DOS CASOS PARA UNA CRONICA

Aunque son procesos distintos –uno en el CGPJ, otro en un juzgado– reflejan el escandaloso doble rasero de la Justicia en España. Los casos de los jueces Rafael Tirado y Ferrín Calamita se han resuelto a la vez y por ello así los analizo, por mucho que la prensa mediática nos machaque con su cantinela diaria.

En el Primero el CGPJ, por 14 votos a favor y 7 en contra ha dado por bueno el trabajo de los anteriores vocales y el juez se queda con la minúscula multa de 1.500 euros. La portavoz del Consejo ha señalado que se ha tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión "que la conducta del magistrado fue de desatención leve y retraso injustificado". Como sabéis, Santiago del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular el juez Rafael Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la niña Mari Luz Cortés fue asesinada.

En el segundo el juez Ferrín Calamita, tras la acusación de prevaricación –muy usada en España para apartar jueces– se ha llegado finalmente a la de "retardo", eso sí, convenientemente adjetivado como "malicioso". Las calificaciones del delito guardan a veces este tipo de sorpresas. Claro esta que el juez Ferrín tuvo la mala suerte de chocar contra una Ley estrella del presidente Z, la de los "matrimonios" homosexuales. El precio lo ha puesto el Tribunal Superior de Justicia de Murcia: dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, por retrasar la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica. La condena incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.

Con la adopción de menores, y sobre todo en el caso de juez Calamita, se ha utilizado la misma tontería de retraso invocando el "derecho a adoptar" en una flagrante confusión de los sujetos de ese derecho. El juez Calamita lo ha explicado con encomiable claridad: "Nadie tiene derecho a adoptar, es el adoptado el que tiene derecho a serlo". La frase, pronunciada por un juez de familia, encierra algunos secretos del caso. Otros también quedan resueltos en la siguiente: "Mi única intención fue garantizar lo mejor para la niña, las madres son mayores de edad".

Aunque en el primer caso no se pueden achacar todos los retrasos al juez –también los cometió una secretaria judicial– el resultado comparado con el del juez calamita resulta desolador. Un supuesto retraso tiene como fruto la no concesión de un expediente de adopción a dos lesbianas. El otro, propicia la libertad de un pederasta que termina asesinando.

¿Justicia?. Saludos contrymanes.