La Descolonización española, ¿Qué ocurrió realmente? Opciones

[Vértigo]

Estoy estudiando la descolonización de Guinea.Me parece muy interesante la polémica entre Herrero de Miñón y García Trevijano. He encontrado algunos artículos que espero sean vuestro interés.

La Conferencia Constitucional y la independencia de Guinea Ecuatorial en las "Memorias de estío" de Miguel Herrero de Miñón (*).



  "En enero de 1968 terminaba los estudios de filosofía en Lovaina cuando, a través de la embajada española en Bruselas, recibí el recado de ponerme en comunicación con el ministro de Asuntos Exteriores. Castiella me pidió que volviese inmediatamente a Madrid a fin de asesorar la preparación y celebración de la segunda fase de la Conferencia Constitucional para la independencia de Guinea Ecuatorial. Su jefe de gabinete, Marcelino Oreja, le había hablado de mis investigaciones sobre el derecho constitucional de la descolonización. Así lo hice el 21 de febrero de 1968, tras despedirme apresuradamente de mis asombrados maestros Antoine Vergote y Alphonse de Waelhens, reacios a comprender aquel rápido paso de la fenomenología a la política.

  Conocía a Castiella como amigo que era de mi padre; en varios encuentros veraniegos, había tenido ocasión de charlar con él o, más bien, de escucharle; y con Marcelino Oreja tenía una buena relación que los años han transformado en respeto mutuo y amistad. Pero es claro que nunca había visto trabajar a un equipo ministerial como aquél y en el que se integraban personas de diversa valía y talante. Sin duda se puede discrepar de muchos aspectos de la política exterior de Castiella y el juicio, atendiendo a los resultados, no puede ser optimista. Pero es preciso reconocer que, merced a una tenacidad ejemplar, puesta al servicio de una altísima idea de la dignidad del Estado y de su servicio en el exterior, el ministro y su equipo consiguieron dar a luz una concepción del interés nacional todavía vigente y crear en nuestra carrera diplomática una escuela de pensamiento.

  El proyecto de Castiella, tal como, una noche de aquel mes de febrero, me lo expuso en su despacho de Santa Cruz, no carecía de cierta grandeza e indudable viabilidad, aunque hubiera requerido una política interior muy diferente. Se trataba, según el ministro, de conducir rápidamente hasta la independencia a Guinea Ecuatorial primero y al Sahara después, y establecer con ellos íntimos lazos de cooperación de modo que, asumiendo un coste económico no pequeño, España pudiera, en gran medida, determinar su política exterior. Con ello, el político bilbaíno confiaba en obtener tres objetivos: dos votos más para España en las Naciones Unidas, importante baza a jugar en contenciosos presentes y futuros; contrapesar desde el Sur las apetencias marroquíes, estableciendo una alianza entre el futuro Sahara, vinculado a España, y Mauritania, y, en fin, no sólo dar muestras de buena voluntad hacia el Tercer Mundo, sino conseguir dos vías de entendimiento con él. Sin duda el problema de Gibraltar, que ya entonces obsesionaba a Castiella, pesaba mucho en este diseño estratégico y no dejó, a mi juicio, de contribuir a su frustración. Pero si estas bazas se pensaban jugar indudablemente en pro de la reivindicación española, su alcance se pretendía mucho más permanente.

  Desde mi llegada hasta mediados de abril estuve dedicado a preparar, a más de la fórmula de acceso a la independencia (1), dos extremos claves.

  Ante todo, la elaboración de un anteproyecto de constitución donde tuve ocasión de aprovechar materiales recopilados y utilizados en las investigaciones anteriores ya mencionadas. Recuerdo que con la ayuda de hombres de buen criterio como Oreja, Cañadas y Moro conseguí descartar las peores opciones, entre otras la de exportar las instituciones del régimen español, y establecer, como postura de reserva, un texto muy simple. Sin otra parte dogmática que la Declaración Universal de Derechos del Hombre; un sistema de gobierno neoparlamentario de ejecutivo prácticamente monocrático, equilibrado por un vicepresidente del Gobierno sin específicas competencias; un gabinete dependiente del presidente; y una estructura regional con competencias autonómicas amplias y tasadas y una participación en el Gobierno, como ministros sin cartera, de los dos presidentes regionales.

  El segundo extremo, ya planteado al elaborarse la Constitución, era el sistema electoral y que, según el criterio del Gobierno, debía consignarse en una Ley Electoral a elaborar en la propia Conferencia.

  Mis conocimientos en la materia no eran grandes y comprobé que los de los supuestos expertos que se movían en torno de aquella tarea eran todavía menores que los míos. Yo conocía desde hacía años, por razones familiares y académicas, a un diplomático excepcionalmente inteligente y que había dedicado mucho tiempo y energía al estudio de los sistemas electorales, Francisco Condomines. Reclamé su venida en comisión de servicios y colaboramos íntimamente durante varios meses hasta el final de la Conferencia Constitucional.

  Condomines me convenció de las ventajas del sistema proporcional para afrontar una situación como aquélla. Yo estaba bajo la influencia de las tesis de Duverger y de Rae (2), según las cuales, mientras el sistema electoral mayoritario simple conduce al bipartidismo, el sistema proporcional fomenta la proliferación de partidos y evita las mayorías absolutas. Ahora bien, Condomines me demostró que lo primero conducía al partido único si el sistema mayoritario era de lista nacional y aun provincial, y que la alternativa no podía ser otra que los distritos uninominales, muy convenientes cuando ya existía un sistema de partidos, pero que, en caso contrario, atomizarían la representación, eliminando cualquier gran fuerza política y dando el poder a los notables locales. Por otra parte, el sistema proporcional permitía la representación de diversas minorías territoriales o étnicas, sin necesidad de acudir a la tosca fórmula de reserva de escaños, y si se exigía listas electorales completas, cerradas y bloqueadas, simplificaba extraordinariamente el escrutinio y fortalecía la estructura de los partidos.

  Todo eso nos parecía deseable para Guinea y así lo hicimos aceptar por la parte española. Pero esta opción que, al final, fue fútil en Guinea Ecuatorial resultó trascendental, y sus consecuencias llegan a la vigente Constitución y legislación electoral española, como explicaré en capítulos posteriores.

