forma imperial e impulsando procesos de integración regional, la globalización conserva algunas unidades políticas como Estados soberanos y destruye a otras convirtiéndolas, de Estados, en una suerte de provincias tributarias. Otras, como las representadas por la mayoría de los Estados africanos, simplemente quedan "desconectadas" del sistema mundial.

El capital destruye las socialidades que cohesionaban a la comunidad estatal y prepara la re-conexión de los individuos en una nueva comunidad fundada en la atomización, individualización y despersonalización de las relaciones sociales y en la subsunción de las actividades humanas en la lógica del valor de cambio. La regulación privada de las relaciones laborales, la privatización de bienes y servicios públicos, la subsunción de la investigación y del conocimiento al proceso de valorización de valor y la eficiencia productiva como norma de vida constituyen los principios estructuradores de la nueva configuración estatal funcional a la gran comunidad impersonal de las finanzas mundiales.

Marzo de 2001.
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CITAS y Pies de páginas

*Rhina Roux, politóloga. Profesora-investigadora en la UAM-Xochimilco. Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

** Nomos es un término griego que aludía originalmente a la toma de la tierra como acto primitivo ordenador del espacio y fundante de derecho. Fue recuperado por Carl Schmitt para repensar la ordenación política del espacio mundial. Él así lo explicaba: "Trato aquí del nomos de la tierra. Esto significa: medito la tierra -el astro que habitamos- como un todo, como un globo y busco su división global y su orden". Carl Schmitt, Der neue Nomos der Erde, 1955.

1.-"El dinero tiene ahora dentro del cuerpo el amor", describía Marx plásticamente esta aparición mistificada del capital-dinerario en su análisis del proceso global de la reproducción del capital: "Aquí queda consumada la figura fetichista del capital y la idea del fetiche capitalista. En D-D' tenemos la forma conceptual del capital, la inversión y cosificación de las relaciones de producción en la potencia suprema: la figura que devenga interés, la figura simple del capital, en la cual el capital está presupuesto a su proceso proceso de reproducción; capacidad del dinero, o en su caso de la mercancía, de valorizar su propio valor, independientemente de la reproducción; la mistificación del capital en su forma más estridente. Para la economía vulgar, que pretende presentar al capital como fuente autónoma de valor, esta forma le viene a pedir de boca: una forma en la cual la fuente de la ganancia ya no resulta reconocible, y en la cual el resultado del proceso capitalista de producción -separado del propio proceso- adquiere una existencia autónoma [..] Así como el crecimiento de los árboles parece algo propio de éstos, así el generar dinero parece propio del capital en esta forma del capital dinerario". K. Marx, El capital, Siglo XXI, México, 9ª., 1989, tomo III, volumen 7, capítulo XXIV, pp.501-502.

2.- En el llamado Plan Laboral, anunciado por la dictadura militar en julio de 1979, se inscribieron un conjunto de decretos que fijaron nuevas normas para la organización sindical y la negociación colectiva. La nueva legislación laboral estableció la "libertad sindical", contemplando la creación de varios sindicatos por empresa y la afiliación voluntaria y redujo la negociación colectiva a la cuestión salarial. Así, la nueva legislación laboral fragmentó al movimiento obrero y eliminó derechos adquiridos, como la participación obrera en la gestión de las empresas, en los ritmos de producción o en el uso de la maquinaria. Véase Patricia Olave Castillo, El proyecto neoliberal en Chile y la construcción de una nueva economía, El Caballito/UNAM, México, 1997, pp.139-142.

3.- Vid Luis H. Méndez Berrueta y José Othón Quiroz, Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota, UAM-Azcapotzalco, México, 1994; Francisco Zapata, El sindicalismo mexicano frente a la restructuración, El Colegio de México, México, 1995.

4.- Para el análisis del proceso y de sus significados véase Adolfo Gilly, "La mano rebelde del trabajo" en Pedro López Díaz (coord.), La crisis del capitalismo. Teoría y práctica, Siglo XXI, México, 1984, pp.537-568 y "Flexibilidad, o el asalto contra el trabajo", Nuestra caída en la modernidad, Joan Boldó i Climent, México, 1988; John Holloway, "La rosa roja de Nissan" en Werner Bonefeld y John Holloway (comps.), ¿Un nuevo Estado? Debate sobre la restructuración del Estado y el capital, Cambio XXI, CNCPyAP/Fontamara, México, 1994, pp.134-156.

5.- Cabe recordar que la Trilateral -creada en 1973 por David Rockefeller (presidente del Chase Manhattan Bank) y dirigida por Brzezinski, asesor de asuntos internacionales del presidente Carter- agrupaba a las principales empresas y bancos transnacionales de Estados Unidos, Europa y Japón, así como a miembros de la burocracia política, representantes de los más influyentes medios de comunicación y de los más importantes centros de investigación, universidades y revistas académicas de esas regiones.

6.- Michael Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Comission, New York University Press, 1975.

7.- En los países periféricos aquel discurso se complementaría con la elaboración de un paradigma centrado en la "modernización", la crítica del "Estado populista" y de la intervención estatal en la economía y la difusión de la tesis según la cual existiría una relación directa entre "modernización" y democracia, es decir, entre una reorganización de la sociedad basada en el mercado y el pasaje de regímenes "autoritarios" a regímenes "democráticos". Para esta visión véanse los ensayos de Laurence Whitehead, "Liberalización económica y consolidación de la democracia" en Georges Couffignal (com.), Democracias posibles. El desafío latinoamericano, FCE, Buenos Aires, 1994; Howard J. Wiarda, "Determinantes históricas del Estado latinoamericano: la tradición burocrático-patrimonialista, el corporativismo, el centralismo y el autoritarismo" en Menno Vellinga (coord.), El cambio del papel del Estado en América Latina, Siglo XXI, México, 1997.

8.- "Si nos preocupa el bienestar de las jirafas", escribía metafóricamente en el mismo texto, no debemos pasar por alto los sufrimientos de los cuellos más cortos que están muertos de hambre o las dulces hojas que caen al suelo y son pisoteadas en la lucha, o el hartazgo de las que tienen el cuello largo, o el mal aspecto de ansiedad o voracidad agresiva que nubla los pacíficos rostros del rebaño". Entre las reformas que aconsejaba estaba el reconocimiento estatal de las corporaciones y el control estatal del dinero y del crédito. J. M. Keynes, "El final del laissez faire" (1926), Ensayos sobre intervención y liberalismo, Orbis, Barcelona, 1985, pp.63-89.

9.- Se trata, según Marco Revelli, de un cambio radical respecto del modelo fordista que lo antecedió: "En el fordismo operaba la integración de la entera matriz tecnológica de todos los pasajes técnicos en un único sistema organizativo, en una única línea de jerarquía integrada, unificada territorialmente en una única unidad espacial homogénea [..] El modelo síntesis del fordismo es la Fiat Mirafori de Turín, un área de tres millones de metros cuadrados, con doscientos kilómetros de cadena de montaje con 60 mil obreros concentrados y controlados por un ejército de 12 mil capataces [..] En la fábrica posfordista por el contrario asistimos a la total inversión de la relación entre productividad y espacio. De cierto modo se trata de una total emancipación del capital respecto de la constricción del espacio". Marco Revelli, Lo Stato della Globalizzazione, Associazione Culturales Leoncavallo Libri, Milano, 1998, pp.7-8. Véase también el clásico estudio de Benjamin Coriat, El taller y el robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI, México, 1992; André Gorz, Miserias del presente, riqueza de lo posible, Paidós, Buenos Aires, 1998.

10.- La asociación trans-nacional de empresas y bancos no es, ciertamente, un fenómeno nuevo. Ernest Mandel lo señaló como uno de los rasgos característicos del "capitalismo tardío" (1945-74) en contraste con el "imperialismo" clásico. Lo que sí es novedoso es la ruptura de las barreras políticas y espacio-temporales para la articulación mundial de capitales y su pretensión explícita -como en la propuesta de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), planteada por la OCDE- de imponer conjuntamente a los Estados, por encima de los ordenamientos jurídicos y judiciales estatales, sus propias reglas de inversión y sus tribunales para la resolución de litigios.

11.- Entre 1986 y 1991 menos del tres por ciento de los movimientos mundiales de capital se realizaron en los países de la periferia. Ricardo Petrella, "Globalization and internationalization: the dynamics of the emerging world order" en R.Boyer y D.Drache, States against Markets. The Limits of Globalization, Routledge, NY, 1996. En la década de los noventa, los países periféricos recibieron sólo 21.5 por ciento de la inversión extranjera mundial; el resto fue recibido por los países centrales quienes, además, fueron la fuente del 96 por ciento de dicha inversión. Eugenia Correa, Crisis y desregulación financiera, UNAM-Siglo XXI, México, 1998, p.75.

12.- Fernando Vallespín, El futuro de la política, Taurus, Madrid, 2000.

13.- Estado es un término moderno surgido en el siglo XVI para designar la nueva forma política surgida de la fragmentación de la respublica christiana y de los procesos de unificación simbólica, política y territorial expresados en la organización de las monarquías absolutas en Europa. Utilizado por primera vez por Maquiavelo en 1513, el término Estado (de status: condición, modo de ser) intentó dar cuenta de dos fenómenos novedosos que acompañaban el nacimiento de la sociedad moderna: la configuración del Estado-nación soberano y la diferenciación de lo político-estatal como una esfera que aparecía separada de otros ámbitos de la vida social.

14.- Thomas Hobbes, Leviatán. O de la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, FCE, México, 4ª., 1990, pp.140-141.

15.- Jean Bodin, Los seis libros de la república, Tecnos, Madird, 3ª., 1997, p.35.

16.- La idea del descubrimiento y conquista de América como momento constitutivo -fundante- del proceso mundial de la modernidad capitalista se encuentra en Enrique Dussel, El encubrimiento del indio: 1492. Hacia el origen del mito de la modernidad, Cambio XXI/Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, México, 1994.

17.- Carl Schmitt, El nomos de la tierra. En el Derecho de Gentes del Jus Publicum Europaeum, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, pp.73-75.

18.- Esa nueva división mundial del trabajo abierta con los descubrimientos y conquista de territorios es descrita en la obra de Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Siglo XXI, México, 2ª., 1979, volumen I, caps. 2, 3 y 4. Sobre el carácter moderno de la monarquía imperial española, derivado de su estructura y sus funciones en la articulación política de la economía mundial, véase Horst Pietschmann, El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América, FCE, México, 1989.

19.- Un Imperio que hacia 1556 abarcaba no sólo la península ibérica y los territorios americanos, sino también a los Países Bajos, regiones del sur de Alemania, Milán, Génova,, Florencia y algunas posesiones españolas en el Mediterráneo (Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las islas Baleares). "Esta fue la era del florecimiento de los más espectaculares de todos los capitalistas mercantiles modernos, los Fugger", cuenta Wallerstein. "El apogeo de su poder, la era de Carlos V, ha sido a veces llamada la era de los Fugger. Los Fugger compraron a Carlos V su trono imperial. Eran el eje central financiero de su imperio, sus banqueros personales por excelencia [..]Pero incluso más importante que el norte de Italia o que los Fugger fue Amberes [..] No sólo coordinaba Amberes gran parte del comercio internacional del imperio de los Habsburgo, sino que era también el eslabón por medio del cual tanto Inglaterra como Portugal estaban ligadas a la economía-mundo europea". Immanuel Wallerstein, op cit, volumen I, pp.246-247.

20.- Ese carácter contradictorio se reveló abiertamente, como guerra entre Estados, en aquella fase denominada por Lenin como "imperialismo": aquella época en que la concentración y centralización de capitales requirió de nuevas zonas de inversión y se habían agotado ya los espacios territoriales de ocupación. El continente africano había sido el último reducto terráqueo repartido por las potencias europeas en el último cuarto del siglo XIX (Conferencia del Congo de 1885). La primera guerra mundial fue la expresión violenta de aquella contradicción y de la clausura del «derecho de gentes» europeo inaugurado en 1492.

21.- Tony Smith, Los modelos del imperialismo. Estados Unidos, Gran Bretaña y el mundo tardíamente industrializado desde 1815, FCE, México, 1984. Para la exposición de la idea imperial moderna en sus distintas configuraciones históricas véase Anthony Padgen, Señores de todo el mundo, Península, Barcelona, 1995.

22.- Todas esas instituciones, creadas en la segunda posguerra, formaron parte de lo que algunos autores llamaron la estructura imperial pentagónica. Sobre el complejo militar-industrial que sostenía a la estructura pentagónica, informa Díaz Arenas: "En 1967, diez transnacionales absorbían el 30% de los gastos del Pentágono. Ellas eran McDonnell Douglas, General Dynamics, Lockheed Aircraft, United Aircraft, Boeing Corporation, General Electric, General Motors, American Telephone and Telegraph, North American Aviation y Ling-Temco-Vought. De esas empresas, las cinco primeras colocaban en el Pentágono más del 60% del total de sus ventas". Pedro Agustín Díaz Arenas, Relaciones internacionales de dominación. Fases y facetas, Siglo XXI, Colombia, s/f., p.104.

23.- En este caso, explica Schmitt, "el status territorial del suelo del Estado dirigido no es modificado de una forma que implicaría la conversión del país en territorio estatal del Estado dirigente. Pero, no obstante, el territorio estatal es incluido en el ámbito espacial del Estado controlador y en sus special interests, o sea su soberanía espacial. El espacio exterior vacío de la soberanía territorial continúa inalterado, pero el contenido material de esta soberanía es modificado por garantías del gran espacio económico de la potencia que ejerce el control [..] la soberanía territorial es transformada en un espacio vacío para procesos socioeconómicos. Es reconocido el área territorial exterior con sus fronteras lineales, pero no el contenido social y económico de la integridad territorial, su sustancia". Carl Schmitt, op cit, pp.319-320. Véase también, del mismo autor, "El imperialismo moderno en el derecho internacional público" (1932) en Héctor Orestes Aguilar (comp.), Carl Schmitt, teólogo de la política, FCE, México, 2001.

24.- Las formas del Estado moderno han cambiado a lo largo de la historia: desde la monarquía absoluta, forma primera adoptada por el Estado en su nacimiento en suelo europeo, hasta el Estado corporativo, pasando por el Estado de Derecho liberal, inaugurado por las revoluciones norteamericana y francesa y construido en el siglo XIX sobre los escombros del absolutismo.

25.- Joachim Hirsch, El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global, mimeo, 2001, cap.3, s/p (versión castellana en prensa).

26.- Véase John Keane, La vida pública y el capitalismo tardío, Alianza, México, 1992; Wolfgang Abendtorh, et.al., El Estado social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.

27.- Abierta en 1974 con la caída de la dictadura en Portugal la "ola de transiciones a la democracia" habría continuado con la transición política española a la muerte de Franco, la caída de las dictaduras militares latinoamericanas, el derrumbe de la Unión Soviética, la caída de los regímenes del llamado "socialismo real" y la derrota electoral del sandinismo en Nicaragua. "Durante los quince años siguientes al fin de la dictadura portuguesa en 1974", escribió Huntington, "en aproximadamente treinta países de Europa, Asia y América latina los regímenes autoritarios fueron reemplazados por otros democráticos. En otros países se produjo una considerable liberalización en los regímenes autoritarios [..] Lo más importante es que el movimiento hacia la democracia ha sido un movimiento universal. En quince años, la ola democrática se trasladó por Europa del Sur, de allí saltó a Latinoamérica, se trasladó a Asia y diezmó las dictaduras del bloque soviético. En 1974, ocho de los diez países sudamericanos tenían gobiernos no democráticos. En 1990, nueve tenían gobiernos elegidos democráticamente". Samuel P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Buenos Aires, 1994, pp.33 y 36.

28.- Joachim Hirsch, El Estado nacional..., op cit., (capítulo 3).

29.- Véase Rafael Alberto Castellot Rafful, La Unión Europea: una experiencia de integración regional, UIA/Plaza y Valdés, México, 1996.

30.- En este bloque, cuya conformación inició el 7 de noviembre de 1989, confluyen Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Taiwán.

31.- Era esta última atribución del poder soberano del Estado la que para Carl Schmitt definía la naturaleza propiamente política de la comunidad estatal en contraste con otras comunidades humanas: esa atribución de definir la relación amigo-enemigo que, a diferencia de una comunidad doméstica o mercantil, implicaba la decisión sobre la vida y la muerte de los gobernados, expresada en la disposición a la muerte para la defensa de la comunidad en el caso límite de la enemistad externa: la guerra. Véase Carl Schmitt, El concepto de lo político, Folios, Buenos Aires, 1984.

32.- La creciente producción intelectual en torno al significado de la política y sobre sus cambios en el mundo globalizado da cuenta, por sí misma, de este fenómeno. Para esta reflexión véase Giorgio Agamben, Medios sin fin. Notas sobre la política, Pre-Textos, Valencia, 2001; Fernando Vallespín, El futuro de la política, Taurus, Madrid, 2000; Roberto Esposito, Confines de lo político. Nueve pensamientos sobre política, Trotta, Madrid, 1996; Raimon Panikkar, El espíritu de la política, Península, Barcelona, 1999; Chantal Mouffe, El retorno de lo político, Paidós, Barcelona, 1999; Gerardo Ávalos Tenorio (coord.), Redefinir lo político, UAM-X, México, (en prensa).

33.- A esta configuración imperial se refieren Antonio Negri y Michael Hardt: "Junto con el mercado global y los circuitos globales de producción ha emergido un nuevo orden, una nueva lógica y estructura de mando -en suma, una nueva forma de soberanía. El Imperio es el sujeto político que regula efectivamente estos cambios globales, el poder soberano que gobierna al mundo". Los autores hablan de un tránsito de los "viejos imperialismos" al Imperio, ubicando al sujeto imperial no en un Estado, sino en un conglomerado de organismos nacionales y supranacionales. El Imperio tendría así como rasgo característico, según su interpretación, el no tener centro territorial de poder, sino el ser un mando descentrado y desterritorializado; "Nuestra hipótesis básica", explican, "es que la soberanía ha tomado una nueva forma, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos bajo una lógica única de mando. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos Imperio". Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 2000.

34.- Dante Alighieri, De monarquía, Tecnos, Madrid, pág.5.

35.- El Emperador, dice el texto, "no es obligado a obedecer a ninguno, fuera del Papa en las cosas espirituales. Y (Dios) convino en que un hombre fuese emperador, y hubiese este poder en la tierra por muchas razones: la una por quitar el desacuerdo de entre las gentes y juntarlas en uno, lo que no podrían hacer si fuesen muchos los emperadores". Alfonso X, el Sabio, Las Siete Partidas, Editorial Castalia, Madrid, 1992, pp.130-131. En el pensamiento político medieval, en el que era impensable el concepto «soberanía», la autoridad imperial -dominus mundi- se distinguía claramente de la de los reyes, príncipes, duques o barones. Esa relación jerárquica se expresaba en dos conceptos: alta suzeranía para la auctoritas imperial, supremacía para aquellas autoridades que admitían otra potestad por encima de ellas. La soberanía es un término que nace para hacer referencia exclusiva al poder estatal moderno. Véase Luis Weckmann, El pensamiento político medieval y los orígenes del derecho internacional, FCE, México, 2ª., 1993, capítulo IV.

36.- Zbigniew Brzezinski, El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, Paidós, Barcelona, 1998, pp.37-38.

Comercio regulado

EL PAÍS - Opinión

04-01-2007

El anteproyecto de Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobado por el último Consejo de Ministros de 2006, es una norma necesaria para un país como el nuestro, en el que las industrias relacionadas con la Defensa no han dejado de ganar mercados en las últimas décadas, coincidiendo con un progresivo deterioro de la estabilidad internacional y una creciente amenaza por parte del crimen organizado y de grupos terroristas de diverso signo. Si existe un terreno en el que está justificada una excepción a las normas internacionales del libre comercio, ése es el de la fabricación y venta de armas, municiones y otros productos destinados al suministro de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad nacionales o extranjeros. El estricto control estatal de las transacciones que afectan a estos materiales es lo que permite distinguir entre un comercio sin duda sensible, pero necesario, y el tráfico de armas, una persistente lacra internacional que viene contribuyendo desde antiguo a desencadenar conflictos o a perpetuarlos.

Para elaborar esta norma, el Gobierno ha debido moverse entre dos posiciones divergentes, la que encabeza la industria armamentística española y la que han enarbolado las ONG. La diferencia principal se refiere a la transparencia de las transacciones, frente a la cual los fabricantes insisten en el riesgo de posibles manipulaciones y las ONG en su eficacia como mecanismo para prevenir y sofocar los conflictos, en particular en las zonas más atrasadas del planeta. Control no debe significar opacidad, de la misma manera que la transparencia no puede confundirse con el cuestionamiento de una de las más indiscutibles prerrogativas del Estado. Es éste el que, mediante las garantías que se pretenden reforzar con el anteproyecto recién aprobado, debe asegurar que este comercio singular se ajusta, por un lado, a la legalidad internacional y, por otro, a las opciones de política exterior.

En relación con un tipo concreto de armamento, las bombas de racimo, el Gobierno se ha inclinado por no prohibir su fabricación. La única manera de que esta decisión no incurra en contradicción con el discurso de pacifismo a ultranza adoptado por el Ejecutivo de Zapatero es que la diplomacia española se implique a fondo en las iniciativas multilaterales para prohibir este tipo de proyectiles. La reciente experiencia de la guerra de Líbano, en la que el masivo empleo de estas bombas por parte de Israel sigue produciendo víctimas meses después de concluidas las hostilidades, constituye un poderoso argumento para no demorar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo internacional que las prohíba.

La globalización en el contexto de la modernidad tardía.

La crisis de la modernidad supone tener que redefinir los términos tradicionales con los que la hemos pensado y la necesidad de crear nuevos conceptos que sean más adecuados a la situación en que vivimos. Uno de esos nuevos términos que parecen describir antiguos fenómenos es el de globalización. Existe consenso respecto de que la globalización tiene una raíz económica y que sus definiciones pueden partir desde allí, pero cuando se trata de fijar sus límites los problemas se multiplican ya que podemos coincidir en la existencia de unas globalizaciones culturales, sociales, políticas, de los derechos humanos, de la guerra, etc. De este modo, el término al volverse tan polisémico se torna inútil. Por otra parte, el fenómeno de la globalización encuentra todas sus contradicciones cuando se trata de abordar sus efectos sociales y la construcción de identidades, ya que allí chocan los paradigmas de la ciudadanía moderna con los del multiculturalismo, lo que ciertamente tiene unos resultados que tienen que ver directamente con la violencia, el racismo y la xenofobia. Ello se solapa a las tradicionales luchas de clases, lo que genera a su vez nuevas paradojas.


1. La globalización en el contexto moderno.

La globalización se percibió primeramente como un fenómeno económico con amplias repercusiones y que genera -en un efecto de cascada- nuevas globalizaciones sociales, culturales y políticas. Giovanni Arrighi, de modo muy documentado, señala que desde el punto de vista estrictamente económico la globalización no es un proceso nuevo. Por el contrario, está relacionado con los procesos de acumulación de capital y con el reordenamiento del capitalismo a escala mundial. Siguiendo el modelo de “sistema-mundo” de Immanuel Wallerstein, expone un modelo evolutivo y gradual, que desestima las perspectivas que indican que la globalización constituye una revolución sin precedentes2. Incluso la novedad de las innovaciones informáticas es relativa si se le compara con otras revoluciones científico-tecnológicas modernas, como el cableado submarino del telégrafo que ya en 1860 permitió una virtualización de la economía a nivel intercontinental. Otros indicadores muestran también elementos de continuidad, siendo la diferencia económica más relevante la creciente importancia de los mercados financieros mundiales, que fueron los primeros en globalizarse3. La arquitectura económica global de Breton Woods, jerárquicamente gestionada por EE.UU. dejó paso a otro sistema -también global- más descentralizado y coordinado por el mercado creando una mayor volatilidad e inestabilidad financiera. Los cambios económicos deben, por tanto, ser considerados en su escala, alcance y complejidad. Arrighi señala que la investigación con horizontes temporales más amplios permite ver cuatro ciclos sistémicos de acumulación capitalista en la modernidad. Dichos ciclos culminan en una crisis de sobreacumulación que inicia un período de mayor competencia, expansión financiera y el fin de las estructuras ordenadoras del comercio y la producción.
En palabras de Arrighi;
“Es el tiempo en el que el líder de la expansión anterior del comercio mundial cosecha los frutos de su liderazgo en virtud de su posición de mando sobre los procesos de acumulación de capital a escala mundial. Pero es también el tiempo en el que el mismo líder es desplazado gradualmente de las alturas del mando del capitalismo mundial por un emergente nuevo liderazgo. Ésta ha sido la experiencia de Gran Bretaña entre el final del siglo diecinueve y el comienzo del veinte; de Holanda en el siglo dieciocho, y de la diáspora capitalista genovesa en la segunda mitad del siglo dieciséis4.”

En efecto, el líder cosecha los frutos al mismo tiempo que comienza su declive. En el caso estadounidense su hegemonía económica se debe más a las beneficiosas coyunturas derivadas de la Guerra Fría, en su predominio en las instituciones internacionales y la expansión de sus empresas a escala mundial, que a los resultados actuales de la globalización. En esta perspectiva, los períodos de sobreacumulación implican turbulencias que desestabilizan los centros organizadores. Ello genera incertidumbres en nuevos ámbitos, más allá de los económicos, haciendo peligrar las estructuras políticas que el mismo liberalismo había acuñado, lo que hace insostenible la afirmación dogmática de los mercados autorregulados. Dicha afirmación, siguiendo al autor, nunca ha resultado verificada en los ciclos sistémicos de acumulación. Por el contrario, las crisis y sus inestabilidades parecen indicar que el poder hegemónico declinante no pudiera controlar ni la velocidad ni la dirección de su poder. La reconducción del capitalismo hacia caminos más creativos que destructivos siempre ha necesitado de vehículos tendedores de vías. De este modo, el capitalismo ha transitado durante la modernidad por varios caminos, que llevan a nuevos centros organizadores y que permiten la continuidad del sistema más allá de la pérdida de influencias de los antiguos ejes.

“La formación de un sistema capitalista mundial, y su transformación subsiguiente de ser un mundo entre muchos mundos hasta llegar a ser el sistema socio-histórico del mundo entero, se ha basado en la construcción de organizaciones territoriales capaces de regular la vida social y económica y de monopolizar los medios de coacción y violencia. Estas organizaciones territoriales son los Estados, cuya soberanía se ha dicho que va a ser socavada por la ola actual de expansión financiera5.”

En todas las expansiones financieras los Estados que han sido tendedores de vías han perdido poder en beneficio de otros que los han relevado de su función. Cada nuevo relevo se caracteriza por un mayor alcance territorial, complejidad y poder que sus antecesores. De este modo Arrighi nos muestra que las crisis de los Estados son connaturales al desarrollo del capitalismo en su camino a la expansión. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en los tratados de Westfalia que consagraron los principios según los cuales los Estados independientes reconocen su mutua autonomía jurídica y su integridad territorial conviviendo en un único sistema político. Esto se plasmó en el principio de la soberanía estatal moderna y que generó una ley internacional de regulación del poder entre Estados. Dicho contexto propició una paz relativa, un equilibrio de poder y el control intraestatal por parte de las elites. Las guerras del período fueron crecientemente intensivas en capital y permitieron la expansión europea más allá de sus fronteras continentales. El sistema de Westfalia sufrió una inflexión producto de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, ya que bajo la conducción británica su alcance incluyó a los Estados americanos. Sin embargo, los principios westfalianos cambiaron. Las relaciones entre Estados fueron desplazadas por la tutoría de la extensa red imperial británica sobre ellos. El costo de la precaria paz westfaliana fue pagado por los Estados que no eran parte de aquellos principios, las zonas de dominio colonial o en vías de serlo. Luego de la Segunda Guerra Mundial este orden fue reforzado por la primacía de los EE.UU., extendiéndose al resto del mundo, proceso paralelo a la descolonización, pero al mismo tiempo su contenido fue disminuido y reinterpretado. El nuevo actor hegemónico elevó sus principios constitucionales6 al rango de normas universales para que su poder se consolidara por sobre los demás Estados, lo que se apoya en su inédita y extensa red mundial de bases militares.

Esto ya queda establecido en la estructura de las Naciones Unidas que expresa las desigualdades de los Estados miembros. En efecto, la inmensa mayoría recorta su soberanía, a diferencia de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad7. Este cambio es de tal magnitud que el autor señala el completo desequilibrio respecto de las relaciones interestatales. Ello al punto de poder hablar de Estados semi-soberanos y cuasi-Estados para referirse a los países derrotados después de la Segunda Guerra Mundial y los poscoloniales respectivamente. El contexto de la Guerra Fría desencadenó una dinámica que ninguna de las dos potencias principales, EE.UU. y la URSS pudo contener. La integración económica global se desarrolló bajo el control estadounidense y la de sus aliados, aunque toleró un comercio multilateral descentralizado. Esto difirió profundamente de las formas de mando unilateral del imperio británico. La forma de guiar el proceso de liberalización de los mercados tenía un doble objetivo; la contención de la influencia de la URSS y los diversos nacionalismos estatistas surgidos de los procesos de descolonización8. El avance de estos cambios ya era perceptible durante la guerra de Vietnam, en esa época los mercados financieros ya estaban desterritorializados y funcionaban en red. Este espacio de flujos está más allá de las jurisdicciones estatales, a pesar de los accesos privilegiados de EE.UU. que debe -en múltiples ocasiones- subordinarse a las necesidades de las finanzas internacionales9. La consecuencia es que la década de los ochenta y noventa fue el escenario de la expansión europea y asiática.

Cada nueva ola de competencia por nuevos mercados supuso
“un aumento adicional en el volumen y densidad de la red de intercambios que conectaba pueblos y territorios, atravesando jurisdicciones políticas tanto regional como globalmente. Esta tendencia ha supuesto una contradicción fundamental para el poder global de los Estados Unidos -una contradicción que se ha agravado en lugar de mitigarse tras el colapso del poder soviético y el consiguiente final de la Guerra Fría. El gobierno de los Estados Unidos ha quedado apresado en su inaudita capacidad militar global que, tras el desplome de la URSS, no tiene paralelo. Estas capacidades continúan siendo necesarias, no tanto como una fuente de "protección" para los negocios estadounidenses en el extranjero, sino sobre todo como la fuente principal del liderazgo de EE.UU. en alta tecnología tanto en su propio país como en el extranjero10.”

La intención de Arrighi consiste en hacer visible una fisura histórica. En efecto, en todos los procesos de acumulación anteriores los centros de poder declinantes eran sustituidos por un poder ascendente que aunaban los poderes militares y financieros de un modo superior al precedente. Hoy en cambio asistimos a un proceso diferente. EE.UU. es la única gran potencia militar. Un hecho que se ha acentuado radicalmente como respuesta unilateral a los sucesos del 11 de septiembre de 2001. El poder financiero en cambio se ha dispersado en múltiples actores, como el G7 y la OCDE11, que requieren de un conflictivo consenso para gestionar el sistema convirtiéndose, de hecho, en los nuevos vehículos tendedores de vías del capitalismo mundial. La estabilidad del nuevo escenario supone un nuevo reparto de funciones al interior del capitalismo mundial. Esta diferenciación estructural del poder otorga a los Estados Unidos la fuerza militar, a Japón y el sudeste asiático -y previsiblemente Europa en el corto plazo- el control de la mayoría del dinero y a la República Popular China el mando del trabajo12.

De este modo el capitalismo encuadra en un único sistema a las diversas sociedades. Todos sus segmentos y actores son sometidos a una translocalización para llegar a ocupar un nuevo lugar en la división mundial del trabajo. Ello crearía una sinergia en el ámbito sistémico, la creación de estructuras estatales con poderes discrecionales hacia dentro y hacia fuera respecto del funcionamiento libre de los mercados. El resultado es el trato diferenciado de unos actores respecto de otros y, especialmente, la inserción de las luchas de clases locales en la división mundial del trabajo creando espacios centrales, semiperiferias y periferias. Lo más interesante del análisis de Arrighi es que nos permite ver una globalización más policéntrica, con una profundidad temporal más amplia que se integra en la historia del capitalismo. Resulta interesante también confirmar que este enfoque no se opone al análisis de la transición de una sociedad de la producción a una sociedad del consumo, que tampoco es nueva como lo demuestra José Miguel Marinas13. De esta manera podemos desechar dos creencias muy arraigadas sobre este tema; la primera según la cual la globalización es una “sorpresa” histórica, una especie de hallazgo extraordinario para el que no tenemos instrumental teórico para dar cuenta de él. El segundo es suponer que la globalización se reduce a una homogeneización cultural, una macdonaldización del mundo proveniente de EE.UU.14 Este modelo teórico tiene la virtud de anclar el origen de la globalización en los procesos económicos, pero ciertamente ésta no se restringe a dichos procesos. Las consecuencias son también geopolíticas, culturales y sociales.


3. Las inseguridades como semblante distópico de la globalización.

Hemos pasado de una caracterización propiamente utópica a otra radicalmente distópica, en que las ideas de progreso y confianza en el futuro como agentes modeladoras parecen cada vez más vacías. A partir del 11 de septiembre de 2001 se ha desatado un reordenamiento geopolítico con amplias consecuencias sociales, culturales y políticas que suponen un escalonamiento de los miedos que ya tienen un carácter policéntrico, a diferencia de los temores de la Guerra Fría que encontraban en los hongos nucleares su imagen paradigmática del holocausto atómico, que subordinaba a todos los otros temores.

En la modernidad tardía marcada por la globalización el semblante de las inseguridades prolifera de múltiples formas, carente de jerarquías organizadoras. Una manifestación es la inseguridad económica y las crisis financieras recurrentes generadas gracias a los flujos crecientes de capitales. Estos flujos que tienen más poder que los Estados crean incertidumbre en los empleos y su calidad31. Otra cara de este fenómeno es la inseguridad cultural, producida por la distribución asimétrica de los medios de comunicación, así como sus contenidos. Estos amenazan efectivamente las culturas locales que no pueden reflejarse en lo global32. Los medios de comunicación -diversificados, globales, integrados verticalmente- suponen un mecanismo privilegiado de proselitismo de la globalización. La inseguridad personal sembrada tanto por la crisis del Estado como por la proliferación de las organizaciones criminales que actúan en un marco global desde hace mucho. Esto genera una creciente debilidad de las redes sociales haciendo que el Estado pierda legitimidad como garante de la cohesión social y -en grado extremo- la soberanía33. Una dimensión importante de esta forma de inseguridad es que las sociedades tardiomodernas son pospanópticas, ya que los instrumentos de vigilancia no están dirigidos a producir formas disciplinarias que se inserten en los modelos de la rehabilitación por medio del trabajo. Al contrario, están dirigidos a la inmovilización de los delincuentes. A mantenerlos localizados, penitencializados, evitar su movilidad en el amplio sentido del término. Más aun, es posible distinguir una criminalidad de base y cima, local y global, de excluidos e integrados. La criminalidad de los primeros conduce inevitablemente a la cárcel como inmovilización y transparencia, lo que se logra por medio de la extensión de las prerrogativas del derecho penal y el aumento de las penas. En resumen, más delitos y más severamente castigados. En el caso de los segundos, la máxima opacidad, la movilidad del crimen que supera las legislaciones nacionales. Un elemento añadido es la proliferación del uso político de la delincuencia como instrumento para aumentar el control social en pos del pretendido mantenimiento de la seguridad, identificando la delincuencia, por ejemplo, con la inmigración34. Este cuadro permite encontrar un chivo expiatorio frente a los temores y las crisis producidas por la globalización y la autoexpoliación del Estado de sus prerrogativas integradoras.

También nos encontramos con una inseguridad ambiental, que es específicamente moderna y que afecta al menos a 1.000 millones de personas de todo el mundo, debido sólo a la falta de agua35. A ello cabría añadir la carencia de alimentos y la lucha por introducir los alimentos basados en los organismos genéticamente modificados -OGM36- para crear nuevos mercados más dependientes, la disminución de los recursos energéticos, el calentamiento global, el aumento de las especies en peligro de extinción y un largo y agobiante etcétera. Un punto fundamental es que lo que comúnmente se denominan “catástrofes naturales” simplemente no existen. La mayoría de los fenómenos así catalogados son efectos de condiciones de pobreza estructural, que inciden, por ejemplo, en que los marginados deban ocupar los terrenos más baratos, más precarios y peligrosos, como son los suelos aledaños a los ríos y los montes, propicios para un desborde o un aluvión. La lógica de este ejemplo tiene una vasta aplicación y sirve para ver que tras las escenas de los medios de comunicación, que nos muestran la devastación de las supuestas catástrofes naturales, existe un proceso más complejo que está asociado a la marginación y que repercute directamente en los más pobres e indirectamente en los más ricos. Seguramente después del aluvión vendrán unas epidemias agravadas por la inexistencia de centros sanitarios. Más tarde se producirá un flujo migratorio de los supervivientes hacia las ciudades cercanas, lo que generará la inseguridad de los ya asentados. El círculo vicioso es claro. No hay posibilidades de comprender la dinámica de estos acontecimientos desde una mirada simplemente local. Tanto sus orígenes como sus consecuencias son globales.

Beck nos recuerda que los daños ecológicos globales sobrevienen en contextos de modernización iniciados o interrumpidos. Esto está vinculado, primeramente, a los daños ecológicos causados por los centros industriales, que intentan externalizar los costes de producción y el daño inflingido por el sobreconsumo de las sociedades más ricas. En segundo término nos encontramos con los daños ecológicos condicionados por la pobreza, que en realidad son daños autoinflingidos y que sólo secundariamente afectan a los más ricos. Nuevamente se reproduce aquí la diferenciación de base y cima, local y global, ya que los pobres están obligados a degradar los ecosistemas para sobrevivir y no pueden huir a zonas más seguras. Los que han adquirido la riqueza de poder transitar globalmente, pueden escapar de las consecuencias de los desastres ecológicos. La localidad se vuelve a expresar como encierro y condena. A ello se suma -como señala Beck- un tercer factor de riesgo ecológico global derivado de la proliferación, abaratamiento y descontrol de la posesión de las armas de destrucción masiva, que pueden caer en grupos o Estados dispuestos a usarlos37.
Lo anterior nos conduce a la inseguridad política y social que se traduce en la inestabilidad creciente de las sociedades. “De los 61 conflictos armados importantes librados entre 1989 y 1998, sólo tres fueron entre Estados y el resto fueron conflictos civiles38.” Sin embargo, se ha producido un importante cambio a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, ya que los conflictos entre Estados parecen retornar en un vasto reordenamiento geopolítico, que en lo que lleva del nuevo siglo se ha cobrado dos guerras. Ciertamente la importancia de esta situación será de muy largo alcance. Sin embargo, lo que se avizora tras el unilateralismo estadounidense es el nacimiento de una inédita posición imperial, no explicable bajo los paradigmas de los estudios tradicionales del imperialismo39.

En un plano diferente, pero no menos importante, nos topamos con la inseguridad existencial. El mal que la modernidad quiso destruir de raíz, retorna ahora bajo la forma de la precariedad ontológica. Anthony Giddens la define como una forma de inseguridad, basada en la falta de garantías en la continuidad de la autoidentidad y en la permanencia de sus entornos sociales y materiales de acción40. La seguridad en sí mismo, en los demás y en el entorno, es la base psicológica de la confianza, que sirve de soporte a la seguridad ontológica. Sin ella el entramado de la cohesión social y cualquier relato posible del progreso y la acción política se diluye. Como veremos más adelante a propósito de la fluidez ontológica, la seguridad existencial moderna encontraba su marco de referencia en el sujeto fuerte que aseguraba la continuidad del yo en un mundo cambiante. Pero esto ya no es posible tras la fractura del sujeto. La totalidad que se desvanece en el aire lo incluye llevándolo al límite de sus posibilidades y forzándolo a la licuefacción.

Los riesgos crecientes, incontrolados, trascendentales al individuo muestran que la existencia y la continuidad del yo es una fortuna azarosa si nos fijamos en todo lo que amenaza la vida. La modernidad tardía se ha vuelto prolífica en la creación de riesgos al tiempo que el desencantamiento del mundo hace imposible culpar a los dioses o al destino. La rueda de la fortuna gira y parece estar cargada de los peligros que la misma complejidad social moderna produce. Los intentos por reforzar las seguridades parecen desembocar en lo opuesto. En la sensación de que nada puede hacerse y que estamos entregados a la suerte que los sistemas sociales creen. La depresión y el estrés son formas de padecimiento de la impotencia frente a una inseguridad con la cual debemos vivir, forman parte de nuestra historia personal y es necesario escribir nuestras biografías con ellas. Estamos obligados a incorporar dicha inseguridad en nuestras vidas de formas muy concretas, buscando modos de alejar el peligro y gestionarlo.

La inseguridad existencial ya no es una marca distintiva de los exploradores de las fronteras sociales, como filósofos, poetas, escritores, artistas, etc. Es ahora una marca de todos los habitantes de la modernidad tardía, aunque no sea suficientemente nombrada. Como señala Giddens no se puede vivir continuamente de cara a la inseguridad ontológica41. Tanto las sociedades como los individuos no pueden desarrollar su vida cotidiana sabiendo que al mismo tiempo su propia existencia es tan precaria que evapora el sentido de lo que está más cercano. Hace falta, parafraseando a Orwell, un doblepensar reforzado por la rutina, que por una parte permite vislumbrar el avance de los riesgos más allá de los umbrales aceptables e ignorarlo cuando se mantiene lo suficientemente lejano. El umbral es relativo. Depende principalmente de la capacidad de los medios de comunicación para “mostrar” los riesgos y ponerlos en los primeros lugares de la agenda pública y que el sistema político lo permita. Pero más allá del carácter episódico, la inseguridad existencial se ha vuelto un elemento permanente del modo de vida al interior de la modernidad tardía. Ya no es la conmoción frente a la percepción de la finitud, el advenimiento de la mala fortuna que inesperadamente golpea la puerta o el resultado de la contemplación de lo sublime o lo bello en el sentido kantiano que confirma los límites de la acción humana.

Es sorprendente que estas formas de inseguridad existencial se produzcan en medio de una atmósfera de optimismo histórico débil, que hace que las inseguridades tengan un carácter pasajero, limitado. En definitiva, se supone que la modernidad tardía todavía pretende crear los instrumentales para superar todos los temores. Durante la primera modernidad los inseguros existencialmente eran considerados aves de mal agüero, que pretendían contradecir con su “enfermedad” la evidencia de que el proceso civilizador se estaba desplegando para desterrar por fin los miedos. Era también señal de una cierta decadencia de espíritu sólo restringida a quienes podían permitírselo desde sus altas atalayas. Una enfermedad de la cultura sostenida por una burguesía reaccionaria, incapaz de ver la luz moderna y atada al pasado. Hoy en cambio la inseguridad existencial es más democrática, abarca al conjunto de la sociedad. Ha dejado de convertirse en una enfermedad de pocos y selectos para ser una condición de los muchos que están atrapados en la localidad. Y es que lo que alimenta la inseguridad existencial ya no es lo mismo que durante la modernidad clásica. Es la proliferación de los riesgos concretos y tangibles que afecta a todos y no solamente a los dotados de una subjetividad especialmente sensible, cultivada y predispuesta. El contexto también ha cambiado, ya no se trata del optimismo moderno, sino de un realismo que vislumbra los peligros, puede comprender lo cerca que se encuentran y, por tanto, es una percepción compartible, comunicable. Otra característica muy importante es que la inseguridad existencial anuda lo social y lo político con lo subjetivo e íntimo. Dicho de otro modo, para la inseguridad existencial no existe una distinción entre lo privado y lo público, entre el regazo del hogar y el espacio abierto de las calles, entre el espacio interior de nuestro cuerpo y lo que está afuera. En contraste, ella instaura un espacio de flujo entre estas instancias antes claramente delimitadas y sólo la resistencia consciente en la rutina las mantiene separadas.

Giddens resume las respuestas ante la inseguridad ontológica42 -ampliables a todas las inseguridades de orden global- en cuatro grandes trazos: primero, la aceptación pragmática, centrada en el sobrevivir y ganar lo que se pueda mientras se pueda. Segundo, el optimismo sostenido derivado de actitudes residuales de la Ilustración, como la confianza en la razón providencial o las capacidades de la ciencia para encontrar soluciones. Esta forma de respuesta encuentra una afinidad electiva con las respuestas religiosas. Tercero, el pesimismo cínico que está en medio de la depresión y la irónica intermediación con la realidad. Y cuarto, el compromiso radical que mezcla un cierto optimismo limitado con la acción práctica expresada en los movimientos sociales. Estas respuestas muestran los profundos cambios implicados en el advenimiento de la modernidad tardía y el repliegue de los fundamentos de la primera modernidad.

El resultado no deja de sorprender. El proyecto moderno -en particular el ilustrado- se arropó en la promesa de la construcción de un mundo seguro y el utopismo la radicalizó a través del sueño de un mundo sin horror. Que la modernidad tardía traiga -por medio de la globalización- una proliferación de la inseguridad, los riesgos y los temores desmonta por sí sólo el fundamento y legitimidad del proyecto moderno y su utopismo residual. En efecto, las imágenes distópicas pueblan las referencias a la modernidad tardía haciendo que la veamos como un tren desbocado que hay que frenar o al menos reconducir para paliar sus efectos perversos. Bauman nos recuerda que a pesar de los peligros de la Guerra Fría, en dicha época existía aún una ilusión de totalidad, que implicaba que las potencias enfrentadas ejercían el control y eran capaces de mantener el orden en medio del equilibrio del terror43. En el mapa mundial cada pequeño país y territorio, cada movimiento social -por insignificante que pareciera- formaba parte de ese equilibrio de fuerzas que estaba obligado permanentemente a recomponerse. Ambas potencias tendían a su universalización, por lo que la modernidad tardía en alguna de sus versiones, capitalista o socialista, estaba destinada a desplegar un nuevo orden mundial.

Dicha universalización aún mantenía el hálito de las esperanzas ilustradas. La Guerra Fría debía culminar con la victoria de uno de los polos o en el peor de los casos con la distópica imagen de cientos de hongos nucleares devastando el planeta. La globalización, en cambio, es un término asociado a los efectos perversos de la modernidad tardía. Un concepto, que siendo problemático, está ligado al carácter de los efectos incontrolados, donde al parecer nadie puede gobernar los acontecimientos. En consecuencia, la globalización es una noción opuesta a la de universalización. La primera carece de una semántica de esperanza en el futuro y el progreso -salvo para los neoliberales- y enfatiza el riesgo y la inseguridad. La perspectiva de Bauman acentúa la condición de descontrol en una variante similar a la de la pérdida de cartografías cognitivas de Jameson44. Bauman se centra más en los riesgos, en los factores de la incertidumbre. Pero es necesario destacar, que los centros articuladores siempre generan formas de organización, que suponen la destrucción de los órdenes precedentes. Más aún, el orden que logra preservarse es justamente aquel que es capaz de integrar el caos, para amoldarse a un mundo inseguro e inestable. Recuérdese que para un orden en construcción, las alternativas de ejercicio del poder siempre implican elegir opciones en una relación de costos y beneficios, que no necesariamente son compartidos por los demás actores subordinados. Por ende, la valoración de lo indeseado de ciertos efectos, cabe dentro del campo táctico de lo que se juzga aceptable en pos de otros objetivos considerados superiores. Temas como la contaminación mundial, la reducción de las especies y los peligros tecnológicos, entre otros, se han revelado como objetos de disputa en la ampliación del capitalismo y sus cercamientos.

No podemos perder de vista que existen unos específicos promotores de la globalización para los cuales ésta tiene un carácter de proyecto. Una imagen que se arropa utópicamente con los residuos del progreso de Occidente. Debemos comprender que la globalización es mucho más que la actual destrucción de los entornos sociales, económicos e institucionales. También tiene contenidos afirmativos, de creación de nuevas realidades. El complejo mapa de las inseguridades, que se acaba de esbozar, no puede cegarnos ante un hecho esencial: la modernidad tardía también ha generado los instrumentos necesarios para la eliminación de las principales y más terribles formas de privación humana. Ciertamente el reino de la necesidad expresado en el hambre, la enfermedad, la miseria y la ignorancia puede ser superado con los medios actualmente existentes. La hipótesis que la escuela de Frankfurt estableció a mediados del siglo pasado se ve verificada ahora por los datos empíricos. Si tales superaciones no se han llevado a cabo es justamente porque existen actores mundiales específicos que se oponen. Ese es el centro de la política mundial y el nudo crítico de la crisis moral de la modernidad.

Al haber creado esos instrumentos, la modernidad impulsa la dinámica por la cual sigue siendo deseada, todavía recoge esperanzas y los discursos de los políticos aún apelan al progreso, especialmente en los países en vías de desarrollo. Mucho del potencial de esa añoranza se basa en la unidad de los procesos de globalización y modernización. Ambos se han vuelto indisolubles, convirtiéndose en un binomio donde los términos necesariamente refieren el uno al otro. La convivencia en un mismo tiempo global produce que la historia sea también global. En efecto, la globalización informativa crea la simultaneidad de hechos no simultáneos, que se integran en la “historia mundial”. Lo local cobra perspectiva y explicación desde el punto de vista de lo global. Sin embargo, no debe olvidarse que este proceso ocurre de manera asimétrica, ya que el reflejo depende de los recursos de poder. No todas las localidades pueden reflejarse de igual modo en lo global, más aun, amplias localidades son simplemente ignoradas.

El influjo de lo global absorbe las temporalidades cruzadas y las resignifica45, es un horizonte de la acción que penetra en las cotidianeidades de las temporalidades cruzadas. Efectivamente, lo global mantiene una cierta afinidad con lo postmoderno, pero las otras temporalidades también se ven afectadas por este horizonte. Los indígenas ven de pronto que sus selvas son taladas, sus tradicionales recursos patentados y devorados, sus tierras anegadas por una nueva represa que se ha decidido construir a miles de kilómetros. Pero igualmente descubren que existen miles de personas dispuestas a solidarizarse por medio de Internet, que pueden desarrollar resistencias en los medios de comunicaciones. En este sentido, una característica distintiva que la globalización ha acentuado es la reflexividad. Las localidades se descubren mutuamente y pueden establecer redes de comunicación en un nivel superior, más integrado y más complejo que antes. Pertenecer a un pequeño mundo global nos genera la percepción de ser realmente una humanidad y que todos los asuntos que ocurren nos involucran. Ello no supone que las democracias posibles sean un producto inherente de las nuevas tecnologías. Por el contrario, la democracia global será el resultado de la lucha de los ciudadanos globales, que habiéndose apropiado colectivamente la tecnología, llevarán los procesos de comunicación y reconocimiento a nuevos niveles46.

Está en ciernes la formación de una subjetividad de especie que reclama un destino común que va más allá de los despachos de los centros de estudios prospectivos, de los intelectuales y los políticos. Es una sensación que se abre paso en la vida cotidiana. Lo global no es algo que acontece fuera de las fronteras de lo local, sino que, al contrario, sucede en el centro mismo de las localidades. Lo global se vive y es asible en lo local en una suerte de conexión que se ha denominado glocalización47, es decir la conjunción de lo global y lo local en fenómenos culturales híbridos. Lo local es la fracción que nos permite tener experiencia de lo global. Pero las capacidades de acceder a esta experiencia son desiguales produciéndose una nueva forma de estratificación mundial.

Para los que acceden a ella, el espacio ya no tiene un carácter restrictivo. Pueden transitar junto a sus propiedades de un Estado a otro y el primer resultado es que sus biografías se globalizan en un sentido positivo, ya que la riqueza y la diversidad del mundo se les vuelve accesible. Para los confinados en la localidad la porción posible de lo global se restringe al consumo de los medios de comunicación. Tanto sus cuerpos como sus expectativas de vida están amarrados al encierro de lo local. La globalización ha diluido la unidad de tiempo y espacio al proporcionar a los globales la capacidad de tránsito mundial, pero también ha creado una forma de confinamiento local, que sólo es superable a través de los flujos migratorios cada vez más rigurosos y penalizados. La globalización también ha destruido las coordenadas básicas que llevaban a formular las luchas políticas en el ámbito de los Estados nacionales. Ello hace necesario que los nuevos utopismos emergentes creen nuevas coordenadas que integren las dimensiones globales y locales no como un par de opuestos enfrentados, sino como dos momentos e instancias de la misma experiencia.

Siguiendo a Bauman, hasta ahora “ser local en un mundo globalizado es una señal de penuria y degradación social48”. La oportunidad de huir del encierro de la localidad se vive, desde la perspectiva de los pobres, como un exilio a través de la emigración forzosa, penalizada, perseguida y estigmatizada. El mundo ya no muestra su cara amable y benéfica, sino que se convierte en el menú de la represión, las fronteras infranqueables, la eterna y kafkiana búsqueda de “los papeles”. En definitiva, la condición existencial de “ilegales”. Incluso la imagen represiva por antonomasia de la modernidad, el panóptico, se transforma de acuerdo a las nuevas relaciones de la modernidad tardía. En efecto, mucho se ha dicho respecto de la ampliación de las capacidades panópticas por medio de las nuevas tecnologías, olvidando cual era el objetivo primigenio con el cual se concibió tal dispositivo. El panóptico fue eficiente para la articulación supralocal de amplios territorios y para disciplinar y homogeneizar las fuerzas de trabajo mediante la introyección de la vigilancia. Era en rigor un dispositivo adecuado a una era de producción y trabajo localizado, que más tarde encontraría su empalme productivo en el fordismo. Sin embargo, el panóptico queda desfasado en sus objetivos e instrumentos en una sociedad de consumo, de individuos con capacidades de transitar globalmente desligándose del territorio y otros encerrados en la localidad. Se ha indicado que las bases de datos ocuparían el lugar del panóptico como una forma adecuada de control en las sociedades de consumo. Pero, como indica Bauman, las bases de datos tienen una lógica diferente, ya que registran información en función de diferenciar perfiles para la segmentación del mercado. No trabajan con la homogeneidad, sino con la producción de diversidad y sus matices cualitativos en nichos de mercado cada vez más precisos.

Pero Bauman sólo nos indica la cara de acceso de este fenómeno. En esta faz los consumidores están gustosos de figurar en las bases de datos, porque eso los confirma en sus capacidades de consumo y sus posibilidades de acceder a las mercancías y el transito global. El no aparecer en las bases de datos implica una deficiencia, ser consumidores defectuosos. La integración en ellas otorga libertad de movimiento y consumo, conservando a los globales dentro del mercado y expulsando a los locales que no tienen nada digno de ser registrado49. Pero Bauman pasa por alto que esa carencia se ha revelado como valiosa para mantener a los locales en su condición de tal. En efecto, proliferan las bases de datos que tienen un carácter eminentemente excluyente y represivo. Esto es lo que podríamos designar como la faz de negación del acceso50. Profusas bases de datos que registran a los catalogados como indeseables para impedirles el paso. Allí el paradigma básico es el de los flujos migratorios, su regulación y represión.

