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Lo de Rosa Diez ayer en el parlamento me pareció una lección magistral sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos, lastima que nuestros parlamentarios hayan tomado como norma de conducta el absentismo laboral (ojalá la extendieran a la hora de cobrar a final de mes..). La lección, no pudo ser replicada por parte de nacionalistas y socialistas, más que con insultos, burdas descalificaciones o simples negaciones de la realidad.

Esta valiente mujer, puso de manifiesto desde el primer momento que la suya no era la defensa de lengua alguna –incluida la castellana o española–, sino una defensa de los únicos que pueden ser titulares de derechos: los ciudadanos. Ciertamente, y a diferencia de lo que sostienen los nacionalistas de todos los colores y tamaños, las lenguas no tienen derechos, los tienen las personas. Y las discriminaciones que sufren los castellanohablantes en muchas partes de España suponen una violación de derechos civiles elementales, que apenas tiene parangón en ningún otro país democrático.

Así, la diputada desempolvo "una realidad contrastada" como son decretos, normativas, pasquines y otros "legajos" autonómicos, que demuestran las discriminaciones que sufren miles de ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que educan a sus hijos en el sistema público o concertado; o las que padecen profesionales bien formados a la hora de acceder a cargos en la función pública que no requieren del conocimiento de la lengua cooficial para el perfecto desempeño de su función; o de las que soportan los ciudadanos que osan dirigirse a la Administración en la lengua común; o de las que sufren en sus comercios privados y en sus empresas quienes deciden utilizar exclusivamente la lengua común española.

Los nacionalistas, por su parte y como era de esperar, acusaron sin prueba alguna a Rosa Díez de "manipular" y "mentir", de "adulterar la convivencia para arañar un puñado de votos", y de otras lindezas a que estamos acostumbrados, como las que también le dirigió el representante socialista, quien la ha acusado de "mantener prácticas de la concepción imperial de España". A todos ellos les replicó Dña. Rosa Díez, no ya con argumentos, sino con elocuentes ejemplos de artículos extraídos de las normativas de "normalización lingüística" de Cataluña, Pais Vasco o Galicia.

Los representantes del PP, por su parte, han sido fieles a los principios que tradicionalmente ha venido sustentando este partido y, esta vez…, esta vez sí, han respaldado la proposición de Dña Rosa. Sin embargo, parece increíble la pérdida de pulso de esta formación a la hora de tomar iniciativas en este terreno y, sobre todo, el absentismo de muchos de sus diputados.

Una prueba tangible de lo esgrimido por Dña Rosa, sin tener que ir muy lejos, es que la empresa privada Promedios, adjudicataria única de las campañas publicitarias de Transports Metropolitans de Barcelona (¿será legal este contubernio?), ha censurado la más reciente campaña de información de Asociación por la Tolerancia, pionera en la defensa del bilingüismo en Cataluña, la cual había contratado los servicios de Promedios a través de Publidinámica, otra empresa de gestión con sede en Madrid (¡ay, con Madrit hemos topao!), para que los autobuses de la línea 32 de Barcelona exhibieran a su paso por algunos barrios de la ciudad tradicionalmente poblados por charnegos, el cartel "Sí, puedes elegir".

La censura parece ser se produjo, a la vista de la extrema peligrosidad de la campaña de la Tolerancia, cuya intención de sus promotores, era nada menos que dar a conocer una reciente sentencia del Tribunal Supremo ( de 12/12/2008) ratificando otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (de 14/09/2004). Este órgano local había fallado, hace más de cuatro años, a favor de una demanda de Convivencia Cívica Catalana, mediante la que se denunciaba que la Generalitat incumple el requisito de incluir en los impresos de preinscripción para los cursos de educación infantil y primaria en colegios públicos catalanes, la casilla correspondiente a la lengua habitual y de escolarización preferente de los menores de ocho años cuando dicha lengua es el castellano.

En claro y cristiano (o ateo, me da igual): las autoridades catalanas deniegan a los ciudadanos catalanes el derecho a manifestar el deseo que sus hijos reciban su primera enseñanza también en castellano. Una lengua, cuántas veces habrá que recordarlo, que en Cataluña es tan oficial como el catalán. La vigente Ley de Política Lingüística de 1998 no deja lugar a dudas sobre el reconocimiento de ese derecho, plasmado en su artículo 21.2: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano".

A pesar de que la misma norma traslada explícitamente la obligación de garantizar ese derecho a la Administración, el Departamento de Educación de la Generalitat se ha negado a cumplirla hasta la fecha. Empiezo a comprender el porque los mismos que no vieron intención ofensiva alguna en el lema publicitario de los llamados autobuses "ateos y contraateos", hayan reaccionado en su linea y con contundencia, porque ¡menuda es la "provocasio"! ¿Cómo es eso de que los catalanes puedan libremente elegir lo que autorizan las leyes?

Contrymanes del nacional-socialismo al absolutismo solo hay un paso, espero no me censure esta entrada.