  Los instrumentos legales de la independencia estaban ya preparados y los borradores constitucional y electoral listos. Yo trabajaba en un despachito del palacio de Santa Cruz redactando una nota informativa final, cuando la puerta se abrió, con cierta violencia, y entró en mi cubil el ministro Castiella seguido a respetuosa distancia por Marcelino Oreja. Dejé de teclear y me levanté. «No soy Napoleón», dijo Castiella, y yo lo confirmé, como hubiera hecho un personaje de Wodehouse: «No, señor ministro; no lo es.» «Pero como Napoleón», continuó nuestro canciller, «condecoro a mis hombres en el campo de batalla». Abrió un estuche. Me prendió en el pecho la encomienda de número del Mérito Civil, alegando mi juventud para no darme la Gran Cruz. Me rogó continuara trabajando durante la fase de la Conferencia Constitucional que comenzaba días después. Me abrazó y se fue dejando que Oreja me felicitase y entregase un sobre con cincuenta mil pesetas.

  Para mí, aquel episodio, por minúsculo que sea, retrataba bien a Castiella y a muchos hombres de su generación. La indudable experiencia se diluía en exceso de ingenuidad. El sentimiento de la grandeza de la propia función se realzaba por una dosis de modestia que hoy es inimaginable. No creo que Castiella se sintiera importante de suyo ni por ser ministro, sino por la alta función que quería y creía ejercer.

*  *  *

  La segunda fase de la Conferencia Constitucional comenzó, formalmente, el 17 de abril con un discurso solemne de Castiella y, de hecho, en dos sesiones de mañana y tarde el día 19 del mismo mes. La mesa la constituían Sedó, en representación del ministro, Mañueco y Cañadas; la delegación española se componía de representantes ministeriales, entre los que destacaba, por vocación y dedicación, un jurista excelente, Marcelino Cabanas, los militares, siempre racionales, y el ya prometedor político Rodolfo Martín Villa, escindido entre su fidelidad a López Bravo, del que era director general, y su comprensión y simpatía hacia la política aperturista de Castiella. La delegación guineana agrupaba a representantes de las instituciones de autogobierno, organizadas desde 1963, y de las fuerzas políticas de hecho existentes. Condomines y yo asistimos desde la tarde del día 19 de abril hasta el 27 de mayo, en calidad de Comité Técnico.

  Pese a su alto nivel económico de entonces sobre la media africana, la situación de Guinea no era muy alentadora. Las instituciones de gobierno estaban desprestigiadas y sus dirigentes tachados de colaboracionistas (v. gr. el presidente Ondo Edu). Existía un movimiento nacionalista de organización prometedora e implantación global, con un programa occidentalizador y unos dirigentes y cuadros aceptables (el MONALIGE, con Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo a la cabeza). Había movimientos personalistas y oportunistas de todo tipo (agrupados en el MUNGE) y pseudoorganizaciones étnicas múltiples. La minoría más importante eran los bubis, autóctonos de Fernando Poo y temerosos de la mayoría pamwe del continente. Y todo ello, claro está, envuelto en una humanidad lamentable, siempre dispuesta a la corrupción y al charloteo, en la que palpitaba dramáticamente el tránsito entre la magia y la ciencia, la tribu y el partido, el oficio tradicional y la profesión occidental. Pero habituado como estaba, desde la elaboración de mi tesis doctoral, a leer-los discursos de Lumumba, no tuve por qué extrañarme demasiado de los de Macías, y si había admirado a un dogmático como Julius Nyerere, no podía dejar de hacerlo con un pragmático como Ndongo.

  Por parte española la situación no era menos compleja. En el Gobierno ya había quedado claro que España no tenía interés político, económico o estratégico alguno en permanecer en Guinea Ecuatorial. Pero sí había dos posiciones contrapuestas en el proceso descolonizador. Por un lado la de Castiella y, por sintonía con él, los ministros que pudieran ser considerados como aperturistas, inclinados a jugar la carta descolonizadora como baza, modesta pero eficaz, de transformación del régimen. En lo exterior para realinearlo en la esfera de las relaciones internacionales; en lo interior para predicar las ventajas del sufragio universal .y de los partidos políticos. En todo caso, para jugar el éxito del proceso como carta de prestigio personal en una sucesión, cuya apertura parecía cada vez más próxima. De otro lado y por razones exactamente opuestas, el almirante Carrero y su entorno, de cuyo Ministerio de la Presidencia dependía la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas.

  En este panorama incidían las fuerzas de terceros tanto interiores como exteriores. Aunque Guinea era una carga económica para el Estado, los madereros de Río Muni y los cultivadores españoles de café y cacao en Fernando Poo obtenían notables ventajas de la situación colonial y no regatearon esfuerzos para dificultar la descolonización primero y obtener, cuando ésta ya era irreversible, la secesión de Fernando Poo. A este primer factor de perturbación hay que añadir la intervención de ciertos sectores de oposición al régimen que, en connivencia con los más ultramontanos de éste, trataron de frustrar, no tanto el proceso, como el éxito gubernamental en la conducción del mismo. Por último, yo nunca descarté que algún servicio especial de los países con los que la política de Castiella había creado tensiones innecesarias e imprudentes explotara la situación para desacreditarlo y provocar la crisis, como ocurrió meses después.

  Todos estos elementos gravitaban en torno a la Presidencia del Gobierno como polo opuesto al palacio de Santa Cruz. Personajes cercanos al almirante Carrero tenían conexiones varias, sea con los madereros o con ciertos supuestos elementos de la oposición democrática. Más adelante mencionaré al notario García Trevijano y su intervención en estas cuestiones. Baste ahora relatar un episodio paradigmático.

  Carrero y Castiella no se hablaban, y menos sobre problemas como el de Guinea, en el que mantenían actitudes dispares. Sus relaciones, al menos las que yo conocí, eran por intermediario. Y una tarde de mayo de 1968, Francisco Condomines y yo mismo fuimos al despacho del primero para plantearle, por encargo del segundo, problemas surgidos en el curso de la Conferencia. En un momento dado y poniendo por delante nombres concretos, dije: «Señor vicepresidente, en el círculo de esta casa existen personas que, bajo la protección de V. E., realizan una contrapolítica que podría calificarse perfectamente de traición y que yo considero de lesa patria.» El almirante se demudó y, probablemente, yo también al repensar lo que acababa de decir. « ¿Tiene usted pruebas de lo que afirma?», me preguntó Carrero. «Sí, señor vicepresidente, las tengo y, además, plenamente documentadas.» Yo jugaba de farol a todas luces; pero el vicepresidente del Gobierno hizo un gesto ambiguo con los brazos y espetó: «Usted es muy joven, Herrero. Póngase en la piel de los demás y comprenderá.» Es claro que comprendí.

