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[El fantasma del ...]

Qué es el caso Pegasus, la trama de espionaje al Gobierno que investiga la Audiencia Nacional

Por Rosa Soto
Te lo explicamos
24 abril 2024

El caso Pegasus es como se conoce a la investigación sobre un supuesto espionaje realizado con un software israelí a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga la trama después de reabrir el caso tras recibir nuevos datos por parte de las autoridades francesas.

El magistrado ha decidido reabrir el caso tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país galo en 2021 ante múltiples infecciones a través del sistema Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados y miembros del Gobierno.


En qué punto está la investigación del caso Pegasus

¿Qué es Pegasus? Pegasus es un programa de espionaje informático desarrollado por la empresa tecnológica israelí NSO Group. Este software fue presentado como una herramienta dirigida a instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.

Un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló en 2022 que los dispositivos de al menos 65 políticos independentistas y activistas catalanes habrían sido atacados con Pegasus entre 2017 y 2020. El Congreso aprobó en diciembre de 2023 la creación de una comisión de investigación en relación a este caso.


El Gobierno estatal informó en mayo de 2022 que el Centro Criptológico Nacional había detectado indicios de un posible espionaje de Pegasus a los móviles de Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre 2020 y 2021. Posteriormente se sumaron a la lista otros miembros del Ejecutivo, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.


De esta forma, el Gobierno presentó una denuncia a la Audiencia Nacional a través de la Abogacía del Estado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos y el juez Calama comenzó a investigar el supuesto espionaje de Pegasus.

Sin embargo, el magistrado decidió archivar la investigación en julio de 2023 ante la “absoluta falta de cooperación jurídica de Israel”, al no haber respondido “a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional” con el fin de avanzar en la investigación.

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Caso Pegasus: la Audiencia Nacional reabre la causa por el espionaje a los móviles de Sánchez y tres ministros


Las autoridades judiciales francesas han enviado una Orden Europea de Investigación (OEI) con nuevos antecedentes

La Audiencia Nacional reabre el "caso Pegasus" por el espionaje con el software Pegasus en el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El instructor José Luis Calama ha adoptado esta decisión tras recibir una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación realizada allí en 2021 como consecuencia de las múltiples intervenciones de móviles de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con el programa informático.



En julio de 2023 el magistrado acordó el sobreseimiento provisional de la causa ante el silencio de las autoridades israelíes frente a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional en el marco de esta investigación, frustrando la continuación de la causa seguida por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que, tal como señaló entonces el juez, ha "puesto en jaque la propia seguridad del Estado". Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel", concluyó el juez Calama.Pero ahora, de la documentación enviada desde Francia, se extraen nuevos datos que permiten la reapertura de la investigación judicial.


Las autoridades galas explican que se han dirigido a la mercantil Grupo NSO. Se trata de la sociedad de capital riesgo domiciliada en Israel que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, en principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.



Las investigaciones desarrolladas en Francia pretenden averiguar quien se encuentra detrás de estas intervenciones masivas con el software de espionaje. Y explican que por este motivo, han solicitado auxilio judicial a Estados Unidos e Israel, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de los accesos a los teléfonos móviles y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.

Otros antecedentes de valor que se recogen en el documento francés son los “indicadores de compromiso” (IOCs), una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos parámetros pueden incluir direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamiento anómalo de usuarios, entre otros. Los IOCs se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.

Nuevos datos en el caso Pegasus

En su auto, el juez Calama explica que el sobreseimiento provisional permite reabrir una causa cuando aparecen nuevos datos. En el caso Pegasus, considera que la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas en uno y otro país en orden a determinar la autoría de estas infestaciones.


También señala que las investigaciones en Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. “Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación”, concluye.

Entre las diligencias solicitadas, Cala pide la elaboración de un informe pericial al Centro Criptológico Nacional para comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que lleve a determinar la autoría de los ataques informáticos. Una vez se obtengan los resultados, se podrá realizar un intercambio más amplio de información con las autoridades franceses y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).


El juez espera que la actuación conjunta lleve a identificar a los autores de la infestación llevada a cabo a través del programa espía Pegasus tanto en Francia como en España.

Cinco filtraciones del móvil de Pedro Sánchez


Los indicios recabados por la Audiencia Nacional antes del archivo apuntan a que el móvil de Pedro Sánchez fue intervenido con el programa Pegasus en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de ellos tuvo lugar entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, cuando se exfiltraron 2,57 GB de información. La segunda se detectó el 31 de mayo, con 130 MB de datos filtrados.


En el caso del móvil de la ministra de Defensa, fue infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año. Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura fue objeto de una infección el 25 de junio de 2021. Sin embargo, esta última intervención no tuvo éxito gracias a la existencia de una aplicación "vacuna" que solo permitió exfiltrar menos de 1 KB de datos. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido determinar la autoría de ninguno de estos ataques.

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Normativa sobre investigación y explotación de hidrocarburos en Guinea


1- Orden de 10 octubre 1953 HALLAZGOS. En aguas de Africa Occidental . Presidencia del Gobierno (BOE 18 noviembre 1953, núm. 322)

2- Ley de 26 de diciembre de 1958 de Régimen Jurídico para la investigación y explotación de hidrocarburos (BOE de 29 de diciembre de 1958 num. 311)

3- Decreto 194/1960, de 11 de febrero (BOE de 13 de febrero de 1960, num. 38)

4- Decreto 195/1960, de 11 de febrero (BOE de 13 de febrero de 1960, num. 38)

5- Decreto 196/1960, de 11 de febrero (BOE de 13 de febrero de 1960, num. 38)

6- Decreto 197/1960, de 11 de febrero (BOE de 13 de febrero de 1960, num. 38)

7- Decreto 277/1960, de 18 de febrero

8- Decreto 1175/1960, de 15 de junio (BOE de 28 de junio de 1960, num. 154)

9- Orden de 16 de enero de 1962 (BOE de 20 de enero de 1962, num. 18)

10- Decreto 1419/1962, de 22 de junio (BOE de 29 de junio de 1962, num. 155)

11- Decreto 2742/1965, de 22 de julio, por el que se amplia el articulo 172 del Reglamento de 12 de junio de 1959 para aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de investigación y Explotación de Hidrocarburos de 26 de diciembre de 1958(BOE de 24 de septiembre de 1965 num. 229)

12- Decreto 595/1966, de 12 de marzo, por el que se adjudican dos permisos de investigación de hidrocarburos, solicitados conjuntamente por las sociedades “Mobil Producting Spain Inc.” (MOBIL), “Compañía Española de Petróleos, SA” (CEPSA) y “Compañía Ibérica de prospecciones, SA” (CIPSA), en la zona II (Fernando Poo). (BOE de 14 de marzo de 1966 num. 62)

13- Orden de 4 de agosto de 1966, complementaria del Decreto 596/ 1966 de 12 de marzo, por el que se disponen las condiciones que debe cumplir la compañía "Spanish Gulf Oil Company" como adjudicataria de un permiso de investigación de hidrocarburos sobre la cuadricula numero 9 de la Zona II (Fernando Poo); (BOE de 6 de agosto de 1966) Calendario de inversiones 8 años.

14- Decreto 1846/1967, de 13 de julio, por el que se adjudican tres permisos de investigación de hidrocarburos solicitados conjuntamente por las sociedades “Spanish Gulf Oil Company” y "Compañía Española de Minas de Riotinto, SA” en la zona II (Fernando Poo) (BOE de 24 de agosto de 1967, num. 202)

15- Decreto 1043/1968, de 2 de mayo (BOE de 27 de mayo de 1968 num. 127)



Sin embargo, faltan los registros de los años 1960-1966. El oficial de registros de la comisión declaró que los registros se colocaron inadvertidamente en un archivo de sesión para ser destruidos por un almacén federal, y que un total de 1,000 cajas se desecharon en este procedimiento. La destrucción de los registros ocurrió en octubre de 1983

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Zapata Oil


Zapata Oil fue un negocio de exploración de petróleo creado por George HW Bush que nunca fue especialmente rentable en el sentido comercial habitual, y parece haber funcionado más como un frente para una serie de operaciones de espionaje y encubiertas.


La compañía comenzó con la asistencia de Allen Dulles y (amigos íntimos ) H. Neil Mallon y el tío materno de Bush, Herbert Walker , un banquero de inversión, que puso la capital. Walker fue instrumental en traer a otros como Eugene Meyer (propietario del Washington Post , cuyas inversiones fueron manejadas por Brown Brothers Harriman ). Una nota interna de la CIA del 29 de noviembre de 1975 confirmó que Zapata Petroleum comenzó en 1953 a través de los esfuerzos conjuntos de Bush con Thomas J. Devine , un miembro de la CIA que ese mismo año renunció a su cargo para dedicarse a negocios privados, pero que continuó trabajando para la CIA bajo cobertura comercial.


Operaciones

Las "exploraciones" de Zapata parecen haber sido conducidas más por una política profunda que por factores comerciales o geológicos.

En 1963, Zapata Off-Shore tenía cuatro plataformas operativas de perforación petrolífera: Scorpion (1956), Vinegaroon (1957), Sidewinder y (en el Golfo Pérsico) Nola III.


Propósitos


Zapata nunca fue dirigido principalmente para obtener ganancias, sino más bien como una tapadera para las operaciones de la agencia de inteligencia . Russ Baker señala que los inversores sabían que su inversión era apreciada por el padre de Bush, el influyente Prescott Bush . Hay muchos más detalles disponibles en Russ Baker 's Family of Secrets .


Registros "perdidos"


Los registros de presentación de Zapata con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos están intactos durante los años 1955-1959, y nuevamente desde 1967 en adelante. Sin embargo, faltan los registros de los años 1960-1966. El oficial de registros de la comisión declaró que los registros se colocaron inadvertidamente en un archivo de sesión para ser destruidos por un almacén federal, y que un total de 1,000 cajas se desecharon en este procedimiento. La destrucción de los registros ocurrió en octubre de 1983 (según el oficial de registros) o en 1981, poco después de que Bush se convirtiera en vicepresidente de los Estados Unidos (según Wison Carpenter, un analista récord de la comisión). Después de que Jonathan Kwitny descubriera copias duplicadas en otros lugares, Bush admitió a través de un portavoz una breve relación comercial con Jorge Díaz Serrano , que afirmó que duró solo 7 meses, pero que el duplicado de las presentaciones de la SEC dejó en claro, de hecho, duró 4 años. También establecieron que la relación implicaba tanto incumplir la ley mexicana y mantener a los accionistas estadounidenses en la oscuridad sobre el acuerdo, una violación de la ley estadounidense



https://wikispooks.com/wiki/Zapata_Oil

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Anatomía de un bulo: Sánchez, el Falcon y Doñana

Apenas 21 minutos después de que el presidente anunciase que sigue al frente del Gobierno, una nueva mentira corrió por X

MANUEL VIEJO
02 MAY 2024 - 05:00 CEST

Veintiún minutos después de que Pedro Sánchez anunciara que continúa al frente del Gobierno, la cuenta en X de El Puntual 24 horas publicaba una información muy relevante sobre este asunto. El Puntual 24 horas nació en junio de 2015. Se define así: “Creado por y para las personas amantes de la actualidad mundial. Hacemos el minuto a minuto de las elecciones más importantes. ¿Te unes?”. Pues claro. Cuenta con 80.000 seguidores, entre ellos dos concejales de Vox del Ayuntamiento de Madrid. La noticia del lunes decía así: “URGENTE. Pedro Sánchez coge el Falcon para irse de vacaciones a Doñana (Huelva) tras ANUNCIAR que sigue en La Moncloa”. Qué iba a hacer después de reflexionar cinco días, pensarán; pues lo más normal: cogerse otros cinco y más aún si es puente. En Madrid no solo se libra el 1 de mayo, sino también el 2. Parece fácil vivir así en el paraíso de la libertad, y lo es. Otra cosa es reflexionar.


La noticia, que no incluye ningún enlace, va acompañada de una fotografía: Sánchez, en traje y de espaldas, dirigiéndose hacia un avión, que en teoría es un Falcon. Está el asunto como para pensar en clase turista. El mensaje ha sido visto por, al menos, 2,7 millones de personas. Ha generado más de mil comentarios. Ha sido compartido por 4.000 usuarios. Y otros 6.000 han dicho que les gusta. Hasta las búsquedas en Google con las palabras “Sánchez” y “Doñana” se han multiplicado en las últimas 48 horas.

El usuario —@Clonazepan acorde a estos tiempos— fue uno de los primeros en responder a esta noticia. “No puede ser verdad que se la pele absolutamente todo”, escribió. “No puede ser verdad que después del show que ha montado la última semana, lo primero que haga nada más decir que se queda es irse de vacaciones”, añadió. @Clonazepan, que cuenta con 75.000 seguidores, tiene razón: no es verdad porque es un bulo. Es más, la fotografía que se adjunta es de 2018. La web que mejor lucha contra la desinformación en España, Maldita.es, ha contabilizado hasta ahora 58 bulos de El Puntual 24 horas.


Pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se lo tragó. O no. Y soltó el martes: “Lo que ha hecho Sánchez estos días ha sido reírse de todos ustedes y de todos los españoles, a los que les ha dicho, pringaos, que yo me voy este fin de semana a Doñana”.


Sánchez se quedó en Madrid. Y ha insinuado estos días que quiere regular los “pseudomedios de comunicación” por ser “una máquina del fango”. No es la primera vez. El Gobierno ya lo hizo en 2020. Y el PP, que ahora critica este bisturí peligroso para la profesión periodística, presentó en 2017 en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria “para garantizar la veracidad de las informaciones”. Proponía un “sello” de verificación en cada noticia. No salió adelante.

La desinformación es un problema para el 83% de los españoles, según el último Eurobarómetro al respecto, publicado en 2023. Raúl Magallón, profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en bulos, opina que la propuesta de Sánchez no es necesaria. Sí ve bien reformar la ley de publicidad institucional. Y lanza una propuesta: que las asociaciones de periodistas se reúnan y definan de una vez qué es un medio de comunicación. Así, solo estos podrían acceder a la publicidad institucional. Entre 2006 y 2021, el Gobierno invirtió casi 3.000 millones de euros en promoción, tanto institucional como comercial, según publicó El Confidencial. A Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se le atribuye una frase acorde con estos tiempos convulsos para la profesión periodística: “No hace falta comprar a un medio de comunicación; basta con ser su mejor cliente”. A reflexionar otra vez. Y sin Falcon.

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El gran crujiente
EL PAÍS


PAÍS
8 DE ABRIL DE 2003 - 00:00 CEST



A este paso, Aznar dejará España con una fractura política y social sin precedentes en la historia de la democracia. Todo gobernante, cuando se siente en apuros, acostumbra a presentarse como víctima de alguna conspiración, advertir que algunas fuerzas perversas amenazan la unidad y la seguridad del país y presentar a la oposición como un verdadero agente de la subversión. El guión es conocido. Aznar ha optado por este camino escasamente imaginativo: Zapatero es un líder irresponsable, que "ha sembrado las chispas que pueden llevar a la crispación y la confrontación"; Maragall, un perverso agente de una alianza con los nacionalistas periféricos para destruir España; Llamazares, un comunista irredento que llora las víctimas iraquíes y no las de ETA. Y así, sucesivamente, en un discurso del miedo y la crispación.


Cabe sospechar que Aznar cree que le favorece este clima de crispación, que en realidad es lo que venía buscando desde que comprendió que se quedaba solo, absolutamente solo, en su apuesta por la guerra. A estas alturas, despertar los fantasmas de la "España roja y la España rota" es tan absurdo como sintomático de la regresión en la que está metido este Gobierno, dispuesto a fracturar el país antes de que a reconocer sus errores y de plantearse recomponer, y no imponer, un consenso.


Los argumentos de este Aznar enrabietado son tan desproporcionados, su distancia con la realidad que percibe la gente es tan grande, que excepto con el núcleo duro de los suyos, sólo pueden servir para aumentar su descrédito. Y, sin embargo, insiste Aznar. Ha sido el presidente quien ha metido a España en una guerra ilegal contra la opinión del 90% de los ciudadanos y quien ha roto el consenso en política internacional laboriosamente trabajado durante los últimos 25 años. Poco importa: la culpa es siempre de los demás. Y, sin embargo, su furibunda reacción es una doble consecuencia de su error como estratega y de su fracaso como líder. Sabe que se ha equivocado y por eso castiga con dureza a la oposición. No soporta que un neófito como Zapatero intuyera mucho antes de que la guerra empezara lo que él no vio: que la ciudadanía no seguiría esta apuesta y que muchos gobernantes preferían no implicarse en una aventura de estricto interés americano. Pero a Aznar, sobre todo, lo que le duele es que la España real le haya dado por completa la espalda, incluso ahora que la victoria de EE UU en la guerra está próxima.


Desde el resentimiento, la acción de gobierno es un arma muy peligrosa. Tras una primera legislatura que acreditó una imagen de eficacia, Aznar se encuentra que, cuando quiere demostrar su condición de estadista, el país no le sigue. Tremenda frustración. Pero España no puede pagar los contratiempos de su presidente.

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Lo de Pedro Sánchez no es precisamente nuevo. Como dice un viejo aforismo del periodismo “ Si tu madre te dice que te quiere, verifícalo”

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“Brutal y genocida”: desmontando a Julio César para avisarnos sobre Trump y otros césares


Un documental de la BBC sobre el dictador romano retrata una ambición desmedida por el poder que derribó el sistema republicano. Y proyecta su figura hacia el populismo actual


RICARDO DE QUEROL
03 MAYO 2024 - 05:15 CEST

Algunos títulos llegan a nuestros televisores con extrañas traducciones. El documental de la BBC Julius Caesar: The making of the dictator es explícito en su enunciado: cómo se hizo el dictador. Movistar+ lo ha estrenado con una denominación más neutra, Julio César: El ascenso del Imperio romano.Será porque el hombre que liquidó la República romana goza de cierto prestigio histórico, desde que Plutarco lo puso al nivel de Alejandro Magno en su biografía Vidas paralelas: Alejandro-César, pasando por Shakespeare y por Hollywood, hasta los tebeos de Astérix, pensados desde la resistencia de los galos, pero que lo trataban como una figura respetable, de palabra, un enemigo digno.



Esta miniserie británica, de tres capítulos, no se anda con rodeos: muestra a Julio César como alguien astuto, calculador, sin escrúpulos, preso de una ambición desmedida, que no cejó en su empeño hasta convertirse en dictador vitalicio, una figura que destruía cinco. siglos de tradición republicana. Un sistema que, si no cabe llamar del todo democrático, al menos era participativo, contaba con un Senado y utilizaba procedimientos electivos para sus cónsules, que ocupaban el poder de dos en dos y de forma limitada. Lo que le siguió fue otra cosa: cinco siglos de imperio despótico.


Se le llama aquí “brutal, despiadado, genocida a gran escala”, “deshonroso, inmoral, antirreligioso y tirano”; se cuenta que masacró a más de 400.000 personas en sus conquistas en las Galias, en violación de las leyes romanas. Esto es otro docudrama, género que vive un repentino auge, pero los historiadores y políticos que participante ( Tom Holland, Rory Stewart o Shami Chakrabarti ) llevan la voz cantante y las escenas dramatizadas son silenciosas, una atractiva imagen de fondo para la narración.


Todo el documental mantiene firme el hilo en su trayectoria política. No hay muchos detalles sobre su vida privada: ni siquiera se menciona lo suyo con Cleopatra, que tanto juego daría en otro tipo de producción; solo se habla de su hija Julia porque la casada con Pompeyo, y su muerte en un parto rompió ese vínculo. Tampoco se analizan sus aptitudes, míticas, para la estrategia militar. La cuestión es cómo alcanzó el poder a lo largo de 16 años, porque da lecciones que siguen siendo válidas. Por eso los personajes secundarios de esta historia son sus rivales o aliados políticos, categorías muy volubles: el citado Pompeyo, Craso, Catón, Cicerón, Marco Antonio, Casio, Décimo. Y Bruto, reivindicado como un defensor de la República que no encontró otra vía para derribar la tiranía que matar al tirano.



De César se detallan sus malas artes, sus cambios repentinos de socios, la violencia que ejerció sin titubear directamente oa través de bandas de matones que enviaba a intimidar o asesinar a sus enemigos políticos. Su capacidad de desatar el caos para presentarse como la única salvación. Se explica también su carisma, cómo se convirtió en un héroe para el pueblo gracias a sus triunfos militares, y cómo convenció a las masas de que estaba con ellos y contra las élites. Él ya hizo una lema de la libertad. Entre los méritos que se le reconocen: el impulso de las infraestructuras (“¿qué han hecho los romanos por nosotros?”), de la distribución de alimentos y de los grandes espectáculos. Pan y circo.



La tesis central es que Julio César fue un “populista capaz de corromper un Estado entero”, y es esto lo que se enlaza con el hoy. Con este mundo en el que una democracia que emite señales de decadencia alumbra líderes con rasgos autoritarios que violan su espíritu y, a menudo, sus reglas. Se cita aquí varias veces a Donald Trump, también a Jair Bolsonaro, porque ambos, en pleno siglo XXI, instigaron asaltos de sus seguidores a los Parlamentos de sus países, del mismo modo que el Senado romano sufrió los embates de los fieles de César y luego su conversión en un teatro de marionetas donde se le rendía adulación. También se menciona a Berlusconi y Putin. Es poco sutil: cuando pronuncian esos nombres ya nos habían venido a la cabeza.



De César vino la expresión cesarismo, que define los hiperliderazgos en política. Abundan ahora en este mundo conectado y envenenado por la crispación. Un segundo mandato de Trump sería mucho más peligroso que el primero para la democracia más poderosa del planeta: ya no necesita engañar a nadie, va sin máscara. Acaba de decir que si él gana no habrá violencia, pero si no gana, “depende” . No es el único caudillo con perspectivas de victoria a corto plazo; no son solo los ultras los que se rinden al tirón del hombre fuerte . No demos por hecha la democracia, advierten estos expertos que han retratado a César para que nos cuidemos de otros césares. Nada pasa que no hubiera pasado en el mundo antiguo.

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Retomar el control sobre la tecnología digital


Muchos expertos alertan sobre los retos sin precedentes de una digitalización mal enfocada y delimitada

La lenta toma de conciencia de los efectos de los smartphones sobre la salud mental recuerda lo que ha ocurrido en las últimas décadas con el cambio climático. A pesar de numerosos estudios que apuntan hacia la mayor epidemia de problemas de trastornos mentales jamás observada y su relación con un uso indiscriminado de la tecnología digital, nuestra respuesta tarda en llegar.


Según un análisis recién publicado por la organización Cyber Guardians, en España las enfermedades mentales en menores han aumentado un 300% entre 1997 y 2021, con una aceleración a partir de 2012. Entre otros elementos, el despliegue desigual de la fibra por provincia (sinónimo de un acceso sin restricciones a Internet) permitió establecer un vínculo de causalidad con el uso de la tecnología. Otro estudio, publicado el año pasado por Sapien Labs, mostró que la probabilidad de que una joven adulta padeciera depresión se disparaba un 61% si había tenido un teléfono inteligente a los seis años con respecto a otra que lo hubiera recibido a la mayoría de edad.


Más allá de las estadísticas, cada vez más profesionales alertan sobre la urgencia sanitaria generada por la omnipresencia del smartphone, como Francisco Villar, coordinador del Programa de Atención a la Conducta Suicida del Menor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el cual se se ha multiplicado por cuatro el número de jóvenes atendidos al año entre 2014 y 2022. La presión social ejercida por las redes, los ciclos acelerados de producción de dopamina provocados por las plataformas o el aumento del cortisol (hormona del estrés) provocado por la mera presencia del smartphone en una habitación, son considerados responsables de una mayor insatisfacción frente a la vida y un malestar en el conjunto de la población, acostumbrado a gratificaciones instantáneas. La hiperconexión también genera soledad, factor que incide negativamente en nuestro bienestar.



Estos son únicamente unos de los síntomas de un despliegue tecnológico que no hemos enfocado ni delimitado correctamente. La tecnología cada vez más sofisticada con la que nos relacionamos permite que unos exploten las vulnerabilidades de los demás. Su creciente autonomía también hace que escape progresivamente a la comprensión de sus propios creadores. Las implicaciones para nuestra especie son cognitivas, sociales, políticas, económicas y hasta existenciales.


La mayor dificultad para acceder a una información veraz (y sus implicaciones para la vida democrática), el refuerzo de la vigilancia indiscriminada (no solo en las dictaduras sino también en los regímenes liberales), o el condicionamiento de nuestras decisiones por los gigantes tecnológicos son otras manifestaciones de una tecnología a la que hemos dado rienda suelta, fascinados por su potencial y por el espectáculo que nos ofrece.

Las instituciones e infraestructuras creadas por los humanos a lo largo de los últimos siglos y décadas, en parte responsables del mayor nivel de libertad, seguridad y bienestar del que gozamos, también son vulnerables ante una digitalización descontrolada. La prensa, apoyada en el trabajo de periodistas profesionales, ha sido una de las más afectadas por las grandes plataformas. Los ciberataques a hospitales, capaces de paralizarlos durante varios días, son otra ilustración de cómo nuestro entorno se fragiliza a medida que lo vamos conectando a la Red.


