En la pagina www.bisila.com podreis encontrar las últimas noticias de Guinea, algunas de ellas sorprendentes por su contenido.
Para aquellos que esten interesados en un pequeño curso acelerado de bubi tambien lo encontraran alli; así como fotos actuales muy interesantes, pero ojo como dice Raimon no se deben colgar en los albumes por los motivos que indica

>From: aebiaca@bisila.com
>To: casamaribel@hotmail.com
>Subject: Re: Contacto desde Bisila.com
>Date: Wed, 1 Nov 2006 21:39:27 -0500 (EST)
>
>Estimada Maribel,
> En primer lugar, quiero agradecerte el gesto de ponerte en contacto conmigo y hacerme participe de vuestras actividades. Nos llena de alegría y orgullo saber que os fuisteis y nos dejasteis un tesoro, que hemos conservado como hemos podido, vuestros recuerdos, vuestra infancia y vuestra juventud; ¡ojala hubiéramos podido conservarlos como se merecen!.
>Sobre las fotos, puedes tomar todas las que necesites.
>
>Recibe mi más profunda expresión de cariño para ti y todos los de tu grupo.
>
>Anselmo Ebiaca
>
>Apache wrote ..
> > Contacto desde Bisila.com
> > Nombre: Maribel Latorre

FUENTE: LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL


Noticias

Investigación del senado sobre las irregularidades de las cuentas de Guinea Ecuatorial

Las cuentas de Guinea Ecuatorial. El Subcomité de investigación llegó también a la conclusión de que entre 1995 y 2004, el banco Riggs gestionó más de 60 cuentas y certificados de depósitos a nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial, de miembros de ese gobierno o de sus familiares.
En 2003, las cuentas de Guinea Ecuatorial eran ya las más importantes del banco Riggs, con saldos que oscilaban entre 400 y 700 millones de dólares. La investigación del Subcomité llegó a la conclusión de que el banco Riggs gestionó las cuentas de Guinea Ecuatorial prestando ninguna o muy poca atención a sus obligaciones legales contra el blanqueo de dinero, hizo la vista gorda ante datos que sugerían que estaba administrando fondos procedentes de actos de corrupción en el extranjero y permitió que se llevasen a cabo numerosas transacciones sospechosas sin notificarlo a las autoridades judiciales.

La investigación del Subcomité descubrió también que el Riggs había abierto múltiples cuentas personales a nombre del presidente de Guinea Ecuatorial, su esposa y otros familiares; ayudó a crear empresas fantasmas para el presidente de Guinea Ecuatorial y sus hijos; y durante un periodo de tres años, desde 2000 a 2002, dio también facilidades para que en las cuentas controladas por el presidente de Guinea Ecuatorial y su esposa se ingresaran cerca de 13 millones de dólares en efectivo. En dos ocasiones, el Riggs aceptó, sin el preceptivo control, ingresos de al menos 3 millones de dólares en efectivo para una cuenta abierta a nombre de una empresa fantasma del presidente de Guinea Ecuatorial denominada Otong, S.A.

Además, el banco Riggs abrió también una cuenta a favor del gobierno de Guinea Ecuatorial para ingresar fondos procedentes de empresas petroleras que operan en Guinea Ecuatorial, bajo condiciones que permitían sacar dinero de ella con dos firmas, una del presidente de Guinea Ecuatorial y la otra de su hijo, el ministro de Minas, o su sobrino, el secretario de Estado para la Tesorería y los Presupuesto. El Riggs permitió más tarde transferencias de más de 35 millones de dólares de las cuentas del gobierno de Guinea Ecuatorial a dos empresas desconocidas para el banco y con cuentas en países con leyes de secreto bancario. El Subcomité tiene razones para creer que por lo menos una de las empresas receptoras esta controlada total o parcialmente por el presidente de Guinea Ecuatorial. Cuando en 2004 el banco le solicitó mas información al presidente de Guinea Ecuatorial sobre estas empresas, se negó a proporcionarla, y se limitó a decir que esas transferencias habían sido autorizadas.