  La presión de los colonos españoles era especialmente intensa en cuanto al futuro de Fernando Poo se refería. Y efectivamente no faltaban argumentos para apoyar la separación de la isla del resto de Guinea y constituirla, de una u otra manera, en lo que, una información interesada del prestigioso Le Monde, tituló «La Canaria más al Sur». No faltó quien propusiera, ya en 1961, la proclamación del gobernador general español como rey de los bubis y, en pleno proceso de independencia, se pretendió formalmente la vinculación de la isla con España a través de la unión personal en un mismo jefe de Estado.

  Sin embargo, cuando yo llegué a ocuparme de la cuestión, aunque tales posibilidades no dejaban de plantearse por bubis, terratenientes españoles y algunos funcionarios supuestamente bien intencionados, me parecieron siempre de mayor peso los argumentos en pro de la independencia de Guinea como una sola unidad política. Así lo anunció Castiella al inaugurar la segunda fase de la Conferencia Constitucional y serví tal opción con plena convicción de que era la más conveniente a nuestros intereses nacionales.

  Las razones para ello eran varias: Los múltiples actos propios de España y las reiteradas exigencias de la ONU en línea con el respeto a las fronteras coloniales proclamado por la OUA desde 1963, como nueva versión del «uti possidetis». El coste económico que para España tenía la isla y aún lo tendría mayor por sí sola. Los problemas de su defensa militar y el hecho de que la mayoría de la población fuera nigeriana merced a los inmigrantes braceros —cuarenta mil oficialmente, setenta mil en realidad—, que la indolencia de los quince mil bubis y la voracidad de los colonos habían traído a la isla.

  El segundo de los factores de perturbación más atrás señalados lo personificó el señor García Trevijano, exótico personaje que años después consiguió romper con izquierdas y derechas, rupturistas, reformistas e inmovilistas, en los años de la transición. El citado individuo se reunió a partir del 24 de abril con los delegados continentales y, con el apoyo técnico del, después catedrático, don Jorge de Esteban, inspiró la llamada propuesta constitucional «de los veintitrés», destinada a provocar la reacción separatista de los isleños, a potenciar el liderazgo del tristemente célebre Francisco Macías y, en último término, a frustrar el proyecto de Castiella de independencia pacífica y cooperación con España. No sé si es casual que, simultáneamente a las intrigas de García Trevijano, gentes cercanas a Calvo Serer hicieron intentos vanos de atraer en la misma dirección al joven Saturnino Ibongo, la más firme promesa del nacionalismo guineano y hombre de confianza de Ndongo.

  Condomines y yo conocíamos, día a día, tales operaciones e informamos puntualmente a Castiella. Cuando pienso que nuestros adversarios consiguieron torpedear el feliz desenlace de la Conferencia, el 30 de abril, mediante un donativo de 160.000 pesetas hecho al MUNGE —el recibo lo firmó Francisco Salomé Jones— y el compromiso de llegar hasta 500.000 o que José Antonio Nováis conseguía alguna ayuda económica para el propio Macías, no comprendo cómo el Ministerio no utilizó las mismas armas, con calibre mayor y definitivo.

  Meses después, y esto enlaza con el último factor de perturbación más atrás anunciado, se decidieron las elecciones guineanas en favor del candidato Macías mediante la aportación de cinco millones de pesetas, cuyo origen extranjero, del que entonces se habló mucho, ni puedo probarlo ni lo dudo por un momento. La filatelia, en todo caso, compensó sobradamente el gasto electoral.

  El día 19 de abril de 1968 presenté, en lo que creo fue la primera intervención política de mi vida, los puntos básicos de una Constitución para Guinea. Pese a las desconfianzas iniciales, fueron tan entusiásticamente aceptados por los africanos que, a su iniciativa, se nos encargó a Condomines y a mí tomar contacto con delegados de Fernando Poo y Río Muni, primero en conjunto, después separadamente, más tarde juntos de nuevo, hasta formular un proyecto de Constitución que la parte guineana pudiera presentar como propio a la Conferencia.

  Así se hizo, si bien ya en esta fase, fines del mes de abril, una minoría de entre los minoritarios bubis boicoteó el proceso y exigió la independencia separada de la isla, a raíz de una reunión del Comité del Cacao y una cena celebrada el día 25 por sus dirigentes y los señores Watson, Maho, Bosio y Copariate.

  Con todo ello nuestro trabajo avanzó, y a comienzos de mayo existía un borrador de Constitución acordado por la inmensa mayoría de la delegación africana y del que yo era redactor. Se trataba de la elaboración de los puntos por mí expuestos el 19 de abril, resumen, a su vez, del anteproyecto preparado semanas antes y al que ya he hecho referencia.

  Fue entonces cuando se produjo la intervención de García Trevijano, más atrás mencionada. Los técnicos, como se nos llamaba, incluso oficialmente, a Condomines y a mí, conseguimos el 10 de mayo desacreditar plenamente el proyecto «de los veintitrés», con rotundidad que hirió profundamente a García Trevijano, pero que apartó de su férula a la mayoría de los guineanos. El frente se desplazó entonces de lo constitucional a lo político y las fuerzas empeñadas en frustrar el intento de Castiella consiguieron su objetivo. Meses más tarde, Gabriel Cañadas me escribió desde Nueva York con motivo del asesinato de Ndongo por orden dé Macías, lamentándose que nuestra mano hubiera sido demasiado corta para llevar a buen término la empresa en que tanto Castiella, la mayor parte de su equipo, y yo mismo estábamos empeñados.

  En efecto, más allá de la decisión en pro de la descolonización que ya pocos o nadie ponían en duda y de su articulación constitucional, era preciso saber a quién se daba la independencia. Así se había planteado en las menos malas experiencias descolonizadoras y así lo planteé al ministro en informe de 1 de mayo.

  A mi juicio lo inteligente hubiera sido apoyar al nacionalismo de MONALIGE y a sus coaligados naturales, los «fernandinos» de la isla. Las únicas fuerzas políticas con cuadros aceptables, como revelan los nombres de Wilwardo Jones, King, Morgades, Grange, Balboa, Ndongo e Ibongo, con muchos de los cuales hice sincera amistad. Más aún, Condomines y yo nos reunimos por encargo de Castiella con la plana mayor de MONALIGE el 8 de mayo y pactamos una eventual colaboración española con dicho partido a la hora de la campaña electoral, a cambio de una actitud favorable del futuro Gobierno en la cooperación con la exmetrópoli, la salvaguarda de los intereses españoles en Guinea y la línea internacional del nuevo Estado.