En consecuencia, las bases de datos cumplen funciones distintas a las asignadas tradicionalmente al panóptico. Éste era un instrumento de optimización del dominio territorial. La modernidad tardía ha creado sus propios instrumentos, que en algunos casos, funcionan en un sentido inverso al panóptico. Es el caso del sinóptico51 que integra a los medios de comunicación tradicionales y los surgidos de las nuevas tecnologías de la información. Este dispositivo, global por naturaleza, invierte las relaciones entre vigilantes y vigilados, ya que forma un medio interactivo unidireccional. Mientras el panóptico funcionaba mediante la coerción que obligaba a los individuos a permanecer en un cierto espacio para ser vigilados, el sinóptico los seduce para permanecer capturados como observadores. En dicho proceso son formados como consumidores, que crean su identidad a partir del menú de los estilos de vida52.

La globalización muestra que la modernidad tardía trae aparejada otro modo de formación del sí mismo, que ya no tiene como referente el arquetipo estatal y nacional, sino uno nuevo que se ha liberado del territorio como fuente de identidades. La consecuencia más importante es que el sí mismo no está ya atravesado por las múltiples tensiones de las narrativas diferentes y enfrentadas que le ofrecían relatos posibles para su autoconstrucción. Otra diferencia relevante es que la tendencia a la hegemonía acepta un patrón de diversidad en vez de tender a la consolidación de homogeneidades inmutables. La diversidad se instala definitivamente como una característica cultural de la modernidad tardía, pero dicha diversidad sólo es posible al interior del consumo y está regulada por los amplios dispositivos disciplinantes del mercado.

Cuando señalo el papel central del consumo no me refiero a los actos limitados de la compra y la venta, sino que al proceso de resignificación intensiva, incesante y dinámica del mundo bajo la categoría omnicompresiva de la mercancía53. La observación heideggeriana respecto de que todo lo real aparece bajo la determinación de lo dispuesto se nos presenta hoy como absurdamente pueril e incompleta, ya que nada nos dice de los mecanismos que invaden las entidades y las vuelve algo dispuesto. La condición según la cual toda entidad se vuelve mercancía aparece con todas sus implicancias conceptuales en la revolución industrial, pero sólo la modernidad tardía realiza esa categoría al extenderla en términos prácticos a todas las esferas. Está dentro de las lógicas del capitalismo desde sus inicios que la totalidad del mundo emerja ante nosotros como un inmenso espacio para ser consumido y que en ese proceso nos definamos, creemos nuestras subjetividades y nuestras relaciones existenciales.

Lo que observamos es un inmenso salto cualitativo de la mercancía como agente resignificador, al tiempo que los mercados subsumen nuevos territorios geográficos y vitales. El cambio consiste en que las dimensiones de la propia vida se convierten en objeto de consumo. Por lo tanto, las diversidades de los estilos de vida, las formas de construcción de subjetividades, no pueden escapar al marco categorial del consumo. Al contrario, son definidas desde él. La multiplicidad es, por ende, una determinación emergente del capitalismo tardío que requiere de un dinamismo incesante de los mercados. Ello nos impone la necesidad de readecuar la tradicional lectura proveniente de los análisis sobre el totalitarismo y la teoría crítica, que supone que el capitalismo lleva a cabo una incesante labor de homogeneización de la cultura, al modo de un colectivismo de las grandes corporaciones54. La modernidad tardía trastoca la dialéctica de la Ilustración, así como su concepto de totalidad. Ésta ya no es un mar de homogeneidad estática y totalitaria, al estilo de lo que fue el nazismo o el estalinismo. Es algo mucho más complejo, que radica en un dinamismo que se sostiene en las diferencias que aportan nuevos elementos inéditos a la circulación de las mercancías. Todo un archipiélago de valores agregados, en juegos de sinergia e hibridación.

La formación de identidades en la modernidad ilustrada tendió a un punto ideal de quietud infinita, donde el poder detenía el flujo del cambio, de la historia como el acontecer de la lucha política. La modernidad tardía, en cambio, se caracteriza por una formación del sí mismo diferente, ya que pone en ejercicio una estructuración que implícitamente inserta en sí el dinamismo de la diferencia, el caos de lo opuesto. Se dirige a mantener el marco rígido del capitalismo para que dichas diferencias fluyan desde el suelo de lo local a su plena inserción como mercancía en lo global. Ciertamente esta nueva forma también pretende la clausura del tiempo, particularmente la de la historia política bajo la imagen de la paz perpetua, pero no la de Kant, sino la de una nueva formación imperial. En efecto, es condición de la definición del poder intentar crear las condiciones para su perpetuación, lo que implica socavar la comprensión de la historia como permanente transformación.

La modernidad tardía asumió la fractura política y trascendental del progreso como eje de su idea de historia. Consecuentemente, su noción de progreso está restringida al aumento de la espiral del consumo, en el contexto de una sensibilidad temporal impregnada por el concepto de la moda. Un juego a la vez espectral y significante, económico y cultural, inclusivo y excluyente, local y global que sabe mantener una esfera dinámica en lo social. El capitalismo tardío ha hecho que la modernidad deje atrás la aspiración a una realización pétrea, como fuente inmutable de estabilidad. Con ello reconoce que acoge la necesidad de una cierta movilidad constituyente, un caos autoproducido, tolerado e inducido que amplía los horizontes, al tiempo que diversifica los objetos sobre los que recae. La transición hacía una fluidez ontológica es un proceso que tiene dimensiones mucho más amplias que las económicas. Es más, se produce una fusión de las esferas económicas, culturales y políticas55.

Beck notó que la globalización requiere de un cambio axiomático del paradigma nacional-estatal, basado en la elección esto o eso, propio de las fronteras e identidades bien delimitadas y pretendidamente impermeables a la polisemia y la incertidumbre. La nueva axiomática global se basa en el enlace esto y eso. Un cambio donde las categorías no son sustituidas unas por otras, sino que se suman a las ya existentes, haciendo visible la proliferación de la hibridación56 en los objetos, porque los instrumentales analíticos son también híbridos. Ellos forman parte del objeto analizado57. La globalización de la modernidad tardía no puede acontecer sin una hibridación cultural de profundas repercusiones y con un carácter asimétrico basado en la hegemonía de las culturas occidentales.

Así, lo político es necesariamente global, ya que las decisiones locales no pueden permanecer en el encierro de la particularidad. Ya no es posible el solipsismo del circuito cerrado de los mundos comunitarios al margen de lo global. La globalización en este sentido produce universalismos y particularismos, vínculos y fragmentaciones, centralización y descentralización, conflictos y conciliaciones e igualmente produce en las izquierdas la nostalgia del Estado social y en las derechas conservadoras, aún no lo suficientemente enteradas, una nostalgia del Estado nacional58. Esta apertura forzada se vive -y seguirá siendo así durante largo tiempo- como una catástrofe y el comienzo de la desintegración del viejo terruño. La pérdida del arraigo como fuente de la identidad y los proyectos de vida. Sin embargo, también existe un pequeño, aunque importante margen para que estas aperturas sean un comienzo de otras formas de construcción de identidades basadas en el viaje, la hibridación y la mezcla más allá de las fronteras. Esto conlleva un carácter de presencia en varios lugares a la vez, una capacidad de ser translocal, que permite la autoexploración de sí a través del viaje en medio de mundos diversos. Por tanto, lo global no es un espacio separado de las localidades, es justamente la comunicación intensiva de ellas59. En este sentido la globalización a pesar de todos los temores ya mencionados, nos trae la posibilidad de recrear nuestras lecturas de la emancipación desde un punto de vista diferente al tradicional, ya que la imagen de una sola humanidad, con una unidad de sentido y futuro, ha pasado de ser una idea abstracta a una necesidad política y ética de primer orden.

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La Cooperación al Desarrollo en las relaciones África-Occidente

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta

Revista Pueblos


Con el final de la Guerra Fría, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para África entraba en una profunda crisis. Su crudeza se manifestaba en la drástica caída de los recursos destinados a la misma. Así cuando en 1975 los países donantes asignaban un 0,36% de su PIB a la AOD, el coeficiente se situaba en 2001 en el 0,22%. En algunos países como Francia, Italia, Japón, Noruega la reducción rondaba un 10-15%. Los fondos de Canadá, Francia, Australia y Portugal descendían más de la mitad mientras Estados Unidos recortaba su ayuda en más de un tercio.

Las posiciones oficiales achacaban la crisis de la cooperación en África a la denominada fatiga de los donantes que vendría producida por el fracaso de los programas de ayuda. Estos últimos habrían sido incapaces de llevar, se decía, a las sociedades africanas hacia el "desarrollo" o mejorar sus condiciones de vida. Al contrario las cifras macroeconómicas mostraban que en muchas partes de África, el crecimiento per capita resultaba, a pesar de las cantidades de ayuda recibidas, negativo. Sin embargo, la crisis de la AOD se explica en realidad por otro tipo de causas y dinámicas. En concreto, se debe al impacto que el final de la contienda bipolar y las nuevas dinámicas de la economía mundial produjeron en las lógicas que habían motivado la creación de los programas de ayuda. Veamos cuales son.

La AOD durante la Guerra Fría

Tres son las lógicas, en mi opinión, que dieron origen a la AOD y que se pueden simbolizar en tres personajes: el soldado, el comerciante y el misionero. El soldado representa como la AOD fue, en gran medida, un producto de la Guerra Fría y un instrumento de las superpotencias para facilitar el reclutamiento de nuevos miembros o la cohesión interna de sus respectivos bloques. Otros países como Francia y, en menor medida, el Reino Unido la usaron para sostener relaciones especiales respectivamente con su domaine réserve en el África francófona o en los países de la Commonwealth y poder mantener así su estatus de gran potencia.

Por su parte, el comerciante personifica como la cooperación sirvió a los países donantes como mecanismo de penetración económica. Permitía asegurar mercados para exportaciones, crear un clima favorable para sus inversiones u obtener ventajas comerciales o financieras, etc. De ahí que la AOD se orientaba hacia sectores económicos de interés para los donantes o se centraba en los créditos FAD (prestamos vinculados a la adquisición de bienes y servicios del país donante). Igualmente, surgía todo un nuevo sector económico vinculado a la asistencia al desarrollo: expertos, consultores, asistencia técnica, proveedores, etc.

Y, por último, el misionero encarna cierta lógica civilizatoria que subsiste en los discursos oficiales del desarrollo. Todavía hoy subyace, en muchos expertos y agentes de cooperación, la ilustrada creencia en el progreso de las sociedades desde un estado evolutivo de subdesarrollo hacia el desarrollo. Creencia que evoca pasadas distinciones coloniales entre civilizados y salvajes, aunque eso sí, omitiendo sus aspectos más raciales. Otras dinámicas de tipo humanitario o solidario se entremezclan o refuerzan la lógica civilizatoria. Así, no cabe duda que la AOD fue también una respuesta de los gobiernos donantes a la presión de ciertos sectores sociales occidentales. En efecto, al calor de las políticas del Estado del bienestar, las primeras ONGs, los movimientos de solidaridad internacional, bien por motivos caritativos o de solidaridad internacional e, incluso, por cierto sentido de culpabilidad por el pasado colonial, presionaron a los gobiernos occidentales para responder a las demandas de los estados africanos.

Estos tres personales fueron en gran medida la condición sine qua non de la creación y mantenimiento de la AOD. Sin embargo, los países donantes no fueron los únicos interesados en su existencia. Los dirigentes de los nuevos estados africanos también mostraron un enorme interés por la AOD. Les permitió acceder a recursos materiales con los que mantener el frágil estado poscolonial en un contexto de prolongada escasez económica y creciente débil legitimidad interna. En efecto, los programas de ayuda sirvieron para nutrir las redes clientelares neopatrimoniales a través de las cuales, los dirigentes africanos distribuían selectivamente beneficios materiales y privilegios a cambio de apoyo para mantenerse en el poder. También se usaron para sostener la represión de la oposición política y la militarización de las sociedades africanas. En definitiva, se puede decir que la AOD fue enormemente provechosa para mantener el estatus quo y a los dirigentes africanos. Quizás no tanto para mejorar las condiciones de vida de las sociedades africanas.

La crisis de la Ayuda

Pues bien, en la medida que los programas de ayuda fueron un instrumento de la lucha entre los bloques, el final de la Guerra Fría supuso que las grandes potencias perdieran interés por el continente subsahariano. Por ello, cortaban o disminuían su ayuda económico-militar y su cobertura política a muchos dirigentes africanos. De esta forma, el soldado se retiraba a un segundo plano del escenario de la cooperación. Algo similar ocurría con el comerciante quien favorecido por la liberalización económica y la apertura de los mercados ya no necesitaba la cooperación para penetrar en los países africanos.

Sin embargo, la perdida de protagonismo de estos dos personajes no supondrá la desaparición de la ayuda a África. Se mantendrá por el fortalecimiento de la figura del misionero, esto es, de la lógica civilizatoria, así como por la pervivencia de ciertos aspectos geopolíticos (de carácter menor como el prestigio internacional por ser donante) o económicos (el mercado de la ayuda, la asistencia técnica, la penetración económica, etc).
Estos últimos explican, por ejemplo, el trasvase de muchos fondos de la AOD hacia los países del Este. Por su parte, el aumento de protagonismo del misionero se revela en algunas de las principales características de la AOD en la posguerra fría: la preeminencia de la ayuda de emergencia, la proliferación de las ONGs y las dos generaciones de condicionalidad (económica y política). Todas ellas tendrán a su vez su impacto sobre las sociedades africanas.

a) El trasvase de fondos a la ayuda humanitaria

Una de las características de la AOD de la posguerra fría será el aumento de las cantidades destinadas, en un contexto de recortes presupuestarios, a la ayuda humanitaria de emergencia en catástrofes naturales y conflictos armados. En 1980, los fondos destinados a este apartado apenas suponían 353 millones de dólares, para el conjunto del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Diez años después alcanzaban los 1.058 y un máximo en 1994 con 3.469. Es decir, que entre 1990 y 1994 los fondos de emergencia se multiplicaron por tres. Tendencia que se manifiesta en la mayoría de los donantes con países que llegan a dedicar a la ayuda de emergencia cuotas cercanas al 10% de su AOD como fue el caso de Noruega, Suecia o Holanda. Las razones de esa transferencia de los exiguos fondos de la cooperación hacia la emergencia son diversas.

Incluyen la proliferación de conflictos armados en África, su presencia en medios e impacto en la opinión pública occidental que pide que se haga algo, hasta la mayor visibilidad de las acciones humanitarias. Estas últimas presentan una alta rentabilidad en términos publicitarios y recaudatorios tanto para agencias como ONGs. Implican, además, un compromiso limitado a corto plazo y una gran rentabilidad política puesto que sus efectos son visibles de inmediato a diferencia de la cooperación.

La proliferación de ONGs de cooperación

Otras de las novedades de la posguerra fría fue la importancia que adquirió el papel de las ONGs dentro de la AOD con los países africanos. Éstas surgieron al compás de los programas, promovidas por los mismos sectores (movimientos cristianos, de solidaridad internacional, socialdemócratas) que habían presionaron a los gobiernos para la creación de la ayuda. Sin embargo, ocuparon una posición marginal durante la Guerra Fría. La situación cambió en la década de los ochenta cuando se produjo un autentica explosión de organizaciones dedicadas a la cooperación. Explosión motivada por el auge dentro de la sociedades occidentales de los valores postmateriales, humanitarios y de solidaridad internacional. Pero también promovida activamente por los gobiernos y sus agencias de cooperación para que sirvan de colchón del ajuste, palien los peores efectos del mismo, y substituyan al Estado en la provisión de servicios sociales (salud, educación) a las sociedades africanas. Un adelanto de lo que parece empezar a ocurrir en Europa.

c) Las dos generaciones de condicionalidad

Al retirarse el soldado y el comerciante de la escena, el misionero asumía inicialmente un mayor protagonismo de la mano de la condicionalidad económica y política de la AOD. En efecto, a finales de los ochenta, los países occidentales liberados de las ataduras de la realpolitik bipolar y eufóricos por el "fin de la Historia" de Fukuyama, formulaban un discurso oficial del desarrollo en claros términos de expansión del modelo occidental de democracia representativa y economía de mercado. Para ello vinculaban, por un lado, su ayuda al cumplimiento de los Planes de Ajuste Estructural (PAE) del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Por otro, se condicionaban sus fondos al respeto de los derechos humanos, la celebración de elecciones y el good governance. Estas medidas, junto a la reducción de los fondos de ayuda, tuvieron un impacto enorme sobre los regímenes africanos. Se vieron sometidos a una profunda crisis de legitimidad. En primer lugar, los PAE provocaron la disminución de los recursos disponibles para el sector público y redujeron los fondos con los que los dirigentes africanos nutrían sus redes clientelares. Por su parte, la eliminación de los subsidios a los alimentos o los recortes en gastos sociales afectaban al conjunto de la población y aumentó la conflictividad social. La respuesta de muchos líderes africanos fue la etnopatrimonialización del estado poscolonial, es decir, reducir las redes clientelares a sus propios linajes étnicos lo que aumentó la tensión interétnica y la represión.
Inicialmente la asistencia militar y financiera de las superpotencias o las antiguas metrópolis permitió que sus aliados africanos (Mobutu, Doe, Barre, Habyarimana, etc.) continuaran la represión interna y financiasen sus redes etnopatrimoniales. Sin embargo, el final de la Guerra Fría y la condicionalidad política sumergieron al Estado poscolonial en una profunda crisis de legitimidad. Ello llevo a las elites africanas a buscar formas alternativas para mantenerse en el poder y continuar con sus privilegios y prebendas. No les quedó más remedio que reconfigurarse o morir, esto es, emprender procesos de democratización o abandonar el Estado a su suerte.

Cambios cosméticos

En efecto, durante la década de los noventa, la mayoría de los estados africanos aceptaba las fuertes presiones internas y las nuevas exigencias democratizadoras de los donantes en lo que se ha denominado el renacimiento o la segunda liberación africana. De nuevo como en el pasado, los dirigentes africanos mostraban una enorme habilidad para adoptarse a las nuevas circunstancias. Así dictadores que habían llegado al poder por las armas y se habían mantenido, en parte, gracias a ellas, rápidamente se reconvirtieron a las virtudes de la democracia. Tal fue el caso de Habiranyama en Ruanda, Déby en Chad, Ould Chadda en Mauritania, Houphouët-Boigny en Costa de Marfil. Lo cual ha llevado a que muchos autores consideren que la tercera ola de democratización sólo haya traído cambios cosméticos, favorecidos por la laxitud de la condicionalidad política de los países occidentales. En este sentido no se debe olvidar que ésta última quedaba relegada si entraba en conflicto con ciertos intereses comerciales o estratégicos. Tal fue el caso de Estados Unidos y el Reino Unido con Nigeria por su petróleo. O el del primero con Kenia a quien había cortado su ayuda tras la sangrienta represión de las manifestaciones estudiantiles de 1990. Sin embargo, volvió a suministrar fondos al Gobierno de Arap Moi por su apoyo a la Guerra del Golfo, cuando no había habido ningún avance democratizador en el país.

El caso más llamativo es el de Francia quien, a pesar de la retórica oficial, siguió apoyando de forma silenciosa a sus antiguos aliados en el África Francófona. Un caso clarísimo fue el de Ruanda donde, a pesar de todas las evidencias de que se estaba planificando un genocidio, el régimen ruandes siguió recibiendo asistencia militar y económica no sólo de Francia sino también de Estados Unidos. En segundo lugar, los países donantes reducirán, en muchos casos, sus exigencias a la celebración de elecciones sin que la posterior situación de los derechos humanos importará en exceso. De hecho, los programas de ayuda presentaban un importante contradicción. Intentaban promover y proteger los derechos humanos y, al tiempo, exigían la reducción del Estado africano y, por tanto, de sus servicios sociales, de educación o sanidad con el impacto que producía en los derechos humanos de la población.

No todos los estados africanos optaron, sin embargo, por emprender transiciones a la democracia. En casos como el Somalia, Ruanda, Liberia, Sierra Leona o R.D.C, el Estado poscolonial era abandonado a su suerte y se colapsaba o estallaba en medio de conflictos armados. En este contexto en el que África convertía en "zona de guerra", y Occidente respondía con la moda del intervencionismo humanitario y su intento inicial de reconstruir el Estado colapsado a imagen y semejanza del occidental. Proyectos que, salvo quizás la excepción de Mozambique, no tuvieron excesivo éxito y provocaron un cierto debilitamiento de la lógica civilizatoria. Su fracaso se debió en gran medida a la falta de voluntad de Occidente de asumir los costes en términos de recursos materiales y humanos para llevar a cabo dichos proyectos imperiales.

Por su parte, parte de las elites africanas se dedican, en ese contexto de guerra, a buscar nuevas fuentes de autoridad, privilegios y beneficios materiales. Surgen así, los denominados señores de la guerra que luchan, no por el control del Estado como antaño, sino por el control de los recursos naturales (diamantes, madera, minerales) codiciados por las multinacionales o derivados de la economía de la guerra. Y en este último contexto, ocupa un lugar relevante el "mercado de la ayuda" puesto que los señores de la guerra obtendrán beneficios del saqueo de la ayuda o de la "protección" de las ONGs humanitarias, etc. De forma que la ayuda humanitaria se transformaba en "parte del problema y no la solución" de los conflictos. A pesar de todo ello, se puede decir que la ayuda de emergencia se convertía en el paradigma de la ayuda al desarrollo de la posguerra fría.

Expansión del modelo

Todas estas dinámicas (las dos generaciones de condicionalidad, la preeminencia de la ayuda al emergencia, el papel de las ONGs) parecen demostrar que la ayuda la desarrollo sigue jugando un papel civilizatorio, de expansión del modelo de economía de mercado y democracia representativa. También subsisten interés geopolíticos (el prestigio por ser donante, apoyo a aliados) o económicos (el mercado de la ayuda, instrumento aunque marginal de comercio exterior), etc. Sin olvidar por ello que también genera espacios de resistencia y acomodación para los africanos, para sus elites y parte de su población.

Y todo ello, respaldado internamente en Occidente por el apoyo de importantes sectores de la opinión pública en la que parece predominar un sentimiento solidario o humanitario. Y que, sin embargo, parece seguir sin querer asumir algunas de las dinámicas y presupuestos sobre los que se sustenta la AOD. Quizás ello se deba en el fondo a que la ayuda sirve, sobre todo, para nutrir una auto-imagen más dulce de Occidente, más sensible y solidario con los problemas de los desfavorecidos, reforzando, al mismo tiempo, su sensación de superioridad y de sentirse a gusto consigo mismo. No obstante, la gran paradoja es que, tras cinco décadas de andadura, seguimos analizando la ayuda en función del cumplimiento de los objetivos recogidos en la retórica oficial (promoción del good governance, alivio a la pobreza, etc) y no de los éxitos conseguidos en la promoción de las lógicas antes mencionadas (geopolítica, económica, civilizatoria o autosatisfactoria).
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Itziar Ruiz-Giménez Arrieta es Profesora de Relaciones Internacionales y miembro del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la UAM.

Guinea Ecuatorial: la jugosa dictadura del petróleo

Viernes 22 de diciembre de 2006

Enlace a la web:

http://www.diagonalperiodico.net/article2723.html

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LOS INTERESES DE REPSOL-YPF

Por: MÓNICA VARGAS, Observatorio de la Deuda en la Globalización

Guinea Ecuatorial es el tercer país exportador de África subsahariana, contando con una producción de prácticamente un barril diario por habitante. En el ‘Kuwait africano’ la renta per cápita ha pasado de 300 dólares en 1995 a convertirse en la segunda más elevada del mundo, después de Luxemburgo. Este dato contrasta con la vigencia de graves índices de pobreza: entre el año 2000 y 2005, la esperanza de vida bajó de 49 a 43 años. La importancia de las reservas guineanas ha atraído a distintas multinacionales del petróleo, incidiendo también en las relaciones bilaterales con los países de donde provienen. Se activan así mecanismos de control y promoción de la inversión extranjera directa tales como la deuda externa.

Así por ejemplo, numerosas empresas chinas están presentes en los sectores del petróleo y la construcción y China concedió este año un crédito de 2.000 millones de dólares para la realización de proyectos de infraestructuras. El Gobierno español es un acreedor considerable puesto que en 2004, los créditos atribuidos a Guinea sumaban 51 millones de euros (27% de la deuda total). Apoyándose en ello, se ha recurrido durante los últimos años a una defensa activa del capital español en el país. En octubre de 2006, directivos de Unión Fenosa, BBVA y Repsol YPF entre otros, acompañaron a los ministros españoles de Exteriores y Justicia a Guinea. El objetivo del presidente de Repsol YPF era obtener nuevas parcelas para la prospección. La empresa ya posee dos bloques de exploración (2.927 km2) y ha adquirido en 2005, 940 km de sísmica. En 2003, el Gobierno español puso en pie una conversión de deuda comprendiendo una condonación de 25,27 millones de dólares y 6,3 millones de euros.

Los recursos generados tenían por destino proyectos que implicaran la participación de empresas españolas. Precisamente ese año, Repsol-YPF obtuvo el 25% del bloque de prospección K, donde se ubican las importantes reservas de petróleo de la Isla de Mbañé, terreno de disputa entre Gabón y Guinea. Empero, los intereses de Repsol-YPF no se reducen a la obtención de concesiones, además se aspira a contar con mano de obra local cualificada, y aquí juega también un papel la deuda externa. Efectivamente, en 2004 la Universidad Politécnica de Madrid y Repsol- YFP lanzaron un programa de becas con el objetivo explícito de ampliar la oferta de técnicos cualificados para Repsol-YPF. Más recientemente, se adjudicó a las españolas INYPSA y EDUINTER la realización de obras de construcción de dos escuelas politécnicas en la capital guineana.

Opinión en El País: Una ley de deuda que no convence

Jueves 22 de junio de 2006
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http://www.elpais.es/articulo/elpporopi/20.../deuda/convence

Hoy, jueves 22, se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados la Ley Reguladora de la Deuda Externa, una ley que se ha seguido con mucho interés por parte de las organizaciones sociales, ya que de su resultado final depende el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Después de un año de trámite parlamentario y de intenso debate social y político, debemos lamentar que la redacción de la ley que llega al pleno del Congreso no es el que desea la sociedad civil organizada. Esta ley no satisface no ya nuestras aspiraciones, sino la de los pueblos empobrecidos del Sur, ya que no considera responsabilidad alguna de la Administración española en el origen del endeudamiento. Por tanto, no anula deudas que fueron contraídas para vender armas españolas a dictadores corruptos, como es el caso de la deuda somalí o angoleña con el Estado español, o para financiar proyectos fracasados que no pretendían buscar el beneficio de la población, sino el lucro de unos pocos, como es el caso de la papelera Celgusa en Guatemala, por citar algún ejemplo.

Esta ley no sólo no anula deudas del pasado, sino que consagra la generación de nueva deuda, al no querer incluir en su articulado la revisión y/o regulación de los mecanismos que hoy en día continúan generando deudas. Así, no se previene la posible generación de deudas ilegítimas en un futuro. Esta ley tampoco recoge un compromiso firme de cancelación de toda la deuda de los países más empobrecidos y endeudados del planeta.

Todo ello nos hace sospechar que esta ley es más fruto del pacto entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el PSOE, con aquellos partidos políticos que le dan su apoyo (PP, CiU, PNV y CC) que de la firme voluntad política para acabar con la sangría que supone el pago de la deuda.

Aunque esta ley se apruebe, desde la sociedad civil seguiremos intentando paliar este sin sentido durante el trámite parlamentario en el Senado el próximo otoño. Esperemos que para entonces pese más la voluntad de restitución de la justicia que del cobro de deudas de dudoso carácter legítimo.

Daniel Gómez-Olivé i Casas (Observatorio de la Deuda en la Globalización. Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la UPC)

La economía global: ¿aún en crisis?

Intervención de Michel Camdessus,

Director Gerente del Fondo Monetario Internacional,

en el Congreso Financiero Internacional, Finantia ‘98

Madrid, 25 de noviembre de 1998

Me siento muy complacido al poder estar hoy con ustedes. Con el nacimiento del euro, Europa, o mejor dicho, los primeros países participantes en la UEM, están a punto de dar un gran paso adelante en materia de cooperación internacional. Por primera vez en la historia, un grupo de grandes Estados nacionales van a renunciar voluntariamente a uno de sus símbolos de identidad más apreciados —sus monedas— no porque las monedas de cada país hayan perdido su valor, sino en aras del beneficio común que, a su juicio, entrañará el proceso. Se está creando una moneda común totalmente nueva, una moneda que trasciende los límites del Estado nacional y que se basa en el consenso en unas instituciones comunes, la convergencia económica y un acuerdo mutuo en materia de políticas. Se trata, ciertamente, de un acontecimiento de importancia capital en la evolución económica mundial y qué bueno que España sea parte de él.

En los albores del siglo XX, las economías nacionales ya estaban notablemente vinculadas entre sí por medio de los intercambios comerciales y los flujos de capital. No obstante, en la primera mitad de este siglo, el panorama se vio ensombrecido por un repliegue hacia posiciones aislacionistas, la autarquía y los conflictos mundiales. La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por el esfuerzo desplegado para recuperar, y de hecho hacer extensiva a todos los países, la apertura de los regímenes comerciales, de pagos y de capital. Ahora que el siglo está a punto de concluir, observamos que se ha vuelto a lograr un notable grado de globalización, los mercados financieros están mucho más integrados y la congruencia y la previsibilidad en la formulación de las políticas son ahora más necesarias. Hace ya mucho tiempo que el mundo renunció al patrón oro como base del funcionamiento de la economía mundial. En su lugar, podemos pensar en "un patrón basado en las políticas" que inspire confianza mediante la solidez de las instituciones y las políticas económicas.

En vísperas de esta histórica entrada en vigor del euro, ¿en qué estado se encuentra la economía mundial? ¿Cuál es el estado de ese "patrón basado en las políticas" a nivel internacional? Hace seis semanas, cuando los líderes mundiales de la economía y las finanzas participaron en las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial, flotaba en el ambiente una sensación de crisis inminente. Muchos comentaron —con frecuencia en forma muy notoria— que parecía que la crisis de Asia no iba a acabar nunca. La decisión unilateral de Rusia de reprogramar su deuda había caído como un mazazo en los mercados financieros, suscitando el temor de que otros grandes deudores pudieran seguir el ejemplo. De hecho, los efectos de contagio amenazaban con propagarse a otros mercados emergentes importantes, sobre todo de América Latina, región que había logrado capear la primera oleada de crisis en 1997. La situación económica de Japón seguía siendo un gran motivo de preocupación, por el temor de que el país se hundiese aún más en la recesión sin haber progresado mucho en la reforma del sistema bancario interno. E incluso en Estados Unidos, la economía más robusta, las autoridades tuvieron que tomar súbitamente medidas para evitar el colapso de un fondo especulativo de cobertura que operaba con un alto nivel de apalancamiento y había asumido grandes riesgos en los mercados financieros internacionales.

En esas circunstancias, me sentí obligado en mi discurso durante las Reuniones Anuales a hacer notar que no estábamos en 1928 y que era posible evitar una recesión mundial, siempre y cuando se aplicaran las políticas acertadas y se realizase un esfuerzo concertado. Y hoy día, esa afirmación puede repetirse incluso con más seguridad, ya que las posibilidades de evitar la recesión a escala mundial son ahora mayores, aun cuando parezca improbable que se produzca un rápido repunte del crecimiento económico mundial con respecto al nivel del 2% que posiblemente se registrará este año. Con todo, en esas mismas Reuniones, afirmé sin ambages que estábamos ante una crisis mundial, una crisis del sistema financiero internacional, algunos de cuyos elementos no se han adaptado lo suficiente para mantenerse al compás de la evolución de los mercados en los últimos años.

En el lapso de unas pocas semanas, las expectativas de muchos agentes del mercado parecen haber cambiado sensiblemente. Ahora es como si hubiese vuelto a renacer la calma en los mercados, aun cuando la efervescencia de antes haya dado paso a una actitud de mayor cautela por parte de muchos agentes.

¿Eran excesivas nuestras inquietudes en octubre con respecto a la crisis mundial? ¿El parto de los montes? Ni mucho menos. Es cierto que, debido a la positiva evolución de algunos factores en las semanas que siguieron a las Reuniones Anuales, han remitido los riesgos inmediatos de que empeore la situación, pero es evidente que no se han disipado totalmente. Si el riesgo inmediato de una recesión es menos amenazador, la comunidad internacional cuenta con un valiosísimo margen de maniobra, una oportunidad para seguir avanzando en las reformas a más largo plazo que necesita el sistema financiero internacional. Y eso es, precisamente, lo que se ha comenzado a hacer.

En resumen, los síntomas se han atenuado y ahora se entiende mejor el problema de fondo —y su gravedad se reconoce en toda su extensión—, pero apenas se ha iniciado el tratamiento. Reflexionemos un poco más sobre los acontecimientos de las últimas semanas, la situación de la economía mundial y las medidas que deben adoptarse para lograr una reforma a más largo plazo del sistema financiero mundial. Quisiera destacar cuatro hechos positivos que constituyen un progreso importante en sólo un mes: las medidas adoptadas por los países industriales para mantener la estabilidad de la economía mundial, la evolución de los mercados emergentes, los avances en la formulación de un programa de reforma financiera internacional y el fortalecimiento de los recursos financieros del FMI.

En primer lugar, las medidas de política adoptadas por los países industriales han sido coherentes con la evaluación de que la balanza de riesgos ya no se inclina hacia el lado de la inflación, evaluación con la que coincidimos ampliamente. En Estados Unidos y Canadá, se han reducido los tipos de interés a corto plazo para disipar las inquietudes con respecto a la liquidez, mientras que en Europa han bajado en varios países. En la futura zona del euro, la convergencia de los tipos de interés con los niveles vigentes en los países del núcleo se está traduciendo en un descenso del promedio de toda la zona. Ninguna de estas economías ha sido inmune a los efectos de la crisis mundial, ni tampoco ésta ha afectado a todos los países exactamente de la misma manera. Por lo tanto, las autoridades de todos estos países tendrán que mantenerse alertas en el próximo período a la evolución de los acontecimientos, tanto a escala nacional como internacional, y actuar con flexibilidad y sin demora para evitar que la expansión económica se vea comprometida. En Japón, las autoridades han anunciado un nuevo conjunto de medidas fiscales para estimular la demanda interna y han aprobado leyes importantes para hacer frente a los problemas del sistema bancario. En ambos casos, se trata de medidas muy necesarias que constituyen, sin duda, un paso adelante en la dirección correcta. Ambas iniciativas deberán aplicarse con firmeza y, en caso necesario, reforzarse con medidas adicionales para que Japón vuelva a registrar un sólido crecimiento económico y, por ende, contribuya a la recuperación de otros países de Asia.

Segundo, en las últimas semanas, las noticias procedentes de los mercados emergentes han sido en general más positivas. El hecho más destacado ha sido el decidido esfuerzo desplegado por Brasil para frenar la crisis poniendo en marcha un firme programa de políticas que ha permitido concluir con éxito las negociaciones con el FMI hace unos días. Este valiente programa trienal de reforma económica y financiera, en el que una gran parte del ajuste se concentra en las primeras etapas, es un buen augurio con respecto a la capacidad del país para resistir la actual turbulencia de los mercados y mejorar las perspectivas de crecimiento futuro. Nuestra respuesta ha consistido en organizar un plan de asistencia financiera excepcional por un total de US$41.000 millones. Tres cuartas partes de esta cantidad podrán desembolsarse durante los próximos 12 meses, en caso necesario. También desearíamos que todos los acreedores nacionales e internacionales comprometieran recursos. Con este acuerdo, las perspectivas de América Latina en su conjunto y de los mercados emergentes de todo el mundo son ahora mucho más halagüeñas.

A los comentarios frívolos, a los profetas de la desdicha que escriben la crónica de la muerte anunciada del sistema financiero brasileño y latinoamericano, les digo hoy como ayer: no caerá el dominó latinoamericano. Pero esto implica el compromiso de todas las partes. Como ustedes han visto, las autoridades brasileñas se han comprometido. Y como también han visto, el FMI y la comunidad internacional se han comprometido. A quienes han prosperado y están dispuestos a volver a prosperar, hago un llamado a su sentido de responsabilidad, a su experiencia que demuestra ampliamente que el éxito no se construye sobre el cortoplacismo; ¡hago un llamado a su visión! Trabajemos todos para que se pueda decir que en Brasil y en América Latina se controló la crisis del sistema financiero internacional.

En el resto de América Latina, las noticias son más trágicas. El hecho más desolador de las últimas semanas ha sido una crisis de naturaleza muy distinta: la devastación causada en América Central por el huracán Mitch. La semana pasada, en ocasión de mi visita a la región, me sentí abrumado ante la magnitud de los daños que han sufrido esos países, sobre todo Honduras y Nicaragua, y al mismo tiempo, me sentí profundamente impresionado por los esfuerzos de reconstrucción que están haciendo la población, las organizaciones y las autoridades. El resto del mundo debería reconocer este espíritu de superación de la adversidad brindando asistencia por todos los medios a su alcance, especialmente en forma de nuevos recursos y facilitando el mayor alivio posible de la deuda. Será esencial que la asistencia se mantenga a más largo plazo, a fin de evitar que ese impulso inicial de solidaridad se convierta con el paso del tiempo, como sucede tan a menudo, en una actitud de indiferencia.

¿En qué situación se encuentran las economías con mercados emergentes que se vieron afectadas por la crisis en una etapa anterior? En Corea y Tailandia, los indicadores financieros —la apreciación de los tipos de cambio, el descenso de los tipos de interés y el gran volumen de reservas— vienen emitiendo señales desde hace cierto tiempo en el sentido de que se está llegando a un punto de inflexión en la evolución económica de estos países y está aumentando la confianza en que, durante 1999, podría iniciarse una recuperación. En Filipinas, gracias a las oportunas medidas de política adoptadas para consolidar el terreno ganado con los programas respaldados por el FMI a lo largo de los años, se han evitado los peores efectos de la crisis que han sufrido los países vecinos. Incluso Indonesia, en donde las repercusiones políticas y sociales de la crisis han sido más severas y prolongadas que en otros países, ha seguido una trayectoria de recuperación muy similar a la de sus vecinos de Asia oriental desde mediados de 1998. Evidentemente, los recientes conflictos civiles de Indonesia han suscitado nuevas preocupaciones, pero si se recupera la estabilidad, las perspectivas de que la economía siga mejorando son muy favorables. En todos estos países, la clave del crecimiento sostenible a más largo plazo está en la aplicación decidida de las reformas estructurales.

En todo el mundo, la mayoría de los demás mercados emergentes han respondido en forma constructiva a la turbulencia financiera, aplicando medidas para mantener o recuperar el acceso a los mercados internacionales mediante la reorientación de sus políticas. Una de las características más positivas de las medidas adoptadas hasta la fecha es que, casi sin excepción, los países han decidido no replegarse tras las barreras proteccionistas ni dar marcha atrás en los procesos de liberalización ya iniciados. Esta decisión ha sido especialmente patente en América Latina, pero también en China, y en muchos otros países de Asia.

En lo que se refiere a Rusia, esperemos que, en un futuro próximo, este país presente al mundo evidencia convincente de sus vigorosos esfuerzos para hacer frente a la crítica situación por la que atraviesa. El reto más inmediato que confronta es tomar medidas de envergadura que gocen de credibilidad en materia de política fiscal y recaudación de impuestos para llevar al presupuesto a una posición claramente sostenible. Al mismo tiempo, sólo se concretarán las perspectivas de un crecimiento renovado si las autoridades perseveran en las reformas en función de las condiciones del mercado y resisten a la tentación de tratar de estimular la economía mediante la intervención directa del gobierno. Nosotros no abandonaremos a Rusia. Estamos plenamente preparados para trabajar con las autoridades y formular un paquete convincente de medidas de estabilización y nuevas reformas, pero primero es necesario que Rusia esté dispuesta a ayudarse a sí misma.

La comunidad internacional ha contribuido a estimular la confianza en los mercados emergentes aportando recursos a los planes de financiación instrumentados por el FMI, sobre todo en el caso de Brasil. Japón, gracias a la "Iniciativa Miyazawa", que tiene por objeto proporcionar asistencia financiera a los países de Asia afectados por la crisis, influirá de manera importante en la recuperación de la región. También son encomiables las medidas adoptadas por España. Las autoridades españolas han demostrado estar dispuestas a participar —de hecho, a tomar la iniciativa— en las acciones encaminadas a proporcionar asistencia financiera a América Latina. Me pregunto... ¿por qué no llamarla "Iniciativa Rato"?

Si las noticias restantes sobre los mercados emergentes son positivas, podríamos reflexionar sobre esa otra crisis, una crisis continua: la de los países más pobres. Muchos países en desarrollo y en transición de África, Asia y América Latina vienen realizando desde hace varios años un denodado esfuerzo para reformar sus economías, llevar adelante una buena gestión económica e integrarse en la economía mundial. Resulta desafortunado que, precisamente ahora que esos esfuerzos estaban comenzando a rendir fruto, tengan que sufrir las consecuencias del grave deterioro del entorno económico externo: la reducción de los flujos de capital, el descenso de los precios de los productos básicos y la disminución de la demanda de exportaciones. En lugar de verse recompensados con un aumento de los flujos de capital, las condiciones externas se han tornado más difíciles y la perspectiva que se abre ante estos países es la necesidad de ajustar una vez más sus políticas. En esas circunstancias, es esencial que puedan contar con el apoyo de los países menos afectados por la crisis. Como ejemplo limitado, espero que la comunidad de donantes se nos una para proporcionar asistencia bilateral y multilateral adicional a seis economías en transición de bajo ingreso que se han visto gravemente afectadas por la crisis de Rusia. En forma más general, es importante que en las próximas semanas redoblemos los esfuerzos para convencer a los donantes de la urgente necesidad de proporcionar recursos para el servicio financiero en condiciones concesionarias del FMI (el SRAE) y la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). Y desde una perspectiva más general si cabe, quiero subrayar mi opinión de que ya es hora de que los países industriales reconsideren el objetivo establecido por las Naciones Unidas con respecto a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) —el 0,7% del PIB—, que desde hace mucho tiempo parece relegado al olvido. El año pasado, este tipo de asistencia se situó en menos de una tercera parte de ese nivel, un escaso 0,22% del PIB, que representa la cifra más baja en medio siglo.

* * * * *

El tercer hecho destacado de las últimas semanas ha sido el avance logrado en la formulación de un programa de reforma financiera y monetaria internacional, que se ve reforzado por un sentido más claro de la orientación de la comunidad internacional, en su conjunto, y de los principales países industriales, en particular. Durante muchos meses hemos estado hablando en metáforas sobre la nueva arquitectura del sistema monetario internacional. Ahora voy a decirlo en román paladino: estamos hablando de la reforma de las instituciones, las políticas y las prácticas para construir un sistema financiero mundial más robusto. Nuestros objetivos han de ser:

•Fomentar un funcionamiento más ordenado del sistema monetario y financiero internacional.

•Reducir al mínimo el riesgo de que vuelva a producirse una crisis sistémica.

•Velar por que, cuando a pesar de todo se produzcan crisis aisladas, contemos con instrumentos de política eficaces para realizar un diagnóstico precoz, recursos suficientes y un amplio respaldo para ayudar a los países a superar las dificultades del entorno externo.

En pocas palabras, tenemos que empezar a corregir las deficiencias fundamentales que la crisis actual ha puesto de manifiesto.

Tras muchos meses de debate en diversos foros, en el comunicado de prensa del Comité Provisional —el órgano asesor del FMI de nivel ministerial— se determinaron los objetivos y el contenido del programa de reforma. Poco después, los principales países industriales, el G-7, en sendas declaraciones sin precedentes —una de los Jefes de Estado y de gobierno, y la otra de los ministros de Hacienda y los gobernadores de bancos centrales de estos países— expresaron su determinación de predicar con el ejemplo en relación con varios aspectos cruciales que afectan al sistema mundial, y su deseo de que los organismos internacionales pertinentes impulsen el desarrollo de dicho programa, asignando al FMI un papel clave.

El programa constituye todo un desafío tanto por su amplitud como por su complejidad. Se basa en la premisa de que los mercados financieros internacionales han alcanzado ya un notable grado de desarrollo e integración, que ha contribuido a un aumento de la inversión y a un crecimiento más sólido en muchos países, si bien dicha integración no siempre se ha producido en la forma más ordenada u óptima. Tenemos que perseguir con mucha más determinación el objetivo de lograr un sistema financiero integrado basado en la estabilidad de las políticas económicas, la solidez de los sistemas financieros nacionales, la apertura de las cuentas de capital, la transparencia en la conducta de los agentes del mercado y la aplicación de políticas socioeconómicas justas. Este sistema adaptado reagruparía las funciones, los derechos y las responsabilidades de los diferentes interlocutores que participan en la economía mundial: los gobiernos, los ciudadanos, las empresas privadas —especialmente las instituciones financieras— y los organismos internacionales. Ni que decir tiene que ésta es una tarea que sobrepasa la capacidad de cualquier institución o gobierno, y que en el FMI tenemos la intención de colaborar con los gobiernos nacionales, el Banco Mundial, la OCDE, el BPI y otras entidades y organismos especializados para llevar a efecto los cambios necesarios.

No voy a entrar hoy en detalle sobre estos temas. Baste como síntesis con mencionar los siete grandes principios que se persiguen como objetivo:

•Formulación y adopción, a nivel internacional, de normas y códigos de buenas prácticas similares a los ya vigentes a nivel nacional en muchos países.

•Observancia de la regla de oro de la transparencia, por parte de los gobiernos, el sector privado —especialmente las instituciones financieras— y las instituciones financieras internacionales como el FMI.

•Liberalización ordenada de la cuenta de capital.

•Reforma de los sistemas financieros nacionales, ya que un sistema financiero mundial sólido requiere de sistemas nacionales robustos y resistentes.

•Adopción de mecanismos basados en el mercado, que permitan lograr la participación del sector privado en la solución y prevención de las crisis.

•Formulación de políticas sociales justas y asistencia a los grupos más vulnerables.

•Adaptación de las instituciones internacionales, especialmente el FMI.

Permítanme señalar algo, muy brevemente, con respecto a este último punto. Como muy bien saben, el propio FMI está llamado a desempeñar una función central en el sistema económico y financiero mundial. Si éste se reforma, también el FMI deberá adaptarse y contar con los medios para cumplir su cometido. A lo largo de los años se ha pedido a la institución que asuma una gama de responsabilidades cada vez más amplia. Para cumplir esta misión necesitamos contar con la autoridad y los recursos apropiados. Y el FMI, por su parte, deberá conducirse con un nivel aceptable de transparencia y responsabilidad política. Éstos son los principios fundamentales en que se basa la adaptación que seguiremos realizando en el FMI.

Ello me lleva al cuarto hecho positivo de estas últimas semanas. A principios de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión necesaria para ratificar su contribución al aumento de las cuotas del FMI, nuestra base de capital de facto, y ahora que hemos superado un obstáculo de semejante envergadura, veo con optimismo la posibilidad de llevar a feliz término rápidamente el aumento de las cuotas. También en los últimos días han entrado en vigor los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, de los cuales España participa, y Brasil será el primer país que haga uso de esos recursos. Estos dos pasos esenciales representan un notabilísimo fortalecimiento de la situación financiera del FMI, en el sentido de que nos permitirán contar con los recursos que necesitamos para ayudar a los países a evitar las crisis o adoptar las medidas oportunas para superarlas.

* * * * *

Para concluir, permítanme señalar que probablemente se oigan algunos suspiros de alivio en señal de que lo peor de la crisis actual ya ha pasado. Si bien, de momento, podría ser cierto, no debemos permitir que se instale entre nosotros una falsa sensación de seguridad. La presente calma no es algo casual, sino el resultado de una serie de medidas de política muy meditadas por los gobiernos de todo el mundo. No podemos permitirnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad de impulsar la compleja tarea de más largo plazo que supone la reforma del sistema financiero internacional. Sólo así podremos aumentar las posibilidades de que los beneficios de la globalización alcancen a un grupo mucho más amplio de naciones y de individuos

La declinación de la economía global: De la postergación global de la crisis a la crisis general de la globalización.

Jorge Beinstein

Primera parte

La ruptura

La crisis de 1997 sorprendió al neoliberalismo en pleno delirio triunfalista. Gurúes, periodistas especializados y altos funcionarios aparecieron sorprendidos ante lo que anunciaron como un fenómeno de corta duración centrado en Asia del Este y limitado a la esfera financiera. Cuando comenzaron las catástrofes y desaceleraciones productivas, las turbulencias políticas (como en Indonesia) y la aparición de la crisis en otras regiones, ensayaron confusas teorías acerca de «contagios» y «repercusiones» sin abandonar su fe en el triunfo final de la economía de mercado.

La euforia comenzó a fines de los : el ahora casi olvidado Francis Fukuyama proclamó el fin de la Historia, la instauración de un milenio capitalista sin guerras ni grandes disputas políticas y sociales motorizado por una incesante revolución tecnológica (Fukuyama, 1990) seguido luego por una larga lista de «pensadores» simplistas como Peter Drucker que anunció «el fin de lo social» reemplazado por el individualismo y la identidad empresaria (Drucker, 1993), o como Kenichi Ohmae para quien la avalancha globalizante significaba «el fin del estado nación» disuelto en regiones, enclaves industriales, financieros, comerciales (Ohmae, 1997). Lo que en realidad se produjo fue el fin de la fiesta (duró menos de una década).

Al derrumbarse la URSS y los estados socialistas europeos, los liberales creyeron tocar el cielo con las manos: su victoria parecía total; sin embargo, en ese mismo momento, Japón entraba en decadencia y a fines de 1994 se producía la crisis mexicana; en 1996 aparecieron en áreas clave del mercado internacional claros síntomas de saturación y en consecuencia de sobreproducción potencial y, sobre todo, inquietantes movimientos especulativos (no solo en Asia) que iban enturbiando el clima económico general. Finalmente en Julio de 1997 llegó el crac que aplastó a los que ahora llamamos ex-tigres asiáticos.

Los discursos arrogantes de comienzos de los 90 ocultaban su extrema fragilidad. Ello quedó demostrado a partir de 1997, cuando se hizo evidente que los economistas neoliberales eran incapaces para pronosticar la llegada de la crisis y su posterior prolongación y profundización.

Viejos y nuevos mitos se derrumbaron uno tras otro. Inauguró la serie la temprana muerte de la milagrosa «recuperación latinoamericana» a partir de la debacle financiera de México, luego le tocó el turno al paraíso de Asia del Este donde países emergentes como Corea del Sur, Tailandia o Indonesia mostraban crecimientos explosivos que los convertirían (según el Banco Mundial) en futuras potencias industriales guiadas por estrategias de desarrollo basadas en las exportaciones, aunque todo concluyó con una violenta explosión financiera. A continuación cayó la tercera ilusión periférica en la ex URSS y en Europa del Este donde la exitosa reconversión capitalista prometida devino involución productiva, proliferación de mafias, degradación social. Solo quedó en pie, aunque seriamente deteriorado y enfriándose mes tras mes, el milagro supremo de la superpotencia norteamericana, ya que si los tres fracasos descritos confirmaban la reproducción del subdesarrollo, el éxito de los EE.UU nos advertía que nuestros amos estaban más fuertes que nunca y que en consecuencia no valía la pena intentar eludir sus directivas. El capítulo optimista del discurso liberal se esfumaba, restaba el componente fatalista, los gurúes nos enseñaban que el libre mercado no permitiría a la periferia salir (por ahora) de la pobreza pero que ser independientes era impracticable; sin embargo, desde comienzos de 1998 era posible constatar que los países centrales declinaban (como Japón), se estancaban (como los de la Unión Europea) o agotaban su prosperidad (como Estados Unidos). De ese modo se corrió el último velo y la visión fue grotesca: los capitalismos emergentes habían perdido sus adornos y aparecían con sus indumentarias harapientas, las grandes potencias líderes veían esfumarse sus fantasías cibercapitalistas quedando al descubierto sus rasgos decadentes.

1997 aparece ahora como un punto de ruptura, no entre la prosperidad y la crisis, sino entre una breve etapa de euforia financiera e ideológica y el ingreso a una era recesiva de larga duración, la magnitud de los factores negativos acumulados deja poco margen para escenarios de crecimiento global significativo.

Las economías centrales (salvo Japón) pudieron eludir la crisis durante la mayor parte de los 90 prolongando tendencias parasitarias desatadas dos décadas antes, acentuando desajustes estructurales internos y esquilmando a la periferia. En este último caso el proceso combinó auges efímeros, grandes concentraciones locales de ingresos y pillaje-destrucción de fuerzas productivas, todo envuelto en una intoxicación ideológica sin precedentes. Antiguas y recientes cleptocracias subdesarrolladas oficiaron como clases dirigentes nacionales que cantaban la canción del ingreso triunfal al Primer Mundo mientras sus economías eran saqueadas, desde la Rusia de Yeltsin hasta la Indonesia de Suharto, pasando por la Argentina de Menem o el México de Salinas de Gortari. En los países ricos, un coro unánime de expertos coincidían en un fatalismo histórico sospechoso: nada se podía hacer frente a la avalancha mundial del capitalismo victorioso salvo intentar humanizarlo en la medida de lo posible, preservar algunos ecosistemas, desarrollar acciones puntuales de alivio de la marginalidad y la extrema pobreza, pero en definitiva someterse a la Historia. Pero la «Historia» resulto ser una estafa, la ola irresistible no era más que pura espuma; por debajo de la misma, tendencias profundas y mecanismos muy fuertes seguían trabajando sin pausa, amontonando basura con sus gusanos mafiosos y culebras financieras cuyo aroma pestilente terminó por sobreponerse a las evanescentes fragancias globales que esparcían los medios de comunicación.

Tendencias decisivas

Por debajo de la euforia globalista, operaron durante los 90 corrientes profundas provenientes de la crisis de los 70 y, en ciertos casos, desde antes. Algunas, como los procesos de concentración económica, fueron sepultadas por la propaganda; otras, como las declinaciones estatales, fueron despojadas de sus efectos negativos y presentadas como símbolos de progreso; y aquellas inocultables, como la extensión de la miseria y de la criminalidad, fueron señaladas como males pasajeros que el propio sistema terminaría por superar.

En primer lugar, la escisión entre centro y periferia en lugar de diluirse en una nueva distribución internacional del potencial productivo se ha profundizado aun más. Siguiendo las estadísticas del Banco Mundial (The World Bank, 1998) constatamos que los países calificados como de «alto ingreso» (aproximadamente el 16% de la población del planeta) representaban en 1980 el 73% de Producto Bruto Global saltando al % en 1996, los países del G7 (11,7% de la población mundial) pasaban del 61% al 66%. No se trata de crecimientos productivos a diferentes ritmos sino del progreso de los más ricos contra el retroceso absoluto de los más pobres; los países del G7 aumentaron su PBI per capita entre 1985 (22.500 US$) y 1995 (27.500 US$) en un 22% mientras que los 47 países menos desarrollados (1050 millones de habitantes en 1996) descendían de 333 US$ a 290 US$ (caída del 15%) y un segundo grupo de 51 naciones de ingreso medio-bajo (1.150 millones de personas) pasaba de 1900 US$ a 1670 US$, es decir una reducción del 14%. Si a esos dos conjuntos agregamos 7 países subdesarrollados (240 millones de habitantes) calificados como de ingreso medio-alto donde también cayó el PBI per capita, nos encontraremos con que a lo largo de esa década el indicador descendió en 105 países que representaban el 43% de la población mundial.