Nos encontramos solo en la infancia de este desafío. Si seguimos siendo meros espectadores de estos fenómenos, las tecnologías inmersivas, un despliegue indiscriminado de la Inteligencia Artificial y una mayor autonomía de las máquinas prometen intensificarlos. Como ha ocurrido con el cambio climático, podemos elegir cerrar los ojos y esperar cómodamente hasta que sea aún más complicado actuar.

Otra opción es la que defiende el Manifiesto OFF, una iniciativa nacida en España, y respaldada por más de cien personalidades nacionales e internacionales procedentes de ámbitos muy diversos: educación, ciencias, psicología y salud, derecho, empresa, think tanks , medios de comunicación. , etc.


El primer objetivo es provocar una toma de conciencia de los ciudadanos y las autoridades sobre la magnitud del reto que la tecnología digital y algorítmica plantean a la humanidad, punto de partida imprescindible de una acción suficientemente ambiciosa en la materia. El segundo es proponer medidas concretas para establecer un perímetro en el que deseemos contar con la tecnología para beneficiarnos de su extraordinario potencial sin tener que sufrir sus consecuencias más adversas.


Estas propuestas incluyen, entre otras: una desescalada tecnológica en la educación, la protección estricta de los neuroderechos, un derecho efectivo a la desconexión que garantiza el acceso a servicios –en especiales públicos– de manera no digital, procedimientos regulatorios previos a la puesta en el mercado de tecnologías disruptivas (similares a las que existen en la industria farmacéutica), la limitación del acceso a los smartphones hasta una edad avanzada de la adolescencia o una legislación internacional que prohíba el desarrollo de armas letales autónomas.


Un estudio reciente de la universidad de Chicago reveló cómo las mismas personas que se declaraban incapaces de dejar las redes sociales individualmente estarían dispuestas a pagar para que este abandono se aplicara a todos. Esta podría ser una señal de que existe una demanda latente a favor de una mayor regulación en este campo. Si decidimos que la tecnología debe estar a nuestro servicio –y no el contrario– solo una acción colectiva fuerte podrá ayudarnos a retomar el control.


Diego Hidalgo Demeusois es emprendedor, presidente de la comisión de impacto de la Fundación Hermes y autor de Anestesiados (Los Libros de la Catarata).

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La UE contra la desinformación


Bruselas abre una investigación a Meta para comprobar si pone límites a los bulos de cara a las elecciones europeas de junio



EL PAÍS
04 MAY 2024 - 05:00 CEST

Las autoridades de la UE están intensificando su ofensiva contra la desinformación a través de las redes sociales de cara a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran dentro de un mes, entre el 6 y el 9 de junio. Como reconocen responsables tanto de la Unión como de la OTAN, los bulos se han convertido en un potente factor de manipulación e injerencia que exige adoptar medidas contundentes para frenar sus perniciosos efectos.

Bruselas ha abierto esta semana una investigación a Meta —la empresa matriz de Facebook e Instagram— por sospechas de que no está haciendo suficientes esfuerzos para controlar ciertos contenidos de carácter político en sus plataformas. La UE considera que su sistema de moderación no es lo suficientemente ágil a la hora evitar la proliferación de noticias falsas. También cuestiona la decisión de la plataforma de silenciar determinadas voces —la llamada prohibición en la sombra— sin conocimiento de los usuarios ni justificar adecuadamente tal medida.


Facebook cuenta con más de 308 millones de usuarios mensuales en Europa y casi 3.000 millones en todo el mundo, lo que convierte a la red social en un importante agente de la conversación digital, pero también de potencial manipulación bajo apariencia de neutralidad, como pudo comprobarse en el referéndum del Brexit en el Reino Unido en 2016 y en las elecciones que ese mismo año convirtieron a Donald Trump en presidente de Estados Unidos.


La investigación a Meta se produce después de que la Comisión haya analizado las principales redes sociales para comprobar si cuentan con salvaguardas apropiadas para combatir los bulos y la publicidad engañosa. La nueva Ley de Servicios Digitales, aprobada el año pasado, obliga a compañías como la de Mark Zuckerberg a poner en marcha esos sistemas para reducir el riesgo de injerencia electoral.


En ese terreno, Rusia acumula un largo historial de uso de herramientas de guerra híbrida —desde espionaje a campañas de desinformación y propaganda encubierta— para interferir en la política de otros países y desestabilizar a sus adversarios. En el contexto de la invasión de Ucrania, esos esfuerzos se han redoblado. Una investigación coordinada entre varios países de la UE ha desvelado la existencia de una red de influencia del Kremlin que incluye pagos a eurodiputados de extrema derecha de diversas nacionalidades. Ante estas evidencias, Bélgica, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE, ha activado el mecanismo de crisis para facilitar el intercambio de información entre los Veintisiete. A juicio del primer ministro belga, los objetivos de esta ofensiva son claros: llevar más candidatos prorrusos al Parlamento Europeo.



En la misma línea, la República Checa anunció a finales del mes pasado el cierre de una plataforma de apariencia informativa llamada Voice of Europe, con sede en Praga, que difundía noticias falsas con claro sesgo ultra. También el ministro para Europa del Gobierno francés ha denunciado que Rusia pretendía inundar el país de propaganda para alterar el debate público e interferir en la campaña europea. Nadie duda de que los intentos de injerencia aumentarán a media que se acerquen las elecciones de junio, lo que obliga a ciudadanos y autoridades a estar alerta ante una manipulación invisible pero omnipresente.



https://elpais.com/opinion/2024-05-04/la-ue...nformacion.html

[El fantasma del ...]

“El Brexit no habría sucedido sin Cambridge Analytica”

La principal fuente del escándalo que ha puesto contra las cuerdas a Facebook explica en una entrevista cómo diseñó el arsenal de la ciberguerra de la nueva derecha populista


PABLO GUIMON
Londres -27 DE MARZO DE 2018 - 12:48 CEST


Christopher Wylie es un personaje fascinante. Un joven canadiense vegano y gay, como él mismo se define, que diseñó el arsenal de ciberguerra de la nueva ultraderecha americana. Cerebro de Cambridge Analytica (CA), se atribuye un papel decisivo en las victorias de Donald Trump y del Brexit. Puso en marcha la más eficaz maquinaria de cultivo de datos personales al servicio de la política. Sacó al genio de la lámpara y ahora trata de volverlo a encerrar. Este pentito de pelo rosa y feroz inteligencia, de tan solo 28 años, ha decidido enfrentarse a dos entidades que nadie querría como enemigos: la siniestra compañía que contribuyó a crear y la todopoderosa Facebook. Es la principal fuente de las informaciones, publicadas en los últimos días por The Guardian y The New York Times , que han puesto contra las cuerdas al gigante tecnológico. El domingo mantuvo una larga entrevista con un pequeño grupo de periodistas europeos, en el despacho de abogados londinense que le ayuda en esta delicadísima guerra contra su propio pasado.



Pregunta. ¿Cuál ha sido su motivación para hablar?

Respuesta. Mi intención original era exponer el trabajo de Cambridge Analytica, en parte porque yo ayudé a montarla y tengo una responsabilidad. Si no para corregir lo que ya se ha hecho, pues hay cosas que no pueden deshacerse, al menos para informar a las autoridades ya la gente.

P. ¿Qué es lo más grave de cuanto ha revelado?

R. Primero, el hecho de que haya una compañía que es contratista militar y también consejera del presidente de Estados Unidos. En las democracias modernas prohibimos que los militares participen en las elecciones, ¿por qué permitimos que contratistas militares participen y actúen como consejeros de algunos de los políticos más importantes del mundo? Que una compañía que tiene clientes militares cree una enorme base de datos de ciudadanos, algunos de ellos recogidos ilegalmente, genera un grave riesgo de borrar las fronteras entre vigilancia doméstica e investigación de mercado convencional. La gente y los legisladores necesitan ponerse al día con la tecnología y comprender qué significan de verdad esas compañías, Facebook u otras, que ganan dinero con los datos personales. Es importante que la gente vea que no es algo abstracto, sino que tiene impactos tangibles.


P. ¿Cuándo se dio cuenta de que era el momento de parar?

R. Fue acumulado. El problema es que me perdí en mi propia curiosidad. No es una excusa, pero tenía presupuestos millonarios, podía hacer toda la investigación que quisiera. Eso era realmente atractivo. Entré en junio de 2013 como director de investigación del grupo SCL [matriz de CA] y empecé a comprender con los meses lo que de verdad hacían. Pero te aclimatas a una cultura empresarial. No es una excusa, pero es así. Haces más y más, cada paso no es mucho mayor que el anterior, hasta que, ¡bang!, ha creado una NSA [Agencia de Seguridad Nacional estadounidense] privatizada.


P. Entonces se marchó.

R. Me fui al final de 2014. Fue un año y medio crucial, antes no había compañía. Se estaba haciendo más y más tóxico, sobre todo dado lo difícil que eran Alexander Nix [consejero delegado de CA] y Steve Bannon [exvicepresidente de CA y exestratega jefe de Donald Trump]. Esa libertad para investigar que me atrajo al principio, cuando llegó Bannon se convirtió en investigar para lo que ahora llamamos la derecha alternativa. Bannon vino a Londres todo el tiempo, al menos una vez al mes, y teníamos una conferencia telefónica cada lunes por la mañana. No hubo un despertar ético arrepentido. Fue un entorno de trabajo tóxico.


P. ¿Cuál fue su papel en el Brexit? Las últimas revelaciones sugieren que una compañía de datos vinculada a CA apoyó un papel crucial en el resultado y ayudó a manipular las normas sobre gasto electoral.


R. No trabajé en la campaña por el Brexit pero fui una presencia fantasma, porque conoció a muchos y ayudó a montar la empresa que se puso al servicio de la campaña. Sabía todo lo que pasaba. Les puse en contacto y siga lo que hacían.


P. ¿El Brexit no habría sucedido sin CA?


R. Absolutamente. Es importante porque el referéndum se ganó por menos del 2% del voto y se gastó mucho dinero en publicidad a medida basada en datos personales. Esa cantidad de dinero te compraría millas de millones de impresiones. Si te diriges a un grupo pequeño, podría ser definitivo. Si sumas todos los colectivos que hicieron campaña por el Brexit, era un tercio de todo el gasto. Y estamos ante algo fundamental para el encaje constitucional de este país y para el futuro de Europa. Por eso debe haber una investigación sobre los indicios de que gastaron más de lo legalmente permitido. Se lo dice alguien moderadamente euroescéptico. Pero la gente debe poder confiar en sus instituciones democráticas. Hacer trampas es hacer trampas. Si alguien usa dopaje y llega primero, puede que hubiera ganado sin doparse, pero se le quita la medalla porque engañó. Se le quita la medalla porque cuestiona la integridad de todo el proceso. Hablamos de la integridad de todo el proceso democrático, y se trata del futuro de este país y de Europa en general.


P. ¿En qué otros países europeos trabajaron CA?


R. Sé que Italia fue un proyecto cuando yo estaba allí, pero no tengo detalles. No tengo referencias de otros.


P. ¿La ciencia de los datos es peligrosa para nuestra sociedad?


R. Los datos son nuestra nueva electricidad. Son una herramienta. Si hay un cuchillo en la mesa, puedes hacer una comida de estrella Michelin o usarla como arma para un asesinato. Pero es el mismo objeto. Los datos en sí no son un problema, hay un increíble potencial y cosas asombrosas que podemos hacer con ellos. Pero lo que CA ha expuesto es el fracaso, no solo de nuestros legisladores sino de nosotros como sociedad, al poner los límites de eso.


P. ¿Es tan grande su influencia? ¿Funciona tan bien la predicción a partir de datos?


R. Si miras los últimos cinco años de investigación científica de perfilado psicológico usando datos sociales, valida que puedes perfilar atributos psicológicos. No hay duda de que puedes perfilar a la gente y explotar esa información. Que eso sea adecuado en un proceso democrático es algo que la gente debería pensar. Nos estamos digitalizando como sociedad, y cuanto más lo hacemos más importancia adquieren los datos. Tenemos que aceptar que los datos personales se están convirtiendo en una parte integral de la digitalización de la sociedad. La cuestión no es evitar que se utilicen datos personales. La pregunta es cuáles son los riesgos de los datos personales y cómo podemos asegurarnos de que son procesados y gestionados de una manera segura para la gente.


P. Que una campaña política se dirija a colectivos concretos indecisos no es algo nuevo…



R. La diferencia es cuando engañas, cuando creas una realidad a medida para alguien, cuando te diriges a alguien porque sabes que es más susceptible de entrar en teorías conspiratorias porque lo has perfilado así, y le llevas a una espiral de noticias falsas. Es diferente que llamar a una puerta determinada identificándote como parte de una campaña. Una de las cosas que hacíamos en Estados Unidos es investigar esa noción del estado profundo y la paranoia con el Gobierno. Cosas cómo qué pasa si vienen y se llevan tus armas. Puedes perfilar a un grupo de personas muy receptivas a esas teorías conspiratorias, del tipo de que Obama ha desplazado tropas a Texas porque no está dispuesto a irse. Entonces fabricas blogs o webs que parecen noticias y las muestras todo el tiempo a la gente más receptiva a ese pensamiento conspiratorio. Después ven la CNN y no hay nada de lo que ven todo el tiempo en internet, y piensan que la CNN esconde algo. Empezábamos la investigación con métodos cualitativos, focus groups . Un focus group no es generalizable, pero te permite recoger pequeños trozos de cosas que luego puedes probar cuantitativamente.


