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El Parlamento de Cataluña se acaba de aprobar, con el respaldo de los socialistas y de los nacionalistas y con el voto en contra del PP y Ciudadanos, la nueva Ley de Educación de Cataluña, en la que se blinda la imposición del catalán como única lengua posible en la enseñanza. Se eleva así a rango de ley lo que no es sino una práctica contra la libertad que desde hace décadas se lleva a cabo en Cataluña para mayor gloria de su "construcción nacional". La Generalitat ya venía incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que exigían, en concordancia de la Ley de Política Lingüística de 1999, la oferta de la educación en castellano para la enseñanza infantil y primaria. La nueva ley aprobada este miércoles lo que hace, en este sentido, es dar cobertura jurídica a las conculcaciones de unos derechos que en Cataluña ya se venían sucediendo de facto.

Ahora bien, el único aspecto positivo de esta nueva normativa y contra el que curiosamente se han opuesto los sindicatos de docentes catalanistas, es el mayor poder que otorga a las direcciones y la mayor autonomía de los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales. Por el contrario no hubo oposición alguna contra la menor autonomía de los padres para decidir qué centro de enseñanza quieren para sus hijos y lo que es más prioritario todavía, la libertad de los padres para elegir en qué lengua aprenden sus hijos.

Resulta pues delirante que en una parte de España no se pueda ya legalmente estudiar en español, siendo el castellano la lengua materna de más de la mitad de los catalanes y una de las lenguas más habladas del planeta. Además de una aberración pedagógica, representa por encima de todo una fragrante vulneración de los derechos individuales de los catalanes y un claro atentado a la Constitución.

Zejas con tal de mantenerse en la poltrona, apoya esta normativa que fractura nuestra nación como Estado de Derecho y muestra el envilecimiento de un gobierno que actúa por no desairar a sus aliados nacional-socialistas. Prueba de ello son las declaraciones al diario La Razón, de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas en las que se puede traslucir que desconoce la sociedad en la que vive y la opinión de sus conciudadanos. Al considerar que la sentencia sobre el Estatuto "debería satisfacer a todos" porque "será la sentencia que demanda la Constitución" y ésta "es la norma que nos hemos dado libremente", son ganas de hacerse pasar por ingenua y pretender ignorar el hecho de que en este asunto existen básicamente dos posiciones encontradas e irreconciliables entre los que consideran que España es una nación y los que consideran que se trata de un contenedor de naciones.

Poco importa ya que en España haya una supuesta Ley de leyes que preserva los derechos individuales de los ciudadanos y que proclama el derecho y el deber de todos los españoles a usar y conocer el español. Menos que exista un Tribunal Constitucional que supuestamente vele para que una ley de rango inferior –como es, o debería ser, toda ley autonómica–, no vulnere los preceptos de la Carta Magna. Aquí no pasa absolutamente nada y si la independencia de Cataluña se ejercita de hecho, a este paso sólo es cuestión de tiempo que también se proclame de derecho como en año 1934.

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