Pero la brecha geográfica se ha profundizado mucho más que lo expresado por dichas cifras, la superconcentración de los medios de comunicación y del potencial de procesamiento informático, la degradación de los sistemas educativos y científicos periféricos, la generalización del caos urbano y el deterioro estatal en esas naciones, etc., colocan a los países de alto desarrollo en una suerte de monopolio tecnológico que nos retrotrae al panorama de comienzos del siglo XX. reproducción ampliada de hiperdesarrollo y subdesarrollo, del centro imperial y su periferia, territorialmente bien delimitados, atravesó teorías desarrollistas-keynesianas, neoliberales y socialistas. La crisis actual plantea el tema de la supervivencia de esa dualidad precisamente porque los efectos entrópicos de su exacerbación extrema parecerían sumergir al sistema global en una profunda decadencia.

Segundo, la concentración empresaria mundial. La participación de las 200 más grandes empresas globales en el Producto Bruto Mundial pasó del 24% en 1982 a más del 30% en 1995 llegando al 33% en 1997. La actual avalancha de fusiones y el impacto concentrador de la crisis colocarían a esa cifra antes de fin de siglo en un nivel superior al 35%, pero si consideramos las primeras 500 firmas globales estaríamos tocando actualmente el 45% del Producto Bruto Mundial y llegaríamos al 65% si consideramos al conjunto de empresas transnacionales (unas 35 mil). La casi totalidad de las mismas tienen su casa matriz en los países centrales, en 1995, por ejemplo, el 89% de la facturación de las primeras 500 empresas globales correspondía a firmas originarias del G7 (Fortune-Global 500; Clairmont 94, 97).

Los procesos de concentración geográfica y empresarial se potenciaron mutuamente, la periferia (donde se produjeron masivas desnacionalizaciones y privatizaciones, liquidaciones de pequeñas y medianas empresas, extinciones o fuertes reducciones de burguesías y burocracias nacionales) quedó indefensa frente al poder de los grupos transnacionales. En general la hipertrofia financiera, el estancamiento y retracción de numerosos mercados y la aceleración de la guerra tecnológica causaron una sucesión de absorciones, fusiones y quiebras cuyo beneficiarios últimos han sido grupos de negocios cada vez más extendidos cuya amplia variedad de operaciones es unificada a través de visiones y prácticas gerenciales cortoplacistas mucho más cerca del espíritu de la especulación bursátil y cambiaria que de la ingeniería de producción, sobrecargando a la globalización de componentes parasitarias.

Tercero, el agravamiento de la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en la periferia pero también en los países centrales impulsan y son impulsados por los procesos de concentración descritos. Tanto en el área subdesarrollada tradicional como en los nuevos países satelizados del ex bloque soviético las estrategias neoliberales produjeron el desmantelamiento de burocracias estatales, sistemas de seguridad social, empresas públicas y estructuras proteccionistas, combinado con la reconversión de elites locales a negocios financieros, comerciales, etc. (muchos de ellos semilegales o abiertamente ilegales) produciéndose enormes transferencias de ingresos hacia las empresas globales y las clases altas internas, todo ello acompañado por euforias consumistas centradas en bienes y servicios importados. Las víctimas fueron las clases bajas y un amplio abanico de sectores intermedios que se empobrecieron rápidamente.

Una primera línea de pobreza periférica delimitaba en 1996, según el Banco Mundial, a unas 1.300 millones de personas que sobrevivían con ingresos inferiores a un dólar diario, una segunda línea abarcaba a 3.000 millones de personas con ingresos menores a 2 dólares diarios (60% de la población de la periferia). Una corrección muy conservadora nos haría incrementar esa masa con otros 200 millones de periféricos pobres pero con ingresos superiores a los dos dólares diarios, lo que nos acercaría a los 3.200 millones de habitantes, 70% de la población periférica y 55% de la población mundial (The World Bank, 1998).

A este megagrupo de pobres del subdesarrollo debemos asociar a una segunda categoría de pobres del Primer Mundo que también ha estado creciendo vertiginosamente. Se trata de un conjunto cualitativamente diferente del anterior, integrado por desocupados, subocupados, familias cuyos ingresos las colocan por debajo de las fronteras nacionales de pobreza, etc. El incesante aumento de la desocupación en los países de la OCDE es un primer indicador del fenómeno (20 millones de desocupados en 1980, 25 millones en 1990, 36 millones en 1996); en la Unión Europea el desempleo cobró un fuerte impulso en los años 90 (8 millones de desocupados en 1980, 12 millones en 1990, cerca de 19 millones en 1996), período en el que las modestas tasas oficiales de desempleo en Japón empezaron a ascender a medida que se enfriaba la economía. Mientras tanto, Estados Unidos habría conseguido el aparente milagro de reducir el nivel de desocupación coincidente con un buen ritmo de crecimiento del PBI, pero el indicador oficial de desempleo no refleja el deterioro del nivel de vida de las clases bajas, pues dicho indicador es el resultado de manipulaciones estadísticas que subestiman el volumen real de desempleados y la expansión de la precarización laboral, además otras cifras evidencian la agravación de los procesos de concentración de ingresos, exclusión social y empobrecimiento absoluto de amplios sectores sociales. El 40% de la población activa ocupada tenía hacia 1993 ingresos menores que veinte años antes; según los datos oficiales, el salario horario real promedio de 1998 en el sector de servicios era un 4,6% inferior al de 1973, en la industria el descenso entre ambas fechas había sido del 10,9% (BLS, 1998); hacia 1977 existían en Estados Unidos 24,7 millones de pobres que representaban el 11,6% de la población; veinte años después el país contaba con 35,5 millones de pobres, el 13,3% de la población: en términos absolutos la pobreza había crecido un 43% (Dalaker J. & Naifeh M, 1998).

En síntesis, la globalización liberal se expresó a través de un crecimiento cada vez más rápido de pobres y excluidos; en la zona subdesarrollada estos sectores abarcan a la mayoría aplastante de la población en cuyo seno se extienden velozmente grupos en extrema pobreza (áreas de desastre social), en las zonas de alto desarrollo se trata de «minorías» en aumento cuyo nivel de consumo se aleja cada vez más de las capas superiores y medias nacionales pero que están muy por encima del de sus pares periféricos. Ambos espacios de pobreza no pueden ser unificados bajo rótulos comunes de «pobreza relativa»: hacerlo sería forzar ideológicamente la realidad. El desastre periférico asume una especificidad irreductible cuya evaluación ilustra acerca de la no viabilidad global del neoliberalismo.

Desde el punto de vista del funcionamiento de la economía mundial la caída del consumo de las capas inferiores no llega a ser «compensado» por la expansión consumista de los grupos privilegiados; la desaceleración general de la demanda y los desajustes estructurales derivados constituyen la base histórica de la sobreproducción potencial con centro en firmas globales embarcadas en una guerra tecnológica y financiera irresistible.

Cuarto, la crisis del Estado fue impulsada en las sociedades centrales por tres tendencias convergentes: por una parte la expansión global de las grandes empresas, que desbordó a las administraciones públicas; por otra el endeudamiento creciente, que estableció la subordinación de los gobiernos ante «los mercados financieros»; y finalmente la desocupación, el empobrecimiento y la concentración de ingresos y sus secuelas en términos de marginalidad urbana, predominio del individualismo y otros factores que deterioraron seriamente el «pacto keynesiano» («estado de bienestar») instalado en los años 50 y 60 afectando los vínculos entre estado y sociedad civil (especialmente las clases medias y bajas). El estado perdió legitimidad «desde arriba» (a nivel del poder económico) y «desde abajo». La desregulación financiera y comercial, las privatizaciones, las deslocalizaciones industriales, desarticularon formas de integración social y control económico que en los años 60 parecían «conquistas históricas irreversibles».

En los países periféricos dicha crisis se manifiesta de una manera más dramática. El incremento exponencial de los excluidos se combinó en los 90 con una avalancha de privatizaciones que desnacionalizaron la mayor parte de las empresas estatales y redujeron a la mínima expresión la intervención económica pública. Si ya antes de esto buena parte de los estados periféricos disponían de un bajo poder de decisión, la ola neoliberal llevó al colapso o a drásticas reducciones a las administraciones públicas. El Estado se alejó de las zonas urbanas marginales, convertidas en tierra de nadie; bandas mafiosas se lanzaron a la rapiña de los patrimonios nacionales conformando inéditos panoramas de subdesarrollo caótico y corrupción.

En plena euforia neoliberal, buena parte de los gurúes consideraban a la ruina estatal como un proceso positivo que eliminaba trabas burocráticas a la expansión de la economía de mercado, pero la crisis iniciada en 1997 los llenó de pánico; el desorden financiero, la sucesión de colapsos productivos (Asia del este, Rusia ...) dejaron al descubierto que el capitalismo no es una pura interacción de empresas y clientes sino un conjunto más vasto en el que diversas componentes (institucionales, culturales, etc.) de regulación y control social constituyen factores indispensables para la supervivencia del mismo; al degradarse la administración pública, el sistema pierde un punto de apoyo esencial y el caos se generaliza.

Quinto, en el marco general de la globalización se han desarrollado claros síntomas de entropía que se extienden como manchas de aceite. El caos urbano es uno de ellos, coincidente con el fenómeno de expansión demográfica y declinación económica en la periferia, donde se suceden los primeros colapsos, expresiones agudas de una marea irresistible que empieza a tocar espacios, por ahora minoritarios de algunos países centrales. Integrando el proceso de degradación urbana pero extendiéndose más allá del mismo, fueron emergiendo las llamadas «zonas grises», marcadas por la exclusión social, donde la legalidad estatal tiende a desaparecer (Minc, 1993). Mientras aumenta la urbanización de la humanidad, el mundo urbano deviene mayoritariamente periférico y en las ciudades del subdesarrollo se expande velozmente el porcentaje de marginales residentes en las áreas de exclusión.

En los 90 creció, como nunca antes, la inseguridad urbana, uno de cuyos aspectos más llamativos ha sido la multiplicación de delitos de alta violencia. El fenómeno ha sido asociado a los procesos convergentes de crisis-repliegue del estado y de maginalidad-desocupación-empobrecimiento. inscritos en la dinámica de la globalización. Deberíamos agregar un tercer factor: la «descomposición cultural» de vastos sectores sociales que incluye la declinación de creencias colectivas igualitarias, solidarias, de identidad nacional, reemplazadas por diversas formas de amoralidad y egoísmo disociador.

Esa inmensa criminalidad emergente es la base social de la delincuencia organizada, suma de tramas complejas que conectan elites financieras, políticos corruptos, estructuras militares y policiales mafiosas, pequeños y grandes traficantes de drogas, bandas de ladrones y secuestradores. La extensión mundial del parasitismo significa no solo hiperdepredación de fuerzas productivas sino también liquidación de reglas de convivencia, regulaciones civilizadas, convirtiendo a la vida cotidiana en un infierno.

Un aspecto complementario es la corrupción ascendente que organismos internacionales, como el Banco Mundial o el FMI, atribuyen a los Estados subdesarrollados resistentes a la dinámica de la economía de mercado, pero la arbitrariedad, el favoritismo o la «imprevisibilidad judicial» —en suma, la transgresión permanente de las normas legales— son componentes indispensables del capitalismo periférico real, tal como se presenta en los 90, donde las empresas transnacionales, los grupos financieros y las elites locales operan como jaurías depredadoras con expectativas de hiperbeneficios incompatibles con el funcionamiento de reglas de juego, incluso las más favorables a dichos intereses. Las bandas cleptocráticas de políticos y funcionarios públicos son las versiones grotescas, en el submundo, de las «hábiles maniobras financieras» de George Soros, de las exigencias despiadadas de Michel Candessus o de las bravuconadas imperiales de Tony Blair y Bill Clinton.

La fulgurante expansión de las redes mafiosas constituye hoy un dato decisivo del sistema global. El ingreso anual mundial del narcotráfico (esencialmente un negocio de países ricos) era evaluado a comienzos de esta década en unos 500 mil millones de dólares; dicho monto ha estado aumentando de manera acelerada, y actualmente supera holgadamente los 600 mil millones, produciendo impactos sociales catastróficos en los países subdesarrollados. Expertos en el tema han introducido la distinción entre los llamados «narco-estados», donde hay evidencias de que las mafias tienen acceso a los resortes fundamentales del Estado, poniendo a su servicio al ejercito, a la policía, a la justicia, etc., y los llamados «estados-bajo-influencia», donde el grado de penetración de esas redes en el poder es suficientemente grande como para asegurarles un amplio margen de impunidad.

La narcoeconomía integra un sistema más amplio compuesto por una multiplicidad de negocios ilegales y legales estrechamente imbricados, cuyos ingresos anuales originados por actividades delictivas era evaluado hacia mediados de los 90 por las Naciones Unidas en aproximadamente 1 billón de dólares, y cubre desde el narcotráfico hasta el comercio de armas, la prostitución, la «protección», el secuestro, el juego clandestino, el contrabando, etc. La cifra real estaría entre 1,5 y 2 billones, pero al negocio ilegal es necesario sumar los negocios legales asociados (industria, comercio, turismo, transporte, sector inmobiliario, especulación financiera, etc.) , agregando ambos rubros era posible en 1997 superar los tres billones de dólares (alrededor del 10% del Producto Bruto Mundial).

El análisis de diversos indicadores nos lleva a formular varias hipótesis sobre mafia y globalización. La primera de ellas es que nos encontramos en presencia de un crecimiento vertiginoso del poder mafioso (que se ha convertido en un factor decisivo del sistema global). La segunda es que el rastreo de cualquier red mafiosa importante nos lleva indefectiblemente hasta el corazón de la economía mundial, los países centrales, allí donde se encuentran las conducciones estratégicas del negocio, que no deben ser pensadas como bandas de gángsters clásicas o como «logias» criminales secretas al margen o en el subsuelo del establishment, sino como componentes «normales» y en ascenso del mismo en tanto ingredientes indispensables del sistema dominante (la práctica mafiosa ha devenido funcional a la economía de mercado globalizada). Tercera hipótesis: la expansión mafiosa, dado su peso relativo y penetración globales y su conducta depredadora, constituye no sólo una componente esencial de la economía global de mercado, sino una de sus tendencias dominantes coincidente con la euforia neoliberal, la hipertrofia financiera, los procesos de marginalidad social y crisis del estado. La música de fondo del fenómeno es el desarrollo sin precedentes de las más variadas formas de parasitismo. Según Jean Ziegler, el crimen organizado ha pasado a ser «la etapa superior» y «paroxística» del capitalismo signada por la realización de hiperbeneficios a velocidad vertiginosa. En buena medida es así, aunque esta mutación no se entiende si no hacemos referencia a la financiarización del mundo empresario y a la obtención de superganancias especulativas que compensan la reducción de la rentabilidad en las actividades productivas.

Si bien el parasitismo y el poder mafioso aparecen a la cabeza del desorden decadente, ello no debe hacernos ignorar otros aspectos como las catástrofes sanitarias (SIDA, renacimiento de antiguas enfermedades sociales como la tuberculosis, etc.), las hambrunas, las guerras étnicas, las olas de refugiados y otros males cuya convergencia temporal no puede ser el resultado de una casualidad, sino de causas estructurales, de cambios cuyo motor es la globalización neoliberal.

Dinámica de la crisis

Sobre la base de un contexto global signado por la concentración económica, la exclusión creciente y el ascenso del parasitismo, se produjo la ruptura de 1997, consecuencia lógica de graves deterioros impulsados por un mecanismo que condujo a la economía mundial hacia un callejón sin salida. La descripción de los seis procesos siguientes podría ayudarnos a esbozar una dinámica general de la crisis.

1. La desaceleración del crecimiento global a lo largo del último cuarto de siglo con eje en la pérdida de dinamismo de las economías centrales. La tasa de variación anual del Producto Bruto Mundial promedió el 4,5% en 1970-79, descendió al 3,4% en 1980-89 y al 2,9% en 1990-99 (FMI,1997; The World Bank,1998); ello se debió a la desaceleración de las economías del G7 (dos tercios de la producción mundial), especialmente la de sus tres países principales, Estados Unidos, Alemania y Japón.

La prosperidad de postguerra comenzó a degradarse hacia fines de los 60; la crisis petrolera de 1973-74 dio el golpe decisivo a una economía mundial ya deteriorada por los desajustes monetarios, el descenso de los beneficios empresarios, la creciente capacidad productiva ociosa y la desaceleración del endeudamiento privado en los países centrales que, a partir de ese momento, ingresaron a un tobogán donde la reducción del crecimiento productivo corría paralela a la pérdida de dinamismo de la demanda.

Durante los 70 el fenómeno combinó estancamiento e inflación. El alza de los precios de las materias primas provocó aumentos de costos, empresas y estados frenaron las subas salariales, comprimiendo los consumos internos en los países ricos y causando pérdidas de empleos, lo que bloqueó aun más la demanda, a ello se sumó la expansión de la especulación financiera («petrodólares»).

El estancamiento de la demanda de la OCDE se contrapuso al incremento de las importaciones de los países petroleros, incentivando las exportaciones de las economías centrales, orientación «hacia afuera» que se acentuó en los y 90, agudizándose la guerra comercial, uno de cuyos instrumentos privilegiados fue el arma tecnológica que redujo costos de materias primas, desaceleró salarios, aumentó la desocupación, redujo a largo plazo el poder de compra de los países periféricos y barrió del mercado a empresas «no competitivas» tanto en el centro como en la periferia, causando concentración empresarial y deterioro de economías regionales y nacionales. Gracias a la tecnología y a la reducción del proteccionismo, las grandes empresas de los países centrales pudieron incrementar su autonomía, lo que incentivó su presión contra los salarios, el gasto social y otros «costos». A ello se sumaron las deslocalizaciones de empresas (en busca de salarios e impuestos más bajos) lo que exacerbó aún más el desempleo.

Visto desde el ángulo histórico, de largo plazo, resulta sorprendente como la expansión desmesurada del comercio internacional, las deslocalizaciones y la aceleración de la revolución tecnológica —hechos que han sido en realidad efecto y causa de la crisis— constituyeron durante varias décadas pilares esenciales del discurso acerca de la victoria de la economía global de mercado.

La declinación de la economía global: De la postergación global de la crisis a la crisis general de la globalización.

Jorge Beinstein

Segunda parte

2. El crecimiento de la deuda pública de los países ricos.

El menor dinamismo económico implicó la desaceleración de los ingresos fiscales de estados empujados a sostener la demanda, frenar los precios y apuntalar las ganancias empresariales. Ello derivó en políticas que expandían el gasto público, practicaban reducciones fiscales en beneficio de las grandes empresas y enfriaban los costos salariales. Por otra parte, el rigor monetario y la liberalización financiera que coincidían con una mayor demanda estatal de fondos (motivada por los déficits presupuestarios) hicieron subir las tasas de interés. De ese modo, mejoró radicalmente la rentabilidad de las actividades financieras (hacia las que progresivamente se volcaban importantes grupos de negocios), desacelerando aún más el crecimiento, desalentando las inversiones —en especial de las empresas pequeñas y medianas— y generando desocupación.

El enfriamiento económico general bloqueaba las inversiones productivas; los excedentes financieros que no podían orientarse hacia ellas quedaban disponibles para cubrir los déficits estatales; de ese modo, la declinación del crecimiento generó al mismo tiempo la demanda y la oferta de títulos públicos.

El círculo vicioso quedaba completo: el encarecimiento del crédito frenaba el crecimiento, lo que engendraba déficits fiscales, lo que provocaba endeudamiento público, lo que —finalmente— presionaba hacia arriba las tasas de interés, etc.

Una porción significativa de los excedentes financieros había encontrado, hacia mediados de los 70, la ruta de los países periféricos que fueron alentados a endeudarse, esto permitió el desarrollo de una primera bomba financiera que estalló a comienzos de los con la «crisis de la deuda» en el Tercer Mundo. La deuda externa de esas naciones se había multiplicado por ocho entre 1970 y 1980; luego del desastre, se produjo una reorientación de capitales hacia los países centrales, donde la inflación se reducía pero la desocupación aumentaba y los estados se endeudaban cada vez más.

Las políticas de austeridad en el gasto público impuestas en la periferia, asumieron una dirección contraria en los países ricos. En la primera el FMI obligaba a comprimir los déficits presupuestarios y frenar el endeudamiento externo mientras que en las naciones desarrolladas eran establecidas estrategias opuestas (más gasto déficit y deuda estatal).

En 1996 la deuda pública total de los países del G7 (aproximadamente 14 billones de dólares) equivalía al 74% de la suma de sus Productos Brutos Internos y al 48,5% del Producto Bruto Mundial.

Hacia comienzos de los 90, el enorme peso de esas deudas comenzó a ser presentado como un freno al crecimiento (efecto negativo de las altas tasas de interés sobre las inversiones) y un generador de déficit fiscal (volumen en aumento de fondos destinados al pago de la deuda). El ciclo de endeudamiento de los países centrales ingresaba en una fase de crecimiento lento, matizada con tentativas de ajuste de las cuentas públicas. En el caso norteamericano, la efímera prosperidad de los 90 permitió avanzar hacia la reducción del déficit, pero en Europa el intento se vio frenado por el espectro del estancamiento.

La deuda externa de la periferia (cerca de 2,2 billones de dólares) aparece en términos globales como una cifra menor, pero su crecimiento e importancia con respecto a las frágiles economías subdesarrolladas la convierten en un factor explosivo; así lo ha demostrado la crisis de la deuda de 1982, la crisis mexicana de fines del 94 y los recientes sacudones (desde 1997).

Los ciclos de endeudamiento periféricos han sido asimétricos con relación a los de los países centrales. La deuda periférica ha cumplido una función compensatoria para los flujos de fondos en búsqueda de rentabilidad. Durante los 70, la expansión de petrodólares y otros excedentes financieros no ubicables en las economías desarrolladas estancadas, se volcaron hacia la periferia produciendo allí deudas relativamente grandes. En los , cuando los estados desarrollados aceleraron su endeudamiento, los periféricos —muchos de ellos realizando ajustes supervisados por el FMI— se endeudaron lentamente; finalmente en los 90, cuando los primeros comenzaron a aplicar medidas de contención del endeudamiento, los segundos —en especial su grupo de economías calificadas como «emergentes»— recibieron una avalancha de fondos. A partir de 1997 nos encontramos frente a una situación que empezó reiterando el vaivén conocido (reflujo de capitales desde la periferia hacia el centro), pero que rápidamente se encontró en los países ricos con estados sobreendeudados empeñados en políticas fiscales restrictivas y con mercados bursátiles demasiado inflados. Se trata de una realidad nueva, de saturación financiera, que reduce de manera notable el margen de maniobras tradicional.

3. La «financierización» de las grandes empresas contribuyó de manera decisiva a la transformación del negocio financiero en el centro de la economía de mercado.

Se trata de un movimiento doble, por una parte las empresas ingresaron en el campo de los negocios financieros y por otra los grupos financieros se instalaron en las estructuras empresarias. Los sistemas empresarios cada vez más concentrados encontraron en la especulación la compensación a los rendimientos insuficientes, esto produjo una desvío creciente de fondos que afectó negativamente a la producción y al empleo. Las oportunidades de negocios especulativos se multiplicaron, los títulos de deuda públicas, las acciones y otros papeles ofrecían buenas ganancias sin necesidad de esperar plazos largos.

Las empresas disponían de excedentes pero también necesitaban fondos para financiar sus guerras tecnológicas y comerciales, cada vez más duras, pudieron entonces acudir al mercado y aprovechar las desregulaciones para colocar acciones y obligaciones. Ello introdujo en el seno de sus directorios a representantes de grupos financieros cuya visión de los negocios modificó de manera decisiva el comportamiento empresario.

En Estados Unidos el incremento de la participación de las acciones en los activos de las empresas, la creciente participación de los «inversores institucionales» en el capital empresario y el movimiento ascendente de fusiones y adquisiciones de empresas se inscribe en la lógica financiera favorable a las operaciones de corto y mediano plazo y en detrimento de las estrategias de largo aliento. Según un estudio realizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos más de un tercio de las empresas adquiridas entre 1984 y 1989 fueron revendidas durante ese mismo período.

Pero no solo las empresas se lanzaron al área financiera-especulativa: también lo hicieron los bancos, cuyas actividades tradicionales fueron complementas o desplazadas por la nueva especulación (productos derivados, especulación cambiaria, etc.). Así ocurrió en Japón con Mitsubishi o en Francia con la Société Générale. En Estados Unidos se han producido reconversiones casi completas de bancos hacia estos negocios, tal el caso del Bankers Trust de Nueva York —ya hacia comienzos de los 90 las tres cuartas partes de sus ingresos provenían de la especulación con «productos derivados».

4. La hipertrofia financiera aparece en el centro de la economía global; las transacciones cambiarias que llegaban a un poco menos de 20 mil millones de dólares diarios a comienzos de los 70, se habían multiplicado por 65 en un cuarto de siglo (en 1995 alcanzaban 1,3 billones de dólares) y hacia 1998 habían tocado los 2 billones (cifra próxima a toda la deuda externa de los países periféricos), y grupos especulativos ganan o pierden fortunas colosales en unas pocas jornadas. La imagen de la avalancha financiera incontenible e impredecible que escapa a todo control se fue consolidando a lo largo de los 90s. Dos aspectos deben ser enfocados: por una parte su dimensión y ritmo de desarrollo, y por otra la trama de comportamientos sociales que la empujan hacia adelante.

Algunos indicadores pueden ilustrarnos acerca del primer punto. En 1995, la suma de acciones y títulos de deudas públicas y privadas emitidas en Estados Unidos llegaban a una cifra que representaba el 250% de su Producto Bruto Interno; comparaciones similares nos llevan a volúmenes del orden del 147% en el caso de la Unión Europea y del 175% en el de Japón. La totalidad de «papeles» emitidos en esas tres economías se aproximaba a los 40 billones de dólares, casi el doble de la suma de sus PBI.

Este desmesurado empapelamiento de la economía mundial fue el resultado de la combinación en los países de la OCDE del bajo crecimiento de la inversiones productivas y del elevado aumento de las colocaciones de fondos en activos financieros. Entre 1980 y 1992 la formación bruta de capital fijo creció según una tasa anual promedio del orden del 2,3% contra un 6% para los activos financieros (OCDE). Dicha tendencia se vio reforzada desde fines de los con una marea de fondos especulativos orientados hacia la periferia.

Superando los límites tradicionales del sistema bancario emergieron los «Fondos de Pensión», utilizando los ahorros de los futuros jubilados y los «Mutual Funds» o fondos comunes de inversión que canalizaban dinero de origen diverso hacia la compra de papeles de todo tipo en toda clase de países. A lo largo de los estos fondos crecieron vertiginosamente pero en los 90 la expansión fue aun más fuerte. Hacia 1988 los Fondos de Pensión de las naciones de la OCDE administraban inversiones del orden de los 3,9 billones de dólares, una década después dicha cifra se había multiplicado por 2,6 llegando a los 10,2 billones (aproximadamente un tercio del Producto Bruto Mundial).

En Estados Unidos, los Fondos Comunes de Inversión (Mutual Funds) administraban hacia 1980 activos por unos US$ 130 mil millones, pero en 1990 llegaba al billón de dólares y en 1997 a los 3,7 billones de dólares, que representaba cerca del 50% de su Producto Bruto Interno. Hacia 1980, en ese país cuatro categorías de «inversores institucionales» (fondos de pensión, fondos comunes de inversión, compañías de seguros y de seguros de vida) administraban activos financieros por unos 1,6 billones de dólares que representaban algo menos del 60% de su PBI; en 1990 alcanzaban los 5,2 billones de dólares (95% del PBI), pero en 1993 superaban los 8 billones (125% del PBI). En Inglaterra, para esa última fecha, dicha cifra rondaba los 2 billones de dólares (165% de su PBI).

La punta de lanza especulativa de los fondos de inversión son los llamados «hedge funds» o «fondos de cobertura», teóricamente destinados a reducir el riesgo de los inversores a través de operaciones muy audaces y sofisticadas; en realidad, su función es la de ponerse en la cresta de la ola financiera, como las compras de los tristemente célebres GKO rusos (títulos de deuda pública interna, en rublos). El primero de ellos es el Quantum Fund capitaneado por George Soros; hacia 1990 existían unos 200 «hedge funds», en 1998 eran unos cuatro mil.

El nivel más alto de la especulación ha sido alcanzado por la gestión de los llamados «productos financieros derivados». El Banco Internacional de Compensaciones, con sede en Basilea, es la institución que realiza el seguimiento más sistemático del tema; sus informes alimentan las publicaciones del FMI y otras organizaciones. El Banco publica series que incluyen selecciones representativas del fenómeno, cuyo ritmo de crecimiento ya importante a fines de los se hizo exponencial en los 90s. Una de esas series, por ejemplo, incluye negocios que totalizaban US$ 4,4 billones en 1991, llegaban a 8,4 billones en 1993 y a 24 billones en 1996, y en 1997 representaban un volumen equivalente al del Producto Bruto Mundial (BIS, 1997 y 1998).

El segundo aspecto a destacar es la trama de comportamientos que impulsan la hipertrofia especulativa. Entre ellos debe ser destacado el de los estados centrales que desde los persistieron con sus déficits fiscales y endeudamientos, lo que los empujó a liberalizar los sistemas financieros abriendo sus ofertas de títulos al capital internacional, en el que empezaron a destacarse los inversores institucionales (Fondos de Pensión, Fondos Comunes de Inversión). Las deudas estatales se globalizaban, los «productos derivados» incluían operaciones con títulos públicos. En 1992, el 20% de los títulos de la deuda pública de los Estados Unidos estaba en manos de inversores extranjeros; en el caso alemán llegaba al 25% contra 5% en 1979; y en Francia al 32% contra 0% en 1972. Las operaciones diarias en títulos de la deuda de los EE.UU pasaron de 13.0 millones de dólares en 1980 a 70 mil millones en 1988 y a 120 mil millones en 1993; en Japón esas operaciones pasaron de 1.400 millones de dólares diarios en 1980 a 29 mil millones en 1986 y a 57.600 millones en 1993.

El estado norteamericano debía 1,1 billones de dólares en 1981, 2,2 billones en 1986, 3,4 millones en 1991, 4,6 billones en 1996; el estado japonés adeudaba unos 140 billones de yenes en 1981, 230 billones en 1986, 310 billones en 1993 y más de 410 billones en 1996. La expansión de las deudas periféricas contribuyó de manera significativa a la generación de la hipertrofia financiera global, pero su peso es claramente menor al del endeudamiento central.

Por otra parte, la liberalización financiera desarrollada desde los coincidió con una permanente inestabilidad económica. Las fluctuaciones de las paridades cambiarias y de las (altas) tasas de interés, sumadas a la desaceleración de las demandas, la desocupación y precariedad laboral, engendraron una situación donde amplios sectores sociales, desde asalariados hasta empresarios, eran afectados por una incertidumbre creciente, engendrando en ellos una debilidad estratégica que fue aprovechada por la especulación financiera para la cual el riesgo es su hábitat natural.

Además, empresas y bancos se fueron embarcando rápidamente en una proceso de «financierización» que les aseguraba beneficios que compensaban la menor rentabilidad de sus actividades tradicionales, o bien que les permitía conseguir fondos de manera directa. También empezaron a conseguirlos cada vez más los consumidores de los países ricos y las clases superiores de la periferia a través de diversos mecanismos de endeudamiento y especulación (desde la generalización de las tarjetas de crédito hasta la participación familiar masiva en el negocio bursátil que en Estados Unidos llegaba a fines de los 90 a proporciones nunca vistas).

Al círculo vicioso especulativo debemos agregar la transformación de la periferia en una zona de negocios rápidos de altísima rentabilidad (privatizaciones de empresas públicas, hipervalorización de activos como inmuebles o títulos, multiplicación de bolsa de valores, etc.) y la proliferación de negocios ilegales (tráfico de drogas y armas, prostitución, «protección», corrupción del estado, etc.) que alimentaron la bomba financiera global.

Podemos detectar una cadena donde cada eslabón se enlaza profundamente con el otro en una secuencia donde los beneficios (y los riesgos) van aumentando, desde el empresario o la familia que ganan «un poco más» con alguna especulación, hasta el grupo financiero que gana mucho más combinando la compraventa de títulos con el blanqueo de narcodólares o algún negocio fraudulento con un gobernante periférico corrupto, para llegar finalmente a las mafias.

5. La transformación de la periferia en zona de hiperganancias rápidas en beneficio de los grandes grupos transnacionales en especial de las redes financieras.

Los 90 trajeron la novedad de la irrupción de los «mercados emergentes» hacia donde se dirigieron enormes flujos financieros. Ya no se trataba, como en el pasado, de préstamos públicos acompañados por algunas inversiones privadas, sino de grandes corrientes de capitales donde el sector privado cumplía el rol principal. El aumento del Producto Bruto Interno y de las exportaciones y la multiplicación-crecimiento de las bolsas de valores, aparecían como hechos positivos de economías que según los medios de comunicación superaban rápidamente el subdesarrollo gracias a su integración a los negocios internacionales. Los países de Asia del Este, algunos de los cuales venían creciendo con fuerza en los , marcaban el ritmo. Las entradas netas de capitales privados en la periferia eran cada vez mayores: 57 mil millones de dólares en 1990, 150 mil millones en 1991..., 211 mil millones en 1995 (IMF, 1996).

A mediados de los 90, la SFI (Sociedad Financiera Internacional, integrante del Banco Mundial) señalaba la existencia de 36 bolsas de valores «emergentes» importantes. Muchas de ellas inexistentes pocos años antes, otras tradicionalmente marginales, atraían capitales provenientes del Primer Mundo e incitaban a los especuladores locales y regionales a sumarse a la prosperidad. La capitalización bursátil (valor de mercado de las empresas cotizadas en las bolsas de valores) creció de manera explosiva: en 1993 representaba en Malasia el 342% del PBI, el 105% en Tailandia, el 94% en Jordania y el 102% en Chile; frente a ello, Francia se situaba en el 36%, Japón en el 71%, Alemania llegaba al 24% e Italia al 19% ( IFRI-Ramses 97, IMF 98).

En 1983 la capitalización bursátil de la periferia apenas alcanzaba los 100 mil millones de dólares: diez años después la misma se había multiplicado por 15.
.
Hacia fines de los , los países ricos comenzaron a mostrar una insuficiente capacidad de absorción de masas financieras en vertiginosa expansión; esto se combinó con la acentuación de las deslocalizaciones productivas que huían de las economías con salarios e impuestos altos hacia las zonas subdesarrolladas, donde una relativamente aceptable calificación laboral pagada a precios bajos se combinaba con la debilidad ( o corrupción) fiscal. Los países emergentes recibieron avalanchas de préstamos e «inversiones directas», aunque buena parte de estas últimas no significaba ampliaciones importantes del potencial productivo, sino más bien desnacionalizaciones de empresas públicas y privadas preexistentes. Muchas de las nuevas instalaciones consistieron en enclaves exportadores o empresas que operaban con mercados locales a los que sometían a precios desmesurados en relación con los costos. En muchos casos no innovaban demasiado en materia de superganancias, sino que se «integraban» a tradiciones locales de superexplotación y depredación de recursos (exacerbándolas), aunque la masa de inversiones directas e inducidas provocó grandes saltos cuantitativos que en plazos cortos causaron importantes transformaciones. Se instaló a lo largo de los 90 una devastadora lógica de hiperbeneficios rápidos (financieros, productivos, comerciales, etc.). Los flujos centro-periferia (que velozmente fueron compensados por exportaciones de beneficios en sentido inverso) se combinaron con evasiones de fondos hacia los países centrales; en algunos casos el fenómeno fue pasajero (por ejemplo, en América Latina, después de la crisis mexicana de fines de 1994); en otros persistió como en las «economías en transición» de Europa del Este, principalmente Rusia. Expertos improvisados y gurúes atribuían estos hechos a «turbulencias coyunturales» o a inadaptaciones o retrasos de esos países con respecto al proceso de globalización liberal. Pero a partir de 1997, una tras otra las regiones «emergentes» sufrieron los efectos catastróficos de bombas aspiradoras de capitales manipuladas por «inversores» industriales o financieros, locales o extranjeros que embolsaban beneficios y liquidaban activos transfiriendo sus capitales a los países centrales. El rostro amable de los capitalistas modernizadores se convirtió de la noche a la mañana en la mano brutal del saqueador, y cuando algún subdesarrollado angustiado preguntaba sobre las causas del desastre o acerca de cómo prevenirlo o amortiguarlo, no faltaba algún gurú soberbio como Lester Thurow que, desde su irresponsabilidad global, afirmaba a mediados de setiembre de 1998 que «el capitalismo es así [y pretender] controlar la volatilidad que causan los flujos de capitales en el mundo es como afirmar que a veces sería bueno suspender la ley de la gravedad», luego de lo cual recomendaba que «el secreto es saber limpiar el desastre, cerrar lo que ya no sirva» (Thurow, 1998).

El comportamiento de los «inversores externos» obedece a una lógica que enlaza excedentes de inversiones centrales grandes y seguras (aunque con márgenes de rentabilidad cada vez más acotados) con negocios periféricos inestables de relativamente menor magnitud, pero con hiperbeneficios obtenidos en plazos reducidos.

Se genera así una suerte de circulo vicioso: proliferan negocios rápidos de elevados rendimientos que desestructuran los tejidos económicos locales, promueven endeudamientos públicos y privados desmesurados y corrientes importadoras incontrolables (compensadas a veces con exportaciones frágiles), que suelen culminar en depresiones caóticas. El horizonte de inestabilidad resultante sirve de base para la «exigencia de los mercados» por ganancias altas y rápidas. En el submundo exótico de la periferia los megagrupos globales no están dispuestos a esperar largos períodos de maduración.

Mientras tanto la bomba financiera global que encontraba un factor adicional de crecimiento en las ganancias periféricas crecía más y más ...

6. La expansión de un amplio abanico de «negocios ilegales» estrechamente vinculados a los negocios financieros pero también a las empresas productivas legales y a los estados centrales y periféricos. La secuencia de beneficios crecientes desde los sistemas productivos centrales hasta la periferia, pasando por las deslocalizaciones industriales y la especulación financiera, tiene un último eslabón: el de los «negocios ilegales».

Es sumamente difícil establecer un corte, una frontera precisa entre la economía de mercado formal, en especial las actividades financieras más rentables, y los sistemas mafiosos, bancos de primera fila internacional que lavan narcodólares, grupos globales muy diversificados donde es posible localizar «áreas opacas» plagadas de actividades clandestinas, pero también reconocidos jefes mafiosos operando negocios legales conforman una maraña mundial inextricable. Como ya fue señalado, la criminalidad organizada y sus espacios próximos constituyen un volumen de negocios considerable (3 billones de dólares en 1997) en veloz expansión, formando parte del núcleo central de la economía mundial.

La ruta hacia mayores beneficios (que infla el área ilegal a medida que la zona legal se desacelera) puede ser visualizada como un proceso de largo plazo (últimas tres décadas), que se inicia con la crisis de las sociedades de consumo desarrolladas, keynesianas, y culmina en su escala final mafiosa.

Los seis procesos descritos pueden ser interrelacionados históricamente y servir de base para el esbozo de una dinámica general de la crisis Dicho esquema debería ser integrado a una visión más amplia que incluya aspectos no sólo económicos, sino también políticos, sociales, culturales, etc., pero ese objetivo excede los límites de este trabajo.

Globalización y crisis constituyen dos realidades estrechamente vinculadas. La crisis de los países centrales iniciada en los 70 pudo ser amortiguada, postergada, gracias a un complejo mecanismo de desarrollo mundial de negocios marcada por el parasitismo financiero, pero esta evolución, salpicada por varios sacudones monetarios y productivos, concluyó en una gigantesca crisis global, en la mega-ruptura de 1997. En resumen, la postergación global de la crisis derivó en crisis de la globalización, el proceso duró aproximadamente un cuarto de siglo.

La prosperidad de la postguerra terminó en 1973-74 (shock petrolero), con el telón de fondo de una crisis de sobreproducción. Las economías industrializadas ingresaron en la «estanflación» (los precios subían al igual que la desocupación y los aparatos productivos se estancaban); a partir de allí, sus tasas de crecimiento económico fueron cayendo tendencialmente hasta hoy. Ello se tradujo en altos niveles de desocupación y precarización laboral agravados por la guerra tecnológica entre las empresas presionadas por preservar o conquistar mercados cada vez más duros. En consecuencia, se fue imponiendo una tendencia pesada, durable, de desaceleración de la demanda, lo que a su vez frenó la expansión productiva convirtiendo la sobreproducción de comienzos de los 70 en un fenómeno crónico que pudo ser en ciertos momentos reducido pero nunca eliminado.

La desaceleración económica causó problemas fiscales: un achicamiento del gasto público hubiera agravado aún más la recesión, pero una mayor presión tributaria también habría tenido efectos recesivos. Además existían excedentes financieros de empresas y bancos ( petrodólares, etc.) con serias dificultades para convertirse en inversiones productivas debido a la situación de estancamiento. En los , la «solución» al problema fue encontrada por medio de un crecimiento vertiginoso de la deuda pública: el hiperendeudamiento de países ricos sucedió al de los países pobres del segundo lustro de los 70s.

Esto se vio facilitado por la liberalización financiera y cambiaria que empujó hacia arriba las tasas reales de interés y eternizó la inestabilidad de las paridades entre las monedas fuertes. Los estados necesitaban fondos para sostener las demandas internas (pagos de pensiones, subsidios a desempleados, gastos militares, etc.) desbordando las disponibilidades monetarias locales y acudiendo a los inversores internacionales lo que los indujo a eliminar las trabas a la libre circulación de monedas, a la compraventa de títulos públicos y privados y al desarrollo de negocios financieros.

La financierización empresaria completo el círculo; las empresas colocaban fondos en títulos públicos pero también en papeles emitidos por otras empresas embarcadas en difíciles luchas por los mercados.

Se constituyó así una interacción estrecha entre tres fenómenos principales: la desaceleración del crecimiento económico, el crecimiento del endeudamiento público y la financierización empresaria. La misma alimentó un monstruo especulativo que creció sin cesar hasta convertirse en hipertrofia financiera.

Esta última se nutría con tasas reales de interés altas que frenaban la inversión y el consumo y que en consecuencia causaban más déficit fiscal y exacerbaban la guerra interempresarial haciendo crecer el empapelamiento general (acciones, títulos de deuda pública, etc.) con lo que las tasas de interés permanecían elevadas.

Hacia comienzos de los 90, los endeudamientos estatales —solución provisoria al estancamiento de los 70— comenzaban a ser percibidos negativamente por lo gobiernos centrales y los grandes grupos económicos (el salvavidas liberal se hacia cada vez más pesado amenazando con hundir a las economías ricas). Por otra parte los excedentes acumulados por un sistema financiero gigantesco, devenido hegemónico, requerían nuevas áreas de expansión que les permitieran preservar sus niveles de rentabilidad; diversos mecanismos adicionales posibilitaron el sostenimiento de la reproducción ampliada del mismo.

La ingeniería financiera aceleró su desarrollo; fondos de pensión y de inversión, bancos y empresas de todo tipo, encontraron en la revolución informática el atajo tecnológico que les permitió crear productos financieros derivados, articular una red bursátil y cambiaria mundial operando las 24 horas del día, y otras innovaciones que los medios de comunicación pintaban como las cabeceras de playa del nuevo capitalismo planetario triunfante. Los negocios se expandieron ya no sólo a las empresas, los bancos y los «inversores institucionales», sino también a las familias, los pequeños ahorristas que se incorporaban de manera directa o indirecta —principalmente en los EE.UU— a la euforia especulativa. Se inflaron las bolsas, se valorizaron activos, aumentó la bomba financiera.

Por otra parte, se acentuó y generalizó el fenómeno de las «economías emergentes»: hacia allí fueron flujos monetarios que adquirieron e instalaron empresas, compraron papeles públicos y privados, todo ello en una lógica de beneficios altos y rápidos que en poco tiempo engordó de manera significativa la bomba financiera global, acentuando deslocalizaciones industriales mediante la desocupación y la precarización laboral en los países ricos. El desmantelamiento de Rusia y otros países del este europeo generó una gran evasión de capitales hacia las economías centrales, reforzando dicho proceso.

Lo que fue presentado como la incorporación de países subdesarrollados y ex-socialistas a la economía global de mercado, a las ventajas del Primer Mundo, no fue sino la implantación de un sistema de succión, de una mega-aspiradora de capitales que terminó por desestructurar de manera profunda esas economías acelerando la hipertrofia financiera mundial.

Por último se desarrolló un mecanismo en sus comienzos marginal pero que luego se fue instalando en el corazón de la economía global, el área de los negocios ilegales, visibles, desembozados en la periferia, discretos en el centro (donde residen sus jefaturas estratégicas). Estos negocios de muy alta rentabilidad (y riesgo) se expandieron como una mancha de aceite acelerando su marcha en los 90 (ya importante en los ). La bomba financiera encontró otro factor adicional de crecimiento y se fue plagando de pústulas mafiosas.

La ruptura de 1997 apareció primero como una catástrofe financiera de la periferia (todavía a mediados de 1998 numerosos expertos seguían reduciéndola a la imagen de «turbulencia monetaria asiática»... y sus consecuencias internacionales); sin embargo, es básicamente una crisis global cuyo corazón se encuentra en los países centrales envueltos por la desaceleración productiva y el parasitismo.

La burbuja especulativa asiática no ha sido más que una epifenómeno de la burbuja financiera-especulativa central, el estallido de la primera y de sus hermanas periféricas fue dejando al descubierto a la madre patria del parasitismo mundial.

Pero la crisis nos permite también ver más allá de los juegos conceptuales que fabricaban universos económicos «monetarios» y «virtuales» despegados de la «economía real». Las profundas interrelaciones, concretas. históricas, entre los fenómenos descriptos demuestran el carácter ilusorio, falso, de las fronteras entre esas supuestas esferas diferenciadas. No se trata sino de una sola realidad social, donde la producción de bienes, su intercambio, los medios monetarios, el empleo, pero también la política, el Estado, la tecnología, las bandas mafiosas, etc., conforman un único sistema a la deriva.

La ruptura de 1997 aparece así como una consecuencia necesaria del proceso de globalización, la bomba financiera no podía expandirse indefinidamente, tarde o temprano tenía que estallar, la sobrevalorización de activos financieros no ha sido otra cosa que un mecanismo de concentración mundial de ingresos y desorganización económica que amplia cada vez más la brecha entre aparatos productivos dominados por la lógica del parasitismo especulativo y masas crecientes de pobres y excluidos, la sobreproducción crónica está en la base de la crisis, que podía ser postergada pero no eludida.

Conclusiones e hipótesis de trabajo

1.La ruptura de 1997 constituyó un punto de inflexión al interior de un proceso de larga duración que se inició hacia comienzos de los 70 (crisis petrolera de 1973-74) y que tiene por delante un probable desarrollo también largo.
La acumulación de desajustes estructurales, la dimensión de la bomba financiera global, la incapacidad de las economías centrales para retomar un ciclo de endeudamiento vigoroso y reactivar la demanda, el nivel de catástrofe alcanzado por la periferia (lo que hace muy improbable el surgimiento de nuevos «milagros»), la generalización de factores entrópicos (mafias, caos urbanos, crisis del estado, etc.), el alto nivel de concentración de negocios, nos señalan un prolongado camino de enfriamiento económico en el que van ingresando los países centrales, siguiendo así la tendencia a la desaceleración del crecimiento iniciada en los 70. El capitalismo victorioso de comienzos de los 90 se fue convirtiendo después de 1997 en un sistema que pierde dinamismo, que se va desordenando cada vez más, lo que lleva a suponer nuevos saltos cualitativos, rupturas, en el movimiento descendente.

2.Los hechos de 1997 fueron presentados como «crisis periférica», asiática, localizada en los ex tigres, que luego se habría «difundido» hacia otras regiones (teoría del contagio), pero la ruptura obedeció a un proceso de degradación más amplio, global, con eje en los países de alto desarrollo, verdadero motor de la crisis, fue la presión inversora de sus empresas la que generó la euforia especulativa; la misma se convirtió luego en evasión de capitales hacia el centro con sus secuelas recesivas para los ex países emergentes.

3.La ruptura de 1997 puso al descubierto la hipertrofia financiera mundial, posibilitando la irrupción de «teorías financieras de la crisis», que separaban artificialmente esferas «monetarias» de sectores «reales»; las explicaciones psicologistas, anecdóticas, seudoculturales, resultaban inevitables. Pero la bomba financiera constituye una componente de un fenómeno más vasto, estructural, de pérdida de dinamismo de la economía global capitalista que impulsó el endeudamiento público de los estados centrales y periféricos, la financierización empresaria, la euforia especulativa en Estados Unidos, las burbujas financieras asiáticas, etc.

4.Los países de alto desarrollo (el G7 y otras economías menores del sistema central) pudieron amortiguar, postergar su crisis iniciada en los 70 gracias a diversos mecanismos de globalización y financierización durante los y 90, pero no pudieron superarla. Desde fines de los , aparecieron graves síntomas de deterioro que se agravaron en los 90 (crisis financiera de 1987, decadencia japonesa, crisis mexicana de 1994-95 ...) culminando en la catástrofe de 1997: a partir de allí el sistema global entró en una zona de turbulencias.

5.Hipótesis de trabajo: Así como la crisis actual debe ser integrada a un proceso más largo (último cuarto de siglo), este último podría ser incluido a su vez en un proceso de larga duración que se inicia con la Primera Guerra Mundial y llega hasta el presente, donde la prosperidad de la economía de mercado ocupa una porción minoritaria (solamente desde mediados de los 40 hasta comienzos de los 70).

Dicho de otra manera, la declinación percibida entre 1973-74 y la actualidad se inscribe dentro de una decadencia mayor. Esta idea podía ser fácilmente aceptada hace tres lustros, pero la euforia neoliberal acompañada por el derrumbe del sistema soviético impuso una imagen muy distorsionada de la realidad histórica, cargada de triunfalismo capitalista, a la que contribuyeron una aplastante estructura de medios de comunicación y sus gurúes.

Estos últimos intentaron instaurar una ideología simplista bañada en «modernismo reaccionario» (Herf, 1993) que compartía con el viejo fascismo el rechazo a los aspectos humanistas y democráticos de las revoluciones burguesas europeas y la adoración de su núcleo tecnológico.

La hipótesis de la reducción incesante de la base territorial del capitalismo pareció quebrarse hacia comienzos de los 90, con el fin de la URSS y su bloque. Occidente en torno de Estados Unidos parecía recobrar el poderío imperial de comienzos de siglo, pero el renacimiento no fue sino una euforia pasajera: la sombra de la decadencia volvió en menos de una década.

El análisis de la dinámica económica del capitalismo debe formar parte de una evaluación más amplia del conjunto de la modernidad burguesa. Hace cerca de dos décadas propuse la hipótesis de la decadencia hegemónica (Beinstein,1981): la civilización occidental decae en el largo plazo pero conservando su hegemonía cultural durante mucho tiempo; esta situación paradójica explica las rupturas exitosas en áreas periféricas del sistema global (e.g. Revolución Rusa) pero también sus limitaciones y fracasos. La erosión de dicha hegemonía abre la posibilidad de nuevas rupturas periféricas, de aprendizajes, de evaluaciones críticas de experiencias apuntando hacia el futuro. La evolución de sistemas vivientes puede ser en ciertos casos entendida por medio del concepto de paedomorfosis («retroceder para saltar mejor»), que Chaunu incorpora acertadamente en el análisis de ciertos procesos históricos (Chaunu, 1981). La crisis-decadencia abre un amplio margen para las tentativas emancipadoras.

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Deuda Externa e Inmigración: El Plan África del Gobierno español profundiza la crisis

Viernes 22 de diciembre de 2006
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El Plan Africa y la inmigración

El nuevo desafío de «los flujos masivos de inmigración ilegal»

por: Agustin Unzurrunzaga*

El Gobierno español ha puesto en marcha el denominado Plan Africa, un plan de acción para el Africa subsahariana. Entre los motivos por los que este ambicioso plan se pone en marcha aparece nombrado, y señalado como un nuevo desafío, el de «los flujos masivos de inmigración ilegal».

El plan se articula en torno o siete objetivos:

+ Contribución al afianzamiento de la democracia.
+ Lucha contra la pobreza.
+ Fomento de la cooperación para regular los flujos migratorios.
+ Participar en el desarrollo de la estrategia de la UE hacia Africa.
+ Reforzar los intercambios económicos y fomentar las inversiones, especialmente en lo relacionado con la seguridad energética y los hidrocarburos.
+ Fortalecimiento de la cooperación cultural.
+ Incrementar la presencia institucional de España.

Y distingue tres categorías de países de especial relevancia: países de interés prioritario (Guinea Ecuatorial, Senegal, Malí, Nigeria, Angola, Namibia, Sudáfrica, Mozambique, Kenia, Etiopía y Mauritania); países de interés específico (Ghana, Camerún, Níger, República de Guinea, Guinea-Bisau, Gambia, Gabón, Tanzania, Seychelles, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe), y países de especial seguimiento (Costa de Marfil, Zimbabwe, Sudán, Chad, R.D del Congo), ¿Y por qué ahora un plan de estas características, cuando una buena parte de los problemas y necesidades que se señalan con relación a Africa son más viejas que la tos? Igual estoy equivocado, pero me da la impresión de que tanto su elaboración como su publica- ción ha sido fuertemente acelerada por los acontecimientos migratorios, por los del otoño pasado en Ceuta y Melilla y por los de esta primavera en Canarias.

¿Y en qué se concreta ese fomento de la cooperación en la regulación de los flujos migratorios? Pues en cuatro propuestas, tres de las cuales tienen que ver con un incremento de los controles y, la cuarta, con un etéreo impulso de medidas tendentes a la integración de los colectivos de inmigrantes, fomentando el papel de las diásporas en el Estado español y en Europa.

Como en otros planes de este tipo, que son formalmente ambiciosos, que abarcan aspectos muy diversos, tales como, en este caso, la difusión de la lengua española en Africa y la participación en el negocio de los hidrocarburos, pasando por la lucha contra el terrorismo, resulta que cuando se aborda el tema de las migraciones siempre se concretan y especifican muchísimo más las medidas de control y represión que las que atañen al campo de los derechos.

