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[El fantasma del ...]

Comunicación política, de la desinformación al 'lawfare'


España debe abordar la reforma de algunos de los derechos fundamentales para reflejar la realidad digital actual y adaptar la legislación a los desafíos del siglo XXI.



ISABEL MASTRODOMENICO
08 MAYO 2024 - 05:00 CEST


La combinación de la presión mediática y jurídica ha provocado la amenaza de dimisión de un presidente del Gobierno. El impacto destructivo de la desinformación y los ataques personales mediáticos a personas en su esfera privada es grave, pero convertir en prueba judicial la desinformación cruza las líneas rojas, no solo del poder judicial, sino de la ética periodística.


Un juez que acepta una noticia como prueba no solo actúa contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que refleja la enorme discrecionalidad de un magistrado para impartir justicia políticamente. La idea de que lo judicial es político no debe escandalizarnos, como avanzaba en los años setenta el profesor de Derecho Duncan Kennedy, de la Universidad de Harvard. Lo que preocupa es la manipulación expresa de lo político para impartir justicia.


Por ello la comunicación política, en consonancia con la deontología periodística, ha de contar con medidas legislativas específicas que eviten la desinformación, y que protejan a las personas ; sean o no presidentes del Gobierno.

La desinformación ocurre cuando ciertos grupos de interés económico o político utilizan la prensa estratégicamente para manipular, atacar no solo la vida pública, sino también la integridad personal y la vida privada de las políticas, especialmente aquellas asociadas con la izquierda, como puso de manifiesto el caso de Irene Montero, entre otros.


En estos casos es también un tipo de violencia contra la persona a través de la llamada “despersonalización de la víctima”, mujeres en su mayoría, a veces en el entorno de los hombres, como en el caso de Begoña Gómez.
La despersonalización del sujeto político es el proceso de cosificación con el que los medios de comunicación retratan a figuras políticas no como individuos con derechos, responsabilidades y dignidad pública, sino como meros símbolos de ideologías o políticas, convirtiéndolos en blanco fácil para la hostilidad pública. Ello alimenta un ciclo de crítica e insultos que lejos de debatir ideas o su actividad pública ataca los derechos de la persona.


Es importante destacar que el ataque a las mujeres suele estar en el centro y se ceban con ellas con mayor acritud . Lo dejo apuntado en este caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pero que lo vemos a nivel global con casos como el de Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, Sanna Marin en Finlandia o Francia Márquez en Colombia.


El periodismo desinformativo no solo socava los principios democráticos de respeto y debate racional, también plantea riesgos significativos para la salud mental y la seguridad de quienes están en la política. Al hacerlo, estos ataques mediáticos no solo afectan a los individuos implicados, sino que también erosionan la calidad del discurso público, fomentando un ambiente político en el que la verdad y la calidad moral son las primeras víctimas, sin olvidar el desgaste que esto genera en la ciudadanía al generar desafección hacia la política.


Para evitar que la desinformación se convierta en munición para el lawfare , necesitamos una legislación que aborde de manera efectiva la desinformación y los ataques personales, protegiendo tanto el debate público como a las personas públicas.


Una ley que establece límites claros entre un discurso constitucionalmente aceptable y la difamación, y facilita el debate sobre políticas y no sobre personas. La comunicación política no puede ser un campo sin vallas.


El derecho a la información veraz es un pilar fundamental de la democracia. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como la Constitución Española subrayan la importancia de la información libre y accesible para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.


La cuestión es si la libertad de expresión debería excluirse como argumento legal cuando los medios de comunicación difunden hechos que no son verídicos, noticias no constatables o fake news . Desinformar es propagar noticias que inducen a la confusión, o que no son verificables, y constituye una infracción del derecho a la información.

En España, la Ley 13/2002 o Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta, creada durante la dictadura franquista, no abordan de manera específica y efectiva ni los retos que plantea la desinformación ni los desafíos de las redes sociales y el entorno digital. Hablamos mucho de modernización, pero seguimos arrastrando estos pesos.


A pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos enfatizan la protección del derecho al honor frente a la libertad de expresión , especialmente cuando se difunde información falsa o injuriosa, la ausencia de un marco legal coherente, tanto a nivel nacional como europeo, presenta lagunas significativas que son aprovechadas por ciertos medios de comunicación y facilitan actuaciones controvertidas, como las del juez Juan Carlos Peinado, que ha admitido la denuncia contra Begoña Gómez.