La cúpula directiva del banco Riggs estaba perfectamente al corriente de las cuentas de Guinea Ecuatorial y en varias ocasiones se reunió con el presidente y con altos cargos de ese país. Los directivos permitieron al gestor responsable de las cuentas de Guinea Ecuatorial mantener una relación estrecha con altos cargos y negocios de ese país, incluido el asesoramiento a su gobierno en asuntos financieros; este gestor llegó a ser el único signatario de una cuenta de Guinea Ecuatorial con importantes depósitos. El banco ejerció una supervisión tan laxa sobre las actividades del gestor que, entre otras conductas delictivas, pudo hacer transferencias bancarias de mas de 1 millón de dólares desde la cuenta con los fondos procedentes del petróleo de Guinea Ecuatorial a otro banco para su ingreso en una cuenta abierta a nombre de Jadini Holdings, una empresa fantasma controlada por la esposa del gestor.

A pesar de los requerimientos del Subcomité, inicialmente el Riggs no identificó todas las cuentas de Guinea Ecuatorial en el banco. Más adelante, supo que ninguna de esas cuentas había sido calificada de alto riesgo hasta octubre de 2003 y tampoco se las había sometido a un control adicional a pesar de las evidentes señales de alarma tales como la implicación en ella de políticos extranjeros, que se trataba de un país con una cultura de corrupción y que a través suyo se realizaban frecuentes transacciones de grandes sumas de dinero. El banco tampoco controló, ni informó sobre actividades sospechosas en esas cuentas. Las cerró hace pocas semanas.

Programa AML disfuncional. Las pruebas demuestran que las cuentas de Pinochet y Guinea Ecuatorial no fueron tratadas de forma inusual, sino que se les aplicó una versión del programa contra el blanqueo de dinero, que arrastra grandes deficiencias desde hace varios años. Estas deficiencias incluyen la incapacidad de identificar todas las cuentas relacionadas con un cliente determinado, la ausencia de un sistema de valoración de riesgos capaz de identificar cuentas de alto riesgo, insuficiente información sobre los clientes, falta de una política establecida para el manejo de las cuentas relacionadas con políticos extranjeros, incapacidad de mejorar el seguimiento de las cuentas de alto riesgo, fallos en el control de las transferencias bancarias, falta de mecanismos para detectar e informar sobre actividades sospechosas, auditorias internas incompletas y hechas a destiempo e inadecuada formación sobre el programa contra el blanqueo de dinero. Estos fallos fueron identificados muchas veces durante los controles llevados a cabo por los inspectores y en las auditorias internas. El banco Riggs se comprometió a corregirlos reiteradamente, pero no lo hizo nunca.

Fallo de los reguladores Ante este historial de fallos importantes y mantenidos en el tiempo, resulta difícil entender porqué los inspectores federales no actuaron antes para exigir su corrección. Recientemente la OCC ha admitido que “hubo fallos en la supervisión” del Riggs y que “(nosotros) dimos demasiado tiempo al banco”. Las pruebas demuestran que desde 1997, los inspectores de la OCC identificaron en varias ocasiones graves deficiencias del programa contra el blanqueo de dinero del Riggs, pero funcionarios del más alto nivel de la OCC permitieron que estas deficiencias continuasen año tras año sin tomar ninguna acción para acabar con ellas.