P. ¿Cuál ha sido el fallo de Facebook en todo esto?


R. Al principio decían que no había cometido ninguna infracción porque los usuarios consintieron que se usaran sus datos: en algún lugar de las condiciones de uso decía que tus datos pueden ser explotados por aplicaciones, aunque no las estuvieras usando. Uno de los grandes fracasos de Facebook es legalizar excesivamente sus condiciones de uso y olvidar algo tan importante como es la expectativa razonable del usuario.


P. ¿La gente no ve Facebook como algo público?


R. No hay una dicotomía entre público y privado, es un espectro. El problema es que si dices que solo es privada la comunicación uno a uno, y todo lo demás es libre para todos, si extendemos esa lógica podrían poner cámaras de videovigilancia en tu salón. Esto es el equivalente digital de tu salón. La gente se relaciona en Facebook como si hablara con amigos. No está publicando para que el mundo lo vea. El hecho de que no vayas a comprobar las condiciones de privacidad por defecto no es razón para no respetar esa expectativa razonable de que hay cierto grado de privacidad en lo que publicas.


P. ¿Cómo valora la reacción de Facebook a sus revelaciones?

R. Miran esto como un asunto de relaciones públicas. Si les importara, se habrían sentado conmigo en vez de borrarme de la red.

P. ¿La gente no ha sido demasiado descuidada?

R. No es justo acusar a la población de un país, eso es lavarse las manos. Si lo hicieron 50 millones de personas, creo que muestra que no había una expectativa razonable de que esto fuera a pasar.

P. Pero la cosecha de datos que se hizo no sería imposible hoy, porque Facebook ha cambiado, ¿no es así?

R. Sigue habiendo muchas maneras de explotarlo. No especularía sobre cómo romper la seguridad de Facebook, pero no existe tal cosa como un sistema perfecto.

P. Dada la fluidez de la circulación de datos, ¿hay manera de regularla?

R. Debería estar regulada de la misma manera que un servicio público. Igual que es imposible vivir en una sociedad moderna sin electricidad o agua corriente, es muy difícil vivir tu vida ahora sin acceso a internet, sin móvil. Si estas plataformas son cada vez más esenciales para el día a día, deberíamos mirarlas de otra manera.


P. ¿No apoya el #deleteFacebook, la reciente campaña para salir de la red social?

R. No soy anti-Facebook, ni antidatos, ni antitecnología. Igual que no estoy contra las armas si son para que los soldados protejan a la gente. Pero una persona no puede negociar individualmente una serie de condiciones de uso. No es justo pedir a la gente que entregue absolutamente todo a estas plataformas para conectarse a la vida moderna. No puedes encontrar trabajo si no tienes Linkedin. No puedes licenciarte si no usas Google. No puedes avanzar en la vida sin ellas. Como la vida moderna requiere el uso de esas plataformas, deben tener una responsabilidad proactiva de cuidado de sus usuarios.

P. ¿Habría ganado Trump sin CA?

R. Tuvieron un papel, obviamente. Pero el enfoque de lo que hace la compañía para clientes no es necesariamente el correcto. No es solo lo que hicieron a Trump, es lo que hicieron a América. No es una campaña, es un desarrollo gradual.

P. ¿Fabricaron ustedes la llamada derecha alternativa?

R. Exacto. Muchas de las cosas que hace CA no son para un cliente. A Robert Mercer [copropietario de CA y mecenas de la nueva derecha estadounidense] no le importa si es rentable o no. Es multimillonario, no necesita dinero. Poner 15 millones de dólares al año en una empresa no es nada para él. Mucho del trabajo era moldear narrativas que la gente compraría y que harían más fácil conectarse con candidatos de la derecha alternativa. La ventaja de eso es que puedes esquivar las regulaciones: eres un inversor y pones dinero en tu empresa, no es una donación política. Steve Bannon tenía una visión para la derecha alternativa. Necesitaba que los republicanos vayan del tradicional “no me gustan los impuestos” al “Obama va a robar mis armas con un ejército secreto”. Para comenzar una tendencia cultural primero necesitas a los pioneros. No vas a empezar una revolución de la derecha alternativa en San Francisco.

P. Su especialidad era la predicción de tendencias de moda. ¿Cómo acabó metido hasta el cuello en política?


R. Es exactamente lo mismo. La política y la moda son los mismos. Son la expresión de la identidad y de tu papel en la sociedad. Puedes pensar en Trump en términos de moda. Yo lo veo igual que las sandalias Crocs. ¿Sabes lo que hijo? Es una cosa objetivamente fea. Antes de que fueran populares eran feas, y después lo volvieron a ser. Pero cuando eran populares en todo el mundo las llevaban. Para mí, Donald Trump es lo mismo que unas sandalias Crocs. Es una estética objetivamente horrorosa, pero la gente sucumbe a las modas. La gente adopta una estética que luego ve las fotos en el futuro y se arrepiente profundamente.

[El fantasma del ...]

Milei ataca a Sánchez tras acusarle el ministro Puente de ingerir "sustancias": "Ha puesto en peligro la unidad del Reino"

Dice el presidente argentino que el español "ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte"

Sebastián Fest
Buenos Aires

Actualizado Sábado, 4 mayo 2024 - 01:50

El presidente argentino, Javier Milei, ataca con dureza a Pedro Sánchez, al que acusó de "poner en peligro la unidad del Reino".

La acusación, difundida en un comunicado en la noche de este viernes, llegó tras las declaraciones del ministro de Transportes de España, Óscar Puente, que dijo que el jefe de Estado argentino "ingirió sustancias".

Sánchez "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".


"Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", añade el duro comunicado de la presidencia argentina.


El choque se desató a partir de unas llamativas declaraciones de Puente durante un coloquio sobre Comunicación y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno del PSOE.



"Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".



Al extenderse sobre el presidente argentino, Puente añadió que no sabe si "tendrá asesores". "Yo a Milei si tiene asesores creo que no les escucha mucho. He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no".



La Casa Rosada demoró unas pocas horas en reaccionar a los imprudentes comentarios de Puente.


"Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte",



"Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad", concluye el comunicado, un texto sin precedentes en la relación entre Madrid y Buenos Aires.


Sánchez y Milei no se han hablado desde que el argentino ganó la presidencia en noviembre de 2023. El jefe de gobierno español ni siquiera felicitó en redes sociales al argentino, que en agosto de 2023 ya había anticipado a EL MUNDO que sus relaciones con Sánchez serían prácticamente inexistentes.



Cuando se le preguntó si sumaba a la España de Sánchez a la lista de "países socialistas y comunistas" (China, Brasil, Chile, Corea del Norte, etc )con los que no se relacionaría, Milei asintió. Y luego agregó: "Los socialistas no son defensores de la libertad".



Una semana después del triunfo de Milei, Sánchez dejó una frase: "España es un país abierto y tolerante, feminista y ecologista, amante de la paz y la justicia social, en el que no van a prosperar ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei".



Semanas después Diana Mondino, la canciller de MIlei, dijo a EL MUNDO que las relaciones entre ambos países no pueden ser "menos que magníficas", cosa que queda en severo entredicho tras el choque de hoy.



Milei tiene previsto viajar este mes a España para participar en un mitin de Vox de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. Y regresará en junio a Madrid para recibir un premio de la Fundación Juan de Mariana, un think tank liberal.



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Milei ataca al presidente español, Pedro Sánchez: “Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”

La oficina del presidente argentino difunde un virulento comunicado en el que, en respuesta a unas declaraciones del ministro español Óscar Puente, acusa al líder del PSOE de poner en peligro la unidad de España “pactando con separatistas” y de aplicar “políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”


JAVIER LORCA
Buenos Aires - 04 MAY 2024 - 04:08 CEST

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha entrado en un conflicto diplomático con España al responder a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien había aludido en una charla con estudiantes a la posible “ingesta de sustancias” del dirigente ultraderechista. Tras sus insultos contra sus pares de México, Colombia y Brasil, este viernes le llegó el turno al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez. En un comunicado difundido por la oficina presidencial, Milei lanzó una ristra de invectivas contra Sánchez, entre ellas poner “en peligro la unidad del Reino” tras pactar “con separatistas”, poner en riesgo a “las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”, y aplicar “políticas socialistas que traen pobreza y muerte”. También le dijo que “tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción contra su esposa”, Begoña Gómez. La arremetida se produce dos semanas antes del viaje del argentino a España. El líder de La Libertad Avanza tiene previsto participar el 18 de mayo de un encuentro organizado por Vox, el Europa Viva 24, el gran acto de masas con el que la ultraderecha española quiere lanzar su campaña a las elecciones europeas del 9 de junio. En esta visita, su primera a España como presidente, no incluye encuentros con Sánchez ni con el Rey.


“La Oficina del Presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei”, comienza el comunicado oficial. Pero luego va a fondo: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país”. Este periódico se comunicó en la noche del viernes con la Embajada de España en Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta.


La declaración del Gobierno de Argentina añade que “Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”. El documento concluye: “Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad”.


En un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno del PSOE, en un diálogo distendido con el público, el ministro Puente había aconsejado a los asistentes: “Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump”. Luego volvió a referirse al presidente argentino, en particular a su desempeño en la campaña electoral del año pasado: “He visto a Milei en la tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no”.


En casi cinco meses desde su asunción, Milei ya acumula una nutrida lista de controversias diplomáticas. El argentino llamó “comunista y corrupto” a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; “ignorante” al mexicano Andrés Manuel López Obrador; y “asesino terrorista” a Gustavo Petro, presidente de Colombia.

En el caso de Brasil, la controversia quedó parcialmente saldada con una carta de la canciller argentina, Diana Mondino, que aún no ha sido respondida desde Brasilia. Colombia puso finalmente fin al conflicto tras una comunicación con Mondino y un llamado a “trabajar por el bienestar” de las diásporas argentina y colombiana. López Obrador, en tanto, respondió en persona a su par argentino. “Milei afirmó que soy un ‘ignorante’ porque le llamé ‘facho conservador’. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano [el Papa] Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra”. El presidente mexicano, tras los insultos de Milei, recibió el apoyo de la oposición, pese a que México esta en pleno proceso electoral.

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Milei, que aqui nos hemos estudiado el tema.

[El fantasma del ...]

¿Cómo influyó la desinformación en las elecciones presidenciales?

Algunos estudios sugieren que no pudo ser crucial, otros expertos destacan de que Trump marcó la agenda de los grandes medios. Los demócratas recuerdan que Clinton perdió por un margen estrecho y sostienen que la operación rusa fue un factor.

AMANDA MARTE
Nueva York -25 FEBRERO 2018 - 02:08
ACTUALIZADO: 25 DE FEBRERO DE 2018 - 02:26 CET

Facebook ha reconocido que hasta 126 millones de sus usuarios se vieron expuestos a publicaciones una compañía vinculada al Kremlin llamada Internet Research Agency durante las elecciones presidenciales, el equivalente a un tercio de la población estadounidense. Twitter ha identificado 3.814 cuentas dedicadas a esta actividad. Los servicios de espionaje de EE UU acusan directamente a Moscú de orquestar toda una estratagema que incluyó el hackeo de los correos de los demócratas, noticias falsas y propaganda para favorecer la llegada de Donald Trump al poder en detrimento de Hillary Clinton. Y el departamento de Justicia acaba de presentar las acusaciones formales sobre un operativo de presupuesto millonario que estaba ubicado en San Petersburgo y llegó a traspasar el ámbito digital para promover incluso manifestaciones proTrump en la calle.


Lo que aún se investiga en Estados Unidos es si el hoy presidente o su entorno colaboraron en algo de esto con Rusia. Y lo que tampoco se sabe es cuál fue la influencia real de esta campaña de intoxicación en el resultado electoral el 8 de noviembre de 2016. La respuesta corta es que no existe respuesta. Ningún politólogo puede descartar ni cuantificar cuánto afectó el robo y difusión de correos de los demócratas o los bulos (de venta de armas al ISIS a casos de pederastia), como tampoco se puede cuantificar el grado de beneficio de un buen anuncio, el apoyo de Todo el Star System , ni cuantas décimas le arañó la reapertura del caso de uso de sus servidores de correo privados cuando era secretaría de Estado, el hecho de ser una Clinton, de representar al establishment o de ser una mujer.