  Sin embargo, los plantadores españoles jamás entendieron que su mejor garantía era, una vez decidida la descolonización, entenderse con el nacionalismo, como los franceses habían hecho en Senegal y los británicos en Kenia. Traté de explicárselo a alguno de ellos, por ejemplo a Portabella, y se me rieron en las barbas alegando su confianza en las disensiones tribales que impedirían la estabilidad del gobierno nacionalista, en el prestigio del presidente autonómico Ondo Edu y en las gestiones de la, todavía, en Guinea, omnipotente Presidencia del Gobierno.

  En este departamento las fobias ideológicas del almirante Carrero y de su entorno indujeron a una opción radical contra MONALIGE y en favor de Ondo Edu y de la extraña agrupación de personas y grupúsculos locales y étnicos que era el Movimiento de Unión Nacional (MUNGE). Todo ello llevó a una radicalización en la oposición entre isleños y continentales que, en colaboración con los nacionalistas, habíamos estado a punto de superar y al creciente protagonismo de Francisco Macías, a todas luces un psicópata desalmado, como después la población guineana tuvo ocasión de comprobar.

  El resultado de este deterioro político fue un empantanamiento de la tarea constitucional. La elaboración de un texto desastroso, algunos de cuyos mayores dislates yo conseguí corregir mediante apelación directa a Castiella a mediados de junio, pero que sustancialmente fue sometido a referéndum el día 11 de agosto de 1968. Y, lo que es peor, unas elecciones en las que España no fue neutral, sino pasiva, y algunos españoles, beligerantes.

  Se enfrentaron el candidato oficial apoyado por Presidencia y los intereses madereros, Bonifacio Ondo Edu, Francisco Macías como candidato de una coalición entre MUNGE, el viejo IPGE y una fracción disidente de MONALIGE, y el propio MONALIGE con Atanasio Ndongo a la cabeza. Los dos candidatos más votados el día 22 de septiembre fueron Macías y Ondo y, siguiendo una peligrosa política de catástrofe, Ndongo dio al primero sus votos en una segunda vuelta el día 29 del mismo mes. Macías fue proclamado presidente ante la sorpresa de los españoles todos, gobernantes y colonos.

  La influencia de Trevijano en Guinea fue a continuación decisiva, y la ejecución de la política española, desastrosa. Al decir de mis amigos, nuestra representación pasaba del protocolo de escuela a la política del cañonero, y nuestros representantes en Naciones Unidas no se dignaban prestar su coche en día de lluvia al nuevo delegado guineano, al que, sin embargo, entregaban abiertos los despachos que recibía vía Madrid. La crisis con España estalló en enero de 1969. Yo estuve plenamente apartado de los últimos trámites del proceso de independencia y solamente en enero de 1969 volví a tener noticias directas de Ndongo e Ibongo. El día 30 de enero me citaron en su hotel, el Palace, para pedirme un asesor jurídico que se trasladara con ellos a Guinea, función para la cual propuse a mi buen amigo Julio González Campos, después magistrado del tribunal Constitucional, quien aceptó encantado, pero, felizmente, no llegó a embarcarse en la aventura. Un mes después, en otra reunión secreta el día 28 de febrero, me comunicaron que proyectaban la incapacitación de Macías y la formación de un gobierno de salvación nacional. Para ello pidieron y obtuvieron mi colaboración y en mi casa se ajustaron proclamas y calendarios. Todo lo comuniqué, por una no sé si excesiva fidelidad funcionarial y, más aún, nacional, al ministro Castiella, a través de su jefe de gabinete Marcelino Oreja la tarde del mismo día 28. Lo demás es sabido. Macías, alertado, se recluyó en Bata. Incomprensiblemente, Ndongo, Ibongo y algún otro conjurado, en lugar de esperarle en Santa Isabel como habíamos acordado, fueron al continente tratando de detenerlo. Ndongo fue arrojado por el balcón y apaleado en la calle hasta morir. Ibongo y Balboa fueron asesinados en prisión. Guinea se hundió en sangre y oscuridad. Un relevante ministro del Gobierno comentó, feliz, que la crisis ya estaba hecha y el cese y sucesión de Castiella garantizados.

  (1) Cf. "Autoctonía constitucional y poder constituyente", Revista de Estudios Políticos 169-170, 1970, pags. 29 y ss.

  (2) Cf. "Nacionalismo y constitucionalismo", Tecnos, Madrid, 1971, páginas 234 y ss



  (*)  Miguel Herrero de Miñón (Madrid, 1940) participó como técnico en la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional. En sus Memorias de estío, publicadas por Ediciones Temas de Hoy en 1993, dedica unas páginas (de la 28 a la 39) poco numerosas, pero muy interesantes, a los temas relacionados con aquella experiencia y con la política española del momento hacia Guinea Ecuatorial.

Fuente ASODEGE

[Invitado_Guest_*]