En el caso del Riggs, las pruebas indican que el Inspector Responsable de la OCC parece haberse convertido más en defensor del banco que en un regulador objetivo. . Por ejemplo, en 2001, aconsejó a sus superiores de la OCC que no tomasen medidas contra el Riggs porque, según él, el banco había prometido corregir los fallos identificados en su programa AML. En 2002, dio instrucciones a sus inspectores subordinados para que no incluyesen ni un memorando, ni una nota de trabajo sobre la inspección a las cuentas de Pinochet en la información electrónica de la OCC. Aproximadamente al mes de dar esta orden, este mismo inspector fue contratado por el Riggs, lo que dio lugar a la aparición de un conflicto de intereses. Mientras trabajó en el Banco, participó en numerosas reuniones, con personal de la OCC, destinadas a tratar los problemas del AML del Riggs. La legislación federal prohíbe a los antiguos empleados comparecer ante sus agencias en relación con determinados temas, y la OCC en concreto, les prohíbe la mera asistencia a reuniones con la agencia en la que trabajaron, por un periodo de dos años tras su salida de la misma, salvo visto bueno emitido por la oficina de ética de la OCC. A pesar de estas restricciones post-empleo, el ex -inspector no había obtenido el permiso de la oficina de ética de la OCC antes de mantener reuniones con personal de la OCC. Esas actuaciones, en concreto, haber aconsejado la ocultación de material relacionado con la investigación de las cuentas de Pinochet en vez de tomar medidas correctoras, haber aceptado un puesto en un banco que había supervisado él mismo, y haber incumplido con las restricciones post-empleo sobre contactos con la OCC, sugieren que este inspector había mantenido relaciones demasiado estrechas con el Riggs durante el tiempo que fue el responsable de su supervisión.

Además, los hechos demuestran que los supervisores actuaron con demasiada lentitud ante los reiterados fallos del banco y eran muy reacios a hacer uso de los medios de que disponían para obligar el cumplimiento del AML. En el 2001, por ejemplo, cuando se les presentaron tres informes que ponían de manifiesto los fallos del Riggs, los supervisores de la OCC aceptaron la recomendación de responsable-Jefe de inspección de no tomar acción alguna para obligar al banco a cumplir con lo estipulado por la ley. En 2002, y tras saber que el Riggs había ocultado a la agencia durante dos años la existencia de las cuentas de Pinochet, y que había facilitado transacciones sospechosas, tampoco tomaron medida alguna. La OCC ni siquiera emitió un informe final sobre el asunto Pinochet. En 2003 y tras descubrir informaciones extremadamente inquietantes sobre cuentas vinculadas a la Arabia Saudí, la OCC tomó su primera medida contra el banco, con una orden formal de “cease and desist” (mandato de suspensión de actividades ilegales) que obligaba al banco a reestructurar su programa AML. Esta orden era más completa y con mayor peso jurídico que las directrices incluidas en los informes de inspección llevadas a cabo con anterioridad, pero no contemplaba medidas punitivas en ese momento, como podía ser una multa. Sólo fue en 2004, seis años después de que la OCC empezase a citar al Riggs por las deficiencias de su AML, cuando los inspectores federales le impusieron la primera multa al banco.

Las principales medidas de la OCC contra el banco Riggs se tomaron después de que informaciones críticas de la prensa hicieran que empezara a cuestionarse la fiabilidad del programa contra el blanqueo de dinero del Riggs.. La investigación exhaustiva por parte de la OCC de las cuentas de Arabia Saudita sólo se llevo a cabo tras la publicación en la prensa, en noviembre de 2002, de artículos en los que se insinuaba la existencia de conexiones entre algunas cuentas del Riggs y los ataques terroristas del 11-S. La OCC identificó las mismas deficiencias que en años anteriores, pero a diferencia de lo hecho en otras oportunidades, la OCC no se fió de las promesas del banco y emitió una orden pública de “cease and desist,” obligando a la toma de medidas correctoras.

El control de la OCC de las cuentas de Guinea Ecuatorial en 2003 y 2004 se llevó a cabo, también, tras la publicación en la prensa, en enero de 2003, de un articulo crítico insinuando que las cuentas del Riggs no estaban siendo bien utilizadas por altos cargos de Guinea Ecuatorial y tras la investigación de dichas cuentas por el Subcomité durante todo el año 2003. La OCC ha manifestado que el control de las cuentas de Guinea Ecuatorial les abrió los ojos ante otras operaciones delictivas que tenían lugar en el banco y evidenció el incumplimiento total por su parte de los compromisos de puesta en marcha de las prometidas reformas del programa contra el blanqueo de dinero. Esto dio lugar a la decisión de imponerles una multa.