La contestación larga incluye otros elementos. Por una parte, dos amplios estudios que sugieren que la influencia, aunque existiera, no pudo ser crucial, ya que los más movilizados por los bulos y la propaganda eran los ya de por sí los más trumpistas. Por otra, varios expertos en medios han expuesto cómo la ola de los bulos y propaganda de la extrema derecha -no necesariamente rusa-, acabó marcando la agenda de la llamada prensa tradicional, aunque fuera con tesis opuestas, lo que determinó los temas de los que más se hablaron en campaña. Ahí residiría en gran poder de las fake news y sus derivadas. Y lo que algunos demócratas ponen de manifiesto estos días, conforme se arroja más luz sobre la operación de injerencia, es que toda la maniobra de descrédito a Clinton acabó debilitando su posición ante los problemas propios a los que se podía enfrentar como candidata. Ella ganó con amplia distancia el voto popular, pero perdió en los colegios electorales. Una diferencia de 80.000 votos electorales repartidos entre Michigan, Wisconsin y Pensilvania la hubieran llevado a la Casa Blanca, pese a haber perdido grandes plazas como Florida y Ohio.


Un análisis publicado en enero por académicos de Princeton, Dartmouth y Exeter combinó las respuestas de 2.525 estadounidenses en una encuesta con datos del tráfico que había registrado su computadora durante el mes anterior y concluyó que uno de cada cuatro estadounidenses visitó alguna web de noticias falsas durante la campaña. Pero el consumo de estos bulos se concentró en un grupo muy pequeño: seis de cada 10 visitas a bulos corresponden al 10% de la gente con gustos de lectura más conservadora, es decir, con pocas dudas de voto. Los expertos ven improbable que su existencia hubiera cambiado el resultado de la elección.


Otro trabajo realizado por dos economistas, Hunt Alcott y Matthew Gentzkow, basaron en una encuesta sobre lo que los estadounidenses recordaban, destacaba que no más de un 8% de los ciudadanos que habían visto una noticia falsa se las creía, lo que también invita a Pensar que difícilmente cambiaron el resultado, aunque los académicos advierten explícitamente en su informe que no tienen conclusiones al respecto.


Ambos estudios hablan solo de bulos totalmente fabricados. Y, más que eso, lo que tuvo una influencia notable fue la agenda promovida desde medios alternativos de la derecha radical, según un informe elaborado por Ethan Zuckerman, al frente del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT), junto a otros expertos de comunicación. “Hay gente en la extrema derecha que tiene capacidad de crear grandes audiencias con sus contenidos y, como generar esas grandes audiencias, los medios tradicionales creen que deben escribir algo al respecto”, afirma, y pone como ejemplo el bulo de que Obama nació fuera de EE UU. “Incluso aunque estés escribiendo que no hay pruebas de algo así, y que nació en Hawai, estás participando en la conversación”, añade.


Los expertos analizaron 1,25 millones de piezas publicadas por 25.000 fuentes entre el 1 de abril de 2015 y el día de las elecciones, 8 de noviembre de 2016 usando Media Cloud, una plataforma de fuente libre para el estudio de los ecosistemas de medios desarrollados. por Harvard y el MIT. Mientras la cobertura sobre Clinton estaba abrumadoramente centrada en el caso de los correos electrónicos, su fundación y Benghazi, la de Trump incluía algún escándalo pero sobre todo se basaba en su agenda.


“Lo que vimos es que Breitbart y los medios de la derecha que lideraba tuvieron una gran influencia a la hora de señalar sobre qué debía hablar la gente, en la elección de 2016 básicamente secuestraron la agenda. Al principio de la campaña la gente no estaba hablando mucho de inmigración, pero en parte por Breitbart y en parte por Trump la inmigración se convirtió en el asunto primordial”, añade Zuckerman.” “Aunque los grandes medios tradicionales eran críticos a menudo, su cobertura giraba igualmente en torno a la esfera fijada por los medios de la extrema derecha, la inmigración”, apuntan en el artículo.

Jennifer Palmieri, directora de comunicación de la campaña de Clinton, lamentaba esta semana en The New York Times que “Rusia logró debilitarla lo suficiente como para que la liquidara la carta de Comey [cuando el jefe del FBI anunciaba que reabría la investigación de los correos , que se cerró a los pocos días sin cargos]”. El congresista demócrata Brendan Boyle, de Pensilvania, resumía así su parecer: “Nunca sabremos si la operación rusa masiva fue la diferencia entre ganar o perder”, si bien, “hay algo seguro: fue un factor. Los rusos no hubieran gastado tantos millones de dólares si no tuviera efecto alguno”. Los republicanos señalan que Trump era el mejor candidato. Tan voluntarista parece atribuir a la operación la derrota final como negarle influencia alguna.

[El fantasma del ...]

COMUNICADO OFICIAL

Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo de 2024.- La Oficina del Presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei.

El gobierno de Pedro Sanchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país.

Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte.

Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país.

Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad.

Oficina del Presidente de la República Argentina

Lo de Milei lleva el sello oficial de la Casa Rosada

Claro que también la Gran Expedición a la Caldera de Luba esta en el programa de I+D+i 2004- 2007

¿Serian los de la Universidad Politécnica de Madrid unos visionarios?

De ahora en adelante veremos mentiras con membrete oficial........ seguimos a la escucha.....

[El fantasma del ...]

La dura batalla contra la desinformación


Los países del entorno europeo que han explorado leyes contra las noticias falsas desistieron ante el riesgo de censura previa, contra la que advierte la jurisprudencia española. Los expertos apuestan por fomentar órganos del sector independientes del poder político para supervisar su propia periodística laboral y evitar leyes restrictivas.



QUINO PETIT
Madrid -05 MAYO 2024 - 05:40 CEST


Durante los cinco días que permaneció ausente para meditar si dimitía o permanecía al frente del Gobierno, Pedro Sánchez ha tomado conciencia de que España tiene un problema con la desinformación. “Mi autocrítica es que yo he estado muy centrado en lo urgente y también importante, la pandemia y las guerras, y no he valorado en sus justos términos la dimensión de este grave problema que afectaba a mi país”, dijo el pasado martes por la mañana en la cadena SER. Habían pasado 24 horas desde que Sánchez anuncióse que nada iba a cambiar en La Moncloa para que todo cambiase en un país acechado, según su cita de Umberto Eco, por “la máquina del fango”. A ella se refirió en su carta a la ciudadanía que colgó en su perfil de la red social X y con la que puso en jaque a la nación a las 19.09 horas del pasado 24 de abril, la misma maquinaria también aludida en su alocución sin admitir preguntas del lunes pasado. “Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza”. A la hora de encarar uno de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas los expertos consultados coinciden: contra la desinformación, autorregulación frente a legislación.


Así lo corrobora Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, en sus siglas en inglés). Desde esta institución, Gutiérrez incide en la dificultad de acotar qué es la desinformación. “No hay país alguno donde exista una definición estricta, y legislar al respecto puede suponer en muchos casos un atentado contra la libertad de expresión. En países como Rusia y Turquía, la regulación estatal se usa para censurar a periodistas. Alemania y Francia han desarrollado proyectos relacionados, pero finalmente desistieron ante el riesgo de censura previa. ¿Cómo define si una información es obvia o no, cuando hay trolls que propagan contenidos desde Macedonia del Norte mediante las redes sociales en tu país? La mejor lucha contra esta lacra es fortalecer el periodismo”. Gutiérrez esgrime un reciente informe de la OCDE para concluir: “Autorregulación, sí, pero no regulación estatal”.


Ese informe de la OCDE publicado en marzo se titula Hechos frente a falsedades: fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información. Y advierte de que las medidas necesarias para contrarrestar “la amenaza que representa el aumento de la desinformación” no deben “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia llevar a un mayor control de la información en nuestras democracias”. El documento plantea un “marco para fortalecer la integridad de la información” en base a tres ejes: mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información; las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional actualizarán para reforzar la integridad del espacio informativo; y desarrollar defensas individuales y colectivas contra la desinformación. En este aspecto último, el documento insiste en la necesidad de fomentar la capacitación de los ciudadanos para contrarrestar la información falsa y engañosa. “Esto se puede lograr mediante la integración de la alfabetización mediática e informacional (AMI) en los planos de estudio educativos, la implementación de programas de formación personalizados para educadores y profesionales de todas las edades, la evaluación del impacto de las iniciativas AMI y el respaldo a la investigación para entender cuáles son las poblaciones más expuestas a la desinformación”. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desinformación?


Su rastro se ha expandido sin freno por las democracias durante los últimos tiempos. Desde el burdo Pizzagate que propagaron redes sociales y páginas web de noticias falsas en la campaña estadounidense de 2016, y por el que una pizzería de Washington se presentó como el eje de una red de pedofilia asociada a la candidata a la presidencia Hillary Clinton, hasta bulos más recientes como la creación de deep fakes (falsos profundos) mediante avatares creados con inteligencia artificial por candidatos a las elecciones en India que han difundido mensajes en varios idiomas y se han viralizado recientemente por Whatsapp, o la difamación en redes amplificada en una tertulia de televisión diciendo que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es transexual . Ante la dificultad de alumbrar un concepto definitorio de consenso sobre la desinformación se puede acudir a la Comisión Europea, donde este problema lleva siendo objeto de preocupación desde hace años.



La Comisión Europea encuadra este fenómeno en la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con multas lucrativas o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público, perseguir ganancias económicas, tener multas ideológicas y electoralistas o atender. a intereses geopolíticos. En España, el informe anual de Seguridad Nacional conocido en marzo dedicó un apartado específico. Dicho escrito recordaba que el Foro Económico Mundial situó a principios de este año la desinformación y la información errónea en el corto plazo —a dos años vista— en el primer puesto de diez para la clasificación de riesgos globales, mientras que 12 meses antes de este término no entraba en la lista de las diez principales amenazas globales ni a corto (dos años) ni a largo plazo (un decenio).



Para los vigilantes de la seguridad nacional en España, “las tensiones globales están llevando a un incremento de la difusión de campañas de desinformación, entendidas estas como acciones llevadas a cabo por actores extranjeros, tanto de ámbito estatal como no estatal, con la intención de desestabilizar y polarizar la sociedad y socavar su confianza en las instituciones”. La recién actualizada Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras acaba de mejorar la posición de España y sitúa al país en el puesto 30 de 180 naciones, seis puntos por encima de la edición anterior. La razón se debe “a la mejora del contexto legal y de seguridad, y por el declive de otros países”, según el informe que muestra una preocupación global. “A escala mundial, se impone una constatación: la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deben ser sus garantías: las autoridades políticas”.


En la Federación Europea de Periodistas tienen claro que las amenazas relacionadas con la propagación de bulos han de combatirse desde el propio periodismo con el fortalecimiento de consejos deontológicos que fiscalicen el oficio. Su secretario general defiende el caso de Bélgica, donde ejerció durante más de dos décadas para el diario Le Soir . “El Consejo estatal belga, perteneciente a la red internacional de Press Council, cuenta con representantes de los sindicatos de periodistas, dueños de los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil. Las denuncias llegan al órgano y si se falla contra un periodista que no ha respetado el código deontológico establecido su medio está obligado a publicar la misma nota que se difunde en la web del Consejo. Ese compromiso viene determinado por tener acceso a ayuda estatal. Ningún medio que no se someta a las pautas de fiscalización del Consejo tiene derecho a ese tipo de ayudas en Bélgica. La red de Press Council cuenta con fondos europeos para la creación de estos órganos. Francia ha sido de los últimos en sumarse”.



Y aquí es donde España supone una vez más un caso peculiar. La red internacional de Press Council tiene como único órgano asociado en el territorio nacional a la institución pionera en la fiscalización del periodismo: el Consell de la Informació de Catalunya, que vigila exclusivamente el quehacer de los medios con implantación en dicha comunidad autónoma, entre ellos EL PAÍS. Su financiación se basa en las aportaciones de dichos medios a una Fundación de la que depende y su presidente es el veterano periodista Josep Carles Rius, autor del reciente libro Periodismo y democracia en la era de las emociones (Edicions Universitat de Barcelona). Rius recuerda la creación de este órgano de autorregulación en 1997, años después de que el colectivo alumbrase un código deontológico al calor de un núcleo de periodistas muy comprometidos entre los que destacó Josep Pernau. Es la generación que se movilizó contra el caso Huertas, por el que el periodista Josep María Huertas Clavería fue condenado ante un juez militar en el verano del 75 tras publicar un artículo en el que escribió que “un buen número de meublés estaban regentados por viudas”. de militares”.