De cualquier forma, y aunque el Código Penal no sea el recurso más apropiado en una sociedad civilizada, debería utilizarse más para evitar la desinformación y proteger el derecho a una información veraz y contrastada. Teniendo a su disposición los delitos contra el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen que bien pueden interpretarse en esta línea.



Igualmente, el Código Penal podría ser más claro en lo que se refiere al uso de la desinformación al describir los delitos que protegen el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Penalizar la difusión de información que apoye directa o indirecta la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones. No podemos acostumbrarnos a los discursos xenófobos, misóginos, homófobos o estigmatizantes, y por supuesto, mucho menos desde los espacios de representación política.


Por último, y debido a lo poco que parece importar las sanciones civiles o económicas a muchos medios, que ya las incluyen en sus costos posibles, debería repensarse el Artículo 515 del Código Penal que podría incluir las empresas, grupos de interés y los individuos que promuevan la discriminación, el odio o la violencia.


Una reforma legal o una interpretación jurisprudencial en dicha línea permitiría abordar directamente los actos de difusión de información falsa con la intención de dañar la reputación o los derechos de otros , proponiendo sanciones que podrían incluir multas significativas o incluso penas de prisión.
Ello no debería excluir la posibilidad de definir la desinformación como delito contra el derecho a la información. Un paso que no solo actualizaría el marco legal para reflejar la realidad digital actual, sino que también reforzaría los mecanismos de protección de derechos fundamentales, proporcionando una herramienta más clara y directa para combatir el impacto negativo de las noticias falsas en el campo de la comunicación política.



Con ello, España no solo estaría protegiendo los derechos individuales de su ciudadanía, sino que también estaría fortaleciendo su democracia al promover un entorno informativo más limpio y justo. Esta medida sería un paso crucial para adaptar la legislación a los desafíos del siglo XXI, garantizando que los principios de veracidad y justicia prevalezcan en el espacio público.


Esperamos, pues, que la reflexión de Pedro Sánchez traiga consigo estas reformas . El apoyo evidente que tuvo desde muchos espacios políticos y de la sociedad civil reclamaba cambios, pues tal y como afirmó en su declaración esto no puede ser un punto seguido, debe ser un punto y aparte.


Isabel Mastrodomenico es socióloga, máster en Medios y Comunicación Global (SOAS University of London) e Igualdad de Género (UCM), doctoranda en Comunicación Política y directora de la Agencia Comunicación y Género.

[Jose Eduardo Pad...]

Hola Fantasma del blog.
Estoy en la fase de terminar mi tercer libro con temática guineana y recuerdo que, en su día, algo comentaste acerca de cómo, a finales de los 70 o pricipios de los ochenta, el Sr. Roig, de Marcadona, milagrosamente obtuvo fondos para fundar su actual imperio. Supuestamente esos fondos fueron desviados de la igualmente supuesta ayuda económica española al nuevo regimen de Obiang en Guinea. No recuerdo en qué quedo aquella charla, pero me vendría bien recordarla por tu parte, para incluirla, o no, en mi libro.
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[Jose Eduardo Pad...]

Igualmente, recuerdo que te entretuviste en su dia en desmenuzar los BOE de entonces, en los que ya se hacía referencia a las cuadriculas para la prospección en Guinea, en busca del petroleo....pues si conservas esos documentos, también me interesaria recuperarlos para el ANEXO documental del tercer libro.

Gracias de antemano.......

[Jose Eduardo Pad...]

Por cierto, Héctor López-Arango es mi seudónimo como autor de mis tres libros editados.

[El fantasma del ...]

UN BANCO CON AGUJERO

El hecho de no haber enviado una unidad militar que garantizara la seguridad de Obiang y sentara el principio de autoridad en el país africano fue la causa fundamental de que el Gobierno español no se atreviera a respaldar la moneda guineana. Esto, unido a la incapacidad de los dirigentes de la cooperación, la falta de facilidades de la Administración guineana y la corrupción existente, motivó que tras unos meses de euforia por la caída de Macías la población cayera de nuevo en un estado de fatalismo. Aunque la economía guineana empiece a recuperarse, harán falta decenios para alcanzar la renta per cepita de 1968, de unos 350 dólares anuales, pues en 1987 seguía en 260 dólares. Si los guineanos no hubieran sufrido la locura de Macías, la población podría disfrutar de una renta de 600 dólares anuales.