La regulación de los flujos migratorios que propone el plan se centra en cómo impedir la llegada de inmigrantes. Ese es su objetivo. Esa es la manera de entender la regulación de los flujos migratorios provenientes de Africa subsahariana que tiene el Gobierno español. Ese es el centro de su política actual y va seguir siéndolo.

En el plano interno, nos dice, se reforzarán las medidas de control de fronteras. En el plano bilateral, se ampliarán los acuerdos de Cooperación Migratoria y Readmisión. Y en el plano mul- tilateral, implicación del conjunto de la Unión Europea en las tareas de control.

Africa ha sido, y me da la impresión de que va a seguir siendo, un continente excluido en el plano migratorio. Está excluida en el plano político-administrativo, pues es el único continente en el que a la totalidad de sus habitantes, provengan de cualquiera de sus más de cincuenta estados, se les exige un visado para entrar en cualquiera de los estados de la Unión Europea. Y la verdad, conseguir un visado de cualquier tipo, de estancia, de estudios, de trabajo para residencia, de reagrupación familiar en Africa, es toda una hazaña, extremadamente costosa y en muchísimos casos imposible.

Está excluida en el plano político ideológico, con ese trabajo de zapa, sectario, hecho por algunos intelectuales y que encuentra eco en algunos políticos, sobre la gran distancia cultural que nos separa y la inintegrabilidad de las personas en los marcos normativos y convivenciales europeos.

El Plan África supone, a mi juicio, en lo que hace a la política migratoria, seguir haciendo lo que hasta ahora se ha hecho, es decir intentar impedir por todos los medios disponibles la entrada de inmigrantes subsaharianos. Supone materializar la política de la raya y el círculo, propuesta en el año 1998 en el Documento Matzka, elaborado bajo la presidencia austriaca de la UE, en el que se concretaban tres círculos concéntricos: países que no generan emigración, a los que se les pide que asuman tareas de control policial a cambio de una cooperación reforzada; países por donde transitan las personas migrantes y tienen escaso control policial debido a sus estructuras económicas débiles, a los que se les exigiría la readmisión de inmigrantes irregulares; y países emisores de emigración, para los que las ayudas para su desarrollo estarían condicionadas a la reducción del número de personas que salen.

El Plan Africa es, en materia migratoria, más de lo mismo, más de todo lo que está en la base de las formas trágicas que ha adquirido en los últimos años la emigración de personas subsaharianas hacia Europa. Por lo que continuará la tragedia, pues en el origen de la misma y en su desarrollo está la política migratoria europea con relación a Africa, y no las mafias y las redes de transporte, que son más bien su consecuencia.

Creo que ésa es una mala política, tanto a corto como a medio plazo, moral y políticamente degradante para quien la practica. Ninguna política de cooperación con Africa impedirá que las generaciones que hoy están en condiciones de emigrar lo hagan. Toda política de cooperación que tenga como objetivo prioritario el impedir la emigración hacia Europa creo que está abocada al fracaso o a la tragedia.

La política migratoria española con relación al Africa subsahariana tiene que cambiar y mucho. Está bien que se abran nuevas embajadas en Malí y en Cabo Verde, pero ello servirá de poco si no se cambian sustancialmente los hábitos y prácticas de todas las embajadas y consulados en materia de visados de estancia, de estudios, de trabajo y de reagrupación familiar.

* Agustin Unzurrunzaga - Representante de SOS Racismo
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Nota de prensa

14 de diciembre de 2006

¿Desarrollo para África o intereses para España?

Intermón Oxfam hace una dura crítica al Plan África y reclama que la cooperación se desvincule de intereses políticos y económicos en la presentación de su informe anual ’La Realidad de la Ayuda 2006-2007’

A pesar del incremento de la ayuda al desarrollo de nuestro país, España sigue en los puestos de cola de los países donantes

Intermón Oxfam ha presentado hoy su informe anual ’La realidad de la Ayuda 2006-2007’ en el que se hace un repaso a la ayuda al desarrollo de España y de los países donantes, así como una dura crítica al Plan Africa presentado por el Gobierno recientemente como una iniciativa para el desarrollo de Africa subsahariana y el control de la inmigración irregular. Según la organización, la incoherencia de políticas del gobierno y la defensa de los intereses españoles ponen de manifiesto que este plan es más una respuesta apresurada a la alarma migratoria, que una apuesta seria por contribuir al desarrollo de la región.

El documento resalta que, mientras la agenda de cooperación oficial ha situado a África como una de sus prioridades, multiplicando recursos y esfuerzos para reducir la pobreza en ese continente, otras políticas gubernamentales trabajan exactamente en el sentido contrario.

Entre ellas cabe destacar que España es el primer exportador de municiones a África subsahariana; sigue canalizando la ayuda al desarrollo hacia países pobres y endeudados a través de créditos que crean más deuda (dos de los países más pobres del mundo, Uganda y Camerún, han devuelto más dinero del que recibieron en ayudas, convirtiéndose en donantes netos de la economía española), y se ha opuesto a la reducción de los subsidios agrícolas en el seno de la Organización Mundial del Comercio, lo que supone una distorsión de las reglas comerciales e impide a los agricultores del sur vivir de su trabajo.

En este contexto, el Plan África y el incremento de actividad diplomática entre España y el África subsahariana (Rodríguez Zapatero fue el primer presidente en 15 años en poner el pie en la región viajando a Senegal durante este mes) se han presentado desde el Gobierno como las bases de una verdadera política exterior española en la región "sin estar condicionada por razones coyunturales".

Sin embargo, el Plan África recoge una batería de propuestas que hacen más referencia a los intereses económicos y políticos de nuestro país que a la necesidad de sacar a Africa de la pobreza. El plan, según recoge el texto del gobierno, atiende a "las necesidades energéticas y de diversificación de fuentes de nuestra economía", a la importancia de asegurar caladeros para el abastecimiento de nuestro mercado y la "actividad de nuestras empresas armadoras de pesca y el sector naviero".

"Tanto la premura con la que el documento fue puesto en marcha, como el escaso margen de tres años para su implementación, hacen pensar más en una respuesta apresurada y espoleada por la llegada de inmigrantes a las costas canarias y su repercusión política, que en un plan de desarrollo integral para la región", afirma Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam durante la presentación del informe.

"Vemos muy positivamente que el gobierno haya situado la cooperación con el continente africano como una prioridad, pero analizando el Plan África uno se pregunta si de lo que se trata es de trazar un plan de España para Africa o un plan de España en África", añade Arpa.

’La Realidad de la Ayuda 2006-2007’ resalta que la atención a intereses comerciales y geoestratégicos que incorpora el Plan África pueden ser legítimos desde el punto de vista de la política exterior española, pero no necesariamente ayudan a los objetivos de desarrollo de la región. Aún más, el documento advierte que la ayuda al desarrollo no puede ser utilizada como moneda de cambio para negociar el control de fronteras y la repatriación de inmigrantes por parte de los países africanos, tal como parecen indicar los distintos acuerdos que el Gobierno español quiere firmar con los países de la región.

"La utilización de la ayuda al desarrollo como moneda de cambio para que los gobiernos africanos levanten vallas, endurezcan controles migratorios o acepten la repatriación de emigrantes es una perversión de la cooperación al desarrollo y es inaceptable", concluye Arpa.

España puede hacer más por África

Durante el año pasado, la ayuda al África subsahariana creció de manera importante, alcanzando los 470 millones de euros y concentrando el 31,6% de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral bruta de nuestro país. Esto significa que esta región duplicó su peso respecto a la media de los años anteriores (15%), acercándose a los porcentajes que caracterizan a los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la ODCE (35%).

A pesar de lo importante de este incremento, la mayor parte tiene su origen en las operaciones de cancelación de deuda externa a los países de la región. Si quitamos el alivio de la deuda, la AOD para África subsahariana no registra crecimiento en 2005 con respecto al año anterior. Este dato lleva a cuestionar la sostenibilidad de este giro de tendencia, ya que las condonaciones de deuda dependen de acuerdos internacionales y su destino varía cada año entre países y regiones. El informe recuerda que ya en la cumbre de Monterrey los donantes se comprometieron a que los fondos liberados por el alivio de la deuda serían adicionales y no sustitutivos de los compromisos de AOD.

Otro motivo de preocupación es la utilización de créditos FAD para la ayuda al desarrollo de la región. En 2005, doce países de Africa subsahariana reembolsaron a España por este concepto un total de 19,1 millones de euros. A excepción de Cabo Verde y Gabón, todos ellos forman parte de la iniciativa Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), es decir arrastran altos niveles de deuda y todos (excepto Gabón) son considerados Países Menos Adelantados por la ONU.

La AOD Española despega pero todavía no vuela

2005 es el primer año de ejecución del Plan Director 2005-2008, es decir, los primeros presupuestos que plasman sobre la práctica las orientaciones impulsadas por el actual gobierno a la AOD.

La ayuda al desarrollo de nuestro país experimentó durante el 2005 uno de los mayores incrementos de su historia y creció en términos absolutos en un 22,3%, pasando de los 1.985 millones de euros en 2004 a los 2.428 millones del año pasado, lo que supone pasar del 0,24% al 0,27% de Producto Nacional Bruto (PNB). Es importante destacar, también, que España ha duplicado los recursos destinados a la ayuda humanitaria hasta alcanzar los 108 millones de euros.

A pesar de este espectacular avance en las cifras, España tiene aún un largo camino por recorrer para ocupar el lugar que le corresponde dentro de los países donantes. España sigue situada entre los países de la Unión Europea que realizan un menor esfuerzo relativo con respecto al PNB, y en el seno del CAD ocupa el 18º lugar (junto con Nueva Zelanda) del total de los 22 países donantes.

Al igual que otros donantes, España basa el aumento de su ayuda en la condonación de la deuda: el 20% del total de la AOD española en 2005 corresponde a las operaciones de cancelación de deuda externa (502 millones de euros). Si descontamos las operaciones de deuda, la ayuda al desarrollo de nuestro país tan sólo habría crecido en 102 millones de euros entre 2004 y 2005, es decir el incremento sería de tan sólo un 5,6%. La partida de deuda desvirtúa, además, la orientación geográfica de la ayuda. En 2005, ninguno de los tres principales receptores de la ayuda (Irak, Madagascar y República del Congo) son países prioritarios para la cooperación española.

El reto: crecer con calidad

’La Realidad de la Ayuda 2006-2007’ vuelve a recordar la necesidad de poner fin a la ayuda ligada a la contratación de bienes y servicios de empresas españolas como fórmula de ayuda al desarrollo. Mientras sigue sin abordarse su comprometida reforma, el año pasado nuestro país aprobó 32 proyectos por valor de 641 millones de euros a cargo de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). La distribución geográfica de los créditos FAD muestra una concentración de éstos en países y proyectos de interés comercial de España, pero no en aquellos considerados relevantes para la ayuda española. La canalización de este tipo de créditos hacia países pobres con altos niveles de endeudamiento resulta especialmente grave e incoherente, ya que España contribuye así a hacerles incurrir en nuevas deudas.

En 2005, los casos de Camerún y Uganda llegaron al extremo de reembolsar a España en concepto de devolución del FAD más fondos que los que recibieron en concepto de AOD. Camerún, que sólo alcanza a dedicar un 1,2% de su PIB al presupuesto sanitario, reembolsó a España en 2005 hasta 4.526.034 euros.

El principal reto de futuro para el Gobierno es crecer mejor. Para ello, es imprescindible abordar unas reformas en la cooperación española que se están haciendo esperar demasiado. La Agencia Española de Cooperación Internacional debe ampliar su capacidad de gestión y flexibilizar su estructura para agilizar sus operaciones. Una respuesta a la altura de los desafíos de la cooperación española requiere, también, finalizar e implementar la estrategia hacia organismos multilaterales y la estrategia de acción humanitaria.

Contexto internacional: la deuda infla las cifras de ayuda

A nivel internacional cabe destacar el incremento de la ayuda al desarrollo de los países donantes que alcanzó en 2005 un total de 106.367 millones de dólares, lo que supuso un 31,4% de aumento respecto al años anterior. La contribución de los países donantes de la Unión Europea se incrementó en casi un 28%, representando un 0,44% del PNB combinado. Sin embargo, al igual que ocurre con el caso español, la mayor parte de esta subida se debe a operaciones de alivio de deuda externa. Si eliminamos esta partida del cómputo, el crecimiento de la AOD del conjunto de los 22 países donantes en 2005 se reduce al 8,7%.

Cuando nos acercamos al ecuador del cumplimiento de los ODM, las Naciones Unidas han advertido que, al ritmo actual de incremento de recursos, no se alcanzarán los ODM en 2015 a menos que los donantes dediquen unos 20.000 millones de dólares más al año.

Un año más los países que lideran el esfuerzo en AOD son Noruega, Suecia, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca, que superaron la meta del 0,7%.

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JEFATURA DEL ESTADO (BOE n. 293 de 8/12/2006)

LEY 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa.

Rango: LEY
Páginas: 43049 - 43053

TEXTO ORIGINAL

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las situaciones de endeudamiento insostenible suponen un lastre a las posibilidades de desarrollo de numerosos países. Tras más de dos décadas de convivencia con esta realidad, parece claro que no se ha llegado a soluciones efectivas, a pesar de que se han propuesto distintas iniciativas para afrontar este problema, lo que ha aumentado la magnitud de la situación, haciendo inviable en muchos países, especialmente aquellos más pobres, cualquier estrategia eficaz de desarrollo.

Por esta razón la demanda de una salida efectiva al endeudamiento de dichos países ha constituido el centro de una de las más amplias movilizaciones de la sociedad civil de los últimos años, congregando a un amplio espectro de organizaciones tanto del Norte como del Sur.

A pesar de que la comunidad internacional ha seguido preocupada por la deuda externa de los países en vías de desarrollo y por el establecimiento en los países acreedores, de mecanismos para su gestión que favorezcan el desarrollo -de ello es ejemplo el denominado Consenso de Monterrey -y de que la sociedad civil ha continuado reivindicando la adopción de medidas que liberen a los países afectados de esta gran carga, lo cierto es que son muchos los que todavía siguen destinando un mayor volumen de recursos al servicio de la deuda que a educación y sanidad.

En respuesta a esa demanda el G-8 en Colonia en junio de 1999, acordó poner en marcha una política más ambiciosa para el alivio de la deuda de los países pobres altamente endeudados (HIPC en sus siglas inglesas) adoptada en 1996, que es lo que hoy se denomina HIPC II. La iniciativa HIPC, en su versión inicial y reforzada ha supuesto un importante alivio para los países en desarrollo beneficiarios de la misma. Sin embargo la experiencia acumulada desde su puesta en marcha demuestra que incluso estos esfuerzos pueden no ser suficientes para dar una solución definitiva al problema de la deuda externa de estos países.

Por ello, no es casual que en la Declaración del Milenio, fruto de la Cumbre del Milenio celebrada en el año 2000, los dirigentes mundiales se comprometiesen a unir sus fuerzas para lograr que, en 2015, se cumpliesen 8 objetivos y 18 metas concretas, entre las que figuran, como objetivo 8, «Fomentar una asociación para el desarrollo» y, por otra parte, como meta 15, «Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo». Este compromiso de la comunidad internacional obliga también a España a actuar de una forma más activa en la gestión de la deuda externa.

Por otra parte, y aun cuando se logre ofrecer soluciones al endeudamiento acumulado, es preciso evitar la propensión a un endeudamiento insostenible para evitar que, desde una perspectiva financiera, se den situaciones de riesgo moral, selección adversa y falta de disciplina macroeconómica.

En el caso de España, los tratamientos de la deuda externa son relativamente recientes incorporándose al Club de París como miembro permanente a principios de los . La evolución posterior ha supuesto un aumento tanto en el monto total de la deuda, como en el porcentaje condonado, si bien ha dejado traslucir también ciertas debilidades.

Consciente de la necesidad de solventar las mismas y de la importancia del problema, España tiene la posibilidad, por tratarse de una cuestión de implantación reciente, de hacer uso del amplio abanico de opciones disponibles y de la enorme potencialidad de las mismas para integrar instrumentos y enfoques sobre el tratamiento de la deuda externa.

En suma, resulta obligado que España adopte una política de gestión de deuda externa cada vez más sólida y responsable, solidaria con los países en desarrollo e integrada en el marco multilateral internacional.

Medidas que, en todo caso, deberán estar inspiradas en los principios de coordinación multilateral y condicionalidad -como forma de garantizar la efectividad de las medidas- coordinación interna, transparencia y adaptación a las necesidades de desarrollo de los países deudores. En este sentido se dará especial protagonismo a la participación de los países deudores, incluyendo su sociedad civil, en el diseño de las soluciones a sus problemas de sostenibilidad. Asimismo, se dará especial importancia a la prevención de los problemas de sobreendeudamiento, tal y como ha sido contemplado por el Consenso de Monterrey.

En un subcomité del Consejo de Cooperación, órgano previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se ocupe específicamente de temas de deuda, se analizarán todas las cuestiones relativas a los problemas de sobreendeudamiento externo, incluyendo aspectos relativos al origen de la deuda (carácter democrático de los gobiernos que la contrajeron y uso dado a la misma).

En la gestión de la deuda externa se prestará especial atención a los criterios de coherencia entre los Ministerios de Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y Cooperación e Industria, Turismo y Comercio.

Por último, deben constituir también elementos decisivos en el tratamiento de la deuda externa la creación de los instrumentos necesarios que garanticen el efectivo control parlamentario de la política adoptada por el Gobierno en esta materia, asegurando, no sólo su coincidencia con los objetivos de la cooperación internacional, sino también la transparencia de los datos y cifras sobre la misma.

Al mismo tiempo, el importante grado de sensibilización de la sociedad española en torno al problema de la deuda externa, hace aconsejable que se arbitren los mecanismos necesarios para asegurar la participación de la sociedad civil en esta materia, a través de los órganos previstos en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Artículo primero. Objeto de la ley. Concepto de deuda externa.

1. La presente Ley tiene por objeto la determinación de los principios y la regulación de los instrumentos en los que ha de fundarse y desarrollarse la gestión de la deuda externa que España ostenta como acreedora.

2. El objetivo de la presente Ley es que la gestión de la deuda externa española esté vinculada con la política de cooperación española, conforme a las prioridades y estrategias del Plan Director de la Cooperación Española, se integre activamente en el marco multilateral internacional, sea solidaria con los países en desarrollo y consistente con la política de la Hacienda Pública.

3. La deuda externa a la que hace referencia esta Ley es la que se deriva de los créditos bilaterales concedidos en términos concesionales por el Estado español con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), así como para la deuda soberana con origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE), así como cualquier otro mecanismo de crédito al exterior.

Artículo segundo. Competencias en materia de deuda externa.

La competencia en la gestión de la deuda externa que España ostenta como acreedor corresponde al Ministerio competente por razón de la materia, de acuerdo con la estructuración de los Departamentos ministeriales vigente en cada momento. En caso de modificación de dicha estructuración, la competencia se entenderá atribuida automáticamente al Ministerio a quien, a resultas de la misma, corresponda.

Artículo tercero. Principios rectores de la política española de gestión de deuda externa.

La política española se inspirará en los siguientes principios:

a) Respeto a la estabilidad financiera y de las obligaciones contractuales. Dado que en condiciones normales el endeudamiento externo es un instrumento de financiación al desarrollo que contribuye a paliar la ausencia de recursos internos y permite acometer inversiones de otro modo imposibles, el principio general de actuación de la política de gestión de la deuda externa debe ser el de respeto de las obligaciones contractuales y de estabilidad en las relaciones financieras. Solo se requerirán actuaciones excepcionales en los casos en que el sobreendeudamiento frene el desarrollo del país deudor.

Cooperación al desarrollo. Las medidas en materia de deuda exterior se adaptarán a las necesidades de desarrollo de los países deudores y serán proporcionadas a los problemas financieros de éstos. Estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento y, dentro de ellos, a los que sean prioritarios para la cooperación española.

c) Coordinación interna. La política española de gestión de deuda será consistente con la política presupuestaria española y estará vinculada con la política española de cooperación al desarrollo. La coordinación será continuada entre el Ministerio de Economía y de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y se extenderá, caso a caso, a los Ministerios que resulte conveniente. En concreto, el tratamiento de la deuda externa se considerará como una de las actuaciones prioritarias de cooperación financiera dentro de los Planes Directores de la Cooperación Española.

d) Coordinación multilateral. La política española de gestión de la deuda externa será consistente con los compromisos asumidos en el marco multilateral y estará coordinada con las Instituciones Internacionales relacionadas. España optará preferentemente respecto a los países más empobrecidos y endeudados por la atribución de tratamientos concesionales hasta los niveles más ventajosos permitidos por la legalidad vigente y el marco multilateral.

e) Condicionalidad. España se asegurará de que sus actuaciones de deuda exterior sean acompañadas por políticas del país deudor tendentes a solucionar los desequilibrios que les condujeron a una situación de endeudamiento que requiera tratamientos excepcionales. Se prestará especial atención a que los países beneficiarios de tratamientos de deuda se comprometan de forma expresa y verificable a reducir el nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país, a progresar significativamente en el respeto de los derechos humanos, a perseguir el crecimiento económico sostenible y el bienestar y el pleno desarrollo social y humano de sus pueblos y a la conservación del medio ambiente.

f) Las actuaciones en materia de deuda externa dirigidas a los países de origen de los flujos migratorios que recibe España deberían incluir fórmulas de participación de los propios migrantes, de modo que puedan contribuir al desarrollo de sus países.

g) Estos principios se complementan con los generales relativos a la actuación administrativa, de transparencia y control parlamentario, así como la participación de la sociedad civil. Esta última se realizará en el Consejo de Cooperación, órgano previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Artículo cuarto. Instrumentos de gestión de la deuda externa.

1. Los instrumentos principales de la política de gestión de la deuda externa son los siguientes:

a) Las reestructuraciones, aplazamientos y moratorias de los vencimientos de deuda.

Las condonaciones de deuda.

c) Las aportaciones a fondos para la reducción de la deuda de los países en vías de desarrollo contraída con las Instituciones Financieras Multilaterales.

d) Las operaciones de conversión de deuda externa por desarrollo humano con inversiones públicas y privadas en función de las prioridades del país receptor. Dentro de estas operaciones se promoverán entre otras medidas, la constitución de fondos de contravalor que vinculen los recursos liberados a la inversión en programas de lucha contra la pobreza.

e) Las operaciones de recobro anticipado, titulización de deuda y venta de deuda.

f) Cualquier otro que contribuya a la consecución de los objetivos que se pretenden con la presente Ley, incluyendo los mecanismos que permitan la prevención del sobreendeudamiento.

2. Las condiciones, modalidades y términos de uso de los instrumentos anteriores serán consistentes con el contexto multilateral.

3. Junto a los instrumentos señalados, se fomentarán los proyectos de fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción y buen gobierno que traigan estabilidad y las condiciones necesarias para generar crecimiento económico y desarrollo humano en los países en desarrollo. Además, los estados receptores de ayuda deberán implementar políticas de servicios e inversión pública que disminuyan las desigualdades sociales y avancen en la redistribución de la riqueza.
Artículo quinto. La conversión de deuda.

España promoverá un ejercicio eficiente de la política de conversión española, coherente con las demás actividades de política de cooperación al desarrollo y consistente con el marco del sistema financiero internacional.
La política española de conversión de deuda se guiará por los principios generales de gestión de la deuda externa y, junto a ellos, por los criterios siguientes:

1. La conversión de deuda será consistente con el marco de actuación acordado en el ámbito multilateral.

2. Los programas de conversión se dirigirán a la promoción de inversiones y proyectos que promuevan el desarrollo de los países beneficiarios, en los sectores que éstos consideren prioritarios, de acuerdo con el principio de soberanía local del proceso de desarrollo. Para ello se fomentará, en primer lugar, la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local, al objeto de que las operaciones de conversión de deuda maximicen el impacto de desarrollo en los países beneficiarios.

3. Los países beneficiarios de la conversión de deuda serán países con problemas financieros de sobreendeudamiento en coherencia con las indicaciones del Plan Director de cooperación y sus planes anuales.

4. Los países beneficiarios de la conversión de deuda deberán mantener relaciones financieras regulares con España y con la comunidad internacional en general.

5. La firma de un programa de conversión deberá quedar vinculada con la política de cooperación mantenida por España con respecto al país beneficiario.

6. Los programas de conversión deberán ser consistentes con el marco presupuestario español.

7. En las diferentes estructuras de decisión y gestión de los recursos disponibles a partir de operaciones de conversión de deuda, se propiciará la participación de la sociedad civil de España y del país beneficiario, que serán seleccionadas de acuerdo a los criterios de experiencia en el país, transparencia y representatividad.

Artículo sexto. Mecanismos para la aplicación efectiva de los tratamientos de deuda.

Los tratamientos de deuda que se acuerden conforme a los principios enunciados por esta Ley se instrumentarán mediante los mecanismos que quedan enmarcados en lo establecido por la legislación vigente, con objeto de garantizar la aplicación efectiva de estos tratamientos.

En este sentido los instrumentos contemplados en el artículo cuarto de la presente Ley son compatibles con la legislación vigente y servirán de vehículo para el tratamiento activo de la deuda externa.

Artículo séptimo. La gestión de la deuda externa y la cooperación al desarrollo.

1. El Plan Anual de Cooperación establecerá para cada año los objetivos y las actuaciones previstas para la gestión de la deuda externa, de acuerdo con los principios e instrumentos establecidos en la presente Ley, así como en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, especificando países y sectores de intervención en el caso de programas de conversión de deuda, así como los montos previsiblemente afectados a las operaciones en condiciones normales, excluyendo crisis financieras o humanitarias imprevistas.

2. En la determinación del Plan Anual se tendrá en cuenta la producción de catástrofes naturales o graves crisis humanitarias en los países deudores, siempre de acuerdo con los principios e instrumentos establecidos en la presente Ley. Asimismo, deberá priorizar las políticas de tratamiento de deuda en función de la capacidad de pago de los países deudores.

3. La política de gestión de la deuda externa enfocada a los aspectos de cooperación al desarrollo se tratarán en la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, con el objetivo de armonizar las distintas prácticas sectoriales relativas al tratamiento de la deuda externa, dándoles una coherencia de conjunto dentro de los objetivos de cooperación al desarrollo española y posibilitando la coordinación de toda la información disponible.


Disposición adicional primera.

El Gobierno, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, informará en los primeros treinta días hábiles de cada ejercicio presupuestario a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados acerca de las líneas y estrategias principales en materia de gestión de la deuda externa y remitirá cuantos datos soliciten los Grupos Parlamentarios y aquellos que sean necesarios para determinar con exactitud la cifra total de la deuda externa española de carácter bilateral, así como su naturaleza, composición y los países que resulten ser deudores del Estado Español, así como los datos referidos a la política prevista de tratamiento de la deuda externa.

Entre otros datos, la información facilitada por el departamento competente relativa a la deuda externa española deberá incluir: recursos públicos utilizados; objeto del contrato; fechas y razones de los impagos; importes pagados y pendientes; deuda reestructurada y no reestructurada; deuda por países y áreas geográficas; desglose de la deuda en sus distintas categorías; número de acuerdos firmados por España en el Club de París y características de esos acuerdos.

Para la presentación de dichos datos, el Gobierno comparecerá ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo previa remisión de los mismos a los distintos Grupos Parlamentarios. En la información que se facilite, se especificará asimismo la posición que vayan a mantener o hayan mantenido los representantes españoles ante los organismos multilaterales con competencias en materia de deuda externa.

Asimismo, comparecerán ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, previo acuerdo de ésta, cuantas personas expertas estimen oportunas los Grupos Parlamentarios, en las fechas inmediatamente posteriores a la remisión de los datos y siempre dentro del primer período de sesiones del año.

Disposición adicional segunda.

El Gobierno intensificará su participación en el diseño de las políticas para el tratamiento de la deuda en las instituciones financieras multilaterales o en cualesquiera otros foros de decisión con el objetivo de jugar un papel muy activo y destacado en la escena internacional con el fin de compatibilizar la gestión de la deuda externa mediante los instrumentos contemplados por esta Ley con la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Asimismo, adoptará una posición explícita y comprometida ante las iniciativas internacionales relativas a la deuda externa, especialmente, en lo que se refiere a la creación de mecanismos de prevención de nuevas crisis de sobreendeudamiento o a la constitución de instancias de arbitraje, que traten las posibles situaciones de impago, garantizando al mismo tiempo, un reparto equitativo de los costes del ajuste para acreedores y deudores.

Disposición adicional tercera.

El Gobierno remitirá al Consejo de Cooperación previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la información contemplada en la Disposición adicional primera de la presente Ley, cuando así lo solicite el mencionado órgano consultivo y de participación.

Disposición adicional cuarta.

La dotación del Estado al Fondo de Ayuda al Desarrollo, se incrementará en el año 2006 en 528 millones de euros, adicionales a los establecidos en el artículo 55 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

Como consecuencia de lo indicado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones adicionales con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, por el indicado importe. Inicialmente esta cantidad se destinará a la constitución de un Fondo Fiduciario desde el que a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a propuesta de la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo, se financiarán aportaciones futuras a Fondos y Programas pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas o cualquier otro Organismo de carácter público y multilateral con los que España suscriba el oportuno convenio o acuerdo de financiación.

Disposición adicional quinta. Concesión de suplemento de crédito.

1. Para hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en la disposición anterior, se concede un suplemento de crédito al Presupuesto en vigor de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Turismo y Comercio»; Servicio 06 «Dirección General de Comercio e Inversiones»; Programa 431.A «Promoción comercial e internacionalización de la empresa»; Capítulo 8 «Activos financieros»; artículo 87 «Aportaciones patrimoniales»: concepto 871 «Al Fondo de Ayuda al Desarrollo», por importe de 528 millones de euros.

2. El anterior suplemento de crédito se financiará con los reintegros que efectúe el Consorcio de Compensación de Seguros provenientes de recobros anticipados de la deuda externa percibidos en el ejercicio 2006.

3. La disposición del suplemento de crédito dotado en el apartado 1, queda condicionada al ingreso de los recursos que lo financian en el Tesoro Público.


Disposición transitoria primera.

El Gobierno presentará en las Cortes Generales, para su tramitación y, en su caso, aprobación en la presente Legislatura, un Proyecto de Ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Disposición transitoria segunda.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno presentará en la Cámara un plan para renegociar y, en su caso, cancelar la deuda soberana de los Países Altamente Endeudados (HIPC) con origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, así como la deuda FAD de dichos países contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2003, dentro del marco de los acuerdos del Club de París.

Disposición transitoria tercera.

El Gobierno presentará en las Cortes Generales, para su tramitación y, en su caso, aprobación en la presente legislatura, un Proyecto de Ley que reformule la regulación de los créditos CESCE para minimizar su impacto en la generación de deuda.

Disposición transitoria cuarta.

Con objeto de dejar de contabilizar aquellas operaciones de deuda externa que no deban computarse como AOD una vez alcanzada la cifra del 0,7% del PIB, el Gobierno presentará ante los Organismos Internacionales las iniciativas oportunas.


Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.


Disposición final primera.

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias, incluidas las relativas al régimen económico y financiero.

Disposición final segunda.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 7 de diciembre de 2006.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Asamblea General

8 de junio de 2001


Resolución aprobada por la Asamblea General

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/383/Add.2)]

55/255. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

La Asamblea General,

Recordando su resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en la que decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar, si procedía, la posibilidad de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, incluso por mar,

Recordando también su resolución 54/126, de 17 de diciembre de 1999, en la que pidió al Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional que prosiguiera sus trabajos, de conformidad con las resoluciones 53/111 y 53/114, de 9 de diciembre de 1998, y que intensificara esa labor a fin de terminarla en el año 2000,

Recordando además su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, en la que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que entraña que los Estados también tienen derecho a adquirir armas para defenderse, así como el derecho de libre determinación de todos los pueblos, en particular de los pueblos sometidos a ocupación colonial o a otras formas de ocupación o dominación extranjera o foránea, y la importancia de la realización efectiva de ese derecho,


1. Toma nota del informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional sobre su 12º período de sesiones1 y elogia al Comité Especial por la labor realizada;

2. Aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que figura como anexo de la presente resolución, y lo declara abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York;

3. Insta a todos los Estados y las organizaciones económicas regionales a que firmen y ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, a fin de lograr su rápida entrada en vigor.

101a. sesión plenaria
31 de mayo de 2001

Anexo

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo, Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz,

Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para prevenir y combatir esos delitos,

Han acordado lo siguiente:

I.Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por “arma de fuego” se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

Por “piezas y componentes” se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;

c) Por “municiones” se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;

d) Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito;
ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o
iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho interno;

e) Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f) Por “localización” se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:

a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la participación en él como cómplice; y

La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 6

Decomiso, incautación y disposición

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II.Prevención

Artículo 7

Registros

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá:

a) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.

Artículo 8

Marcación de las armas de fuego

1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte:

a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;

Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de ésta, y permita asimismo a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c) Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.

2. Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9

Desactivación de las armas de fuego

Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desactivación:

a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;

Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda, las medidas de desactivación a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;

c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.

Artículo 10

Requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito

1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones; y

Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.

3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el país de importación, el destinatario final, una descripción y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con antelación.

4. El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que le hayan sido enviadas.

5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.

6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11

Medidas de seguridad y prevención

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:

a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito a través de su territorio; y

Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12

Información

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente para cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:

a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos;

c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; y

d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.

4. Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.

5. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13

Cooperación

1. Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.

3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 14

Capacitación y asistencia técnica

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15

Corredores y corretaje

1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:

a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;

Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o

c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.

2. Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.

III.Disposiciones finales

Artículo 16

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 18

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 19

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

El Gobierno tendrá en cuenta los derechos humanos al autorizar las ventas de armas

Una nueva ley consagrará la obligación de informar al Parlamento sobre las exportaciones

MIGUEL GONZÁLEZ (ENVIADO ESPECIAL) - Istok

EL PAÍS
- España -

29-12-2006

El Gobierno "deberá tomar en consideración", a la hora de autorizar, denegar, suspender o revocar las licencias de exportación de armas y material de doble uso, civil y militar, las violaciones de derechos humanos en el país de destino o la posibilidad de que estas ventas sirvan para perturbar la paz o la estabilidad. Sin embargo, estos factores no serán determinantes, pues también se tendrán en cuenta otros, como "los intereses generales de la defensa nacional y de la política general del Estado". Así figura en el anteproyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, viernes, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El anteproyecto es consecuencia del acuerdo unánime aprobado por el Congreso el 13 de diciembre de 2005, que instaba al Gobierno a remitir al Parlamento, en el plazo de un año, un texto que elevara a la categoría de ley la actual normativa sobre transferencia de material militar, policial y de doble uso y garantizara la transparencia en la información oficial sobre este tipo de ventas. El acuerdo parlamentario reclamaba además garantías de que el procedimiento de autorización de estas operaciones "se base en la aplicación estricta y la interpretación escrupulosa de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportaciones de armas".

El texto elaborado por el Gobierno no es tan taxativo. Su artículo 12 señala que la autorización o denegación de licencias "deberá tener en consideración la existencia de indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, o puedan vulnerar los compromisos internacionales de España".

Este listado se corresponde con las directrices del Código de Conducta aprobado por la UE en junio de 1998, a pesar de lo cual el artículo lo cita a continuación como criterio a tener en consideración, al igual que las contenidas en el documento de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) sobre armas pequeñas y ligeras de noviembre de 2000. Pero no son factores determinantes, pues han de ponderarse junto a otros como "los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado". La revocación de una licencia de exportación sólo es automática, según el mismo artículo, "si se incumplieran las condiciones a las que estuvieron subordinadas y que motivaron su concesión o cuando hubiere existido omisión o falseamiento de datos por parte del solicitante".

Tal como preveía el acuerdo parlamentario, la ley consagra la obligación del Gobierno de enviar semestralmente al Congreso las estadísticas sobre exportaciones de armas y la del secretario de Estado de Comercio de comparecer anualmente ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las mismas. Respecto al detalle que deben tener dichas estadísticas, uno de los caballos de batalla de los últimos años, el acuerdo del Congreso señalaba que el proyecto de ley debía dar "indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe oficial [...] y que debe estar en consonancia con las mejores prácticas en materia de transparencia de otros países de la Unión Europea".

El artículo 11 del proyecto señala, por su parte, que la información facilitada al Congreso deberá indicar, "al menos, el valor de las exportaciones por países de destino y categorías de productos, las denegaciones efectuadas, los cambios legislativos y las actuaciones españolas en los regímenes internacionales relacionados". Se trata de la misma información que ya se remite actualmente al Congreso, salvo en el caso de las denegaciones, pues ahora sólo se facilita su número y del texto podría deducirse que en el futuro se deberá ofrecer información más detallada. No se informará, en todo caso, sobre las operaciones concretas autorizadas y menos con carácter previo, como reclamaban algunos grupos.

La concesión de las licencias seguirá en manos de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu), integrada por representantes de los departamentos de Industria, Asuntos Exteriores, Defensa, Economía e Interior, "con categoría mínima de director general". Sus informes serán no sólo preceptivos sino también vinculantes, algo a lo que se opuso Defensa durante la elaboración del texto.

Las resoluciones serán dictadas por el secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, salvo las relativas a armas o productos de doble uso introducidos en zonas o depósitos francos, que corresponderán al director de Aduanas de la Agencia de Administración Tributaria. La Administración podrá retener el armamento en tránsito por territorio español por las mismas razones que llevarían a denegar su exportación (agravamiento de conflictos, violación de derechos humanos, intereses generales de la defensa nacional, etc.).

Para poder exportar o importar este tipo de material será preciso estar inscrito en el Registro Especial de Operadores, que ya funciona en base a un decreto de 2004. Antes de proceder a la inscripción, "deberá comprobarse si existe algún documento que atestigüe la participación en actividades ilícitas del solicitante u operador o si no está garantizada la capacidad del mismo para un control efectivo" del destino último de sus productos. De la obligación de inscribirse en el registro quedan exentas las policías autonómicas y locales, que deberán pedir no obstante licencia para cada operación concreta.

Adjudicados contratos de cooperación internacional en el sector de la educación a la empresa Inypsa

espacioseuropeos.com
(31/12/2006)

La empresa Inypsa reconstruirá un instituto en Guinea Ecuatorial y formará al personal docente con cargo al programa de Conversión de la Deuda por educación lanzado por el Gobierno español.

Inypsa (Informes y Proyectos, S.A.), figura como una sociedad “de ingeniería y consultoría fundada en 1970, opera en los mercados de medio ambiente, infraestructuras, desarrollo territorial y servicios de gestión”. Según los datos que aporta esa empresa, “hoy, con más de treinta años de historia, INYPSA se configura como una de las grandes empresas del sector, por su crecimiento continuado, su proyección internacional, su capacidad de unir gestión y tecnología, y su solidez financiera, que le ha llevado a cotizar en los mercados de valores de Madrid y Barcelona”.

Fecsa-Inypsa, está afincada en el centro de Madrid, y se constituyó el 4 de junio de 1971, pero en el año 1987 se desvinculó de su empresa matriz. En la actualidad opera como Inypsa.

Esta empresa va a llevar a la práctica otros proyectos en la República Dominicana, con financiación de la Comisión Europea, y “diseñará” materiales educativos para El Salvador, en un proyecto financiado por el BIC (Banco Interamericano de Desarrollo).

La remodelación y la formación de profesores en el instituto de Bata suponen cinco millones de euros y se abonará con cargo al programa de cancelación de la deuda que Guinea Ecuatorial tiene con España desde hace varios años.

La República de Guinea Ecuatorial venía arrastrando una deuda con España que superaba los 15.000 millones de pesetas. Ante la imposibilidad de cobrarla, el entonces ministro de Economía, Rodrigo de Rato y Figaredo, negocio el pago de la misma. El mecanismo siempre es el mismo: además de las continuas regalías de los gobiernos españoles al de Guinea Ecuatorial, especialmente en esta etapa de José Luís Rodríguez Zapatero, se le condona la deuda; después se “reconvierte”, lo que significa que una empresa española, que no pone un solo euro ni arriesga inversión alguna, es “agraciada” con estas concesiones. Por otro lado, ya nos podemos imaginar que de esos cinco millones de euros, el remanente de beneficio es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta los salarios, las escasas cargas sociales y la nula responsabilidad de los así beneficiados.

En la reunión celebrada el 17 de abril de ese año del Comité Binacional Guinea Ecuatorial-España del Programa de Conversión de Deuda por Inversiones de Interés Social, se acordaron, entre otras, la adjudicación de las obras de rehabilitación, equipamiento y puesta en marcha del Instituto Politécnico Modesto Gené de Bata a la empresa Inypsa, y las obras de reforma, demolición y construcción de un edificio de nueva planta, y equipamiento de la Escuela Universitaria de formación de profesorado Martin Luther King de Malabo, en este caso a la compañía Ecuador.

Próximamente, en otra reunión de ese mismo comité, se licitarán las obras de construcción, equipamiento y puesta en marcha del Instituto Politécnico 12 de octubre de Malabo, así como la construcción de un Hospital en Malabo.

O sea, donaciones y donaciones a cargo del erario público español, destinadas a uno de los países con el PIB más alto de África.

http://www.minhac.es/Portal/Areas+Tematica...+Ecuatorial.htm

http://www.minhac.es/Portal/Areas+Tematica...+Ecuatorial.htm

http://cache.ccupm.upm.es/canalUPM/notaspr...2004111202.html

http://www.upm.es/canalUPM/notasprensa/pro...#353,7,Acciones realizadas

http://www.upm.es/canalUPM/notasprensa/pro...t#346,5,Reunión constitutiva

Una sociedad sin alma


Por: Gilles Lipovetsky

Dos importantes legados de este siglo han sido la consolidación de los sistemas democráticos y la tiranía impuesta por los avances tecnológicos. Si al primero se le achaca una desertización de los valores éticos, a los segundos se los acusa de haber excluido a gran parte de la población. El filósofo Gilles Lipovetsky reivindica el papel de la escuela como integrador social.

Nada es más común cuando se habla del Tercer Milenio que evocar el hundimiento de la moral, la crisis de sentido y los valores. La idea, por supuesto, no es nueva, por cuanto reconduce la temática del nihilismo moderno y lo relaciona con la extensión del neoliberalismo y con el individualismo posmoderno. Las lógicas económicas y culturales del universo individualista conducirían ineluctablemente a la guerra de todos contra todos, al cinismo, al egoísmo generalizado, a la degradación de las relaciones sociales, en resumen, a una sociedad sin alma, ni fin ni sentido. No les faltan argumentos a quienes sostienen esta tesis: multiplicación de los casos de corrupción, delincuencia en alza, nuevos guetos urbanos, guerra económica, indiferencia hacia los países del Tercer Mundo. Sin embargo, no sabríamos cómo enfrentarnos a esta visión catastrofista, pues sólo corresponde a una de las caras del individualismo posmoderno, la que yo he denominado individualismo irresponsable. Dos razones de fondo conducen a sopesar la aproximación apocalíptica del mundo contemporáneo. La primera se apoya en el punto de vista radicalmente pesimista que alimenta el miedo al futuro. Si se diaboliza el individualismo asimilándolo a un principio intrínsecamente nefasto, entonces es toda nuestra civilización la que equivale al mal, sin que logremos ver el modo en que nuestras sociedades podrían salir: lo peor está siempre ante nosotros. Nada es más importante en la Europa actual que volver a otorgar el sentido de confianza al futuro justo ahora, cuando se extinguen los grandes sistemas ideológicos. Éste es uno de los desafíos del Tercer Milenio: reencontrar el sentido del futuro histórico, la confianza en la construcción de un porvenir mejor.

Individualismo irresponsable

Debemos avanzar una segunda razón. No es cierto que las democracias posmodernas equivalgan a un desierto de valores. El sentido de la indignación moral no ha desaparecido en modo alguno y nuestras sociedades no cesan de reorganizarse en torno a un núcleo estable de valores compartidos. No estamos en el grado cero de los valores, como testimonia el progreso del voluntariado y de las asociaciones, la lucha contra la corrupción, la adhesión de las masas en favor de la tolerancia, la reflexión bioética, los movimientos filantrópicos, las fuertes protestas que denuncian la violencia sufrida por los niños y los inmigrantes. Si, por una parte, las sociedades posmodernas generan un individualismo irresponsable, por otra, promueven formas de individualismo responsable. De hecho, la extensión del individualismo coincide con un refuerzo de la legitimidad de los valores humanistas y democráticos, así como con una creciente exigencia de transparencia y de responsabilidad individual. Cuanto más se incrementa el poder económico y técnico, más se afirma la exigencia de colocar límites morales a nuestra dinámica prometeica. Se ve mejor así el desafío del porvenir: no excomulgar el individualismo sino hacer que el individualismo irresponsable retroceda en favor del responsable, es decir, de un individualismo que rechace el después de mí el diluvio, que reivindique la autolimitación de su soberanía y que esté atento al respeto de los derechos de los otros. Pero para avanzar en este sentido es verdad que estamos relativamente desarmados. Primero, porque los grandes modelos de emancipación histórica, las principales utopías de la modernidad triunfante, ya no tienen credibilidad. Debido a que los dos modelos de capitalismo que aparecen ante nuestros ojos apenas son divertidos.

Por un lado, el modelo neoamericano, con un paro débil pero con una clase media en declive, con guetos, desigualdades económicas y sociales exacerbadas, una solidaridad y un sistema de salud claudicantes... Por otro, el modelo renano, con el mantenimiento de un sistema de protección social acompañado de un paro generalizado persistente. Ninguno de los dos casos ofrece soluciones como para entusiasmarse.En estas condiciones, la principal cuestión en torno al futuro de nuestras sociedades reside en el modelo de capitalismo y de justicia social que sepamos construir. No se trata de buscar una alternativa al mercado, sino de construir un capitalismo y una democracia justos, o más justos. ¿Qué democracia? ¿Qué mercado? Ninguna otra pregunta es tan crucial en este momento en el que se ahonda de nuevo en las desigualdades sociales. Ya no vivimos una crisis de fundamentos de orden político y económico, vivimos una crisis del vínculo social que se da en las democracias a varias velocidades. La crisis de la integración social por el trabajo, la exclusión y la dualización de las democracias es ahora lo más problemático. Nada es más importante que redefinir la idea de progreso social, repensar lo que debe ser una política de solidaridad en tiempos de mundialización. Tenemos el deber de inventar un nuevo contrato social que concilie los valores individualistas del mercado y la obligación de solidaridad; un nuevo Estado providencia exigido no sólo por su crisis financiera, sino también por los nuevos fenómenos de exclusión que afectan a millones de individuos y que engendran la gran pobreza, el paro de larga duración, a los sin techo... en pocas palabras, al individuo desocializado, privado de futuro.

En este contexto, el Estado providencia no puede ser un simple distribuidor de ayudas oficiales para la vivienda, la sanidad, el fomento del empleo, los jubilados: esto ya no es humanamente suficiente. Tenemos que inventar una nueva filosofía de los derechos sociales a fin de que nadie se quede al margen del camino, que no haya individuos que se conviertan en inútiles sociales, excluidos para siempre. La cuestión de fondo ya no es la explotación económica, sino la exclusión social que la dinámica del mercado y de las nuevas tecnologías tienen el riesgo de reforzar de modo duradero. Por ello debe revitalizarse la idea de derecho social, que no puede definirse solamente como derecho a prestaciones sino como derecho de integración o de inserción en la sociedad. La justicia social en una democracia no puede satisfacerse con convertir a los hombres en asistidos sociales: se debe dar sentido y consistencia a la idea de que todos tienen derecho a participar en la sociedad, de ser útiles a la sociedad, tal como afirma Pierre Rosanvallon en La nouvelle question sociale (Seuil, 1995).

Educar, educar y educar

Es preciso subrayar, en este sentido, el papel fundamental de la escuela. Nos hallamos ante una situación verdaderamente escandalosa. Diversos estudios europeos muestran que una proporción importante de jóvenes (entre el 10 y el 20%) entran y salen del ciclo secundario dominando mal o muy mal los saberes primordiales, que son la lectura y la escritura. Ahora bien, por el hecho de la tertiarización de la economía, de la evolución de los oficios y de las técnicas, es evidente que estos jóvenes serán, de modo mayoritario, excluidos, y quizás de por vida. Esto es inaceptable. A la escuela se le deben imponer obligaciones, forzarla para que permita la adquisición de una base elemental (leer, escribir, contar), si no deseamos que genere futuros excluidos. La escuela debe volver a centrarse en la adquisición de los aprendizajes fundamentales necesarios para toda vida profesional y social, para toda integración en las sociedades postindustriales. Saber leer, escribir correctamente y aprender a expresarse deben convertirse en prioridades nacionales y nada puede excusar el fracaso de la escuela en este sentido. No estamos condenados a este deplorable fracaso inexorablemente: se puede ganar esta guerra si la voluntad política no falla. Este objetivo no es un remake de los comienzos de la escuela republicana o un revisión a la baja de las ambiciones escolares, es un imperativo categórico de la escuela y de la nación para una sociedad que rechaza la idea de que los hombres puedan, el próximo siglo, estar de más.

No es un sustitutivo del alma lo que reclaman las sociedades posmodernas, sino la reafirmación del papel del Estado y de las nuevas políticas de solidaridad, diferenciadas y eficaces. El triunfo del mercado no debe aumentar el papel del Estado, sino volver a centrarlo en sus funciones intrínsecas. Necesitamos una solidaridad inteligente y no solamente una solidaridad generosa si no queremos que el comienzo del Tercer Milenio se semeje a una pesadilla en un universo de riqueza.

La mayoría de las personas fracasan por no haber concebido una idea clara de lo que quieren conseguir. (Walter Atkinson)

OPINION


TRIBUNA LIBRE

De otra propuesta sobre el cambio

MAI RIVAS

DEUDORA aún de la filosofía scheleriana, surge la Sociología del Conocimiento como una brizna de aire fresco en la Alemania de Weimar, como un esfuerzo desde la reflexión para mejorar la práctica político-social. Esa brizna de aire, que permanece en los primeros escritos de su fundador, Karl Mannheim, fue ahogada por el advenimiento de Hitler al poder. La obra de este gran sociólogo de nuestro siglo, a partir de 1933, año en que fue expulsado de la Universidad de Frankfurt por los nazis, tomó un rumbo nuevo, se distanció de las cuestiones epistemológicas en el convencimiento de la necesidad de una planifiación social que salvara a la democracia de diseños autoritarios tan difíciles de erradicar. De esa segunda etapa conservo un libro un tanto amarilleado con la cubierta rota, que me gusta releer de vez en cuando; su título dice así: Libertad, Poder y Planificación Democrática, su trabajo póstumo.

A veces los grandes proyectos perecen con la persona que les dio vida, o se desvirtúan al hacerse realidad; otras, se estancan repentinamente por causas irracionales. Pero no por ello dejaron de ser posibilidades de cambio, utopías que esperan su momento para dejar de serlo. El cambio no es más que otra combinación pendiente de ser puesta en práctica, y es precisamente ahí, en la práctica, donde fallan las propuestas para un mundo mejor, más armónico o más justo, que surgen con cada Ilustración, incluso con la más dudosa de todas ellas: la de nuestra modernidad.

Desde tiempo inmemorial esos intentos están presentes en nuestra Historia, pero muchos de ellos han sido silenciados por el chirrido estridente que cada injusticia, cada involución, produce en la memoria de la Humanidad. Las repetidas quiebras en el lento avance hacia la civilización son heridas que no cicatrizan, que generan nuevos desgarros en el tejido humano y social. De este modo progresa la Historia en una sucesión de acontecimientos de los que a veces sólo queda el profundo vacío de lo que pudo ser; otras, no queda ni siquiera el rastro; poder e Historia se conjuran para borrar las huellas de todo suceso que por noble o lo contrario merezca ser enterrado. Sobre la sangre de los vencidos, sobre sus vestigios, se erigen monumentos para honra y orgullo de los vencedores.

Esa multiplicidad de escombros de los que es testigo la otra Historia, la que remueve, se unen a los avatares de parecido ropaje que cada individuo, cada hombre y cada mujer, ha tenido que silenciar en el período de vida en que fue testigo del espectáculo por excelencia, el de su pequeña Historia, tan real como la otra, aunque menos solemne, menos objetivada. Ese gran iceberg, con su parte oculta, es en su conjunto el bagaje de la Humanidad y lo queramos o no, ahí esperan esos intentos y esos avatares su momento, el de una nueva Ilustración que les devuelva su luz.

Dicen del ser humano que nace y se hace, y es, posiblemente, en ese quehacer donde vamos eligiendo, entre las muchas alternativas, el camino hacia un mundo mejor o más abyecto. Muchas cosas a lo largo de ese recorrido nos hacen pensar que estamos rodeados de muros inexpugnables, que los esfuerzos, el intento de Mannheim como el de tantos otros, son ilusiones vanas, eternas utopías. Esos momentos de desesperanza y escepticismo son el caldo de cultivo para el arraigo de una creencia tan falsa como peligrosa, es el instante de la aparición de los «a priori»; la naturaleza humana, la condición humana es, por esencia, lo que la Historia nos dice de ella. Ni siquiera un pensador como Friedrich Nietzsche, que pretendió asestar un golpe mortal a las verdades eternas, a esos «a priori», pudo sustraerse al hechizo de tales juicios. El mundo, para él, es el escenario de la eterna batalla, presidida por la voluntad de poder, el odio y el resentimiento, Humano demasiado humano, como tituló una de sus obras. Difícilmente pudo encontrar una salida desde este supuesto, porque desde la eterna lucha de todos contra todos no es tarea fácil alcanzar metas más nobles, y mucho menos crear. Nietzsche, como Hobbes, como tantos, no ha podido desprenderse de tan perversa idea, de la que nuestras culturas no se han liberado aún. Si es verdad que lo que pensamos acaba tarde o temprano por hacerse realidad, hay guerra para todos y para largo. El poder desde tales paradigmas tiene ganada su batalla, el miedo y la inseguridad son las armas más poderosas de su estrategia.

Es cierto que los problemas han de resolverse en la práctica, pero no es menos cierto que muchos de ellos tienen su origen en mentalidades que ejercen una poderosa influencia en nuestra praxis. La obra manneheimiana nos enseña, entre otras cosas, a mirar más allá de la apariencia, en las aguas profundas donde se asientan creencias y paradigmas conceptuales que nos impiden ver con claridad; sin ese acto de humildad y de autocrítica es difícil cambiar pautas de conducta y modos de relacionarnos consolidados e institucionalizados. La tarea de Mannheim apunta a lograr mayores niveles de consenso que faciliten un mejor entendimiento entre los hombres, a abandonar dogmatismos y verdades eternas que oscurecen el conocimiento de la realidad, la de todos y para todos. Ahí incide también la Sociología del Conocimiento en el tema del poder, porque la pretensión de objetividad no es otra cosa que su mano negra. Desde Inglaterra, a donde tuvo que emigrar nuestro pensador, pudo contemplar los estragos de lo que su propuesta intelectual pretendió evitar.