Rius considera que las claves para el control de la profesión periodística deben obedecer a la autorregulación y la transparencia. “¿Somos transparentes los medios respecto a la propiedad y la financiación? Unos sí y otros no. Y es algo que afecta a la sociedad y también a la libre competencia. Durante los cinco años del gobierno tripartito en Cataluña conseguimos que las ayudas públicas de la Generalitat a los medios estuvieran determinados por su vinculación a la vigilancia del Consell. Después, con la llegada de Artur Mas, aquello se revirtió”. Rius incide también en otro aspecto que afecta a quienes ejercen directamente el periodismo. En un ecosistema digital donde la apariencia de un medio de comunicación no lleva aparejada necesariamente la exigencia de que quienes distribuyen contenidos sean profesionales que se avienen a los cánones del oficio, el presidente del Consell de la Informació de Catalunya —que también ha sido decano del Col.legi de Periodistes de Catalunya— propone reforzar las instituciones de los periodistas. “Actualmente se agrupan en asociaciones y colegios profesionales, pero sería necesaria la creación de un Consejo General de Colegios de Periodistas”.


La Red de Colegios Profesionales ha repetido la misma exigencia estos días mediante un comunicado bajo el argumento de considerarla “una herramienta fundamental para regular el sector y evitar que se produzcan situaciones de desinformación como las denunciadas por el presidente del Gobierno”. El establecimiento de ese órgano, recuerdan en su comunicado, “tiene que ser creado mediante Ley en el Congreso de los Diputados”. Al respecto, Luis Menéndez, responsable internacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), recuerda que “en España el periodismo no es una profesión regulada sino de libre elección amparada en la Constitución”. Y añade: “Quien decide quién ejerce son los directores de los medios”. Además de reforzar las peculiaridades del colectivo, Josep Carles Rius también cree que debería apostarse por un Consejo audiovisual español independiente —los hay autonómicos, como el de Cataluña y Andalucía— y otro Consejo nacional de información que operase en todo el territorio con independencia del Consell. de la Informació de Catalunya.



Este órgano autorregulatorio pionero en España tiene un equivalente posterior de ámbito nacional en la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que comenzó a funcionar en 2004, opera de manera independiente al Consell de la Informació de Catalunya y no pertenece a la red internacional. Consejo de Prensa. Su origen emana de la aprobación del Código Deontológico de la FAPE en 1993 y el actual presidente es el veterano periodista Fernando González Urbaneja. “La FAPE nos provee de fondos y en 2023 tuvimos 13.000 euros de presupuesto”, explica González Urbaneja. “Hemos dictado 220 resoluciones en estos 20 años de vida de la institución”. Como ocurre con el Consell de la Informació de Catalunya, dichas resoluciones que señalan malas prácticas se hacen públicas en sus correspondientes páginas web, pero no se obliga —como sí ocurre en Bélgica, donde además su órgano regulatorio es único y para todo el territorio— a los medios que se someten a sus códigos deontológicos a difundirlas también en sus propias cabeceras. “No tenemos poder sancionador”, admite González Urbaneja. “Únicamente, el sentido moral. Pero la legislación de control ya existe: el artículo 20 de la Constitución, el derecho de rectificación y los delitos de injurias y calumnias”.



Las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución —el derecho a la libertad de expresión ya transmitir y recibir información veraz— no son derechos absolutos y encuentran límites en el respeto al resto de derechos, con especial atención al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen ya la protección de la juventud y de la infancia. Cuando estos derechos y libertades entran en conflicto, la jurisprudencia del Constitucional ha mantenido que la libertad de información prevalece siempre que cumplan tres requisitos: veracidad, relevancia pública e interés general. Ahora bien, la veracidad de la información exigida por el artículo 20 de la Constitución consiste en un término objeto de interpretación del tribunal de garantías, dado que la verdad universal y absoluta es inalcanzable. En su sentencia 176/1995, el Constitucional determina que de identificarse la veracidad de la información a la idea de narrar únicamente “la realidad incontrovertible” tal circunstancia implicaría limitar el cauce informativo a hechos o acontecimientos demostrados previamente. Algo incompatible con la inmediata propia de una noticia, además de constituir, según aquella sentencia, “la tentación de quienes ansían la censura previa”.



Desde la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 asociados españoles —entre ellos, EL PAÍS— ante instituciones nacionales, europeas e internacionales, su directora general, Irene Lanzaco, defiende que “la libertad de información sostiene al resto de libertades públicas”. Lanzaco aboga por la autorregulación del sector “antes que legislar sobre él”, además de incidir en la necesidad de la “alfabetización mediática del país”. Y afirma que los editores de medios asociados a AMI estudian propuestas autorregulatorias que esperan anunciar pronto. Esta misma entidad es una de las promotoras de la reciente Declaración de Santiago + 30, que con motivo del Día de la Libertad de Prensa este 3 de mayo han rubricado en Santiago de Chile una decena de organizaciones nacionales e internacionales representantes de más de 1.500 medios. de información y por la que reafirman el espíritu democrático de la Declaración de Santiago, firmada en 1994 en la capital chilena. Entre otros aspectos, la renovada Declaración de Santiago + 30 solicita a los Estados “evitar el discurso y las narrativas de polarización política, que incluyen la estigmatización del trabajo periodístico en sus roles democráticos ligados a transmisión de noticias, vigilancia sobre funcionarios electos, tolerancia ante las opiniones disidentes y la construcción de consensos”. El texto también pide “desactivar regulaciones que mantienen censura directa o indirecta en contra de medios y periodistas”.



A la legislación española hay que añadir el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, recientemente aprobado por la Eurocámara y de aplicación obligatoria en los Estados de la UE. La desinformación generalizada, la falta de transparencia sobre la propiedad de los medios y la creciente presión sobre los periodistas llevaron al bloque comunitario a promover esta normativa de la UE para salvar la libertad de prensa, considerada piedra angular de la democracia europea. Su articulado defiende la protección a los medios frente a injerencias, así como promover su despolitización obligándoles a revelar con transparencia información sobre la propiedad, financiación y publicidad institucional que reciben. La legislación incluye un mecanismo de control de las grandes plataformas en línea como Facebook, X e Instagram cuando restringen o eliminan arbitrariamente contenidos de medios independientes. Para la aplicación efectiva de la normativa se creará el Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. “Hay que exigir responsabilidad a las plataformas digitales: son la gran fuente de fragilidad de los medios al llevarse gran parte de la publicidad que los sostienen”, concluye Josep Carles Rius. “Y necesitamos distinguir un proyecto periodístico del resto de cosas en el ecosistema digital donde todo puede ser la selva y quien se impone es el más feroz: la ultraderecha”.



Para ello, como sostiene la periodista Carmela Ríos, experta en los estratos de la desinformación a cuyo estudio ha dedicado años de su carrera, “es necesario definir los contornos del problema, que tiene una gran capacidad de mutación narrativa”. Ríos afirma que España lleva un retraso de años respecto a otros países europeos, “donde hay una concienciación mayor y los periodistas se han dado cuenta de que el problema es de ellos mismos”. Ríos lo comprobó tras los aldabonazos de las victorias de Trump en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido. Y sobre el terreno, al cubrir la campaña electoral del presidente Emmanuel Macron en Francia durante 2017. “Se propagó el bulo de una supuesta homosexualidad de Macron, se hackearon los correos de su equipo… La junta electoral francesa reaccionó y actuaron contra Sputnik y Rusia . Hoy. En España hemos podido ver la experiencia de Vox en el uso de las herramientas que permiten las redes sociales con total impunidad. La desinformación es un asunto político, pero también económico y estratégico. Autorregulación, sí, pero hay que replantearse el periodismo. Si no le damos la vuelta ante el complejo contexto que afrontamos seremos los tontos útiles de esta profesión”.

[El fantasma del ...]

Lucha contra los bulos y despolitización: ideas para regenerar la democracia

Expertos en Derecho, Ciencia Política y Periodismo analizan las causas del deterioro institucional y de la desconfianza ciudadana y proponen soluciones.


NATALIA JUNQUERA
Madrid -06 DE MAYO DE 2024 - 05:40 CEST



Diciembre de 2017: el PP propone “impulsar métodos para determinar la veracidad de la información”. Al PSOE no le gusta: “Se desliza hacia un simple recorte de libertades y hacia la censura”. Noviembre de 2020: el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional ypublicado en el BOE por orden del Ministerio de la Presidencia (en manos del PSOE), establece la posibilidad de que el Gobierno monitorice las redes a la búsqueda de noticias falsas para dar una “respuesta política”. Al PP no le gusta: “No solo atacan a la prensa crítica y señalan a periodistas, sino que crean un orwelliano Ministerio de la Verdad. Un ataque intolerable a la democracia”, declara Pablo Casado. Y abril de 2024: el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, denuncia el daño que los “pseudomedios” o “máquina del fango” hacen al sistema y anuncia un plan de regeneración democrática que no concreta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde: “Nos quieren censurar”.



El problema es viejo, ha inquietado en distintos momentos a diferentes partidos - también Vox presentó en 2020 una “ proposición de ley de regulación parcial de la verificación de noticias falsas”- y es una de las patas de la regeneración democrática, ya que numerosos estudios , dentro y fuera de España, advierten de su impacto en la polarización, la crispación política y la desconfianza ciudadana en las instituciones. Pero al igual que ocurre con otras medidas de regeneración - la transparencia, la despolitización de la justicia...- , aparecen como una ola en los programas electorales, en los plenos, en las comisiones del Congreso, y se quedan siempre en la orilla. , sin concretar, bien porque a una formación política no le interesa lo mismo en la oposición que en el poder - el PP prometía en 2011 cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial , pero con la mayoría absoluta se le olvidó-, bien porque ante la proximidad de unos comicios - y el país se ha instalado en un clima de campaña permanente- cualquier pacto es visto como signo de debilidad, lo que fulmina los consensos necesarios para ponerlas en práctica. De hecho, Sánchez ha explicado en este diario que pospone ese plan de regeneración a después de las elecciones catalanas y europeas (9 de junio). Mientras, una docena de expertos de distintas disciplinas consultados por EL PAÍS aportan ideas para mejorar el ecosistema político. Estas son algunas de ellas.


1. Noticias falsas: alfabetización y control de la publicidad institucional


La Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, que elige anualmente temas para orientar a los diputados sobre posibles desarrollos legislativos, dedicó un informe exhaustivo al asunto en diciembre del año pasado. España, con un medio digital por cada 16.000 habitantes (mayores de 14 años), es decir, más de 4.000, es el tercer país del mundo, solo por detrás de EEUU y Reino Unido, con mayor producción de artículos científicos sobre el tema. El eurobarómetro y el Digital News Report, que coordina la Universidad de Oxford, muestran que la población española se siente más expuesta a la desinformación que la de otros países del entorno. Paula Gori, secretaria general del Observatorio Europeo de Medios Digitales, destaca: “Las principales narrativas de desinformación desmentidas en 2023 ocurrieron durante las elecciones en nueve países europeos, entre ellos, España”. Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra que lidera el proyecto europeo sobre desinformación Iberifier, recuerda que, de acuerdo a todos esos sondeos, “es la clase política, por encima de los medios, la señalada como principal productora de contenidos falsos ”.


El diagnóstico está claro. Las diferentes cepas del virus han sido identificadas: “sesgo cognitivo” [la predisposición a creer determinadas cosas]; “curación algorítmica” (cuando las redes, plataformas y motores de búsqueda ofrecen contenidos filtrados para obtener mayor atención); “jajaganda” (camuflar la desinformación a través del humor; ridiculizar a instituciones públicas y políticas); “pseudomedios”, “posverdad”... Faltan las vacunas, las soluciones. No son fáciles, como coinciden los expertos consultados, pero la Unión Europea y varios proyectos de investigación en universidades españolas sugieren líneas de actuación.


Para Salaverría, “la mejor manera de luchar contra la desinformación es más y mejor información, por eso la transparencia de la publicidad institucional, saber cómo se financian los medios, es imprescindible”. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política, afirma que “la opacidad en ese aspecto es brutal”. José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo y responsable del proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela titulado La manipulación informativa como problema de seguridad y de calidad democrática, considera que la desinformación “se ha convertido en un riesgo para la democracia porque el control democrático se basa en un proceso de toma de decisiones informadas, fundado en datos reales” y recuerda “el paquete de regulación europeo” del que España puede beneficiarse: “Hay un reglamento de segmentación de la publicidad política , medidas para aumentar la transparencia en los medios y un proyecto de libertad de información que aún no ha salido. De momento, saber qué tipo de subvenciones o ayudas recibir los pseudomedios ayudaría mucho”. En primer lugar, a identificarlos como cuentos.


Preguntado por si las herramientas actuales sirven para atajar el problema, el magistrado Joaquim Bosch, que ha llevado muchos casos de este tipo en los juzgados, afirma: “Sigue habiendo condenas por calumnias o injurias. Lo que ocurre es que hay mentiras muy dañiñas que no son necesariamente delitos y que ahora no tienen una respuesta adecuada porque la ley que regula el derecho de rectificación es de principios de los ochenta y ha quedado totalmente desfasada. Ahora un medio difunde un bulo, vas al juez, hay una condena a la rectificación, pero el bulo se ha difundido a tal velocidad que ese derecho apenas tiene ya efectos. La legislación debe ampliarse para que haya un mayor control, siendo el parámetro que la información se haya difundido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Posteriormente, una vez que un juez ya haya hecho esa condena, un órgano gubernativo podría imponer sanciones”.