(......)

Martines Cortina calificaba a Guinea como el segundo país más corrupto del mundo, después de Zaire. Señalaba que "de 92 empleados tuvimos que echar a 64 por corruptos", y que de los 5 presidentes que tuvo el Guinextebank desde 1980 tres acabaron en la cárcel y uno fue fusilado.


El economista explicaba que el "agujero" del Guinextebank se produjo por dos fenómenos. El primero fue la caída del precio del cacao y la madera y el segundo el mal funcionamiento de la Administración guineana. "Hay funcionarios importantes o empresas que piden un crédito y no lo pagan. La propia autoridad que viene a pedirlo te solicita, inmediatamente, que hay que hacer una provisión de fondos por la misma cantidad. ¿Cómo podemos tragarnos esas cosas?".


Según la auditoria de Price Waterhouse, buena parte de los créditos se habían concedido a familiares o a empresas relacionados con miembros del Gobierno guineano, por un valor total de 334 millones de pesetas, cantidad que en la auditoria realizada por el BEE se elevaba a 423 millones de pesetas, informaba Perfecto Conde en Interviú a mediados de noviembre de 1987. El periodista precisaba que los préstamos en favor de empresas propiedad de Teodoro Obiang ascendían a 65 millones de pesetas, y que el presidente tenía una cuenta en el Guinextebank de 47 millones de pesetas a plazo fijo, con un interés del 8 %. A continuación iba desgranando el rosario de millones prestados a la esposa de Obiang y a varios altos cargos, algunos caídos en desgracia. Las autoridades consideraban imposible cobrar los créditos, concedidos fundamentalmente por presiones sociales y políticas, en unos casos por la posición de los deudores, y en otros porque al haber sido cesados eran insolventes.


Pero no sólo había deudores guineanos. También era importante la lista de españoles que no devolvían sus créditos al Guinextebank. Perfecto Conde resaltaba que Francisco Roig Ballester, el propietario del grupo Suguisa, llevado a Guinea de la mano de Graullera, debía al banco 696 millones de pesetas el 31 de octubre de 1986, el 21 por ciento del total de la cartera de riesgo del Guinextebank, repartidos en créditos concedidos a sus empresas de comercio, alimentación, producción de cacao y madera.


Estaba claro el deseo de los dirigentes del BEE de abandonar Guinea como fuera, pero los guineanos trataban de impedirlo. Además, las auditorias habían señalado siempre que el control de la entidad estaba en manos de funcionarios españoles, por muchas presiones que pudieran sufrir. El caso es que todo esto influyó para que la economía guineana, de una extrema fragilidad, se resintiera todavía más, pese a la sustancial ayuda internacional y a la intervención del FMI.



http://www.asodegue.org/hdojmc58.htm

http://elpais.com/diario/2003/03/15/agenda...807_850215.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Roig_Ballester

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadona

[El fantasma del ...]

Mercadona, una estrategia 'como un cohete'

POR Expansión
Valencia
Actualizado: 06/12/201523:09 horas


La cadena de supermercados Mercadona es una de las compañías españolas más estudiadas a nivel internacional en los últimos años, debido a su modelo de gestión. Esta vez es la consultora internacional The Boston Consulting Group la que ha seleccionado a Mercadona en uno de los capítulos del libro que acaba de editar, titulado Cohete, Ocho Lecciones para Garantizar el Crecimiento Infinito.



El libro analiza las historias de dieciséis empresas que destacan por haber creado grandes marcas. Los autores son Michael J. Silverstein, Dylan Bolden, Rune Jacobsen y Rohan Sajdeh, que destacan que su libro es "una guía imprescindible para todo aquel que quiera conseguir que su empresa crezca más rápido que la competencia".



Mercadona figura en un capítulo titulado Da pasos de gigante, porque no vas a ganar con tímidos pasos, en el que se analiza también la trayectoria de una compañía brasileña: Natura Cosméticos.



Destaca de ambas empresas que "están lideradas por ejecutivos que tienen personalidades fuertes y grandes ambiciones para sus negocios"..........



http://www.expansion.com/directivos/2015/1...c5168b4643.html