A pesar de esos intentos desde la reflexión -en un mundo en que impera la práctica, la que sea- y los muchos que en la misma dirección se producen cada día, es difícil mantener la ilusión del cambio, de que las cosas se tornen más dulces, más armónicas o menos brutales. Es comprensible que practiquemos la miopía como solución pasajera y placentera o que pactemos de vez en cuando con ese diablo que ronronea desde edad muy temprana en unos oídos más que en otros. Cuando la Historia se repite una y otra vez, ¿quién se resiste a pensar que las cosas puedan ser de otra manera? ¿Quién puede mostrarse proclive a admitir que somos tiranizados o engañados constantemente por prácticas que no tienen su origen en ninguna naturaleza humana, sino en mentalidades pérfidamente objetivadas durante siglos? La trampa del poder ha sido siempre la misma, llevar a su pretendido enemigo a situaciones límite, hacerle creer que no hay más alternativa que pactar con él o sucumbir; y la heroicidad -ya lo decía Max Weber-, el ofrecer la otra mejilla, cuando no es santidad es imbecilidad.

Desde luego que a veces se nos enturbia la mirada, que a veces también entornamos los ojos para no ver esa jungla que alardea y se tupe cada día un poco más; pero seguirán en pie los proyectos, continuaremos viendo cómo algunas utopías dejan de serlo para hacerse realidad, suavemente, incluso sin darnos cuenta. Frente a todo abuso del poder surge una resistencia -como nos dice Michel Foucault-. Resistir no es ni pactar ni rendirse, es mantenerse en calma con la mirada más alta para poder apresar esa brizna de aire fresco que nos llega de vez en cuando, es el intento y la ilusión sin fin de lo que es otra alternativa que espera el momento de ceguera y soberbia que a todo poder acaba invadiendo. La corrupción generalizada es uno de los síntomas de que ese tiempo ha llegado; el actuar impunemente, otro.

Estamos en un cálido verano, pero no hay mal que cien años dure -reza el refrán-. Habrá que esperar para sentir de nuevo el frescor que nos libere de temores y engaños, que nos ayude a subir un escalón más, en ese largo camino de la Humanidad hacia un mundo más deseable y más libre. «Algo sopla siempre del deseo al poder», decía mi primer maestro Luis Martín Santos, y es cuando ese soplo logra expandirse, que también progresa nuestra Historia.

Quién sabe si no estamos asistiendo al comienzo de una nueva Ilustración que dé al traste con la tan pesada como ambigua post-modernidad; al fin y al cabo todo periodo de crisis lleva en su núcleo una etapa de superación.

MAI RIVAS es socióloga.

Josep Ramoneda

El País
(12/10/2002)




Fukuyama ha hecho un reset en su ordenador: ha decidido reiniciar la historia. Si en su libro anterior, La gran ruptura, apareció el conservador asustado que quiere poner orden moral en las sociedades poshistóricas, en El fin del hombre reconoce 'un argumento irrefutable' contra sus propias tesis: el fin de la historia no puede darse a menos que se dé el fin de la ciencia. La ciencia parece tener larga vida. La historia sigue. Y Fukuyama cambió de objetivo: ahora nos emplaza al fin del hombre. O al modo de evitarlo.

Acontecimientos como el 11-S, contemplados desde que tiene una visión global de la historia, no son más que pequeñas anécdotas que, según Fukuyama, en ningún modo van a evitar el triunfo de la modernización. Pero sí ponen de manifiesto que la ciencia y la tecnología son los puntos débiles de la civilización occidental triunfante. Orwell no tenía razón. La sociedad de la información, al parecer de Fukuyama, está aportando más libertad que opresión, más autonomía individual que sumisión. No es casualidad que la expansión de las tecnologías de la información haya coincidido con el hundimiento de los sistemas de tipo soviético. En cambio, el diagnóstico de Huxley -El mundo feliz- estaba mejor orientado: la biotecnología puede acercarnos a una situación 'en que los hombres no sean conscientes de su propia deshumanización'. Si la vieja idea de una naturaleza humana común se desvaneciera, las consecuencias serían enormes: la igualdad política se sostiene sobre esta identidad de especie que hace que todos seamos reconocidos como iguales en dignidad.

El fin del hombre es una apelación al debate urgente sobre los límites de la investigación científica y sus aplicaciones prácticas. Fukuyama parte de un principio: no es verdad que no se puedan detener o regular los avances de la tecnología. Como casi siempre ocurre, el liberal se hace intervencionista cuando le entra el miedo. Y afirma que este debate pasa por la política, porque es el Estado el que debe asumir sus responsabilidades.

La ampliación de los conocimientos sobre el cerebro, la neurofarmalogía y la manipulación de emociones y conductas, la prolongación de la vida y la ingeniería genética empiezan a tocar componentes esenciales del hombre. Lo cual exige respuestas institucionales. Y obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus transformaciones. Fukuyama apuesta por una esencia natural del hombre, independientemente de lo que los factores sociales y culturales pesen en la configuración de nuestras maneras de hablar, de trabajar y de desear. Fukuyama no se reprime sus querencias ideológicas: la propiedad privada y la familia forman parte de la naturaleza humana.

Entre los criterios de reglamentación, Fukuyama apunta a la distinción entre terapia y perfeccionamiento. Sería aceptable todo aquello que contribuye a curar a los enfermos y no a convertir las personas en dioses. ¿Pero dónde está la frontera? ¿Cuándo se debe considerar que una actuación biotécnica no modifica sustancialmente la condición humana? Fukuyama teme que la biotecnología conduzca a un conflicto más agudo que los momentos revolucionarios de la lucha de clases.

Si un día las personas con recursos acuden a la biotecnología para crear una clase de 'hijos perfectos' se desencadenará inevitable un conflicto social que puede llevarse por delante cualquier forma de democracia y devolvernos a tiempos despóticos y aristocráticos. El fin de la historia se habría esfumado definitivamente. Fukuyama nos invita a reiniciarla antes que esto ocurra. Dado que la tecnología tiene larga vida, regulemos la continuidad de la historia, salvando al hombre. Para que después Fukuyama pueda darse el gusto de volverla a finiquitar. La pregunta, sin embargo, es otra: ¿realmente las nuevas tecnologías pueden cambiar la naturaleza del hombre? ¿O simplemente nos sitúan ante un grado de responsabilidad de dimensiones desconocidas? Ser libre es elegir. A mayor posibilidad de elección más libertad, pero también más responsabilidad. La cuestión está en superar el vértigo que nos produce afrontar responsabilidades que hasta ahora habíamos delegado en los dioses.



http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/fukuyama.htm


http://usuarios.lycos.es/politicasnet/arti...seguimosfin.htm


http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autores/fukuyama.htm

LA EPIDEMIA MUNDIAL DE SIDA CONTINÚA CRECIENDO

Nuevos datos señalan también que los programas de prevención del VIH obtienen mejores resultados si se centran en llegar a las personas más expuestas y se adaptan a las epidemias nacionales en evolución

Ginebra, 21 de noviembre de 2006 – La epidemia mundial de SIDA continúa creciendo y existen indicios preocupantes de que en algunos países que hasta fechas recientes tenían tasas de infección por el VIH estables o en retroceso éstas vuelven a aumentar. Sin embargo, también se observan descensos en las tasas de infección en algunos países, así
como tendencias positivas en el comportamiento sexual de los jóvenes.

De acuerdo con los datos más recientes que se dan a conocer hoy en la Situación de la epidemia de SIDA 2006 del ONUSIDA/OMS, se estima que actualmente viven con el VIH alrededor de 39,5 millones de personas. En 2006 se produjeron 4,3 millones de nuevas infecciones, de las cuales 2,8 millones (65%) correspondieron a África subsahariana y hubo importantes aumentos en Europa oriental y Asia central, donde se observan algunos indicios de que las tasas de infección han crecido en más del 50% desde 2004. En 2006, 2,9 millones de personas fallecieron como consecuencia de enfermedades relacionadas con el SIDA.

Los nuevos datos indican que en los países donde los programas de prevención no se han sostenido o no se han adaptado a los cambios de la epidemia, las tasas de infección se mantienen estables o vuelven a subir.

En América del Norte y Europa occidental, a menudo los programas de prevención del VIH no se han sostenido y el número de nuevas infecciones se ha mantenido invariable. Del mismo modo, tan sólo en unos pocos países de ingresos bajos y medianos se han reducido verdaderamente las nuevas infecciones. Y en algunos países en los que anteriormente se habían obtenido resultados satisfactorios en la reducción de nuevas infecciones, como es el caso de Uganda, se ha frenado el ritmo de tales avances o incluso están aumentando las tasas de infección.

“Esto es preocupante, ya que como sabemos, hasta fechas recientes la ampliación de los programas de prevención del VIH en estos países había obtenido buenos resultados, y Uganda era un claro ejemplo de ello. Esto significa que los países no están actuando al mismo ritmo de sus epidemias,” ha manifestado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del
ONUSIDA. “Necesitamos intensificar mucho más los esfuerzos de prevención que salvan vidas al tiempo que ampliamos los programas de tratamiento del VIH.”

La prevención del VIH da resultado, pero necesita orientarse y sostenerse

Los nuevos datos que presenta el informe ponen de manifiesto que la ampliación de los programas de prevención del VIH que están orientados y adaptados a las personas más expuestas al riesgo de infección por el VIH están haciendo avances.

A lo largo del pasado decenio, en muchos países con epidemias generalizadas se han producido cambios positivos en el comportamiento sexual de los jóvenes: mayor uso del preservativo, aplazamiento del inicio sexual y menos parejas sexuales. Se observan claros retrocesos en la prevalencia del VIH entre jóvenes en el período de 2000 a 2005 en
Botswana, Burundi, Côte d’Ivoire, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzanía y Zimbabwe.

En otros países, aunque se disponga de limitados recursos puede obtenerse un elevado rendimiento cuando las inversiones se centran en las necesidades de las personas con mayor probabilidad de exponerse al VIH. En China, hay algunos ejemplos de programas orientados a profesionales del sexo que han contribuido a aumentar notablemente el uso del preservativo y a disminuir las tasas de infecciones de transmisión sexual, y los programas dirigidos a consumidores de drogas intravenosas también están consiguiendo mejoras. En Portugal, los diagnósticos de VIH entre este último grupo de población fueron casi un tercio (31%) más bajos en 2005, en comparación con 2001, como resultado de la ejecución de programas especiales de prevención orientados al consumo de drogas y el VIH.

Hacer frente a los desafíos: Conoce tu epidemia

En muchos países, los programas de prevención del VIH no están llegando a las personas más expuestas al riesgo de infección, como los jóvenes, las mujeres y las niñas, los varones que tienen relaciones sexuales con varones, los profesionales del sexo y sus clientes, los consumidores de drogas intravenosas, y las minorías étnicas y culturales. El informe destaca que el problema de las mujeres y las niñas en el contexto de la epidemia de SIDA necesita una atención constante y más acentuada. En África subsahariana, por ejemplo, las mujeres continúan teniendo más probabilidades de infectarse por el VIH que los varones, y en la mayoría de los países de la región son ellas también quienes es más probable que cuiden de las personas infectadas por el VIH.

De acuerdo con el informe, se observan indicios crecientes de brotes de VIH entre varones que tienen relaciones sexuales con varones en Camboya, China, India, Nepal, Pakistán, Tailandia y Viet Nam, así como en toda América Latina, pero la mayor parte de los programas nacionales del SIDA no llegan a atender las necesidades específicas de esas personas. Los nuevos datos disponibles también ponen de manifiesto que los programas de prevención del VIH no consiguen abordar la superposición entre consumo de drogas intravenosas y trabajo sexual dentro de las epidemias de América Latina, Europa oriental y en particular Asia.

"Es imperioso continuar aumentando la inversión en servicios de prevención y tratamiento del VIH para reducir muertes y afecciones innecesarias por esta enfermedad,“ ha declarado el Director Adjunto Interino de la OMS, Dr. Anders Nordström. “En África subsahariana, la región más afectada, ahora la esperanza de vida al nacer es tan sólo de 47 años, lo que viene a ser 30 años menos que en la mayoría de los países de ingresos elevados. "

La Situación de la epidemia de SIDA destaca cómo en diversas regiones, incluidos algunos países de América Latina, el Caribe, Oriente Medio y África del Norte, la insuficiente vigilancia del VIH por lo general significa que las personas que corren mayor riesgo, eso es, los varones que tienen relaciones sexuales con varones, los profesionales del sexo y los
consumidores de drogas intravenosas, no están cubiertas o atendidas adecuadamente por las estrategias de prevención y tratamiento del VIH porque no se conoce lo suficiente su situación y su realidad particulares.

El informe recalca también que los niveles de conocimiento de las relaciones sexuales seguras y el VIH siguen siendo bajos en muchos países. Incluso en países en los que la epidemia tiene un gran impacto, como es el caso de Swazilandia y Sudáfrica, una gran proporción de la población piensa que no corre ningún riesgo de infectarse.

“Conocer la propia epidemia y comprender los factores que la impulsan, como son las desigualdades entre varones y mujeres y la homofobia, es absolutamente fundamental para una respuesta a largo plazo al SIDA. No sólo hay que intensificar drásticamente la acción, sino que ésta debe ser estratégica, orientada y sostenible para asegurar que el dinero llegue a los que más lo necesitan,” ha afirmado el Dr. Piot.

El informe anual Situación de la epidemia de SIDA presenta las últimas tendencias en la epidemia mundial de SIDA. La edición de 2006, que facilita mapas y estimaciones regionales, proporciona las estimaciones más recientes del alcance de la epidemia y del número de vidas que se ha cobrado y examina las nuevas tendencias en la evolución de la
epidemia. El informe está disponible en

www.unaids.org


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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) mancomuna los esfuerzos y recursos de diez organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la respuesta mundial al SIDA. Estos diez copatrocinadores son los siguientes: ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial. Con sede en Ginebra, la Secretaría del ONUSIDA trabaja sobre el terreno en más de 75 países de todo el mundo.

Como autoridad directora y coordinadora del trabajo internacional en el campo de la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) encabeza la respuesta mundial del sector de la salud al VIH/SIDA dentro del sistema de las Naciones Unidas. La OMS proporciona apoyo técnico basado en pruebas a los Estados Miembros para ayudarlos a fortalecer los sistemas de salud con miras a establecer una respuesta exhaustiva y sostenible al VIH/SIDA, incluidos los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo, a través del sector de la salud.

Contactos

Yasmine Topor | ONUSIDA Ginebra | +41 22 791 3501 | topory@unaids.org

Beth Magne-Watts | ONUSIDA Ginebra | +41 22 791 5074 | magnewattsb@unaids.org

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | +41 22 791 1967 | bartonknotts@unaids.org

Iqbal Nandra | OMS Ginebra | + 41 22 791 5589 | nandrai@who.int


http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalu...itzer/sida.html


http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/special_...a_pandemia.html


http://www.bioeticaweb.com/content/view/1268/46/


http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/n...000/2054290.stm


http://www.fao.org/FOCUS/S/aids/aids1-s.htm


http://www.profesionalespcm.org/_php/Muest...lo2.php?id=1390


http://www.undp.org/hiv/publications/issue...sh/issue27s.htm


http://www.lukor.com/not-por/0503/04172624.htm


http://www.prb.org/SpanishTemplate.cfm?Sec...ContentID=12597

«No somos el centro de la tierra»

El antropólogo Emmanuel Todd presenta «La invención de Europa»


ALEX SALMON


BARCELONA.- Europa no es producto de la imaginación de los historiadores o de los investigadores políticos. Es una invención, producto del desarrollo de diferentes tipos de familias que han surgido en el viejo continente desde el siglo XVI. Estas y otras ideas son las que se pueden encontrar en el último libro publicado en España por el antropólogo e historiador francés, Emmanuel Todd, La invención de Europa (Tusquets), que se presenta como novedad en la Feria del Libro.

Sobre el proceso de creación de Europa, este antropólogo considera que no fue razonable. «Los procesos no tienen por qué estar razonados», comenta. Y el ejemplo más concreto lo documenta con la crisis religiosa que supuso para Europa la aparición del protestantismo. «Provocó que la alfabetización llegara a los rincones del centro del continente por la obligación de leer las sagradas escrituras».

Todd apela a los ejemplos. Para él, Europa se ha constituido mezclando la destrucción y la creación. «En ocasiones ha sido un continente sensato y en otras se ha vuelto loco. Pero este balanceo ha marcado la creación de todas las sociedades avanzadas».

El caso más llamativo que Todd aporta sobre esta coherencia en la creación es la del matemático Napier. «Inventó los logaritmos para contar más fácilmente los demonios. En este caso, no existe razonamiento, pero sí invención».

A pesar de escribir básicamente sobre Europa, Emmanuel Todd no se siente europeísta. «No creo que seamos el centro de la tierra. Esa es la sensación que tenemos, pero el resto del mundo no está creado por Europa». En un libro basado en la exhaustiva investigación científica, Todd concede a las tres potencias europeas tres logros: «A Alemania hay que agradecerle la alfabetización; a Inglaterra, la revolución industrial; y a Francia, su continua contradicción».

En ese reparto de conquistas, Todd omite España, pero matiza su similitud con Francia. «Mi país y España son simétricos. No soy hispanófilo, pero considero que los dos países se asemejan muchísimo». El antropólogo añade que los sistemas familiares son iguales «y eso marca sus características».

MINORIAS ETNICAS.- Emmanuel Todd visitó Barcelona invitado por el Instituto Francés para ofrecer una conferencia sobre los micronacionalismos exacerbados y la necesidad de integración de la minorías étnicas. Sobre ello, el autor editó el pasado mes de octubre, en Francia, su último trabajo, El destino de los inmigrados. Asimilación y segregación en las democracias occidentales, que publicará Tusquets el próximo año.

«Es un libro pesimista», afirma Todd con cierta tristeza. «Tanto los turcos en Alemania, como los pakistaníes en Gran Bretaña, como los árabes en Francia han evolucionado de formas distintas, lo que demuestra la diversidad de Europa». Por ello, Todd afirma que, por ejemplo, «Francia tiene un modelo de nación recuperado. Es la nación de la igualdad. En cambio, Alemania busca una nación étnica, por sangre».

MODELO DE NACION.- Ese modelo de nación afecta a los inmigrados que, en muchos casos, tienen que crear su submundo para seguir conviviendo. «Creo que en ello, los países latinos como España o Italia, y también Francia -afirma-, han sido más receptores que el resto de Europa. Por ello, creo que existe un carácter latino muy diferenciado, el de la asimilación».

EE UU ahorcando al mundo


JOAQUÍN VILLALOBOS

EL PAÍS

- Opinión -
05-01-2007

Era pasada la medianoche de un día de mayo de 1989, tal como solían ser siempre las reuniones con el Comandante Fidel Castro. En esta ocasión lo interrumpían constantemente por comunicaciones telefónicas de urgencia. Finalmente me dijo: "Es nuestro embajador en Pekín, la situación en China es sumamente grave, se ha dividido el Gobierno, el partido y las organizaciones de masas; el Ejército se puede fraccionar en cualquier momento". "Deben reprimir de inmediato, si se divide un ejército que posee armas atómicas, no es China lo que estaría en peligro, sino el mundo". Días después, el ejército chino tomó la plaza de Tiananmen.

Ejecutar a Sadam Husein en una fecha simbólica para el mundo islámico, en un lugar siniestro y por verdugos con rostros cubiertos, no lució como la acción de un Gobierno, sino como una venganza igual a las que realizan los grupos terroristas islámicos cuando ejecutan rehenes de países occidentales. Con cientos de miles de iraquíes muertos en tres años y con las condiciones en que fue juzgado y ejecutado Husein, Estados Unidos ha perdido toda ventaja moral en su batalla contra el terrorismo. Esto puede acelerar su derrota militar a manos de una violencia anárquica. La discusión sobre la ejecución de Sadam no es ni jurídica ni ética; el problema es esencialmente político. En la guerra aprendí que enterrar enemigos era sembrar conflictos y que la compasión y el perdón pueden también ser un castigo. La ética de la paz está siempre más ligada a un cálculo práctico sobre el futuro que a juzgar tempranamente el pasado. Errar sobre este punto puede significar una grave injusticia con las futuras generaciones.

La ocupación pudo ser exitosa, pero se condujo como una venganza que desmanteló al Estado iraquí en vez de fortalecerlo. Los norteamericanos actuaron con los reflejos de la finalizada Guerra Fría, buscando enemigos tangibles, organizados, ideológicos y con propósitos definidos; no se percataron de que el terrorismo era una violencia totalmente distinta, atomizada, fanática, anárquica, sin dirección central y sin reglas, pero con gran fuerza social. El resultado final de esta violencia es la fragmentación de la sociedad y la pérdida del monopolio de la fuerza por parte de Estados organizados; lo que los académicos llaman "conflictos postmodernos". Bajo este marco conceptual, la intervención americana al desmantelar el Estado de Irak funcionó en la misma dirección que el problema. Dividió, fragmentó y fanatizó a una parte de la sociedad iraquí contra otra, multiplicando el terrorismo y debilitando la autoridad de muchos Estados en toda la región, cuando la respuesta era construir Estado en sentido integral. Visto así, Sadam era un mal menor que al menos mantenía un Gobierno funcionando.

La mayoría de los conflictos en África, la narco-guerra de Colombia, las pandillas en El Salvador, y la situación en Palestina luego de la muerte de Arafat son ejemplos de conflictos políticos que han derivado en violencia anárquica y procesos de desinstitucionalización. Sin actores organizados y coherentes la paz es extremadamente difícil y, en las condiciones actuales de globalización y pérdida de identidades, los conflictos no resueltos pueden derivar fácilmente en anarquía a nivel de comunidades, países o regiones. El 11 de septiembre provocó una deslegitimación de la violencia contra el orden que abrió posibilidades a los procesos de paz en Sri Lanka, norte de Irlanda e incluso en España. Esos actos terroristas marcaron la frontera entre la violencia como medio y como propósito, obligando a rebeldes de distinto signo a desmarcarse o deslegitimarse. Sin embargo, el fracaso moral, político y militar de la intervención en Irak y la legitimación del terrorismo entre grandes grupos sociales en Asia y África puede oxigenar la violencia contra el orden en lugares donde ésta ya estaba concluyendo.

Estados Unidos alejó el terrorismo de su territorio, pero ha exaltado a minorías de musulmanes que viven en toda Europa, con lo cual este continente podría convertirse en el principal teatro de operaciones del extremismo islámico. La derrota de la derecha española e italiana y el debilitamiento de Blair en Reino Unido ocurren porque los electores ven claramente el peligro del terrorismo en sus propios países. La seguridad británica ha desmontado decenas de conspiraciones terroristas con participación de descendientes de inmigrantes musulmanes nacidos en su territorio. Ahorcando a Sadam, el desarme nuclear de Corea del Norte e Irán son batallas perdidas y otros países árabes, entre ellos Egipto y Arabia Saudí, están iniciando programas de tecnología nuclear. Armas atómicas en un contexto geográfico de múltiples conflictos internos anárquicos casi insolubles son una grave amenaza mundial. El momento que más cerca ha estado el mundo de una guerra atómica fue durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Esa crisis se resolvió gracias al presidente estadounidense John Kennedy y al primer ministro soviético Nikita Kruschev, que actuaron con gran inteligencia y pragmatismo, algo inexistente en los actuales contendientes. Esto puede convertir al terrorismo en la espoleta de una guerra atómica.

Las insurgencias y, en este caso, el terrorismo serán siempre un síntoma, no una solución; son una consecuencia y no una causa. La inteligencia no se demuestra probando que se tiene razón y que tu enemigo es un malo que merece morir. Inteligencia es evitar los conflictos o resolverlos. Desde esa perspectiva cobra fuerza la idea de quienes sostienen que la nueva polaridad del mundo no es entre la izquierda y la derecha o entre cristianos e islámicos, sino entre inteligencia y estupidez.

NAVEGANDO POR LA CIUDADANÍA: DEBATES AFRICANOS EN FOROS ELECTRÓNICOS. EL CASO DE NAMIBIA

Ester Massó Guijarro

lagodesal@yahoo.es

Mesa de trabajo: ÉTICA, POLÍTICA Y TECNOLOGÍA

Resumen

El debate sobre la construcción de identidades ocupa un lugar importante en la filosofía moral y política de nuestros días, así como en las ciencias sociales afines a la misma. En especial, la cuestión de las identidades políticas adopta un matiz crucial en el contexto del continente africano: la identidad política no es susceptible de ser desligada en África de otras realidades, lo que da como resultado una amalgama de cruces identitarios entre adscripciones religiosas, étnicas, regionales, nacionales y de otras índoles. Asimismo, la cuestión de la construcción de los Estados nacionales poscoloniales y, subyacente a ésta, la dialéctica de la identidad, asumen una importancia especial tanto para la vivencia cotidiana de sus gentes cuanto para los desafíos comprendidos por los analistas.

En este panorama y bajo este prisma, se presentará un caso concreto de empleo de las nuevas tecnologías (Internet) para el debate y la (re) construcción nacional en África, a saber, la existencia de una comunidad de foros internáuticos de discusión en torno a temas políticos promovidos por “The Namibian”, el periódico más importante del Estado de Namibia. Se expondrá la variedad de discusiones existentes en estos foros abiertos, la implicación ciudadana namibia en los mismos y, por ende, cómo la tecnología de Internet permite especialmente, en este caso: a) la participación de los ciudadanos en el debate sobre su propia realidad y las implicaciones de la nacionalidad; el conocimiento de estas cuestiones y la participación en las mismas de personas ajenas y lejanísimas a esta realidad, como en este caso representa la autora de esta comunicación; c) la apropiación, por parte de ciudadanos de un país del sur, de un recurso de tecnología punta como es Internet para participar en debates políticos e incluso como plataforma de reclamación, teniendo en cuenta que las redes de Internet no están ni mucho menos equitativamente distribuidas a lo largo del mundo.

1. Obertura: a modo de previo

El debate sobre la construcción de identidades (personales, colectivas, políticas, sexuales…) ocupa un lugar importante en la filosofía moral y política de nuestros días, así como en las ciencias sociales afines a la misma. En especial, la cuestión de las identidades políticas adopta un matiz crucial en el contexto del continente africano: la identidad política no es susceptible de ser desligada en África de otras realidades, lo que da como resultado una amalgama de cruces identitarios entre adscripciones religiosas, étnicas, regionales, nacionales y de otras índoles, dependiendo del ámbito que se trate (ya que no existen demasiadas variables sociales aplicables o universalizables sin excepción al inmenso “planeta negro”).

En el contexto de la globalización y las migraciones a escala internacional esta urdimbre identitaria no resulta inusual para los países occidentales, donde las lealtades y definiciones por exclusión se presentan constantemente. Sin embargo, en África subsahariana la cuestión de la construcción de los Estados nacionales poscoloniales y, subyacente a ésta, la dialéctica de la identidad, asumen una importancia especial tanto para la vivencia cotidiana de sus gentes cuanto para los desafíos comprendidos por las y los analistas.

La construcción de la identidad en la poscolonia de los países africanos, que supone en la práctica una reconciliación colectiva en situaciones de posconflicto grave, implica una problemática significativamente distinta a la cuestión de la identidad nacional en occidente. Así, la misma tarea de la reconciliación ha simbolizado a menudo una plataforma identitaria sobre la que sostener la reconstrucción de muchos pueblos (como la adscripción en Sudáfrica a la bandera “arco iris” multirracial). Asimismo, estas cuestiones políticas se hallan por fuerza altamente vinculadas a consideraciones éticas, si tenemos en cuenta la falta de legitimidad moral de los regímenes coloniales y la sistemática violación de derechos humanos que supusieron para los y las africanas, lo cual conlleva por parte del mundo occidental un subsiguiente deber de reparación.

En este panorama y bajo este prisma, se presentará un caso concreto de empleo de las nuevas tecnologías (Internet) para el debate y la (re) construcción nacional en África, a saber, la existencia de una comunidad de foros internáuticos de discusión en torno a temas políticos promovidos por “The Namibian”, el periódico más importante del moderno Estado de Namibia. Se expondrá la variedad de discusiones existentes en estos foros abiertos, la implicación ciudadana namibia en los mismos y, por ende, cómo la tecnología de Internet permite especialmente, en este caso:

a) la participación de los ciudadanos en el debate sobre su propia realidad y las implicaciones de la nacionalidad;
el conocimiento de estas cuestiones y la participación en las mismas de personas ajenas y lejanísimas a esta realidad, como en este caso representa la autora de esta comunicación;
c) la apropiación por parte de ciudadanos de un país del sur, y por ende del Tercer Mundo (recuperando el significado reivindicativo inicial de este término, en analogía al de “Tercer Estado” ), de un recurso de tecnología punta como es Internet para participar en debates políticos e incluso como plataforma de reclamación, teniendo en cuenta que las redes de Internet no están ni mucho menos equitativamente distribuidas a lo largo del mundo (y siendo África una de las regiones mundiales menos “iluminadas” a este respecto, si contemplamos un mapa-mundi de puntos de red).

2. Filosofía y ciencias sociales: una conveniente vecindad para el debate identitario

“Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías,dijeron que sus palabras eran viejas -y, en efecto, lo eran porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre- […]”
(Gioconda Belli; “Los portadores de sueños”)

La filosofía moral y política no tiene por costumbre servirse de las ciencias sociales (de sus estudios, sus abordajes, sus resultados) para obtener determinadas conclusiones sobre las realidades humanas ni, en última instancia, para filosofar, esa extraña tarea propia y exclusiva de la filosofía, con extraño nombre y extraña interpretación. ¿Qué es filosofar? Y, sobre todo: ¿se filosofa “fuera del mundo”, como sugiriera Rimbaud en sus universalizados versos?

Probablemente sea un error esta escisión o independencia de la filosofía con respecto de las ciencias sociales (en tanto que disciplinas) y de las sociedades en sí (en tanto que contextos inevitables; hasta la fecha, parece que todo se hace, se dice, se piensa en alguna sociedad concreta).

Deseo así, entre otros objetivos, mostrar la conveniencia de que la filosofía se sirva de los estudios, abordajes y resultados de las ciencias sociales para poder documentarse y pensar cada vez mejor sobre la realidad, no sobre futuribles o mundos imaginarios. Esto implica probablemente un posicionamiento político; reivindico, sí, el significado profundamente filosófico de “lo político” y las raíces clásicas de su etimología, porque pienso que una filosofía exenta de ello, exenta de la responsabilidad ciudadana del pensamiento, carece bastante de dignidad y de sentido.
Esta vinculación de las ciencias sociales con la filosofía, esa suerte de “labor de auxilio” que los estudios de las ciencias sociales podrían conferir a nuestra disciplina, permitirían en cierto modo la existencia de una filosofía social y política más enraizada en lo humano, una construcción más rica de teorías de las identidades.
Se pretende humildemente insertar aquí la sociedad en la filosofía; o acaso la filosofía en la sociedad, a la que se debe, a la que debe su último y su primer aliento, y por la que debería respirar. Porque las personas no han de estar al servicio de la filosofía, sino más bien al contrario.

Y porque, como afirmaba ya en los años sesenta el líder ghanés Kwame Nkrumah (1964: 27) “la práctica sin el pensamiento es ciega. El pensamiento sin la práctica está vacío” (una formidable paráfrasis de un “famoso” del gremio).
Finalmente se apela a nuestra responsabilidad, por un lado, y a nuestra libertad, por otro lado, desde el reconocimiento de que parece existir una cierta (sospechosa) vecindad intrínseca entre ambas… responsabilidad y libertad.

Y se apela a nuestra responsabilidad desde tres núcleos identitarios a los que pertenecemos todas y todos aquí, desde tres (a) filiaciones que no podemos ignorar o negar, y que son:

•nuestra condición estudiantil; que somos estudiantes (algunas, estudiosas y estudiosos). Nelson Mandela decía que

“Los estudiantes son el alma de un movimiento político, y el surgimiento de una conciencia nacional entre ellos condena a la destrucción y a la muerte a todos aquellos que se oponen a las reivindicaciones y a las legítimas aspiraciones del pueblo [africano]” (Mandela 1964: 149).

Salvando las distancias, claro; ninguno de nosotros salvo él mismo, somos Nelson Mandela, por desgracia, pero recordamos que él mismo enseñaba que la fuerza está en la gente;

•la filosofía; que somos estudiantes de filosofía;
•y occidente; que somos estudiantes de filosofía en occidente, en el norte, en la parte poderosa y hegemónica del mundo. Eso (nos) pone en la conciencia algo de responsabilidad difícilmente eludible.

La filosofía ha presentado a menudo, como decíamos, una vocación excesivamente purista y alejada de los fenómenos sociales, de la realidades sociales, de la construcción social del pensamiento, como si Descartes, Kant, Platón o Schopenhauer, esos nuestros clásicos de los que estamos tan orgullosas y orgullosos, no hubieran nacido en un lugar, y como si sus ideas no estuvieran tan condicionadas por su realidad social que tal vez debiéramos atenderlas para comprender los elevados pensamientos que alumbraron, antes que contemplar éstos como sagrados objetos de genialidad extemporánea.

Por otro lado, un debate fundamental en la filosofía moral (política y ética) de la actualidad es la cuestión de las identidades (personales, colectivas, políticas): cómo se construye la identidad, qué derechos, insinuaciones, sentimientos acarrea en las personas e instituciones sociales. ¿Qué realidades sociales y políticas generan las diferentes identidades? ¿Qué sociedad se construye y se suscribe? Y, por tanto, ¿qué es admisible y qué no lo es? Todo ello depende de cómo se perciban las diferentes personas y los diferentes grupos de pertenencia e identidad.

La identidad siempre ha sido un juego progresivo y cambiante de inclusiones y exclusiones, casi al modo de los linajes segmentarios (soy esto porque no soy lo otro, pero llegado el momento sí sería lo otro porque habría un otro mayor de oposición). Pocas veces, salvo en situaciones de conflicto político importante, constituye la identidad un juego de suma-cero a través de una exclusión absoluta; pocas veces se es una sola cosa. Asimismo, ello depende íntimamente del momento histórico y de las condiciones socioeconómicas que las personas se sientan más o menos de una forma u otra.

La cuestión migratoria representa hoy un factor crucial de estudio en y para las identidades. La inmigración modifica tanto las identidades internas de un Estado como las propias de los y las migrantes/ migrados . Los análisis de las identidades diaspóricas han puesto de manifiesto esta realidad de un modo palmario, al incidir en cómo se matizan y modifican las identidades de los migrados en las diásporas cuando mantienen parte de sus raíces pero las condimentan con otros elementos del nuevo lugar, exportando a su vez algo de éste al espacio de origen (Dietz 2003).

Ello puede suceder en nuestros días con una intensidad y una frecuencia notables, gracias al contacto tan elevado que las nuevas tecnologías permiten mantener a los migrados con sus raíces. La migración diaspórica significa u opera al modo de un rizoma, que se vuelve sobre sí mismo y constituye un constante periplo de ida y vuelta entre las personas que se quedan y las que se van, sus cosmovisiones, sus mundos, sus lealtades.

Este rizoma posee potente significación también en lo económico: las remesas de dinero que los y las inmigrantes envían a sus países de origen significan un tanto por ciento elevadísimo con respecto a la producción total de estos países (Dietz 2003). De este modo y este sentido, las y los inmigrantes, con su trabajo duro y su valentía personal y cultural, operan a modo de potentes redistribuidores de la riqueza mundial.

Por desgracia, y aunque las vinculaciones de la identidad con la economía son ingentes, el espacio limitado para esta reflexión insta a centrar nuestra cuestión específica, a saber, estas novísimas gestiones de la identidad que, por ende, generan las diferentes versiones de la ciudadanía que los grupos asumen o discuten. Veremos a continuación la especificad que estos debates adquieren en el contexto africano, para más tarde entender el valor de las nuevas tecnologías para la participación activa de las personas en la formación de la ciudadanía.

3. La discusión sobre las identidades en África: tribus, naciones y más allá

África, por qué África. Si la filosofía ha sido históricamente refractaria a las ciencias sociales, qué decir de la (inexistente, nula) relación entre nuestra filosofía, nuestro pensamiento, y el continente negro. Qué decir de nuestra absoluta ignorancia de las filosofías e imaginarios africanos, de la llamada filosofía bantú (Lufunda 2004) o de la Casa de la Palabra.

Tal vez habría debido comenzar esta comunicación justificando por qué deseo hablar de África, de teoría política africanista, y más tarde traer a colación la cuestión de la construcción social de identidades, y el uso y la presencia de Internet para su estudio y su desarrollo.

El desconocimiento, el reduccionismo sistemático e histórico infligido al continente africano, incluso la negrofobia encubierta, resultan todavía atroces y omniabarcantes; se hallan insertados en nuestro discurso, en nuestro lenguaje, de un modo difícilmente perceptible a causa de su propia sutileza, en ocasiones. La misma terminología dicotómica “colonial/ precolonial”, que los africanistas usan constantemente en su discurso, es en realidad profundamente etnocéntrica desde occidente: la realidad, el hito histórico de la colonia (pensemos que el periodo precolonial es infinitamente más largo), marca el idioma para hablar de África, igual que aún hoy se maneja con impunidad la falaz, prepotente e imperialista expresión “descubrimiento de América”.

Los lenguajes son importantes, igual que las formas; a menudo hay que pelearse con ellos para hacerlos precisos y sinceros, para no concederles el privilegio de mandar, para no permitirles la construcción de un mundo de excluidos. Como afirma Saramago, “los lenguajes son conservadores, van siempre con los archivos a cuestas y detestan las actualizaciones” (Saramago 2004: 337). Desde la filosofía, desde el pensamiento y desde occidente, en nuestro caso, no debemos dudar acometer esa actualización y esa revisión de los pesados archivos.

La filosofía africana, el pensamiento africano (Appiah 1991), la política africana, la identidad africana, resultan aún hoy invisible en nuestros imaginarios y planes de estudio o, lo que es peor, se han considerado reductibles a una amalgama indiferenciada de realidad que incluye hambruna, SIDA, analfabetismo o abiertamente nulidad, inexistencia. Nada se habla de los grandes reinos africanos, como el de los antiguos estados (precoloniales) de Benín o Abisinia (Iniesta 1994); del consenso como toma de decisiones en el consejo, de las cosmovisiones enraizadas en la naturaleza o de la justicia del Ubuntu. Nada se habla de estas o de tantas otras cosas, y tampoco puedo utilizar el brevísimo espacio de esta comunicación para informar de modo generalizado sobre la riqueza africana, no sólo la de petróleo, coltán o epidemias sino la de pensamiento, enseñanza, sabiduría y cultura.

África es un tan vasto y variado mundo que constituye un paraíso para el estudioso de la identidad, de la identidad política mas no sólo, ya que en África negra se halla insertada o incrustada en otro tipo de realidades en mucha mayor medida que en occidente. Estudiar la identidad política en África significa también estudiar los tipos de linaje de cada región, abordar la brujería, la magia y la regionalidad, o entender lo que aquí llamamos nepotismo en términos de lealtades familiares y redistribución local (Chabal y Daloz 1999).

Hay muchos elementos condicionantes en la conformación de las identidades africanas hoy. La realidad colonial significó, como es sabido, una suerte de hecatombe identitaria, disgregadora y unificadora a la vez, que aún hoy retoña en los Estados africanos. Por otro lado, los debates sobre la reconciliación nacional, la memoria y qué se debe recuperar de ella son claves en la discusión de las identidades africanas tras la colonia y la poscolonia.

La cuestión fundamental de estas pluralidades, a menudo refractarias, es que reflejan el encuentro de dos mundos, de dos cosmovisiones distintas, a saber: la lógica o racionalidad subyacente al Estado nación –que acarrea la nacionalidad-, y la lógica o racionalidad política subyacente a las diversas identidades étnicas que acarrea la etnicidad.

Etnicidad y nacionalidad; etnia y nación, por tanto. Las diferencias entre la etnia y la nación son discutibles en sí mismas, como refleja la teoría; ambas representan, en cualquier caso, diferentes versiones del concepto de “comunidad imaginada” (Hobsbawm y Ranger 1983), pero sería un error intentar asimilarlas o tratarlas del mismo modo. Pertenecen a historias y tradiciones diferentes y, querámoslo o no, precisamente en África negra y con motivo del período colonial han protagonizado combates ideológicos importantes. A menudo se contemplan y se viven como irreconciliables o incompatibles, aunque la identidad étnica opere en ciertos ámbitos que no le conciernen en muchas ocasiones al gobierno nacional, y viceversa. Y, también, aunque gran parte de la población africana haya asimilado y asumido las categorías políticas del Estado-nación, siendo ella misma la que lo promociona y lo gestiona.

Para terminar, no deseo dejar de realizar un pequeño apunte con respecto a la cuestión de la reparación, como deber ético, moral y político del mundo occidental en general para con África (y las comunidades negras emigradas o diásporas), y del Estado español en particular para con las comunidades diaspóricas originarias de Guinea Ecuatorial, especialmente, así como para con la inmigración en tanto que fenómeno “colateral” causado por el des-orden mundial, entre otros motivos. No debemos ignorar la responsabilidad histórica que nuestro “mundo” contrajo a través del fenómeno de la esclavitud, primero, y del fenómeno colonial, más tarde. No hablamos de responsabilidades de personas físicas para con personas físicas, sino de responsabilidades de personas jurídicas para con personas jurídicas y físicas; así, el deber de reparación habría de pasar por el reconocimiento histórico, simbólico y económico activo –en última instancia, no significa nada si no involucra la economía, por supuesto- por parte del Estado español hacia las comunidades negras .

Desafortunadamente no es el momento ni el lugar de abundar más en esta cuestión, pero insisto en la idea de la necesaria implicación de la filosofía también en estos ámbitos. Al fin y al cabo, podría constituir un modo “íntimo” de reparación de nuestra propia historiografía como disciplina: no olvidemos que las ideas hegelianas sustentaron en buena medida y justificaron moralmente el colonialismo.

4. Namibia y los foros electrónicos: la ciudadanía en los satélites o la moderna ágora

Voy a traer a colación el caso de Namibia por motivos diversos, aunque he de advertir que ni muchos menos constituye una excepción con respecto a lo que se va a contar. Hablo de Namibia porque conozco su caso (y su casuística) algo mejor que la de otros países africanos; a su vez, éste resulta un Estado especialmente interesante por varias razones. Representa la independencia más tardía de África: en 1990 se independiza definitivamente de Sudáfrica, y esta situación coincidente con el fin de la guerra fría y la política de bloques condiciona de un modo bien específico la realidad sociopolítica actual, quince años después, del moderno Estado de Namibia.

En realidad debiera distinguirse entre una situación de ocupación política a secas y otra de ocupación colonial o colonización. Cuando se dice que Namibia ha sido la última descolonización africana no se habla con total propiedad, ya que Sudáfrica es un país africano y por tanto su ocupación de Namibia desde antes de los años veinte del siglo pasado no era, propiamente dicho, un régimen colonial. Como tampoco el fin de la ocupación en 1990 fue causa directa de la lucha armada de liberación que encabezó SWAPO (South West African People’s Organization) con San Nujoma en el liderazgo; más bien, fueron la caída del muro y la transformación estructural de las fuerzas internacionales los elementos que finalmente decantaron las fuerzas de la ONU a favor de la libertad namibia.

Resulta fundamental conocer la realidad étnica y nacional de Namibia para avistar sus complejidades y debates identitarios, así como entender las políticas de la memoria para comprender cuánto ha de pugnarse en estos contextos por una identidad o la renuncia a la misma.

Los apenas dos millones de habitantes del vasto territorio namibio, dividido en trece regiones, se hallan fraccionados en muy diversas etnias. Los grupos principales son los ovambo, los kavango, los herero, los himba, los damara, los rehoboth baster, los nama, los caprivianos del este, los san o bosquimanos y los tswana. Cada uno de estos posee varias ramificaciones en distintas medidas .

Estos grupos presentan tantas diferencias entre sí como cabría esperar debido a las extensiones de tierra tan enormes de la geografía namibia, a sus distintos climas y variedades de flora y fauna, a su diversificación de recursos naturales (costa, desierto).

Por lo que respecta a los partidos políticos, y para contrastar la pluralidad de la etnicidad con la política gubernamental, se puede destacar cinco formaciones políticas como las más relevantes; en orden de importancia: SWAPO (South-West Africa People’s Organization), DTA (Democratic Turnhalle Alliance), UDF (United Democratic Front), CoD (Congress of Democrats) y MAG (Monitor Action Group). Los cuatro últimos siguen con mucha distancia a SWAPO, que continúa manteniendo la hegemonía por métodos dudosos para algunos, benévolos para otros.

Ofrezco estos datos sucintos porque son importantes para entender la relevancia de la identidad política en el contexto namibio. Esta identidad política, así como otros tipos de debates políticos afines, se reflejan a diario en los múltiples foros abiertos de discusión que podemos encontrar en la página web creada por “The Namibian” para estos fines, y que cuentan con una elevada participación diaria de muchos ciudadanos namibios y no namibios.

“The Namibian”, publicado en inglés (idioma oficial namibio), es el primer medio independiente en Namibia, además del periódico más leído del país. Fundado como un semanal antiapartheid y a favor de la independencia en 1985, “The Namibian” se ha convertido con el tiempo en el periódico más vendido, contando también actualmente con el website más consultado del país y ofreciendo a sus anunciantes, como decía, sus espacios publicitarios tanto en la versión en papel como en Internet.

El periódico comenzó su andadura en un ambiente hostil, durante la ocupación sudafricana de Namibia. A pesar de que la Constitución de Namibia garantiza actualmente la libertad de prensa, el perfil independiente de “The Namibian” ha causado constantes conflictos entre el medio y el gobierno. “The Namibian” juega un papel importante en el control de la gerencia del poder por parte de las autoridades de Namibia y destaca por su gran labor a favor de la libertad de prensa. Puede consultarse electrónicamente en namibian.com.na .

Dentro de esta misma página web existe una suerte de comunidad virtual denominada “The Namibian Community”, en la que igualmente el idioma “oficial” es el inglés. Allí, en un enlace denominado “Community Home”, hallamos un conjunto de foros –discussion forums, o foros de discusión, divididos entre folders, o carpetas y discussions, o discusiones), en los que más de siete mil personas registradas participan habitualmente. Además, los participantes en los foros pueden crear su propio blog de opinión para interactuar con el resto de participantes. Son numerosas las discusiones y los temas debatidos sobre política namibia.

Personalmente he tomado parte (aún brevemente ya que prefiero escuchar antes de hablar) de algunas de las conversaciones internáuticas. Algunos de los temas más interesantes abordados en cuanto a relevancia política trataban de la hegemonía de SWAPO, de la propia constitución de Namibia como Estado, de las comisiones de la verdad, de la calidad de la clase política, de la actuación política del actual presidente, Pohama (que sustituyó a Nujoma, el líder “liberador” de Namibia y que ya había reformado la Constitución en un par de ocasiones para seguir asumiendo la presidencia, lo que había sido refrendado por la población aproximadamente en un por ciento) y cuestiones afines. Muchos de los participantes son estudiantes de la UNAM (Universidad de Namibia, sita en Windhoek, su capital) y profesores e investigadores de diversos campos, pero no sólo. El nivel académico de los debates es tan variable como presumiblemente los son sus participantes.

El aspecto interesante aquí es cómo vemos reflejada en los foros internáticos la ingente inquietud ciudadana sobre la gestión de identidad política; es más, es crucial notar cómo el recurso que ofrece Internet puede ser empleado casi al modo de un ágora pública que, a pesar de todos los inconvenientes que esta virtual versión pueda presentar (la falta de contacto visual o los privilegios y peligros del anonimato, por ejemplo), funciona como espacio de discusión y debate, de puesta en común, de interpelación, de interacción ciudadana.

Repárese también en el hecho de que aquello que en cierto sentido implica un inconveniente, como lo es el anonimato, puede favorecer también la comunicación ya que evita sesgos como el del género y, más especialmente en África y en Namibia, el de la etnia o la raza. Debido a la amarga historia del apartheid, a menudo es difícil el establecimiento de un diálogo fructífero entre un blanco y un negro en Namibia; a pesar de la idea de reconciliación nacional y de la actuación de personas de la talla de Mandela, el color de la piel significa aún muchas cosas en África. Sin embargo, hallamos que un foro internáutico neutraliza cualquier posibilidad de prejuicios o enfrentamientos a ese respecto (la persona que lo desee puede guardar su anonimato, y el de su piel).

Es también de interés reseñar que la realización de estos foros permiten, asimismo, la participación y el conocimiento sobre la cuestión identitaria en Namibia a personas muy alejadas o ajenas a estas realidades; la autora es un buen ejemplo de ello, pero no el único. Internet, si bien puede presentar, en su tan desigual reparto, el rostro más acerbo de la falta de redistribución internacional de los recursos (y su esquilmación por parte de los países ricos), puede asimismo significar, como en el caso que nos ocupa, una re-apropiación por parte de los países del sur de un recurso que es también popular, en cierto sentido: cualquiera, en cualquier lugar del mundo, puede en cualquier momento conectarse a Internet y contactar con los foros de la “Namibian Community”. Puede conocer qué se cuece entre bastidores, puede dialogar con estudiantes negros que, amparados en efecto por el anonimato de la red, expresan sin miedo su resentimiento hacia los blancos namibios (motivado por el absoluto control por parte de la minoría blanca de los recursos económicos y de la tierra, entre otras razones) o su ansia de connivencia, convivencia y reconciliación.

Se puede dialogar así, en última instancia, y la palabra ha sido hasta ahora la única arma que ha otorgado la victoria a una idea política sin restarle legitimidad o dejarla sin recursos, aunque en ese proceso se haya distraído la palabra misma con la acción violenta. Los foros de la comunidad namibia ofrecen un ejemplo extraordinario, a mi juicio, de varios aspectos combinados y en constante retroalimentación: de un lado, la exitosa relación entre las nuevas tecnologías y la capacidad recreadora y redistributiva de los países del sur; y de otro, la preocupación de la ciudadanía namibia por la identidad política, a través de la mediación del poder que se le confiere a la palabra en diálogo. Por esto, tal vez, podemos estar hablando de una virtual ágora moderna, habitante de los satélites.

Ester Massó Guijarro.
Granada-Alicante, noviembre-diciembre de 2005.

5. Referencias bibliográficas.

Appiah, Kwame Anthony [1991]: Na casa de meu pai. A África na filosofía da cultura, Lisboa, Contraponto, 1997.
C, Patrick y Daloz, Jean Pascal [1999]: África camina: el desorden como instrumento político, Barcelona, Bellaterra, 2000.

Dietz, Gunther [2003]: Multiculturalismo, interculturalidad y educación. Una aproximación antropológica, Universidad de Granada.

Dumont, René [1991]: Democracia para África, Barcelona, Bellaterra, 2000.

Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence [1983]: The invention of tradition, Cambridge, University Press, 1996.

Iniesta, Ferrán [1998]: Kuma. Historia del África negra, Barcelona, Bellaterra, 2000.

Lufunda, Kaumba (2004): “¿Existe una filosofía africana”, Nova Àfrica, número 15, junio 2004. Centre d’Estudis Africans, Barcelona.

Nkrumah, Kwame [1964]: “Concienticismo”. En CHUKWUDI EZE, Emmanuel (ed) [1998]: Pensamiento africano. Ética y política, Barcelona, Bellaterra, 2001.

Mandela, Nelson Rolihlahla [1964]: Un camino nada fácil hacia la libertad, España, Zanzíbar, 2005.

Saramago, José [2004]: Ensayo sobre la lucidez, Alfaguara, Madrid.

Sotillo, José Ángel [2005]: “Concepto y teoría del desarrollo”. Módulo impartido durante los días 27 y 28 de octubre de 2005, en el Máster Interuniversitario en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONGs (Universidad de Granada).

Pobres Salir del pozo

POR ALFONSO ARMADA

22-10-2006
09:37:52

África negra ha empezado mal». Así titulaba en 1962 René Dumont su apasionada radiografía del continente negro, publicada en plena fiebre de las independencias. En otro libro reciente, «Negrología», que desató una gran controversia en Francia, Stephen Smith recuerda que el manifesto del ingeniero agrónomo, sociólogo y ecologista francés era de «lectura obligada» en la Tanzania de Julius Nyerere -uno de los líderes africanos más venerados-, y que Dumont tuvo que «armarse de valor para hablar del alcoholismo de los africanos, de su ignorancia y de su escasa productividad, de las nuevas burocracias parásitas y de la clase dirigente inepta y corrupta». Tras recalcar que «sólo los hombres son responsables del retraso económico» africano, prosigue: «Pero ¿quiénes son más culpables? ¿Los blancos o los negros? Son demasiados los europeos que tienden a considerar que el hombre negro, calificado enseguida por ellos de "primitivo" (cuando no de perezoso, ladrón, mentiroso...), es enteramente responsable de su retraso, de todos sus males». Smith, especialista en África del diario «Le Monde», suscitó un incendio dialéctico al decir que «los africanos no son "enteramente" responsables...» de su estado, aunque lleva a su molino a la camerunesa Axelle Kabou, que en 1991 publicó otra obra incómoda, «¿Y si África rechazara el desarrollo?», en la que sugería que las «mentalidades africanas» son el principal freno al desarrollo y que sus compatriotas continentales son «los únicos en el mundo que creen que de su desarrollo pueden encargarse los demás».

«Asia oriental y el Pacífico han reducido el número de pobres en más de 580 millones de personas desde los años ochenta y Asia meridional lo ha hecho en 38 millones. El crecimiento sostenido en China y la aceleración de la economía en la India, los dos países más poblados del mundo, fueron los principales motivos de la reducción de la cantidad de personas viviendo con menos de un dólar al día en Asia. Aún así, tan sólo en Asia meridional todavía quedan 437 millones de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza», se lee en el esclarecedor «50 años de pobreza, 50 años de desarrollo», publicado por Intermón Oxfam, una de las organizaciones no gubernamentales más rigurosas en la lucha y el análisis de la pobreza. Como recalca Gonzalo Fanjul, el responsable de su departamento de estudios, la tasa de pobreza extrema en Asia Oriental y Pacífico ha bajado del 57,7 por ciento registrado en 1981 hasta el 11,6 en 2002, mientras que en Asia meridional el descenso ha sido del 51,2 por ciento al 31,2 por ciento. Al fondo, África subsahariana ha visto incrementado en 140 millones su ejército de pobres, y la tasa de pobreza extrema apenas se ha alterado desde los años ochenta y en 2002 representaba el 44 por ciento. El índice de desarrollo humano ha progresado en todas las regiones salvo en África negra.

Hace 45 años, el Producto Interior Bruto de Corea del Norte era sólo tres veces mayor que el de Tanzania, mientras que en el año 2004 se había disparado: era 60 veces mayor, subraya Pablo Bustelo,investigador principal del área Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. En el índice de desarrollo humano, Corea del Sur ocupa el puesto 28, Tanzania el 164. A uno de los más saludables tigres asiáticos se refería recientemente el analista Ian Buruma en las páginas de «The New York Review of Books»: «El caso de Corea del Sur podría servir para confirmar que el liberalismo político y el nacionalismo pueden funcionar muy buen juntos. Desde finales de los ochenta, la democracia ha florecido en Corea del Sur como nunca antes en su historia».