Todos los estudios y expertos consultados coinciden, en todo caso, en que la herramienta más útil es lo que llaman “alfabetización digital”..”Podemos”, afirma Salaverría, “desarrollar tecnología para identificar contenidos desinformativos, como un radar, pero lo verdaderamente transformador es la educación, que la gente separa, por ejemplo, que las grandes plataformas basan su negocio en la interacción y que los contenidos falsos y de odio la aumentan. Que te enseñan a distinguir y contrastar fuentes y medios”. El catedrático Fernández propone “talleres para niños” en la escuela, pero recuerda que “la educación es otro campo de crispación política y seguramente sería muy complicado que los partidos se pusieran de acuerdo”. La veterana periodista Rosa María Calaf lo explica con un símil: “Igual que se vigila la calidad de los alimentos que comemos, se debe vigilar la información que consumimos porque si viene un producto tóxico vas al hospital y si consume información tóxica es el cuerpo social el afectado. Hay que educar a la ciudadanía para que tenga sentido crítico ya los políticos que divulgan bulos o financieros los medios que los difunden para que tengan sentido ético”.


2. La Justicia: el Consejo General del Poder Judicial y la acusación popular


Para Bosch, miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, con su mandato caducado desde hace cinco años, y “los pronunciamientos que ha hecho siguiendo la estrategia del principal partido de la oposición” han provocado “un enorme descrédito y desconfianza ciudadana”. Proponga dos alternativas para “regenerar la institución”: “Una es el sistema que propugna el Consejo de Europa, que no es un sistema donde los jueces eligen a los jueces, sino mitad y mitad: jueces y Parlamento. La otra es que sea un sistema de elección parlamentaria de verdad, no un intercambio de cromos, vetos e imposiciones entre los dos grandes partidos, como ahora. Y que se refuercen las incompatibilidades de forma que juristas muy cercanos a las fuerzas políticas no puedan estar en el Consejo”. Villoria propone “un sorteo” con unos requisitos claros, un “órgano técnico” para evaluar los méritos, criterios de paridad y diversidad y “ audiencias [examen a los candidatos] en el Congreso”.


Otro de los debates que ha resurgido estos días a propósito de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa de Sánchez es la opción de limitar el papel de la acusación popular. Bosch admite que “los partidos políticos y algunas asociaciones afines pueden tener la tentación de usar los tribunales como campo de juego a todos los niveles, nacional, regional y municipal”, pero cree que el problema, en este caso, “se ha exagerado porque el que decide es el juez de instrucción”. Si se deja fuera a partidos y sindicatos, como reconoce uno de los anteproyectos de reforma legislativa, añade, otras organizaciones afines podrían instrumentalizar la justicia. “Lo que debe cambiarse, y eso es más complicado, es el sistema de investigación penal para que los casos no se eternicen”.



Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional en España, recuerda que la acusación popular está recogida en la Constitución y añade: “En otros países de la UE la acción penal está reservada al ministerio público. No obstante, en nuestro ordenamiento se podrían incorporar cautelas para evitar el uso espurio de la justicia”.


3. Colonización institucional y conflicto de intereses



La ley del Defensor del Pueblo , elegida por el Parlamento, dice que “es incompatible con todo cargo político o actividad de propaganda política” y “con la afiliación a un partido político”. A continuación añade que si el elegido se encuentra en esa situación, debe arreglarlo (darse de baja) en los diez días siguientes a su nombramiento. Y eso es lo que hacen. El actual es Ángel Gabilondo, exministro y excandidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid; entre 2012 y 2017 fue Soledad Becerril, exministra y exdiputada del PP y UCD; y antes de ella, ocupó el cargo el socialista Enrique Múgica. Bosch lo pone como “ejemplo sintomático de la colonización partidista de las instituciones”: “Las fuerzas políticas se han repartido los espacios que tenían que vigilarlas: El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas... Esta es una de las mayores debilidades de nuestro sistema institucional y se podrían regular para que ocupar un cargo de ese tipo fuera incompatible con haber sido diputado, ministro o miembro de la ejecutiva de un partido en los últimos 20 años”.


El presidente del CIS, José Félix Tezanos, forma parte de la ejecutiva del PSOE. Cuando el Gobierno de José María Aznar colocó en 2000 al frente del organismo a Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los socialistas reclamaron una reforma para ampliar el control parlamentario de la institución . Feijóo calificó de “obscenamente partidista” el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional, pero en 2012, una propuesta del PP, ingresó en el alto tribunal Andrés Ollero, diputado del partido durante cinco legislaturas. Los ejemplos agotarían este reportaje.


Para Bacigalupo, “la calidad de la democracia depende también de la cultura política institucional de la sociedad”. “En los países en los que esa cultura es alta, no hay un debate público tan intenso sobre estas instituciones. Por ejemplo, en Alemania no existe una OfIcina de Conflicto de Intereses”, explica. En todo caso, cree habría que “revisar” los recursos con los que cuenta la española. Villoria critica que se trata “de una oficina sin medios ni competencias reales y dependientes de un Ministerio” y propone “disponer de una ley actualizada de conflicto de intereses y crear una verdadera agencia anticorrupción, similar a la italiana”. El Consejo de Transparencia le parece “un tigre sin dientes, porque no puede sancionar”, y apuesta por una normativa nacional de lobbies y la publicidad de las agendas del presidente, los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales y sus consortes. “No digo que la esposa de Sánchez haya hecho algo malo, pero es lo que llamamos un conflicto de interés aparente”. Por último, plantea una reforma del Reglamento del Congreso. “Ahora, cualquier violación del código ético es gratuita”, lamenta.


Bacigalupo coincide: “En nuestro estudio Integrity Watch España analizamos el cumplimiento de las declaraciones de los diputados y senadores y el resultado es francamente negativo. No llega a un 10% la publicación de las reuniones distintas a las institucionales en ninguna de las Cámaras, y la Oficina de Conflictos de Interés de las Cortes está concebida como un organismo de almacenamiento de datos estadísticos, sin facultades de sanción”.

[El fantasma del ...]

El "lampedusiano" viaje de la presentación electrónica del IRPF

Por Esaú Alarcón García

Ahora que ya – ¿por ahora? – no atesoro ningún cargo en la Asociación Española de Asesores Fiscales -AEDAF, en lo sucesivo-, puedo hablar en primera persona, aunque nunca con objetividad, de alguno de los entresijos que acontecieron en el procedimiento iniciado por dicha asociación frente al establecimiento de la presentación electrónica obligatoria de la declaración de Renta.


Dado el foro en el que se me permite escribir, cosa que agradezco infinitamente a los que lo han permitido, lo haré en la forma más aséptica posible, dentro de mi tradicional espíritu crítico y libérrimo, dejando para el final unas notas personales, aunque debo decir que el anecdotario sobre los acontecimientos vividos en torno a la historieta que cuento los dejaré para mejor ocasión. Quizás para mis nietecitos, como también haré con mis futuros “cuentos del modelo 720”.


Lo primero que debo decir es que la decisión de impugnar la orden ministerial -en adelante, OM- que, en 2019, eliminó la posibilidad de presentar en papel -en el banco, vamos- la declaración del IRPF fue múltiple y colegiada: se adoptó tal mandato por la comisión directiva de la AEDAF, tras pasar los filtros de las secciones de IRPF y la de Derechos y Garantías del Contribuyente y, entiendo, con la aquiescencia del Consejo Asesor Institucional.


Fue, por tanto, una decisión deliberada y premeditada, partiendo exclusivamente de premisas técnico-jurídicas. Puedo decir que no hubo razones de oportunidad ni de marketing detrás, ni tampoco -por supuesto, siendo yo el letrado a quien se encargó la litis- voluntad alguna de defender a evasores o poner impedimentos en la lucha contra el fraude.

Es cierto que el auto del Tribunal Supremo que admitió el recurso que presentamos ante dicho órgano jurisdiccional trajo a colación un problema social para determinados colectivos que, siendo real y latiendo en el trasfondo de la situación generada por tal obligación de relacionarse electrónicamente por parte de los contribuyentes del IRPF, no había sido traído a colación en el recurso, sino que apareció en dicha resolución judicial de oficio.


Expuesto lo anterior, debo añadir que el objetivo de iniciar esa lucha, que ha otorgado a la asociación litigante una victoria digna de Pirro de Epiro (quien, como todo el mundo sabe, batalló tres veces en Italia sin que sus conquistas significaran un aumento de la extensión de su territorio) no fue otro que la defensa del Derecho o, por mejor decir, una voluntad impenitente de depuración del ordenamiento jurídico.


En este caso concreto -y en todos los pleitos en los que he intervenido en nombre de la asociación- la voluntad de discutir una disposición de carácter general emanada del Ministerio de Hacienda no se ha llevado a cabo ni con voluntad de enfrentamiento ni con fines propagandísticos, sino con la firme convicción de que tuviera un efecto beatífico en la salud de lo que el artículo 31 de la Carta Magna denomina, caritativamente, sistema tributario.

Como es por todos conocido, en primera instancia la Audiencia Nacional desestimó el recurso planteado por la AEDAF frente a la OM del IRPF de 2018, si bien lo estimó en otra concreta cuestión relacionada con las especialidades tributarias canarias.


Ulteriormente, por parte de dicha asociación, se fueron recurriendo las OOMM del IRPF de los ejercicios sucesivos hasta llegar a la correspondiente a la de la presente campaña que, entiendo, no debería ser objeto de debate alguno en torno a la obligatoriedad de la presentación electrónica del impuesto.


El día 11 de julio de 2023, el Tribunal Supremo dictó sentencia, declarando como doctrina jurisprudencial que no resultaba “ajustada a Derecho la imposición a los obligados tributarios de relacionarse electrónicamente con la Administración, recogida en la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación, que constituye una excepción al derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento, reconocido en el art. 96.2 LGT”.


A resultas de ello, nuestro Alto Tribunal estimó el recurso de casación promovido por la asociación recurrente, casando y anulando la sentencia desestimatoria que había sido previamente emitida por la Audiencia Nacional, al considerarla contraria a la interpretación de los artículos 96.2 y 98.4 LGT y 96.5 LIRPF, en relación al artículo 14.3 LPAC, según la doctrina casacional fijada, declarando asimismo la nulidad de los preceptos que concretamente fueron impugnados de la Orden Ministerial citada -a saber, los artículos 9.1, 15.1 y 4 y la disposición final primera, uno- “puesto que no satisfacen las condiciones de la habilitación reglamentaria encomendada al Ministro de Hacienda por los artículos 98.4 LGT y 96.5 LIRPF, en relación al artículo 14.3 LPAC” -F.D.8º de la resolución-.


La citada sentencia del Tribunal Supremo señaló -F.D. 6º- que “el artículo 98.4 LGT -que es el que habilita al Ministro, en el ámbito de las competencias del Estado, para ejercitar una posible delegación normativa a la vía reglamentaria de las condiciones y supuestos en que los obligados deben presentar por medios telemáticos sus declaraciones tributarias- debe interpretarse en relación con el artículo 96.2 LGT, derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración”, resultando, por lo tanto “indudable que tanto por su posición sistemática como por su contenido, el artículo 96.2 LGT expresa un auténtico principio general del ordenamiento jurídico tributario. Sistemáticamente está situado en la regulación de los principios generales de los procedimientos de aplicación de los tributos, concretamente en el Título III, y dentro de su Capítulo I, Principios Generales, en la Sección IV, que lleva por rúbrica ‘Tecnologías informáticas y telemáticas’. Y en cuanto a su contenido, la mera lectura del art.96.2 LGT evidencia que el legislador ha reconocido en el mismo el derecho de los ciudadanos, que no obligación a utilizar los medios electrónicos y el deber de la Administración de promover su utilización”.