Las investigaciones del Subcomité han revelado que las irregularidades de supervisión en el banco Riggs no son un caso aislado, sino el síntoma de un seguimiento desigual, y a veces ineficaz, del programa AML por parte de los inspectores federales. La Oficina Federal de Contabilidad ha aportado un número de casos, además del Riggs, en los que los inspectores federales de finanzas permitieron a lo largo de años incumplimientos del programa AML, sin corrección alguna. Estos casos demuestran que todos los reguladores financieros federales, no sólo la OCC, necesitan reforzar su capacidad ejecutiva para que puedan exigir una rápida corrección de los fallos identificados en dicho programa, haciendo mayor uso de las herramientas que garantizan su cumplimiento cuando las entidades financieras se saltan las obligaciones establecidas en él e imponiendo con agilidad las sanciones correspondientes. Los reguladores deberían considerar también la conveniencia de desarrollar una política que implique medidas de obligado cumplimiento a plazos fijos contra cualquiera de las grandes entidades financieras, en casos de violaciones reiteradas del AML.

Los reguladores federales deben tomar acciones más amplias y reforzar la supervisión del programa AML. En primer lugar, deben completar aquellos reglamentos que llevan tiempo pendientes y, revisar los manuales de inspección del AML, a fin de poder aplicar las diligencias previstas en el Patriot Act, destinadas a combatir el blanqueo de dinero y las prácticas de corrupción en el extranjero. Los reguladores federales de la banca tienen también que elevar la importancia de su trabajo mediante la inclusión de valoraciones de este programa, de forma permanente, en los informes anuales que se entregan a los miembros de los consejos de administración de los bancos, y facilitar dichas valoraciones al público, tanto para aumentar los niveles de cumplimiento por parte de los bancos como para alertar a otras instituciones financieras sobre los bancos con inadecuados niveles de control del AML. El Congreso debe así mismo considerar la necesidad de introducir una nueva legislación, en la línea del 41 U.S.C. § 423 (d), dirigido a los funcionarios federales, imponiendo un periodo de un año antes de un inspector-jefe pueda aceptar un empleo en una entidad financiera a la que haya supervisado.

Una importante cuestión secundaria planteada por el caso Riggs, tiene que ver con la capacidad de las entidades financieras de los Estados Unidos, asociadas con bancos extranjeros, para obtener información crucial sobre las cuentas abiertas y gestionadas desde sus filiales en el extranjero. Por ejemplo, cuando surgieron preguntas sobre las transferencias bancarias de 35 millones de dólares desde las cuentas petroleras de Guinea Ecuatorial, el Riggs envió cartas, en cumplimiento de la sección 314 del Patriot Act, al menos a dos bancos: Banco Santander y el hsbc USA solicitándoles la entrega voluntaria de información sobre los titulares y beneficiarios de ciertas cuentas receptoras de las transferencias. Estas cuentas incluían una, abierta a nombre de Apexside Trading Ltd,. y otra a nombre de Kalunga Co. S.A. El Subcomité tiene razones para creer que al menos una de las dos pudiera ser total o parcialmente propiedad del presidente de Guinea Ecuatorial.

Ambos bancos se negaron a suministrar la información solicitada porque las cuentas habían sido abiertas en sus filiales en Luxemburgo o en España. Ambos bancos se escudaron en que las leyes de secreto bancario en ambos países, prohibían a sus filiales facilitar información sobre los clientes, no sólo a terceros, sino también al personal del mismo banco si se encuentra fuera del país de la cuenta.. Esta prohibición significa, en esencia, que si los bancos que operan en los Estados Unidos observan el envío de transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas de sus bancos asociados en el extranjero, no pueden obtener información crucial sobre los titulares y beneficiarios de dichas cuentas.

En el caso del banco Riggs, el hsbc USA y el Banco Santander informaron al Subcomité que sus propias filiales no podían facilitarles los nombres de los propietarios de las empresas receptoras de las transferencias bancarias multimillonarias, ni informarles de si esas empresas pertenecían a políticos, ni siquiera si las cuentas seguían abiertas o habían sido canceladas.

