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manolo pizarro

¿CANCELARÁ GARZON GOOGLE?

En la España que padecemos cualquier coacción totalitaria tiene perfecto acomodo, es más que previsible que con la disposición “antidescargas de internet” incluida en la nueva Ley de la economía sostenible, el ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos adquiera finalmente carta de naturaleza, aunque para ello resulte necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que el órgano encargado de perseguir el terrorismo y el narcotráfico tenga como competencia añadida la defensa de los intereses de Teddy Bautista y la banda de la ceja.

¿Es esto la economía sostenible? Como he expresado en otras ocasiones, lo único insostenible es el dislate de sostenerse en el poder evitando cualquier crítica y devolviendo favores, pues con este nuevo intento se menoscaba otro de los derechos fundamentales de nuestra carta magna, el de transmitir y recibir información libremente. Tengo esperanza que mis hijos, al empezar el año 2060, solo recuerden de esta época a aquellos que practicaron la censura y la persecución y a los presidentes del Gobierno que lo permitieron, para tenerlos marcados siempre por la ignominia de haber frenado el progreso.

Lo malo es que salvo los grupos de presión de la izquierda progresista española, no existe la menor “demanda social” que exija al presidente tomar cartas en este asunto, pero aprovecha y utiliza el poder coactivo del Estado para sus fines totalitarios y beneficiar a aquellos que más se han significado en los ataques a su rival político y que, de esa forma, contribuyeron a llevarle a La Moncloa. No ha tenido el detalle siquiera de considerar la opinión de los expertos, basada en abundantísima jurisprudencia, según la cual, no existe el menor delito en intercambiar archivos sin ánimo de lucro utilizando las nuevas tecnologías.

Para más abundancia, en esta normativa se utiliza una novedosa fórmula procesal para cerrar o cancelar páginas webs en el plazo récord de cuatro días. Mientras que en asuntos que sí afectan realmente a los derechos de los ciudadanos, la Justicia languidece convirtiendo en irreparables los daños provocados por delincuentes perfectamente identificados. Es fácil suponer la perplejidad que esta medida causará, por ejemplo, en las familias que han visto sus viviendas asaltadas por ocupas y siguen tras largos meses impedidos de hacer uso de su propiedad sin que la administración de justicia sea capaz de restituirles en sus derechos legítimos. En la España actual de Zejas ya se puede asaltar la propiedad ajena mediante la violencia y usarla al antojo durante meses, mientras que si se intercambia un fichero de mutuo acuerdo y sin que medie afán de lucro, la Audiencia Nacional te imponga una dura sanción en menos de una semana.

Seguiré atento al desarrollo de esta normativa y a los primeros casos de su aplicación práctica, entre otras cosas, porque en los medios de comunicación distinguidos por su filiación de progres, se practica habitualmente la actividad que Zejas y su recusada ministra de incultura se han propuesto incluir en su elenco de prohibiciones. Es el caso de la web del diario El País, cobijo de un blog excelente que facilita los medios para localizar los sitios desde los que se pueden descargar las películas y series sobre las que sus autores realizan críticas cinematográficas.

Por tanto, si es cierto que este Ejecutivo quiere prohibir las descargas de internet de forma indiscriminada espero comience por los medios más cercanos, pero no antes de ordenar el cierre inmediato de Google o Yahoo, a través de cuyos sistemas de búsqueda, se pueden localizar con suma facilidad los enlaces para descargar de cualquier parte del mundo todo tipo de archivos en la web. Sera un excelente espectáculo ver al juez Garzón intentando cancelar la página web más visitada del planeta y otro jalón de las credenciales de Zejas para presidir este semestre la Unión Europea, además del de pretender arreglar la crisis con sus “sabios”, cuando ha sido incapaz de hacerlo en España durante los dos años largos que lleva de segundo mandato.

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