TODA LA VERDAD. MI INTERVENCIÓN EN GUINEA

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

Ediciones Dronte 1977
ISBN 84.366.0090.8



CARTA A LA OPINIÓN PÚBLICA


Durante cerca de cuarenta años no hemos podido conocer la verdad sobre aquellos asuntos patrimoniales y financieros del Estado que han levantado serias sospechas de corrupción, ni cómo se han enriquecido tantos y tantos prohombres del franquismo.
Ahora, cuando los órganos informativos gozan de mayores libertades de expresión, cuando la opinión pública espera de ellos que desvelen las ideas y las posiciones políticas de los distintos grupos del Régimen y de la oposición, y la personalidad de sus dirigentes, y cuando más crítica es la situación política de España ante su futuro, se organiza una gran campaña de difamación sobre mi personalidad política.
¿Quién la organiza? ¿Para qué? ¿Por qué en este preciso momento? ¿Con qué tipo de acusaciones? ¿Sobre qué fundamentos objetivos? Todos esos interrogantes, sin cuya contestación no puede haber opinión objetiva, ni siquiera han sido planteados por los medios periodísticos que desencadenaron esta campaña y que ahora la alimentan.
Se diría que la libertad de prensa para estos medios, que han podido vivir y prosperar sin ella durante el tiempo histórico de dos generaciones, consiste en abrir libremente sus espacios informativos a la injuria ya la calumnia indocumentadas, sin la más. mínima precaución acerca de la verosimilitud o probabilidad de los hechos afirmados. La imparcialidad les parece asegurada dando oportunidad (en el mejor de los casos) al injuriado para que se defienda. como si esto fuese imparcialidad!
La prensa no puede convertirse en Tribunal de justicia. La publicación de una acusación privada contra el honor de una persona, a causa de la publicidad Y difusión que lleva consigo, la deshonra inexorablemente. El derecho de réplica no puede retirar ya la imagen creada en torno a quien se ve envuelto en el escándalo. Pero en mi caso particular estos medios informativos no han funcionado ni como un juez, quien antes de admitir una denuncia o querella privada, consciente del daño que el solo hecho de su admisión puede ocasionar a la persona "tal vez» inocente, realiza un serio y debatido trabajo de investigación y, sólo cuando encuentra "indicios racionales» de verosimilitud, la admite.
En los paises occidentales que no han perdido el uso de las libertades formales durante largo tiempo, como ha ocurrido en España, no puede suceder lo que aquí está pasando: que el ansia por desvelar la corrupción, y la inexperiencia de la libertad, hagan caer a periodistas de buena fe en las trampas que le tienden los maniobreros profesionales de la política.
La prensa no ha informado a la opinión pública sobre mi actuación en Guinea ecuatorial. Tampoco me ha juzgado. Simplemente, y salvo honrosas excepciones, se ha prestado a servir de instrumento, muchas veces inconsciente, a la maquinación de un partido que, incapaz de mantener una dialéctica leal con las ideas de unidad que sostengo, acude a la difamación personal para eliminar el obstáculo político.
Determinados órganos de expresión pretenden ahora salvar su buena conciencia profesional invitándome a que me defienda. Es decir, invitándome a que cometa la indignidad de aceptar el procedimiento y el juicio previo (prejuicio), que los responsables de estos órganos informativos se han permitido hacer contra mí, al autorizar sin más la publicación gratuita de una falsa denuncia. No; ni acepto estas reglas de juego trucada, ni esta libertad de "deformación”.
Sin embargo, soy muy consciente de mis deberes ante la opinión pública y, como hombre político, no puedo limitarme a responder con el desdén.
A todos los órganos de expresión y a todas las personas privadas que me han insultado, sin excepción alguna, los llevaré ante los Tribunales.


Muy pronto, cuando pase el fragor de esta “maquinación política”, informaré a la opinión pública sobre la verdad objetiva de todas y cada una de las falsas acusaciones que se me han hecho. No para probar mi inocencia, ya que no se me acusa de ningún delito específico, sino para demostrar que mi actuación en Guinea no puede ser más que motivo de orgullo y satisfacción para todo ciudadano que sea patriota honrado, demócrata y progresista.»
El día 15 de noviembre, el encargado de Negocios de la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en España entregó a la prensa una declaración oficial de su Gobierno que tampoco fue reproducida en su totalidad. Por ello, incluyo ahora esta declaración oficial en este libro.
El pasado día 23 de noviembre celebré una conferencia de prensa en Madrid para dar a la opinión pública la información que le había prometido en la carta- transcrita. Asistieron a esta conferencia cerca de un centenar de periodistas. A todos ellos les entregué un informe-documento que demuestra, de forma auténtica e incontestable, no sólo la falsedad de todo lo que se ha escrito sobre mí acción en Guinea, sino además la maquinación política, el amaño y el fraude a que obedece esta inmoral campaña de difamación.
Pues bien, los medios informativos no se han dignado publicar las pruebas objetivas que les he brindado para que se conozca públicamente la verdad. Por ello me veo obligado a suspender otra conferencia de prensa que había previsto celebrar en Barcelona, y a publicar, en este librodocumento, la que celebré en Madrid.
No se trata, con esta publicación, de ofrecer al lector mi versión personal de los acontecimientos que condujeron a la independencia de Guinea y a sus posteriores vicisitudes. Este tema lo desarrollaré en un libro que se publicará tan pronto como el clima de libertad en España se haya consolidado. Es en esa próxima publicación donde abordaré los verdaderos problemas que planteó la descolonización de Guinea, tanto en el contexto internacional de los paises del mundo afroasiático, como en el contexto nacional del colonialismo español. Y dentro de esta perspectiva política y económica se comprenderá el drama y la comedia que ha sufrido Guinea. Los personajes fundamentales del drama fueron: del lado español, el almirante Carrera Blanco, el ministro Castiella y el embajador Durán; y, del lado guineano, el antiguo presidente del Gobierno Autónomo, Bonifacio Ondó; el primer ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio N' Dongo; el hombre de confianza del Ministerio de Asuntos Exteriores español y periodista par la Universidad de Navarra, Saturnino Ibongo, el primer vicepresidente del Gobierno, Edmundo Bosio, y el actual presidente de la República, Francisco Macías. Los personajes de la comedia fueron los españoles Paesa, Armijo, Novais y Mariano Robles; la súbdita alemana señora Pleuger; los norteamericanos Allotey, y algunos otros más, que complicaron el prestigio de la naciente República para camuflar sus “hazañas mercantiles”.
Lo que ofrezco ahora, en este libro-documento, no es más que la prueba histórica sobre la verdad objetiva de mi intervención en los asuntos de Guinea. Se intenta silenciar esta verdad para que mis posiciones contra la política de reforma, y a favor de una alternativa pacífica, capaz de democratizar el poder político que controla al Estado, al ser envueltas en la difamación personal desencadenada, no tengan eco ante la opinión pública.
Durante el transcurso de los últimos ocho años, por no referirme sino a lo más reciente, he sufrido cuatro procesos, un encarcelamiento de tres meses, un alevoso atentado que me produjo serias lesiones, dos multas gubernativas, una importante multa fiscal, cuatro años sin pasaporte, la prohibición de todos los actos donde trataba de expresar mis ideas políticas, constantes amenazas, y, lo que es aún más grave, tres campañas de difamación pública contra la sinceridad y coherencia del sentido democrático y liberal de mi acción política.
Otros han pagado con la muerte, o con largo tiempo de prisión, el precio de la libertad para los demás. No dramatizo pues mis vicisitudes, aunque sean grandes los peligros que entraña la empresa de afrontar, desde una posición personal independiente, la negación y el desenmascaramiento de los valores sociales que han conformado a la sociedad española durante estos cuarenta años y que, desaparecida la dictadura que los consagró, continúan hoy impregnando de falsedad a la vida política oficial, como también, hay que reconocerlo, de una irresponsable artificialidad a ciertos partidos políticos de la oposición convencional.
La conciencia, los hábitos y opiniones de la mayor parte de los hombres se alimentan de las convenciones creadas por un determinado consenso social. Invertir este proceso, consultar la propia experiencia y recurrir al propio juicio, contradiciendo a los que están de moda, parecerá a muchos audaz y fútil, pero el cambio de un consenso social autoritario por otro de carácter liberal es imposible sin la concurrencia de una innovación política capaz de sugerir nuevos convencionalismos democráticos.
Soy muy consciente de los riesgos que asumo por resistirme a admitir la convencional separación entre la moralidad, normalmente exigida, en los asuntos privados y la amoralidad, normalmente aceptada, en los asuntos políticos. Por ser un demócrata resuelto ha caído sobre mí, como sobre tantos otros, la represión del autoritarismo; por querer ser un político íntegro, e innovador, atraigo, como tal vez ningún otro, los dardos de la difamación, que los poderes establecidos necesitan lanzar, contra quienes intentan realizar un ideal de vida colectiva superior, para poder permanecer en la autocomplacencia de su estéril mediocridad política. Con la represión el poder elimina físicamente a su adversario, pero no a la idea política por la que éste se sacrifica. Con la difamación, en cambio, se busca más la eliminación de la credibilidad pública en la causa que sostiene el difamado, que la propia eliminación de su persona.
El Ministerio de Asuntos Exteriores me quiso descalificar moralmente en 1968 para que no se supiera que la Independencia de Guinea Ecuatorial fue subordinada a los intereses particulares de los colonialistas españoles, y para que la opinión pública no creyera, como proyecto realizable, en la causa de la descolonización responsable que yo sostenía.
El Ministerio de Información Y Turismo me quiso descalificar moralmente en 1972 para que no supiera que el periódico Madrid fue cancelado exclusivamente por razones políticas; y para que la opinión pública no creyera, como proyecto realizable, en la causa de la defensa. a ultranza de la legalidad y del derecho que yo sostenía.
La dirección del PSOE me intenta descalificar moralmente, ahora en 1976, para que no se sepa su posición antiunitaria frente a las reivindicaciones específicas de los organismos democráticos de las nacionalidades y regiones, y para que la opinión pública no crea, como proyecto realizable, en la causa de la democratización del Estado y el poder político que yo sostengo.
Las tres campañas de difamación pública de que he sido objeto, basadas sobre estos tres sucesivos intentos de descalificación de mi personalidad moral, han tenido la misma génesis y el mismo montaje técnico. Primeramente se intenta paralizar la acción política que emprendo mediante la descalificación de mi competencia profesional, ante quienes me otorgan su confianza. Cuando se hace evidente la imposibilidad de que esta descalificación intelectual pueda prosperar se recurre a mi descalificación moral por medio de un lacayo acusador que fabrica y proporciona la prueba de "convicción". Enseguida una autoridad oficial del Estado, o de la oposición establecida, cubriendo la falta de credibilidad social del lacayo, asume públicamente la acusación.
Finalmente la parte de la prensa que en cada ocasión ha estado al servicio de la autoridad que me descalifica, o al de los intereses políticos que ella representa, o al servicio comercial del sensacionalismo, hace el resto. Veamos el rigor con que se produce este proceso en cada una de las tres campañas de difamación organizadas contra mi personalidad política.