Esta prohibición de facilitar información a través de líneas internacionales, incluso dentro de la misma entidad financiera, supone un obstáculo importante para la eficaz puesta en marcha del programa contra el blanqueo de dinero por parte de los bancos que operan en Estados Unidos y es un gran impedimento para los esfuerzos internacionales destinados a frenar esta actividad, el tráfico de drogas y el terrorismo. Para superar este obstáculo, Estados Unidos debería trabajar con la Unión Europea y otras organizaciones internacionales para permitir a las entidades financieras con filiales en Estados Unidos y en el extranjero que intercambien información sobre sus clientes a fin de impedir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Pagos de las empresas petroleras.. Durante su investigación de las grandes transacciones bancarias relacionadas con las cuentas de Guinea Ecuatorial en el banco Riggs y otras entidades financieras, los miembros del Subcomité descubrieron un numero importante de pagos hechos por las empresas petroleras que operan en Guinea Ecuatorial a altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial, a sus familiares, o a entidades controladas por éstos altos cargos o sus familiares. Por ejemplo, se hicieron pagos, que en ocasiones superaban el millón de dólares, en concepto de arrendamiento o compra de terrenos en Guinea Ecuatorial, gastos de la embajada de Guinea Ecuatorial., por los servicios de seguridad contratados en el interior del país o por pagos destinados a estudiantes guineanos que cursan sus estudios en el extranjero.

En algunos casos, los datos indican que las empresas petroleras se asociaban con empresas propiedad parcial o total del presidente de Guinea Ecuatorial, o de otros altos cargos o sus familiares. Por ejemplo, en 1998, ExxonMobil creó una empresa mixta de distribución de productos petroleros en Guinea Ecuatorial. El 85% de la empresa es de ExxonMobil y el 15% pertenece a Abayak S.A. , una empresa controlada por el presidente del país.

Estas formas de pago y estas sociedades mixtas, que han salido a la luz a raíz de las minuciosas investigaciones realizadas por el Subcomité sobre las transacciones bancarias relacionadas con Guinea Ecuatorial, son en muchos casos desconocidas por el público y plantean interrogantes sobre problemas de corrupción y especulación. Para reducir las oportunidades de corrupción, las compañías petroleras que operan en Guinea Ecuatorial deberían poner en práctica actividades que facilitaran el acceso a la información sobre sus actividades, del tipo de las planteadas en las iniciativas internacionales de transparencia para las industrias de extracción promovidas por Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, y la iniciativa anti-corrupción y transparencia liderada por el G-8. Estas iniciativas obligarían a las petroleras a publicar todos los pagos que hicieran a altos cargos de Guinea Ecuatorial, a sus familiares o a las empresas controladas por ellos. Para reducir aun más las oportunidades de corrupción, las empresas petroleras estadounidenses no deberían participar en el futuro en negocios de los que algún miembro del gobierno de Guinea Ecuatorial o sus familiares sean beneficiarios o en los que tengan intereses directos. El Congreso de los ee.uu debería también enmendar la ley de practicas de corrupción en el extranjero para poder exigir a las compañías estadounidenses que revelen los pagos importantes hechos a, y los negocios hechos con altos cargos del gobierno de un país, sus familiares o las empresas que controlan.

iii. CONCLUSIONES

La investigación de la Minoría del Subcomité presenta los siguientes hechos comprobados .


(Haciendo la vista gorda. El banco Riggs administro más de 60 cuentas y certificados de depósitos a nombre de Guinea Ecuatorial, altos cargos de su gobierno y familiares de los mismos, prestando poca o ninguna atención a las obligaciones del banco respecto al control del blanqueo de dinero. Hizo la vista gorda ante las pruebas indicativas de que el banco estaba manejando fondos procedentes de actos de corrupción en el extranjero y permitió que se llevasen a cabo numerosas transacciones sospechosas sin avisar a las autoridades.