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La que se nos está preparando para septiembre es buena, hace unos dias el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha efectuado unas declaraciones en las que venía a abogar porque el Tribunal Constitucional convalide el estatuto de Cataluña, argumentando que lleva aplicándose más de dos años sin que ello haya causado ningún problema. Por lo que se ve, al ministro de Justicia español no le parece que sea un problema el que se lleve dos años violentando los derechos individuales de los catalanes, y de todos los ciudadanos españoles, en materia lingüística o de educación. Como tampoco le parece un problema que se vacíe de contenido la Constitución española al consagrar las relaciones bilaterales entre la nación Catalana y España, como ya esta haciendo Cataluña con otros países. Vamos, que al ministro de Justicia le parece de perlas el que con una norma de rango inferior se enmiende la Constitución por la vía de los hechos consumados.

Si las tomamos aisladamente, las declaraciones de Caamaño resultan sencillamente incomprensibles, por cuanto el ministro de Justicia está conscientemente incumpliendo una de las obligaciones cuando realizó la toma de su cargo, que es velar porque las leyes, y en particular la principal de todas, la Constitución, se respeten y se cumplan.

En paralelo, asistimos a una sucesión de declaraciones destinadas a vender entre la opinión pública la idea de que la Constitución lo admite todo, incluido ese estatuto catalán que la pervierte. Así, a las declaraciones del ministro Caamaño hemos de sumar las del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, que afirmaba hace pocos días que la sentencia del Constitucional sobre el estatuto de Cataluña conllevará una "nueva interpretación de la Constitución". O sea, modificación constitucional al canto, pero sin preguntarnos a los españoles en un referendum, como sería obligado, qué nos parece la jugada.

Y en una perfecta estrategia de pinza, esas declaraciones se complementan con un aumento de la presión desde los grupos independentistas, encabezados por ERC, para tratar de que en la calle se visualice un movimiento social en favor del Estatuto. La única jugada que les falta por poner en marcha, para terminar de agotar la panoplia de herramientas tradicionales a la que nos tienen ecostumbrados, es alguna campaña contra la Monarquía, destinada a ver si así los españoles renunciamos más fácilmente a la Nación, con tal de salvar la Corona. Ya les hemos visto utilizar esa técnica pavloviana de manipulación otras veces.

España está inmersa, desde el 11 de marzo de 2004, en un proceso ilegal e ilegítimo de destrucción de la Constitución del 78, que se pretende sustituir por la vía interpretativa, utilizando para ello un Estatuto que sólo contó con el respaldo de uno de cada tres catalanes. Es decir, se nos roba a todos los españoles la posibilidad de manifestar nuestra opinión sobre esa derogación de facto de la Constitución y encima se hace eso utilizando un estatuto que tiene menos respaldo entre los catalanes que la propia Constitución.

Resulta evidente que a lo que estamos asistiendo es a una quiebra absoluta del régimen de legalidad, lo que hace imperativo que nos preparemos para nuevas movilizaciones. Porque desgraciadamente, cuando el Poder está dispuesto a saltarse la Ley a la torera, cuando a lo que nos enfrentamos es a un golpe de estado permanente , destinado a sustituir la democracia real por una apariencia de democracia, lo único que queda es la resistencia democrática y cívica. Sólo nosotros y la presión que hagamos en la calle podrá doblarle la mano a quienes no atienden a argumentos, ni están dispuesto a moverse dentro del marco de legalidad, ni respetan las reglas del juego democrático.