1968. MI INTERVENCIÓN EN LA CONFERENCIA CONSTITUCIONAL PARA LA INDEPENDENCIA DE GUINEA.

El día 17 de Abril, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Castiella, inaugura la segunda fase de la Conferencia Constitucional con un discurso, en el que dice: "Al finalizar las reuniones de esta Conferencia y una vez que ustedes hayan podido llegar a un acuerdo sobre el texto de la Constitución y de la ley electoral, ambos documentos deberán ser sometidos a una consulta popular" .
El día 19 de Abril, Don Miguel Herrero de Miñón, como asesor constitucional designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, presenta a la Delegación guineana unos "Puntos básicos para un borrador de Constitución" diciendo que "no se quiera convertirse en un acto del legislador español sino en un acto del constituyente guineano, que sería siempre el pueblo de Guinea, a partir de la decisión que sus líderes y representantes políticos adopten, reunidos en esta Conferencia.
El día 10 de Mayo, y declarado ya Secreto oficial los trabajos de la Conferencia, la mayoría absoluta de la Delegación guineana (23 miembros sobre un total de 44), asesorada constitucionalmente por mí, presenta un escrito haciendo constar que el proyecto de Constitución redactado por los técnicos designados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, señores Herrero y Condomines, ha sido rechazado por 33 miembros de la Delegación guineana; que el proyecto presentado por 10 miembros de Fernando Poó, por ser de. carácter separatista, debe ser también rechazado; y que el único proyecto de Constitución viable es el presentado con el aval de los 23 firmantes. (Documento núm. 1).
En la sesión siguiente de la Conferencia (día 13 de Mayo), la Delegación española rechaza el proyecto de constitución presentado por la mayoría absoluta de la representación guineana, en base al dictamen que sobre ella han elaborado los técnicos gubernamentales. Los señores Herrero y Condomines lo consideran inadmisible a causa de la incompetencia profesional de quien lo ha redactado, es decir, de García- Trevijano, a quien dedican el siguiente párrafo: "el Comité técnico cree su deber hacer constar que, por haber tenido el honor de trabajar en íntimo contacto con la Delegación guineana y habiendo podido apreciar la preparación técnica de muchos de sus miembros, y el buen sentido político de la totalidad de ellos, manifiesta su asombro por la redacción del actual proyecto y se resiste a creer que proceda realmente de los Delegados de Guinea. El Comité técnico -"Sugiere que -una Comisión de expertos en Gramática Castellana en Lógica, en Teoría General del Derecho y en Derecho Público dictamine sobre si el proyecto constitucional comentado reúne las mínimas condiciones de- rigor lingüístico y racional para hacerlo inteligible y poder tomarlo como base de cualquier discusión; a simple título de ejemplo, el Comité técnico quiere señalar la formulación simplemente absurda de los Art. 1°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 13º, 15°, 22°, 23°, y 31º. En algunos de estos casos las disposiciones contenidas en el proyecto dictaminado son lógicamente contradictorias . . . Se refieren a una categoría desconocida por la ciencia política y por el Derecho comparado, como es la democracia inmediata a través de elección indirecta o el llamado Plan de Acomodo Territorial. Los expertos informantes han tropezado con graves dificultades para poder emitir un notable esfuerzo de interpretación, han llegado a la conclusión de que la mayoría de los artículos del mismo contienen fórmulas improcedentes (Art. 2°, 3°, 27°, 37°,40°, Disposiciones transitorias 1, 2 y 7), exóticas. . . En aquellos casos en que el proyecto dictaminado alcanza niveles de expresión que le hacen parcialmente inteligible, el Comité técnico señala el carácter nocivo de algunas de sus instituciones". (Documento núm. 2).
A partir de este momento la mayoría de la Delegación guineana pierde su confianza en el Gobierno español y solicita, dentro de la Conferencia, que expertos de la ONU dictaminen sobre la validez de su proyecto constitucional. La Delegación española intenta romper esta mayoría por todos los medios. Pero esto no hace sino acrecentar la cohesión y la fuerza de los 23 que están dispuestos a abandonar la Conferencia. Sólo la confianza que les inspira mi asesoramiento técnico y mis consejos de no abandonar el cuadro legal de la Conferencia los retiene.