Independiente desde 1961, Nyerere puso en marcha en Tanzania la «ujaama», una suerte de colectivización agraria. La condena del capitalismo incluyó la nacionalización de bancos comerciales y la industria. Pero la vía tanzana al socialismo -mucho menos virulenta y corrupta que la de vecinos geológica y agrícolamente más ricos- dio lugar a un insólito choque a cuenta de la defensa del pequeño capital privado que hacían Nyerere y su Gobierno frente al partido único. El presidente palió los malos resultados económicos volcándose en la educación y la sanidad. Pero el experimento -agravado por las sevicias de la guerra fría y las promesas fallidas de la economía centralizada- llevó al colapso a la economía tanzana en 1985 y a la dimisión del líder. Es sólo un ejemplo más de un África pródiga en fracasos: convidado de piedra en el comercio mundial, entre 1960 y 2002 sus exportaciones han pasado del 1,4 por ciento al 0,5 por ciento, y las importaciones del 0,9 por ciento al 0,4 por ciento.

Luces y sombras

A pesar de que el por ciento de los tanzanos siguen dependiendo de la agricultura para sobrevivir, que el 20 por ciento vive con menos de un dólar al día y el 60 por ciento con menos de dos dólares, el semanario «The Economist» señala en su penúltima entrega que Dar es Salaam parece haber encontrado la forma de decir adiós a la pobreza. Lejos todavía de Mauricio, Botsuana o Uganda, ejemplos de que también en África se pueden hacer las cosas bien, el Gobierno de Jakaya Kikwete espera llegar este año a un crecimiento del 5,8 por ciento y amasar un 6,7 por ciento el año próximo. A pesar de todo, Tanzania debería mantener un crecimiento anual del 10 por ciento anual para situarse en el año 2025 entre los países de ingresos medios y abandonar el furgón de cola del desarrollo humano.

Microcréditos como los impulsados por el último premio Nobel de la Paz, y que Intermón Oxfam ha puesto en marcha por ejemplo en Mozambique, con éxito notable, ya que ahora los gestionan los propios mozambiqueños, son una no pequeña corrección en el mapa del desánimo. Feroces críticos de las políticas de ayuda, como William Easterley («La carga del hombre blanco: Por qué los esfuerzos occidentales por ayudar al resto han hecho más mal que bien») proponen reducir las donaciones, y en todo caso no entregarlas a los gobiernos, porque no llegan a sus destinatarios. Sin embargo, la comunidad internacional parece haber encontrado en Gobiernos como los de Mozambique y Tanzania socios fiables: financian directamente hasta el 70 por ciento del presupuesto. Más dramático e injusto resultan, a juicio de Intermón Oxfam, las trabas a un comercio más justo: el costoso proteccionismo que Estados Unidos y la Unión Europea prestan a su agricultura, ya que supone una competencia desleal para productores de azúcar en África austral y de algodón en África Occidental y el Sahel.

Intermón Oxfam reconoce que en los últimos 50 años un «progreso social sin precedentes» ha permitido a los países pobres que acorten distancia con los ricos en esperanza de vida, analfabetismo o mortalidad infantil: «Sólo en el último decenio, mil doscientos millones de personas han podido acceder al agua no contaminada, mueren dos millones y medio de niños menos cada año y 30 millones de niños y niñas han accedido a la educación primaria». Pero añade a renglón seguido: «Con la excepción de Asia, el mundo en desarrollo no se ha beneficiado del crecimiento exponencial que ha experimentado la economía mundial durante este medio siglo», pero mil millones de personas siguen sumidos en la pobreza extrema y «460 millones están ahora peor de lo que estaban hace 15 años, en su mayor parte en África y en las antiguas repúblicas soviéticas».

Fanjul recuerda que África salió del período colonial pésimamente preparada para la independencia y se desfondó en la guerra fría: muchos dirigentes se convirtieron en clientes de la superpotencia respectiva y se olvidaron de gobernar para sus pueblos. Para Pablo Bustelo, por su parte, «los países de Asia oriental, como Corea del Sur, han tenido mejores resultados de desarrollo que los de África Subsahariana, como Tanzania, por varios motivos (además de la razón obvia de que el experimento de planificación central entre 1967 y 1985 fracasó en Tanzania): 1) Corea tenía en 1960 una tradición industrial que se remontaba a la época en la que fue colonia japonesa (1910-1945); 2) recibió mucha ayuda económica y militar en los primeros años de la guerra fría; 3) hizo una ambiciosa reforma agraria después de la guerra de Corea; 4) se orientó de manera temprana a la exportación (de manufacturas), desde los años 60; y 5) siguió creciendo en los años , que fueron el «decenio perdido del desarrollo» en otras partes del mundo y especialmente en África Subsahariana y América Latina.

Namibia: elecciones generales de noviembre de 2004 y la crisis de legitimidad en Caprivi. Breve reflexión antropológica.

Ester Massó Guijarro.

Hay que abandonar la costumbre, ahora que estamos en el corazón del combate.
Frantz Fanon[1]


1. Introducción: fronteras y naciones en África. Un poco de discusión[2].


El debate sobre la formación del Estado-nación en África es ya proverbial para nuestros oídos, no sólo en el campo de la antropología sino desde la amplitud de la teoría política, los estudios de folclore o los análisis sobre la cultura. Parece incontestable la asunción de la arbitrariedad con la que se trazaron, “con escuadra y cartabón”, las fronteras africanas sobre el mapa en la Conferencia de Berlín entre los años 1884 y 1885; arbitrariedad que, como tal, no respetó especificidades ni lógicas étnicas, distribuciones espaciales congruentes con las distintas culturas y tribus que habitaban el vasto continente con “forma de corazón humano”, al decir de Graham Greene.

Hoy se plantea sin embargo, desde la teoría y su contrastación empírica, que estas fronteras no resultan ya, siquiera por su larga pervivencia y su tangibilidad históricas, una realidad tan ficticia como ha querido verse tradicionalmente; así, se afirma que “por muy artificiales que pudieran haber sido antaño, en cierto sentido muchas fronteras africanas actualmente demarcan un espacio mental” (Asiwaju y Nugent 1996: 43). Hemos de aproximarnos a su estudio, pues, desde el eclecticismo y la interdisciplinariedad, considerando más bien estas fronteras no tanto como barreras físicas cuanto canales de circulación de personas, bienes y animales, es decir, escenarios de posibilidad precisamente debido a su ambigüedad misma (Asiwaju y Nugent 46).

La discusión sobre las fronteras conlleva en su seno la constitución del Estado. Frente a esto, nos topamos de nuevo con perspectivas heterodoxas que están tratando de justificarse en los estudios africanistas contemporáneos; Nugent afirma (1996: 355) que hay muchas evidencias de que en esferas locales existe una adhesión al proyecto nacional mucho mayor de lo que generalmente se ha admitido, y que se ha visto reforzada cotidianamente por las comunidades que habitan las fronteras.

No puede ignorarse, sin embargo, la costosa dialéctica entre ciudadanía y etnicidad que emerge de la gestión del Estado en África. A pesar de estas corrientes “revisionistas” que menciono, los problemas derivados de la inconmensurabilidad de lógicas y paradigmas[3] y la consecuente ausencia de legitimidad siguen vigentes; como tales, requieren soluciones nuevas. Algunas de las sugerencias más brillantes provienen, en mi opinión, de Kabunda (2001, 2002) que, desde lo que denomina el afrorrealismo, sugiere medidas como la “democracia de la proximidad”, una doble legitimidad de naciones y ciudadanos o la constitución demótica; Mwayila Tshiyembe (2002) reclama la necesidad de una república multinacional sobre este doble contrato social y la creación de nuevas ciudadanías, y Albert Kasanda (2002) propone hablar del Estado “en plural” y una revisión radical, en fin, de los conceptos de Estado, democracia y gobernabilidad.

La relevancia de estas cuestiones se agudiza (o tal vez nace de) en el marco de la globalización; de facto, sólo en este contexto se perfilan asuntos como los conflictos étnicos. Como indica Dolors Comas (1998), la conciencia de la diferencia y la identidad de grupos humanos en tanto que pueblos surge precisamente en el sistema global, y es en medio de la tendencia a la homogeneización cultural y la fragmentación de identidades como emergen los nuevos movimientos que reivindican la especificidad. “La cultura no es fruto de la esencia, sino de la práctica”, afirma Comas (1998: 45), instando a una recontextualización de lo global en lo local (1998: 24).

2. Namibia en la postcolonia y como entidad nacional: trayectoria democrática.

Propongo al lector que considere estos aspectos recién mencionados en el caso concreto del Estado de Namibia, situado en la región suroccidental de África. Sobre las fronteras namibias, véase que:

“Cuando se establecieron las fronteras, de nuevo predominaron las líneas rectas y los accidentes geográficos, reflejando el hecho de que nadie conocía realmente qué recursos se podían desarrollar en la región, y de que, aparte de unos pocos individuos, nadie había establecido allí previamente una fuerte presencia comercial” (Asiwaju y Nugent 1996: 65).

Namibia, un Estado de vastísimo territorio dividido en trece regiones, cuenta con apenas dos millones de habitantes fraccionados en diversas etnias: Ovambo, Damara, Caprivianos del Este, Herero, Kaokolanders, Nama, Okavango, Rehoboth-Basters, pueblos San, Tswana y la población blanca (Salih 1998: 148).

En cuanto a su política partidaria, en Namibia se ha registrado hasta diecinueve partidos políticos fundamentales entre 1957 y 2000; de éstos, algunos de los fundamentales son SWAPO (South-West Africa People’s Organisation), DTA (Democratic Turnhalle Alliance), UDF (United Democratic Front), CoD (Congress of Democrats) y MAG (Monitor Action Group) (op. cit.). Las tendencias de estas agrupaciones pueden resumirse en cuatro orientaciones principales: los que favorecen la democracia multipartidista y la economía de libre mercado; los que prefieren la política multipartidista y la economía mixta; los que sostienen un tipo federal de gobierno y los que proponen un centralismo gubernamental (Salih 1998: 149).

Desde 1920 la denominada África del Sudoeste, hasta la Primera Guerra Mundial colonia alemana (con excepción de su fabuloso puerto de Walvis Bay, que inteligentemente se reservaron los británicos), había estado bajo tutela de la Unión de Sudáfrica en calidad de mandato otorgado por la Sociedad de Naciones. La ONU rechazó en 1946 la petición sudafricana de anexarse el territorio[4] y en 1961 proclamó su derecho a la independencia, cuando la Unión de Sudáfrica rompe lazos con la corona británica al proclamar la República y retirarse de la Commonwealth -lo que vino a consagrar el modelo de exclusión racial instaurado en 1948.

Sin embargo el país permaneció ocupado hasta el año 1990, a pesar de que el Tribunal de La Haya declaró la ilegalidad de la presencia sudafricana en 1973 y que desde 1966 el ejército de liberación, SWAPO (preparándose para una eventual lucha armada desde 1962), combatió por la liberación de Namibia. Estos hechos la convierten en la independencia más tardía de África y, por tanto, también en la democracia y el Estado nacional más jóvenes.

Sam Nujoma, líder histórico de SWAPO y adalid de la resistencia, ha sido presidente del Estado de Namibia desde 1990 hasta 2004. La Constitución namibia, que estipula que los comicios han de celebrarse cada cinco años e impide la reelección, fue modificada para que Nujoma pudiera volver a presentarse como candidato de nuevo, dado el masivo apoyo popular y su condición de “padre de la patria”; por la misma razón, esta reforma constitucional sólo es aplicable a él (se agota en Nujoma, por tanto).

La República constitucional de Namibia se conforma como pluripartidista, si bien parece obvio para muchos que de facto existe un monopartidismo por la dominancia clara de SWAPO, de mayoría étnica ovambo (a la que pertenece Nujoma).

Para distintos observadores internacionales, sin embargo, la evolución de Namibia desde 1990 así como su crecimiento económico, su estabilidad política, sus procesos electorales, han sido relativamente envidiables en el contexto africano (Bosch 2002: 152ss). A pesar de la pobreza y una de las más altas cifras de afección de SIDA del continente, en estos momentos sólo puede reconocerse un conflicto político relevante de legitimidad en catorce años, a saber, la franja de Caprivi, en la que ahondaré en el siguiente epígrafe.


Hallamos ahora en Namibia un momento especialmente interesante y puntero en su panorama estatal y democrático, ya que las elecciones presidenciales acaban de celebrarse durante los días 15 y 17 de noviembre. Traigo a la consideración del lector algunas generalidades sobre los resultados y ciertos pormenores: Hifikepunye Pohamba, candidato de SWAPO y favorito a la presidencia, ha efectivamente arrasado en los comicios como era previsible, según “The Namibian”[5] correspondiente a los días álgidos de la “semana electoral” (entre el 15 y el 19 de noviembre de 2004), con un 75% del apoyo popular (55 puestos en la Asamblea Nacional); el rival más fuerte de Pohama, Kautuutire Kaura del partido DTA, ha obtenido un 7% de los votos (15 puestos en la Asamblea Nacional); el candidato del CoD un 6.5% y Ben Ulenga, el favorito del MAG, un 5.5% de los votos. “The Namibian” (19 de noviembre) declara cerca de un % de participación electoral, habiéndose registrado más votantes que en los anteriores comicios de 1999. Según “The Namibian”, varios observadores de la Comisión Electoral así como algunos candidatos (como Kaura) han declarado públicamente que el proceso de votación ha sido “libre, justo y transparente” (“The Namibian”, lunes 22 de noviembre).

La fragmentación étnica de los partidos en Namibia resulta muy visible; SWAPO, como dije, está dominado por una mayoría ovambo, a la que pertenecen Nujoma y Pohamba. DTA representa, sin embargo, una tendencia herero más acusada (Salih 1998: 158), si bien también se asocia con cierta mixtura racial; SWANU posee una más clara adscripción herero y UDF expone una base tribal damara. Estas combinaciones anfibias, a caballo entre intereses de adscripción étnica y otro género de vínculos, dan como resultado una realidad compleja y de difícil análisis. Habrá que aproximarse con detalle a la evolución de la opinión pública y las políticas estatales en este momento postelectoral y, tal vez, indagar si los hechos mismos resultan congruentes con esa aparente (y aparentemente incontestable) “victoria de la democracia” en Namibia, como indica “The Namibian” del mismo lunes 22 de noviembre.


3. La franja de Caprivi: ¿legitimidad cuestionada?

A mi entender, todas estas valoraciones de “libertad, justicia y transparencia” sobre el reciente proceso electoral se han visto cuestionadas en la franja de Caprivi, la más problemática y contestataria de las trece regiones de Namibia.

Entre diciembre de 1998 y agosto de 1999 tuvo lugar un movimiento secesionista armado en la llamada franja de Caprivi, peculiar zona geográfica al nordeste de Namibia que comparte frontera con cuatro Estados más, a saber, Angola, Zambia, Zimbabwe y Botswana.

La rebelión fue duramente reprimida por el gobierno de Windhoek, alarmado porque los secesionistas locales estaban siendo armados por la UNITA angoleña (que recientemente había reanudado la guerra civil con el Gobierno de Luanda). Como en los demás estallidos violentos de la región, el comercio de metales preciosos y minerales estratégicos se hallaba detrás de la agitación. La autorización dada a los angoleños para intervenir en Caprivi reforzó el dispositivo de seguridad en el norte y facilitó el aplastamiento de la rebelión en agosto de 1999, al precio de grandes sufrimientos para la población civil.

La oposición, con el partido DTA (de mayoría herero) a la cabeza, incluyó los excesos del ejército en Caprivi en la lista de errores del régimen de SWAPO, al que ya estaban acusando de derivar hacia el autoritarismo y el militarismo. En este clima de tensión se celebraron las elecciones generales de 1999, consideradas inaceptables por la oposición (se acusaron irregularidades en los procedimientos e intimidaciones a los simpatizantes), que criticó igualmente la enmienda constitucional que facultó a Nujoma para un tercer mandato.

Sobre las secuelas sociales del levantamiento, todavía hoy existe más de un centenar de personas encarceladas esperando juicio; las voces críticas denuncian que la mayoría está constituida solamente por presos de conciencia y que su único delito fue el apoyo simbólico y moral a la secesión. Amnistía Internacional está solicitando el juicio justo de los presos políticos de Caprivi y la amnistía sin condiciones de los presos de conciencia[6].

Se ha de puntualizar en torno a las recientes elecciones de noviembre que la realidad de política ciudadana en la región capriviana ha sido algo menos que ideal; considérense en primer lugar algunas cifras (de nuevo facilitadas por “The Namibian”). El número total de votantes censados en la región de Katima Mulilo, una de las poblaciones urbanas más importantes de Caprivi, es de 10.776; han votado 1.444 personas, y téngase en cuenta que la afluencia de votantes en ámbitos urbanos suele ser mayor que en zonas rurales. En Malund, a 50 kilómetros al sur de Katima Mulilo, han votado sólo 65 personas. Linyanti y Sibbinda representan dos de las circunscripciones electorales caprivianas más “díscolas”, al suroeste de Katima Mulilo; en Linyanti, con 6.234 votantes censados, han votado sólo 300 personas; en Sibbinda han votado un total de 228, frente a las 2.300 que lo hicieron en las pasadas elecciones de 1999. Sólo un 5% de la población en Sibbinda y un 12% en Linyanti han acudido a votar, pues.

Estas poblaciones, junto con la de Kanono, padecen una sistemática falta de liderazgo; fueron asimismo algunas de las áreas más afectadas por el levantamiento secesionista. En las elecciones generales de 1999 favorecieron un resurgimiento del CoD, que obtuvo el 55% de votos en Linyanti y el 78% en Sibbinda; SWAPO constituye en estas regiones una fuerza claramente minoritaria.

En “The Namibian” del lunes 22 de noviembre se afirma que existen zonas de la franja de Caprivi donde no se ha visto ni un solo cartel de propaganda, donde, literalmente, “no se ha notado” que había campaña salvo por el ruido de los helicópteros que transportaban los puestos electorales (“colegios electorales” móviles): “La presencia de puntos electorales en algunos pueblos es la única indicación de que las elecciones están actualmente teniendo lugar aquí [...]; este área es una zona muerta en materia de elecciones” (“The Namibian”, lunes 22 de noviembre de 2004).


Muchas voces críticas se han elevado a partir del proceso de Caprivi; como indica Henning Melber (2003: 19), esta marginalización de toda visión disidente parece ubicar la vida política de Namibia en una ecuación de igualdad entre lealtad al país y lealtad a la política de SWAPO y su líder. Estas cuestiones involucran una grave discusión sobre la construcción nacional y el rol desempeñado por los agentes de la liberación (en este caso SWAPO, principalmente) en la lucha por la independencia; la tradicional oposición binaria entre dominación y resistencia ha implicado una inadecuada idealización de la “pureza” de la oposición que, en realidad, solía funcionar por necesidad mediante una estructura vertical de poder, lo cual ha condicionado su posterior implementación en el país liberado (AbrahaMovimientos Socialesen 2003).


Asimismo, el conflicto en la franja de Caprivi constituye un exponente concreto de la problemática fronterizo-nacional que caractericé brevemente en el primer epígrafe, y que es extensible, bajo diferentes condiciones y contextos, a todo el continente africano.


4. Algunas reflexiones.


Las reflexiones y preguntas que surgen de todas las realidades mencionadas, de cada conflicto, cada encuentro y cada disensión, resultan ciertamente plurales. Uno de los tópicos de discusión fundamentales es, a mi parecer, el de las distintas concepciones de la soberanía y su vinculación con el centralismo en el poder. Para la tradición europea, la soberanía lo es del Estado como una entidad absoluta, y su manifestación se extiende del mismo modo en la periferia y en el centro. El espacio político africano (Nugent y Asiwaju 1998), sin embargo, se revela como una estructura de círculos concéntricos de control decreciente, irradiados desde el núcleo (lo que por cierto se reforzaba con el esquema colonial metrópoli-provincia tributaria). Este hecho configura un paisaje político original, donde habremos de buscar fuentes distintas para establecer nociones como ciudadanía o legitimidad.

La situación de Namibia es peculiar por diferentes razones, como repasé en estas breves reflexiones, y su peculiaridad afecta a la construcción de sus identidades nacionales. Tras la independencia de Alemania al finalizar la primera Guerra Mundial, Namibia constituirá una provincia sudafricana más durante largas décadas; ¿cómo configura este hecho la posterior identidad nacional del futuro Estado namibio?


Con las independencias africanas en los años 60 pareció asumirse (erróneamente, lo que ha cobrado bien su tributo) que lo que habían sido núcleos heterogéneos de súbditos constituirían automáticamente ciudadanos con conciencia nacional (Nugent y Asiwaju 1998); pero pensemos que el “esquema” recursivo de las liberaciones africanas se desarrollaba en torno a la metrópoli colonial (o mejor dicho, frente a ella), mientras que en Namibia nos topamos con una primera colonia no africana, una posterior colonia de la vecina Sudáfrica y, finalmente, una muy tardía liberación. Durante las décadas que separan cronológicamente la independencia de Namibia (mientras seguía padeciendo la ocupación sudafricana) de las independencias de la mayoría de los países africanos con respecto de las metrópolis europeas, este proto-país (entonces) vivió un tiempo distinto donde desarrolló una peculiar lucha de liberación, anticolonial y antiapartheid que, sospecho, por necesidad configuró con algunas claves diferentes su paisaje nacional y plurinacional. Acaso hallemos aquí, eventualmente, la raíz para entender su relativo buen funcionamiento a pesar de constituir una de las democracias más jóvenes del mundo.

No olvidemos sin embargo que andábamos cuestionándonos la legitimidad política y democrática del Estado namibio, al menos en ciertos aspectos y regiones. Podemos resumir esto en dos puntos cruciales, a saber:


• La escasísima participación de votantes en zonas rurales y especialmente en la franja de Caprivi;

• La escasísima propaganda electoral desarrollada en determinadas zonas.

Estas realidades plantean una dicotomía de interrogantes: ¿no votan porque no quieren (la abstención como protesta a la estructura electoral misma, ya que supuestamente si la intención impugnadora fuera parcial se votaría en blanco[7]) o porque no saben? En ambos casos la legitimidad del sistema queda en entredicho, pero si bien en el primer caso se cuestionaría la representatividad de los partidos en exclusiva (ninguno de los proyectos convence al electorado), en el segundo el funcionamiento del sistema en Namibia sería el que requeriría una revisión completa porque estaría recibiendo una crítica holista, una impugnación a la totalidad.


Dicho de otro modo, ¿cuál de los hechos es consecuencia del otro? ¿Es la escasa participación consecuencia de la escasa propaganda?


La cuestión de la propaganda involucra un aspecto de importancia fundamental para la legitimidad de un sistema democrático: la formación de la opinión pública. Habermas (1992-94: 653), entre otros, aborda extensamente el tema de la juridificación y la racionalización de la opinión pública en una democracia limitada; ¿qué representatividad, fiabilidad y validez podrá tener el voto de una población que no ha sido debida y extensamente informada sobre aquello a lo que se ve empujada a decidir? Y, ¿cuáles son los mecanismos legítimos de formación de la opinión pública?

Vayamos un poco más lejos: ¿hasta qué punto se forma o se de-forma la opinión pública en las campañas y propagandas electorales? Incido sin embargo en que no implica lo mismo la ausencia de propaganda que la presencia, aunque sea (siempre) parcial, demagógica o escasa.

Los modelos de análisis y las propuestas sugeridas por Jürgen Habermas, como sucede con la mayor parte de la teoría y la filosofía políticas actuales generadas en occidente, sencillamente no sirven para los contextos africanos; nociones como la de la “comunidad ideal” y la “comunidad real” de comunicación en Habermas o Apel, o el discurso de la universalidad (sin más) de los derechos humanos se topan en el continente con forma de corazón humano con dicciones y contradicciones tan distintas que devienen inconmensurables.


Tal vez precisemos de una construcción nueva para África, una “vía intermedia que conjugase identidad y modernidad” (Bosch 2002: 172). Organismos como NEPRU (Namibian Economic Policy Research Unit) o la creación en 1996 de WINSA (Working Group of Indigenous Minorities of Southern Africa), para la que se creó una oficina de coordinación regional en Windhoek, capital de Namibia, constituyen inéditas iniciativas en este sentido que, si bien aún no pueden ser valorados debido a sus pocos años de perspectiva, sí representan motivadoras muestras del reconocimiento de las interrogantes que tratamos.



Ester Massó Guijarro.

Granada, noviembre de 2004.


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Fuentes hemerográficas online:


- “The Namibian”: 15-19 de noviembre y 22 de noviembre de 2004. Ver online en www.namibian.com.na

- http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/n-022.htm



[1] Fanon 1961: 188.

[2] Quisiera advertir al lector, antes de comenzar, que este pequeño artículo se ubica al comienzo, prácticamente, de mi proceso de investigación doctoral sobre la región de estudio. Así, tanto las propuestas como las hipótesis son ampliamente revisables y provisionales.

[3] Afirma Claude Ake (1995: 40): “Al final, la lógica de la tradición comunal y los valores de África es algo simplemente incompatible con el Estado moderno [...] ¿Puede resolverse este dualismo político? Si es así, ¿cómo?”. O Ferrán Iniesta (2002: 11): “[...] la nación moderna está asfixiando a sus hijos, el Estado moderno está esterilizando culturas y ecosistemas. Pero en África, ese Estado se cuartea aquí, se resquebraja allí, y por sus intersticios percibimos luces de un pasado aún vibrante”.

[4] El 29 de septiembre de 1978 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó con la resolución 435 un plan para la descolonización de Namibia, que establecía la retirada de la administración sudafricana y la convocatoria de elecciones libres previamente a la independencia. El talento político de Nujoma es innegable; en sus campañas de propaganda, Nujoma cuidó que no se olvidara el carácter eminentemente anticolonial de su lucha, tratando de no parecer un mero peón del imperialismo soviético y evitando etiquetar a la SWAPO como un movimiento comunista. En este error habían incurrido algunos movimientos hermanos en la vecina Sudáfrica, dando excusas al régimen de Pretoria para aplastar cualquier reivindicación negra presentándolo como punta de lanza de la subversión marxista, lenguaje al que era receptivo Estados Unidos (referencias en http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/n-022.htm). Asimismo, con estas oportunas medidas Nujoma sentaba las bases para una lucha donde unieran las diferencias (y por tanto las fuerzas, aunque el mayor peso del combate de liberación recayera sobre los ovambo) y un futuro plural en el país.

[5] “The Namibian” es el primer medio independiente en Namibia, además de ser el periódico más leído del país. Fundado como un semanal antiapartheid y a favor de la independencia en 1985, “The Namibian” se ha convertido con el tiempo en el periódico más vendido, contando también actualmente con el website más consultado del país y ofreciendo a sus anunciantes sus espacios publicitarios tanto en la versión en papel como en Internet. El periódico comenzó su andadura en un ambiente hostil, durante la ocupación sudafricana de Namibia. A pesar de que la Constitución de Namibia garantiza actualmente la libertad de prensa, el perfil independiente de “The Namibian” ha causado constantes conflictos entre el medio y el gobierno. “The Namibian” juega un papel importante en el control de la gerencia del poder por parte de las autoridades de Namibia y destaca por su gran labor a favor de la libertad de prensa. Ver en namibian.com.na

[6] Información obtenida en http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/n-022.htm

[7] Esta asunción del voto en blanco como expresión “callada” de protesta (parcial, ante una ausencia de opciones preferibles en el panorama electoral) ya presupone, por cierto, una determinada cultura política y una previa aceptación del marco jurídico y político, de la forma, en fin, de la democracia parlamentaria de partidos. Esto significa, obviamente, presuponer demasiado en el contexto de muchos países subsaharianos. Y por fortuna, en cierto modo.

NÓMADAS - REVISTA CRÍTICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

12-2005/2 | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730

La hibridez de la ciudadanía en los estados africanos: Una aproximación en Namibia

Ester Massó Guijarro




RESUMEN.- Propongo presentar, desde los estudios de la Antropología social y política, el contraste de un estudio de caso en el Estado de Namibia con la teoría política sobre África, para analizar brevemente la hibridez de la noción de ciudadanía en su región austral a la luz de los condicionantes –centrales y transversales- que operan como fisuras en las formas clásicas de la ciudadanía y del Estado-nación en esta zona. Tales fisuras son los elementos de la etnia (el fenómeno de la etnicidad) en dialéctica con la nación (el fenómeno de las nacionalidades), así como la cuestión de la tribalización del espacio político institucional (la política partidaria), en tanto que instrumentalización de la etnicidad.

PALABRAS-CLAVE: África, Estado-nación, ciudadanía, etnicidad, tribalismo político, [globalización, multiculturalismo].


1. Introducción | 2. Etnia y nación: las fisuras de la ciudadanía y el tribalismo político |3. Una aproximación en Namibia | 4. Apertura de la discusión : ¿un espacio "mesiánico" para la democracia? [Propuestas derridianas] | 5. Bibliografía | 6. Apéndices

1. INTRODUCCIÓN

Propongo presentar, desde los estudios de la Antropología social y política, el contraste de un estudio de caso en el Estado de Namibia con la teoría política sobre África, para analizar brevemente la hibridez de la noción de ciudadanía en su región austral a la luz de los condicionantes –centrales y transversales- que operan como fisuras en las formas clásicas de la ciudadanía y del Estado-nación en esta zona. Tales fisuras son los elementos de la etnia (el fenómeno de la etnicidad) en dialéctica con la nación (el fenómeno de las nacionalidades), así como la cuestión de la tribalización del espacio político institucional (la política partidaria), en tanto que instrumentalización de la etnicidad.

Como sabemos, la fórmula del Estado nacional en África presenta no sólo graves problemas de gestión y desarrollo sino, aparentemente, una incompatibilidad profunda con ciertas formas y tendencias políticas autóctonas, bien arraigadas en el continente, en relación con su historia política y social tremendamente diferente a la evolución del mundo occidental. En vinculación con esa erosión de la formación estatal, probablemente errada desde su planteamiento colonial en la región, observamos transformaciones y modulaciones de gran interés en fenómenos asociados como el de la ciudadanía (planteada como doble o anfibia en tantos países africanos) y la dificultosa promoción de una nacionalidad étnicamente neutralizada, que pudiera operar de fuerza centrípeta unificadora para los intereses de los diferentes grupos étnicos pertenecientes a un mismo Estado. Frente a esta “voluntad de naciones”, promovida en general desde la elite gubernamental sin una verdadera identificación de la población, hallamos la tendencia contraria en la tribalización en los partidos políticos.

Estas disputas, presentes en la teoría y en la praxis cotidiana, poseen a mi juicio una vigencia especial en el paradigma del multiculturalismo y en el contexto de la globalización; pienso, pues, que un análisis de estas cuestiones a la luz de la teoría política desarrollada sobre el multiculturalismo podría resultar interesante y esclarecedora de muchos fenómenos.

2. ETNIA Y NACIÓN: LAS FISURAS DE LA CIUDADANÍA Y EL TRIBALISMO POLÍTICO

2.1 La complejidad de los legados en el espacio político africano.

El espacio político africano puede ser considerado como un extraño mosaico de variables y dimensiones difícilmente aprehensibles, aún en el largo camino de ser reconocidas y comprendidas al completo. Factores como la intensa permeabilidad fronteriza (Nugent y Asiwaju 1996), la emanación circular del poder (el reconocimiento de la soberanía en función de círculos concéntricos de control decreciente irradiados desde el núcleo; Iniesta 1992) o el tribalismo político (Kuassi Denos 2005), son muestras inspiradoras en la comprensión de esa complejidad que en este texto, de forma muy breve, voy a tratar de introducir.

Podría hablarse de muchos modos, y desde muchas perspectivas, de esa hibridación del espacio político y de la ciudadanía africanos; admite voces y lenguajes bien distintos ya que, como toda realidad peculiar y novedosa, requiere de conceptuaciones inéditas para ser expresada. Yo voy a decantarme aquí por colocar el énfasis en dos cuestiones palmarias que, si bien no de modo exclusivo, sí aportan indudables claves fundamentales: la nación y la etnia, como nociones y realidades emergidas de los fenómenos respectivos del nacionalismo y la etnicidad.

En primer lugar debería considerarse el peso específico que la ambigua herencia colonial implica en la configuración del paisaje político africano actual, en sentido amplio, herencia presente ya desde los primeros movimientos liberacionistas del continente africano en la poscolonia (y aún hoy, por supuesto). Legados tales como el Estado violento y represivo, el autoritarismo centralizado en la estructura administrativa (Edie 2003: 50) o, en un plano más simbólico, la distorsión moral identitaria de los colonizados, inspiran en buena medida muchos fenómenos contemporáneos. Sobre este último punto los clásicos estudios de Fanon (1961, 1964), en torno a las transformaciones identitarias propias de sociedades y pensamiento “de reacción”, resultan proverbialmente esclarecedores.

El poscolonialismo se nutre del socialismo durante las etapas de liberación, nutrición que permanece relativamente incuestionable hasta el fin de la división del mundo en bloques (la caída del socialismo real). En cualquier caso, la poscolonia inmediata generó la apertura de un espacio público plural que no estuvo determinado por un solo principio organizativo sino que articuló una variedad ingente de esferas y “arenas políticas”, así como un flujo de posibilidades y restricciones identitarias diversas (Werbner 1996). Se ha dicho que la dinámica poscolonial se caracterizó por el peculiar estilo de la improvisación política (Mbembe 2000) y que conllevó la proliferación de estrategias identitarias mediante una redefinición de los márgenes de humanidad y moralidad por parte de los africanos. Se reveló, pues, la necesidad de una reconstrucción de la identidad personal y colectiva, así como un recurso a la memoria social, histórica y cultural (Werbner 1996: 4).

No olvidemos, con respecto al estallido de esta pluralidad, las condiciones que África había heredado ya no de la colonia sino de su vivencia precolonial de la política: los sistemas de poder propios de jefaturas, la importancia de la permanencia de ciertos esquemas mítico-ritualísticos (Clastres 1980) para la cohesión y la generación del poder en sociedades agrarias, la parcial fusión de la ley y la costumbre como fuerzas constriñentes, la noción de tribu y las concepciones vitales comunitarias que significa; incluso, en espacios más ideológicos o simbólicos, la imbricación de lo político con las vivencias del tiempo (cosmológico, se ha llamado, mítico-comunitario y opuesto a la linealidad judeocristiana) o con el fenómeno tan relevante de la oralidad (Iniesta 1992).

Resulta intuitivo pensar que pluralidades de esta índole (pluralidades que resultan tales en comparación, naturalmente, con el espacio político occidental o de tradiciones europeas, si se quiere, regido históricamente por variables bien distintas) den lugar a situaciones de vivencia de la ciudadanía forzosamente híbridas. Me interesa plantear los términos, pues, de modo sucinto entre dos extremos, fundamentales como dije, en el panorama brevemente caracterizado sobre las peculiaridades del contexto africano; estos dos extremos son las adscripciones étnicas y la nacionalidad. Las adscripciones étnicas, como realidades históricas comprobables en la África precolonial, instrumentalizadas durante la colonia y herederas hoy, pues, de una compleja situación contradictoria a menudo; la nacionalidad, entendida como un tipo de identidad ciudadana generada desde el Estado y en dialéctica relación o confrontación con la identidad étnica. La ciudadanía nacional nace en un contexto poscolonial auspiciada por las elites intelectuales, desde el panafricanismo de Nkruma y una desconfianza de que las “adscripciones étnicas” no sean más que divisiones deletéreas fomentadas desde la colonia.

Para calar en el fondo de esta dialéctica entre lo étnico y lo nacional, pues, no hay más remedio que volver la mirada hacia lo precolonial y lo colonial, como intenté hacer en párrafos precedentes, ya que las raíces comprehensivas de las realidades étnicas actuales se anclan tanto en el pasado precolonial cuanto en las transformaciones y la manipulación que la colonia hizo de ellas, así como en su posterior juego con la nacionalidad (concepto, si bien exportado en un principio, también apropiado y generado de modo endógeno desde las elites liberacionistas mencionadas). Por este motivo abordaré con brevedad qué noción de etnia y nacionalidad manejo para el espacio africano, y por qué planteo desde esa reflexión una idea de ciudadanía necesariamente híbrida para África, así como la conveniencia de reconocer las forzosas “fisuras” que su espacio político presenta.

2.2 Etnicidad y nacionalidad; tribalismo político versus ciudadanía híbrida.

En primer lugar explicitaré qué sentidos de etnia y de nación pretendo manejar, ambos conceptos a mi juicio difícilmente aprensibles (como lo es todo lo propio de las lógicas y los espacios simbólicos). Tratamos de realidades mentales compartidas, por ende, generadoras de instituciones y hábitos tangibles entre poblaciones pero construidas a la base, en la mayoría de los casos, de conjuntos de asunciones mentales compartidos por determinado número de personas.

En realidad, resulta dudoso hasta qué punto podría establecerse con exactitud la diferencia entre las figuras ilusiorias de las identidades étnica y nacional (Balibar y Wallerstein 1988: 135), en tanto que ilusiones retrospectivas y generadoras de realidades institucionales condicionantes; sin consideramos igualmente, según las teorías neoinstitucionalistas, una concepción amplia de las instituciones, será sencillo deconstruir en buena medida lo que ha constituido una dicotomía clásica en la teoría hasta fechas recientes, a saber, la frontera entre etnia y nación. Los mitos sobre los orígenes favorecedores de la continuidad nacional o los modos ideológicos efectivos como se construye cotidianamente la singularidad imaginaria de las formaciones nacionales no son características cualitativamente distintas de los mecanismos que operan en los sistemas étnicos.

Pienso que, en efecto, es razonable pensar que la nación no constituye una realidad menos inventada que la etnia, más allá de los planteamientos que asocian a “lo étnico” nociones como patronazgo, particularismo, clientelismo o costumbre, y a “lo nacional” nociones como proyecto político de envergadura o seguridad temporal. Afirma Coulon que “los pensadores jacobinos descalifican tanto la etnia como veneran el Estado” (Coulon 1995: 183; la traducción del catalán es mía), y esto sólo puede suceder desde una fetichización y un falseamiento de la etnicidad (frente a un simultáneo falseamiento de la nacionalidad pero en sentido contrario, es decir, positivo y sobrevalorativo).

Existe una densa discusión en torno al concepto de etnia; desde el llamado “primordialismo étnico” se debate hasta qué punto las diversas nociones de parentesco generan etnicidad y viceversa (Dietz 2003: 86), lo que convertiría el racismo o el etnocentrismo en formas extensas de nepotismo, por ejemplo. La idea que se halla a la base de esta cuestión es, a mi entender, hasta dónde alcanzan las implicaciones socioculturales de la pertenencia étnica y qué tipo de carácter presenta ésta frente a realidades como la nación.

Algunos de los estudios más lúcidos en torno a la etnia han sido los clásicos realizados por Fredrik Barth; en su rechazo de conceptuaciones fixistas, ensayó varias definiciones operativas del término como la de “categorías de adscripción e identificación usadas por los grupos mismos y que por tanto organizan interacción entre los individuos” (Barth 1969); también utilizó la consideración del grupo étnico como “portador de cultura” (Barth 1969: 11) y como tipo de organización, y señaló la interdependencia de los grupos desde sus perspectivas ecológicas y demográficas (Barth 1969: 23-24)[1].

Tres vías fundamentales para producir la etnicidad son los credos religiosos, la lengua (sin lengua no hay mundo; Gellner 1995; Gadamer 1986; Randall y Theobald 1985: 61) y la raza. El concepto de raza, sin embargo, fue hace tiempo denostado desde la teoría al menos en su forma más clásica; Balibar y Wallerstein hablan de comunidad de raza, en un sentido cuasi simbólico, como del “núcleo simbólico que permite identificar en forma ideal raza y etnicidad, y representar pues la unidad de raza como el origen o la causa de la continuidad histórica de un pueblo” (Balibar y Wallerstein 1988: 154). Puede ser concebida, pues, como categoría de grupo de estatus y representación colectiva, confusa, de una categoría de clase internacional, a saber, la de las naciones proletarias (Balibar y Wallerstein 1988: 303).

Sobre el concepto de nación no puedo resistir la tentación de citar la concisa definición pseudo-humorística, y no por ello menos ilustrativa, aportada por Kart Deutsch: “una nación es un grupo de personas unidas por un error común sobre su pasado ancestral y un común disgusto por sus vecinos” (Kart Deutsch 1969; en Delanty y O’Mahoni 2002). Mencionaré, sin embargo, algunas definiciones operativas más ortodoxas que orienten esta pequeña discusión.

Balibar y Wallerstein han hablado de la formación de la nación como de la culminación de un proyecto secular y la manifestación de la personalidad nacional, que es tanto una ilusión retrospectiva cuanto generadora de realidades institucionales condicionantes (Balibar y Wallerstein 1988: 135); era esa la concepción de nación que había preponderado en el siglo XIX y que se había promovido desde los álgidos movimientos nacionalistas durante el Romanticismo.

El concepto de nación, establecido en torno a la dialéctica entre grupos incluyentes y excluyentes, involucra dos aspectos: lo cultural y lo político (McKim 1997). Los modos de identificación nacional asumen dimensiones tales como la lealtad a la nación, la incorporación de elementos folclóricos de la cultura a la propia vida, el sustento de ciertas creencias (aquéllas sobre el pasado de la nación, su destino, sus objetivos futuros, los héroes y villanos nacionales, etc; McKim 1997: 103). El sentimiento y las razones emotivas subyacen como claves y fuentes principales de la identificación nacional; afirma McKim que “es característico que parte de lo que explique la existencia de ese grupo cultural sea el hecho de que las personas que lo constituyen tengan el sentimiento de que son un grupo diferente” (McKim 1997: 102).

Siempre hay una sucesión de mitos en torno a los orígenes y la continuidad nacionales, ya que operan como forma ideológica efectiva en la que se construye cotidianamente la singularidad imaginaria de las entidades nacionales (Balibar 1988). Mas ¿cómo hallar la generación profunda de las naciones? Balibar y Wallerstein indican que históricamente entidades no nacionales, con objetivos bien distintos de los de un Estado-nación (verbigracia dinásticos) han producido progresivamente los elementos del Estado nacional; ese “umbral de reversibilidad” se traspasa cuando se forman definitivamente los Estados. Las unidades nacionales se crean a partir de la estructura global de la economía, unas contra otras como instrumentos rivales en el control del centro sobre la periferia (Balibar y Wallerstein 1988: 137ss).

La generación de la conciencia popular por parte del Estado resulta, como indican Maquiavelo o Gramsci, de una conjugación de fuerza coaccionante y educación, al menos en sus métodos políticos originales; ambas, fuerza y educación, se hallan empero vinculadas, ya que es el aparato ideológico del Estado el que domina la burguesía mediante el control de las instituciones escolar y familiar (Balibar y Wallerstein 1988: 159).

Si bien, como estoy tratando de explicitar en párrafos precedentes, las verdaderas líneas fronterizas entre los fenómenos de nacionalidad y etnicidad parecen más cuantitativas que cualitativas (al menos, admitamos que resulta difícil constatar un fondo realmente diferencial entre ellas), el hecho palmario es que en el espacio político africano nos topamos habitualmente con una dialéctica contradictoria entre la adscripción o identidad étnica y la nacional. En este contexto es donde ubico la conveniencia de una reflexión en torno a una idea de ciudadanía híbrida frente a los malos resultados del tribalismo político, del hablaré más tarde.

La ciudadanía constituye un término complejo y poliédrico, acaso no susceptible de ser explicado tanto por sí mismo, de modo independiente y autónomo, como en referencia a otros términos tales como soberanía, poder legítimo (justicia, autoridad), identidad o democracia. Figura histórica singular de la relación entre lo individual y lo colectivo (Abélès 1997), la ciudadanía es una noción asociada forzosa e intrínsecamente a la democracia, emergida en su mismo seno y que apela a una condición determinada continente de una serie de derechos y deberes de carácter vinculante. A su vez, la relación de la ciudadanía con la identidad cultural y política deviene radical: qué identidad sentimos y reconocemos o cómo nos identificamos, de tales elementos va a depender qué concesiones hagamos a los otros y a las restricciones que impongan, es decir, qué autoridades asumamos y cuáles. El fondo de la crisis de gobernabilidad africana emerge claramente según esta perspectiva.

Cuando se sugiere la idea de ciudadanía híbrida se habla, en realidad, de la posibilidad de casación o integración armoniosa entre dos tipos de identidad bien diferentes entre sí pero tal vez no necesariamente contradictorias, precisamente a causa de sus raíces y formas distintas. Con esto pretendo explicar que si la opción se estableciera entre dos identidades étnicas concretas, naturalmente escoger resultaría excluyente porque ambas adscripciones serían del mismo tipo, poseerían igual carácter; frente a esto, optar entre una identidad étnica histórica y una determinada adscripción nacional acaso no debiera ser incongruente o incompatible porque ambas operan en planos rotundamente disímiles, dispares a mi entender; o al menos deberían hacerlo.

Y es este último razonamiento (sobre las dos lógicas o espacios diferenciales) la que no asume el fenómeno del tribalismo político, definido en términos opuestos a la etnicidad moral. Lonsdale ha expresado la cuestión que tratamos de un modo especialmente lúcido, estableciendo los términos del debate entre el mencionado “tribalismo político”, “carente de principios en el que distintos grupos compiten por los recursos del Estado” (Lonsdale 2000: 39) y la mencionada “etnicidad moral”, o “el estándar interno, constantemente debatido, de la virtud cívica contra el cual medimos nuestro honor personal y las relaciones entre nosotros” (Lonsdale 2000: 39).

Acaso debamos regresar de nuevo, por un momento, al periodo poscolonial en África para conocer ciertas raíces de estos fenómenos. La tensión de intereses durante esta etapa es ingente; el nacionalismo que se promovió implicó por necesidad el panafricanismo de Kwame Nkruma, preciso para constituir una categoría de “africanos” como rival de la tradicional “europeos” (Balibar y Wallerstein 1988: 289). Otra variable significativa crucial del período independentista fue una definición jurídica un tanto rígida de la pertenencia de pleno derecho a una comunidad moral más amplia, a saber, la de ciudadanía (Balibar y Wallerstein 1988: 289). En este contexto, la preferencia por la palabra “etnia” frente a la de “tribu” significa una opción ideológica obvia; “tribu” posee una serie de connotaciones diferenciales, claramente peyorativas además, que nos va a decantar por el empleo de la etnia en los contextos que manejamos.

Akiwowo habla del tribalismo como de un conjunto de respuestas tipo, o bien ajustes de adaptación, a las consecuencias no previstas de los procesos de construcción de la nación; en palabras de Skinner, su función fundamental es “permitir que la gente se organice en entidades sociales, culturales o políticas capaces de competir con otras por cualesquiera bienes y servicios que se consideren válidos en su entorno” (en Balibar y Wallerstein 1988: 193).

Hoy en día podríamos definir el tribalismo como un “etnocentrismo del grupo étnico”. En palabras de Kuassi Denos (2005), constituye una creación artificial de conflictos entre grupos étnicos de una nación, por manipulación y contaminación de elites intelectuales interesadas en el control socioeconómico y en la creación de un “fondo de comercio” tribal; dicho de otro modo, podemos entender el tribalismo como una nueva devoción hacia la identificación étnica que aparece con la identificación territorial en África (o nacionalismo) tras las independencias, y la subsiguiente emergencia de nuevas categorías (Balibar y Wallerstein 1988: 288). Hallamos, pues, el origen del fenómeno del tribalismo asociado a un período histórico concreto y sus consecuencias, a saber, la emergencia y la urgencia de la nación (concepto evanescente en África) durante los procesos de independencia y la instrumentalización de lo étnico que, con fines políticos, se llevó a cabo en el panorama político. Las filiaciones tribales o étnicas se vinculan a agrupaciones, fracciones y posiciones políticas, es decir, las líneas tribales se relacionan con fines políticos definidos (Balibar y Wallerstein 1988: 290).

He querido hasta ahora expresar la preocupación suscitada por el interrogante ante el “Estado tribalizado”, es decir, un panorama político africano donde los partidos estén potencialmente “comprados” como espacios para la tribu; dicho de otro modo, que una determinada etnia posea el monopolio de un partido político (y lo decante en absoluto en el beneficio de sí misma, sin restricciones) en un ejercicio de manipulación e instrumentalización política del fenómeno étnico mismo. El espacio de lo político estaría, así, “secuestrado” por un ejercicio de tribalización de lo étnico.

Y es frente a esta cuestión donde ubico la propuesta de la ciudadanía híbrida como una posibilidad de acomodo de identidades diferentes, de cualidad diferente, entendiéndose la nacionalidad como un espacio abierto y sólo estructuralmente definido a fin de que pueda dar cabida a las identidades étnicas concretas, y sirva precisamente para reconocer las mismas y asegurar su pervivencia. Esta promoción de identidades nacionales híbridas pasaría por un reconocimiento, pues, de la especificidad étnica en una base nacional inclusiva (al modo de Canadá, por ejemplo), la cual permitiría la identificación y la lealtad porque operaría simplemente como salvaguarda de los derechos particulares y colectivos (étnicos, si se quiere); dicho de otro modo, un panorama de partidos políticos establecidos en virtud de la ideología o, al menos, no primordialmente de la etnia o el territorio (Kuassi Denos 2005).


3. UNA APROXIMACIÓN EN NAMIBIA

Al hilo de las reflexiones anteriores, me interesa indagar cómo en el moderno Estado nacional de Namibia sucede la dialéctica entre las diferentes etnias y la cuestionable realidad de la ciudadanía, auspiciada por una también cuestionable nacionalidad namibia. Me pregunto si esta presunta nacionalidad se sustenta o no mediante los diversos partidos políticos, y en qué medida presentan éstos grados de tribalización o de ideologización. Antes de continuar no quisiera dejar de advertir, sin embargo, que los posteriores párrafos no han de ser tomados sino como tentativas aproximaciones preliminares (partisanas, en las inmediaciones del problema) fruto de una investigación que aún se halla en ciernes; no deseo con ellas ofrecer ideas concluyentes sino un pequeño contraste entre cierta teoría con cierta realidad, ya que me hallo en un momento muy inicial de mi conocimiento y mi tratamiento sobre Namibia.

Namibia[2] representa la independencia más tardía del continente; en 1990 se libera definitivamente de Sudáfrica tras largas y áridas negociaciones, y desde entonces hasta las últimas elecciones presidenciales en noviembre de 2004 ha sido SWAPO (South-West African People’s Organisation), convertida en partido político, la formación que ha gestionado el espacio político tras victorias aplastantes en los comicios. En efecto, el panorama político namibio está dominado en la actualidad por este único partido; su preponderancia ancla sus raíces en las prolongadas décadas de lucha de liberación que precedieron (y posibilitaron) la independencia del país en el año 90.

Sabemos que el socialismo fue arma compañera de combate para gran parte de la lucha de liberación por la independencia africana, al menos hasta la caída del muro de Berlín en los años 90 como indiqué más arriba. Sin embargo, en el caso de Namibia se ha de precisar que la hábil estrategia desarrollada por SWAPO, con Nujoma en el liderazgo, se cuidó bien de presentar su lucha como más marxista que primordialmente anticolonial, lo que permitió el mayor grado de integración centrípeta de fuerzas, la formidable capacidad sintética de esta formación.

Entre 1957 y 2000 han sido registrados hasta diecinueve partidos políticos en Namibia, lo que podría ilustrar en el amplio espectro de intereses grupales a través de diferentes formas de persuasión política e ideológica: cada partido apela a una comunidad económica, social y étnica particular en la Namibia de las trece regiones (Chirawu 2003: 149). De esta “inflación partidaria”, sin embargo, sólo cinco agrupaciones han sobrevivido hasta hoy a los rigores de la presión social y la competencia política, a saber, el mencionado SWAPO, DTA (Democratic Turnhalle Alliance), UDF (United Democratic Front), CoD (Congress of Democrats) y MAG (Monitor Action Group).

Estas agrupaciones comparten el criterio de un Estado unitario descentralizado, a la vez que se diversifican mediante el sustento cuatro orientaciones fundamentales: la preferencia por la democracia multipartidista y la economía de libre mercado; la preferencia por la política multipartidista y la economía mixta; la preferencia por un tipo federal de gobierno y la propuesta de un centralismo gubernamental (Chirawu 2003: 149).

Con respecto a la diversidad étnica del Estado namibio, véase la distribución porcentual por adscripción “racial”[3] más generalmente admitida[4]:

87% de población negra;
7% de población mestiza;
6% de población blanca.

la distribución porcentual más manejada por adscripción étnica es la siguiente[5]:

en torno el 50% de población ovambo (es la etnia mayoritaria, de mayor presencia además en SWAPO y en el gobierno namibio);
9% de población kavango;
7% de población herero/himba;
7% de población damara;
5% de población nama;
4% de población capriviana;
3% de población san o bosquimano;
2% de población rehoboth baster;
0.5% de población tswana.

(Fuente: Informe sobre Namibia realizado por el Bureao of African Affaire, publicado en http://www.ikuska.com/Africa/Paises/namibia.htm).

La distribución regional de votos en las últimas elecciones presidenciales (noviembre de 2004), nos hace pensar que no existe un único criterio definido en función de la adscripción étnica que explique la opción por uno u otro partido. Si bien la base principal de SWAPO la componen miembros de la etnia ovambo (incluidos Nujoma y el actual presidente Pohamba), este dato podría llevarnos a conclusiones erróneas si no consideramos que la ovambo es también la agrupación mayoritaria (un 50 por ciento del total de población negra). Asimismo hay una base étnica mayoritaria en el UDF, los damara, pero a la vez sabemos que las intenciones y perspectivas de otros grupos importantes como DTA, CoD o MAG, liderados por mestizos en muchos casos, promueven políticas heterogéneas de unión de lo multicultural en el interés general de una nacionalidad “étnicamente neutralizada”, ubicando el énfasis en intereses no directamente étnicos sino de tipo ideológico o económico, e inspirados en motivos territoriales o políticos.

Así pues, aunque no existen hasta la fecha estudios estadísticos concluyentes sobre las bases de apoyo étnico a cada uno de los grupos, sí parece que no hay ningún partido sostenido mayoritariamente por un electorado adscrito a un credo religioso concreto (ni siquiera MAG, por ejemplo, aunque sea declaradamente cristiano), como tampoco una congruencia demasiado grande entre el carácter de los grupos étnicos y su preferencia política (Chirawu 2003: 155). Se reconoce sin embargo, como indicaba más arriba, las procedencias principales –étnicas y geográficas- del electorado de algunos partidos; SWAPO es votado principalmente por los ovambo habitantes del norte, aunque no solamente; el soporte fundamental de DTA procede de las regiones centrales, del este y del suroeste, con los herero, los damara, los nama y los blancos (granjeros y residentes urbanos); UDF es especialmente popular es tres regiones: Erongo, Kunene y Otjozondjupa (Keulder 1999), y el 75 por ciento de sus votantes son damara (Chirawu 2003: 158).