Así las cosas, “proclamado en el art. 96.2 LGT el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración, no cabe interpretar que la habilitación legal del art. 98.4 LGT, al igual que la contenida en el art. 96.5 LIRPF o en el art. 117 RGAT, permitan al ministro de Hacienda establecer con carácter general una obligación allí donde el art. 96.2 LGT establece un derecho. Y eso es, cabalmente, lo que hace la Orden impugnada, pues el sometimiento a la obligación de presentar telemáticamente la declaración se dirige a todo el potencial colectivo de obligados tributarios por un impuesto que, como es el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, alcanza a la generalidad de las personas físicas que realicen el hecho imponible, sin distinguir ninguna condición personal que justifique que se imponga la obligación de declarar y liquidar por medios electrónicos”


La sentencia lanzó una advertencia de la que luego se hablará, al señalar que “determinar los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios electrónicos o telemáticos no significa que la ley autorice a la norma reglamentaria a dejar sin efecto el derecho, que es lo que hace la Orden HAC/277/2019, sino que requiere identificar que (sic) características o circunstancias concurren en determinados obligados tributarios, que les diferencien del conjunto de los obligados tributarios -para los que relacionarse electrónicamente es un derecho- y que justifican la pertinencia de imponerles la obligación de relacionarse necesariamente de forma electrónica, en lugar del derecho, ejercitable o no, a hacerlo en esta forma. El artículo 14.2 -entendemos que se refiere al 14.3– LPAC establece aquí una serie de criterios que, en ausencia de previsión específica de la ley tributaria, deben ser aplicados supletoriamente (…)”.


Recapitulando, puede decirse que nuestro máximo órgano jurisdiccional consideró en la repetida sentencia, con relación a la obligatoriedad de presentar electrónicamente la declaración de Renta, que:

* el art. 14 LPAC no se aplica directamente en el ámbito tributario, a pesar de su aparente carácter principialista;

* de la misma manera, tampoco se aplica supletoriamente al ámbito tributario el primer apartado del art. 14 LPAC;

* el precepto que impide la aplicación supletoria del art. 14.1 LPAC al ámbito tributario, sustituyéndolo, es el art. 96.2 LGT, que establece el derecho -que no deber- de los ciudadanos a cumplir sus obligaciones tributarias por medios electrónicos, y actúa como un principio básico en la relación tributaria;

* el art. 14.3 LPAC sí que resultaría aplicable, supletoriamente, al ámbito tributario, si bien cabría que el legislador regulara un precepto similar en la norma tributaria, ya fuese con rango legal o reglamentario, estableciendo a tal efecto las características o circunstancias que pudieran concurrir en determinados contribuyentes para imponerles relacionarse electrónicamente con la Administración tributaria.


Ante la situación planteada por la resolución judicial, cabían diversas respuestas legislativas. La más deseable, desde la perspectiva técnica, hubiera sido la introducción de un precepto en la Ley General Tributaria que, con similar redacción al art. 14.3 LPAC -y al art. 14.2 LPAC-, estableciera los contribuyentes y condiciones a los que se les pueda imponer la relación electrónica con el fisco. En definitiva, un sosias del artículo 14 LPAC para el ámbito tributario, que dejara sin efecto el rompecabezas aplicativo al que la sentencia del Tribunal Supremo nos ha dejado expuestos en la materia.


Una segunda posibilidad, más berrueca dogmáticamente, hubiera pasado por establecer un novedoso precepto en el RGAT que, con similar relación al art. 14.3 LPAC -y, a ser posible, al art. 14.2 LPAC-, estableciera los contribuyentes y condiciones a los que se les pudiera imponer la presentación electrónica de sus obligaciones tributarias formales y materiales, cumpliendo así el FD 6º de la STS de continua referencia.


También hubiera cabido la posibilidad, valiente y directa, de modificar los términos del artículo 96.2 de la LGT, estableciendo como principio general en el ámbito tributario la obligación -y no el derecho- de cumplir electrónicamente con las obligaciones tributarias para todos los ciudadanos. Esta opción inhabilitaría totalmente la aplicación del artículo 14 LPAC en el ámbito tributario, algo perfectamente legítimo pero que, en este caso concreto, situaría en una posición mucho más endeble al ciudadano en su condición de contribuyente que en el resto de su trato con las administraciones públicas. Es innegable que este es el futuro que nos depara la carrera tecnológica que vivimos, pero quizás sería deseable acompasar los tiempos normativos con la calle, esto es, la sociedad que queremos con la que, mirándonos al espejo, realmente tenemos.


A la postre, para evitar los perniciosos efectos que podría haber conllevado la STS comentada para la gestión tributaria, la decisión normativa adoptada ha venido de la mano de uno de los reales decretos- ley a los que últimamente nos venimos acostumbrando, el RD-L 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.


Como suele ocurrir con estos instrumentos normativos configurados para necesidades perentorias, motorizados, la técnica legislativa pergeñada no puede considerarse depurada. El propio título de la norma incumple el mandato del artículo 9. 1 de la LGT, al que cabe considerar más un desiderátum que una verdadera norma jurídica, de advertir que contiene normas tributarias en su interior. Los cambios normativos propuestos, a su vez, se regulan en una primera disposición adicional, titulada “evaluación de la obligación de declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos”, y en sucesivas disposiciones finales que modifican las leyes sustantivas reguladoras, respectivamente, del IRPF, del Impuesto sobre Grandes Fortunas y del Impuesto sobre el Patrimonio, imponiendo en cada uno de estos tributos la obligación de presentación electrónica a todos sus respectivos declarantes



En definitiva, lo que pretenden estos cambios normativos es eliminar la posibilidad de presentar en papel las principales obligaciones tributarias del máximo número de personas físicas -IRPF, ISGF e IP-, si bien respecto del primer tributo se establece a su vez una cláusula “celofán” -el término no es mío, sino de la dogmática jurídico-filosófica- de forma que el contenido del mandato normativo quedará completado no en la propia norma sino cuando, finalizada la primera campaña de presentación de la declaración desde su entrada en vigor, la AEAT evalúe la suficiencia de las medidas de asistencia en la cumplimentación de la declaración, valorándose a tal efecto unos informes emitidos por terceros y, señaladamente, por el Consejo para la Defensa del Contribuyente.


Dentro de la crítica constructiva que impera estas líneas, la técnica legislativa consistente en dejar pendiente la aplicación definitiva de una norma en función del contenido de otra -en este caso, subyugar la nueva redacción del artículo 96.5 de una ley sustantiva atemporal como es la del IRPF a lo que establece una disposición final, la sexta, de un decreto extraordinario y urgente, de contenido temporal y ómnibus, ajena además al orbe tributario clásico- no parece una solución adecuada. Si las leyes en blanco ya resultan poco deseables, todavía lo son menos cuando penden de mandatos normativos convulsos como los que emanan de un decreto-ley.


La crítica aumenta si tan importante consecuencia como es o no imponer la obligación de presentar electrónicamente el IRPF a todos sus contribuyentes se hace depender de otro poder del estado -el ejecutivo- y no a través de los cauces tradicionales -su capacidad normativa reglamentaria, perfectamente legítima- sino a través de valoraciones internas ajenas al principio de buena regulación y con el pretendido auxilio de informes externos de organismos concebidos por el propio poder ejecutivo, como son el Foro de Asesores y el CDC que carecen de la legitimidad democrática que sí atesoran, v.g., los defensores del pueblo estatal y autonómicos.


A este óbice de la nueva legislación hay que sumar otro, como es la palmaria antinomia legislativa que acontece tras su aparición, si comparamos la redacción de los nuevos preceptos configurados en las leyes sustantivas del IRPF, del IP y del ISGF por el citado decreto-ley con la del artículo 96.2 de la LGT, que sigue diciendo, en palabras del Tribunal Supremo, que el ciudadano tiene derecho -y no obligación- a relacionarse electrónicamente con las administraciones tributarias.


Una última crítica -y ya me perdonarán, pero intento hacerla con las palabras más apropiadas, claras y suaves- deriva del hecho de modificar las citadas leyes reguladoras de ciertos tributos, dejando las cosas como estaban en el resto de obligaciones tributarias que pueda tener un contribuyente. En efecto, al no haber afrontado decididamente un cambio en los términos del artículo 96.2 de la LGT como el que he patrocinado unas líneas más arriba, obligando urbi et orbi a presentar los impuestos electrónicamente, lo cierto es que existen otros tributos respecto de los que debería permitirse su presentación presente en papel. Y lo mismo ocurre con relevantes obligaciones tributarias formales, como es paradigmáticamente la de cumplir con los modelos 720 y 721 que, como es por todos conocido, afectan a determinados bienes y derechos en el extranjero.


Obsérvese, ut supra, que el Tribunal Supremo ha establecido con meridiana claridad que, para poder contornear los efectos del artículo 96.2 de la LGT, dejando sin efecto el derecho a relacionarse electrónicamente, se requerirá identificar las circunstancias o características que concurren en los contribuyentes afectados por la obligación tributaria que corresponda, que les diferencien del conjunto de obligados tributarios y justifiquen la pertinente de imponerles la obligación de relacionarse electrónicamente.


Parece cabal entender que los obligados a presentar el formulario 721, in natura, disponen de capacidad técnica suficiente para sustraerles de la posibilidad de presentar el citado modelo en papel, pues precisamente se trata de inversores en productos financieros sofisticados, etéreos y ontológicamente opacos, sin soporte físico. Pero lo bien cierto es que nuestro Alto Tribunal ha exigido una justificación que, normativamente, no existe.


Lo mismo cabría decir, aunque no con idéntica contundencia, de las cuentas corrientes y los activos financieros en el extranjero que determinen la obligación de presentar el modelo 720, aunque tengo mis dudas de si la capacidad técnica cabe presuponerla también por el mero hecho de ser propietario de un inmueble en el extranjero.


Obsérvese pues que, lege lata, podría resultar que los modelos 720 y 721 fueran inexigibles, al imponer una presentación electrónica injustificada en los términos requeridos por la tan repetida STS de 11/7/2023.


Podría ser esta la oportunidad perdida -que algún día tuve y que, tras fracasar a su paso por la Cámara Baja, publiqué en un artículo técnico en una revista del sector- de efectuar la reforma pendiente de la regulación de este tipo de obligación informativa para bienes y derechos en el extranjero, convirtiéndola en un deber omnicomprensivo -para todos los bienes foráneos-, mucho más simplificado que el actual -v.g. una página de la declaración del IRPF, como en Italia- y con sanciones más ambiciosas, adecuadas al desvalor de la declaración en función de si los bienes y derechos foráneos se encuentran sometidos a algún mecanismo de información en vigor y funcionamiento con la administración tributaria española.


A pesar de ello, debo insistir en que lo más racional sería, lege ferenda, modificar la LGT, evitando las aporías que he intentado desentrañar en la regulación actual que, sin duda bienintencionadamente, acaban atentando a la propia condición sistémica del mundo tributario. Lo digo partiendo de la conciencia de que, como bien expuso Javier Bas en el post cuya lectura me animó a escribir en este foro, todos somos humanos, seres imperfectos que, a veces, no solo cometemos errores, sino que podemos estar haciendo las cosas pensando en salir pronto de la capital porque un bebé nos espera en el coche.


Así finaliza, espero que provisionalmente, este lampedusiano viaje emprendido en el año 2019, con un cambio normativo para que nada cambie. No creo que haya sido una travesía inútil, ni creo que la reforma operada en 2023 suponga una afrenta al poder judicial o, concretamente, a la potestad jurisdiccional del Tribunal Supremo. Son las reglas del juego y, como tal, hay que tomárselo con deportividad. Cada uno tiene su papel institucional y, lo cierto, es que se ha producido una reforma legislativa legítima que, con peor o mejor atino, ha depurado el dislate preexistente y ha solucionado el problema jurídico que se planteaba.


Agradezco mucho la oportunidad de escribir una tribuna en esta plataforma, animando a los lectores a que, a su vez, lo hagan en el blog decano en el mundo tributario (www.fiscalblog.es), del que me honra ser cofundador, abierto a cualquiera que tenga la inquietud de dar su opinión jurídica.


Colaboradores fiscales e inspectores somos el haz y el envés del mismo mundo profesional. De hecho, en el seno del congreso de la asociación de inspectores al que fui invitado a hablar, en Granada, aprecié que utilizamos el mismo metalenguaje incluso en nuestro entorno personal. Anecdóticamente, escuché a varios actuarios que decían que el “lado oscuro” era el de los asesores fiscales, cuando en mis colegas ese lado de la fuerza siempre había sido el de los inspectores.


En mi caso personal, guardo un gratísimo recuerdo -y fue una enorme formación jurídica- de mi paso por una plataforma para la campaña de Renta, la del año 1999, siendo discente en un magnífico curso preparatorio que la AEAT daba en un local en la avenida del Paralelo de Barcelona. El profesor, cuyo nombre no recuerdo, era excelente. Y el material, un libro burdamente editado, lo mantuve subrayado en mi biblioteca hasta hace poco. De mayor utilidad que cualquier memento al uso.

No había manual de Renta (creo) y, por aquellas mismas fechas, mi profesor de IRPF en el máster -que también es un conocido inspector y al que al poco sustituí- decía a sus alumnos que la declaración de Renta se podía presentar no solo en papel, sino a bolígrafo. Eran otros tiempos.


Esaú Alarcón García
Abogado y profesor universitario

Una de mosqueo. Las relaciones del Estado y los ciudadanos con los nuevos métodos telemáticos y electrónicos