Con el consentimiento de esta mayoría me decido entonces a enviar un informe al Sr. Carrero Blanco -a quien no conocí- por medio del entonces Ministro de Comercio, Sr. García Moncó. En este informe dije: "Prescindiendo de mi ambición, como jurista, de poder contribuir a la creación de una Constitución realmente africana y moderna, y de mi orgullo, como español, de que esta creación sea una genuina aportación de la cultura española, los motivos de orden político que me han empujado a ocuparme de la Constitución de Guinea han sido los siguientes:
1.- Procurar unas nuevas relaciones, sinceras y profundas, entre el pueblo español y el pueblo guineano, de orden político, económico y cultural.
2.- Procurar la continuidad del orden existente en Guinea durante el período de organización del nuevo Estado independiente, para que la brusquedad política del salto a la independencia se lleve a cabo en un clima de confianza y de serenidad.
3.- Procurar la formación de una conciencia nacional guineana que supere las actuales tendencias tribalistas y separatistas.
4.- Procurar la creación de un marco político y jurídico que facilite el desarrollo económico y social del pueblo guineano.
Para conseguir el primer objetivo, la condición básica es que la independencia se produzca de una manera sincera, leal y generosa por parte del Gobierno español. Toda confusión o todo equívoco en este aspecto no puede más que perjudicar las futuras relaciones entre ambos pueblos y, por supuesto, sus respectivos intereses actuales.
Para conseguir el segundo objetivo, la condición básica está en la confianza y en el convencimiento de la delegación guineana de que la iniciativa constitucional está en sus manos. La creencia o el temor de que la iniciativa constitucional del Gobierno español es un recurso técnico para perpetuar la actual situación de dependencia, les empujará a la destrucción del orden existente.
Para conseguir el tercer objetivo, la condición básica está en una Constitución que no teniendo la hipocresía de ignorar las diferencias tribales, ni tampoco el cinismo de pretender aumentarlas, garantice a las minorías étnicas su derecho a participar en la construcción nacional del Estado.
Para conseguir el cuarto objetivo, la condición básica está en una Constitución que facilite la eficacia de un Gobierno fuerte dentro de una sociedad libre y democrática, y que dificulte el nacimiento de los tres grandes obstáculos contra el desarrollo: las dictaduras ideológicas, el partidismo político y la centralización burocrática. "(Diario Pueblo, 19
Cuando la Delegación española comprende que es inútil su intento de dividir a esta mayoría guineana, decide clausurar la Conferencia imponiendo un texto constitucional y una ley electoral sin someterlos a la aprobación de la Delegación guineana. El Secreto oficial oculta ante la opinión pública española la realidad de lo sucedido en la Conferencia. Pero el asunto ha trascendido a la ONU, por los telegramas enviados por esta mayoría de los 23 al Secretario General y al Comité de los veinticuatro, y a la opinión internacional, por las informaciones correctas aparecidas en Le Monde y en el New York Times. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene pues que defender el prestigio internacional del Gobierno. Veamos como lo hace.
Clausurada la Conferencia se convoca en el Ministerio de Asuntos Exteriores a Saturnino Ibongo, Atanasio N'Dongo y a un secuaz de estos, Armando Núñez de Balboa Dougan, que no era miembro de la Delegación guineana y que por tanto no tomó parte en la Conferencia. En esta reunión se les pide que atrasen su retorno a Guinea porque se les necesita para que defiendan en la ONU, tanto la corrección observada por la Delegación española en el desarrollo de los trabajos de la Conferencia, como el carácter negociado y acordado del texto constitucional, y para que expliquen los telegramas y protestas del Secretariado Conjunto guineano como un lamentable soborno a un grupito de guineanos. Armando Núñez de Balboa, que ya tenía prevista su salida para Guinea, escribe una cariñosa carta a su esposa, en la que habla de los "zapatitos" que ha comprado para su hijo, relatando la reunión que ha tenido en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la misión que se les ha confiado.