La evolución general de Namibia desde 1990 así como su crecimiento económico, su estabilidad política o sus procesos electorales, han sido declarados como relativamente envidiables en el contexto africano (Bosch 2002: 152ss) según observadores internacionales; en concreto se enfatiza la ejemplar claridad electoral, con una alta intervención y participación de la sociedad civil en la vida política (Chirawu 2003: 159). A pesar de la pobreza y una de las más altas cifras de afección de SIDA del continente, en estos momentos sólo puede reconocerse un conflicto político relevante de legitimidad en catorce años, a saber, la franja de Caprivi.

El conflicto en Caprivi (el estallido de un intento de secesión armada entre 1998 y 1999 en la localidad de Katima Mulilo, prontamente sofocado pero de consecuencias relevantes) podría entenderse en analogía a contiendas similares como la tan álgida en estos momentos entre la Casamance y Senegal (África Actual abril 2005); el encaje de la Casamance, muy diferente étnica y culturalmente, en el Senegal ha sido siempre dificultoso y sólo ahora acaba de lograrse un acuerdo de paz. El interés de un análisis comparativo entre el conflicto de legitimidad en Caprivi y ejemplos como el de la Casamance no es baladí, ya que muchas de las dinámicas marginadoras, fruto del centralismo gubernamental, que aparecen como causas del problema son análogas en lugares varios. Cuestiones como la falta de inversión en la zona o el nombramiento de funcionarios del gobierno central, la discriminación de la lengua y la cultura regionales u otros motivos afines impulsan iguales sentimientos de agravio hacia el Estado central en países bien diferentes.

Tampoco es desdeñable la controversia sobre la escasísima participación electoral de la región de Caprivi en los últimos comicios namibios. Como indiqué más arriba, las elecciones namibias hasta la fecha han sido relativamente bien valoradas por los observadores internacionales, incluida su última edición en noviembre de 2004. Frente a ejemplos de baja participación electoral como el de las últimas elecciones en Mozambique en diciembre de 2004 (donde sólo el 36 por ciento del censo electoral acudió a votar; África Actual abril 2005), en Namibia nos hallamos con un porcentaje medio de participación mayor que, sin embargo, hemos de reconocer forzosamente ensombrecido por las bajas cifras de Caprivi: en la circunscripción de Katitma Mulilo, la población más grande de la región, determinadas zonas presentaron niveles de participación tan bajos que oscilaron entre el 5 por ciento y el 12 por ciento (The Namibian, lunes 22 de noviembre de 2005). A la escasísima participación de votantes en regiones rurales y especialmente en la franja de Caprivi se ha sumar, para su consideración, la también escasísima propaganda electoral desarrollada en determinadas zonas[6]

He querido traer a colación algunos detalles aislados (no hay espacio para más), aunque relevantes, del último contexto electoral namibio porque, a mi entender, éste ha manifestado de modo muy claro tendencias aparentemente contradictorias pero que conviven con frecuencia en espacios políticos plurales: una cierta satisfacción general en el país ante la representación (cierto nivel de identificación de la población con el proyecto político del gobierno, lo que confiere legitimidad a la soberanía) y, a la vez, un alto grado de descontento y conflictividad en una región determinada del mismo país, a la que no son extensibles las consideraciones generales y que requiere una revisión profunda del sistema de representación, entre otras cuestiones.

En la primera parte de este trabajo mencionaba las diferentes concepciones del poder heredadas en la África actual de la África precolonial, recordando un tipo de emanación del poder “en círculos concéntricos” que iba perdiendo intensidad desde el centro hacia la periferia (teniendo el centralismo, pues, muchas menos posibilidades de éxito allí que en tradiciones occidentales por ejemplo). Si consultamos la peculiar ubicación de la franja de Caprivi (ver apéndice 1) resultará fácil constatar su lejanía del centro administrativo del país (la capital, Windhoek), así como su compleja situación fronteriza (compartiendo límites geográficos con cuatro Estados diferentes). Caprivi muestra en toda su intensidad, y también en toda su claridad, un paradigma de conflicto clásico y habitual africano, donde la dificultad en la congruencia de lo étnico con lo nacional se agudiza de forma máxima y donde, tal vez, ni siquiera la fórmula de una ciudadanía híbrida en un solo contexto nacional (como alternativa a un tribalismo político descarnado) fuera suficiente. Dicho de otro modo, si la población capriviana no se siente “namibia” de ningún modo, como en efecto sucede, y su situación geográfica es tal que tan namibia podría ser como angoleña (de hecho, fue la UNITA angoleña entre otros apoyos quien ayudó a armar la secesión) o zambeña, tal vez entonces, pues, la solución se halle en algún tipo de formulación desde el regionalismo, también híbrida pero más allá, esta vez, de las fronteras de lo nacional.

4. APERTURA DE LA DISCUSIÓN: ¿UN ESPACIO “MESIÁNICO” PARA LA DEMOCRACIA? [PROPUESTAS DERRIDIANAS]

A sabiendas de la heterodoxia de la siguiente propuesta, no quisiera dejar de aventurar una sugerencia contrastiva entre reflexiones de muy diversa índole: la perspectiva de teoría política que he estado tratando, enriquecida con la perspectiva de filosofía fenomenológica que aporta el deconstruccionismo de Jacques Derrida aplicado a las cuestiones abordadas.

El filósofo franco-argelino ofrece en una de sus obras (Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional; 1995) una interpretación del espacio político, mesiánico en un cierto sentido, que detalla siguiendo su método deconstruccionista y que resulta, a mi entender, una reflexión especialmente sinérgica sobre la pluralidad de espacios políticos y concepciones de la democracia.

Me ocuparía demasiado tiempo tratar de explicitar aquí con detalle la propuesta derridiana, así que habremos de conformarnos con algunas claves y la sugerencia de posteriores tratamientos más dilatados. Con el re-pensamiento sobre las instancias de la democracia y la justicia desde un espacio dilatado que Derrida denomina “mesiánico” (“mesiánico” sin mesianismo, como una opción desde la “teología vulgar” en oposición a la “teología especulativa”; Derrida 1995: 78-79), el autor parece pretender dar cuenta de cierta dislocación propia de nuestro tiempo, que se refleja en las presencias virtuales y en la inundación de la tele-técnica vigentes en la transformación de nuestras relaciones sociales, personales, incluso íntimas. Nuestro tiempo está dislocado, está desquiciado, fuera de quicio: “out of joint”, afirma Derrida recordando a Shakespeare en Hamlet (Derrida 1995: 98), y con ese recuerdo engarza el nuevo espacio virtual (el ciberespacio), que inaugura el “tiempo diferido”, con una concepción de lo “mesiánico” como apertura de un espacio trans-epocal en la democracia y la justicia (en oposición a un concepto formalista de derecho).

Para que la democracia y la justicia sean tales, piensa Derrida, se ha de operar tanto una apertura al futuro indeterminado (lo que él llama la hospitalidad ante los y las arribantes, ante una alteridad inanticipable –inanticipación que se distingue de la utopía clásica-), cuanto una consideración de los espectros, de los fantasmas del pasado (es decir, una flexibilización de los márgenes en la consideración de la justicia). En palabras del pragmatista Rorty, estaríamos hablando de la justicia como de una “lealtad más amplia” (Rorty 2000).

Asimismo niega Derrida que la esperanza, que inunda siempre y forzosamente lo mesiánico, deba vincularse a la seguridad; bien al contrario, la esperanza ha de contener siempre una veta de desesperación y por ende de versatilidad en la admisión del futuro (flexibilidad, hospedaje de nuevo), para no constituir el cálculo de un programa (es decir, la seguridad)[7].

Con estas ideas Derrida está negando, entre otras cosas, un paradigma de temporalidad unidireccional; está estableciendo de algún modo (oscuro, sordo, rumoroso y demorado como es el suyo) un “principio de fuga” en la concepción del espacio político. Especialmente interesantes a este respecto son también sus reflexiones en torno a una “nueva Internacional”, con la tarea fundamental de la revisión del derecho internacional –en su formulación y en su aplicación-, y en torno a cómo esas transformaciones temporales del (ciber) espacio relacional humano y social están explicitando y contribuyendo a la clausura genealógica, cada vez más manifiesta, de las soberanías nacionales (Derrida 1995: 98-99).

Reitero el comentario del principio de esta sección: soy consciente de la heterodoxia que significa urdir a un filósofo deconstruccionista como Derrida en un texto primordialmente analítico y científico-social; sin embargo, pienso que muchas de las propuestas que necesitamos constantemente pueden hallarse en la combinación de miradas muy disímiles. La solicitud derridiana de nuevos términos para realidades inéditas (e insólitas); su interés y su esfuerzo neologísticos por recrear, re-definir, nombrar y criticar algunas de las peores “plagas” económico-políticas de nuestros tiempos (Derrida 1995: 96-98); su preocupación porque la indecencia (y la presbicia) del formalismo no nos hagan despreciar la “evidencia macroscópica” de que nunca la desigualdad efectiva fue tan monstruosa a escala mundial (Derrida 1995: 99), son todas ellas consideraciones que abren, a mi juicio, novedosas brechas sugerentes para repensar el espacio de lo político y su necesaria reformulación. Y para repensar, especialmente, el urgente ejercicio de imaginación que debe realizarse desde disciplinas diferentes para comprender y transformar los anfibios, plurales, híbridos espacios políticos del continente africano.


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Fuente hemerográfica: “The Namibian” correspondiente al 22 de noviembre de 2004 (edición online: www.namibian.com.n


[1] Algunos otros estudios sobre la etnia de gran interés son los realizados por Randall y Theobald (1985) mas, por desgracia, no cuento aquí con el espacio conveniente para extenderme más sobre este punto.

[2] Ver apéndice 1.

[3] Asumo la discusión actual en torno al término “racial” y la deconstrucción de la noción de raza desde la Filosofía y la Antropología; empleo aquí sin embargo la palabra como mera designación para distinguir entre “blanco” y “negro”, y dado que en la región que trato se ha empleado estos nombres y se sigue haciendo. Añado, además, que tales denominaciones son habituales en la literatura sobre el tema, sin entenderse ningún tipo de presupuesto esencialista sobre la misma palabra “raza”.

[4] Ver apéndice 2.

[5] Ver apéndice 3.

[6] “La presencia de puntos electorales en algunos pueblos es la única indicación de que las elecciones están actualmente teniendo lugar aquí [...]; este área es una zona muerta en materia de elecciones” (“The Namibian”, lunes 22 de noviembre de 2004).

[7] “Pero sin esa desesperación, y si se pudiese contar con lo que viene, la esperanza no sería más que el cálculo de un programa. Se tendría la prospectiva pero no se esperaría nada ni a nadie. El derecho sin la justicia” (Derrida 1995: 188).


©THEORIA - PROYECTO CRÍTICO DE CIENCIAS SOCIALES - GRUPO DE INVESTIGACIÓN UCM

Texto incluido en el libro Los condenados de la Tierra, Franz Fanon, 1961.

Compañeros: hay que decidir desde ahora un cambio de ruta. La gran noche en que estuvimos sumergidos, hay que sacudirla y salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos firmes, alertas y resueltos.


Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creencias y nuestras amistades de antes. No perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo.


Hace siglos que Europa ha detenido el progreso de los demás hombres y los ha sometido a sus designios y a su gloria; hace siglos que, en nombre de una pretendida "aventura espiritual" ahoga a casi toda la humanidad. Véanla ahora oscilar entre la desintegración atómica y la desintegración espiritual.


Y sin embargo, en su interior, en el plano de las realizaciones puede decirse que ha triunfado en todo.


Europa ha asumido la dirección del mundo con ardor, con cinismo y con violencia. Y vean cómo se extiende y se multiplica la sombra de sus monumentos. Cada movimiento de Europa ha hecho estallar los límites del espacio y los del pensamiento. Europa ha rechazado toda humildad, toda modestia, pero también toda solicitud, toda ternura.


No se ha mostrado parsimoniosa sino con el hombre, mezquina, carnicera, homicida sino con el hombre.


Entonces, hermanos ¡cómo no comprender que tenemos algo mejor que hacer que seguir a esa Europa?


Esa Europa que nunca ha dejado de hablar del hombre, que nunca ha dejado de proclamar que sólo le preocupaba el hombre, ahora sabemos con qué sufrimientos ha pagado la humanidad cada una de las victorias de su espíritu.


Compañeros, el juego europeo ha terminado definitivamente, hay que encontrar otra cosa. Podemos hacer cualquier cosa ahora a condición de no imitar a Europa, a condición de no dejarnos obsesionar por el deseo de alcanzar a Europa.


Europa ha adquirido tal velocidad, loca y desordenada, que escapa ahora a todo conductor, a toda razón y va con un vértigo terrible hacia un abismo del que vale más alejarse lo más pronto posible.


Es verdad, sin embargo, que necesitamos un modelo, esquemas, ejemplos. Para muchos de nosotros, el modelo europeo es el más exaltante. Pero en las páginas anteriores hemos visto los chascos a que nos conducía esta imitación. Las realizaciones europeas, la técnica europea, el estilo europeo, deben dejar de tentarnos y de desequilibrarnos.


Cuando busco al hombre en la técnica y el estilo europeos, veo una sucesión de negaciones del hombre, una avalancha de asesinatos.


La condición humana, los proyectos del hombre, la colaboración entre los hombres en tareas que acrecienten la totalidad del hombre son problemas nuevos que exigen verdaderos inventos.


Decidamos no imitar a Europa y orientemos nuestros músculos y nuestros cerebros en una dirección nueva. Tratemos de inventar al hombre total que Europa ha sido incapaz de hacer triunfar.


Hace dos siglos, una antigua colonia europea decidió imitar a Europa. Lo logró hasta tal punto que los Estados Unidos de América se han convertido en un monstruo donde las taras, las enfermedades y la inhumanidad de Europa han alcanzado terribles dimensiones.


Compañeros: ¿No tenemos otra cosa que hacer sino crear una tercera Europa? Occidente ha querido ser una aventura del Espíritu. Y en nombre del Espíritu, del espíritu europeo por supuesto, Europa ha justificado sus crímenes y ha legitimado la esclavitud en la que mantiene a las cuatro quintas partes de la humanidad.


Sí, el espíritu europeo ha tenido singulares fundamentos. Toda la reflexión europea se ha desarrollado en sitios cada vez más desérticos, cada vez más escarpados. Así se adquirió la costumbre de encontrar allí cada vez menos al hombre.


Un diálogo permanente consigo mismo, un narcisismo cada vez más obsceno, no han dejado de preparar el terreno aun cuasidelirio, donde el trabajo cerebral se convierte en sufrimiento, donde las realidades no son ya las del hombre vivo, que trabaja y se fabrica a sí mismo, sino palabras, diversos conjuntos de palabras, las tensiones surgidas de los significados contenidos en las palabras. Ha habido europeos, sin embargo, que han invitado a los trabajadores europeos a romper ese narcisismo y a romper con ese irrealismo.


En general, los trabajadores europeos no han respondido a esas llamadas. Porque los trabajadores también se han creído partícipes en la aventura prodigiosa del Espíritu europeo.


Todos los elementos de una solución de los grandes problemas de la humanidad han existido, en distintos momentos, en el pensamiento de Europa. Pero los actos de los hombres europeos no han respondido a la misión que les correspondía y que consistía en pesar violentamente sobre esos elementos, en modificar su aspecto, su ser, en cambiarlos, en llevar, finalmente, el problema del hombre a un nivel incomparablemente superior.


Ahora asistimos a un estancamiento de Europa. Huyamos, compañeros, de ese movimiento inmóvil en que la dialéctica se ha transformado poco a poco en lógica del equilibrio. Hay que reformular el problema del hombre. Hay que reformular el problema de la realidad cerebral, de la masa cerebral de toda la humanidad cuyas conexiones hay que multiplicar, cuyas redes hay que diversificar y cuyos mensajes hay que rehumanizar.


Hermanos, tenemos demasiado trabajo para divertirnos con los juegos de retaguardia. Europa ha hecho lo que tenía que hacer y, en suma, lo ha hecho bien; dejemos de acusarla, pero digámosle firmemente que no debe seguir haciendo tanto ruido. Ya no tenemos que temerla, dejemos, pues, de envidiarla.


El tercer Mundo está ahora frente a Europa como una masa colosal cuyo proyecto debe ser tratar de resolver los problemas a los cuales esa Europa no ha sabido aportar soluciones.


Pero entonces no hay que hablar de rendimientos, de intensificación, de ritmo. No, no se trata de volver a la Naturaleza. Se trata concretamente de no llevar a los hombres por direcciones que los mutilen, de no imponer al cerebro ritmos que rápidamente lo menoscaba y lo perturban. Con el pretexto de alcanzar a Europa no hay que forzar al hombre, que arrancarlo de sí mismo, de su intimidad, no hay que quebrarlo, no hay que matarlo.


No, no queremos alcanzar a nadie. Pero queremos marchar constantemente, de noche y de día, en compañía del hombre, de todos los hombres. Se trata de no alargar la caravana porque entonces cada fila apenas percibe a la que la precede y los hombres que no se reconocen ya, se encuentran cada vez menos, se hablan cada vez menos.


Se trata, para el Tercer Mundo, de reiniciar una historia del hombre que tome en cuenta al mismo tiempo las tesis, algunas veces prodigiosas, sostenidas por Europa, pero también los crímenes de Europa, el más odioso de los cuales habrá sido, en el seno del hombre, el descuartizamiento patológico de sus funciones y la desintegración de su unidad; dentro del marco de una colectividad la ruptura, la estratificación, las tensiones sangrientas alimentadas por las clases; en la inmensa escala de la humanidad, por último, los odios raciales, la esclavitud, la explotación y, sobre todo, el genocidio no sangriento que representa la exclusión de mil quinientos millones de hombres. (Las tres cuartas partes del total en el momento en que esto se escribe)


No rindamos, pues, compañeros, un tributo a Europa creando estados, instituciones y sociedades inspirados en ella.


La humanidad espera algo más de nosotros que esa imitación caricaturesca y en general obscena.


Si queremos transformar a Africa en una nueva Europa, a América en una nueva Europa, confiemos entonces a los europeos los destinos de nuestros países. Sabrán hacerlo mejor que los mejor dotados de nosotros.


Pero si queremos que la humanidad avance con audacia, si queremos elevarla a un nivel distinto del que ha impuesto Europa, entonces hay que inventar, hay que descubrir.

Si queremos responder a la esperanza de nuestros pueblos, no hay que fijarse sólo en Europa.


Además, si queremos responder a la esperanza en los europeos, no hay que reflejar una imagen, aun ideal, de sus sociedad y de su pensamiento, por los que sienten de cuando en cuando una inmensa náusea.


Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo. (Páginas 287 a 292)


Franz FANON

LA UNIÓN AFRICANA Y EL NEPAD: APUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN EXTERNA QUE PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA

Mbuyi Kabunda
Profesor de Relaciones Internacionales, socio de Sodepaz

Desde la década de los 60, unos 20 documentos o planes de desarrollo, de inspiración africana o impuestos por las instituciones financieras internacionales, fueron adoptados para hacer frente a los problemas de desarrollo y de integración regional en África.

Muchos de estos programas y planes se limitaron al capítulo de las buenas intenciones, y casi todos conocieron un fracaso de mayúscula proporción, por la negación de los gobiernos de renunciar a una parte de sus soberanías, la ausencia de un marco institucional adecuado, la falta de una dimensión panafricana y de voluntad política, y sobre todo por la exclusión de los pueblos en su concepción y ejecución. Éstos nunca fueron consultados para expresar sus necesidades y prioridades. Lejos de conducir a los países africanos en el camino del desarrollo, estas iniciativas profundizaron la crisis económica. Todos perdieron de vista que ningún plan puede concretarse sin la participación de los pueblos, hartos de creer en promesas sin hechos. A cada etapa, se adoptaba un nuevo plan sin un previo análisis de los errores cometidos en el anterior, sin etapas intermedias y sin objetivos realistas.

Para limitarse sólo al más destacado de aquellas incitativas, es preciso recordar que en plena guerra fría y del tercermundismo, la cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en abril de 1980, en Lagos, adoptó la estrategia de Monrovia para el desarrollo económico de África, conocida como el Plan de Acción de Lagos (PAL), que definió la estrategia de desarrollo en África en torno a los ejes siguientes: la autosuficiencia nacional y colectiva, el desarrollo endógeno centrado en el hombre tomado en todas sus dimensiones, la cooperación en todas las áreas entre los Estados africanos, es decir la integración económica, cultural y social del continente con el compromiso de crear la Comunidad Económica Africana en el año 2000, a partir del fortalecimiento y fusión por etapas (coordinación y armonización) de las organizaciones regionales económicas preexistentes.

El PAL dio prioridad, para conseguir su objetivo de desarrollo colectivo y autónomo, a la alimentación y agricultura, al desarrollo industrial, a la ciencia y tecnología, a los recursos humanos, a las políticas financieras y monetarias, a la cooperación técnica y a la creación de empresas multinacionales africanas y al desarrollo del comercio ínter africano e internacional (reestructuración de los intercambios internacionales) con programas, objetivos y sugerencias a corto, mediano y largo plazo, a niveles nacional, subregional, regional y continental, así como las modalidades de aplicación.

Esta iniciativa de desarrollo endógeno y auto centrado fue torpeado por las instituciones financieras internacionales y abandonadas por los gobiernos africanos a comienzos del nuevo milenio, para incorporarse en la globalización/mundialización y superar sus múltiples crisis. El objetivo declarado es poner fin a la triste imagen que suele dar el continente: hambrunas a repetición, epidemias devastadoras e incesantes y escalofriantes guerras civiles, crónicas inestabilidades internas, mal gobierno y el subdesarrollo más deshumanizante. Dos recetas, con el apoyo unánime de la comunidad internacional, han sido adoptadas para poner fin a esta situación: la conversión de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en Unión Africana (UA) y la adopción del Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD).

Estas dos iniciativas no nacen del azar, pues en la década de los 90, los países africanos perdieron cualquier capacidad de maniobra con la desaparición de la bipolaridad de la época de la guerra fría, el debilitamiento del Tercer Mundo, la devaluación geoestratégica del continente y la imposición a escala mundial de la globalización y sus condicionalidades políticas y económicas.

Es en este contexto que aparecen la Unión Africana y el NEPAD, un proyecto de corte neoliberal, que consagra el derrotismo y la adhesión total a los dictados y reglas del juego de la globalización y contrario a la filosofía de “autodependencia colectiva”, proclamada por el PAL. El NEPAD, nacido de la iniciativa de un grupo de jefes de Estado en 2001, se convirtió en el plan oficial de desarrollo de la Unión Africana en 2004.

En el presente análisis, procedemos a la valoración de estas dos nuevas iniciativas adoptadas como respuestas a los problemas continentales e internacionales, sus límites y posibilidad de concreción en relación con los objetivos de desarrollo y de integración regional, destacando sus aspectos positivos y los negativos o las dudas, siendo el objetivo fortalecer los primeros y mejorar o corregir los segundos, para su viabilidad y factibilidad.

I.La Unión Africana: el cambio de OUA y no de la OUA

La Unión Africana fue creada en julio de 2001 en Lusaka sobre la base del Tratado de Lomé de julio de 2000, en sustitución de la OUA, a iniciativa del coronel Gaddafi en su proyecto de construcción de “una África fuerte, solidaria y digna”. Empezó a funcionar el 8 de julio de 2002 con la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Durban.

Contra el objetivo inicial del coronel Gaddafi de crear una Unión Africana política y económica supranacional, propuesta en Sirte en 1999, para fortalecer la capacidad de los países africanos con miras a los desafíos de la mundialización, los dirigentes africanos han creado una unión ambigua que mantiene, a imagen de la OUA, la soberanía de los Estados miembros, su independencia y su integridad territorial.

La Unión Africana se ha inspirado ampliamente en los órganos de la Unión Europea, sin tener los mismos contenidos y poderes que su equivalente europeo:

-La Conferencia de la Unión (ex Asamblea de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno), sin poder supranacional.
-El Consejo Ejecutivo (ex Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores), sin poderes reales en materias tan importantes como la moneda, la política exterior y la defensa.
-La Comisión de la Unión (ex Secretaría general), integrada por 10 comisarios en representación de las 5 regiones del continente (2 por región), elegidos por los jefes de Estado sobre la base del equilibrio regional que de los criterios de competencia.
-El Comité de Representantes Permanentes, integrado por los embajadores africanos en Addis Abeba, sede de la organización panafricana.

En relación con la OUA, la Carta de la Unión Africana introduce una serie de innovaciones, a saber: la definición de una política común de defensa, el derecho de intervenir en los asuntos internos de un Estado miembro en el que se han producido graves circunstancias (crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad), el derecho de los miembros de solicitar la intervención de la Unión para reinstaurar la paz y la seguridad, el principio de
participación y de igualdad entre hombres y mujeres en la composición de la Comisión de la Unión, la adhesión a los principios democráticos y de buena gobernabilidad, y el fomento de la participación popular en las actividades de la Unión.

Al igual que la OUA, la Unión Africana seguirá enfrentándose al grave programa de capacidades humanas y financieras, pues nació con un déficit de unos 42,4 millones de dólares por el impago de muchos Estados miembros de sus cuotas2. El presupuesto de la UA, en 2005, es de 158 millones de dólares en lugar de 571 millones exigidos por el presidente de la Comisión, para el buen funcionamiento de la organización panafricana.

Difícilmente la Unión Africana podría realizar sus objetivos con las actuales economías precarias y extrovertidas, la proliferación de conflictos interestatales e internos, las persistentes rivalidades de liderazgo entre los jefes de Estado africanos, la marginación de amplias capas de la población, el bloqueo del proceso de democratización en muchos países, los deficientes modelos actuales de integración regional y los graves déficit humanos y financieros en la propia organización panafricana. Según puntualiza Kpatindé, muchos de los 354 funcionarios de la Unión Africana se preocupan más de las causas nacionales que panafricanas y se dedican al tráfico de documentos oficiales y a las actividades extramuros y delictivas en la impunidad total, por disponer de la protección de los Estados de origen. Esta situación se explica, en parte, por el impago de los salarios del personal que se estima en unos 60 millones de dólares de sueldos atrasados.

En relación con la extinta OUA, una organización de descolonización y una “especie de ONU regional”, que tuvo como ideología la liberación de África y la preservación de la independencia de los países del continente, la UA orienta, sin compromisos firmes, sus actividades hacia la creación y consolidación de las estructuras económicas, políticas y judiciales con el fin de reducir la dependencia económica y caminar hacia la integración política y socioeconómica del continente.

Las innovaciones más relevantes son las que se refieren a la exclusión de gobiernos que han accedido al poder por vías anticonstitucionales y la posibilidad de intervención en un Estado en el que se comprobarían violaciones masivas de derechos humanos, así como la creación del Parlamento panafricano (marzo de 2004), de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (enero de 2004), y del Consejo de Paz y Seguridad (mayo de 2004 y entrada en vigor en 2010). Está prevista la creación, en los meses y años venideros, del Consejo Económico, Cultural y Social, del Tribunal Africano de Justicia y de las instituciones financieras con la adopción de una moneda común. Con la UA, los Estados africanos intentan hacer frente conjuntamente a los desafíos y cambios planteados por la globalización. Sin embargo, estamos lejos del “renacimiento” político, económico y social de África, es decir de una confederación o federación, o de la unión de los pueblos.

Como demuestran los últimos acontecimientos políticos sucedidos en el continente (Centroáfrica, Togo, Mauritania), el golpe de Estado sigue siendo el modo normal de cambio político. Prueba de ello es que pese al proceso de democratización iniciado a comienzos de la década de los 90, 31 jefes de Estado han sido derribados o asesinados (de los 108 golpes de Estado o asesinatos que se han producido en el continente entre 1960 y 2005), 11 se han retirado en paz y 18 han abandonado el poder tras perder las contiendas electorales.

En definitiva, la UA no es una organización supranacional o federal sino una clásica organización de cooperación interestatal, que se limita a unas tímidas reformas de la OUA al mantener la soberanía de los Estados miembros, su independencia y su integridad territorial. Sin embargo, adoptó un Plan de acción en octubre de 2004, que da prioridad a los cambios institucionales; a la seguridad humana y la gobernanza; a la promoción de la integración regional; a la construcción y visión panafricanas del continente, y a la adopción del protocolo de una Corte Africana de Justicia.

II. El Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD): Mitos y realidades

2.1. Orígenes del NEPAD

El NEPAD, en cuya elaboración no fue asociada la sociedad civil africana, nace de la fusión de tres planes o iniciativas definidas en 2000 y 2001: -El primero es el Plan del Milenio (o el Programa para la Recuperación de África -MAP-), concebido por el presidente Mbeki de Sudáfrica en colaboración con el presidente Obasanjo de Nigeria y Buteflika de Argelia. Partiendo de su filosofía del “renacimiento africano”, Mbeki fundamentó la recuperación de África no sólo en el desarrollo, sino también en los aspectos o cambios culturales, sociales y políticos. El objetivo era la presentación de un frente común con respecto al Norte para conseguir el incremento de la ayuda y de las inversiones extranjeras (en cambio de la adhesión de los países africanos al principio de buena gobernabilidad), y la unión de los países africanos frente a los problemas económicos y sociales tales como el SIDA.

-El segundo es el Plan Omega de A a Z del presidente Abdulaye Wade de Senegal, que insistió en la integración regional con énfasis en el desarrollo de las infraestructuras regionales o a escala continental y la educación, financiadas a partir de la movilización de las aportaciones externas, aspectos que según Wade beneficiarán también a los propios países del Norte.

-El tercero es el Programa consensuado para la recuperación de África, elaborado por el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas (ECA), a petición de los ministros de Economía y Hacienda. Insistió en el partenariado, la transparencia mutua y el papel fundamental de los actores externos.

La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, reunida en julio de 2001 en Lusaka, decidió coordinar y fusionar todas estas iniciativas económicas en un nuevo documento llamado la “Nueva Iniciativa Africana” (NIA), convertida en la cumbre extraordinaria de octubre del mismo año en Abuya (Nigeria) en NEPAD. Este programa de desarrollo se fundamenta supuestamente en la filosofía del “renacimiento africano”, cuyos ejes esenciales son: la lucha contra la pobreza; la incorporación en la mundialización, el fin de las economías de renta y de la dependencia de la ayuda internacional; la creación de Estados de Derecho; la promoción del sector privado, y la creación de una plataforma para fomentar las inversiones extranjeras. Es decir, una estrategia oficial liderada y “concebida” por los propios africanos para conseguir el desarrollo económico y reducir la pobreza en el continente.

Dicha fusión se acompañó de una división de tareas entre los cinco países fundadores que se encargan de la coordinación de las distintas áreas prioritarias: Argelia (el desarrollo humano, en particular la educación y la sanidad), Sudáfrica (la buena gobernabilidad política, la resolución de conflictos, la seguridad y la democracia), Egipto (el acceso a los mercados internacionales, la diversificación en la exportación de productos y la agricultura), Nigeria (la buena gobernabilidad económica o la gestión económica y los movimientos de capitales) y Senegal (las infraestructuras, la energía, el medio ambiente y las nuevas tecnologías de información y comunicación para la incorporación en la economía mundial).

Para hacer frente a los problemas africanos, el NEPAD se dotó de principios y estrategias siguientes:

1. La buena gobernabilidad política y económica: la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia en la gestión pública. Es decir, la democracia liberal y la economía de mercado como estrategia de desarrollo, o lo que es lo mismo la adhesión a las reglas de la globalización neoliberal.

2. El partenariado con el Norte para promover el desarrollo del continente, mediante el compromiso de alcanzar el objetivo del 7% de crecimiento anual y la movilización de las finanzas externas orientadas hacia los sectores clave o estratégicos: la agricultura, las nuevas tecnologías, la sanidad, la educación y las infraestructuras.

3. El “panafricanismo” o la integración regional política y económica, según el modelo librecambista, para luchar contra la pobreza, conseguir el desarrollo y la futura incorporación de África en la globalización.

4. El fortalecimiento de la paz y de la seguridad en el continente. Es decir, la prevención y resolución de conflictos como condiciones previas para el desarrollo duradero y sostenible.

2.2. Análisis global del NEPAD

El NEPAD se inserta, pues, en la línea recta de las políticas de extroversión o de dependencia, que se viene imponiendo al continente en las últimas décadas. Parte de la constatación de la carencia de capitales que bloquea el crecimiento y el desarrollo en África. De ahí su empeño, pese al hecho de recomendar la reducción de la dependencia de la ayuda externa, en buscar las finanzas necesarias para la realización de los diez ejes prioritarios5 con el fin de recuperar el retraso de África en relación con otros continentes mediante el compromiso de alcanzar la tasa de crecimiento anual del 6 al 7% para reducir de mitad la pobreza en el continente de aquí al año 2015. Es preciso recordar que en la actualidad sólo 2 de los 53 países del continente han conseguido esta meta (Mauricio y Botsuana). La financiación del NEPAD se fundamenta en las aportaciones o los fondos de la comunidad internacional procedentes del Banco Mundial y del sector privado. Es decir, el neoliberalismo.

De lo que antecede, es obvio que el NEPAD, aunque supuestamente el producto de la reflexión de los dirigentes africanos que han interiorizado el liberalismo del Banco Mundial y del FMI, es un instrumento de la incorporación del continente en la globalización en posición subordinada, pues dicha integración se realiza en detrimento de las economías nacionales no competitivas, y por lo tanto fragilizadas por las leyes del mercado con el consiguiente bloqueo del desarrollo en África.

El profesor Makhtar Diouf cuestiona el origen africano del NEPAD al manifestar que este documento estratégico de desarrollo, elaborado supuestamente por los africanos y para África, en realidad se inspira ampliamente en los documentos concebidos fuera de África en el período entre 1993-2000 —en particular por la Unión Europea, el G8, los Estados Unidos, Japón y las Naciones Unidas—, entre ellos: el Programa de Acción de Tokio para el Desarrollo de África de octubre de 1998, el Acuerdo de Cotonú firmado en junio de 2000, el Programa de Acción de El Cairo de abril de 2000 y los comunicados de las cumbres del G8 de Lyón en 1996 y de Okinawa en julio de 2000, la Ley estadounidense para las Oportunidades y el Crecimiento de África (AGOA) de 1998 y la Declaración de las Naciones Unidas para el Milenio de septiembre de 2000. Por lo tanto, según el autor mencionado, el NEPAD no es un programa africano o de recuperación económica de África, sino un documento que se inserta en la línea recta de los acuerdos de Cotonú y de
continuidad en la aplicación de las condicionalidades económicas y políticas de los PAE.

En la concepción y redacción del NEPAD, sus autores perdieron de vista los problemas de fondo, que son estructurales: ¿está dotada África de infraestructuras físicas y de capital humano para rentabilizar o atraer las inversiones extranjeras?¿los países del Norte están realmente dispuestos a cambiar su política de ayuda y quien de verdad está dispuesto a invertir en los países africanos? ¿Están capacitados los países africanos para eliminar las causas o raíces de los conflictos internos y crear un mecanismo fiable de resolución de conflictos y de mantenimiento de la paz? Todo ello puede reducirse a una pegunta fundamental: ¿los países del Norte están dispuestos a invertir en África y los dirigentes africanos a fortalecer los ahorros internos y no a colocarlos en los países ricos y en los paraísos fiscales?

Estas dudas vienen justificadas por tres hechos: teniendo la más alta tasa de rentabilidad del mundo (en la agricultura, la minería, la construcción y las industrias de ingeniería y medioambientales), África sólo tiene acceso al 4% de las inversiones directas extranjeras (IDE) y China al 22% de las mismas; Estados Unidos, que da la máxima prioridad a la lucha contra el terrorismo internacional y que dedica pocos fondos a la ayuda al desarrollo de los países del Sur (0,16% del PIB), proyecta mejorarlos ligeramente pasando de 10.000 millones dólares actuales a 15.000 millones para el año 2006 e incluso duplicarlos de aquí al año 2010, fondos orientados con prioridad a los países que adoptan la economía de mercado, erradican la corrupción y promueven la democracia; muchos de los conflictos africanos, tachados erróneamente de tribales, nacen de la manipulación y del mal comportamiento de los dirigentes africanos junto a los intereses extranjeros.

Por lo tanto, no se puede confiar demasiado en los factores externos y en los dirigentes africanos, tal y como está sucediendo a título ilustrativo en Zimbabue, la República Democrática del Congo (RDC) o Costa de Marfil, para el desarrollo y la paz en el continente. Además, existe una contradicción entre la lucha contra la pobreza o la apertura externa, objetivo sublime del NEPAD, y el proteccionismo y las subvenciones agrícolas que siguen manteniendo los países ricos y que arruinan a los campesinos africanos. El África subsahariana recibió entre 1960 y 2000 unos 300.000 millones de dólares, menos que los 350.000 millones de dólares anuales que los países de la OCDE dedican a las
subvenciones agrícolas o los 1250.000 millones de dólares anuales de gastos militares mundiales: el equivalente del monto total dedicado a la ayuda al desarrollo por los 22 países de la OCDE, entre 1958 y 2002. En los casos que les interesan, los países industrializados privilegian las medidas proteccionistas en detrimento de su ideología neoliberal.

Sin lugar a dudas, el NEPAD confía el desarrollo de África a los interlocutores del Norte (las instituciones financieras internacionales, el G-8, la Unión Europea), cuya concepción sobre África no ha cambiado mucho y a los dirigentes africanos poco creíbles para encarnar la “nueva África” o el “renacimiento africano” en los aspectos de democracia, transparencia y tolerancia11, hecho ilustrado por la generalización de las democraduras actuales, los golpes de Estado constitucionales y los fraudes electorales convertidos en nuevas estrategias para aferrarse al poder. Es decir, se camina hacia el mantenimiento y fortalecimiento del mal gobierno y de la dependencia hacia la ayuda y la deuda. O según Verschave , los Estados neocoloniales africanos no tienen en sus preocupaciones el desarrollo económico, sino el mantenimiento de las economías de renta y de saqueo de materias primas y de la ayuda al desarrollo.

2.3. Sombras y luces del NEPAD

El NEPAD es la mejor iniciativa adoptada por los dirigentes africanos con su estrategia de la “doble lógica del partenariado” o de la corresponsabilidad (reciprocidad de compromisos, de obligaciones y de beneficios). Por una parte los gobiernos africanos, que han aprendido la lección abandonando la estrategia de confrontación y del populismo de la década de los 70 y a favor del partenariado y del realismo, desafían al Norte en su propio campo y a partir de sus propias reglas del juego (el neoliberalismo), evitando las estrategias de confrontación Norte-Sur, tales como el nuevo orden económico internacional tercermundista, el desarrollo endógeno o la desconexión, convirtiendo el Norte en socio para el desarrollo, mediante un firme compromiso de lucha contra la marginación del continente. Es decir, la adhesión al discurso interiorizado de la globalización y del libre mercado, para beneficiarse de las oportunidades que pueden ofrecer las fuerzas de la globalización “preocupadas” por aliviar la pobreza y el subdesarrollo de los países del Sur después del 11 de septiembre de 2001.

Los dirigentes africanos reconocen, por primera vez, que el desarrollo es posible sólo mediante profundas reformas políticas e institucionales. Es decir, se considera el mal gobierno y la mala gestión económica como las principales causas de los problemas africanos. Por su parte, el G-8 y la Unión Europea con el “Plan de Acción para África” adoptado en junio de 2002. En este Plan, el G-8 se compromete a apoyar la Agenda del NEPAD, en particular en la instauración de la paz y de la seguridad a nivel regional y continental, el desarrollo de los recursos humanos, la igualdad de género y la lucha contra el SIDA. Por primera vez, los países del Norte han adoptado un Plan global e integrado para el desarrollo de África, basado en los objetivos y deseos expresados por los propios africanos, que rechazan la filosofía de la caridad y de la asistencia (“rechazo” de la dependencia de la ayuda) a favor del partenariado y del uso de los recursos africanos para conseguir el desarrollo. Dicho con otras palabras, se pretende poner fin, de un lado, a la incapacidad de los africanos de encargarse de sí mismos y, de otro, a la indiferencia de Occidente frente a la miseria que afecta a la población africana. Los acreedores de fondos del Norte se han comprometido a asumir sus responsabilidades de lucha contra la “marginación” de África dedicándole más recursos y ayudas en los años venideros.

Sin embargo, el NEPAD que nace de la iniciativa de los países más endeudados y que más inversiones extranjeras reciben —Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Senegal y Argelia, y en particular Sudáfrica y Nigeria que se convierten cada vez más en interlocutores de los países africanos frente a la comunidad internacional y que quieren convertir el NEPAD en el instrumento de financiación de su desarrollo en detrimento de los demás países—, y que constituyen su “núcleo duro”, se fundamenta en las aportaciones o fondos de la comunidad internacional procedentes en lo esencial del Banco Mundial y del sector privado. En el mismo sentido, Mamadou Dia puntualiza que el NEPAD, que abandona en la práctica la filosofía del “renacimiento africano” o del desarrollo endógeno a favor de la incorporación en el neoliberalismo económico y del sistema capitalista, profundizará la pobreza en el continente, pues dicho sistema controlado por las multinacionales tiene como principal objetivo la acumulación rápida de capitales y la realización de inconmensurables beneficios inmediatos en detrimento del sector público y de las necesidades de las poblaciones.

El proyecto de desarrollo africano se inserta en la línea recta de las políticas experimentadas en el pasado, cuyo resultado ha sido la descomposición política y económica de los Estados con graves retrocesos en los aspectos de desarrollo humano tal y como pone de manifiesto el deterioro de los sistemas de enseñanza superior y de formación, destruidos por el ajuste privatizador o las condicionalidades —privatización del sector público o reducción del papel del Estado, máxima apertura externa y fomento de las exportaciones, supresión de las subvenciones públicas y de los gastos sociales—, al que se adhiere el NEPAD. Es un nuevo discurso de legitimación de las clases gobernantes adaptado a las necesidades de la posguerra fría y de la globalización, en particular para conseguir la reducción de la deuda y el incremento de la ayuda al desarrollo. Es decir, la consagración de la mendicidad.

Es aquí donde se plantea un problema fundamental: cómo se puede confiar la financiación de proyectos de poca rentabilidad capitalista (agricultura, educación, salud, nuevas tecnologías, acceso de las economías africanas a los mercados del Norte) a las inversiones extranjeras máxime cuando estos mismos aspectos fueron destruidos por las políticas recomendadas e impuestas por los mismos socios externos. Además, los países del Norte, que dedican mil millones de dólares al día para subvencionar sus exportaciones agrícolas, es decir el equivalente de tres veces el monto anual dedicado a la ayuda al desarrollo, podrían financiar al mismo tiempo la agricultura africana (de la que dependen 500 millones de africanos) o las infraestructuras regionales africanas, que podrían hacer competencia a sus agricultores. De ahí las dudas expresadas por Sanou M´Baye, que tacha el NEPAD de no tener sentido al fundamentarse en las condicionalidades neoliberales de la comunidad internacional y en las inversiones extranjeras, pues las sociedades africanas no pueden satisfacer a ninguna de estas condiciones que se impone para incorporarse en la economía mundial.

La historia de las tres o cuatro últimas décadas ponen de manifiesto que las inversiones directas extranjeras en las que se fundamenta el NEPAD, para conseguir el desarrollo en el continente, siempre se han orientado hacia los sectores de las minas, petróleo y recursos naturales controlados ampliamente por las multinacionales, lo que no necesita la liberalización para atraerlas, pues la integración librecambista del NEPAD les abre de puerta a puerta los mercados y los recursos africanos. Además, África considerado como un continente de alto riesgo sólo ha recibido el 2% de las IDE mundiales de los veinte últimos años, concentrados en los países productores del petróleo (Angola, Nigeria y Argelia), el África del norte y Sudáfrica. Insistir en este aspecto en este momento, sin unos previos cambios, equivaldría a fortalecer el poder de las multinacionales, que constituyen uno de los pilares de globalización neoliberal y cuyo papel en el saqueo de recursos y el fomento de conflictos en el continente es de sobra conocido.

El último informe de la Cnuced —Repensar el papel de la inversión extranjera directa— publicado durante la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, del 14 al 16 de septiembre de 2005, quita cualquier duda al respecto: en Tanzania, cuyos ingresos de exportación de oro han pasado de menos de 1% a finales de la década de los 90 a más de 40% en 2003, las 6 grandes multinacionales se han apoderado de unos 890 millones de dólares dejando al gobierno tanzano sólo 86,9 millones de dólares en concepto de impuestos y derechos de explotación, o sea el 10% de los ingresos totales. Lo mismo puede decirse de Ghana, cuyas exportaciones de oro se han triplicado en los 15 últimos años, el Estado ghanés sólo se ha beneficiado de unos 46,7 millones de dólares de los 893,6 millones de ingresos totales generados por el sector, o sea el 5%. A raíz de estas prácticas, las IDE en las que se fundamenta el NEPAD favorece más la integración externa y los intereses de las empresas extranjeras que el desarrollo interno y los intereses de las empresas nacionales.

El énfasis en los tradicionales sectores mineros y energéticos, según denuncia Diouf, equivale a fomentar las exportaciones de productos básicos o la economía de renta que constituye el principal obstáculo a la industrialización y desarrollo de África. Además, todos los países no disponen de petróleo y de recursos minerales, lo que conducirá a un reparto desigual de las IDE, que sólo representan según la Cnuced la quinta parte de las entradas de capitales extranjeros en el continente, entre 1970 y 2003, y procedentes en lo esencial de Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

El NEPAD, que insiste en la liberalización de los servicios públicos y la apertura al mercado mundial, es una versión africanizada y auto impuesta de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del Banco Mundial y del FMI, responsables de la desindustrialización de África y cuyo fracaso es de sobra conocido, e incluso peor que los PAE por no incluir una dimensión social o las bases sociales del desarrollo. Las IDE en África favorecen las industrias extractivas, es decir la dependencia externa en detrimento de las industrias de transformación local de los productos básicos.

Según puntualiza acertadamente Smith, tanto los Estados Unidos como la UE, encabezada por Francia, no están dispuestos a suprimir sus barreras proteccionistas con respecto a la importación de los productos agrícolas africanos, principal fuente de riquezas en el continente junto al petróleo que representa la tercera parte de las exportaciones africanas de materias primas. Los Estados Unidos y la UE dedican respectivamente 20.3 y 16.058 de dólares por agricultor, provocando excedentes en los mercados internacionales con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los agricultores africanos. Además, en el periodo entre 1990 y 2000, según la Cnuced, la ayuda al desarrollo de los países ricos a los 49 países menos avanzados (de los cuales 34 son africanos) ha caído en un 45%, y en el caso de África, la ayuda de la OCDE pasó en el mismo periodo de 32 a 19 dólares por habitante. El PIB per cápita de África, excluyendo a Sudáfrica, pasó de 525 dólares en 1970 a 336 en 1997 (Cf. Informe del Banco Mundial de 2001), resultado del deterioro de los términos de intercambio, la crisis de la deuda a la que los países africanos dedican más del 20% de sus ingresos presupuestarios anuales los países subsaharianos dedican al único pago anual del servicio de la deuda cuatro veces los gastos acumulados de sanidad y educación y el aumento de las importaciones, es decir de las recetas neoliberales de los PAE impuestos a estos países desde la década de los .

Todos estos aspectos ponen en duda el compromiso tomado por los países ricos en la financiación del NEPAD, y la eficacia de éste para resolver los problemas africanos. Según Amartya Sen, quien expresa su pesimismo con respecto a la ayuda financiera general para conseguir el desarrollo duradero, la ayuda prometida al NEPAD por los países ricos y las instituciones financieras internacionales, a Monterrey y en otros foros similares, está lejos de concretarse. Han prometido mucho pero van a dar muy poco. Sorprende al respecto la proliferación de iniciativas externas tales como la propuesta de Jacques Chirac de la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, o sobre los billetes de avión, del Fondo de solidaridad numérica adoptado en marzo de 2005 en Ginebra, para financiar el desarrollo en África, o de la Commission for Africa de Tony Blair, es decir iniciativas al margen del NEPAD, que se debería directamente respaldar si se confiaba en él.

En lo que se refiere a la integración regional, que el NEPAD considera como una de las prioridades, es preciso recordar que las experiencias de integración regional de las cuatro últimas décadas, con la creación de más de 200 organizaciones de cooperación regional, han sido globalmente desalentadoras dando lugar a la desintegración y no al dinamismo integrador, por la falta de voluntad política, las debilidades institucionales, el apego a las soberanías nacionales y por el propio enfoque de integración librecambista inadaptada a las todavía coloniales economías africanas. Muchas de las agrupaciones regionales africanas, puestas al servicio de objetivos nacionales a corto plazo y no de los panafricanistas a largo plazo, han existido sólo en el papel con una escasa o nula realización de sus objetivos. Tienen que producirse cambios sustanciales en relación con las concepciones y prácticas anteriores de integración regional, proclamada prioridad de las prioridades en las Constituciones y los discursos oficiales, para conseguir este objetivo. Existen indicios que los Estados africanos seguirán manteniendo sus identidades nacionales, sus pequeños mercados internos y sus dependencias y manipulaciones externas, al menos a corto y medio plazo.

En este aspecto, el NEPAD, en la línea de los Acuerdos de Cotonú en los que se inspira, está exigiendo a dichos Estados realizar en muy poco tiempo lo que no consiguieron durante décadas, y sin tomar en consideración las desigualdades de desarrollo y de ritmos en el proceso de democratización y de (sub) desarrollo entre los países africanos, además de no definir claramente una estrategia de regionalismo partiendo de las realidades africanas y de los fracasos del pasado. Este silencio se debe a su adhesión a las tesis de la integración neoliberal en la globalización o a la integración por el mercado mediante la cooperación con la UE a través de las áreas de libre comercio establecidas por aquellos en detrimento de la integración horizontal entre los países africanos y de la cooperación Sur-Sur, dificultando la creación de un frente común entre los países del Tercer Mundo.

Prueba de ello es que el NEPAD define los proyectos de las grandes infraestructuras (autopistas, carreteras, ferrocarriles y gasoductos, puertos y líneas eléctricas, es decir los proyectos regionales o transnacionales), cuya realización se confía a las multinacionales y a los capitales extranjeros en lugar de crear las empresas o multinacionales africanas encargadas de su concreción. De ahí la acertada afirmación de Assogba, para quien al insistir en las financiaciones externas de las infraestructuras para conseguir “la producción de bienes y servicios baratos”, el NEPAD no es un nuevo partenariado para el desarrollo de África, pues el aumento de las financiaciones externas se ha acompañado a un ritmo inversamente proporcional con el deterioro de las condiciones de vida de los africanos durante las cuatro últimas décadas, además de ser siempre muy baratos los bienes y servicios producidos en África, y que por lo tanto no se necesita con tal fin dichas financiaciones.

En cuanto al “African Peer Review Mecanism” (APRM), o mecanismo de control mutuo que constituye la piedra angular del NEPAD y del que dependerá o no su éxito, a través de este mecanismo, los países miembros se comprometen a someterse a un examen de progreso realizado en los aspectos de democracia, buena gestión, respeto de derechos humanos y de la independencia de las instituciones judiciales, con posibilidad de sancionar a los Estados contraventores. Sin embargo, al estar los Estados libres de adhesión a dicho mecanismo, se corre el riesgo de crear dos velocidades entre los Estados africanos: los incluidos y los excluidos del NEPAD. Dicho de otra manera, por una parte habrán los países comprometidos con la buena gobernabilidad y la firme voluntad de resolver o erradicar los conflictos, o el “club del NEPAD”; y por otra, los Estados antidemocráticos, “fallidos” y “colapsados”, o la mayoría, que no cumple con aquellos criterios o condicionalidades. Es decir, según subraya Faujas quien abunda en el mismo sentido, los países africanos se dividirán en dos grupos: los “buenos” que someten sus economías al control de la comunidad internacional y a la crítica de los demás países africanos como condiciones para el acceso a las inversiones, y los “malos” hundidos en la mala gestión económica y las prácticas antidemocráticas, y por lo tanto castigados. No cabe la menor duda en este contexto que la evaluación lo harán no los Estados africanos sino, de una manera unilateral, los socios externos (el G8, la UE o las instituciones financieras internacionales) según sus criterios. Además, el NEPAD, basado en el “partenariado consensuado”, se fundamenta en los criterios de buena gobernabilidad política y económica, que todos los Estados miembros de la Unión Africana no cumplen, y que por lo tanto podrían quedarse fuera de este plan de desarrollo como queda subrayado.

En definitiva, el NEPAD tiene el mérito de constituir un esfuerzo de reflexión para encontrar soluciones a los problemas de desarrollo del continente, con un compromiso moral de los dirigentes africanos que presentan un marco de relaciones entre África y los países ricos. Pero, peca de ingenuidad al fundamentar el desarrollo de África en factores exógenos, perdiendo de vista la responsabilidad histórica de dichos factores en el subdesarrollo del continente y que ningún país en el mundo se ha desarrollado exclusivamente a partir de los factores externos o de la ayuda al desarrollo.

El gran error del NEPAD es el pasar por alto, consciente o inconscientemente, el debate global sobre la mundialización. Es decir, no procede a un previo análisis, sereno y profundo, de las reglas y mecanismos de funcionamiento de la economía mundial o de la globalización capitalista y su impacto en los países en desarrollo. No se ha preguntado si existe una real voluntad de los países ricos de luchar contra la pobreza y cancelar o reducir la deuda de los países pobres, si los Estados africanos disponen de capacidades humanas e institucionales, carencias reconocidas por el propio NEPAD, para gestionar la ayuda y los programas complejos (sanidad, educación, infraestructuras, seguridad) que se les quiere confiar, capacidades en parte destruidas por los PAE, o si la globalización, concebida por y para los países industrializados del Norte, está organizada a favor de los intereses de los países pobres. La referencia a los recientes análisis de Sandbrook (2000: 131-147), Stiglitz (2002), Ziegler (2002), Traoré (2002), Engelhard (2003) y Latouche (2003), entre muchos otros, y a la crisis argentina considerada como la crisis del neoliberalismo además de las evidentes responsabilidades internas, hubiera aportado muchas aclaraciones a los globalizadores africanos del NEPAD, que han preferido el derrotismo a la reflexión crítica, poniendo sólo de manifiesto algunos beneficios y oportunidades que los países africanos pueden sacar de ella. Es de sobra conocido que la proporción de África en el comercio mundial ha retrocedido en los veinte últimos años (pasando del 4% a comienzos de la década de los al 1,5% en la actualidad), y ha sido la gran perdedora del proceso de la globalización económica que supuestamenta iba a traer la prosperidad para todo el planeta. Prueba de ello es que ya no se habla del desarrollo sino de la lucha contra la pobreza. Esta situación se explica por el débil capital humano y del ahorro interno, la carencia de infraestructuras físicas y de instituciones sólidas, y la falta de diversificación de las economías africanas dependientes de productos básicos que constituyen el 90% de las exportaciones.