El día 8 de Julio comparecen en las Naciones Unidas, ante el Comité de descolonización, Atanasio N'Dongo, Saturnino Ibongo y Armando Núñez de Balboa, manifestando que "por parte del Gobierno español no hubo ningún obstáculo" y que "las complicaciones surgieron por otra parte. No era sólo aquel pequeño grupo de cinco guineanos, sino quien estaba detrás. Alguien que les escribía las intervenciones obstruccionistas en un impecable castellano jurídico, y que les pagaba indefinidamente la estancia en Madrid". Los objetivos de este alguien en la sombra fueron expuestos así:
a) "Crear problemas al Gobierno español impidiendo una descolonización normal de Guinea. y dejándole en mala postura internacional".
b) "Representar a los grupos económicos internacionales que tienen interés en entrar en Guinea en cuanto se haga independiente".
La prueba de "convicción" estuvo constituida por las siguientes declaraciones: "Exactamente el 26 de Mayo pasado nos citaron en el Paseo de la Castellana 106, a un grupo de Guineanos participantes en la Conferencia Constitucional para ponernos sobre la mesa 216.000 pesetas, con objeto de que boicoteásemos la Conferencia” (Diario Pueblo, día 9 de Julio de 1968).
El día 10 de Julio, el Diario Pueblo publica otra crónica de su corresponsal en Nueva York, en la que Atanasio N'Dongo y Saturnino Ibongo después de referirse al "juego- siempre limpio" y "al apoyo moral profundo e ininterrumpido" del Sr. Castiella, después de ratificar la cantidad el domicilio citado ante el Comité de los veinticuatro el día anterior, como prueba del intento de soborno de que habían sido objeto, añaden: "Sospechamos que son grupos de españoles descontentos con su gobierno, que no quieren que este se apunte el tanto de la descolonización de Guinea, y, por otra parte son agentes de compañías internacionales que intentan introducirse en el territorio en cuanto éste consiga la independencia".
El día 11 de Julio, el Diario Pueblo publica una Aclaración en la que dice: "se nos ha hecho notar que el mencionado notario no está en activo, sino excedente y que solamente a título de abogado es como debe haber tomado parte".
El día 13 de Julio, el Diario "La Voz de Albacete" publica con grandes titulares en primera página una entrevista con Armando Núñez de Balboa, celebrada en el Hotel Sace de Madrid, propiedad de Bergaz Santos, concesionario en Guinea de la explotación forestal "Garitorenza", en la que dice: "El día 26 de Mayo unos señores me pusieron el dinero sobre la mesa. Fue en un edificio del Paseo de la Castellana y concretamente fueron un millón veinticinco mil pesetas. Se trata de un letrado que reside en Madrid". Estas declaraciones, distribuidas por Pyresa, fueron reproducidas el día 14 de Julio en todos los periódicos del Movimiento, y el día 15 en el periódico Informaciones.
El día 17 de Julio, el Ministro Castiella se duele ante los corresponsales españoles en Nueva York de "las fuerzas sórdidas" que han intervenido al margen de la actuación del Gobierno, con el resultado de dejar en mala postura internacional a España, publicándose este comentario en casi todos los periódicos españoles. Con esta declaración la autoridad oficial del Ministro cubre la irresponsable denuncia de sus protegidos. La campaña de difamación está oficialmente autorizada.
El mismo día 17 aparece por primera vez el nombre de García- Trevijano en la crónica que publica el diario Informaciones de su corresponsal en Nueva York, Castillo Puche.
A partir del día 19 de Julio, en el que el Diario Pueblo publica la carta que dirigí a su Director, Emilio Romero, este periódico, y toda la prensa del Movimiento, difundes los más graves epítetos contra mí: "buitre del capitalismo", "turbias maniobras", "intento de soborno", "agente de compañías internacionales", "conducta indeseable desde todos los puntos de vista", "facilitar dinero para difamar a España ante la ONU.., etc..


El Juzgado de Orden Público, a instancias del Ministerio Fiscal, inicia unas diligencias para comprobar la veracidad de mi actuación. Ante el Juzgado pruebo documentalmente dos hechos: a) que antes de comenzar la Conferencia Constitucional comuniqué al Sr. Castiella, en presencia de los diplomáticos Emilio Martín y Adolfo Martín-Gamero, mi decisión de asesorar a la Delegación guineana, ante lo cual el Sr. Ministro me felicita por ser mi criterio coincidente con el del Ministerio y contrario a la separación de Fernando Poó, que propugna la Presidencia del Gobierno; b) que aparte de 200.000 pesetas entregadas a Justino Mba a finales de 1967 para ayudar a los gastos de viaje de la Delegación guineana que había de venir a Madrid a la segunda fase de la Conferencia, sólo me había limitado a pagar facturas de los hoteles donde residían los guineanos, integrados en el Secretariado Conjunto, por un importe total algo inferior a 700.000 pesetas. En los recibos que aporto se demuestra que esta ayuda la hago por mi identificación política con la causa de la descolonización del pueblo guineano. El único que nunca me solicitó ayuda económica fue el Sr. Macías que se pagó todos sus gastos de estancia y de viaje con los ahorros que había realizado para esta eventualidad. Las diligencias, incoadas son sobreseídas sin llegar a dictarse auto de procesamiento.
Los intentos que hago ante los Tribunales de justicia y ante eL Ministerio de Información y Turismo para procesar judicialmente, o incoar expediente administrativo, a Emilio Romero se estrenan contra la inmunidad política de que goza éste, y contra la sistemática inaplicación de la Ley de Prensa por parte de su autor, el Sr. Fraga.
El resultado es que hasta hoy no he tenido la ocasión legal de demostrar públicamente no sólo la falsedad total de aquella campaña de difamación, sino lo que es aún más grave: que fue una maquinación política inspirada y dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y no por la Presidencia del Gobierno, como algunos círculos de la oposición sospecharon,
La prueba documental que exhibo ahora ante la opinión española para demostrar de forma inequívoca una afirmación tan grave como la que acabo de formular, es la fotocopia de los folios números 7, 8, 9 Y 24 del Acta oficial de la décima sesión plenaria de la Conferencia Constitucional, con membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de cuyo contenido da fe Don Joaquín Castillo Moreno, Marqués de Castro de Torres.
En dicha sesión, celebrada el día 17 de Mayo, el hombre de confianza del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha dicho ante la ONU que el día 26 de Mayo ha sufrido un intento de soborno en mi despacho de Castellana 106, declara que no me conoce, que le han dicho que entregué un millón veinticinco mil pesetas a los grupos que representan al Monalige, (en la ONU dijo 216.000), que le parece bien que dé dinero si lo hago por razones económicas o comerciales, como él lo recibe del Sindicato colonialista de la Madera, pero lo que no puede consentir es que preste ayuda económica por motivos políticos. (Documento núm. 3).
El Sr. Castiella, a sabiendas de que yo no conocía a su lacayo Atanasio N'Dongo, a sabiendas de que Núñez de Balboa no tomó parte en la Conferencia Constitucional, cubre las difamaciones que lanzaron sobre mí 'con una hipócrita condolencia sobre las fuerzas "sórdidas" que habían actuado al margen del Gobierno. Con este documento que aporto ahora nadie de buena fe, que quiera y busque la verdad, puede dudar que la "sordidez" solamente estuvo en el Sr. Castiella. El Secreto oficial decretado sobre Guinea antes de su Independencia permitió esta brutal violación de la verdad.