Conclusión

Tanto la Unión Africana como el NEPAD se fundamentan en los mismos objetivos y principios que necesitan un cierto abandono de la soberanía de los Estados africanos, además de no definir claramente los mecanismos y procedimientos de sanciones contra los eventuales Estados miembros o los jefes de Estado contraventores. De ahí las dificultades a las que se enfrentarán en el desarrollo de sus actividades que podrían ser obstaculizadas por el apego a la soberanía nacional de dichos Estados, que sólo aceptan el principio de la cooperación de soberanías entre ellos. Es curioso que los países africanos hayan cedido de hecho sus soberanías al Banco Mundial y al FMI adoptando los PAE, y que se nieguen a cederlas a sus propias organizaciones. La falta de voluntad política y de medios de coerción constituye el principal obstáculo para las actividades tanto de la Unión Africana como del NEPAD.

El NEPAD, al igual que la Unión Africana son proyectos elitistas. Las dos iniciativas han cometido el grave error de no someterse a previos debates públicos o de no proceder de los pueblos africanos y de la verdadera unión política. Ambos han invertido de prioridades: deberían ser progenituras de regímenes democráticos y no progenitores de dichos regímenes, pues no disponen de medios para conseguir este objetivo. Por lo tanto, no aprendieron del fracaso de los planes e iniciativas anteriores en el continente, fracaso que Ake atribuye al desarrollo dependiente elegido por los líderes africanos que, absorbidos por las luchas de poder y de su propia supervivencia política, e incluso por miedo a las sanciones económicas externas, se desentendieron de la tarea de concepción de proyectos nacionales de desarrollo inspiradas en las necesidades sociales, culturales e históricas de sus pueblos o sociedades. Es decir, lo que denunciaron hace dos décadas Heyer, Robert y Williams: el desarrollo concebido para los pueblos y no por ellos mismos. Por lo tanto, éstos lo rechazan total o parcialmente por razones eminentemente racionales. Los pueblos han de ser los agentes, los instrumentos y la finalidad del desarrollo, sino se refugian en sus identidades primarias como mecanismo de autodefensa. No se puede concebir un proyecto de desarrollo para los pueblos, sino con ellos y para ellos.

Por lo tanto, se ha de dar la máxima atención a las iniciativas populares, pues es imposible realizar un proceso fiable de desarrollo al margen de las iniciativas de la población. El desarrollo pasa por la toma en consideración de las luchas de los pueblos africanos contra la pobreza. La implantación de la agenda para el desarrollo de África debe fundamentarse más en las organizaciones de los pueblos y en los Estados fuertes y reestructurados, encargados de la economía del desarrollo y de la lucha contra la pobreza, y no de las reformas liberales o de la ortodoxia macroeconómica, pues su destrucción o retirada impuesta por el consenso de Washington explica la desindustrialización del continente y los retrocesos en los aspectos sociales y de desarrollo humano.

Dicho con otras palabras, se trata de romper con la mentalidad de dependencia, tal y como recomendó el PAL que acertó en este aspecto, y adaptarse a las exigencias de la mundialización en condiciones aceptables, en particular la toma en consideración o la conciliación de la carencia de medios financieros locales y de las aspiraciones sociales de los pueblos africanos. Todo indica que, con o sin la Unión Africana y el NEPAD, África, según puntualiza Dupuy, seguirá cayendo en la dependencia y la subordinación a las antiguas potencias coloniales y de los que aspiran a sucederlas, como consecuencias de las prácticas perversas vigentes, internas y externas.

Llama la atención la reflexión del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alpha Oumar Konaré, reflexión hecha en calidad de ciudadano africano, y con la que queremos cerrar este análisis por estar a contacorriente del enfoque neoliberal del NEPAD. El mandatario alaba el proyecto de Sirte de 1999 de Gaddafi, mencionado al principio del presente análisis —orientado hacia la creación de Estados Unidos de África o de la federación de Estadosnación en la línea de los grandes panafricanistas tales como Marcus Garvey o Kwame Nkrumah—, aboga por el desarrollo endógeno, el proteccionismo para la industria y la agricultura y el desarrollo del capital humano en contra de la conquista de los mercados externos, denuncia los efectos perversos de los PAE, de las iniciativas procedentes del exterior como la cancelación de la deuda y el aumento de la ayuda al desarrollo, y hace hincapié en el desarrollo de los mercados ínter africanos, de la cooperación Sur-Sur y de la economía popular. Es decir, tesis totalmente opuestas al NEPAD, el programa de desarrollo de la institución que él preside, tesis que ponen de manifiesto el verdadero origen del NEPAD, que sólo pide, sin conseguirlo, unos 60.000 millones de dólares para su financiación o el equivalente de la mitad de los gastos militares anuales. La Unión Africana y el NEPAD son estrategias más de la capacidad de adaptación de las élites africanas a los cambios sucedidos a escala mundial y de convertir las debilidades del continente en fuerzas: “la diplomacia de extorsión”.

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LA INTERACCION ENTRE ECONOMIA Y POLITICA EN AFRICA SUBSAHARIANA

Gonzalo Escribano
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y profesor visitante en el departamento de Economía de Florida State University en el momento de realizar este trabajo.

El tono general de los estudios económicos más recientes sobre África es el catastrofismo. Ante lo que todos los observadores califican como un fracaso, incluso como una tragedia, los economistas se preguntan si hay un futuro para la economía africana2. El fatalismo reviste muchas formas: geográfico, cultural, étnico, lastre colonial...De manera recurrente, los especialistas han depositado sus esperanzas en acontecimientos que deberían haber allanado el camino hacia el desarrollo económico: la descolonización, el socialismo, la cooperación al desarrollo, el panafricanismo, el ajuste estructural, el fin de la Guerra Fría o, más recientemente, la democratización. Todos los paradigmas económicos parecen haberse estrellado contra el muro de enfermedad y pobreza que rodea a las sociedades africanas. Incluso la visión más popular, que achaca a Occidente la totalidad de los males que África padece, ha empezado a ser desmontada por los propios africanos. Etounga-Manguelle (2000) no se resiste, y yo tampoco, a citar a un ministro africano: “Cuando llegamos al poder, el país estaba al borde del abismo; desde entonces, hemos dado un gran paso adelante”.

El objeto de este trabajo es aunar la dimensión política y la económica para intentar arrojar algo de luz a la gran pregunta: ¿por qué ha fracasado el desarrollo en África Subsahariana? Las tendencias más recientes en economía del desarrollo, tributarias de los últimos avances de la teoría económica, dan gran importancia al capital humano, las instituciones, la geografía y el capital social. El resultado de aplicar los nuevos enfoques a un continente tan diverso obliga a generalizar, simplificar y seleccionar los asuntos tratados, pero es un ejercicio estimulante. En las páginas siguientes se traza primero un panorama global sobre la situación económica africana. El segundo apartado se dedica a la influencia geográfica, un tema controvertido, y su relación con colonización. El tercer apartado analiza las cuestiones económicas. Un último epígrafe trata la interacción entre economía y política en África para intentar explicar los resultados descritos en los dos apartados precedentes. El artículo se cierra con unas consideraciones finales acerca del papel de la comunidad internacional y, en concreto, de la UE, en el laberinto africano

Algunos datos de partida

Pese a las mejoras registradas en la segunda mitad de los años noventa en algunos países, África sigue concentrando a los países más pobres del mundo. Las tablas 1 y 2 aportan algunos indicadores que ilustran esta realidad para países africanos seleccionados y, a modo de comparación, para el Mundo Árabe y la UE. La renta per cápita media es menor que la de finales de los años sesenta, pese a que hay casos exitosos como Botswana, Gabón o Sudáfrica. Además, la renta está repartida de manera muy desigual, lo que se traduce en un acceso asimétrico por parte de la población a los principales servicios públicos, de por sí muy deficientes. África contiene un porcentaje creciente de la pobreza mundial absoluta: cerca de la mitad de la población vive con menos de 1$ diario.


La mayor parte de los países africanos es cada vez más dependiente del comercio exterior: siguen exportando productos primarios sin transformar e importando bienes de consumo, alimentos y equipos. La ayuda representa un porcentaje muy importante del PIB (un 5% de media), pero en muchos países supera el 10%, alcanzando cerca del 20% en Malí o Níger. La ayuda per cápita es también muy elevada, sobre todo en países como Botswana, la ex-República del Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Malí o Níger. Muchos países africanos son, como se ve, extremadamente dependientes de los flujos de ayuda. El sector exterior de los países africanos está marcado por grandes desequilibrios de cuenta corriente, fuertes deudas externas y una escasa incidencia de las exportaciones de manufacturas. La agricultura representa un porcentaje muy importante de la producción, mientras que la industria está marcada por las actividades extractivas. En consecuencia, África es la región que menos participación tiene en el actual proceso de globalización, corriendo el grave riesgo de verse postergada irremediablemente.

Los indicadores sociales arrojan una de las peores situaciones del mundo en desarrollo. Pese a las elevadas tasas de mortalidad, tanto por motivos socioeconómicos como por el elevado número de conflictos bélicos y étnicos, los crecimientos de la población han sido importantes en muchos países. El analfabetismo está muy extendido y la esperanza de vida es muy baja, en torno a los cincuenta años. Las infraestructuras sanitarias son muy deficientes, el acceso al agua potable es muy bajo y las tasas de matriculación en la enseñanza primaria son las más bajas del mundo. El gasto en sanidad representa un porcentaje importante del gasto total, pero es claramente insuficiente para mejorar las condiciones sanitarias de la población. La incidencia de enfermedades como el SIDA o la malaria es enorme y los Estados se sienten impotentes para financiar los medicamentos, casi todos ellos muy caros, que permitirían paliar el problema.

El gasto militar es muy elevado, especialmente si se considera que muchos conflictos no recurren a ejércitos formales, sino a hordas de acólitos que viven del pillaje y no requieren ningún otro pago, que el armamento utilizado es obsoleto y, a menudo, se obtiene mediante robo. Los países africanos mantienen ejércitos desproporcionados para sus necesidades y sus poblaciones; además, las cifras están sesgadas a la baja, al no incluir las milicias ni los grupos descontrolados de paramilitares. El resultado es que uno de cada cinco africanos vive en un país seriamente afectado por algún conflicto.

El marco geográfico

En este epígrafe nos ocuparemos de tres aspectos principales: los obstáculos que ofrece el entorno geográfico al desarrollo económico africano, la poca importancia geoestratégica del África Subsahariana y cómo el hábitat determina la actividad económica y ésta, a su vez, las formas de organización social.

En economía del desarrollo hay un hecho contrastado estadísticamente: la gran mayoría de los países menos desarrollados se sitúan en la franja ecuatorial del planeta (Ram, 1997). Se ha escrito mucho acerca de los condicionantes que, sobre la actividad económica, plantea el extremado clima ecuatorial. Pueden destacarse dos posturas acerca de la importancia atribuida a las condiciones climáticas determinadas por la geografía: la primera de ellas estima que el clima tropical supone un obstáculo de primer orden al desarrollo económico y que el atraso de África tiene mucho que ver con ello; la segunda postura considera que el determinismo geográfico no es sino un velo para ocultar la explotación a que se ha visto sometida la región por parte de las potencias occidentales, verdaderos responsables, para esta corriente, de su atraso actual. La incidencia de las condiciones climáticas africanas sobre la actividad económica es difícil de negar, pero eso no quiere decir que deba caerse en el determinismo geográfico. Los autores que enfatizan la importancia de la geografía, como Landes, suelen hacerlo para explicar por qué surge la Revolución Industrial en Inglaterra. De ese análisis no se deriva que el desarrollo en otros lugares no pueda luego seguir la pauta inicial descubierta por los pioneros en la industrialización y los avances tecnológicos. Lo cierto es que las zonas cercanas al Ecuador se ven sometidas a un clima muy caluroso y húmedo, con precipitaciones torrenciales, que alimentan selvas muy espesas y de rápido crecimiento. En esas condiciones, el trabajo físico resulta muy duro para el hombre.

Las zonas de África al Norte y al Sur de la franja Ecuatorial tampoco presentan condiciones climáticas favorables. Al Norte, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, el Sahara y las sabanas que constituyen sus estribaciones son poco acogedores. En las sabanas y estepas, el régimen de lluvias es muy irregular, con lluvias torrenciales seguidas de prolongadas temporadas secas, por lo que estas tierras son poco aptas para la agricultura, presentando productividades muy bajas. Al Sur, hacia el Trópico de Capricornio, las condiciones climáticas mejoran, pero las selvas y el desierto del Kalahari también presentan dificultades para la actividad económica. Sudáfrica y las llanuras elevadas de Kenia y Tanzania son las zonas más favorecidas por el clima. En el resto del continente, el cultivo presenta muchos problemas climáticos, además de los relacionados con la frágil constitución de los suelos, muy sensibles a la erosión que suponen las lluvias torrenciales.

El clima ecuatorial determina además la omnipresencia de las enfermedades tropicales: el calor acelera el ritmo de reproducción de los insectos portadores de enfermedades y echa a perder rápidamente los alimentos, mientras que las lluvias torrenciales anegan extensas zonas pantanosas que constituyen focos de todo tipo de infecciones. Los resultados son que la mortalidad es muy elevada y que un elevado porcentaje de la población está enferma durante gran parte de su vida. Antiguamente, toda la actividad económica se resentía de la incidencia de las enfermedades. La ganadería y el transporte animal resultaban muy difíciles, pues las enfermedades se cebaban en los animales, por lo que sólo se comerciaba con mercancías de gran valor y, casi siempre, con porteadores humanos.

Estos factores impidieron el desarrollo del comercio y obstaculizaron las relaciones intertribales, con lo que la vida en las ciudades, dependientes de los alimentos del campo, era muy difícil. La escasez de ciudades dedicadas al intercambio económico, tecnológico y cultural ralentizó el desarrollo. La medicina tropical ha permitido una mejora sustancial de las condiciones de vida en los trópicos, pero muchos de sus remedios siguen fuera del alcance del africano medio debido a su elevado coste. Enfermedades como la malaria, las diarreas o las enfermedades respiratorias afectan a toda la población, causando un gran número de muertes, reduciendo la capacidad de trabajo y absorbiendo cuantiosos recursos económicos en sistemas sanitarios muy débiles y desbordados por las elevadas tasas de crecimiento demográfico. La reciente disposición de algunas compañías farmacéuticas (apremiadas, todo sea dicho, por la resolución sudafricana de recurrir a los genéricos) a proporcionar medicamentos más baratos contra SIDA y malaria suponen un primer paso prometedor.

Hay autores que, por el contrario, defienden que las condiciones climáticas de África no suponen ningún obstáculo relevante para el desarrollo económico. Este argumento es difícil de aceptar: es evidente que África cuenta con una situación de partida menos favorable que Europa o Norteamérica en lo que respecta al clima. Esta situación puede lamentarse, pero negarla es cerrar los ojos ante la realidad e impide la adopción de soluciones realistas. Sin embargo, negando la existencia de situaciones de partida desfavorables es más sencillo achacar la totalidad del atraso del continente a la actuación de las metrópolis europeas, el segundo de los temas polémicos cuando se abordan los problemas del continente. El reparto se inicia con el Norte de África: Argelia, Túnez, Egipto...todos estos países pasan del dominio del Imperio Otomano a constituirse en colonias o protectorados europeos (franceses y británicos), en gran parte a raíz de su incapacidad para afrontar las deudas externas contraídas. A continuación, el reparto se extendería hacia el África Subsahariana. Como ha destacado Wesseling, el reparto de África se realizó en Europa, por los europeos y en base a consideraciones de política europea.

A diferencia de lo ocurrido en el Norte de África, los africanos nunca tuvieron el más mínimo papel en el proceso. La situación geográfica periférica del África Subsahariana la alejaba de la alta política europea y su reparto fue la consecuencia de la lucha por mantener el equilibrio de poder entre las potencias europeas. Las modalidades colonizadoras variaron considerablemente según la metrópoli, pues los objetivos eran igualmente divergentes. Los franceses otorgaron, con cierta grandilocuencia, la condición de ciudadanos a los habitantes de sus colonias africanas (todas ellas en el África Occidental) y se comprometieron directamente en su gobierno. Para ello, calcaron el sistema organizativo y burocrático de la administración francesa: instalaron en las colonias grandes ejércitos y desplazaron a las mismas funcionarios que replicaran el modelo francés. En consecuencia, el África colonial francesa estuvo dominada por los militares y los burócratas.

Los ingleses, por el contrario, recurrieron al indirect rule (gobierno indirecto) y procuraron evitar el desplazamiento de grandes ejércitos o de un número elevado de funcionarios. El indirect rule permitía reducir los elevados costes militares y administrativos asociados a las colonias, que, en contra de la percepción actual y con la excepción de la India, se veían como una fuente de gastos innecesarios y abultados. Además, mantenía la ficción, tan querida para la retórica de la época, de que los indígenas eran dueños de su propio destino. El principal objetivo era mantener África abierta a las exportaciones británicas. En numerosas ocasiones, la administración de extensos territorios fue encomendada a compañías privadas (las denominadas charter), que solían terminar por perder el favor del gobierno británico cuando pretendían aplicar medidas monopólicas. La historia de la colonización de África está llena de episodios dramáticos, como la brutalidad del rey belga Leopoldo con los habitantes del Congo, las batallas de los boers frente a africanos e ingleses o la matanza de los Mau-Mau, entre muchas otras. El reparto del continente quebró los espacios étnicos naturales (por otra parte muy cambiantes) y alteró completamente el funcionamiento económico de las sociedades africanas. Sin embargo, también tuvo efectos positivos, como acabar con la esclavitud, aunque después de haber esquilmado al continente africano durante siglos de sus recursos humanos. También se puso coto a tradiciones que los colonizadores consideraban inhumanas y se construyeron infraestructuras de todo tipo: sanitarias, educativas, de transportes, agrícolas...

Sin embargo, durante el siglo XIX, y pese a cierta conciencia por parte de los colonizadores de estar llevando a cabo una labor encomiable de civilización de pueblos atrasados, éstos fueron siempre considerados como seres inferiores, con menos derechos (cuando se les concedían algunos) que los colonos. Se les arrebataron las tierras, los recursos mineros y los bosques. Además, los nativos trabajaban en condiciones infrahumanas (aunque tal vez no mucho peores de las padecidas por los trabajadores europeos de la revolución industrial), estaban mal pagados y eran castigados con dureza. El marco jurídico e institucional colonial no estaba pensado para el desarrollo de los territorios colonizados, e incluso en ocasiones había sido diseñado más para explotar las divisiones locales que para superarlas. Dado que el poder colonial no necesitaba de ninguna legitimidad, no se generó un entorno de participación ni de representación política, lo que ha lastrado las relaciones entre Estado y sociedad en la etapa pos-colonial (NNUU, 1998). Un buen ejemplo de la importancia del marco institucional es lo que Bueno de Mesquita et al (2001) han denominado “la fábula de los dos Leopoldos”: bajo el reinado del rey Leopoldo, y con un marco institucional riguroso, Bélgica prosperó económicamente; en cambio, en el Congo, Leopoldo no estuvo constreñido por el imperio de la ley y mostró lo peor de sí mismo.

Tras la II GM, la hegemonía americana impuso la descolonización. Para EEUU, antigua colonia europea, la libertad de los pueblos era un principio irrenunciable. EEUU era la única gran potencia que no tenía nada que perder con la descolonización (no tenía colonias) y sí mucho que ganar en términos de acceso a los mercados y los recursos naturales africanos una vez desligados éstos del yugo europeo. La descolonización se efectuó sobre las fronteras heredadas de la Conferencia de Berlín y los subsiguientes tratados, y prácticamente no han variado desde entonces. Esta herencia de fronteras trazadas con tiralíneas sobre territorios que ni siquiera se conocían cuando se repartían ha tenido consecuencias importantes en términos de tensiones étnicas en el seno de los jóvenes Estados africanos.


El papel de África como escenario de conflictos ajenos continuó tras las descolonización. La Guerra Fría se extendió hasta este continente, en el cual soviéticos, americanos y franceses han apoyado, económica, militar y políticamente, a algunos de los regímenes más sanguinarios y crueles de la historia de la Humanidad. El único objetivo era mantener un equilibrio de poder favorable en África, sin ningún tipo de consideración humanitaria. Por ello, el fin de la Guerra Fría se percibió como la oportunidad que el continente había estado esperando. La pacificación, la reconstrucción postbélica, el descenso en el gasto de armamentos, la democratización, el retorno de los capitales extranjeros, eran todos ellos fenómenos esperados que, por desgracia, no se han producido en la medida de lo deseable.


La geografía determinó el papel geoestratégico de África, sin el cual no se puede entender la colonización, la descolonización ni la actual marginación del continente: debido a su lejanía con Europa, la importancia de África Subsahariana en términos estratégicos era, y es, muy reducida, a diferencia de lo que ocurre con los países del Norte de Africa, cuya cercanía les sitúa ente las prioridades de la política exterior europea. La geografía también ha lastrado el desarrollo del continente, por los motivos ya expuestos. Pero, además, al igual que en el resto del mundo, la geografía influyó en la organización económica de las sociedades pre-coloniales, organización cuyo substrato perdura, en cierta medida, hasta nuestros días. Las diferencias climáticas y orográficas supusieron la aparición de un gran número de sociedades diferentes.

Los especialistas suelen distinguir cinco grandes tipos de civilizaciones africanas, cada una de las cuales se corresponde con un área geográfica específica. La civilización del arco se extendería entre los pueblos cazadores y recolectores, como pigmeos y bosquimanos. La civilización de los claros agrupa a los agricultores itinerantes de las selvas húmedas. La civilización de los guerreros engloba a los agricultores de la sabana meridional, mientras que los pastores de los altiplanos orientales pertenecen a la civilización de la lanza. Los artesanos y mercaderes presentes en el África Occidental conformarían la civilización de las ciudades. Cada una de estas civilizaciones presenta formas de organización socio-política diferentes (Bormaud, 1997).

Los cazadores-recolectores viven en bandas, sin unidad territorial permanente, desplazándose en función de las necesidades. La unidad de la banda reside principalmente en el parentesco y, en consecuencia, la acción colectiva se rige por decisiones del grupo familiar, sin recurrir a instrumentos políticos. Algo semejante ocurre con la civilización de los claros, en los que el gobierno del poblado se lleva a cabo mediante el recurso al parentesco. Los roles sociales son exclusivamente roles de parentesco, definidos por el lugar que se ocupa en el seno del grupo familiar, que, a su vez, se define en relación a los ancestros: el decano de cada línea de descendencia de un ancestro común se encarga de asegurar la cohesión del grupo. Los agricultores de la sabana, al emplear técnicas más avanzadas que los grupos precedentes, son mucho más productivos, lo que les permite acumular excedentes en previsión de futuras sequías (el concepto de excedente es ajeno a las sociedades precedentes). La existencia de excedentes requiere de su gestión, lo que explica la emergencia de la figura del “jefe” como estructura política. Es el jefe quien reparte los excedentes obtenidos por el conjunto de la comunidad, lo que le permite controlar los medios de coerción. A mayores recursos, más capacidad de reparto, más poder y, por tanto, mayor número de fieles, consejeros, dignatarios y cortesanos.


La civilización de la lanza caracteriza a los pueblos pastores de África Oriental, cuya economía reside de forma casi absoluta en el ganado. El ganado constituye el capital de los pueblos primitivos, una gran riqueza susceptible de ser robada o atacada por los enemigos, lo que supondría la extinción del grupo. En consecuencia, genera organizaciones guerreras muy belicosas, con una gran movilidad y muy exigentes con sus miembros. El resultado son sociedades muy homogéneas y poco estratificadas, basadas en clases de edad, lo que asegura la rotación en las funciones sociales de los individuos. Debemos recordar aquí que, siempre que la historia ha puesto en contacto a pastores y agricultores, el resultado ha sido un sistema social jerarquizado basado en el dominio absoluto, de corte feudal, de los primeros sobre los segundos. Respecto a la civilización de las ciudades, cuyos principales exponentes se sitúan en el África Occidental, se trata de economías basadas en la explotación de los recursos naturales y su comercialización en el exterior. Así, la principal actividad en el reino de Ghana consistía en la extracción y transformación del oro, mientras que el Imperio de Malí obtenía su gran poder económico y militar de su posición estratégica en los intercambios comerciales transaharianos. Estas sociedades suelen caracterizarse por un conflicto de poder entre las ciudades, donde residen los comerciantes y se realizan los intercambios con el exterior, y los pueblos, que suelen ser presionados por las ciudades para abastecerse de alimentos.

La colonización se superpuso a estas estructuras socio-económicas, pero no llegó a destruirlas por completo. Los sistemas políticos y económicos africanos actuales reinterpretan, en gran medida, las pautas europeas transmitidas por las metrópolis y por los posteriores partidarios de la modernización a partir de una base heredada de los tiempos pre-coloniales. Fenómenos característicos de África, como el clientelismo, el patrimonialismo, la hipertrofia del liderazgo del “jefe” y el consiguiente autoritarismo, la importancia del parentesco, del clan y de la tribu, son ajenos a la tradición occidental moderna y deben entenderse en el marco político y económico pre-colonial.

Aspectos económicos

Como hemos visto, las características geográficas y climáticas africanas presentan serios obstáculos a la actividad económica. Además, deben considerarse factores como el mayor crecimiento demográfico del mundo (2,8%), el elevado peso del sector primario, el escaso grado de educación de la población, las grandes carencias en materia de salud y de infraestructuras básicas, la extensión de la pobreza absoluta (el 40% de la población africana, es decir, unos 240 millones de personas, vive con menos de 1$ diario), la baja capacidad de ahorro e inversión o la falta de instituciones económicas fiables y eficaces. Las peculiaridades sociales también influyen notablemente en el comportamiento económico. Así, muchas de las familias africanas están a cargo de mujeres sin educación ni recursos, el número de personas que dependen de cada trabajador es muy elevado y la escasa prevalencia de los métodos anticonceptivos ha disparado las tasas de fertilidad y el número de infectados por el VIH.


Sin duda, uno de los mayores dramas económicos de África es la incapacidad de generar un crecimiento económico sostenido, capaz de compensar el crecimiento de la población. El fruto de ello es el estancamiento, cuando no el retroceso, de la renta per cápita de los países africanos desde la descolonización. Los motivos por los que el crecimiento económico ha sido tan decepcionante en África son muy diversos. En cierta medida, se debe a factores políticos e institucionales que serán tratados en el próximo apartado. Pero los aspectos exclusivamente económicos también son relevantes, aunque a menudo se relacionan con los anteriores. Así, África presenta tasas de inversión muy bajas: la inversión pública es escasa y poco eficaz, la privada se repliega ante un entorno institucional muy desfavorable y la inversión extranjera sencillamente no llega ante la percepción de elevado riesgo político de los países africanos: según las agencias de análisis de riesgo, África es la región del mundo cuyos Estados integrantes cuentan con un riesgo-país más elevado; el cual, además, ha aumentado considerablemente en las últimas décadas.

Según Collier y Dunning (1999, p. 75), desde la década de 1980 el stock de capital por trabajador ha caído un 20% y actualmente sólo representa una tercera parte del disponible en Asia del Sur, el siguiente continente en la lista con escasez de capital. Sin embargo, y contra toda lógica económica, en África la escasez de capital no conlleva una tasa de rendimiento elevada de éste, sino que las estimaciones empíricas apuntan a que es muy inferior a la del resto del mundo. Sólo las variables institucionales y políticas pueden explicar esta paradoja. La falta de inversión se traduce en una mala dotación de capital físico (máquinas, herramientas, carreteras, electricidad) y humano (escasa capacitación de la mano de obra y problemas de salud y desnutrición). El resultado es que la productividad total de los factores cayó en África Subsahariana un 0,4% anual entre 1965 y 1990, mientras que en Asia del Este y del Sudeste aumentó a una tasa anual del 2,4% y en el conjunto de países en desarrollo creció al 0,4% anual. Es decir, en África, la productividad está en declive a una tasa alarmante y ello explica las bajas tasas de crecimiento. En el actual contexto global de la economía, la caída de la productividad implica, además, un descenso de la competitividad frente al resto del mundo.

Las estrategias de desarrollo seguidas por la mayoría de los países africanos tampoco han sido de gran ayuda. Los países africanos de orientación socialista se embarcaron en planes de desarrollo muy ambiciosos centrados en el mercado interno y cuya viabilidad dependía de medidas muy proteccionistas y del éxito del propio proceso de planificación. Los resultados de estos esfuerzos fueron, en la mayor parte de los casos, contraproducentes. Las industrias locales nunca llegaron a ser competitivas, pese a las fuertes barreras comerciales que las protegían y, al igual que pasó en otros países en desarrollo, la planificación no se convirtió en un instrumento eficaz del desarrollo, sino más bien en un obstáculo al mismo. Las industrias africanas acabaron cerrando o produciendo con pérdidas a expensas del presupuesto estatal en porcentajes muy bajos de su capacidad de producción instalada.

Los países que optaron por las estrategias económicas convencionales cometieron graves errores en su aplicación. Así, los países africanos, muy dependientes de las exportaciones primarias, experimentaron la enfermedad holandesa en los años setenta y ochenta, bien por los aumentos en el precio del petróleo, bien por el auge en los precios del cacao y el café. El tipo de cambio de estos países se apreció, la inflación y los déficits fiscales se dispararon y la industria y la agricultura perdieron competitividad: interna, frente al sector servicios y los bienes no comercializables (los más protegidos); y externa, frente a los productos extranjeros, en bienes comercializables. Más aún, los ingresos generados por estas exportaciones no siempre fueron destinados a la inversión en la agricultura ni en infraestructuras básicas, sino con frecuencia a proyectos industriales inviables o a gastos militares y suntuarios, cuando no directamente a las cuentas bancarias de las élites.

Las políticas agrícolas también fueron muy deficientes. Los gobiernos con capacidad para ello, fijaron precios muy bajos para los productos agrícolas, con el fin de abaratar artificialmente los alimentos básicos consumidos por la población. El resultado fue que muchos agricultores salieron del mercado, pues los precios no eran suficientemente remuneradores, y se dedicaron a una agricultura de subsistencia y a la comercialización por canales informales. Además, los gobiernos no dieron ningún tipo de incentivo a los agricultores para compensar los bajos precios fijados, como subvenciones en los inputs (energía, fertilizantes, semillas mejoradas o maquinaria agrícola) o una mejora de las infraestructuras rurales. La atonía de la agricultura contrasta con la presión demográfica sobre la escasa disponibilidad de alimentos, con lo que la dependencia alimentaria de África ha venido incrementándose de forma preocupante. Esta situación se ha visto empeorada por el proteccionismo agrícola de los países industrializados y por la sustitución de las materias primas agrícolas por productos sintetizados en los países avanzados.

Como resultado de todo ello, la función tradicional de la agricultura en los procesos de desarrollo no se ha dado en África. La agricultura no ha servido de mercado para la industria, ni ha proporcionado un excedente de alimentos suficiente para mantener a las poblaciones urbanas, ni ha generado los recursos necesarios para financiar el desarrollo de un tejido industrial. Los Estados africanos tendieron a gravar al agricultor con impuestos excesivos, pues es una fuente de ingresos fiscales sencilla de obtener. Pero éste, en vez de ceder a la coerción estatal y ante los bajos ingresos que suponen precios agrícolas artificialmente bajos, decidió salir del mercado oficial, agravando la situación. Esto supuso la aparición del racionamiento y el auge de los mercados agrícolas paralelos.

El olvido de la agricultura tuvo su contrapartida en el impulso de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, consistente en sustituir las importaciones por producción nacional al amparo de la protección y del apoyo estatal. No obstante, los países africanos apenas han tenido éxito en sus esfuerzos por edificar un tejido industrial nacional. Tan sólo algunos países cuentan con sectores textiles y agroalimentarios desarrollados, mientras que el resto de actividades industriales no han fructificado. En general, la protección fue excesiva, se prolongó durante demasiado tiempo y, al igual que la intervención estatal, se basó más en criterios políticos clientelares que en consideraciones de eficiencia económica. Es importante matizar que esto no supone una descalificación inmediata de la intervención del Estado y del proteccionismo, sino más bien de la forma en que ambos se articularon y aplicaron en África y otros países en desarrollo. Actualmente, la falta de capacidad de absorción de las tecnologías más simples, determinada por las insuficiencias de la formación de capital humano, la escasa dimensión de los mercados nacionales y la mala calidad de las producciones siguen lastrando las industrias africanas, cuya capacidad para competir en la arena internacional es muy reducida. La problemática de la integración de África en la economía mundial tiene una doble faceta. De un lado, el elevado peso que las exportaciones e importaciones suponen sobre el PIB de los países africanos indica más la debilidad de este último que la fortaleza de aquéllas. Dado que se trata de países muy dependientes de sus exportaciones de recursos primarios y de las importaciones de alimentos, bienes de consumo y equipos, su apertura comercial (exportaciones+importaciones/PIB) es elevada. Sin embargo, se trata de países escasamente integrados en la economía internacional, proteccionistas y con reducidos flujos de capital extranjero. Lo primero se debe, en parte, a consideraciones de economía política, pues en África el proteccionismo se emplea para redistribuir rentas a favor de las élites de forma más opaca que mediante medidas fiscales (Hibou, 1996): si un gobierno quiere beneficiar económicamente a un grupo social puede hacerlo mediante una transferencia fiscal (por ejemplo, eximir de impuestos a las empresas petroleras o subvencionar la actividad maderera) o protegiendo el sector que se quiere favorecer (si se protege el sector de latas para conservas con un arancel, digamos del 30%, se permite que el fabricante obtenga un precio por esas latas un 30% superior al precio internacional a expensas de los consumidores).

El proteccionismo también se debe a las estrategias de desarrollo sustitutivas de importaciones ya mencionadas, y a que los aranceles constituyen una fuente de ingresos fácil de instrumentar, con lo que, de hecho, este componente de la imposición indirecta permite obviar la imposición directa. En un típico país africano, los ingresos arancelarios representan alrededor del 40% de los ingresos fiscales del Estado, por lo que la liberalización comercial, necesaria para impulsar el desarrollo económico, plantea dificultades de tipo fiscal: la liberalización requiere que previamente se instaure un sistema fiscal progresivo basado en la tributación directa, del lado de los ingresos, pero también la reforma del sector público y la reducción de su dimensión, del lado de los gastos. Además, la liberalización del comercio exterior precisa la adopción de normas y standards en materia comercial y el tránsito hacia monedas convertibles, todo lo cual resulta muy complicado en la actualidad.

La integración regional, representada básicamente por el Mercado Común del Este y Sur de África y la Unión Aduanera del África Central, presenta resultados ambiguos. Mientras la primera iniciativa registra una evolución positiva, básicamente debido al dinamismo de Sudáfrica, la segunda padece el peso de Francia como principal socio comercial de la región y además garante de la moneda de la zona, el franco CFA. El resto de iniciativas padece la fragmentación política característica del África Subsahariana, pues resulta difícil que países enfrentados políticamente alcancen acuerdos regionales relevantes. En consecuencia, la integración regional debe ser entendida en África como un complemento, no como un sustituto, de la globalización. África no cuenta con los mercados, los recursos ni la voluntad política para desarrollar una estrategia basada en la integración regional, aunque ésta sería muy beneficiosa, sobre todo en términos políticos. Al igual que ocurre en el Mundo Arabe, el regionalismo africano es frecuentemente un “regionalismo virtual”, retórico, que no se concreta en medidas realistas.

Los aspectos que venimos de resumir se conjugaron a finales de los años setenta con la subida de los tipos de interés internacionales, motivada por las necesidades de la economía estadounidense, y contribuyeron a la crisis de la deuda externa de los países africanos. Sus sistemas productivos seguían dependiendo de las divisas obtenidas a partir de productos primarios, cuyos precios estaban en declive, pues las industrias locales eran incapaces de exportar; además, la presión demográfica, pero sobre todo la expansión de las burocracias, los ejércitos y el gasto militar desataron el gasto público. Sólo podía recurrirse a la financiación externa: a las inversiones extranjeras, que no llegaron; a los flujos de ayuda, insuficientes y decrecientes desde mediados de los noventa; y al endeudamiento, que fue masivo. Buena parte de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento no fueron destinados a inversiones productivas capaces de generar el rendimiento preciso para reembolsar los préstamos, sino a gastos militares, proyectos faraónicos de prestigio e inversiones de carácter clientelar. En el caso africano parece haberse materializado la advertencia de Polonio a su hijo en Hamlet: “quien toma prestado mella el filo a su frugalidad”.

La respuesta, en los años ochenta, fue el ajuste estructural impulsado por el FMI y el Banco Mundial. El FMI se encargó de las cuestiones macroeconómicas, y postuló la necesidad de reducir el gasto público, de reducir el desequilibrio por cuenta corriente, de devaluar las monedas sobrevaluadas y de luchar contra la inflación. El Banco Mundial se centró en las reformas estructurales y microeconómicas, como la reforma institucional, el sector financiero, la liberalización del comercio exterior o las reformas de los sistemas educativos y sanitarios. El resultado del ajuste estructural en África ha sido decepcionante: la pobreza ha aumentado y, aunque el crecimiento parece extenderse por algunos países del continente en los últimos años, éste parece insuficiente para resolver los graves problemas de privación humana que afectan a su población. La mera frugalidad tampoco ha significado una solución. Los defensores del ajuste alegan que las reformas microeconómicas no han sido realmente adoptadas, sostenidas o aplicadas eficientemente. En todo caso, conviene preguntarse por qué ha sido así. En gran medida, el fracaso del ajuste en África, o su escaso éxito, para los menos críticos, se debe al olvido de los aspectos políticos e institucionales que obstaculizan el desarrollo económico. Tales aspectos se tratan en el siguiente apartado.

Aspectos políticos e institucionales

Tras la descolonización, los Estados africanos se vieron confrontados con la necesidad de construir nuevas naciones a partir de antiguas colonias. La literatura política sobre África destaca la relevancia de entender correctamente la naturaleza de esos nuevos Estados, cuestión también muy importante para poder apreciar el papel del Estado en la economía. Desde la perspectiva económica, los Estados africanos se caracterizan por una gran debilidad, pese a su imagen formal y autoritaria. La figura más mencionada es la corrupción derivada del patrimonialismo: el líder considera el Estado como una propiedad privada y tiende a utilizar los recursos públicos para constituir una red de clientelas políticas, en ocasiones fundadas sobre el parentesco, el clan o la tribu. Es conocida la exhortación de Mobutu Sese Seko, difunto presidente del difunto Zaire, a los corruptos para que éstos invirtiesen o gastasen en el país el dinero obtenido con la corrupción, en vez de depositarlo en cuentas bancarias de países extranjeros, bajo amenaza de graves castigos; esto se reservaba para el ‘big man’.

En los Estados patrimonialistas, las relaciones entre el poder y el pueblo se basan en lazos personales: la fidelidad al “jefe”. Los asuntos económicos son decididos por el “jefe”, que los trata como asuntos personales. Su origen es la dominación patriarcal típica de las sociedades africanas pre-coloniales, regidas por el parentesco. Cuando, debido a la ampliación del ámbito político a unidades administrativas mayores (los Estados poscoloniales), la dominación patriarcal no basta para asegurar el control del poder, se emplean nuevos resortes ajenos al parentesco, como la capacidad de repartir rentas entre los individuos para asegurarse la fidelidad mediante el clientelismo (Bormaud, 1997).

En una etapa posterior, el líder debe ampliar el reparto de rentas a segmentos crecientes de la población, lo que se lleva a cabo mediante el crecimiento de la burocracia. Tenemos así una situación denominada neopatrimonial, en la cual el patrimonialismo convive con la burocratización de las sociedades africanas. Por ello, el Estado africano se basa en el principio de no disociación entre su papel político y su papel económico. El líder, para conseguir que su poder político fructifique, precisa traducirlo primero a poder económico. Gracias a éste, puede ir creando redes clientelares cada vez más extensas. Así, siguiendo a Arce y Long (1998) desde la perspectiva antropológica y a North (1990 y 1992) desde la economía institucional, la modernidad se reinterpreta en base a las culturas pre-coloniales, generando el mecanismo de “dependencia de la senda”. Al determinismo geográfico se añadiría así el cultural-institucional.

No obstante, el origen cultural atribuido a este comportamiento debe ser, a nuestro juicio, matizado. Tras la descolonización, los Estados se encontraron con que no había capital nacional disponible, sencillamente por que la colonización no generó una burguesía local ni un tejido industrial estable, con lo que los capitales salieron con los colonos. Esta carencia de capital físico, pero también humano (los empresarios y profesionales eran en su mayoría colonos), determinó el recurso al Estado, que asumió el papel de empresario. El Estado intervencionista se vio legitimado doblemente: por un lado, la necesidad de actuar como agente económico ante las carencias heredadas de la colonización; por otro, su acomodo a las teorías económicas y políticas del desarrollo de la época, que enfatizaban el papel del Estado en el desarrollo económico (Collier y Gunning, 1999)

En una etapa posterior, el autoritarismo se desarrollaría como un método para transformar Estados pos-coloniales débiles en Estados-Nación fuertes y asegurarse de forma indefinida el control económico y político del país. Tras el breve paréntesis liberal que siguió a la descolonización (multipartidismo, elecciones), las instituciones políticas cerraron filas en torno a la figura del Presidente. Éste concentra en sus manos los principales recursos político administrativos y pronto empieza a encarnar la figura del jefe carismático característica del África post-colonial (Bangura, 1991). En numerosas ocasiones, esta figura se mitifica como héroe de la independencia nacional, obviando la realidad de que ésta se produjo de forma generalmente pacífica en todo el África Subsahariana.

Esto nos lleva a otra realidad africana a menudo olvidada en Occidente: el nacionalismo. El breve periodo de multipartidismo que siguió a la descolonización se construyó en gran parte en base a diferencias étnico-regionales, por lo que las élites reaccionaron con el recurso a la unidad nacional. Esto, a su vez, trajo una tendencia a la centralización para garantizar el control del poder a expensas del pluralismo político (NNUU, 1998). El nacionalismo y la unidad nacional se vertebran en torno a la figura del jefe-presidente: éste contrapone las realidades de fragmentación y debilidad de los Estados poscoloniales a la necesidad de un Estado fuerte que afronte los retos del desarrollo, el nuevo leitmotiv tras la independencia (Bormaud, 1997). Ante tan inmensa tarea, numerosos presidentes africanos han cultivado con éxito la imagen de padre de la gran familia nacional, preocupado por el bienestar de sus hijos y dotado de infalibilidad. Una dimensión consustancial a esa figura estriba en la arbitrariedad del poder. Incluso, como destaca Etounga-Manguelle (2000), es común entre los líderes africanos hacer ostentación de poderes mágicos, e incluso interpretar su supervivencia a atentados (reales o fingidos) en clave de hechicería, lo que aumenta la pasividad de los africanos ante los excesos del poder.

La economía política asociada a esa forma de gobierno necesariamente se basa en la capacidad de repartir rentas o prebendas. La debilidad del Estado obliga a éste a repartir rentas entre grupos susceptibles de apoyar al poder. Así, la política económica se entiende más como un medio de reparto de rentas que como la gestión saneada de los asuntos macro y microeconómicos. La capacidad de gasto de los Estados africanos y las medidas de política económica capaces de repartir rentas se vieron limitadas con el ajuste estructural, lo que supuso una crisis importante del Estado neopatrimonialista, incapaz de mantener la redistribución, desigual pero generalizada, de rentas entre la población. Numerosas cleptocracias africanas se encuentran ahora ante el problema de mantener redes clientelares con recursos económicos menguantes. Algunos autores han apuntado que el ajuste estructural ha acentuado la informalización de la actividad económica y la “desinstitucionalización” en África (Mbembe, 2000), pero deberían aclarar que las instituciones a que se refieren no eran precisamente instrumentos efectivos al servicio del bienestar de las sociedades, sino mayoritariamente instrumentos de poder de una élite necesitada de mantener las estructuras clientelares que la sustentaban.

En los años noventa se observó una cierta tendencia a la democratización en África, pero demasiado volátil, con demasiados retrocesos como para validar el “afro-optimismo” generado a partir de la experiencia de países como Botswana, Uganda o Costa de Marfil, utilizados como ejemplos del “buen gobierno” por los organismos internacionales. Para algunos, la democratización, esencialmente conducida por las élites, debe ser entendida de forma diferente a como se haría en Occidente (Bormaud, 1997). El primer paso hacia la democratización habría consistido en la propia diversificación de las élites. Más que en la participación, la apertura política en África consistiría en la aparición de nuevos líderes en cierta medida ajenos a las relaciones clientelares tejidas en el pasado. Este proceso de apertura parece consistir, primero, en una mayor delimitación de las atribuciones del poder y, en consecuencia, de sus abusos. Esta “africanización” de la democracia, a mi juicio, no resulta suficiente; o, al menos, viola el verdadero significado del término democracia. En contra de las alegaciones de los relativistas, que sostienen que la democracia es un valor occidental ajeno a las sociedades africanas, recientes estudios muestran que los africanos aprecian la democracia y rechazan el autoritarismo.

La importancia de los rasgos culturales es otro de los temas polémicos, ya mencionados. Sin embargo, las implicaciones de política, salvo la importancia de la educación, no están claras. Los antropólogos insisten en la necesidad de tener en cuenta las especificidades culturales en los niveles macro (estrategias) y micro (proyectos) del desarrollo, mientras que los economistas echan en falta una antropología aplicada que permita llevar a cabo tales directrices. Los economistas que apoyan la idea de una adaptación cultural de la economía a las realidades africanas tampoco especifican cómo hacerlo, mas allá de algunas vaguedades que a nada comprometen. Algunos autores han descartado la explicación cultural del subdesarrollo inicialmente propuesta por Harrison (1985) y se han ceñido a la explicación institucional esbozada por North (1990). Así, De Soto (2000) considera la inexistencia de derechos de propiedad legales sobre las propiedades de que dispone el sector informal en los países en desarrollo un freno muy importante al proceso de capitalización y, en consecuencia, al desarrollo económico. En la medida en que el ajuste estructural ha supuesto, indirectamente, la informalización de la actividad económica en África, el papel de las instituciones económicas es ahora, si cabe, más importante.

Independientemente de los condicionantes culturales del desarrollo institucional, la literatura económica sobre África ha destacado la necesidad de edificar instituciones creíbles y eficaces en sus funciones, erradicar la corrupción, eliminar los conflictos bélicos que tantas vidas y recursos cuestan y proceder a la posterior reconstrucción post-bélica, mejorar la gestión pública y generar un clima macroeconómico y microeconómico saneado. Aunque las instituciones africanas puedan en ocasiones adaptarse y sustituir a las occidentales, la modernidad exige, en muchos casos, la instauración de instituciones de corte occidental: derechos de propiedad, administración de justicia, burocracias eficientes y honestas, sistemas financieros, legislación mercantil, normas y standards industriales, etc. (Bangura, 1994). En definitiva, entender la democracia no sólo como un fenómeno electoral, sino constitucional, en el que el imperio de la ley esté institucionalizado y los derechos políticos y económicos puedan ser protegidos, y no sólo declarados formalmente
(Adejumobi, 2000; Naï r, 1999; NNUU, 1998).

Un punto relacionado con el papel de las instituciones es el de los conflictos étnicos. De nuevo debemos mirar al pasado y admitir que el reparto de África supuso, probablemente, una exacerbación de los conflictos étnicos al agrupar y dividir arbitrariamente unidades étnicas. En un sentido diferente, algunos autores incluso han apuntado que la colonización creó un problema previamente inexistente o poco importante. Algunos estudios empíricos apuntan a que la división étnica explica parte importante del mal comportamiento económico africano (Easterly y Levine, 1997), mientras otros matizan que la división étnica sólo afecta al crecimiento cuando no hay instituciones capaces de reducir los costes de transacción que ésta entraña (Collier, 1998). Es decir, los problemas de la división étnica caen bajo el manto más amplio de las carencias institucionales y no se puede caer, por tanto, en el “fatalismo étnico”.

Volvemos, en consecuencia, a la necesidad de edificar instituciones creíbles y eficientes, que doten de consistencia temporal y credibilidad a las políticas económicas, provean tanto un marco legal seguro como los medios para imponerlo y pongan límites a los comportamientos predatorios de las élites. El primer paso para que estas condiciones se cumplan queda en el ámbito de la política. La apertura de los sistemas autoritarios africanos y el desmantelamiento progresivo del neopatrimonialismo son tareas imprescindibles para ello. En años recientes gran parte del “afrooptimismo” parece haberse evaporado por el fracaso de numerosos proyectos de democratización y la vuelta de los conflictos armados (Leymarie, 1999). Célestin Monga (1997) ha identificado fenómenos que despiertan el escepticismo de los africanos y dificultan el desarrollo político necesario para el desarrollo institucional: la debilidad de los partidos políticos, la manipulación de las elecciones, la escasez de alternativas políticas diferenciadas, una sociedad civil constreñida, el control de los medios de comunicación, la ausencia de civismo entre la clase política, la violencia ejercida por unos ejércitos politizados y grupos paramilitares privados al servicio de causas políticas y, finalmente, el apoyo internacional a los dictadores. Esto último nos lleva a la dimensión internacional de los aspectos políticos.

La dimensión internacional: ¿hay un papel para la UE?

Las implicaciones de la argumentación precedente apuntan a una idea sencilla: el desarrollo político e institucional africano es un proceso que Occidente, y en especial Europa, en cuyo seno se agrupan las antiguas metrópolis, deberían favorecer con mayor intensidad. La decisión debe estar guiada por la voluntad política más que por el interés económico o geopolítico. En la jerga de la relaciones internacionales, más por una visión neoliberal, que defiende la extensión de la democracia y la defensa de los bienes globales, que por un neo-realismo centrado en la mera defensa de los intereses nacionales. África no cuenta con una posición geoestratégica de importancia para Occidente, ni tampoco con mercados amplios por conquistar. Hasta el fin de la Guerra Fría, la política exterior africana de las grandes potencias se basaba en el realismo de la contención del adversario y la promoción de los regímenes afines. En la actualidad, la política exterior relacionada con África se basa en criterios relacionados con la provisión de bienes públicos globales, como la cooperación al desarrollo. Pero las iniciativas económicas a favor de los países pobres fuertemente endeudados (de los siete países pobres considerados incapaces de sostener su deuda externa, cinco están en África), aunque constituyen un primer paso, no son suficientes. La reciente iniciativa europea de abrir su comercio a los países menos adelantados, tampoco.


Pero la dimensión internacional supone también responsabilidades para los propios gobiernos africanos. Los Estados africanos han jugado un “papel de apoyo, e incluso a veces de instigación, de conflictos en países vecinos” (NNUU, 1998, punto 13). La solución propuesta es reforzar la integración regional africana, con objeto de elevar el coste de oportunidad de los conflictos entre países vecinos. Esta es una medida acertada, pero que encuentra muchas dificultades, ya mencionadas en un apartado anterior. Sin embargo, debemos destacar aquí una de ellas, ya recurrente: la falta de democracia. Según los defensores de la Pax Democratica, un argumento que se remonta a Kant, los países democráticos no van a la guerra entre sí. La ausencia de democracia y la aplicación de políticas hegemónicas regionales van de la mano y son responsables de buena parte de los conflictos africanos.

Parece claro que, tras los fracasos de todos los paradigmas económicos, hay que empezar a acometer el desarrollo de África por el flanco político e institucional. Numerosos estudios recogidos en la bibliografía de este artículo concluyen la necesidad de instaurar mecanismos democráticos, edificar instituciones eficientes, asegurar el imperio de la ley y acabar con la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo. Sin duda hay otras dimensiones que contribuyen a explicar el fracaso económico africano, como la herencia colonial, el proteccionismo de los países ricos, la insuficiente (y menguante) ayuda al desarrollo, el clima y la geografía, entre otros. Pero como muchos africanos han reconocido y escrito recientemente, la dimensión interna de la tarea es responsabilidad de los propios africanos. En gran medida, esto supone la modernización de las sociedades africanas y la convergencia hacia modelos que les son ajenos culturalmente. Pero una vez que la colonización trajo consigo el germen de la modernidad, parece difícil volver a
una especie de Arcadia tropical, en el caso de que alguna vez haya existido, por mucho que ello pueda atraer a los espíritus románticos. La modernización, es cierto, no debe suponer una mera “occidentalización”, “americanización” o “europeización”, adjetívese como se quiera. Pero, en mi opinión, la adaptación de la modernidad, el hacer las cosas “a la africana”, no puede desvirtuar los atributos básicos de aquélla, como ha ocurrido en buena medida hasta la fecha.

La comunidad internacional debe tomar en consideración esta problemática africana y contribuir a su desarrollo económico, pero también político e institucional. Este apoyo nunca se efectuará en base a consideraciones geoestratégicas o geoeconómicas, sino que debe proceder de la voluntad de proveer un bien público global: el desarrollo económico y político de todo un continente. Se echa en falta un proyecto europeo del calado del propuesto para los países del Este (ampliación) o del Mediterráneo y América Latina (asociación). Igualmente, se observan sensibilidades distintas a la hora de realizar intervenciones humanitarias en África como las efectuadas en la ex-Yugoslavia, o de acoger a inmigrantes del Este y subsaharianos. Europa no parece tener una política africana y sus Estados Miembros, salvo la política de prestigio que tanto ha desprestigiado a Francia, tampoco.

Algunas medidas, como la cooperación al desarrollo, el apoyo al abaratamiento de los medicamentos anti-SIDA y contra la malaria, el alivio de la deuda de los países africanos más endeudados o la apertura de las barreras comerciales no parecen suficientes y carecen de coordinación. Falta incorporar la dimensión política e institucional del desarrollo en África y dotar de coherencia a las actuaciones aisladas. Tal vez no deba plantearse a corto plazo la condicionalidad democrática en la ayuda al desarrollo, pero eventualmente debería contemplarse cierta condicionalidad institucional y en materia de derechos humanos. En vez de ceñirse exclusivamente a la mera condicionalidad macroeconómica, el énfasis debería ponerse en la creación de instituciones que posibiliten el desarrollo económico y humano. Por otra parte, la cooperación al desarrollo debería dar más importancia a la reforma de la administración, la formación de funcionarios, la educación institucional y la edificación de un marco legal y de un sistema de justicia dignos de tal nombre.

Como destacó hace unos años Koffi Annan (NNUU, op. cit.), las responsabilidades están compartidas. Eso no quiere decir que el esfuerzo para el desarrollo de África sea simétrico: la mayor parte del peso recaerá sobre los africanos, pues no se ha dado ningún caso de desarrollo económico en base exclusivamente a la ayuda extranjera. Pero el apoyo internacional puede facilitar la transición del autoritarismo a unas sociedades más abiertas, de la discrecionalidad y la corrupción al imperio de la ley, de la irracionalidad económica al buen gobierno. Ojalá en un futuro cercano los títulos de los estudios económicos sobre África no tengan que ser tan fatalistas.

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